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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00675-01

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00675-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de primera instancia conforme a la parte motiva de la providencia. En su lugar: Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 32241202000041, del 09 de julio de 2020, y de la Resolución 005272, del 19 de julio de 2021, mediante los cuales se modificó la autoliquidación del impuesto sobre la renta del período 2016, presentada por el actor, en lo concerniente a la sanción por inexactitud, y a título de restablecimiento del derecho se levantará dicha multa, conforme a las consideraciones de la providencia de segunda instancia. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00675-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

11 de octubre de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00675-01 (28539)
Demandante: Epifanio Rojas Arias

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., once (11) de octubre de mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00675-01 (28539)
Demandante: Epifanio Rojas Arias
Demandada: DIAN

Temas: Impuesto sobre la renta 2016. Omisión de activos. Renta líquida
gravable especial. Artículo 239-1 del ET. Sanción por inexactitud. Error
sobre el derecho aplicable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió2:

Primero. Niéganse las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en
precedencia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada profirió la Liquidación Oficial de Revisión 322412020000141, del 09 de
julio de 2020, mediante la cual (i) aceptó la corrección provocada a la declaración del
impuesto sobre la renta del período 2016 efectuada por el actor, para incluir un activo y
un pasivo, así como para ajustar el valor patrimonial de unos inmuebles al valor catastral
y adicionar unos ingresos, todo ello, conforme a las glosas propuestas en el requerimiento
especial que precedió el acto oficial, y (ii) adicionó renta líquida gravable especial por
valor de $541.516.000 bajo la consideración de la omisión de activos (art. 239-1 del ET)
e impuso sanción por inexactitud equivalente al 100% del mayor impuesto determinado,
acto que fue confirmado mediante la Resolución 005272, del 19 de julio de 20213, al
resolver el recurso de reconsideración.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes

1
Samai Tribunal, índice 21, certificado AE007AB7978EE339 D96B96009BBEAA57 2DA1211DE812D48C EB67748A9D418605 (pdf),
p. 1.
2
Samai Tribunal, índice 18, certificado 317137D11890B6F2 3AC8EE8137F77423 12FA02C7C18FEBAA C6140DB284C3CA12 (pdf),
p. 23.
3
Samai Tribunal, índice 9, certificado 9DD7064FF10FF828 8D0A87DA2754D97A 962B9B8E9991D6DE 78E79CE0979AC862 (zip),
05 (pdf), pp. 53 a 112.

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www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00675-01 (28539)
Demandante: Epifanio Rojas Arias

pretensiones4:

Primera pretensión. Que se declare la nulidad del acto administrativo Liquidación Oficial Renta
Naturales de Revisión 322412020000141, impuesto de renta y complementarios, año gravable 2016,
proferida el 09 de julio de 2020 y notificada el 14 de julio de 2020, por la [demandada], donde se
propone modificar la declaración de corrección del impuesto sobre la renta y complementarios [del]
año gravable 2016, presentada por … [el demandante], el 25 de noviembre de 2019, número de
Formulario 2111310301953 y Sticker 0740626001839, determinando una nueva obligación
impositiva.

Segunda pretensión. Que se declare la nulidad del acto administrativo Resolución Número 005272
proferida por la … DIAN, por la cual se decide un recurso de reconsideración, del 19 de julio de 2021,
y notificada en forma electrónica el 22 de julio de 2021.

Tercera pretensión. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados se restablezca el derecho del contribuyente demandante, aceptando y confirmando por
parte de la … DIAN, los valores declarados como contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementarios por el año gravable 2016, en la declaración de corrección Formulario 210, con
número de Formulario 2111310301953, Sticker 07406260018391 de 25 de noviembre de 2019,
donde se pagaron los mayores valores declarados de impuesto por $2.829.000, más la sanción por
inexactitud reducida de $707.000, más los intereses de mora por $1.772.000, para un total a pagar
de $5.308.000, valor pagado en el Recibo Oficial de Pago en bancos 4910043330387 de 25 de
noviembre de 2019.

