Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2016-01591-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2016-01591-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2016-01591-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de marzo de 2024
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01591-01 (27974)
Demandante: William Garay Victoria
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2016-01591-01 (27974)
Demandante WILLIAM GARAY VICTORIA
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta año 2011. Firmeza de la declaración.
Inspección tributaria. Violación al debido proceso. Diferencia de
criterios.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 25 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de Liquidación Oficial de Revisión No.
052412015000029 del (sic) 01 de julio de 2015 y de la Resolución No. 004.522 del (sic) 22 de
junio de 2016, proferidas por la DIAN, pero sólo en lo referente al valor a pagar por concepto
de la sanción por inexactitud. En consecuencia,
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, reliquidar la sanción por inexactitud que
le corresponde pagar al señor WILLIAM GARAY VICTORIA por la declaración de renta del
año 2011, a la suma de $359.841.000.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO.- Sin condena en costas.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 27 de agosto de 2012, William Garay Victoria presentó la declaración del
impuesto sobre renta del año 2011, en la cual registró saldo a pagar.
Previa expedición del requerimiento especial y su respuesta, la Administración
emitió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 052412015000029 del 26 de junio de
2015, mediante la cual propuso: i) el incremento del patrimonio bruto y el
desconocimiento de pasivos; ii) la adición de ingresos por salarios y demás pagos
laborales y, por intereses y rendimientos financieros; iii) el rechazo de unas
deducciones; y, iv) el aumento de las rentas exentas. A partir de esto, determinó
una renta por comparación patrimonial, liquidó un mayor impuesto, e impuso
sanción por inexactitud.
El contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la
Resolución Nro. 004522 del 21 de junio de 2016 que confirmó la liquidación oficial.
1 Samai Tribunal, índice 16. PDF: “1_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 16”.
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Demandante: William Garay Victoria
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
“PRIMERA: Se declare la nulidad de:
1. Auto de inspección tributaria Número 052382014000125 del 4 de agosto de 2014.
2. Requerimiento especial Número 052382014000042 notificado por correo certificado el 24
de noviembre de 2014.
3. Liquidación oficial de revisión Número 052412015000029 del 1 de julio de 2015.
4. Resolución Número 004522 por medio de la cual se resuelve el recurso de
reconsideración notificado mediante comunicación del 22 de Junio de 2016.
SEGUNDO: Para efectos del restablecimiento del derecho del señor William Garay Victoria
declare la declaración de renta del año gravable 2011, en firme desde 29 de agosto de 2014.”
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29 y 83
de la Constitución Política; 683, 705, 706, 746, 770 ,771, 778 y 742 del Estatuto
Tributario; 174 del Código de Procedimiento Civil y; 3 y 6 de la Ley 1437 de 2011.
El concepto de la violación se resume así:
1. Extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial
Afirmó que la inspección tributaria no suspendió el término para notificar el
requerimiento especial, pues la diligencia no se llevó a cabo. Lo anterior, porque las
visitas se practicaron respecto de contribuyentes diferentes al actor, esto es, las
empresas Mi Shop S.A.S., Direct Marketing Ltda. y Moda Internacional Ltda., y en
todo caso, fueron posteriores a la ocurrencia de la firmeza de la declaración, y
realizadas a una dirección diferente a la señalada en el auto de inspección. De allí
que el requerimiento especial sea extemporáneo.
2. Falta de decreto y de valoración de las pruebas que soportan el
patrimonio
Afirmó que la DIAN no practicó la prueba de "inspección” a la sociedad Modaint S.A.S.,
que solicitó el contribuyente en la respuesta al emplazamiento para corregir y en el
recurso de reconsideración, de tal forma que, vulneró el debido proceso.
Señaló que esa prueba pretendía acreditar que “dicha sociedad está declarando los
Derechos Fiduciarios producto de la cesión que el señor William Garay le realizó (sic) y a la sociedad
Mi Shop S.A.S. a efectos de demostrar que el contribuyente es accionista de dicha sociedad en la
suma de $300.000 y que no ha prestado ningún valor por cuanto no posee recursos para hacerlo”.
Agregó que, con el rechazo del decreto de la prueba, la entidad fiscal omitió su
deber de verificar el origen y realidad de la transacción y, por tanto, no puede
desconocerla.
2 Samai, índice 4. “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL- RESERVADO(.pdf) NroActua 4”. Se
pone de presente que mediante auto del 19 de enero de 2016, el Tribunal rechazó la demanda en relación
con las pretensiones de nulidad del auto de inspección tributaria y el requerimiento especial. Fls 248 a 249.
