Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00159-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00159-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00159-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00159-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Impuesto sobre
la renta. Sanción por inexactitud / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de
cumplimiento de requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional – Se puede
acudir al recurso extraordinario de revisión para alegar desconocimiento del principio
de congruencia y se pretende emplear la tutela como una instancia adicional y
reproches carecen de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 15 de enero de 2025 la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN, promovió acción de tutela contra la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 11 de octubre de 2024 emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que inició el señor
Epifanio Rojas Arias, encaminado a obtener la anulación de los actos
administrativos3 a través de los cuales (i) modificó la declaración del impuesto de
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Expediente 25000-23-37-000-2021-00675-01 (28539).
3 Liquidación Oficial 322412020000141 de 9 de julio de 2020 y Resolución 5272 de 19 de julio de 2021.
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renta presentada por aquel para el año gravable 2016 e impuso sanción por
inexactitud y, (ii) confirmó esas determinaciones.
3.
Mediante la providencia acusada se revocó la decisión adoptada el 19 de octubre
de 2023 por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones ordinarias, para en su lugar, acceder de
manera parcial4 a estas. Se precisó que no era dable desestimar la adición de la
renta líquida gravable determinada en los actos acusados, pues no se cuestionó la
inexistencia de la omisión de activos. Sin embargo, en cuanto a la sanción por
inexactitud, concluyó que se había configurado por parte del contribuyente un
equivocado juicio de comprensión sobre la normativa que regulaba la actuación,
propiciado por la Dian, lo que habilitaba el levantamiento de dicha multa.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto procedimental, porque se
vulneró el principio de congruencia, en tanto la autoridad judicial excedió su
competencia en segunda instancia e introdujo temas nuevos (sistemas propuestos
en el requerimiento especial) que no fueron objeto del recurso de apelación
interpuesto por el contribuyente, lo cual contraría los artículos 320 y 328 del CGP. El
apelante en la alzada solo hizo mención sin justificación a la diferencia de criterios,
no obstante, ello fue desarrollado por el ad quem, sin explicación alguna sobre ese
actuar. No se discutió dentro del proceso lo referente a los sistemas propuestos en
el Requerimiento Especial, ni la incidencia de dicho planteamiento en un presunto
error de comprensión del contribuyente, aspectos sobre los cuales no pudo ejercer
su derecho de defensa, dado que se le sorprendió con ellos en segunda instancia.
5.
De igual modo, se configuró defecto fáctico, porque concluyó -sin respaldo
probatorio alguno- que ese ente, al plantear el sistema ordinario y el de renta por
comparación patrimonial en el requerimiento especial, propició un equivocado juicio
de comprensión en el contribuyente que devino en reconocer una diferencia de
criterios. Ello a pesar de que esa autoridad judicial ha avalado el hecho de que se
propongan dos sistemas en el Requerimiento Especial, condicionado a la definición
de un sistema en la Liquidación Oficial, lo cual ocurrió en el asunto. En la Liquidación
Oficial de Revisión, que constituye el acto definitivo, se modificó la declaración de
renta del año 2016 del contribuyente bajo el sistema ordinario. Es decir, si el
Requerimiento Especial pudo generar confusión de forma potencial por plantear dos
sistemas, el conocimiento del contribuyente se actualizó con la Liquidación Oficial de
Revisión, por ende, se superó desde sede administrativa cualquier tipo de confusión
y la discusión se concretó en el sistema ordinario por la omisión de activos.
6.
Advirtió que la autoridad judicial sostuvo que se propició un equivocado juicio de
comprensión por plantear dos sistemas en el Requerimiento Especial, pero también
reconoció que en la Liquidación Oficial de Revisión se optó por el sistema ordinario,
con lo cual se descartó el sistema por comparación patrimonial. Dicho planteamiento
4 Se anularon parcialmente los actos administrativos enjuiciados, en lo concerniente a la sanción por inexactitud,
y se dispuso levantar dicha multa.
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vulnera el principio lógico de no contradicción, pues no es admisible que se admita
que se definió un sistema (ordinario), pero al mismo tiempo se reconozca una
diferencia de criterios por el equivocado juicio de comprensión frente a dos sistemas
(ordinario y renta por comparación patrimonial). Por ende, se presentó una
incongruencia entre lo probado y lo decidido, que implicó que se adoptara una
decisión al margen de la sana crítica.