Cuarta pretensión. Que se condene a la … DIAN, a las costas y agencias en derecho, de conformidad
con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Invocó como vulnerados los artículos 239-1, 261, 277, 282, 283, 683 y 709 del ET, bajo
el siguiente concepto de violación5:

Partió de señalar que con ocasión del requerimiento especial, corrigió la declaración de
renta del período 2016, aceptando los mayores valores de patrimonio que le fueron
propuestos por valor de $673.679.000, incremento que como se lo explicó a la DIAN en
tal oportunidad, obedeció a la inclusión del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-
205120, cuyo avalúo catastral era $457.709.000, el cual había transferido en venta a
Pedro Alejandro Meneses, según constaba en la Escritura Pública 6837, del 23 de
diciembre de 2014, quien se comprometió (cláusula 7) a efectuar el pago del registro y
beneficencia para formalizar la plena propiedad del inmueble, sin embargo, por
negligencia no lo hizo, razón por la cual seguía apareciendo como propietario del
inmueble en la oficina de instrumentos públicos para el año 2016, y fiscalmente no salió
de su patrimonio, de manera que esto no había ocurrido por su intención de desfigurar el
patrimonio con valores falsos [advierte la Sala que, aunque la demandante no explicó el concepto
del valor adicionado al patrimonio bruto por valor de $83.806.504, con la liquidación oficial se estableció
que correspondía a los ajustes de inmuebles, que le fueron cuestionados como omitidos por no haberlo
declarado por su avalúo catastral]. Adicionalmente, señaló que, incluyó un pasivo proveniente
de una obligación hipotecaria por valor de $638.200.000, y adicionó ingresos por
$12.644.000.

Manifestó que la corrección se efectuó conforme con los artículos 261 y 709 del ET del
E.T, la cual fue aceptada en la liquidación oficial de revisión, en tanto la determinó como
válida, y como resultado de ello, el patrimonio líquido se determinó en $1.345.693.000,
siendo un «un injusto tributario» que la DIAN incluyera como renta líquida gravable la suma

4
Samai Tribunal, índice 2, certificado 50FE980746F3F2CF B604CF858D0CB28D 157BF89BE1B660FA E551DD7461E7F47B (pdf),
p. 5.
5
Samai Tribunal, índice 2, certificado 50FE980746F3F2CF B604CF858D0CB28D 157BF89BE1B660FA E551DD7461E7F47B (pdf),
pp. 8 a 12.

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2

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00675-01 (28539)
Demandante: Epifanio Rojas Arias

de $541.516.0006, sin tener en cuenta que la Administración aceptó el pasivo de
$638.200.000, pues debía tenerse en cuenta que en la determinación del impuesto, el
artículo 83 del ET establecía que las actuaciones debían estar presididas por el espíritu
de justicia, y no podía exigirse al
contribuyente más de aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas
de la nación. Adujo que el mayor tributo determinado en el acto oficial no se ajustaba a
su realidad económica, porque a su edad ya no ejercía ninguna profesión y sus ingresos
eran para subsistir. Señaló que, fundamentado en el principio de justicia, no aceptaba la
renta líquida adicionada, puesto que al aceptársele el pasivo no se daban los
presupuestos legales para que se generara la renta gravable del artículo 239-1 del ET,
siendo injusto gravar los activos declarados sin tener en cuenta las deudas, comoquiera
que estas neutralizaban el valor de la renta gravable determinada, dejándola en cero,
pues no se generaba renta líquida por comparación patrimonial. En ese orden, adujo que
lo procedente eran los valores reflejados en la corrección presentada, esto es, renta
líquida gravable de $56.040.000, saldo a pagar de $2.829.000 y la sanción reducida a la
cuarta parte (art. 709 del ET).

Respecto del pasivo precisó que se respaldaba con documentos de fecha cierta y agregó
de un crédito hipotecario por valor de $300.000.000, en el que incurrió para adquirir el
inmueble 50C-205120 [vendido en el año 2014], según Escritura Pública 2100 del 27 de
julio de 2013 -cláusula cuarta-, de la Notaría 39 del Círculo Notarial de Bogotá. Agregó
que dicho crédito hipotecario estuvo garantizado con 7 pagarés suscritos a favor del
acreedor, y que el mismo fue asumido por el comprador del inmueble, según Escritura
Pública 6837 del 23 de diciembre de 2014. No obstante, anotó que el comprador, además
de incumplir el registro del título traslaticio de dominio del inmueble que le enajenó,
también incumplió con el pago del crédito y sus intereses, por lo que el cobro de la deuda
fue dirigido contra el actor, dentro del proceso ejecutivo promovido por el acreedor
hipotecario ante la jurisdicción ordinaria por capital $300.000.000 más intereses de
$338.200.000).