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Adujo que las pruebas recaudadas demuestran la realidad del patrimonio declarado,
la cesión de derechos fiduciarios a Modaint S.A.S. y el hecho de que la sociedad Mi
Shop S.A.S. no era deudora del demandante y, aun así, fueron descalificadas o no
valoradas, lo cual viola el artículo 742 del Estatuto Tributario. Acotó que la DIAN
pretende que dos contribuyentes distintos paguen y declaren sobre un mismo
patrimonio.
Dijo que las pruebas debieron analizarse en conjunto, y a partir de la sentencia C-
160 de 1998 de la Corte Constitucional, advirtió que la carga de la prueba recaía en
la Administración, pero fue trasladada al contribuyente, lo que está prohibido.
Consideró que la actuación administrativa infringe el debido proceso, toda vez que
la DIAN no decretó las pruebas solicitadas, y sin valorar las aportadas, llegó a la
conclusión que el señor Garay era propietario de los derechos fiduciarios,
desatendiendo que en toda compañía los socios apoyan a la empresa con recursos
propios, máxime si están en proceso de reorganización.
Señaló que la DIAN vulneró el derecho de defensa del señor Garay porque, por un
lado, no dio valor probatorio a los libros auxiliares de la sociedad Mi Shop S.A.S., la
carta informativa de cesión de derechos, el contrato de cesión de derechos a
Modaint S.A.S., y la factura de venta Nro. 0065117 que da cuenta de las comisiones
fiduciarias entre noviembre de 2009 y diciembre de 2014. Y por el otro, la entidad
fiscal omitió motivar el rechazo de la práctica de las pruebas solicitadas, en relación
con las sociedades Modaint S.A.S. y Mi Shop S.A.S., y la prueba supletoria prevista
en el artículo 771 del Estatuto Tributario respecto de ciertos terceros.
3. Violación del principio del deber de contribuir y el espíritu de justicia en
la determinación del tributo y la sanción
Precisó que la DIAN violó el deber de contribuir al pretender el pago de un mayor
valor del impuesto y de una sanción por inexactitud, lo cual es contrario a los
principios de legalidad, justicia y equidad.
Cuestionó que la liquidación oficial se funda en un análisis de auditoría que, para
que alcance la calidad de prueba, ha debido ser incorporado al proceso cumpliendo
los requisitos de Ley, en particular, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil
que rige las ritualidades de los informes técnicos. A partir de esto, indicó que la
liquidación se sustenta en pruebas que no cumplieron el principio de publicidad y
solicitó aplicar el artículo 745 del Estatuto Tributario.
4. Falta de valoración de las pruebas de las deducciones
Argumentó que en el expediente obran una serie de pruebas que demuestran la
realidad de los costos y deducciones, pero la demandada las descalificó o no las
valoró desconociendo las normas del procedimiento tributario, que exigen que las
decisiones de la Administración deben fundarse en los hechos probados. Agregó
que la carga de la prueba recaía en la DIAN, y que las pruebas debieron evaluarse
en conjunto, pues de ser así, se hubiere concluido que los costos y deducciones
eran reales.
5. Improcedencia de la sanción
Dijo que la sanción por inexactitud se presenta cuando se dan las causales que
contempla en el artículo 647 del Estatuto Tributario, y no es posible que, por vía de
interpretación, la Administración las extienda a hechos que no tipifica la Ley como
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sancionables, como lo pretende hacer en el caso objeto de discusión. Añadió que
lo que castiga la ley es la inclusión de datos falsos o inexistentes en la declaración,
lo cual no ocurrió pues estos son reales. Invocó la diferencia de criterios como
causal exculpatoria de la sanción.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos3:
Frente a la extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial,
precisó que profirió de oficio auto de inspección tributaria, en virtud del cual, los
funcionarios quedaron facultados para recaudar pruebas. Reseñó que, en desarrollo
de la investigación, se profirieron autos de verificación o cruce a las empresas Mi
Shop S.A.S., Moda Internacional Ltda., Direct Marketing Ltda y Procostura del Valle
S.A, y el 8 de septiembre de 2014 se practicaron visitas a estas sociedades para
solicitar información de las transacciones con el demandante. Agregó que las
diligencias se efectuaron dentro del término legal y, por tanto, la notificación del acto
preparatorio se extendió por tres meses.
Sobre los demás cargos relativos a la falta de práctica y valoración de las
pruebas, sostuvo que el demandante no soporta sus afirmaciones, y que la prueba
supletoria solicitada no era procedente por cuanto recaía sobre contribuyentes que
no declararon oportunamente sus rendimientos financieros.
