Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00045-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00045-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00045-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
23 de mayo de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00045-01 (28272)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00045-01 (28272)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP
Demandado: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS
Y PENSIONES- FONCEP
Temas: Proceso de cobro coactivo. Cuotas partes pensionales.
Principio de congruencia. Estudio oficioso de la excepción de
prescripción del derecho de recobro.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de 5 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución CC-00197 del 24 de agosto
de 2020, por medio de la cual se resolvieron las excepciones propuestas contra el
mandamiento de pago y de la Resolución CC-000227 del 29 de septiembre de
2020, que desató el recurso de reposición, expedidas por el FONCEP, dentro del
proceso de cobro coactivo CP-017 de 2020, adelantado en contra de la UGPP, por
concepto de cuotas partes pensionales.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la prescripción
de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales relacionadas en el
mandamiento de pago contenido en la Resolución la CC-000166 del 24 de julio de
2020, en los términos indicados en la parte considerativa de esta sentencia y, en
consecuencia, DECLARAR la terminación del proceso de cobro coactivo CP-017
de 2020, adelantado en contra de la demandante.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.
CUARTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
(…)”.
ANTECEDENTES
El 24 de julio de 2020, en el proceso de cobro coactivo, expediente CP-017-2020, el
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones [en adelante FONCEP]
libró mandamiento de pago contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Parafiscales [en adelante UGPP], por concepto de cuotas partes
pensionales.
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Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP
FALLO
La UGPP formuló como excepciones contra el mandamiento de pago contenido en la
Resolución nro. CC-000166 del 24 de julio de 2020, las de falta del título ejecutivo y
falta de legitimación en la causa por pasiva.
El 24 de agosto de 2020, se profirió la Resolución CC-000197, en la que FONCEP
declaró no probadas las excepciones propuestas, ordenó seguir adelante la ejecución
y practicar la liquidación del crédito y costas.
La UGPP interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. Por
Resolución CC-000227 del 29 de septiembre de 2020, FONCEP confirmó la decisión
recurrida.
DEMANDA
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. CC-000197 del 24
de agosto de 2020 “Por la cual se resuelven unas excepciones contra la
Resolución CC000166 del 24 de julio de 2020 CP 017/2020” expedida por el Fondo
de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. CC-000227 del 29
de septiembre de 2020 “Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición
en contra de la resolución No. CC-000197 del 24 de agosto de 2020. CP 017 de
2020” expedida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
– FONCEP.
TERCERA: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la parte
demandada a la devolución de los valores que la UGPP hubiese tenido que
cancelar y/o de los valores sobre los cuales se haya decretado y efectuado
embargo.
CUARTA: Que se declare la prosperidad de las excepciones de falta de título
ejecutivo y falta de legitimación en la causa por pasiva, interpuestas dentro del
término legal frente al mandamiento de pago Resolución No. CC-000166 del 24 de
julio de 2020, proferido dentro del proceso de cobro coactivo expediente No. CP-
017 de 2020.
QUINTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el Art. 187 de la Ley 1437 del 2011, aplicando los ajustes de valor o indexación
desde el momento en que se causó hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia
que le ponga fin al proceso, prorrogable hasta la fecha del pago efectivo del
reajuste y la retroactividad.
SEXTA: Si el accionado dentro del presente medio de control no efectúa el pago
en forma oportuna, deberán liquidarse los intereses comerciales y moratorios, tal
y como lo ordena el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011.”
La demandante indicó como normas violadas los artículos 99 de la Ley 1437 de 2011;
6 del Decreto 575 de 2023; 5 de la Ley 489 de 1998; 4 de la Ley 1066 de 2006; y 1º
del Decreto 1222 de 2013.
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FALLO
El concepto de la violación se sintetiza así:
Inexistencia del título ejecutivo.
FONPRECON pretendió constituir las cuentas de cobro dirigidas al Ministerio de Salud
y Protección Social, junto con la liquidación respecto de cada pensionado, como un
título ejecutivo complejo exigible a la UGPP, lo cual contradice lo previsto en el artículo
99 de la Ley 1437 de 2011, que establece cuáles son los documentos que prestan
mérito ejecutivo para su cobro coactivo.