Finalmente, alegó respecto de la sanción la existencia de una «diferencia de criterios», e
invocó el espíritu de justicia y los principios consagrados en el artículo 640 del ET, con lo
cual aseveró que, conforme al espíritu de justicia debía considerarse que es una persona
natural, trabajadora y respetuosa del orden legal y constitucional, de manera que los
mayores tributos establecidos en la corrección y en la liquidación oficial, junto con las
respectivas multas, acabarían con su vida digna y el patrimonio obtenido con esfuerzo.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora7. A tales efectos, sostuvo que
los actos demandados fueron proferidos en debida forma y de conformidad con las
normas legales. Advirtió que, en ejercicio de las facultades de fiscalización,
determinación y liquidación, previstas en los artículos 684, 686 y 688 del ET, se
establecieron indicios de inexactitud en la declaración de renta objeto de revisión. Precisó
que el actor aceptó en la corrección, la adición de ingresos y la diferencia en el patrimonio
bruto por un valor de $673.679.000, de manera que el objeto de debate se centraba en
el renglón de la renta gravable por omisión de activos establecida en $541.516.000, más
la sanción por inexactitud.

6
Aunque la demandada cuestionó omisión de activos por valor de $673.679.000, el valor de la renta líquida fue determinado en la
suma de $541.516.000 por cuanto se excluyeron los activos que habían sido adquiridos en el año 2016.
7
Samai tribunal, índice 9, certificado 04B161F7AE20C2F0 359A303D202A6CFF 8648F58A892F6A27 675FA88F2843A16C (zip), 02
(pdf), pp. 1 a 8.

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3

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00675-01 (28539)
Demandante: Epifanio Rojas Arias

Adujo que la omisión del activo daba lugar a la aplicación del artículo 239-1, que
determina que cuando la DIAN detecte tal situación, el valor correspondiente constituye
renta líquida gravable. Así, contrario a lo manifestado por el demandante, la
procedibilidad de ese dispositivo se vinculaba a la omisión del activo o la inclusión de
pasivos inexistentes, sin que existiera causal de exoneración o de graduación por el
hecho de que simultáneamente se reconocieran pasivos asociados; la norma no
establecía un procedimiento de depuración de la base de la sanción. En la misma línea
aseveró que, como resultado del análisis de las pruebas recaudadas a lo largo del
proceso, se advirtió que el demandante reportó en su denuncio rentístico inicial inmuebles
por un menor valor al registrado en el avalúo catastral y omitió declarar un bien inmueble
que figuraba a su nombre a 31 de diciembre de 2016, por lo que era procedente la
inclusión de la renta líquida gravable especial, sin que se entienda quebrantado el
principio de justicia, ya que su inclusión se cimentó en hechos reales probados en el
expediente y aceptados por el contribuyente, sin incurrir en ninguna extralimitación,
garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del actor.

Finalmente, subrayó que la sanción por inexactitud fue impuesta al encontrar
configurados los supuestos de hecho, como la omisión de ingresos generados por las
operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, y
adicionalmente en el acto acusado se indicaron los fundamentos fácticos, jurídicos y de
prueba, de manera que estaba demostrado que se incurrió en indebida aplicación o
desconocimiento del derecho, sin que se configurara «una diferencia de criterios entre la
DIAN y el demandante», pues la inexactitud no se derivó de una interpretación razonable
del derecho aplicable. Seguidamente, aludió a la normativa de la condena en costas
destacando que, acorde con el artículo 3 del artículo 366 del CGP el requisito de
comprobación se predicaba de las expensas y gastos sufragados en el proceso, que no
de las agencias en derecho, las cuales debían ser incluidas en la liquidación de costas,
por el valor fijado por el juez.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda8. En relación con la corrección
provocada presentada por el actor, puso de presente que este no aceptó las rentas
gravables que le fueron propuestas por valor de $541.516.000, y que los aspectos
aceptados no eran susceptibles de ser recurridos, conforme al artículo 723 del ET.

Manifestó que el artículo 239-1, aplicable a períodos no revisables, presuponía que los
elementos patrimoniales dejados de declarar en vigencia previas, son renta gravable en
el período en que la Administración lo descubra o el contribuyente voluntariamente los
declare, de manera que tal disposición tiene como supuesto la omisión de activos o la
inclusión de pasivos inexistentes, y faculta a los contribuyentes a incluirlos en sus
declaraciones iniciales o de corrección, incluyendo el valor de estos como renta líquida
gravable del período, sin generar renta por comparación patrimonial, y a su vez, permite
que la DIAN analice la existencia de tal situación y proceda con su adición como renta
líquida gravable en el período objeto de fiscalización, como en el presente caso efectuó
con el inmueble 50C-205120.