Anotó que todas las actuaciones fueron debidamente recurridas, con lo cual no
existe violación al derecho de defensa, ni se le ha impedido al contribuyente
controvertir pruebas ni participar en su práctica.
Realizó un recuento de las inconsistencias que soportan la modificación del
patrimonio líquido: i) la existencia de encargo fiduciario sin entrega de bienes por
parte del contribuyente, quien conservaba el derecho de dominio a 31 de diciembre
de 2011, ii) el hallazgo de deudas con accionistas, entre estos, el contribuyente, en
la contabilidad de Mi Shop S.A.S., durante la diligencia llevada a cabo en el domicilio
de la sociedad; y iii) la inexistencia de pasivos declarados por el demandante, en
tanto se verificó que los supuestos acreedores no registraron intereses, y en otros
casos, tampoco estaban registrados en el RUT ni presentaron declaración. Se
advirtió que no existían documentos de fecha cierta. Con fundamento en lo anterior,
dijo que era procedente determinar la renta por comparación patrimonial4.
Indicó que el rechazo de las deducciones obedeció a que el contribuyente en su
condición de asalariado excedió el tope del 15% autorizado por la ley, y respecto de
ciertos rubros no aportó factura o esta no cumplió con los requisitos legales.
Estimó procedente la sanción por inexactitud pues se encuentra demostrado que
el contribuyente incurrió en el hecho sancionable, relativo a la inclusión de datos
equivocados, incompletos o desfigurados.
Solicitó que se condene en costas al demandante toda vez que la entidad fiscal
tuvo que incurrir en expensas para acudir ante la vía judicial, como son los gastos
por los antecedentes administrativos escaneados.
3 Samai, índice 4. “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL- RESERVADO(.pdf) NroActua 4”.
4 Invocó las sentencias del Consejo de Estado, del 1 de noviembre de 2012, exp. 230012331000200800227-
01, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; y del 13 de agosto de 2015, exp. 20822, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia.
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Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos administrativos, con fundamento
en las siguientes consideraciones5:
En cuanto a la extemporaneidad del requerimiento especial, indicó que el 4 de
agosto de 2014 se profirió auto de inspección tributaria, y que el 8 de septiembre de
dicho año, se practicaron visitas a Moda Internacional Ltda, Mi Shop SAS y CI Direct
Marketing Ltda, de tal forma que el término para proferir el acto preparatorio se
suspendió y, en ese entendido, fue notificado oportunamente. Aclaró que, pese a
que las visitas no se realizaron al contribuyente, se efectuaron a sociedades de las
cuales era accionista, y la diligencia pretendía verificar las transacciones realizadas
entre éstas y el actor.
Sobre el decreto y valoración de pruebas referentes al patrimonio, señaló que,
la demandada mediante requerimiento ordinario solicitó a Helm Fiduciaria S.A.
certificar el porcentaje y valor de participación del actor en el fideicomiso Moda
Internacional Ltda y la entidad adujo que este ascendía al 33,34%, lo cual equivalía
a $411.483.947. Explicó que, pese a que el demandante aportó el contrato de cesión
de derechos fiduciarios y comunicación a Helm informándole de esta, la cesión no
cumplió con los requisitos para su formalización como lo es la aceptación previa,
expresa y escrita de la entidad fiduciaria y de los beneficiarios.
Estimó que no había una vulneración al debido proceso por cuanto la cesión sí fue
analizada, pero no desvirtuaba lo reportado y certificado por la entidad fiduciaria, al
punto que la DIAN expresó al resolver el recurso de reconsideración que no se había
registrado la cesión en la Oficina de Instrumentos Públicos, pese a que los bienes
fideicomitidos eran inmuebles. Agregó que tampoco se presenta la aludida
infracción, por la negativa a decretar la inspección a la sociedad Modaint SAS
(cesionaria), en la medida que está probado que la cesión no cumplió los requisitos
de ley.
Dijo que en la inspección tributaria la DIAN encontró que i) el demandante era socio
de Mi Shop S.A.S., con un aporte no declarado, lo cual no se controvierte en la
demanda, y ii) que dicha sociedad tenía una deuda con el señor Garay que,
igualmente, no se reportó. Relató que el actor aportó copia del libro auxiliar de las
transacciones que da cuenta de la inexistencia de deudas con la sociedad y afirmó
que se cometió un error contable, lo cual no es suficiente para desvirtuar los
hallazgos de la Administración ni justifica los movimientos.
