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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-31-000-2010-00247-01

Cuotas partes pensionales: noción y procedimiento

Fecha
24 de abril de 2019
Consejero ponente
Milton Chaves García
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-31-000-2010-00247-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de julio de 2013 del Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar, quedará así: “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de la acción de cobro respecto de las obligaciones que se concretan a los periodos comprendidos entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997, contenidas en el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007, proferido por el Departamento de Caldas. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos demandados. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS no estaba obligada a pagar suma alguna por concepto de las cuotas partes pensionales de los periodos comprendidos entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997. TERCERO: En lo demás, NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. SEGUNDO: RECONOCER personería a Carmen Eugenia Uribe Arango como apoderada del demandado en los términos del poder que está en el folio 351 del cuaderno principal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 17001-23-31-000-2010-00247-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

24 de abril de 2019

PROCESO DE COBRO COACTIVO - Actos demandables / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – Alcance. En él no se puede resolver sobre la legalidad del acto administrativo de determinación de la obligación / EXCEPCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN – No prosperidad / EXCEPCIONES DE LEGALIDAD Y FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS DURANTE EL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y DE PRESUPUESTOS PARA EL COBRO DE CUOTAS PARTES CON BASE EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY – Son del fondo del asunto

Es de anotar que de conformidad con el artículo 835 del Estatuto Tributario, dentro del proceso de cobro coactivo sólo son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa, las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. A su vez, la Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, porque crean una obligación distinta, como es el caso de la liquidación del crédito o de las costas. Así, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales, recientes o posteriores a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones. En el control de legalidad de los actos dictados dentro del proceso de cobro, al juez no le corresponde resolver sobre la legalidad del acto administrativo de determinación de la obligación. En consecuencia, la excepción propuesta no prospera porque la demandante interpuso acción de nulidad contra los actos administrativos proferidos dentro del proceso coactivo, que son susceptibles de control jurisdiccional, como lo son: auto 001 de 12 de noviembre de 2009 por el que se resolvieron las excepciones y se ordenó seguir adelante la ejecución, auto 009 de 25 de febrero de 2010 por el que se resolvió el recurso de reposición, auto de liquidación del crédito y costas del 12 de abril de 2010 y auto por el que se resolvió la objeción elevada contra el auto de liquidación del crédito y tasación de costas procesales expedido el 21 de abril de 2010. Por último, en cuanto a las excepciones denominadas “legalidad y firmeza de los actos administrativos proferidos durante el proceso de cobro coactivo” y “presupuestos para el cobro de cuotas partes con base en el procedimiento establecido en la ley”, se advierte que estas corresponden a los argumentos de defensa de la legalidad de los actos demandados, por lo cual se analizará con el fondo del asunto, que se contrae a determinar si son legales los actos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo por concepto de las cuotas partes pensionales que adeuda CORPOCALDAS al departamento de Caldas.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 835

CUOTAS PARTES PENSIONALES – Noción y procedimiento / CUOTAS PARTES PENSIONALES – Naturaleza y exigibilidad / TÍTULO EJECUTIVO DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES – Conformación y ejecución / ACEPTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ASIGNADA EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Configuración / TÍTULO EJECUTIVO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES – Presta mérito ejecutivo / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Improcedencia

El Gobierno Nacional profirió el Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988, cuyo artículo 11 estableció que “Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente”. Que, para el efecto, la entidad pagadora debía notificar “(…) el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.” La Corte Constitucional se refirió a la naturaleza de las cuotas partes pensionales y a la posibilidad de las entidades pagadoras de recobrar en determinado caso los porcentajes que no le correspondían dentro de las pensiones a su cargo, (…) Las cuotas partes son obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada del reconocer y pagar la pensión,(…) En otras palabras, si bien nacen cuando una entidad reconoce el derecho pensional, sólo son exigibles por esta última a partir del momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas. (Negrilla y subrayado no son del texto)[…]”(…) Sobre el título ejecutivo de las cuotas partes pensionales, la Sala ha señalado que “está conformado por el acto administrativo en el que se reconoce el derecho a la pensión y el acto administrativo que liquide las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas pensionales causadas y pagadas que no estén prescritas.” Subrayado y negrilla por la Sala. (…) Entonces, para que el título ejecutivo de las cuotas partes pensionales pudiera ser ejecutado, debió conformarse por la resolución que reconoce el derecho a la pensión y la obligación correlativa de las entidades concurrentes, previo al procedimiento establecido por la ley. (…) Es de anotar que previo a la expedición de estos actos administrativos, el departamento de Caldas adelantó el procedimiento establecido en el artículo 2 del Decreto 2921 de 1948 y la Ley 1066 de 2006, pues elaboró un proyecto de resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación y lo puso en conocimiento de CORPOCALDAS a través del Oficio 913 de 4 de julio de 1996, para que presentara las observaciones u objeciones respecto de la cuota parte pensional asignada a su cargo como entidad concurrente en el pago de la prestación. Durante la oportunidad que el demandado le otorgó a la actora para que ejerciera su derecho de defensa y contracción, si bien la Subdirectora Administrativa y Financiera de CORPOCALDAS manifestó que la cuota parte debía ser pagada por el Instituto de Seguros Sociales porque dicha entidad realizó los aportes durante el tiempo que el trabajador prestó sus servicios, por Oficio 23611 de 20 de agosto de 1996, el Director General de CORPOCALDAS informó al departamento de Caldas que aceptaba el proyecto de resolución por el que se reconoce la pensión de jubilación al Doctor José Antonio Mejía Gutiérrez. En consecuencia, la demandante aceptó el proyecto puesto a su consideración antes de la expedición de la Resolución de reconocimiento de la pensión 002598 de 18 de noviembre de 1996. Asimismo, dentro el proceso de cobro coactivo profirió la Resolución 237 de 27 de abril de 2010, por la que reconoció y autorizó el pago al departamento de Caldas de $600.333.624,13, por concepto de cuotas partes pensionales, pago que se efectuó el 30 de abril de 2010 según certificación del Banco Davivienda. Así, el departamento de Caldas cumplió con el procedimiento administrativo previo de consulta a la entidad obligada a concurrir en el pago de la prestación económica, toda vez que las cuotas partes pensionales se consolidan en el acto de reconocimiento pensional.

En este caso, se cuenta con un título ejecutivo constituido por actos administrativos que se encuentran debidamente ejecutoriados. Por lo tanto, prestan mérito ejecutivo. Es de precisar que dentro del proceso de cobro no es posible plantear asuntos contra el título que pueden ser controvertidos a través de las acciones contenciosas contra dicho acto. Lo anterior es suficiente para demostrar que el cobro coactivo se fundamentó en actos administrativos que cumplen los requisitos para su exigibilidad. En consecuencia, la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la demandante no era procedente, por lo que el recurso está llamado a prosperar y debe revocarse la sentencia.

FUENTE FORMAL: LEY 71 DE 1988 – ARTÍCULO 11 / DECRETO 2921 DE 1948 – ARTÍCULO 2 / LEY 1066 DE 2006

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA PARA EL RECOBRO DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES ANTES DE LA LEY 1066 DE 2006 – Término. Es aplicable el previsto en el Código Civil / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES CON OCASIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO – Procedencia / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES – Probada. Respecto a unos períodos

La ejecutada propuso la excepción de prescripción de la acción de cobro contra el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007. (…) Esta Sección en reciente providencia, precisó que “la prescripción de la acción ejecutiva para el recobro de cuotas partes pensionales pagadas antes de la Ley 1066 sea de 10 o 5 años, según se trate de obligaciones previas o posteriores a la vigencia de la Ley 791 de 2002 -27 de diciembre-”. La Sala concluyó que por razones de seguridad jurídica el término de prescripción de la acción ejecutiva previsto en el Código Civil es el aplicable para la extinción de la acción ejecutiva de cuotas partes pensionales exigibles antes de la Ley 1066. (…) Lo anterior sin perjuicio que la prescripción se interrumpa con el mandamiento de pago, toda vez que de conformidad con la Ley 1066 de 2006, son aplicables al proceso de cobro las disposiciones del Estatuto Tributario, particularmente su artículo 818. (…) Para determinar si en el presente caso operó la prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales, se tendrá en cuenta la fecha de notificación del mandamiento de pago, esto es, el 19 de diciembre de 2007. Es claro que para las obligaciones nacidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1066 del 29 de julio 2006 se debe aplicar el término general de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, que disminuyó el término de prescripción de la acción ejecutiva de 10 a 5 años. Por su parte, para aquellas obligaciones nacidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, el término de prescripción es de tres años. Y en virtud de lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 4473 de 2006, es aplicable el artículo 818 del Estatuto Tributario, según el cual, el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, como en efecto ocurrió en este caso. En ese orden de ideas, la Sala concluye lo siguiente: Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales del periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997, se encuentran prescritas, toda vez que los 10 años de prescripción señalados en el artículo 2536 del Código Civil vigente para la época, se encontraban cumplidos para el 19 de diciembre de 2007 (fecha de notificación del mandamiento de pago). (…) En esas condiciones, procede la revocatoria de la sentencia apelada, para en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción de la acción de cobro respecto de las obligaciones que se concretan a los periodos comprendidos entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997, contenidas en el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007, proferido por el Departamento de Caldas y, por consiguiente, declarar la nulidad parcial de los actos demandados.