Luego, tras relacionar los medios probatorios concluyó que el inmueble omitido [50C-
205120] hacía parte del patrimonio del actor para el año 2016, pues si bien, el
demandante vendió el señalado inmueble, según Escritura Pública 6837 del 23 de

8
Samai Tribunal, índice 18, certificado 317137D11890B6F2 3AC8EE8137F77423 12FA02C7C18FEBAA C6140DB284C3CA12 (pdf),
pp. 1 a 25.

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diciembre de 2014, a 31 de diciembre de 2016 este subsistía como propiedad del actor,
conforme al certificado de tradición y libertad, pues la tradición del dominio de bienes
raíces solo se perfeccionaba con la inscripción del título en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos y Privado (en adelante, ORIP), acorde con el artículo 756 del C
Civil, en consonancia con los artículos 2 y 4 de la Ley 1579 de 2012. Además, señaló que
no se demostró la entrega de la posesión material del inmueble al comprador, lo que
suponía la presunción del aprovechamiento económico potencial o real en quien se
reputaba dueño del bien.

Considerado esto, anotó que «no tiene asidero jurídico alguno que pretenda que se le reconozcan
los pasivos derivados de la compra del bien inmueble en discusión pero que [a]l mismo tiempo no se le
tenga en cuenta al momento de determinar su patrimonio», dado el deber contributivo y los
principios de equidad, eficiencia y progresividad (arts. 95.9 y 363 constitucionales). Dijo
que sería injusto reconocer el monto declarado como pasivo en la adquisición de ese
inmueble «y dejarlo por fuera de la base gravable al calcular su patrimonio»; señaladamente indicó
que la adición de la renta líquida gravable provino de la omisión de activos y no por los
pasivos declarados, de manera que su aceptación no sería causal de exoneración o
graduación alguna.

Por último, estimó como procedente la sanción por inexactitud, porque se generó un
mayor tributo a cargo, sin que se configurara la diferencia de criterios sobre el derecho
aplicable, dado que los extremos fueron el criterio fundado en la ley y el personal carente
de respaldo del demandante.

Recurso de apelación

El actor recurrió la decisión del tribunal9. Solicitó tener en cuenta que en la discusión y
determinación del impuesto de renta, el actor aceptó la adición de ingresos por
$12.644.000 y los mayores valores del patrimonio bruto por valor de $673.679.000,
conforme con los valores propuestos por la Administración, mediante la declaración de
corrección, la cual fue aceptada por la DIAN, en los términos del artículo 709 del ET.

Reiteró que el incremento en el patrimonio que reportó en la corrección a la declaración
provino de incluir el inmueble (50C-205120) que pese a haberlo vendido mediante
Escritura Pública 6837, del 23 de diciembre de 2014, no fue inscrito en la ORIP por el
comprador, aun cuando se comprometió a efectuar dicho trámite (cláusula 7); sin
embargo, por la negligencia de este, aún el actor aparecía como propietario del inmueble
en la oficina de registro para el año 2016, pero no fue su intención desfigurar su
patrimonio con valores falsos, pues la venta sí se llevó a cabo. Seguidamente, solicitó
tener en cuenta el concepto DIAN 010338 del 11 de febrero de 1999; doctrina que al
resolver la pregunta sobre la fecha en que debía hacerse el retiro del activo fijo por parte
de un promitente vendedor, señaló «… quien actúa como promitente vendedor debe declarar el bien
prometido en venta, hasta la fecha de la firma de la escritura pública ante notaría…», lo cual no le fue
aplicado por parte de la demandada.

Adujo que el tribunal no tuvo en cuenta el pasivo (renglón 31) incluido en la corrección, y
que también fue aceptado por la demandada. Recapituló que, aunque ese renglón
inicialmente estaba propuesto en cero, fue adicionado con el pasivo del crédito
hipotecario por $300.000.000 más intereses, crédito con el que adquirió el inmueble (50C-
205120), como constaba en la cláusula cuarta de la Escritura Pública 2100 del 27 de julio

9
Samai tribunal, índice 21, certificado AE007AB7978EE339 D96B96009BBEAA57 2DA1211DE812D48C EB67748A9D418605 (pdf),
pp. 1 a 9.