En cuanto a los pasivos, relacionó los pagarés aportados por el actor y advirtió que
ninguno de ellos tenía fecha cierta y, por ende, no podían aceptarse. Frente a la
prueba supletoria, anotó que la demandada sí realizó la verificación de las
declaraciones de los terceros, y evidenció que no incluyen suma alguna por
concepto de rendimientos financieros, lo que descarta la violación al debido
proceso.
Dijo que dentro del renglón otras deducciones, el actor incluyó lo pagado por
concepto de comisión fiduciaria aportando como soporte la factura Nro. 0065117.
Al respecto, ratificó lo dicho por la DIAN en el sentido de que el documento fue
expedido en 2013 y no respalda la deducción para 2011.
5 Samai Tribunal, índice 16. PDF: “1_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 16”
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Consideró procedente la sanción por inexactitud y descartó la diferencia de criterios,
pues las deducciones eran improcedentes y las inconsistencias en el patrimonio se
demostraron debidamente. No obstante, aplicó el principio de favorabilidad
ajustando la sanción al 100%.
No condenó en costas al no encontrarlas acreditadas en el expediente y ante la
prosperidad parcial de las pretensiones.
Recurso de apelación
El demandante apeló la decisión de primera instancia con fundamento en lo
siguiente6:
Insistió en la notificación extemporánea del requerimiento especial, porque la DIAN
omitió llevar a cabo la inspección tributaria, en tanto la diligencia no se practicó
respecto del contribuyente, sino a otras sociedades. Agregó que el plazo para
proferir el acto preparatorio, no se suspende con la simple notificación del auto de
inspección que, además, no se notificó al contribuyente sino a terceros.
Recalcó que la DIAN negó la inspección a la sociedad Modaint SAS, que solicitó el
demandante para acreditar el correcto registro de los derechos fiduciarios, prueba
vital para identificar que el patrimonio endilgado al señor Garay correspondía a la
sociedad Modaint SAS7. Que “si la DIAN hubiere decretado y efectuado la inspección tributaria
a la sociedad MODAINT SAS se había podido probar, con la copia certificada de la declaración de
renta y complementarios junto con sus anexos para el año gravable 2011 (...) que el patrimonio que
están pretendiendo incorporar al señor William Garay en su denuncio rentístico lo declaró la sociedad
MODAINT SAS". Y cuestionó que no se hubiere valorado la carta que informó la cesión
de los derechos fiduciarios. Sostuvo que no es procedente que dos personas
distintas paguen impuesto de renta por el mismo patrimonio.
Solicitó valorar la copia del libro auxiliar de las transacciones por beneficiario de Mi
Shop S.A.S. en la que se aprecia que no existían deudas con accionistas y, en
consecuencia, que el actor no era acreedor de dicha sociedad.
En cuanto a las pruebas supletorias de los pasivos, se refirió a la sentencia del
Consejo de Estado proferida el 24 de junio de 2021, exp. 25215, C.P. Milton Chaves
García, sobre la diferencia de criterios y anotó que el contribuyente “bajo su criterio
creyó” que los pagarés eran suficientes para acreditar las obligaciones que tenía con
las personas naturales. Sobre lo cual presentó cuadro explicativo en el que relaciona
el cumplimiento de los requisitos de los títulos valores y pagarés previstos en los
artículos 621 y 709 del Código de Comercio. Que, por tanto, se configura una
diferencia de criterios que no da lugar a la imposición de la sanción administrativa.
Oposición a la apelación
La demandada solicitó confirmar la sentencia de primera instancia8 y reiteró los
argumentos de la contestación.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
6 Samai Tribunal, índice 20. PDF “2_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 20”
7 Al respecto, citó la sentencia del 3 de agosto de 2016, rad. 76001-23-31-000-2004-02583-01, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas del Consejo de Estado.
8 Samai, índice 14, PDF: “28_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 14”
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos acusados, mediante los
cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año 2011 de
William Garay Victoria. En particular, debe establecerse si: i) la inspección tributaria
suspendió el término de notificación del requerimiento especial; ii) existió una
violación al debido proceso al no decretarse la inspección solicitada por el
contribuyente a la sociedad Modaint SAS, y por la falta de valoración de la carta que
informa sobre la cesión de los derechos fiduciarios; iii) procede la valoración de los
libros auxiliares de Mi Shop S.A.S, y; iv) se configuró una diferencia de criterios en
la prueba de los pasivos y, en consecuencia, es viable el levantamiento de la
sanción por inexactitud.