El mandamiento de pago expedido por FONPRECON no contiene una obligación clara,
expresa y exigible, que preste mérito ejecutivo, porque no se identifica a la UGPP como
sujeto pasivo. Además, no existe para la UGPP ninguna conducta de dar, hacer o no
hacer, pues ni la resolución de reconocimiento pensional es oponible a esta entidad,
ni existe un acto administrativo que liquide la suma que se pretende cobrar, pues s olo
se tiene como fundamento unas cuentas de cobro dirigidas al Ministerio de Salud y
Protección Social.
El pago de las cuotas partes pensionales que se reclaman mediante el cobro coactivo
se trata de situaciones consolidadas antes del 8 de noviembre de 2011, por lo que le
corresponde ser asumido por el patrimonio autónomo de cuotas partes de CAJANAL,
hoy a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 1222 de 2013.
Falta de legitimación en la causa por pasiva.
No existe legitimación en la causa por pasiva por parte de la Unidad, toda vez que se
trata de cuotas partes pensionales causadas antes del 8 de noviembre de 2011, es
decir, que la consulta correspondiente fue realizada ante CAJANAL, por lo cual la
UGPP no tiene la obligación de hacerse cargo de dichos pagos.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:
Las cuotas partes pensionales cuyo recobro constituyen el soporte del mandamiento
de pago contenido en la Resolución nro. CC-000166 del 24 de julio de 2020, fueron
expedidas de manera legal, pues se consultó la cuota parte a la liquidada CAJA
NACIONAL DE PREVISION - CAJANAL, y la CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL
DISTRITO expidió los actos administrativos que contienen cada uno de los
reconocimientos pensionales.
Desde el mes de noviembre de 2011, la UGPP asumió las funciones de CAJANAL de
acuerdo con lo establecido en la Ley 1151 de 2007. Razón por la que la Unidad es la
entidad a la que le corresponde el pago de las cuotas partes pensionales señaladas
en el mandamiento de pago, pues los actos administrativos que reconocieron las
pensiones, y que asignaron las cuotas partes pensionales, se encuentran en firme,
ejecutoriados, gozan de la presunción de legalidad, no han sido revocados por la
autoridad que los expidió, ni han sido suspendidos por ninguna autoridad judicial.
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Por último, en cuanto a la excepción de falta de título ejecutivo, indicó que existen
todos los documentos que integran el título complejo de las cuotas partes cobradas,
compuesto por varios actos administrativos que contienen la obligación clara, expresa
y exigible, los cuales se encuentran a disposición de la UGPP, desde el mismo
momento de la emisión de las respectivas cuentas de cobro, pero en ningún momento
los ha solicitado para su revisión, ni siquiera al notificársele el mandamiento de pago.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal declaró la nulidad de los actos que negaron las excepciones y ordenaron
continuar la ejecución. Como restablecimiento del derecho, declaró la prescripción de
la acción de cobro de las cuotas partes pensionales relacionadas en el mandamiento
de pago contenido en la Resolución la CC-000166 del 24 de julio de 2020.
Falta de título ejecutivo y falta de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que las resoluciones que obran en el expediente, en las que se reconoce la
pensión y se define la cuota parte en cabeza de Cajanal EICE, hoy a cargo de la UGPP,
constituyen actos administrativos válidos para conformar el título ejecutivo de las
cuotas partes pensionales, pues, su legalidad no ha sido desvirtuada en sede judicial,
de ahí que se presumen ejecutoriadas y en firme permitiendo la acción de cobro
ejercida por el FONCEP.