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de 2013, y que fue soportado con 7 pagarés. Ahora, aunque el comprador del inmueble
aceptó el pago de dicha deuda (subrogación hecha en la Escritura Pública 1362 del 05
de julio de 2013) no solo omitió inscribir en la ORIP el bien, sino que incumplió pagar esta
obligación; así que el acreedor del crédito persiguió el pago contra él, mediante un
proceso ejecutivo ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá.

En suma, el pasivo adicionado por $638.200.000, respaldado por documentos de fecha
cierta fue aceptado por la demandada, conforme al artículo 709 ídem y, en consecuencia,
su patrimonio líquido quedó determinado en $1.345.693.000 que también fue aceptado
por la demandada, de tal forma que «es un inequitativo e injusto, que en la declaración de renta
año gravable 2016 determinada por la DIAN, incluirle (sic) al contribuyente Epifanio rojas Arias, un mayor
valor de $541.516.000 como rentas gravables y no tener en cuenta que se acepta por parte de la
Administración tributaria las deudas por un valor de … $638.200.000». En tal contexto, solicitó tener
en consideración el espíritu de justicia del artículo 683 ídem, por cuanto no se dan los
presupuestos legales para la adición de rentas gravables del artículo 236 ídem (sic), en
tanto que el pasivo da un efecto neutro; en tal marco, adujo que «es muy injusto y no hay
espíritu de justicia que los nuevos valores de activos declarados por $541.516.000 sean rentas gravables
y las deudas determinadas por $638.200.000 como pasivos existentes no se tengan en cuenta en los actos
administrativos citados, lo que neutraliza el valor determinado y se declara un valor de rentas gravables en
cero (0)».

Finalmente, reiteró que la sanción reducida a la cuarta parte era la procedente y que
existía una diferencia de criterios, acorde con el espíritu de justicia y los principios del
artículo 640 del ET, y reiteró que, debía considerarse que es una persona natural,
trabajadora y respetuosa del orden legal y constitucional y los mayores tributos
establecidos en la corrección y en la liquidación oficial, junto con las respectivas multas,
acabarían con su vida digna y el patrimonio obtenido con esfuerzo.

Pronunciamientos finales

La Administración y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala definir, en primer lugar, si era improcedente la inclusión de la
renta líquida gravable especial de que trata el artículo 239-1 del ET, dada la incorporación
por parte del contribuyente y su aceptación por parte de la Administración de un pasivo
asociado al inmueble en cuestión, en la declaración de corrección provocada, y acorde
con la conclusión anterior, se establecería si era improcedente la sanción por inexactitud.

Para dirimir lo anterior, partirá la Sala de efectuar las siguientes precisiones:

El debate planteado en la demanda se sustentó en la improcedencia de la adición de la
renta líquida gravable por omisión de activos en cuantía de $541.516.000, a cuyos

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efectos, adujo la actora haber corregido la declaración a instancias del requerimiento
especial, adicionando su patrimonio bruto con la suma de $673.679.000.

El anterior incremento se derivó de: (i) la inclusión del inmueble con matrícula inmobiliaria
50C-205120 por valor de $457.709.000, respecto del cual explicó el actor que, no
obstante haberlo vendido mediante la Escritura Pública 6837 del 23 de diciembre de
2014, no fue registrada la operación en la ORIP por negligencia del comprador, lo que
condujo a que el inmueble estuviese a su nombre a 31 de diciembre de 2016 y (ii) ajustes
a inmuebles subvalorados por valor de $83.806.50410; además con ocasión de la misma
corrección incluyó un pasivo de $638.200.000, que correspondía al crédito hipotecario
con el cual adquirió el inmueble precitado -lo que a juicio del actor neutralizaba la
diferencia patrimonial-, corrección que fue aceptada por la demandada en la liquidación
oficial.

