RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-31-000-2012-00341-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-31-000-2012-00341-01

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-31-000-2012-00341-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. TERCERO: Sin condena en costas y agencias en derecho

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-31-000-2012-00341-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-2331-000-2012-00341-01
Demandante EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA- COSTATEL S.A.
E.S.P.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES
Tema: PROCESO DE COBRO COACTIVO - EN EL PRESENTE CASO OPERÓ LA
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de
Telecomunicaciones de la Costa - Costatel S.A. E.S.P., en contra de la sentencia
de 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual se declaró configurado el medio exceptivo de caducidad de la
acción formulado por la entidad pública demandada.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), la Empresa
de Telecomunicaciones de la Costa Costatel S.A. E.S.P., (en adelante parte
demandante o Costatel S.A.) por intermedio de apoderado judicial instauró
demanda1 en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, MINTIC, en orden a obtener las siguientes declaraciones y
condenas:

«[…] 3.1. Declarar la nulidad del Auto No. 000089 de 12 de abril de 2010, emitido por la
Coordinación del Grupo Coactivo del Ministerios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, mediante el cual se libró mandamiento de pago contra COSTATEL
S.A. E.S.P.

3.2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 000924 del 22 de diciembre de 2010,
expedida por el Ministerios (sic) de tecnologías de la Información y las Comunicaciones
por el cual se rechazan las excepciones propuestas por COSTATEL S.A. E.S.P.

1 Folios 1 a 28 del Cuaderno 1.

2

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

3.3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 000181 del 15 de marzo de 2011, expedida
por el Ministerios (sic) de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual
resolvió declarar desfavorablemente el recurso de reposición en subsidio de apelación
interpuesto por mi Representada.

3.4. Declarar la nulidad del Auto de 4 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

3.5. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en
el artículo 176 del C.C.A».

I.1.1. Los hechos

2. Los hechos relevantes que sustentan la demanda son los siguientes:

3. Mediante la Resolución No. 02558 de 20 de septiembre de 1999, el Ministerio de
Comunicaciones, hoy MINTIC, le concedió un permiso a la empresa Costatel S.A.
para el uso del espectro radioeléctrico y se autorizó una red por el término de diez
(10) años; acto administrativo que fue modificado por la Resolución No. 1275 de 13
de junio de 2000.

4.A través de la Resolución No. 1437 de 29 de junio de 2000, el Ministerio de
Comunicaciones otorgó a la empresa Costatel S.A. un permiso para el uso del
espectro radioeléctrico y se comprometió a pagar al hoy Fondo de las TIC, como
contraprestación por la autorización y por el permiso otorgado, la suma que resultara
de la liquidación que efectúe la cartera ministerial.

5. La Coordinadora del Grupo Coactivo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, MINTIC, dentro del proceso de cobro coactivo No.
15 de 2009, a través del Auto No. 000089 de 12 de abril de 2010, libró mandamiento
de pago contra Costatel S.A. por las sumas contenidas en el Estado de Cuenta No.
017775 de 4 de noviembre de 2009, correspondiente a las liquidaciones de
derechos 43358, 43360, 43362, 43364, 43366, todas del 20 de enero de 2006 y
correspondientes a los años 2002 a 2005.

6. La sociedad Costatel S.A., con fecha 15 de julio de 2010 y mediante oficio
radicado 362931, presentó escrito de excepciones al mandamiento de pago.

7. A través de la Resolución No. 000924 de 22 de diciembre de 2010, expedida por
la Coordinadora del Grupo de Cobro Coactivo del MINTIC, se rechazaron las
excepciones propuestas por Costatel S.A. y se ordenó seguir adelante con la
ejecución.

8. La parte actora, con fecha 14 de febrero de 2011, presentó recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación, en contra de la Resolución No. 000924 de 22 de
diciembre de 2010. El recurso de reposición fue resuelto por la Coordinadora del
Grupo Coactivo del MINTIC, mediante la Resolución No. 000181 de 15 de marzo de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

2011, en el sentido de confirmar el contenido de la citada resolución y ordenó seguir
adelante con la ejecución.

9. Cabe resaltar que la Resolución No. 000181 de 15 de marzo de 2011 «[…] guardo
(sic) silencio o no sobre la admisión del Recurso de Apelación interpuesto
conjuntamente por mi representada con el Recurso de Reposición. De la misma
manera en la Resolución 000181 del 15 de marzo de 2011, se resolvió el recurso
de reposición, fuera de los términos establecidos en el artículo 834 del Estatuto
Tributario, ya que transcurrió más de un mes para que se pronunciara sobre dicho
recurso, ya que el recurso se presentó el 14 de febrero de 2011 y solo se resolvió
el 15 de marzo de 2011, y peor aún se notificó personalmente el 29 de abril de
2011».