FUENTE FORMAL: LEY 1066 DE 2006 – ARTÍCULO 4 / LEY 1066 DE 2006 – ARTÍCULO 5 / LEY 1066 DE 2006 – ARTÍCULO 8 / LEY 1066 DE 2006 – ARTÍCULO 17 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2535 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2536 / LEY 791 DE 2002 – ARTÍCULO 8

NOTA DE RELATORIA: Sobre el régimen aplicable para el cobro de las cuotas partes pensionales se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 26 de marzo de 2009, Exp. 25000-23-27-000-2002-00422-01(16257), C.P. Ligia López Díaz

NOTA DE RELATORIA: Sobre el objeto de la prescripción como forma de extinción de derechos se cita la sentencia de la Corte Constitucional, C-895 de 2009, Exp. D-7749, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 17001-23-31-000-2010-00247-01(21861)

Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

Demandado: DEPARTAMENTO DE CALDAS

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 25 de julio de 2013 del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las súplicas de la demanda.

La parte resolutiva del fallo apelado dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos en el trámite de cobro coactivo adelantado por el Departamento de Caldas, CORPOCALDAS de una cuota parte pensional en relación con la pensión de jubilación del señor José Antonio Mejía Gutiérrez: Auto No. 001 del 12 de noviembre de 2009, por medio del cual se resolvieron las excepciones y se ordenó seguir adelante con la ejecución; Auto No. 009 del 25 de febrero de 2010, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del Auto No. 001 de 12 de noviembre de 2009; Auto de liquidación del crédito y costas del 12 de abril de 2010; y, Auto por el cual se resolvió la objeción elevada contra el auto de liquidación del crédito y tasación de costas procesales, expedido el día 21 de abril de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ordena al Departamento de Caldas la devolución, debidamente indexadas, las sumas de SEISCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($600.333.624,13) M/cte, que el Departamento había liquidado en su favor como obligación a cargo de CORPOCALDAS y de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($41.783.220,23) que se liquidaron por agencias en derecho en el proceso de cobro coactivo indicado en el numeral anterior.

TERCERO: La entidad demandada, dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. Así mismo, la administración pagará intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, en cuanto se cumplan los supuestos de hecho previstos para ello en el artículo 177 del C.C.A.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso, DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiere, y ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones del caso”.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución 002598 de 18 de noviembre de 1996, el Departamento de Caldas – Sección de Prestaciones Sociales le reconoció la pensión de jubilación a José Antonio Mejía Gutiérrez. A la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en adelante CORPOCALDAS, le correspondió el pago de una cuota parte pensional por la suma de $885.940,97.

Por Resolución 001044 de 7 de septiembre de 2001, se dio cumplimiento al fallo de acción de tutela del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales y se ordenó el reajuste de la pensión de jubilación a 16.926 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a partir del 17 de julio de 1998.

El 29 de octubre de 2007, el Grupo de Cobro Administrativo Coactivo, Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas, avocó conocimiento de varios procesos de cuotas partes pensionales, entre ellas, la correspondiente a CORPOCALDAS.

El 3 de diciembre de 2007, el Grupo de Cobro Administrativo Coactivo, Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas, profirió el mandamiento de pago 022 contra CORPOCALDAS, por concepto de cuotas partes pensionales adeudadas desde que se hizo exigible la obligación hasta el 31 de agosto de 2007, por la suma de $335.790.451,06, más los intereses que se causen hasta el momento del pago y costas del proceso. El día 19 de diciembre de 2007, el demandado notificó a la actora el mandamiento de pago.

Para oponerse a la orden de pago librada, el 4 de enero de 2008 el ejecutado propuso las excepciones que denominó: “prescripción de la acción de cobro”, “calidad de deudor solidario” y “la indebida tasación del monto de la deuda”.

Mediante auto 001 de 12 de noviembre de 2009, notificado personalmente el 3 de diciembre de 2009, el mismo grupo de cobro declaró no probadas las excepciones propuestas. Así mismo, ordenó seguir adelante la ejecución, el remate y avalúo de los bienes embargados, practicar la liquidación del crédito y condenar al ejecutado al pago de las costas.
Por auto 009 de 25 de febrero 2010, el demandado confirmó en reposición el acto recurrido. Este acto se notificó personalmente el 5 de marzo de 2010.

El 12 de abril de 2010, el Departamento de Caldas liquidó el crédito y las costas por concepto de la cuota parte pensional que adeudaba CORPOCALDAS por la suma de $600.333.624,13, más agencias en derecho por $41.783.220,23 IVA incluido.

CORPOCALDAS objetó la liquidación de crédito y la tasación de costas porque la entidad competente para asumir la cuota parte pensional del proceso de ejecución es el Instituto de Seguros Sociales. Y por auto de 21 de abril del 2010, el demandado resolvió la objeción y decretó la aprobación de la liquidación del crédito y costas. Esta resolución se notificó personalmente el 23 de abril de 2010.

El 22 de abril de 2010, el demandado decretó el embargo y retención de los saldos de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término fijo o cualquier otro tipo de inversión que este a nombre de CORPOCALDAS.

El 30 de abril de 2010, la demandante pagó la obligación pendiente de $600.333.624,13. Asimismo, consignó al Banco Agrario la suma de $41.783.220,23, por concepto de costas causadas dentro del proceso más IVA. Por tanto, por auto 5 de mayo de 2010, el Departamento de Caldas ordenó el levantamiento de la medida cautelar por el pago total de la obligación y declaró terminado el proceso administrativo de cobro contra CORPOCALDAS.

DEMANDA

CORPOCALDAS, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Auto No. 001 C.P. del 12 de noviembre de 2009, proferido por la señora Amparo Giraldo Zuluaga, profesional especializada del Grupo de Cobro Administrativo Coactivo, Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Caldas, por medio del cual se resuelven las excepciones propuestas por la Corporación Autónoma Regional de Caldas frente al Mandamiento de Pago No. 022 del 03 de diciembre de 2007 y se ordena, entre otros, seguir adelante la ejecución a favor de la Gobernación de Caldas y en contra de CORPOCALDAS-. Notificado en forma personal el día 03 de diciembre de 2009.
Auto No. 009 C.P. del 25 de febrero de 2010, a través del cual se resuelve el recurso de reposición incoado contra el Auto No. 001 C.P. del 12 de noviembre de 2009. Notificado en forma personal el día 05 de marzo de 2010.
Auto de liquidación de crédito y costas del 12 de abril de 2010, proferido por la Funcionaria Ejecutora de Jurisdicción Coactiva del DEPARTAMENTO DE CALDAS, señora Amparo Giraldo Zuluaga, mediante el cual se fija la suma de SEISCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($600.333.624,13) M/cte, por concepto del crédito que debía pagar la entidad ejecutada a favor del DEPARTAMENTO DE CALDAS y la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($41.783.220,23) M/cte en razón a las agencias en derecho, IVA incluido, que debían pagarse a la firma GGC ESTUDIO DE ABOGADOS LTDA, quien presta sus servicios de cobranza y sustanciación del proceso. Auto notificado por estado el día 13 de abril de 2010.
Auto mediante el cual se resuelve la objeción elevada contra el auto de liquidación del crédito y tasación de costas procesales (expedido el 21 de abril de 2010) se decreta la aprobación de la liquidación del crédito y costas dentro del proceso de la referencia en suma a los intereses y las actualizaciones a que hubiere lugar, calculados de conformidad con las normas aplicables al momento del pago. Auto notificado de forma personal el día 23 de abril de 2010.