7.
Asimismo, se presentó defecto sustantivo, por cuanto se aplicó en forma parcial
el artículo 239-1 del ET, toda vez que no se tuvo en cuenta que una de las
consecuencias por la omisión de activos es la imposición de la sanción por
inexactitud, criterio que ha sido desarrollado de manera pacífica por la autoridad
judicial5, precedente que desconoció en su caso, sin que explicara las razones por
las que se apartaba de este o lo modificaba.
8.
También se incurrió en desconocimiento del precedente, ya que se apartó de
su precedente frente a la diferencia de criterios, al no examinar los requisitos exigidos
para su acaecimiento, consistentes en que los hechos y cifras deben ser completos
y veraces y la simple alusión de su configuración no basta, pues se debe basar en
una argumentación sólida que demuestre un criterio razonable sustentado en
métodos o técnicas de interpretación legalmente aceptables. Tuvo por demostrado
ese aspecto con la mera invocación contenida en la alzada del contribuyente.
9.
Las sentencias 6 que contienen la mencionada tesis jurisprudencial debieron
tenerse en cuenta, porque (i) guardaban similitud fáctica con el presente caso en
tanto se impuso sanción por inexactitud y se abordó el análisis sobre la diferencia de
criterios; (ii) se presentaba semejanza entre los problemas jurídicos pues analizó la
procedencia de la sanción por inexactitud y la configuración de la diferencia de
criterios; y (iii) contienen reglas de derecho que resultan extensivas y aplicables al
caso concreto frente a los requisitos para reconocer la diferencia de criterios.
10.
Además, si lo que se pretendía era un cambio en su precedente, no cumplió las
cargas de transparencia y suficiencia exigidas en la jurisprudencia constitucional
para el efecto.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
11.
Mediante auto de 20 de enero de 20257, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al señor Epifanio Rojas Arias, en
5 Para tal efecto citó las sentencias de 5 de mayo de 2022, expediente 2014-00548, y 29 de febrero de 2024,
expediente 2016-01757-00, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto; 30 de agosto de 2024, expediente 2020-00358,
C. P. Milton Chaves García, y 14 de noviembre de 2024, expediente 2016-01397, C. P. Wilson Ramos Girón
6 De 2 de febrero de 2017, expediente 2011-01299, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 11 de junio de
2020, expediente 2012-00928, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 6 de agosto de 2020, expediente 2013-01177,
C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 15 de marzo de 2024, expediente 2016-01591, C. P. Miryam Stella Gutiérrez
Argüello; y 2 de mayo de 2024, expediente 2018-00472, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
7 Notificado el 23 de enero de 2025.
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calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Consejo de Estado – Sección Cuarta
12.
Anotó que, en cuanto a la transgresión del principio de congruencia, no se cumple
el presupuesto de subsidiariedad, dado que para tal efecto procede el recurso
extraordinario de revisión.
13.
Frente a los demás reproches, la tutela carece de relevancia constitucional. Los
cuestionamientos comportan inconformidad con la decisión judicial acusada, pese a
que en esta se describió la aplicabilidad de la normativa y los aspectos de hecho y
de derecho surgidos tanto en la actuación administrativa como en el proceso judicial
que llevaron a detallar los elementos que propiciaron un error de interpretación en el
derecho aplicable por parte del contribuyente. Se emplea este mecanismo como una
tercera instancia, con el fin de que se revise la posición del juez natural y competente
para dirimir la legalidad de los actos administrativos cuestionados.
14.
Además, este mecanismo constitucional está proscrito para cuestiones de
carácter estrictamente legal con un interés económico o recaudatorio, como es el
caso del contenido de los actos administrativos enjuiciados.
15.
En todo caso, aclaró que durante el curso del proceso ordinario se formuló
reproche contra la multa por inexactitud por parte del contribuyente, fundamentado
en la causal exculpatoria de error en la interpretación del derecho aplicables, a la
que el contribuyente se refirió como “diferencia de criterios”. Por tanto, el análisis
abordado en la providencia cuestionada no fue incongruente ni hubo exceso de
estudio en los planteamientos de la demanda y de la apelación.
16.