Se advierte que el cargo de nulidad planteado por el demandante no se enfocó a
desvirtuar la omisión del activo como equívocamente interpretó el tribunal al resolver el
debate, pues la demandante había aceptado este hecho, y por eso lo incluyó en su
patrimonio con ocasión de la corrección provocada, solo que consideró que el pasivo
hipotecario que también fue incluido en la corrección, neutralizaba el efecto de una
diferencia patrimonial. Por ello, no fue acertado el análisis del a quo al dirigirse a
establecer si el inmueble (50C-205120) debía integrar el patrimonio del demandante a 31
de diciembre de 2016, pues esto no era lo controvertido por el actor, además, no tuvo en
cuenta que en el valor cuestionado como omisión, y que derivó en la adición de la renta
líquida gravable, no solo estaba conformado por el valor del señalado inmueble, sino que
igualmente incluía el ajuste de unos inmuebles subvalorados por no haberse declarado
por su avalúo catastral.

Con todo, no puede pasarse por alto que la conclusión del tribunal respecto de la
procedencia de la inclusión del activo en el patrimonio del año 2016 por no haberse
efectuado el registro de la compraventa ante la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos, no fue atinada, pues tratándose de la enajenación de inmuebles, la normativa
fiscal, artículo 27 del ET, prevé como regla especial que los ingresos se entienden
realizados en la fecha de la escritura púbica, lo cual se proyecta de manera inescindible
en el patrimonio, pues al reconocer el vendedor el correspondiente ingreso, el inmueble
debe ser descargado de su patrimonio, y en su lugar debe reconocerse el activo con el
cual se le pagó o la correspondiente cuenta por cobrar. Si bien esto sería suficiente para
concluir que el inmueble enajenado mediante escritura pública en el año 2014 no debía
incluirse en el patrimonio de la actora en los subsiguientes años y por ende descartar la
omisión de activo que fue cuestionada por la demandada, pues tampoco la subvaloración
de los activos tendría tal connotación, lo cierto es que esto no hizo parte de los cargos
planteados en la demanda, solo fue planteado en la apelación, con apoyo en la doctrina
DIAN 010338 del 11 de febrero de 1999, circunstancia que le impide a la Sala abordar su
estudio.

Considerado lo anterior, el análisis de la Sala se circunscribirá a determinar si la renta
gravable adicionada por la demandada, bajo el cargo de haber incurrido la actora en
omisión de activos en la declaración de renta del ejercicio gravable 2016, con fundamento
en el artículo 239-1 del ET, podía enervarse con la inclusión del pasivo.

10
Conforme se advirtió en la parte inicial de la providencia, aunque la demandante no explicó el concepto de la adición por valor de
$83.806.504, con la liquidación oficial se estableció que correspondía a los ajustes a inmuebles, que le fueron cuestionados como
omitidos, por no haber sido declarados por el avalúo catastral.

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Demandante: Epifanio Rojas Arias

Análisis del caso concreto

3- Contextualizada así la situación, se partirá de señalar que las partes no discuten que
la actora corrigió su declaración de renta del año gravable 2016 para adicionar su
patrimonio bruto con la suma de $673.679.000, cifra que comprendía de una parte, el
inmueble 50C-205120 por valor de $457.709.000, que aunque fue enajenado mediante
escritura pública en el año 2014, no fue inscrita la compraventa en la oficina de registro
de instrumentos públicos y de otra parte, la suma de $83.806.504 correspondiente a los
ajustes de otros inmuebles que habían sido subvalorados por no declararse al valor
catastral. Tampoco se discute que, en la misma oportunidad, la demandante incluyó un
pasivo hipotecario en cuantía de $638.200.000 vinculado a tal inmueble. Igualmente, es
un hecho cierto que la citada corrección provocada, fue aceptada por la Administración
mediante la liquidación oficial.

Sin embargo, para la apelante, no hay lugar a incluir como renta líquida gravable la
prenotada cifra de $541.516.000, pues entiende que al haberse incluido simultáneamente
el pasivo hipotecario respaldado con documentos de fecha cierta y aceptado por la DIAN,
se neutralizaba el efecto en la renta líquida gravable.

Para la demandada, el hecho de no haber declarado el inmueble en cuestión que figuraba
a su nombre en la Oficina de Registro e Instrumentos públicos para el año 2016, y
haberse subvalorado otros inmuebles, configuraba omisión de activos y daba lugar a la
aplicación del artículo 239-1, precepto que determina que el valor de los activos omitidos
constituye renta líquida gravable, sin que exista exoneración o graduación por el hecho
de que simultáneamente se reconozcan pasivos asociados, tesis que fue acogida por el
tribunal al considerar que la adición de la renta líquida gravable provino de la omisión de
activos -la cual encontró configurada-, no siendo la aceptación del pasivo una causal de
exoneración o graduación.