SEGUNDA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad se determine que CORPOCALDAS no es deudora por ningún concepto (cuota parte propiamente dicha, agencias en derecho, costas, intereses, actualizaciones) en materia de cuotas partes pensionales en razón al reconocimiento de la pensión de jubilación en favor del señor José Antonio Mejía Gutiérrez.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho el DEPARTAMENTO DE CALDAS proceda a devolver a CORPOCALDAS la suma de seiscientos millones trescientos treinta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos con trece centavos ($600.333.624,13) Mcte., valor correspondiente a la obligación definida por el DEPARTAMENTO DE CALDAS y cancelada por CORPOCALDAS, según se señala en el fundamento fáctico vigésimo segundo, por concepto de cuotas partes pensionales establecidas en el marco del reconocimiento de la pensión de jubilación al señor José Antonio Mejía Gutiérrez.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho el DEPARTAMENTO DE CALDAS proceda a devolver a CORPOCALDAS la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($41.783.220,23) Mcte., valor correspondiente a la obligación definida por el DEPARTAMENTO DE CALDAS y cancelada por CORPOCALDAS, según se señala en el fundamento fáctico vigésimo cuarto, por concepto de agencias en derecho, incluido IVA.

QUINTO: Se ordene al DEPARTAMENTO DE CALDAS a cancelar la indexación del monto señalado más los intereses legales a que hubiere lugar”.

Normas violadas

La actora invocó como disposiciones violadas las siguientes:

Artículos 6 y 121 de la Constitución Política de Colombia.
Artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1985.
Artículo 13 literal f de la Ley 100 de 1993.
Artículo 16 del Decreto 758 de 1990.
Artículo 4 de la Ley 1066 de 2006.
Artículos 1, 2 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Artículo 2536 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002.

Concepto de la violación

El concepto de la violación se sintetiza así:

Falta de legitimación en la causa por pasiva

El artículo 1 del Decreto 3041 de 1966, dispuso que a partir del 1 de enero de 1967, quedaran sujetos al seguro social obligatorio los trabajadores que presten servicios a entidades o empresas de derecho público, semioficiales o descentralizadas, cuando no estén excluidos por disposición legal expresa.

Por Decreto Ley 433 de 1971 se reorganizó el ISS y se estableció como sujetos al seguro social obligatorio los trabajadores que presten sus servicios a la nación, los departamentos y los municipios en la construcción y conservación de las obras públicas, y todos los trabajadores de los establecimientos públicos, calidad que tiene CRAMSA, hoy CORPOCALDAS, de acuerdo con la transformación de la entidad en el año 1993.

Finalmente, el Decreto 758 de 1990, por el cual se aprobó el Acuerdo 49 del mismo año, consagró los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, así: (i) 60 años o más de edad si es varón o 55 o más años de edad si es mujer y (ii) 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o haber cotizado un número de 1000 semanas, sufragadas en cualquier tiempo.

Cuando la entidad pública aporta por pensiones al Seguro Social, se aplica la subrogación de obligaciones pensionales. De manera que, la entidad que traslade el riesgo de las prestaciones económicas al ISS, solo responde por la diferencia una vez el ISS reconozca la prestación y ésta será subrogada en los términos de la compatibilidad pensional.

En el caso bajo estudio, CORPOCALDAS realizó los aportes pensionales al Instituto de Seguros Sociales – ISS durante el tiempo en que estuvo vinculado a la Corporación el señor José Antonio Mejía Gutiérrez. Por tanto, el ISS es la entidad responsable ante el Departamento de Caldas para hacer efectivo el pago de las correspondientes cuotas partes pensionales.

En efecto, en el recurso de reposición se precisó que “el ISS es la entidad encargada de cancelar las cuotas partes pensionales correspondientes a la pensión de jubilación del señor José Antonio Mejía Gutiérrez, pues es allí donde se encuentran los aportes realizados del año 1975 al año 1985 tiempo en que el mencionado jubilado prestó sus servicios a la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS”.

En consecuencia, existe falta de legitimación en la causa por pasiva, pues CORPOCALDAS no es sujeto pasivo de la acción de cobro iniciada por el departamento de Caldas. No obstante, en caso de entenderse que la actora tiene una responsabilidad pecuniaria, debe aplicarse el artículo 16 del Decreto 758 de 1990.

Prescripción de la acción de cobro

El mandamiento de pago fue expedido el 3 de diciembre de 2007, esto es, en vigencia de la Ley 1066 de 2006, que dispone que las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DFT entre de la fecha pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. Así mismo, que el derecho a recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva.

Mediante Circular Conjunta 0000069 de 4 de noviembre de 2008 proferida por los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, se señaló que de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, que acogió los dispuesto en los artículos 41 del Decreto-ley 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el término de prescripción de las cuotas partes pensionales es de tres años.

En consecuencia, no hay lugar al pago de las cuotas partes pensionales cuando hayan transcurrido más de tres años contados a partir del pago de la mesada pensional respectiva, a menos que se haya interrumpido el término de prescripción con una reclamación de pago. Por tanto, debe darse aplicación a los artículos 1, 2 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Si no es acogida esta posición, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, que consagra que “la acción ejecutiva se prescribe por cinco años. Y la acción ordinaria por diez años”.

Así pues, el término de prescripción de la acción de cobro dentro del proceso de jurisdicción coactiva será de cinco (5) años y no de diez (10) años como lo pretende el demandado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Departamento de Caldas propuso las siguientes excepciones:

Legalidad y firmeza de los actos administrativos proferidos en el cobro administrativo de cobro

Los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo se encuentran en firme de acuerdo con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 64 del mismo ordenamiento jurídico.

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho no puede invalidar el proceso de cobro coactivo que se surtió con fundamento en los actos administrativos en firme, que están amparados por presunción de legalidad.

Presupuestos para el cobro de cuotas partes con base en el procedimiento establecido en la ley

El procedimiento de cuotas partes pensionales adelantado por el Departamento de Caldas cumplió los presupuestos legales, toda vez que tiene soporte en un título ejecutivo en firme y ejecutoriado, que está conformado por la resolución de reconocimiento y la cuenta de cobro enviada al obligado, donde se consignan los periodos adeudados en forma expresa.

Improcedencia de la acción

El acto administrativo que puso fin a la actuación administrativa fue la Resolución por la cual el Director de CORPOCALDAS reconoció y autorizó el pago de las cuotas partes pensionales adeudadas al departamento de Caldas. Por tanto, este acto administrativo fue el que debió ser demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en acción de lesividad (nulidad y restablecimiento del derecho).

En consecuencia, no es viable que la demandante pretenda la nulidad de los actos de trámite en firme que fueron proferidos dentro del proceso de cobro coactivo y que gozan de presunción de legalidad, máxime cuando CORPOCALDAS aceptó el proyecto de resolución de reconocimiento de la pensión.

En cuanto al fondo del asunto, el demandado solicitó negar las pretensiones, por las siguientes razones:

De acuerdo con los artículos 72 y 75 del Decreto 1848 de 1969 en concordancia con el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, las cajas de previsión o los empleadores deben concurrir en el pago de las pensiones a prorrata del tiempo laborado o aportado por el beneficiario o causante de la prestación en cada una de ellas. Así mismo, los sujetos pasivos de la obligación pueden aceptar o presentar objeciones frente a la cuota parte en la cual deberán concurrir.

Mediante Resolución 002598 de 18 de noviembre de 1996, el Departamento de Caldas le reconoció a José Antonio Mejía Gutiérrez la pensión de jubilación y como el trabajador prestó sus servicios en la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS entre el 5 de julio de 1975 y 30 de abril de 1985, para un total de 3.526 días, se estableció que la cuota parte pensional que le corresponde a esta entidad es de $885.940,97.
CORPOCALDAS no ejerció su derecho de objeción frente al proyecto de resolución de jubilación contenido en el Oficio 913 de 4 de julio de 1996 del Departamento de Caldas. Este proyecto fue aceptado por el Director General de CORPOCLADAS mediante Oficio 23611 de 20 de agosto de 1996 y en el que manifestó lo siguiente: “nos permitimos informarle que esta Corporación, acepta el proyecto de resolución por medio del cual se reconoce una pensión de jubilación al Doctor Antonio Mejía Gutiérrez”.

En caso de que CORPOCALDAS considere que asumió el pago de una obligación que no le correspondía, deberá repetir contra el Instituto de Seguros Sociales por el pago efectuado.

Por lo anterior, el Departamento de Caldas inició el proceso de jurisdicción coactiva contra CORPOCALDAS para obtener el pago de la obligación que le correspondía asumir por el tiempo que el señor Mejía Gutiérrez trabajó en dicha entidad. Para tal efecto, conforme con los artículos 68 y 252 del C.C.A. y 488 y 562 del C.P.C., los documentos que conforman el título ejecutivo compuesto son el oficio de aceptación del proyecto de resolución de reconocimiento de la pensión y de la cuota parte pensional, las resoluciones de reconocimiento de la prestación y las cuentas de cobro de las sumas adeudadas por tal concepto.