1. Notificación del requerimiento especial – Inspección tributaria
El apelante sostiene que el requerimiento especial se notificó en forma
extemporánea toda vez que la inspección tributaria decretada no se llevó a cabo.
Agregó que el auto de inspección no se notificó al contribuyente, sino a terceros y
que las diligencias se practicaron a éstos.
Al respecto, debe observarse que el artículo 779 del Estatuto Tributario autoriza a
la Administración para practicar inspecciones tributarias en orden a verificar la
existencia de hechos gravables, entre otros, para lo cual habilita que dentro de esta
diligencia se decreten todos los medios de prueba que sean pertinentes.
Adicionalmente, prevé que esta diligencia se inicie una vez notificado el auto que la
ordena y, que, de su resultado, se levante un acta en la cual consten los hechos,
pruebas, fundamentos y la fecha de cierre de la investigación, por parte de los
funcionarios que la desarrollaron.
El artículo 706 ibidem, determina que el término para notificar el requerimiento
especial se suspenderá cuando se practique inspección tributaria de oficio, por tres
meses, que se contarán a partir de la notificación del auto que la decrete. De
acuerdo con lo anterior, el artículo 714 del mismo Estatuto (en la redacción vigente para
la ocurrencia de los hechos) disponía que la declaración queda en firme «si dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado
requerimiento especial». De esta forma, para contabilizar la suspensión del término para
notificar el requerimiento especial por el decreto de la inspección tributaria, debe
tenerse en consideración la fecha en que finaliza el plazo para declarar.
La jurisprudencia de esta Sección ha establecido que para que las diligencias
derivadas de la inspección produzcan efectos, las pruebas deben practicarse dentro
del plazo dentro del cual opera la suspensión, el cual se computa desde la
notificación del auto:
“Así pues, la suspensión se condiciona a la existencia real de la inspección tributaria, de modo
que, mientras los comisionados o inspectores no inicien las actividades propias de su encargo,
acordes con el artículo 779 ejusdem, no puede entenderse realizada la diligencia ni
suspendido el término de notificación del requerimiento especial.
En consecuencia, de acuerdo con la interpretación armónica de los artículos 706 y 779
ejusdem, para que la inspección oficiosa suspenda por tres meses el término de notificación
del requerimiento especial, debe practicarse por lo menos dentro del plazo durante el cual
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opera esa suspensión, el cual corre a partir de la notificación del auto que decreta la
diligencia”.9
Teniendo en cuenta lo expuesto, en el caso concreto se encuentra probado lo
siguiente:
• El 27 de agosto de 2012, William Garay Victoria presentó la declaración del impuesto
sobre la renta de 2011 (fl. 10 Caa1). De conformidad con el artículo 14 del Decreto
4907 de 2011 el plazo para declarar del demandante vencía el 29 de agosto de
201210.
• El 06 de febrero de 2014, la DIAN profirió emplazamiento para corregir, notificado al
contribuyente el 11 de febrero de 2014 (fls. 152 a 166 Caa1).
• El 04 de agosto de 2014, la demandada expidió el Auto de Inspección Tributaria Nro.
052382014000125 al contribuyente William Garay Victoria, el cual fue notificado por
correo certificado al actor el 11 de agosto de 2014 (fls. 175 a 177 Caa1).
• En desarrollo de la inspección, se profirieron:
a) El 25 de agosto de 2014, el Auto de Verificación o Cruce Nro. 052382014000559, en
virtud del cual se ordenó diligencia a la sociedad Mi Shop SAS, para verificar información
de las operaciones económicas efectuadas con el contribuyente, notificado el 29 de
agosto de 2014 (fls. 179 a 180 Caa1).
b) El 25 de agosto de 2014, el Auto de Verificación o Cruce Nro. 052382014000560 a través
del cual dispuso diligencia a la sociedad Moda Internacional Ltda., para verificar
información de las operaciones económicas efectuadas con el contribuyente, notificado
el 29 de agosto de 2014 (fls. 182 y 183 Caa1).
c) El 25 de agosto de 2014, el Auto de Verificación o Cruce Nro. 052382014000561 que
decretó diligencia a la sociedad C.I. Direct Marketing Ltda., para verificar información de
las operaciones económicas efectuadas con el contribuyente, notificado el 29 de agosto
de 2014 (fls. 185 y 186 Caa1).
d) El 25 de agosto de 2014, el Auto de Verificación o Cruce Nro. 052382014000562,
mediante el cual se dispuso efectuar diligencia a la sociedad Procostura del Valle S.A.,
para verificar información de las operaciones económicas efectuadas con el
contribuyente, notificado el 29 de agosto de 2014 (fls. 190 y 192 Caa1).