No se incurrió en defecto sustantivo. Se precisó que la controversia giraba en torno
a determinar si la adición de pasivos efectuada por el contribuyente al corregir la
declaración tributaria neutralizaba el efecto en la renta líquida gravable, de suerte
que ésta ya no debía ser incrementada por la autoridad, frente a lo cual se concluyó
que ello no era procedente para eventos en los que la Administración modificaba la
declaración de renta adicionando activos omitidos en la renta líquida gravable, como
lo prescribe el artículo 239-1 del ET. Lo aducido por el contribuyente propendía por
desvirtuar una renta por comparación patrimonial, en vez de una adición de activos
omitidos en los términos del mencionado artículo. Por tanto, no hubo indebida
aplicación de este precepto legal, al concluir que los reparos de nulidad contra la
adición de la renta líquida gravable no prosperaban.
17.
Tampoco se configuró defecto fáctico. Del material probatorio se logró inferir que
los argumentos del administrado y las conductas desplegadas de corrección que
efectuó en sede administrativa, estuvieron dirigidas a regular su conducta como si la
glosa se hubiera decantado por una renta por comparación patrimonial, de manera
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que su alcance interpretativo sobre la norma lo condujo a entender equivocadamente
que la autoridad liquidaba un mayor tributo a cargo por la aplicación del sistema de
comparación y que esto se vería neutralizado al incluir el activo que la Dian
reclamaba como omitido, junto con el pasivo correlacionado.
18.
Asimismo, no le asiste razón a la accionante cuando afirma que se relevó al
contribuyente de su carga argumentativa y se omitió analizar los requisitos para la
exoneración de la sanción por inexactitud. De la lectura sistemática de los
argumentos planteados por el contribuyente y del análisis de las pruebas aportadas
se arribó a la conclusión adoptada en el fallo acusado, por tanto, lo decidido obedeció
a un estudio juicioso de las normas aplicables al caso, a la valoración probatoria y
en ejercicio de la autonomía e independencia de los jueces.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
19. Lo primero por precisar es que lo atinente al defecto procedimental,
fundamentado en el desconocimiento del principio de congruencia, no satisface la
exigencia de subsidiariedad. El mecanismo idóneo para suscitar lo relativo a la
inobservancia del mencionado principio es el recurso extraordinario de revisión. Esta
herramienta jurídica, consagrada en el artículo 250 (numeral 5) del CPACA, resulta
apropiada para corregir yerros en las providencias ejecutoriadas, tales como la
desatención de aquel principio, por ende, a ese recurso puede acudir la parte actora
para exponer los planteamientos que fundamentan el aludido reproche.
20. En esa medida, resulta evidente la improcedencia de la tutela en lo que atañe a
la inobservancia del principio de congruencia, por cuanto la parte actora tiene a su
disposición un mecanismo extraordinario idóneo para plantear esa inconformidad.
Por ende, esta acción bajo ese panorama no puede emplearse como un escenario
alternativo en el que se examine tal cuestionamiento, por cuanto ello es un asunto
jurídico propio que se debe esclarecer a través del aludido recurso extraordinario.
21. En cuanto a los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, la
Sala considera que la tutela también deviene en improcedente, al no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional. La parte actora pretende que se acoja la tesis
que plantea sobre la legalidad de la sanción por inexactitud impuesta en los actos
administrativos objeto de enjuiciamiento en sede ordinaria. Para cuyo efecto, se
limita a presentar su inconformidad con la decisión judicial atacada con el propósito
de que se reabra la discusión jurídica zanjada por el juez natural de la controversia,
sin que para ello desarrolle una carga argumentativa suficiente, encaminada a
demostrar los yerros constitucionales que motivaron la presentación de esta acción.
22. La parte actora indicó que la conclusión de la autoridad accionada consistente en
que propició un equivocado juicio de comprensión en el contribuyente carece de
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respaldo probatorio. Se concluyó que ello se había generado en el Requerimiento
Especial, al plantear la renta líquida gravable especial derivada del artículo 239-1
del ET, esto es, por omisión de activos (sistema ordinario), y la proveniente de la
comparación patrimonial, regulada en el artículo 236 del ET. Pero no tuvo en cuenta
que esa misma autoridad judicial ha avalado el hecho de que se propongan dos
sistemas en esa actuación, condicionada a que ello se defina en la Liquidación
Oficial, lo cual se efectuó al optar por el primero de estos sistemas. Por tanto, se
superó desde sede administrativa cualquier confusión que pudo generar la anotada
situación.