Afirmó que el FONCEP integró en debida forma el título ejecutivo, con las resoluciones
que reconocieron la pensión y asignaron la cuota parte respectiva, las cuentas de
cobro notificadas a la UGPP, junto con las liquidaciones individuales por pensionado y
la certificación de la deuda emitida por la gerencia de bonos y cuotas partes
pensionales de este fondo. En consecuencia, el título ejecutivo estuvo debidamente
constituido respecto de los 24 pensionados por los que se discute el cobro de las
cuotas partes, cuyos documentos evidencian que la obligación es clara, expresa y
exigible, en tanto las sumas a cobrar corresponden a las cuotas partes que fueron
asignadas a Cajanal EICE, por el tiempo en que recibió los aportes para pensión,
quedando a cargo de la UGPP el pago de tales cuotas en su calidad de sucesora
procesal de las obligaciones de carácter misional asignadas a dicha caja, que
estuvieran en trámite al cierre del proceso liquidatorio.
Concluyó que no prosperan las excepciones propuestas contra el mandamiento de
pago de falta de título ejecutivo y falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin
embargo, de oficio procede el estudio de la prescripción del recobro de las cuotas
partes pensionales.
Prescripción de la acción de cobro.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006, el recobro de las
cuotas partes pensionales prescribe al cabo de 3 años contados a partir de la fecha en
que se realizó el pago de la respectiva mesada pensional.
Señaló que FONCEP debía observar el término de prescripción vigente al tiempo en
que se generaron cada una de las cuotas partes, tanto para iniciar como para culminar
el procedimiento de cobro coactivo, teniendo en cuenta las causales de interrupción
que establece el artículo 818 del ET.
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Precisó que las cuotas partes en discusión, esto es, las causadas entre el 1º de agosto
de 2017 y el 30 de abril de 2020, no se hallaban prescritas para la fecha en que el
FONCEP notificó el mandamiento de pago (28 de julio de 2020) de acuerdo con lo
señalado en el artículo 818 del ET. Sin embargo, el plazo para obtener el pago de la
deuda comenzó a correr nuevamente por un lapso igual al inicial, es decir de 3 años,
contado a partir del día siguiente al de la notificación del mandamiento de pago,
haciéndose extensivo hasta el 29 de julio de 2023, fecha para la cual el FONCEP debió
asegurar el recaudo a través del decreto de las medidas cautelares, y su posterior
remate.
Sostuvo que no fue allegada prueba del acto mediante el cual se decretaron medidas
cautelares, ni tampoco se demostró alguno de los supuestos del artículo 101 del
CPACA, para la suspensión del procedimiento de cobro. En consecuencia, el Tribunal
declaró la nulidad de los actos acusados, por haber transcurrido el plazo legal para
ejecutar la obligación y, así mismo, declaró la terminación del proceso de cobro
coactivo adelantado en contra de la UGPP.
RECURSO DE APELACIÓN
FONCEP apeló la sentencia, con fundamento en los siguientes argumentos:
No existe congruencia entre la sentencia y las pretensiones de la demanda, toda vez
que el Tribunal declaró de oficio la prescripción del recobro de las cuotas partes
pensionales objeto del proceso coactivo nro. CP-017-2020, tramitado por FONCEP
contra la UGPP, sin que la ejecutada haya propuesto la prescripción como una
excepción contra el mandamiento de pago.
El a quo se extralimitó en la sentencia al declarar una inexistente prescripción que no
fue planteada por el actor en sede administrativa ni judicial y, en ese sentido,
desconoció el principio de justicia rogada que caracteriza a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y el derecho al debido proceso de la parte demandada,
pues el FONCEP no tuvo oportunidad para pronunciarse sobre este punto en
particular.
Si bien en el proceso de cobro coactivo con la notificación del mandamiento de pago
se interrumpió el término de prescripción, también lo es que desde esa fecha el
ejecutor coactivo (FONCEP) no ha cesado sus actuaciones orientadas al recobro del
valor contenido en el mandamiento de pago, como lo son la expedición de las
resoluciones por las que se resolvieron las excepciones y el recurso de reposición,
respectivamente, y las notificaciones oportunas efectuadas al ejecutado (UGPP).