• Obran Actas de visita del 08 de septiembre de 2014, a las sociedades Moda
International Ltda, C.I. Direct Marketing Ltda y Mi Shop SAS. En ellas se lee que el
objeto es “solicitar información de las transacciones relacionadas con el contribuyente
William Garay Victoria” (fls. 194 y 195 Caa1, 205 y 206, 215 y 216 Caa2).
• El Requerimiento Especial Nro. 052382014000042 del 24 de noviembre de 2014 fue
notificado al contribuyente el 1 de diciembre de 201411. (fl. 542 Caa3).
Como se advierte, el término de firmeza de la declaración expiraba inicialmente el
29 de agosto de 2014, esto es, dos años después del vencimiento del plazo para
declarar. Como quiera que el emplazamiento para corregir se emitió antes de la
inspección tributaria12, la firmeza se suspendió por un mes, al tenor de lo dispuesto
en el artículo 706 del Estatuto Tributario.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 4 de marzo de
2021, exp. 24794, C.P. Milton Chaves García, del 26 de marzo de 2009, exp. 16727, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia y del 17 de junio de 2010, exp. 16604, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
10 De acuerdo con los dos últimos dígitos del RUT del contribuyente (34).
11 Esta es la fecha del sello que obra en el documento de envío de mensajería. Además, en el mismo folio se
encuentra el certificado de entrega, en el que aparece como fecha de envío el 25 de noviembre de 2014, y
de entrega el 27 de noviembre de 2014.
12 Al respecto, la Sala ha precisado: “cuando en el procedimiento de revisión concurren una inspección
tributaria y un emplazamiento para corregir, este se debe practicar antes que la inspección, pues de lo
contrario no se estaría actuando bajo indicios toda vez que en la inspección habrá podido constatar
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Ahora bien, en lo que respecta a la inspección tributaria, el auto se le notificó a su
dirección el 11 de agosto de 2014 y se practicaron diligencias durante el término de
suspensión, pues el 25 de agosto del mismo año se emitieron autos de verificación
o cruce notificados a las sociedades con las cuales el contribuyente tenía vínculos,
y el 08 de septiembre siguiente, se efectuaron las correspondientes visitas.
Como se explicó en líneas precedentes, con la inspección, la Administración puede
decretar cualquier medio de prueba para verificar la exactitud de las declaraciones,
incluyendo visitas a terceros con los que el contribuyente tenga operaciones
económicas. La amplitud de la inspección como prueba impide que esta deba
circunscribirse a la realización de diligencias directas con el contribuyente, pues la
información recabada de terceros también es un medio de prueba válido en materia
tributaria. En ese sentido, siempre que la información y las pesquisas decretadas
en desarrollo de la inspección tengan relación con los hechos investigados, como
se evidencia en este caso pues el objeto de las pruebas ordenadas con los terceros
fue verificar las operaciones con el contribuyente fiscalizado, la inspección es válida
y produce plenos efectos.
De allí que la notificación del requerimiento especial fue oportuna pues ocurrió el 1
de diciembre de 2014 y, el plazo para notificar dicho acto vencía el 29 de diciembre
de 2014, considerando el término de suspensión del emplazamiento para corregir y
la inspección tributaria. En consecuencia, el cargo no prospera.
2. Violación al debido proceso. Rechazo de solicitud de prueba y falta de
valoración probatoria
En el procedimiento de determinación, la DIAN adicionó al patrimonio bruto
declarado, las siguientes partidas:
• $411.483.947 correspondientes a los derechos en el fideicomiso Moda
Internacional Ltda. Esto, con fundamento en la información exógena, en la que la
sociedad Helm Fiduciaria S.A. reportó los derechos fiduciarios en cabeza del
demandante, y en la respuesta al requerimiento ordinario dada por esa fiduciaria, en
la que certificó que, a corte de 31 de diciembre de 2011, el señor William Garay
ostentaba una participación del 33,34% en el fideicomiso.
• $142.106.684 por concepto de cuentas por cobrar del contribuyente con la
sociedad Mi Shop SAS, de la cual es socio. Lo que fue verificado de manera directa
por la DIAN en la visita practicada a la citada sociedad, y con el registro de la cuenta
235510 Deudas con accionista o sociedad a 31 de diciembre de 2011.
Con la respuesta al requerimiento especial, el contribuyente solicitó: “se practique
inspección tributaria y contable a: 1. Sociedad Modaint SAS Nit. (...) a efectos de demostrar que esta
sociedad declara como propios los derechos fiduciarios contenidos en la Escritura Pública 3698
desde la fecha de la cesión por mi generada (2009). Y, aportó como prueba el “1. Contrato de
cesión de derechos fiduciarios suscrito entre Modaint SAS en Julio de 2009 y carta remisoria del
mismo recibida por Helm Trust S.A. en Agosto 4 de 2009” y “3. Libro Auxiliar de la sociedad Mi Shop
SAS donde se evidencia que en efecto no presté ningún valor a la misma durante el período 2011”
(fl. 554 Caa4).