23. Esta Sala advierte que lo pretendido por la tutelante es imponer la manera como
debió valorarse el contenido tanto del Requerimiento Especial como de la
Liquidación Oficial de Revisión, al no compartir la forma como lo hizo la autoridad
judicial, pues para ella la posible confusión generada con el primer acto quedó
superada en la determinación definitiva.
24. No obstante, omite la actora que la autoridad judicial no solamente tuvo en cuenta
las aludidas decisiones administrativas; también hizo referencia a que el equivocado
juicio del contribuyente se mantuvo en sede administrativa e inclusive en sede
judicial. En la demanda ordinaria el argumento del administrado giraba en torno a
que no había lugar a incluir como renta líquida gravable suma alguna, pues al
haberse incluido simultáneamente un pasivo hipotecario se neutralizaba el efecto en
la renta líquida gravable. Argumentación que hacía referencia al sistema de
comparación patrimonial y no bajo el cual se impuso la sanción que era el sistema
ordinario.
25. En ese sentido, para la autoridad judicial la dualidad de criterios se originó en el
Requerimiento Especial de la Dian y se mantuvo para al contribuyente durante el
desarrollo de la sede administrativa, pues así lo manifestó en ese escenario y en el
proceso ordinario, lo que produjo que insistiera en que la inclusión de un pasivo
neutralizaba la inclusión de un activo.
26. La parte actora señaló que el juez natural admitió que en la Liquidación Oficial de
Revisión se optó por el sistema ordinario, con lo cual se descartaba el sistema por
comparación patrimonial, pero de manera contradictoria reconoció la diferencia de
criterios por el equivocado judicio de comprensión frente a los dos aludidos sistemas.
27. Frentea este planteamiento, la Sala advierte que para la autoridad judicial
accionada el hecho de que la Dian haya optado en la Liquidación Oficial por el
sistema ordinario no surtió efecto alguno para que el contribuyente esclareciera lo
referente a la normativa que regulaba su caso, pues su errada convicción se
mantuvo. Conclusión que encuentra soporte probatorio, diferente es que la Dian no
la comparta.
28. Por consiguiente, el hecho de que el juez ordinario no haya valorado las pruebas
como lo pretendía la tutelante no la habilita para que acuda a este mecanismo
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judicial para imponer su tesis probatoria. La simple inconformidad de criterios en la
valoración probatoria no comporta afectación constitucional alguna, máxime cuando
no se evidencia que la efectuada por la autoridad judicial atente contra los
postulados de la sana crítica.
29. También indicó la tutelante que se inaplicó parcialmente el artículo 239-1 del ET,
pues a pesar de que se comprobó la omisión de activos en la declaración de renta
presentada por el contribuyente para el año gravable de 2016, no se aplicó la
sanción allí prevista por esa irregularidad; omisión que -según la entidad accionante-
contradice el precedente que esa misma autoridad judicial ha fijado sobre ese punto.
30. Para arribar a la conclusión de que no era procedente la sanción por inexactitud,
la autoridad judicial precisó que esta -en principio- era viable, conforme al referido
precepto legal. Sin embargo, se tuvo por acreditada la configuración de “diferencia
de criterios”, figura que impedía mantener dicha multa. Es decir, para la Sala no se
evidencia de qué manera se aplicó indebidamente el artículo 239-1 del ET, cuando
la autoridad judicial explicó la razón por la cual se había configurado una situación
que eximía al contribuyente de ello.
31. En esa medida, la actora pretende que se le ordene a la accionada aplicar de
manera irrestricta el citado artículo 239-1, a pesar de que esta le expuso el motivo
por el cual ello no era posible en cuanto a la sanción por inexactitud, razonamiento
que omite mencionar la actora para fundamentar el defecto sustantivo que alega.
32. Además, la decisión de no aplicar la sanción por inexactitud no contraría el
precedente judicial invocado por la parte actora. Las sentencias de 5 de mayo de
20228 y 29 de febrero9 y 30 de agosto de 202410 a las que aludió no guardan similitud
fáctica con la situación expuesta en este asunto, por tanto, no resultaba imperativo
que se zanjara el litigio en la manera como se hizo en esas oportunidades. En esas
controversias no se abordó lo concerniente a la diferencia de criterios, sino a
esclarecer la procedencia de la adición de renta líquida gravable por omisión de
activos, para posteriormente, por ese hecho, imponer la sanción por inexactitud.