Además, el 14 de agosto de 2023 la entidad envió los oficios de embargo orientados
al recaudo de los dineros contenidos en el mandamiento de pago. En consecuencia,
no es procedente la declaratoria de la prescripción del recobro de las cuotas partes
pensionales.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandante no se pronunció frente al recurso de apelación presentado por
el FONCEP en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
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La parte demandada insistió en la violación al debido proceso al haberse declarado
de oficio la prescripción de las cuotas partes pensionales, sin que dentro del proceso
de cobro coactivo se hubiese formulado esta excepción y sin que en la demanda se
hubiese solicitado su declaratoria.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó que sea confirmada la sentencia de primera
instancia, porque de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 1 procede la
declaratoria de oficio de la excepción de prescripción del cobro de las cuotas partes
pensionales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandado, la Sala
determinará si existe congruencia en la sentencia, específicamente, establecerá si era
procedente que el Tribunal declarara de oficio la excepción de prescripción del recobro
de las cuotas partes pensionales, o si solo debían analizarse las de falta de título
ejecutivo y falta de legitimación en la causa por pasiva, que fueron propuestas por la
UGPP contra el mandamiento de pago librado en su contra.
Así mismo, la Sala precisará si procedía la declaratoria de la prescripción del recobro
de las cuotas partes pensionales causadas entre el 1º de agosto de 2017 y el 30 de
abril de 2020.
Principio de congruencia de la sentencia
El artículo 187 del CPACA señala que «[l]a sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de
las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión, y citando los textos legales que se apliquen».
El inciso segundo de la norma en mención establece que «En la sentencia se decidirá
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
Por su parte, el artículo 281 del CGP dispone que «[l]a sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la Ley».
De las referidas normas proviene el principio de congruencia de la sentencia, en sus
dos significados: como armonía entre la parte motiva y resolutiva del fallo (congruencia
interna) y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda
y su contestación (congruencia externa).
Respecto de dicho principio, la Sala 2 ha expuesto que busca la protección del derecho
de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a
consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho
1 Sentencia del 8 de junio de 2023, Exp. 27361, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
2
Sentencia del 5 de agosto de 2021, Exp. 23593, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto en la que se reiteran las sentencias del 10
de junio de 2021, Exp. 24283, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 1º de agosto de 2019, Exp. 24074, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandante, y en la
contestación, si la posición procesal es la del demandado 3.
En el caso concreto, la parte apelante afirma que el Tribunal desconoció el principio
de congruencia, porque declaró de oficio la prescripción del recobro de las cuotas
partes pensionales a cargo de la UGPP de acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de
la Ley 1066 de 2006, siendo que la ejecutada no propuso esa excepción contra el
mandamiento de pago librado en su contra, ni tampoco expuso ese cargo o argumento
en la demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho.
Sobre la procedencia del estudio oficioso de la excepción de prescripción, la Sala
señaló que con fundamento en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA la
Sección ha procedido al análisis de la prescripción a pesar de que la excepción no se
formule dentro del procedimiento de cobro4, en consideración a que si la prescripción
debe ser decretada de oficio por la autoridad administrativa, con mayor razón puede
hacerlo el juez en la etapa contenciosa al controlar el acto administrativo definitivo que
resuelve las excepciones 5.
Teniendo en cuenta el criterio de la Sala, se advierte que a pesar de que la UGPP
dentro del proceso de cobro coactivo no propuso la excepción de prescripción, ni hizo
alusión a una solicitud de prescripción en el escrito de la demanda, tal circunstancia
no impedía que el juez administrativo realizara el estudio de la excepción de oficio en
este caso de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA.
En ese sentido, el Tribunal al analizar la prescripción del recobro de las cuotas partes
pensionales, no desconoció el principio de congruencia de la sentencia, pues el juez
estaba facultado para estudiar y decretar la excepción de oficio.
En consecuencia, el cargo apelado por la entidad demandada no está llamado a
prosperar.