En la apelación, el demandante se limita a debatir la falta de valoración de la carta
de comunicación del contrato de cesión y, el hecho de que se hubiese negado la
inspección solicitada a la sociedad Modaint SAS para acreditar el correcto registro
de los derechos fiduciarios.
directamente los soportes de la declaración objeto de revisión”. Sentencia del 6 de mayo de 2021, exp.
22277, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; entre otras.
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Pues bien, la Sala advierte que en el expediente obra la Escritura Pública Nro. 3698
del 27 de septiembre de 2006, por medio de la cual se constituyó la fiducia mercantil
irrevocable de garantía (fls. 70 a 123 Caa1). La cláusula vigésima de dicho
documento regula las condiciones para que opere la cesión de los derechos
fiduciarios en los siguientes términos (fl. 118 Caa1):
“El FIDEICOMITENTE no podrá ceder el presente contrato, total ni parcialmente, a alguna
persona sin la previa, expresa, escrita aceptación de la otra parte y de EL (LOS)
ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S). En todo caso la cesión deberá contener como mínimo
la manifestación expresa del cesionario de conocer y aceptar el presente contrato y EL
FIDUCIARIO se reserva el derecho de solicitar que se incluyan las modificaciones al texto de
los documentos que la contienen. La notificación a EL(LOS) ACREEEDOR(ES)
BENEFICIARIO(S), se dará mediante comunicación escrita dirigida a la dirección registrada
en los archivos de EL FIDUCIARIO entendiéndose que si dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha en que se recibió la comunicación, no sea obtenido respuesta, EL (LOS
ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S), acepta(n) la cesión efectuada por el fideicomitente.”
Como se advierte, el acuerdo contractual entre las partes evidencia tres condiciones
o requisitos para el perfeccionamiento de la cesión: en primer lugar, la aceptación
expresa del cesionario, en segundo lugar, comunicación a la fiducia, la cual se
reserva el derecho de solicitar que se incluyan modificaciones al texto, y, en tercer
lugar, la notificación a los acreedores beneficiarios, mediante comunicación escrita
dirigida a la dirección registrada en los archivos del fiduciario, sin perjuicio de que la
ausencia de respuesta a la comunicación dentro del término de 30 días hábiles
implicaba la aceptación de la cesión. Al verificarse el cumplimiento de los requisitos
descritos, se evidencia que el actor aportó el contrato de cesión de derechos
fiduciarios en favor de Modaint S.A.S. (fls. 44 a 46 CP) y comunicación dirigida a
HELM TRUST S.A. en la que se informa de la cesión (fls. 47 CP), acompañada de
documento titulado “Carta informativa de cesión de derechos” (fls 48 y 49 CP), en
el cual los cedentes solicitan a la fiduciaria que “proceda a la notificación del acreedor o
acreedores beneficiarios a fin de que manifiesten su aceptación”
Pese a lo anterior, el apelante, ni en sede administrativa ni en la judicial, allegó
documento que dé cuenta de que la cesión se comunicó efectivamente a los
acreedores beneficiarios para, a partir de este, constatar la efectiva aceptación de
la cesión, bien sea en forma expresa o tácita, en los términos pactados en el
contrato. En ese sentido, la comunicación del contrato de cesión a la fiduciaria no
era prueba suficiente para demostrar el efectivo perfeccionamiento de la cesión de
derechos fiduciarios, pues, además, se exigía notificación expresa al acreedor
beneficiario. De hecho, así lo evidenció el Tribunal en la sentencia de primera
instancia, en la que valoró dichos documentos y resaltó:
“la Sala encuentra que de conformidad a lo establecido en la escritura pública No. 3698 del 27
de septiembre de 2006, por medio de la cual se constituyó la fiducia mercantil irrevocable de
garantía (fls. 52 a 77 Cdno. Ppal.), dicha cesión no cumplió con lo establecido para su
formalización, toda vez que la misma requería una aceptación previa, expresa y escrita de la
entidad fiduciaria, en este caso, HELM TRUST S.A., y de los acreedores beneficiarios(…)”
(pp. 12). (Resalta la Sala)
Aunado a lo expuesto, el hecho que la sociedad Modaint SAS declare o no el
derecho fiduciario, tampoco demuestra el cumplimiento de los requisitos de la
cesión, pues dicha circunstancia no evidencia el efectivo envío de la comunicación
al acreedor exigida para su perfeccionamiento, con lo cual, la inspección solicitada
no es pertinente y el incumplimiento en el ejercicio de la carga probatoria del
demandante, ahora apelante, no puede subsanarse a través de dicha prueba.