La ley no da solución sobre la legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, en múltiples pronunciamientos del Instituto de Seguros Sociales y de la Superintendencia Financiera de Colombia, se ha precisado que las cotizaciones hechas al ISS con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, eran generalmente de trabajadores del sector privado que estaban obligados a dicha afiliación, por lo que se considera que la entidad empleadora del sector público debe concurrir en la cuota parte pensional respectiva.

La Ley 1066 de 2006 se expidió con la finalidad de normalizar la cartera pública y realizar una buena gestión del recaudo de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna conforme con los principios que regulan la Administración Pública del artículo 209 de la Constitución Política.

El Consejo de Estado ha señalado que para los procesos de jurisdicción coactiva no existe norma especial que establezca el término de prescripción de la acción. Sin embargo, resultan aplicables las normas del Código Civil que regulan la prescripción de la acción ejecutiva.

Si bien el acto que reconoció la pensión y determinó el porcentaje en que debe concurrir la demandante se encuentra en firme, ello no implica que la obligación reconocida y determinada en dicho acto sea exigible, pues la exigibilidad nace desde la presentación de la cuenta de cobro.

La prescripción de la acción de cobro de que trata el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 tiene efectos hacia el futuro y solo se aplica para aquellas cuotas partes pensionales cuyas mesadas se pagaron a partir del 29 de julio de 2006. Por lo tanto, estas mesadas prescriben a los tres años contados a partir del correspondiente pago.
Por su parte, para las cuotas partes pensionales que se causaron con anterioridad a esta fecha, se aplica lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, por lo que el término de prescripción es de 10 años.

En consecuencia, no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

De acuerdo con los artículos 29 de la Ley 6 de 1945 y 21 de la Ley 72 de 1974, 2 y 3 del Decreto Reglamentario 2921 de 1948, en concordancia con los artículos 72 y 75 del Decreto 1848 de 1969 y 2 de la Ley 33 de 1985, la entidad o caja de previsión que asume el pago de una pensión de un empleado público tiene derecho a que se le reembolse lo que corresponda por cuotas partes pensionales por cada una de las entidades que concurre en el pago, en proporción por el tiempo laborado y el sueldo devengado por el beneficiario.

En sentencia C-895 de 2009, la Corte Constitucional señaló que en la regulación de las cuotas partes pensionales el deber de reconocimiento y pago de las mesadas siempre se ha asignado a la última entidad o caja a la que se encontraba vinculado el trabajador cuando ocurrió su retiro, quien a su vez debe hacer el recobro a prorrata a las demás entidades obligadas.

Por Decreto 3041 de 1966, el Gobierno Nacional adoptó el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte. La Administración está a cargo del Instituto de Seguros Sociales y los trabajadores de las entidades de derecho público, que no estén excluidos de manera expresa, hacen parte de los trabajadores sujetos al nuevo sistema de seguridad social.

Por su parte, el artículo 121 de la Ley 100 de 1993 dispuso la obligación expresa a cargo de las entidades responsables de asumir el pago de las cuotas partes pensionales, entre las que se encuentra el Instituto de Seguros Sociales.

En el presente caso, CORPOCALDAS efectuó los aportes al Instituto de Seguros Sociales durante el periodo de vinculación laboral del señor José Antonio Mejía Gutiérrez (16 de julio de 1975 y 30 de abril de 1985). Por lo tanto, la actora no tenía la obligación de asumir el pago de las cuotas partes pensionales, pues le correspondía al Instituto de Seguros Sociales.

Si bien el Director de CORPOCALDAS aceptó el proyecto de resolución de reconocimiento de pensión presentado por la Unidad de Rentas del Departamento de Caldas, la Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad había manifestado previamente su inconformidad frente a este proyecto.

En consecuencia, CORPOCALDAS realizó los aportes al Instituto de Seguros Sociales y pagó al departamento las cuotas partes pensionales, por lo que asumió dos veces la misma obligación en relación con la pensión de jubilación de José Antonio Mejía Gutiérrez.

Por lo anterior, se declara la nulidad de los siguientes actos proferidos en el proceso de cobro coactivo iniciado por la Unidad de Rentas del Departamento de Caldas en contra de CORPOCALDAS relacionado con la cuota parte pensional vinculada al reconocimiento de la pensión de jubilación de José Antonio Mejía Gutiérrez: auto 001 de 12 de noviembre de 2009 por el que se resolvieron las excepciones y se ordenó seguir adelante la ejecución; auto 009 de 25 de febrero de 2010, por el que se resolvió el recurso de reposición; auto de liquidación del crédito y costas del 12 de abril de 2010; y auto por el que se resolvió la objeción elevada contra el auto de liquidación del crédito y tasación de costas procesales expedido el 21 de abril de 2010.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Departamento de Caldas la devolución de $600.333.624,13 que liquidó como obligación de CORPOCALDAS y $41.783.220,23 como agencias en derecho. Las sumas se devolverán debidamente indexadas.

Por último, teniendo en cuenta la conducta de las partes no habrá lugar a condena en costas conforme con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

RECURSO DE APELACIÓN

El departamento de Caldas apeló la sentencia por las siguientes razones:

En cumplimiento de los artículos 1 a 4 del Decreto 2921 de 1948, el Departamento de Caldas expidió el Oficio 913 de 4 de julio de 1996, por el que presentó a CORPOCALDAS consulta de la cuota parte pensional a favor de José Antonio Mejía Gutiérrez por el tiempo laborado en la entidad de 9 años, 9 meses y 16 días. Asimismo, remitió el proyecto de resolución de pensión de jubilación y la documentación en que se fundamenta dicha decisión.

Mediante Oficio 23340 de 29 de julio de 1996 dirigido a la Oficina de Prestaciones Sociales del Departamento de Caldas, el director de CORPOCALDAS manifestó estar de acuerdo con el contenido. Sin embargo, precisó que debían realizarse los respectivos ajustes presupuestales para responder durante cinco años, mientras lo asume el Instituto de Seguros Sociales, por la cuota parte pensional correspondiente a esta Corporación.

En respuesta, la Oficina de Prestaciones Sociales expidió el Oficio 981 de 5 de agosto de 1996, en el que indicó que “hemos recibido su comunicado en respuesta a consulta cuota parte pensión ANTONIO MEJÍA GUTIÉRREZ y la misma merece aclararse determinando lo reconocido, sin condiciones ya que en los requerimientos legales se debe aceptar u objetar lo propuesto en el proyecto de resolución”.

Por oficio 23611 de 20 de agosto de 1996, el Director General de CORPOCALDAS aceptó el proyecto de resolución por medio del cual reconoce una pensión de jubilación a favor de Antonio Mejía Gutiérrez.

El Tribunal no le dio la validez a los oficios proferidos por el Director de CORPOCALDAS en los que acepta el proyecto de resolución pensión. Además, desconoció el principio de justicia rogada porque no hizo el estudio de legalidad de los actos administrativos demandados y del procedimiento administrativo de cobro coactivo adelantado por el Departamento de Caldas, pues el análisis lo realizó exclusivamente sobre la legalidad de la consulta de la cuota parte pensional.

El Departamento de Caldas reconoció a favor de Jairo Antonio Mejía Gutiérrez la pensión de jubilación y durante el tiempo en que estuvo vinculado se realizaron cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales. Sin embargo, esta entidad no tiene la obligación de concurrir al pago de las cuotas partes por concepto de la pensión de jubilación por las cotizaciones que se efectuaron antes del 1 de abril de 1994, fecha en que empezó a regir el Sistema General de Pensiones a nivel nacional o 30 de junio de 1995, para las entidades del orden territorial, toda vez que las únicas prestaciones en las que concurre el Instituto de Seguros Sociales son las relacionadas con los seguros de invalidez, vejez y muerte.

De acuerdo con el artículo 17 inciso 4 de la Ley 549 de 1999, cuando algún tiempo no se tome en cuenta para el reconocimiento pensional y por ello no se incluya para el cálculo de bono pensional o cuota parte, se trasladará a la entidad que reconozca la pensión el valor de las cotizaciones para el régimen de invalidez, vejez o muerte del Instituto de Seguros Sociales, debidamente actualizados con el DFT pensional.

El procedimiento agotado por el Departamento de Caldas con respecto a la consulta de la cuota parte pensional se adelantó bajo los lineamientos legales, ya que le otorgó la posibilidad a CORPOCALDAS de aceptar u objetar la obligación.