Prescripción de la acción de cobro.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, el recobro de las cuotas
partes pensionales tiene un término de prescripción especial para esa clase de
obligaciones. En concreto, el artículo 4 dispone:
“ARTÍCULO 4o. COBRO DE INTERESES POR CONCEPTO DE
OBLIGACIONES PENSIONALES Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
COBRO. Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán
un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de
reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas
partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada
pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada
3
Sentencia del 10 de junio de 2021, Exp. 24283, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto en la que se reiteró la sentencia del 26 de
julio de 2012, Exp. 2008-00228, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
4 Sentencia del 30 de agosto de 2017, Exp. 21764, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada en la sentencia
del 28 de noviembre de 2019, Exp. 23142, C.P. Milton Chaves García.
5 Sentencia del 23 de junio de 2022, Exp. 23587, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Reiterada en la sentencia
del 8 de junio de 2023, Exp. 23587, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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mes de mora.”6
En virtud de la norma transcrita, las cuotas partes pensionales causadas desde la
entrada en vigencia de la citada Ley 1066 (29 de julio de 2006), prescriben en un plazo
de tres (3) años, contados a partir del pago de la mesada pensional, momento en que
es exigible la obligación7.
La misma ley, en el artículo 5 8, precisó que las entidades públicas que tienen
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor deben
seguir el procedimiento de cobro descrito en el Estatuto Tributario. Y el artículo 5 del
Decreto Reglamentario 4473 de 2006 9 dispone la aplicación integral de dicho estatuto.
En virtud de esa remisión, son las normas de esa codificación a las que debe acudirse
para establecer en qué eventos opera la interrupción y suspensión de la prescripción
de las cuotas partes pensionales.
En efecto, el artículo 818 del ET regula lo relacionado con las causales de suspensión
e interrupción de la prescripción de la acción de cobro de la siguiente manera:
“Artículo 818. Interrupción y suspensión del término de prescripción. El
término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación
del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la
admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación
forzosa administrativa.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr
de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde
la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa
administrativa.
[…]”
En virtud de la norma transcrita y para el cobro de las cuotas partes pensionales, el
término de tres (3) años que tienen las entidades públicas para adelantar la acción de
cobro coactivo y lograr el pago efectivo se interrumpe, entre otros eventos, con la
notificación del mandamiento de pago y por el otorgamiento de facilidades de pago. Y
ese término vuelve a correr nuevamente, en el primer caso, al día siguiente de dicha
interrupción.
Sea del caso agregar que en asuntos en los que se estudia la ocurrencia o no de la
prescripción de la acción de cobro de obligaciones tributarias, esta Sección ha
6 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-895-09, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
7 Sobre este punto la Sala se ha pronunciado, entre otras, en las sentencias de 16 de junio de 2022, Exp. 76001-
23-33-000-2013-00509-01 (26309), C.P.Stella Jeannette Carvajal Basto; 24 de abril de 2019, Exp. 17001-23-31-
000-2010-00247-01 (21861), C.P Milton Chaves García; 12 de diciembre de 2018, Exp. 25000-23-37-000-2014-
00224-01 (22913), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 31 de octubre de 2018, Exp. 25000-23-27-000-2012-00250-
02 (23201), CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES
PÚBLICAS. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y
funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que
recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con
régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las
obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Esta tuto
Tributario.
9 Artículo 5°. Procedimiento aplicable. Las entidades objeto de la Ley 1066 de 2006 aplicarán en su integridad, para
ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido por el Estatuto Tributario Nacional o el de las normas a que
este Estatuto remita.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00045-01 (28272)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP
FALLO
señalado que de la lectura de los artículos 817 y 818 del ET se colige que la
administración no solo debe iniciar la acción de cobro coactivo dentro del término
prescriptivo contado desde que se hace exigible la obligación, sino que, una vez
iniciada, debe culminarla en ese término. De no hacerlo así, los actos que profiera con
posterioridad quedan viciados por falta de competencia temporal 10.
En el presente caso, es un hecho no debatido por las partes que las cuotas partes en
discusión, esto es, las causadas entre el 1º de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2020,
no se hallaban prescritas para la fecha en que el FONCEP notificó el mandamiento de
pago (28 de julio de 2020) de acuerdo con lo señalado en el artículo 818 del ET.