33. Respecto de la sentencia de 14 de noviembre de 202411, frente a la cual la parte
actora alega que guardan similitud fáctica, se aclara que, aunque se analizó lo
relativo a la aplicación para el caso de la renta por comparación patrimonial, no lo
fue bajo el supuesto de una errada interpretación normativa por parte del
contribuyente, sino porque este solicitó de manera expresa la aplicación de ese
sistema, lo cual le fue desestimado. Circunstancia que difiere de la planteada en el
sub lite, por ende, no se debía decidir en el sentido en que se hizo en ese litigio, es
decir, no constituía un precedente de la autoridad judicial que debiera acoger.
8 Expediente 52001-23-33-000-2014-00548-01 (25296), C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
9 Expediente 25000-23-37-000-2016-01757-01 (26260), C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10 Expediente 25000-23-37-000-2020-00358-01 (28013), C. P. Milton Chaves García.
11 Expediente 25000-23-37-000-2016-01397-01 (25873), C. P. Wilson Ramos Girón.
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34. Por último, la parte accionante alegó que no se examinaron los requisitos
establecidos jurisprudencialmente para declarar configurada la diferencia de
criterios. En particular, el referente a que no basta la enunciación de su
acaecimiento. Se debe basar en una argumentación sólida que demuestre un criterio
razonable sustentado en métodos o técnicas de interpretación legalmente
aceptables. En su caso se tuvo por demostrada dicha figura con la mera invocación
contenida en la alzada del contribuyente.
35. Frente a las sentencias presuntamente inobservadas si bien se abordó lo
referente a la diferencia razonada de criterios, los presupuestos fácticos planteados
en los litigios que zanjaron no se equiparan a los de este asunto, por tanto, no
resultaban vinculantes para definir la controversia.
36. En el fallo de 2 de febrero de 201712, se concluyó que no existía “una diferencia
razonada de criterios sobre el derecho aplicable sino el desconocimiento de este,
pues, a pesar de estar obligado a ello, por corresponder a su realidad económica, el
actor omitió registrar compras propias en su contabilidad13 y, como se advirtió, esta
omisión se hace para no reportar costos que necesariamente están asociados a
unos ingresos omitidos”.
37. En la providencia de 6 de agosto de 202014, se concluyó que no se advertía “un
error en la apreciación del derecho aplicable, pues (...) la decisión de avalar el
rechazo de la deducción debatida se debió al incumplimiento de uno de los requisitos
alegados por la propia demandante (la causación)”. En consecuencia, “no se
configuró la causal exculpatoria que invoca, pues no demostró que bajo error
hubiese aplicado el derecho de un modo distinto al que se estima correcto, dado que
para el momento en que elaboró la autoliquidación inexacta se tenía pleno
conocimiento de que, de conformidad con el artículo 105 del ET la causación del
gasto acaecía cuando el acreedor tenía el derecho para exigir el pago de la
obligación y no en el momento de la firma del respectivo contrato”.
38. En la sentencia de 15 de marzo de 202415, se determinó que en ese asunto “el
contribuyente no explicó en qué medida su interpretación puede ser razonable o
válida para que opere la causal exculpatoria pues se limita a afirmar que “creyó” que
los pagarés aportados eran suficientes para acreditar los pasivos, basando su
interpretación en normas comerciales, siendo que en este caso tiene lugar la
aplicación del Estatuto Tributario, como norma especial. De ahí que la imposición de
la sanción no obedeció a la diferencia en la interpretación de un precepto legal”.
12 Expediente 05001-23-31-000-2011-01299-01 (20517), C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
13
DECRETO 2649 DE 1993, ARTÍCULO 96. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS. En cumplimiento
de las normas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los gastos se deben reconocer de tal manera
que se logre el adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el período
correspondiente, para obtener el justo cómputo del resultado neto del período.