La obligación de concurrir se consolidó cuando la entidad responsable reconoció el derecho pensional. En el acto administrativo que reconoció y ordenó el pago de la prestación económica quedó incorporada la voluntad de todas las entidades concurrentes por la manifestación expresa de la proporción de la cuota parte consultada y aceptada.

En sentencia C-895 de 2006, la Corte Constitucional señaló que “en la regulación de las cuotas partes el deber de reconocimiento y pago de las mesadas siempre se ha asignado a la última entidad o caja a la que se encontraba vinculada el trabajador cuando ocurrió su retiro (o excepcionalmente a la que se vinculó por más tiempo), quien a su vez debe hacer el recobro a prorrata a las demás entidades obligadas. Además, siempre ha sido claro que bajo ninguna circunstancia el pensionado puede asumir las consecuencias que se derivan de la falta de pago o recobro de las precitadas cuotas”.

El Departamento de Caldas en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1066 de 2006 inició el proceso de jurisdicción coactiva contra CORPOCALDAS por el tiempo que el señor Mejía Gutiérrez trabajó en dicha Corporación. Para tal efecto, expidió el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007, con fundamento en el título ejecutivo complejo conformado por el oficio de aceptación del proyecto de reconocimiento de jubilación y las cuentas de cobro de las sumas adeudadas por tal concepto.

No existe falta de legitimación en la causa por pasiva porque CORPOCALDAS aceptó de manera expresa su obligación para concurrir con la cuota parte pensional indicada en el acto de reconocimiento de pensión de jubilación.

Adicionalmente, en la contestación de la demanda se propusieron las siguientes excepciones sin que el Tribunal se haya manifestado al respecto:

Legalidad y firmeza de los actos administrativos proferidos en el cobro administrativo de cobro

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho no puede invalidar el proceso de cobro coactivo que se surtió con fundamento en los actos administrativos en firme, que están amparados por presunción de legalidad.

Presupuestos para el cobro de cuotas partes con base en el procedimiento establecido en la ley

El procedimiento de cuotas partes pensionales adelantado por el Departamento de Caldas cumplió los presupuestos legales, toda vez que tiene soporte en un título ejecutivo en firme y ejecutoriado, que está conformado por la resolución de reconocimiento y la cuenta de cobro enviada al obligado, donde se consignan los periodos adeudados en forma expresa.

Improcedencia de la acción

La Resolución 237 de 27 de abril de 2010, por la que el Director de CORPOCALDAS reconoce y autoriza el pago por concepto de cuotas partes pensionales adeudadas al Departamento de Caldas, fue el acto administrativo que debió ser demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en acción de lesividad (nulidad y restablecimiento del derecho).

En consecuencia, no es viable que la demandante pretenda la nulidad de los actos de trámite que se encuentran en firme y gozan de presunción de legalidad, máxime cuando CORPOCALDAS aceptó el proyecto de resolución de reconocimiento de la pensión y de las cuotas partes pensionales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El Departamento de Caldas reiteró los fundamentos de la contestación de la demanda.

La demandante no se pronunció en esta oportunidad.

El Ministerio Público pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:
Los aportes realizados por la Corporación al Instituto de Seguros Sociales debieron ser acreditados ante el Departamento de Caldas en el momento en que se puso en conocimiento de la demandante el proyecto de reconocimiento de la pensión de José Antonio Mejía Gutiérrez.

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2921 de 1948, la caja de previsión social que reciba la solicitud de pago de una pensión que sea de su cargo o de varias entidades, le pondrá en conocimiento de éstas y remitirá copia del proyecto de resolución y los documentos necesarios para que cada entidad establezca si está obligada a la cuota asignada y si se ajusta a las disposiciones legales.

A su vez, el artículo 4 del mismo ordenamiento, dispone que conocido y aprobado el concepto por las demás entidades obligadas, se expedirá la resolución que reconoce la pensión de jubilación.

CORPOCALDAS aceptó el proyecto antes del 18 de noviembre de 1996, fecha en que se expidió la resolución 0022598 por la que el departamento de Caldas reconoció la pensión de jubilación.

En consecuencia, esta no es la oportunidad para desvirtuar la resolución que constituye el título ejecutivo, máxime cuando CORPOCALDAS aceptó el proyecto que le fue puesto a su consideración mediante oficio 23611 de 20 de agosto de 1996.

En el presente caso, procede el estudio de legalidad de los autos 001 de 12 de noviembre de 2009 y 009 de 25 de febrero de 2010, por los que el departamento de Caldas resolvió las excepciones de prescripción de la acción de cobro, calidad del deudor solidario y la indebida tasación del monto de la deuda, propuestas contra el mandamiento de pago.

La demandante alega la falta de legitimación en la causa por pasiva porque efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales y es a dicha entidad a la que le corresponde hacer el pago de las cuotas partes pensionales. Sin embargo, CORPOCALDAS aceptó el proyecto en el cual se le asignaron las cuotas partes pensionales, razón por la cual, la resolución que reconoció la pensión de jubilación constituye el título ejecutivo exigible. Por tanto, no procede el cargo.

Comoquiera que no existe prueba que demuestre la fecha en que se realizaron los pagos de cada una de las mesadas pensionales, no es posible contabilizar el término de prescripción de la acción de cobro conforme al artículo 2536 del Código Civil.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión preliminar

Mediante sentencia del 25 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad de los actos acusados. La demandada interpuso el recurso de apelación contra esta decisión y por medio de auto del 26 de septiembre de 2013, se envió el expediente al Consejo de Estado para surtir el trámite de segunda instancia.

Mediante auto del 5 de diciembre de 2013, la Sección Segunda admitió el recurso de apelación y por auto del 28 de febrero de 2014, envió el expediente por competencia a la Sección Quinta.

El 22 de septiembre de 2014, la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez declaró la falta de competencia para conocer el asunto y remitió el expediente a la Secretaría General para que se resuelva el conflicto negativo de competencias.

El 17 de abril de 2015, la Presidencia del Consejo de Estado profirió auto por medio del cual resolvió el conflicto de competencias planteado y declaró que la competente para resolver el proceso es la Sección Cuarta de esta Corporación.

En cumplimiento de la anterior providencia, por medio de auto del 16 de septiembre de 2015, la Sección Cuarta asumió el conocimiento del asunto y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Por medio de auto del 24 de noviembre de 2016, el Consejero Ponente (E) Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, ordenó oficiar al Secretario de Hacienda del Departamento de Caldas, para que certifique los periodos objeto de cobro en el mandamiento de pago, e informe las fechas de pago de las mesadas pensionales, a favor de José Antonio Mejía Gutierrez y si la pensión reconocida en el título ejecutivo aún se está pagando.

El 14 de febrero de 2017 la demandada respondió la anterior solicitud y allegó las pruebas pertinentes. El 1º de marzo de 2017 el expediente subió al despacho para fallo.

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala decidir si debe ser revocada la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos acusados, pues, según la entidad demandada y ahora recurrente, la decisión de primera instancia se basó en la legalidad del acto que determinó la cuota parte pensional y no en la de los actos demandados relacionados con el proceso de cobro coactivo. En caso que la apelante tenga razón, la Sala deberá analizar la procedencia de las excepciones planteadas por la demandante contra el mandamiento de pago.

Previo a decidir el asunto de fondo, debe precisarse en primer término si en el presente asunto se configuran las excepciones denominadas «legalidad y firmeza de los actos administrativos proferidos durante el proceso de cobro coactivo, presupuestos para el cobro de cuotas partes con base en el procedimiento establecido en la ley e improcedencia de la acción», alegadas por el departamento de Caldas en la contestación de la demanda, pues el a quo no hizo manifestación alguna al respecto.

Excepción por improcedencia de la acción

El demandado considera que la demandante debió interponer acción de nulidad y restablecimiento (acción de lesividad) contra el acto mediante el cual el Director de CORPOCALDAS reconoció y autorizó el pago de cuotas partes pensionales adeudadas al Departamento de Caldas.

Pues, si bien CORPOCALDAS tiene derecho a controvertir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los actos administrativos que profiera la misma entidad, en este caso, la demandante en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, discute la legalidad de los actos administrativos expedidos por el departamento de Caldas durante el proceso de cobro coactivo. Por lo tanto, este asunto es el que debió ser objeto de estudio.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 835 del Estatuto Tributario, dentro del proceso de cobro coactivo sólo son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa, las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. A su vez, la Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, porque crean una obligación distinta, como es el caso de la liquidación del crédito o de las costas. Así, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales, recientes o posteriores a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones.

En el control de legalidad de los actos dictados dentro del proceso de cobro, al juez no le corresponde resolver sobre la legalidad del acto administrativo de determinación de la obligación.