10. El día 6 de mayo de 2011, Costatel S.A. interpuso recurso de queja ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 50, numeral 3° del CCA, y en el artículo 133, numeral 2° del mismo Estatuto,
con el fin de que se decidiera el recurso de apelación, habida cuenta que la
Coordinadora del Grupo de Cobro Coactivo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, en la Resolución No. 000181 de 15 de marzo de
2011, guardó silencio en relación con el recurso de alzada impetrado por la actora.

11. Mediante Auto de 4 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B» rechazó el recurso de queja, con
el argumento consistente en que el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, mediante Resolución No. 000181 de 15 de marzo de 2011,
resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Costatel S.A. contra la
decisión que rechazó las excepciones.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

I.1.2.1. Normas violadas

12. La demandante invocó como disposiciones transgredidas las siguientes: los
artículos 29 y 209 de la Constitución Política; los artículos 3º, y 44 a 47 del CCA; los
artículos 565, 567 y 831 del Estatuto Tributario y 55 del Decreto 1972 de 2003,
violación que justificó en los siguientes argumentos:

I.1.2.2. El concepto de la violación

I.1.2.2.1. «Falta de notificación o comunicación del título (artículo 831 No. 3 del
Estatuto Tributario). Inexistencia de firmeza de las liquidaciones de derecho
No. 43358, 43360, 43362, 43364, 43366, todas del 20 de enero de 2006,
correspondiente a los años 2002 al 2005, por indebida o falta de comunicación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

de las liquidaciones mencionadas, que dan origen al mandamiento de pago
No. 000089 del 12 de abril del 2010)»

13. Luego de hacer énfasis en el contenido normativo de los artículos 29 y 209 de la
Carta Política, en armonía con el artículo 3º del CCA, precisó que el Ministerio de
Comunicaciones, hoy de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se
abstuvo de notificar las liquidaciones de derechos Nos. 43358, 43360, 43362,
43364, 43366, todas del 20 de enero de 2006, y que dieron origen al mandamiento
de pago, pues las mismas fueron enviadas «[…] al parecer por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a la carrera 1C No. 24-115 de la
ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, cuando lo cierto es que la
dirección de notificaciones judiciales y administrativas de la Empresa de
Telecomunicaciones de la Costa COSTATEL S.A. E.S.P., es desde esa época la
Calle 12 No. 5-46 de la misma ciudad». Lo anterior sucedió, según precisó, a pesar
de que la cartera de comunicaciones conocía cuál era la dirección correcta.

14. De esta manera, argumentó que la entidad demandada no dio cumplimiento a lo
previsto en los artículos 44 a 48 del CCA, ni acató el procedimiento previsto en el
artículo 565 del Estatuto Tributario, relativo a la notificación de las liquidaciones
oficiales.

15. En consecuencia, a su juicio, las liquidaciones antes mencionadas no pueden
servir como soporte para el inicio del proceso de jurisdicción coactiva, pues las
mismas no fueron comunicadas, informadas y mucho menos notificadas en debida
forma; lo cual se traduce en una violación flagrante al principio constitucional del
debido proceso.

I.1.2.2.2. «Pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo que da origen
al mandamiento de pago para los años 2002 a 2005. Artículo 831 Núm. 4 del
Estatuto Tributario»

16. Argumentó que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
MINTIC, pretende hacer exigible las liquidaciones de los años 2002 a 2005, las
cuales, según lo dispuesto por el artículo 66.3 del CCA perdieron su fuerza
ejecutoria, en vista de que la administración tenía cinco (5) años contados a partir
de la causación del derecho a su favor para que estas quedaran en firme y así poder
ejecutar el pago, pues tal y como se evidencia «[…] del año 2002 al 2010 han
transcurrido 8 años; del 2003 al 2010, 7 años y del 2004 al 2010, 6 años; por lo tanto
la figura de pérdida de fuerza ejecutoria es totalmente aplicable a este caso».