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Así, los reparos propuestos no son suficientes para modificar la sentencia de
primera instancia.
En lo que respecta a la acreencia del contribuyente con la sociedad Mi Shop SAS,
el apelante se limita a solicitar la valoración del libro auxiliar de dicha sociedad que
fue aportado en tres oportunidades: con la respuesta al requerimiento especial, el
recurso de reconsideración y la demanda.
Al respecto, la Sala advierte que, en desarrollo de la inspección tributaria decretada
en el proceso, se efectuó visita a la sociedad Mi Shop S.A.S. el 8 de septiembre de
2014, en la cual la DIAN solicitó: “impresión de movimientos auxiliares a 8 dígitos
correspondientes a las transacciones realizadas con el contribuyente por cualquier concepto” y
“fotocopias de los documentos de carácter interno y externo que soporten las transacciones del
contribuyente con la sociedad” (fls. 215 y 216 Caa2). La sociedad aportó copia del libro
auxiliar de la cuenta 235510- Deudas con accionistas o socios con corte a 31 de
diciembre de 2011 en la que registró una acreencia en favor del contribuyente por
valor de $142.106.684(fls. 227 y 228 Caa2).
Posteriormente, el demandante allegó, desde la respuesta al requerimiento
especial, copia del libro auxiliar de la cuenta 235510 con corte a enero de 2012 (fls.
79 y 80 CP, 555 a 556 Caa 4 y, 716 y 717 Caa4). En dicho documento, que el
apelante insta a valorar en esta instancia, la Sala evidencia que consta un registro
denominado “Reclasificación para corrección” de enero de 2012, el cual modifica el saldo
de la cuenta por cobrar glosada por la DIAN de $142.106.684 a $0.
Sin embargo, el actor no presentó en la demanda ni en el recurso de apelación,
argumentos que explicaran o justificaran el ajuste, ni mucho menos aportó pruebas
contables como certificaciones de revisor fiscal o contador público, ni documentos
soporte que evidenciaran la trazabilidad del mismo. De tal manera que la prueba
aportada no es suficiente para desvirtuar la glosa propuesta por la DIAN pues no
explica el fundamento de la modificación a la acreencia.
En mérito de lo expuesto los cargos no prosperan.
3. Sanción por inexactitud, diferencia de criterios, y prueba de pasivos.
Frente a los pagarés aportados sin fecha cierta, la parte apelante estima que se
configuró una diferencia de criterios, en tanto “creyó” que eran prueba suficiente y,
por tanto, procede el levantamiento de la sanción administrativa.
La Sala advierte que el apelante no discute la glosa propuesta por la Administración
frente al desconocimiento de pasivos, sino únicamente la sanción impuesta
respecto de los mismos que considera improcedente al amparo de la causal
exculpatoria de la diferencia de criterios. Al respecto, tal como se señaló esta
Sección13, la procedencia de esta causal se supedita a que los hechos y cifras
denunciados sean completos y veraces, siendo necesario que en el proceso exista
una prueba que los corrobore en toda su magnitud, y a que el contribuyente
demuestre que la interpretación de la norma en la que se subsume el hecho
económico declarado es razonable, es decir, que se encuentra sustentada en
métodos o técnicas de interpretación legalmente aceptables.
13 Sentencia del 04 de noviembre de 2021, exp. 24754, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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En este caso, el contribuyente no explicó en qué medida su interpretación puede
ser razonable o válida para que opere la causal exculpatoria pues se limita a afirmar
que “creyó” que los pagarés aportados eran suficientes para acreditar los pasivos,
basando su interpretación en normas comerciales, siendo que en este caso tiene
lugar la aplicación del Estatuto Tributario, como norma especial. De ahí que la
imposición de la sanción no obedeció a la diferencia en la interpretación de un
precepto legal.
En ese sentido, el cargo no prospera.
4. Condena en costas
En cuanto a la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), no
se ordenará en esta instancia por cuanto, conforme a lo previsto en el artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 25 de mayo de 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2. No condenar en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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