En consecuencia, la excepción propuesta no prospera porque la demandante interpuso acción de nulidad contra los actos administrativos proferidos dentro del proceso coactivo, que son susceptibles de control jurisdiccional, como lo son: auto 001 de 12 de noviembre de 2009 por el que se resolvieron las excepciones y se ordenó seguir adelante la ejecución, auto 009 de 25 de febrero de 2010 por el que se resolvió el recurso de reposición, auto de liquidación del crédito y costas del 12 de abril de 2010 y auto por el que se resolvió la objeción elevada contra el auto de liquidación del crédito y tasación de costas procesales expedido el 21 de abril de 2010.

Por último, en cuanto a las excepciones denominadas “legalidad y firmeza de los actos administrativos proferidos durante el proceso de cobro coactivo” y “presupuestos para el cobro de cuotas partes con base en el procedimiento establecido en la ley”, se advierte que estas corresponden a los argumentos de defensa de la legalidad de los actos demandados, por lo cual se analizará con el fondo del asunto, que se contrae a determinar si son legales los actos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo por concepto de las cuotas partes pensionales que adeuda CORPOCALDAS al departamento de Caldas.

Título ejecutivo y legitimación en la causa por pasiva

El Gobierno Nacional profirió el Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988, cuyo artículo 11 estableció que “Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente”.

Que, para el efecto, la entidad pagadora debía notificar “(…) el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.”

La Corte Constitucional se refirió a la naturaleza de las cuotas partes pensionales y a la posibilidad de las entidades pagadoras de recobrar en determinado caso los porcentajes que no le correspondían dentro de las pensiones a su cargo, así:

“4.3.- Naturaleza de las cuotas partes pensionales
4.3.1.- Como ya se explicó, el origen de las cuotas partes pensionales antecede al sistema de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993. En este escenario han sido consideradas como “soportes financieros de un sistema de seguridad social en pensiones, cuando el trabajador ha cotizado a diferentes entidades gestoras. Su configuración ha tenido en cuenta básicamente cuatro elementos:
(i) El derecho del trabajador a exigir el reconocimiento y pago completo de sus mesadas pensionales a la última entidad o caja de previsión a la que se vinculó (o excepcionalmente a la que se vinculó por más tiempo);
(ii) La obligación correlativa de esa entidad de reconocer y pagar directa e integralmente las mesadas pensionales; y
(iii) El derecho de la entidad o caja que reconoció la prestación, a repetir contra las demás entidades obligadas a la concurrencia en el pago, una vez efectuado el desembolso correspondiente.
(iv) La obligación correlativa de las entidades concurrentes, de proceder al pago completo y oportuno de sus cuotas partes pensionales en la proporción que les ha sido asignada.

[…]

Las cuotas partes son obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada del reconocer y pagar la pensión, que presentan, entre otras, las siguientes características: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento administrativo en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago; (ii) se consolidan cuando la entidad responsable reconoce el derecho pensional; y (iii) se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se realiza el pago de la mesada al ex trabajador. En otras palabras, si bien nacen cuando una entidad reconoce el derecho pensional, sólo son exigibles por esta última a partir del momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas. (Negrilla y subrayado no son del texto)
[…]”

Para que la entidad pagadora de la mesada pensional pudiera cobrar o recobrar los porcentajes que en determinado caso le correspondieran a otra, debía adelantar el procedimiento establecido por el artículo 2 del Decreto 2921 de 1948 y la Ley 1066 de 2006, según las cuales la Caja de Previsión Social que recibiera la solicitud de pago de una pensión compartida, debería elaborar un proyecto de resolución y lo pondría en conocimiento de las demás entidades obligadas a contribuir en el pago de las mesadas pensionales para que plantearan sus observaciones y objeciones.

Sobre el título ejecutivo de las cuotas partes pensionales, la Sala ha señalado que “está conformado por el acto administrativo en el que se reconoce el derecho a la pensión y el acto administrativo que liquide las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas pensionales causadas y pagadas que no estén prescritas. ” Subrayado y negrilla por la Sala.

La Sala reiteró la posición, así:

“[…]

Es decir, la posición de esta Sala es que el título ejecutivo para el recobro de las cuotas partes pensionales está conformado por el acto administrativo –en firme-, que reconoce el derecho a la pensión y el que liquida esas cuotas partes pensionales, siempre y cuando se hayan causado, pagado y no se encuentren prescritas.

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que no solo basta con que la parte ejecutante cuente con un documento que contenga una obligación a cargo del deudor para que forzosamente se deba predicar la calidad de título ejecutivo, porque, es indispensable que dicho documento cumpla con unas condiciones formales y sustanciales.

[…] La Sala reafirma la posición de que “la resolución de reconocimiento de la pensión es el acto administrativo en donde nace, no sólo el derecho a la pensión, sino donde se consolidan las cuotas partes pensionales como obligaciones a cargo de las entidades responsables de las mismas, puesto que es en el procedimiento previsto para la expedición de esa resolución en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago. Y, tal como lo aclara la Corte, si bien las cuotas partes pensionales nacen cuando una entidad reconoce el derecho pensional, sólo son exigibles por ésta última a partir del momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas.”

De manera que, para establecer si determinadas cuotas partes pensionales son exigibles o no, es necesario verificar la existencia de la resolución de reconocimiento de la pensión, si se hicieron los pagos de las respectivas mesadas pensionales, la fecha en que se hicieron esos pagos y, a partir de esa fecha, contabilizar el término de prescripción.

Entonces, para que el título ejecutivo de las cuotas partes pensionales pudiera ser ejecutado, debió conformarse por la resolución que reconoce el derecho a la pensión y la obligación correlativa de las entidades concurrentes, previo al procedimiento establecido por la ley.

En el presente caso, se encuentran probados los siguientes hechos:

El departamento de Caldas expidió el Oficio 913 de 4 de julio de 1996, que remitió a CORPOCALDAS copia del proyecto de resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación del señor José Antonio Mejía Gutiérrez, con cuota parte pensional a cargo de dicha entidad por $885.940,97.

Por Oficio 23082 de 12 de julio de 1996, la Subdirectora Administrativa y Financiera de CORPOCALDAS, dio respuesta y manifestó que “revisados nuestros archivos, el tiempo de servicios del doctor JOSÉ ANTONIO MEJÍA GUTIÉRREZ, coincide con los datos suministrados por usted en el Proyecto de Resolución de reconocimiento de la Pensión de Jubilación”.

Asimismo, precisó que “la cuota parte que nos corresponde, debe ser cancelada por el Instituto de Seguros Sociales, por haber estado el doctor Mejía Gutiérrez afiliado al ISS, durante el tiempo que prestó sus servicios a CORPOCALDAS”.

Mediante Oficio 23611 de 20 de agosto de 1996, dirigido a la Jefe de la Sección de Prestaciones Económicas de la Gobernación de Caldas, el Director de CORPOCALDAS le informó que “esta Corporación, acepta el proyecto de resolución por medio de la cual se reconoce una pensión de jubilación al Doctor Antonio Mejía Gutiérrez”.

Por Resolución 002598 de 18 de noviembre de 1996, el Departamento de Caldas – Sección de Prestaciones Sociales le reconoció la pensión de jubilación a José Antonio Mejía Gutiérrez. En este acto administrativo quedó determinado que a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en adelante CORPOCALDAS, le corresponde el pago de una cuota parte pensional por la suma de $885.940,97.

Mediante Resolución 001044 de 7 de septiembre de 2001, el departamento de Caldas dio cumplimiento al fallo de acción de tutela del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales y ordenó el reajuste de la pensión de jubilación a 16.926 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a partir del 17 de julio de 1998.

El 21 de febrero de 2006, la Jefe de la Unidad de Prestaciones Sociales de la Gobernación de Caldas le envió al Director General de CORPOCALDAS la cuenta de cobro por concepto de cuotas partes pensionales.

Mediante oficio 701757 de 16 de marzo de 2006, el Secretario General de CORPOCALDAS le comunicó al departamento de Caldas que es ante el Instituto de Seguros Sociales que debe presentarse la cuenta de cobro por concepto de cuotas partes pensionales porque durante el tiempo de vinculación del empleado se le realizaron los descuentos correspondientes de pensión, valores que fueron transferidos en tiempo al ISS.

El 3 de diciembre de 2007, el Grupo de Cobro Administrativo Coactivo, Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas, profirió el mandamiento de pago 022 contra CORPOCALDAS, por concepto de cuotas partes pensionales adeudadas desde que se hizo exigible la obligación hasta el 31 de agosto de 2007, por la suma de $335.790.451,06, más los intereses que se causen hasta el momento del pago y costas del proceso. Este acto fue notificado a la actora el 19 de diciembre de 2007.