17. Subrayó que la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos opera
por ministerio de la ley y ante el simple transcurso del tiempo, sin que sea necesaria
la declaración por parte de una autoridad administrativa o judicial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

I.1.2.2.3. «Inexistencia de título para el cobro del año 2005, por revocatoria
tácita del acto administrativo que concedió a Costatel S.A. E.S.P. el uso de la
frecuencia. Artículo 831 Núm. 4 del Estatuto Tributario»

18. Agregó que la Resolución No. 1437 de 29 de junio de 2000, fue revocada
tácitamente por la Resolución No. 2064 de 2005, en vista de que el hoy Ministerio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones reasignó la frecuencia que le
había sido asignada inicialmente a Costatel S.A. a favor de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, quien, como nuevo operador, efectivamente
hizo uso de ella.

19. Aseguró que, en dicho contexto, el hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones carecía de un título jurídico que le permitiera la
liquidación de derechos, así como el respectivo cobro, puesto que Costatel S.A. no
era titular de la frecuencia.

20. Para terminar, la parte actora afirmó que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho fue presentada dentro del término de cuatro (4) meses
de que trata el artículo 136 del CCA.

1.2. Contestación de la demanda por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, MINTIC

21. La cartera ministerial contestó de manera oportuna la demanda y solicitó que se
desestimaran las pretensiones del libelo introductorio2.

22. Estimó que los actos demandados se expidieron de conformidad con el
ordenamiento jurídico, ya que de la revisión del expediente quedó demostrado que
la sociedad Costatel S.A. no cumplió con el pago de las obligaciones estipuladas en
el contrato de concesión. En consecuencia, las resoluciones censuradas se
expidieron con sujeción al debido proceso y al principio de legalidad.

23. De otro lado, propuso la excepción de caducidad de la acción. Para ello, explicó
que el término para formular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de
conformidad con el artículo 136, numeral 2° del CCA es de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto, según el caso.

24. Añadió que la demandante pudo hacer uso de los instrumentos jurídicos para
controvertir el mandamiento de pago con el fin de ejercer su derecho de defensa y
de contradicción. Finalmente, indicó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B», mediante auto de 4 de noviembre
de 2011, resolvió rechazar el recurso de queja, luego de considerar que dicho medio

2 Folios 144 a 147 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

de impugnación no era procedente. Por ello, a su juicio, la demandante no agotó en
debida forma la vía gubernativa y, si en gracia de discusión se llegara a considerar
lo contrario, expresó que la demanda se presentó de manera extemporánea.

1.3. Trámite de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo del Magdalena, inicialmente, mediante auto de 10 de
diciembre de 20123, inadmitió la demanda, otorgándole a la demandante el término
de cinco (5) días con el fin de que aportara las copias de la Resolución No. 000181
de 15 de marzo de 2011 y del Auto de 4 de noviembre de 2011, junto con sus
respectivas constancias de notificación y de ejecutoria; omisión que fue corregida
de manera oportuna por la demandante. Luego, mediante proveído de 26 de marzo
de 20154 se admitió la demanda por cumplimiento de las formalidades previstas en
el artículo 137 del CCA.

26. A través del auto de 25 de abril de 20165 se abrió el período probatorio.

27. Mediante proveído de 5 de diciembre de 20166 se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión, oportunidad dentro de la cual
intervinieron la parte demandante y la parte demandada.

28. La sociedad Costatel S.A.7 reiteró, en esencia, los mismos argumentos del escrito
introductorio. Afirmó, además, que en el presente caso no tuvo ocurrencia el
fenómeno de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

29. El MINTIC8 acudió en esa instancia del proceso para defender la legalidad de los
actos acusados e insistió en la configuración del medio exceptivo de la caducidad
del medio de control. El ministerio público por su parte guardó silencio.

1.4. La sentencia de primera instancia

30. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió fallo el día 23 de octubre de
2019, mediante el cual declaró configurado el medio exceptivo de caducidad de la

3 Folios 108 a 109 del Cuaderno 1. Con el fin de que aportara copia de la constancia de notificación y ejecutoria

de la Resolución 00181 de 15 de marzo de 2011 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición propuesto
por la Sociedad TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA S.A. “COSTATEL S.A. E.S.P» y del Auto de 4 de
noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
de Jurisdicción Coactiva.
4 Folio 139 del Cuaderno 1.

5 Folio 227 del Cuaderno 1.

6 Folio 238 del Cuaderno 1.

7 Folios 239 a 259 del Cuaderno 1.

8 Folios 264 a 266 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

acción propuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, MINTIC.