3.1- Como observa la Sala que la discusión de la actora gira en torno a la comparación
patrimonial, mientras que la demandada invoca la omisión de activos, resulta
indispensable puntualizar las diferencias entre la renta líquida gravable especial derivada
del artículo 239-1 del ET, de aquella proveniente de la comparación patrimonial regulada
en el artículo 236 ibidem.

3.2- La renta gravable especial por comparación patrimonial, regulada en el artículo 236
del ET, se fundamenta en la premisa de que el incremento del patrimonio líquido de un
contribuyente al cierre de una vigencia fiscal, en relación con el patrimonio líquido
poseído al cierre de la vigencia inmediatamente anterior, debe estar justificado en las
rentas percibidas en el correspondiente período11, lo cual comporta la necesidad de una
depuración para poder establecerlo. A tales fines, el mencionado precepto en comento
determina como punto de partida la comparación del patrimonio líquido del período
gravable que se revisa con el patrimonio líquido del año anterior a este; luego, de resultar
una diferencia positiva, esta debe cotejarse con la cifra resultante de sumar la renta
gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, menos el impuesto pagado en
el año. De resultar superior el incremento patrimonial a las rentas así depuradas, la
diferencia constituirá renta líquida gravable especial, a menos que el contribuyente
demuestre que el incremento obedece a causas justificativas, entre ellas las
valorizaciones o desvalorizaciones nominales.

11
Entre otras, en las sentencias del 26 de enero de 1996, exp. 7317, CP: Delio Gómez Leyva; del 10 de febrero del 2003, exp. 13217,
CP: Ligia López Díaz; del 18 de octubre de 2006, exp. 15155, CP: Juan Ángel Palacio; del 14 de abril y del 13 de octubre de 2016,
exps. 19138 y 19748, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 13 de octubre y del 16 de noviembre de 2016, exps. 20503 y 20585,
CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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En cambio, la renta líquida regulada en el artículo 239-1 surge por la omisión de activos
o inclusión de pasivos inexistentes originados en las declaraciones de períodos no
revisables, en tanto presupone que en tales períodos se omitieron rentas gravables. A tal
efecto, la normativa fiscal determina que el valor del activo omitido o del pasivo
inexistente constituya renta líquida gravable.

Obsérvese que, mientras la renta por comparación patrimonial se dirige a conjurar el
ocultamiento de rentas en el período gravable objeto de revisión, considerado el
incremento patrimonial reflejado en ese mismo período; el artículo 239-1 ídem se dirige
a determinar la renta omitida en períodos anteriores no revisables, cuyo ocultamiento se
logró a través de la omisión de activos y/o inclusión de pasivos inexistentes, pues fue así
como se enervó en el incremento patrimonial en el correspondiente período. En
consecuencia, bajo tal mecanismo, no hay lugar a comparar los patrimonios líquidos,
como ocurre en el sistema especial de comparación patrimonial del artículo 236 del ET,
pues no se encamina a establecer la procedencia de un incremento patrimonial, de
manera que, solo toma en consideración el valor del activo omitido o del pasivo
inexistente. De ahí que para efecto de la determinación de la renta líquida regulada en el
artículo 239-1 no tenga ninguna incidencia o relevancia la inclusión o no de un activo
procedente en el patrimonio.

3.3- Acorde con el derecho aplicable y considerando que en los actos definitivos la
determinación de la renta líquida regulada en el artículo determinó la renta líquida con
fundamento en el artículo 239-1, la argumentación de la apelante relativa al efecto
neutralizador del pasivo adicionado en la corrección de la declaración aceptada por la
DIAN, no enervaría la consecuencia prevista en tal precepto, en tanto para la
determinación de la renta líquida allí prevista, solo se toma en consideración el valor de
los activos omitidos, que no el valor del patrimonio líquido, como sucede en la renta por
comparación patrimonial, que fue el que entendió aplicado el demandante.

Ahora bien, dado que el actor no cuestionó la inexistencia de la omisión de activos, en
tanto el bien había sido vendido mediante escritura púbica en el año 2014, y por el
contrario, siguiendo la propuesta del requerimiento especial, corrigió su denuncio
tributario para incluir el valor del inmueble y de los ajustes por subvaloración de otros
inmuebles, lo que tampoco configuraba omisión de activos, no le es posible a la Sala
desestimar la adición de la renta líquida gravable determinada en los actos acusados.