No obstante, lo anterior, el Tribunal decretó la prescripción de las cuotas partes
pensionales tomando en consideración que la entidad ejecutante no decretó medidas
cautelares hasta la diligencia de remate ni culminó el proceso de cobro para garantizar
el cubrimiento de la deuda, antes de que venciera el plazo establecido en el artículo 4°
de la Ley 1066 de 2006, es decir, dentro de los 3 años contados a partir del día
siguiente al de la notificación del mandamiento de pago, esto es, hasta el 29 de julio
de 2023.
En el recurso de apelación el FONCEP se opuso por considerar que sí realizó
actuaciones tendientes a recaudar las cuotas partes pensionales que le corresponden
a la UGPP, como lo son la expedición de las resoluciones por las que se resolvieron
las excepciones y el recurso de reposición, respectivamente, y las notificaciones
oportunas efectuadas al ejecutado (UGPP). Además, el 14 de agosto de 2023 la
entidad envió los oficios de embargo orientados al recaudo de los dineros contenidos
en el mandamiento de pago. En consecuencia, a su juicio, no es procedente la
declaratoria de la prescripción del recobro de las cuotas partes pensionales.
La Sala ha precisado que en casos como el presente “en el que se discute la legalidad
de los actos administrativos por medio de los cuales se resuelven excepciones y se
ordena seguir adelante la ejecución, el análisis del fenómeno de la prescripción se
circunscribe a la interrupción que ocurre con la notificación del mandamiento de pago,
por ser este el acto con el que se inicia el proceso de cobro coactivo (art. 818 ET)” 11.
De manera que “si bien, dentro de dicho trámite de cobro se pueden surtir otras etapas,
tales como decretar y practicar medidas cautelares, liquidar el crédito y proveer sobre
las costas, entre otras, a juicio de la Sala, en el curso del proceso judicial que se
adelanta contra los actos que resuelven las excepciones y ordenan seguir adelante
con la ejecución no es posible abordar el estudio en relación con tales actuaciones,
pues ello desborda el objeto de la litis que se concreta en el control de legalidad de los
actos enjuiciados” 12.
Se advierte que tal como lo sostuvo la Sala, la discusión en cuanto a si se realizaron
las actuaciones tendientes a lograr el recaudo y culminar el proceso de cobro coactivo
dentro de los 3 años contados a partir del día siguiente a la notificación del
mandamiento de pago, no puede ser estudiada en este proceso porque frente a este
asunto no hubo pronunciamiento de la entidad en los actos demandados, pues el
análisis solo se circunscribe a lo referente a las excepciones propuestas por la UGPP
10 Ver, entre otras, las sentencias de 28 de febrero de 2013, Exp. 25000-23-27-000-2008-00163-01 (17935) y 28
de agosto de 2013, Exp. 25000-23-27-000-2009-00138-01 (18567), ambas con ponencia de Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.
11 Sentencia del 13 de julio de 2023, Exp. 27376, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Reiterada en la sentencia
del 15 de marzo de 2024, Exp. 28076, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12 Sentencia del 15 de marzo de 2024, Exp. 28076, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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en el proceso de cobro coactivo y a la excepción que fue analizada de oficio de
prescripción del recobro de las cuotas partes pensionales, pero solo hasta el momento
en que fue notificado el mandamiento de pago y que se interrumpió el término de
prescripción.
En esa medida, las actuaciones que desarrolló la entidad ejecutante durante el término
legal previsto para terminar el proceso de cobro coactivo no pueden ser objeto de
análisis en este asunto cuando lo que aquí se discute son los actos por los que se
negaron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.
Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta que tal como lo concluyó el Tribunal, las
cuotas partes en discusión, esto es, las causadas entre el 1º de agosto de 2017 y el
30 de abril de 2020, no se hallaban prescritas para la fecha en que el FONCEP notificó
el mandamiento de pago (28 de julio de 2020), la Sala procede a revocar la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el artículo 188 del
CPACA 13, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el
artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas
en el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del
numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
13 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
10
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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