31. Recordó que, tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
y de conformidad con el numeral 2° del artículo 136 del CCA -norma modificada por
el artículo 44 de la Ley 446 de 1998-, tal mecanismo debe promoverse dentro del
término de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto.

32. Seguidamente, anotó que del tenor de los artículos 116 de la Constitución
Política, 561 del Código Civil y 112 de la Ley 6ª de 1992, las entidades públicas
tienen la facultad de cobro coactivo para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor, para lo cual deben sujetarse al procedimiento previsto en el Estatuto
Tributario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1066 de 29 de
julio de 2006 «Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera
pública y se dictan otras disposiciones».

33. En lo atinente a los recursos pasibles de incoar dentro del proceso de cobro
coactivo, sostuvo que el artículo 833.1 del Estatuto Tributario, es claro en señalar
que: «[…] las actuaciones administrativas adelantadas en el procedimiento de
cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en
forma expresa se señalan en este procedimiento para las actuaciones
administrativas».

34. Como complemento a lo allí indicado, los artículos 834 y 835 de la misma
normatividad señalan, en su orden, que contra la resolución que decide las
excepciones procede únicamente el recurso de reposición ante el Jefe de la División
de Cobranzas, el cual debe incoarse dentro del mes siguiente a su notificación y
resolverse dentro del mes posterior a su interposición. Agregó que solo son
demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que
fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución.

35. A partir del recuento normativo anterior, aseveró que: «[…] la Ley 1066 de 2006
se encargó por decirlo así, de unificar el procedimiento a surtir en materia de cobro
coactivo, de tal suerte que derogó de manera tácita la preceptiva contenida en el
canon 133 Núm 2do del Decreto 01 de 1984, subrogada en lo pertinente por el
artículo 41 de la Ley 446 de 1998 en el sentido de que radicaba en cabeza de los
Tribunales Administrativos, la competencia para conocer en segunda instancia de
las apelaciones que se interpusieran contra el mandamiento de pago, la sentencia
de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el que decrete
nulidades procesales, en procesos de jurisdicción coactiva cuya cuantía supere los
500 salarios mínimos mensuales legales vigentes».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

36. De este modo concluyó que, tratándose del procedimiento de cobro coactivo, la
única normativa a aplicar es el Estatuto Tributario el cual no instituye el recurso de
apelación en contra de la providencia que decide las excepciones, sino solamente
el recurso de reposición. Sin embargo «[…] de manera desatinada el accionante
interpuso el recurso de queja ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
contra de la Resolución No. 000181 del 15 de marzo de 2011 “Por la cual se
resuelve un Recurso de Reposición propuesta por la sociedad
TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA S.A. ´COSTATEL S.A. E.S.P. - Nit. No.
819.002.701 – Código 30021´” signada por la Coordinadora Grupo Coactivo del
Ministerio de Tecnología de la Información y las comunicaciones que desataba el
medio de impugnación que válidamente correspondía (reposición) en contra del
auto que desataba las excepciones formuladas al mandamiento de pago».

37. Precisado lo anterior, sostuvo que «[…] atendiendo el supuesto de que la
decisión que cerraba el debate gubernativo (acto administrativo que desataba las
excepciones formuladas) le fue notificado personalmente al representante legal de
la persona jurídica accionante en calenda del 29 de abril de 2011 (véase a folio 120
del plenario), empero, la acción contenciosa sub exámine apenas fue radicado el
libelo correspondiente en calenda del 06 de junio de 2012, esto es, cuando ya se
hallaba fenecida por demás por el paso inexorable del tiempo. Es más, nada variaba
la situación aquí mencionada por la radicación de la solicitud de conciliación
extrajudicial en calenda del 17 de febrero de 2012 puesto que para esa data se
había configurado por demás el fenómeno extintivo en examen e incluso ésta se
tornaba a todas luces inane toda vez que ni siquiera se requería el agotamiento de
tal presupuesto al estar en presencia de un asunto que roza con tema tributario el
cual por expresa normativa se haya excluido de agotar el procedimiento antes
referido. En tal virtud surge con mayores veras la inferencia de estar en presencia
de una acción contenciosa extemporánea en su ejercicio procesal habiendo lugar a
su declaratoria […]».

1.5. El recurso de apelación

38. Inconforme con la anterior decisión, la sociedad Costatel S.A. presenta recurso
de apelación9, con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, en el siguiente sentido:

39. De manera preliminar, consideró que la vía gubernativa quedó agotada en
debida forma con la notificación del auto de 4 de noviembre de 2011, proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, a
través del cual se rechazó el recurso de queja.