Súmese a lo anterior que, la argumentación en torno al principio de justicia tributaria y al
efecto nocivo sobre el patrimonio, bienestar y vida digna del actor, no constituyen causal
de nulidad de los actos demandados.

No prospera el cargo de apelación.

4- Respecto al segundo problema jurídico, atinente a la improcedencia de la sanción por
inexactitud, debe indicarse que al no haberse logrado desvirtuar la procedencia de la
renta líquida gravable, de lo cual derivó un mayor impuesto a cargo del actor, resulta en
principio procedente la sanción por inexactitud.

Ahora bien, considerando que la actora alega la configuración de «diferencia de
criterios», se advierte que, sobre ese particular se ha pronunciado la Sección12
precisando que «si el «criterio» desplegado por el administrado tuvo causa en un equivocado juicio de

12
Sentencias del 11 de junio de 2020 (exp. 21640; CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) y del 08 de junio de 2023 (exp. 23947, CP:
Wilson Ramos Girón).

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comprensión sobre la interpretación, vigencia o existencia del tipo infractor y sus respectivos ingredientes
normativos, el cual propició en él la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico ».

Confrontado lo anterior con el caso concreto, se advierte que el actor partió de una errada
interpretación del derecho aplicable, pues entendió que la norma que regulaba la
actuación era la correspondiente a la renta por comparación patrimonial (art. 236 del ET),
y no la de la renta líquida gravable por omisión de activos (art. 239-1 ejusdem), y con tal
convencimiento defendió que la inclusión del pasivo hipotecario, neutralizaba la inclusión
del inmueble en la corrección provocada que presentó y fue aceptada por la
Administración, lo que a juicio de la Sala no correspondió a un simple error de
apreciación, sino que se derivó de la propia actuación de la demandada, pues se advierte
que en el requerimiento especial que precedió el acto de determinación, se planteó tanto
la renta líquida del artículo 239-1 del ET, como la de la comparación patrimonial del
artículo 236 ibidem, solo que, tras la respuesta del acto preparatorio, la demandada
descartó en la liquidación oficial de revisión la renta por comparación patrimonial,
sustentando la glosa en el artículo 239-1 ídem.

De acuerdo con lo anterior, la actuación de la actora en el sentido de incluir como
omitidos, el inmueble que había enajenado en el año 2004 y los ajustes a inmuebles
subvalorados se originó en un equivocado juicio de comprensión sobre el derecho
aplicable y sus respectivos ingredientes normativos, propiciado por la propia demandada,
y fue por ello que, en forma concomitante con la inclusión del mayor valor del activo que
le fue reclamado como omitido, adicionó un pasivo, con la errada convicción de que al
neutralizar el efecto patrimonial, se eliminaba la renta líquida gravable, lo que para la Sala
evidencia el equivocado juicio de comprensión, circunstancia bajo la cual resulta
procedente levantar la sanción por inexactitud.

En consecuencia, prospera el cargo de apelación en relación con la sanción de
inexactitud.

Conclusión

5- En la determinación de la renta líquida gravable especial por omisión de activos y/o
inclusión de pasivos, regulada en el artículo 239-1 del ET, no tiene incidencia alguna la
existencia de pasivos procedentes, pues tal previsión solo considera el activo omitido o
el pasivo inexistente, a diferencia de la renta por comparación patrimonial que parte de
la comparación de los patrimonios líquidos (activo menos pasivos) del año revisado y del
período inmediatamente anterior.

Habiéndose establecido que la conducta que derivó en la sanción, obedeció a un
equivocado juicio de comprensión sobre la interpretación del tipo infractor y sus
respectivos ingredientes normativos, procede la exoneración de la sanción de inexactitud.

Costas

6- Por no estar probado en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA

1. Revocar la sentencia de primera instancia conforme a la parte motiva de la
providencia. En su lugar:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 32241202000041, del 09
de julio de 2020, y de la Resolución 005272, del 19 de julio de 2021, mediante los cuales se modificó
la autoliquidación del impuesto sobre la renta del período 2016, presentada por el actor, en lo
concerniente a la sanción por inexactitud, y a título de restablecimiento del derecho se levantará
dicha multa, conforme a las consideraciones de la providencia de segunda instancia.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Salva voto parcial
Salva voto parcial

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Conjuez

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