14 Expediente 05001-23-33-000-2013-01177-01 (22979), C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
15 Expediente 76001-23-33-000-2016-01591-01 (27974), C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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39. En el fallo de 2 de mayo de 202416, se indicó que “la Sala ha sostenido que no
procede cuando el actor no ahonda en argumentos que permitan inferir las razones
por las cuales su equivocación en la inclusión de costos o deducciones
improcedentes estuvo fundada en un error sobre el derecho aplicable, suscitado por
una diferencia de criterios interpretativos de las normas (...). Igualmente, que «la
mera invocación de este precepto no basta para eximir del reproche punitivo, pues
su aplicación supone que esté probado en el expediente la concurrencia de la causal
exculpatoria» (...). Como en este caso, la diferencia de criterios se refiere a costos y
deducciones sin soporte, la actora no desvirtuó la procedencia de la sanción”.
40. De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, se deduce que si bien es cierto que
en esos asuntos no se declaró probada la figura de diferencia de criterios, también
lo es que la situación fáctica difiere de la planteada en el proceso ordinario objeto de
debate, debido a que en este caso la autoridad judicial la tuvo por acreditada en
razón a la argumentación defendida por el contribuyente tanto en sede
administrativa, como en sede judicial.
41. En ese sentido, dicha conclusión es razonable de acuerdo con las circunstancias
particulares del caso, por ende, aunque resulta desfavorable a los intereses de la
parte actora, ello por sí solo no afecta sus derechos fundamentales, máxime cuando
no se indicó alguna pauta jurisprudencial que haya sido desatendida, sino que se
fundamentó en la manera como lo referente a la debida argumentación de la figura
de diferencia de criterios debía ser interpretada.
42. Es decir, la parte actora alega que no se tuvo una argumentación sólida por parte
del contribuyente para declarar la existencia de esa figura. Sin embargo, para la
autoridad judicial ello se superaba con la argumentación que aquel expuso tanto en
sede administrativa, como en la judicial. Máxime cuando se comprobó su
acaecimiento. Razonamiento que no evidencia algún tipo de arbitrariedad, por tanto,
imponer por parte del juez de tutela algún tipo de interpretación sobre el particular,
desborda la órbita de competencia de esta acción e invade la que le atañe al juez
natural de la causa.
43. En ese sentido, el desconocimiento del precedente invocado no se fundamentó
en demostrar la afectación constitucional que se alega, sino en la interpretación que
se debía tener sobre las referidas providencias que emitió en oportunidades
anteriores la autoridad judicial. Actuación para la cual no fue instituida la acción de
tutela, cuando más si la decisión judicial atacada cuenta con la exposición de las
razones que conllevaron se decidiera el asunto en determinado sentido.
44. Por consiguiente, para la autoridad judicial resultó suficiente que se alegara por
parte del contribuyente la configuración de “diferencia de criterios”, y con base en
ello concluyó que, en efecto, el actor partió de una errada interpretación del derecho
16 Expediente 25000-23-37-000-2018-00472-01 (25831), C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
aplicable, por lo que estimó que no era dable imponer la sanción por inexactitud de
que trataba el artículo 239-1 del ET.
45. Conforme al anterior recuento, la Sala advierte que las inconformidades en las
que fundamenta la tutelante los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente, comportan un desacuerdo con la decisión judicial objeto de censura,
para que se acoja la tesis que pregona sobre la legalidad de la sanción por
inexactitud impuesta al contribuyente, como si esta acción fuera una instancia
adicional al proceso ordinario. Es decir, no basta que se manifieste un descontento,
sino que este debe involucrar la afectación constitucional alegada, lo cual no se
acredita en el sub lite.
46. La parte actora no encaminó razonamiento alguno a desvirtuar la postura
adoptada por la autoridad judicial, sino que se limitó a indicar la manera como debían
ser apreciadas las pruebas y la normativa y jurisprudencia aplicables, sin demostrar
que la manera como lo hizo la autoridad judicial comporte vulneración a sus
derechos fundamentales. En ese sentido, no es viable que en esta tutela se le
imponga a la accionada decidir el asunto en determinado sentido, cuando no se
evidencia que la determinación que adoptó involucre algún tipo de arbitrariedad. Por
el contrario, explicó los motivos por los cuales no resultaba aplicable la sanción de
inexactitud impuesta por la parte tutelante en sede administrativa.
47. Asílas cosas, las inconformidades de la tutelante no demuestran afectación
constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida
por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la
configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta
con la Carta política.
48. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional. La acción de
tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con el
propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.
49.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se superan los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo.
50.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00159-00
Accionante: DIAN
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
17 VF
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