El 4 de enero de 2008, el ejecutado propuso las excepciones que denominó: “prescripción de la acción de cobro”, “calidad de deudor solidario” y “la indebida tasación del monto de la deuda”.

Mediante auto 001 de 12 de noviembre de 2009, notificado personalmente el 3 de diciembre de 2009, el mismo grupo de cobro declaró no probadas las excepciones propuestas. Así mismo, ordenó seguir adelante la ejecución, el remate y avalúo de los bienes embargados, practicar la liquidación del crédito y condenar al ejecutado al pago de las costas.

Por auto 009 de 25 de febrero 2010, el demandado confirmó en reposición el acto recurrido. Este acto se notificó personalmente el 5 de marzo de 2010.

Mediante Resolución 237 de 2010, el Director General de CORPOCALDAS reconoció y autorizó el pago de $600.333.624,13 a favor del departamento de Caldas por concepto de cuotas partes pensionales.

De las pruebas allegadas al proceso se desprende que el título ejecutivo que sirvió de fundamento para la expedición del Mandamiento de Pago 022 de 3 de diciembre de 2007, proferido por el Grupo de Cobro Administrativo Coactivo de la Unidad de Rentas de la Gobernación de Caldas, por la suma de $335.790.451,06, más intereses y por concepto de la liquidación de las cuotas partes pensionales, lo constituyen los siguientes actos administrativos:

Resolución 002598 de 18 de noviembre de 1996, por la que el departamento de Caldas reconoció la pensión de jubilación a José Antonio Mejía Gutiérrez y determinó las cuotas partes pensionales que le corresponden a cada entidad en la que prestó sus servicios el trabajador.
Resolución 001044 de 7 de septiembre de 2001, por la que el departamento de Caldas dio cumplimiento al fallo de acción de tutela del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales y ordenó el reajuste de la pensión de jubilación a 16.926 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a partir del 17 de julio de 1998.

Es de anotar que previo a la expedición de estos actos administrativos, el departamento de Caldas adelantó el procedimiento establecido en el artículo 2 del Decreto 2921 de 1948 y la Ley 1066 de 2006, pues elaboró un proyecto de resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación y lo puso en conocimiento de CORPOCALDAS a través del Oficio 913 de 4 de julio de 1996, para que presentara las observaciones u objeciones respecto de la cuota parte pensional asignada a su cargo como entidad concurrente en el pago de la prestación.

Durante la oportunidad que el demandado le otorgó a la actora para que ejerciera su derecho de defensa y contracción, si bien la Subdirectora Administrativa y Financiera de CORPOCALDAS manifestó que la cuota parte debía ser pagada por el Instituto de Seguros Sociales porque dicha entidad realizó los aportes durante el tiempo que el trabajador prestó sus servicios, por Oficio 23611 de 20 de agosto de 1996, el Director General de CORPOCALDAS informó al departamento de Caldas que aceptaba el proyecto de resolución por el que se reconoce la pensión de jubilación al Doctor José Antonio Mejía Gutiérrez.

En consecuencia, la demandante aceptó el proyecto puesto a su consideración antes de la expedición de la Resolución de reconocimiento de la pensión 002598 de 18 de noviembre de 1996. Asimismo, dentro el proceso de cobro coactivo profirió la Resolución 237 de 27 de abril de 2010, por la que reconoció y autorizó el pago al departamento de Caldas de $600.333.624,13, por concepto de cuotas partes pensionales, pago que se efectuó el 30 de abril de 2010 según certificación del Banco Davivienda.

Así, el departamento de Caldas cumplió con el procedimiento administrativo previo de consulta a la entidad obligada a concurrir en el pago de la prestación económica, toda vez que las cuotas partes pensionales se consolidan en el acto de reconocimiento pensional.

En este caso, se cuenta con un título ejecutivo constituido por actos administrativos que se encuentran debidamente ejecutoriados. Por lo tanto, prestan mérito ejecutivo.

Es de precisar que dentro del proceso de cobro no es posible plantear asuntos contra el título que pueden ser controvertidos a través de las acciones contenciosas contra dicho acto.

Lo anterior es suficiente para demostrar que el cobro coactivo se fundamentó en actos administrativos que cumplen los requisitos para su exigibilidad. En consecuencia, la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la demandante no era procedente, por lo que el recurso está llamado a prosperar y debe revocarse la sentencia.

Prescripción de la acción de cobro

La ejecutada propuso la excepción de prescripción de la acción de cobro contra el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007.

En esa oportunidad expuso que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, “y en consideración de que la Gobernación de Caldas ha efectuado pagos por concepto de pensión de jubilación al señor José Antonio Mejía Gutiérrez desde el 2 de junio de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 2005, deberá declarar probada la excepción de prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales correspondientes a 6 meses y 28 días del año 1996 y a 11 meses y 18 días del año 1997”.

Al resolver las excepciones propuestas por la parte ejecutada, el departamento de Caldas, rechazó la excepción propuesta al considerar que “se aplica el término de 10 años, estipulado en el Código Civil, a las mesadas canceladas antes del 29 de julio de 2006, y a las causadas con posterioridad se aplica el término de 3 años estipulado por la ley 1066 de 2006, términos que empezaran a correr desde el momento en que se hace exigible la obligación”.

Esta Sección en reciente providencia, precisó que “la prescripción de la acción ejecutiva para el recobro de cuotas partes pensionales pagadas antes de la Ley 1066 sea de 10 o 5 años, según se trate de obligaciones previas o posteriores a la vigencia de la Ley 791 de 2002 -27 de diciembre-”.

La Sala concluyó que por razones de seguridad jurídica el término de prescripción de la acción ejecutiva previsto en el Código Civil es el aplicable para la extinción de la acción ejecutiva de cuotas partes pensionales exigibles antes de la Ley 1066.

Así mismo, determinó que no es aplicable el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 porque ésta última norma regula la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión; mientras que la Ley 791 de 2002 redujo el término de prescripción extintiva de la acción ejecutiva, y por tanto, su aplicación se rige por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual: “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, (…) se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”

Precisó esta Sección:

“Antes de la Ley 1066 sí era prescriptible el cobro de cuotas partes pensionales, en aplicación de lo previsto en el Código Civil sobre prescripción extintiva de la acción ejecutiva, y con ocasión de lo cual:
Las cuotas partes exigibles hasta el 26 de diciembre de 2002, inclusive, prescribirán en diez (10) años, de conformidad con la redacción original del artículo 2536 del Código Civil.
Y, las cuotas partes exigibles entre el 27 de diciembre de 2002, fecha de entrada en vigencia de la ley 791 de 2002, y el 28 de julio de 2006 prescribirán en cinco (5) años.
Por último, considerando que la situación fue clarificada por el Legislador en la Ley 1066, las cuotas partes causadas con posterioridad al 29 de julio de 2006, fecha de entrada en vigencia de esta última codificación, prescribirán en tres (3) años contados a partir de su exigibilidad.
Naturalmente que el término de prescripción empezará a correr a partir de la exigibilidad de la obligación, esto es, a partir de la fecha en la que se realiza el pago de la mesada pensional al ex-trabajador, pues, en palabras de la Corte Constitucional, “[las cuotas partes pensionales] si bien nacen cuando una entidad reconoce el derecho pensional, sólo son exigibles por esta última a partir del momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas”.

Lo anterior sin perjuicio que la prescripción se interrumpa con el mandamiento de pago, toda vez que de conformidad con la Ley 1066 de 2006, son aplicables al proceso de cobro las disposiciones del Estatuto Tributario, particularmente su artículo 818.

En el presente caso, con el objeto de establecer si existen obligaciones prescritas, mediante auto para mejor proveer del 24 de noviembre de 2016, la Sala ordenó oficiar al demandado para que certifique “los periodos objeto de cobro en el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007, proferido por dicha Unidad, por medio del cual se ordena el cobro de $335.790.451,06 más los intereses, por concepto de las cuotas partes pensionales a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS. Asimismo, para que informe las fechas de pago de las mesadas pensionales a favor de José Antonio Mejía Gutiérrez y si la pensión reconocida en el título ejecutivo aún se está pagando”.

Mediante oficio del 24 de febrero de 2017, la Gobernación de Caldas respondió la anterior solicitud y para el efecto informó lo siguiente:

“En respuesta a su oficio No. 0020, se informa que el señor JOSÉ ANTONIO MEJÍA GUTIÉRREZ, quien se identifica con número de documento 4.316.340, estuvo incluido en la Nómina de Pensionados del Departamento de Caldas desde el 18 de Noviembre de 1996 hasta el 01 de Julio del 2009, de los cuales enviamos soportes desde el año 2001, año en el cual se cuenta con el software de Nómina de pensionados […]”.

MESADA PENSIONAL
VALOR LIQUIDADO
MESADA ADICIONAL
VALOR LIQUIDADO
2001 (Enero a Diciembre)
$52.201.005
Año 2001
$8.982.371
2002 (Enero a Diciembre)
$61.663.200
Año 2002
$10.277.200
2003 (Enero a Diciembre)
$65.973.456
Año 2003
$10.995.576
2004 (Enero a Diciembre)
$70.255.128
Año 2004
$11.709.188
2005 (Enero a Diciembre)
$74.119.164
Año 2005
$11.899.097
2006 (Enero a Diciembre)
$77.713.944
Año 2006
$12.596.162
2007 (Enero a Diciembre)
$81.195.528
Año 2007
$13.271.794
2008 (Enero a Diciembre)
$85.815.552
Año 2008
$14.073.796
2009 (Enero a Diciembre)
$46.229.600
Año 2009
$7.453.500
Total
$615.166.577

$101.258.684

Es de precisar que en el mandamiento de pago se ordenó “librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Caldas – Corpocaldas, identificado con NIT No. 890803005, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO SEIS CENTAVOS ($335.790.451.06), por concepto de cuotas partes pensionales adeudadas desde que se hizo exigible la obligación, hasta el 31 de agosto de 2007, más los intereses que se causen hasta el día del pago y costas del proceso”.

De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, se advierte que al 31 de agosto de 2007, fecha de corte establecida en el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007, las mesadas pensionales se seguían pagando.

Para determinar si en el presente caso operó la prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales, se tendrá en cuenta la fecha de notificación del mandamiento de pago, esto es, el 19 de diciembre de 2007.

Es claro que para las obligaciones nacidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1066 del 29 de julio 2006 se debe aplicar el término general de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, que disminuyó el término de prescripción de la acción ejecutiva de 10 a 5 años.

Por su parte, para aquellas obligaciones nacidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, el término de prescripción es de tres años. Y en virtud de lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 4473 de 2006, es aplicable el artículo 818 del Estatuto Tributario, según el cual, el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, como en efecto ocurrió en este caso.

En ese orden de ideas, la Sala concluye lo siguiente:

Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales del periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997, se encuentran prescritas, toda vez que los 10 años de prescripción señalados en el artículo 2536 del Código Civil vigente para la época, se encontraban cumplidos para el 19 de diciembre de 2007 (fecha de notificación del mandamiento de pago).

Las obligaciones comprendidas entre el 19 de diciembre de 1997 y el 26 de diciembre de 2002 (antes de la entrada en vigencia del artículo 8 de la Ley 791 de 27 de diciembre de 2002, que disminuyó el término de prescripción de la acción ejecutiva de 10 a 5 años), no están prescritas, toda vez que no habían transcurridos los diez años de prescripción de que trata el artículo 2536 del Código Civil, contados a partir de la fecha de notificación del mandamiento de pago (19 de diciembre de 2007).

Las obligaciones comprendidas entre el 27 de diciembre de 2002 (fecha en la que entró en vigencia el artículo 8 de la Ley 791 -+ e 27 de diciembre de 2002) y el 31 de diciembre de 2005 (fecha de corte en el mandamiento de pago), tampoco se encuentran prescritas por cuanto la Administración tenía plazo en principio hasta el 26 de diciembre de 2007 para notificar el mandamiento de pago. Por tanto, al 19 de diciembre de 2007 no habían transcurrido más de cinco años.

Las obligaciones comprendidas entre el 31 de diciembre de 2005 (fecha de corte en el mandamiento de pago) y 28 de julio de 2006 (antes de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006), tampoco se encuentran prescritas por cuanto el mandamiento de pago se notificó el 19 de diciembre de 2007, es decir, no habían transcurrido más de cinco años.

En cuanto a las obligaciones surgidas en vigencia de la Ley 1066 de 2006 (29 de julio de 2006) se tiene que el conteo del término de 3 años inicia el 29 de julio de 2006, razón por la que la administración tenía plazo hasta el 29 de julio de 2009 para notificar el mandamiento de pago y toda vez que dicha diligencia se efectuó el 19 de diciembre de 2007, tales obligaciones no se encuentran prescritas.

En esas condiciones, procede la revocatoria de la sentencia apelada, para en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción de la acción de cobro respecto de las obligaciones que se concretan a los periodos comprendidos entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997, contenidas en el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007, proferido por el Departamento de Caldas y, por consiguiente, declarar la nulidad parcial de los actos demandados.

En cuanto al restablecimiento del derecho, declarar que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS no estaba obligada a pagar suma alguna por concepto de las cuotas partes pensionales de los periodos comprendidos entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997, ya que estas obligaciones se encontraban prescritas el momento de la notificación del mandamiento pago. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 819 del Estatuto Tributario, el pago que realizó la actora por este período no se puede compensar o devolver porque se trata de una obligación prescrita.

En lo demás, se niegan las pretensiones de la demanda.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia y, en su lugar, se declara la nulidad parcial de los actos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de julio de 2013 del Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar, quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de la acción de cobro respecto de las obligaciones que se concretan a los periodos comprendidos entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997, contenidas en el mandamiento de pago 022 de 3 de diciembre de 2007, proferido por el Departamento de Caldas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos demandados. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS no estaba obligada a pagar suma alguna por concepto de las cuotas partes pensionales de los periodos comprendidos entre el 18 de noviembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997.

TERCERO: En lo demás, NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

SEGUNDO: RECONOCER personería a Carmen Eugenia Uribe Arango como apoderada del demandado en los términos del poder que está en el folio 351 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
Ausente con permiso

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

MILTON CHAVES GARCÍA

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Folios 229 y 230 c. p.
Folios 23 a 26 c. p.
Folios 27 a 38 c. p.
Folio 49 c. p.
Folios 52 y 53 c. p.
Folio 56 c. p.
Folios 58 a 61 c. p.
Folios 62 a 68 y 71 c. p.
Folios 80 a 87 c. p.
Folio 89 c. p.
Folios 91 y 92 c. p.
Folios 94 y 95 c. p.
Folios 97 a 99 c. p.
Folio 101 c. p.
Folio 106 c. p.
Folio 104 c. p.
Folios 108 y 109 c. p.
Folios 112 y 113 c. p.
Folios 15 y 16, 155 y 156 c. p.
“ARTÍCULO 16. COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES LEGALES DE JUBILACIÓN. (…) Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por la ley para las pensiones plenas o especiales en ella consagradas, podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha pensión de jubilación, pero el patrono continuará cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado”.

Folios 172 a 184 c. p.
Sentencia de 29 de septiembre de 2006
Folios 218 a 230 c. p.
Folios 234 a 249 c. p.
Folios 318 a 323 c. p.
Folios 324 a 328 c. p.
Entre otras, ver sentencias de 29 de enero de 2004, exp. 12498, C.P. Ligia López Díaz y auto de 19 de julio de 2002, exp. 12733, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
Sentencia de 16 de diciembre de 2011, exp. 18123, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Consejo de Estado – Sección Cuarta, sentencia de 19 de mayo de 20161, Radicado 2011-00579-01 (20854) C.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez.

Folio 195 c. p.
Folio 39 c. p.
Folios 40 y 192 c. p.
Folios 23 a 26 c. p.
Folios 27 a 38 c. p.
Folio 41 c. p.
Folio 45 c. p.
Folios 52 y 53 c. p.
Folio 56 c. p.
Folios 58 a 61 c. p.
Folios 62 a 68 y 71 c. p.
Folios 80 a 87 c. p.
Folio 89 c. p.
Folio 102 c. p.
Folios 103 y 104 c. p.
Folios 62 a 68 c.p.
Cfr. el folio 40 del c.p. Nro. 1 que corresponde al acto administrativo que decidió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.
Sentencia de 31 de octubre de 2018, exp. 23201, C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Corte Constitucional, sentencia C-895 de 2009.
Folio 338 c.p.
Folios 340 a 349 c.p.
Folios 52 y 53 c. p.

Artículo 5°. Procedimiento aplicable. Las entidades objeto de la Ley 1066 de 2006 aplicarán en su integridad, para ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido por el Estatuto Tributario Nacional o el de las normas a que este Estatuto remita.
Artículo 819. El pago de la obligación prescrita, no se puede compensar, ni devolver.
Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción.

Radicado: 17001-23-31-000-2010-00247-01 (21861)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Caldas

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