9 Folios 292 a 306 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

40. Señaló que, en el presente caso, no era procedente declarar configurado el
medio exceptivo de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, subrayando que la contabilización de los términos debía realizarse a partir
del día siguiente al de la notificación del auto de 4 de noviembre de 2011, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B»,
a través del cual se rechazó el recurso de queja, lo cual acaeció el día 11 de marzo
de 2012.

41. Aduce que el anterior término fue suspendido con la presentación de la solicitud
de conciliación lo cual ocurrió el día «18 de febrero de 2012». Luego, entonces, la
actora tenía hasta el día 11 de octubre de 2012 para presentar de manera oportuna
la demanda, y como esta se radicó el 6 de junio de 2012, era dable concluir que en
el presente caso no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.

42. Por otro lado, asegura que el Tribunal de la primera instancia yerra al considerar
que no era necesario el agotamiento del requisito de procedibilidad por tratarse de
un asunto tributario, ya que: «[…] el conflicto que se trata en la demanda está
relacionado con el pago de unas “tasas” las cuales están siendo cobradas por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por medio de
jurisdicción coactiva y además de tasas no se encuentran consagradas en el
Estatuto Tributario ya son una contraprestación de un servicio público que se aplica
de acuerdo el principio de voluntariedad del interesado en prestar el servicio, por lo
tanto es claro que no se trata de un tema tributario».

43. Por otro lado, insiste en los argumentos esgrimidos en la demanda asociados:
i) a la falta de notificación o comunicación del título e inexistencia de firmeza de las
declaraciones de derecho Nos. 43358, 43360, 43362, 43364, 43366, todas del 20
de enero de 2006 que dieron origen al mandamiento de pago 000089 del 12 de abril
de 2010, correspondientes a los años 2002 al 2005; ii) a la pérdida de fuerza
ejecutoria del acto administrativo que da origen al mandamiento de pago para los
años 2002 a 2005, y iii) a la inexistencia de título para el cobro del año 2005, por
revocatoria tácita del acto administrativo que concedió a Costatel S.A. el uso de la
frecuencia.

1.6. Trámite de segunda instancia

44.El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en la primera instancia
concedió el recurso de apelación mediante auto de 9 de diciembre de 201910.

10 Folio 308 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

45. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes despachos que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 11 de marzo de 202011,
se admitió el recurso interpuesto y mediante providencia de 6 de noviembre de
202012, se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad dentro de la cual
presentaron sus escritos la parte demandante y la parte demandada.

46. La sociedad Costatel S.A.13 indicó que, de conformidad con el artículo 62 del
Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad se debe computar, no
desde la notificación de la Resolución No. 000181 de 15 de marzo de 2011, sino a
partir de la notificación del auto de 4 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B».

47. Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones14
solicitó la confirmatoria de la sentencia de primera instancia, bajo la premisa
consistente en que en el presente caso quedó configurado el medio exceptivo de
caducidad de la acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

48. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo - CCA15, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada
en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

II.2. Los actos demandados objeto de juzgamiento en este proceso

49. Los actos administrativos demandados en este proceso son:

• El auto No. 000089 de 12 de abril de 2010, emitido por la Coordinación del
Grupo Coactivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, mediante el cual se libró mandamiento de pago contra

11 Folio 4 Cuaderno del Consejo de Estado.

12 Folio 8 del Cuaderno del Consejo de Estado.

13 Folios 13 a 21 del Cuaderno del Consejo de Estado.

14 Folio 13 del Cuaderno del Consejo de Estado.

15 «[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión […]»:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

Costatel S.A. dentro del Proceso Ejecutivo de Cobro Coactivo No. 15 de
2009.

• La Resolución No. 000924 del 22 de diciembre de 2010, expedida por la
Coordinación del Grupo Coactivo del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, por la cual se rechaza las excepciones
propuestas por Costatel S.A. contra el mandamiento de pago contenido en el
auto No. 000089 de 12 de abril de 2010 y se ordenó seguir adelante con la
ejecución.

• La Resolución No. 000181 de 15 de marzo de 2011, expedida por la
Coordinación del Grupo Coactivo del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, por medio de la cual se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto en contra de la
Resolución No. 000924 del 22 de diciembre de 2010 y se ordenó seguir
adelante con la ejecución.

• El auto de 4 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B», que resolvió rechazar
el recurso de queja interpuesto por la sociedad Costatel S.A. en contra de la
Resolución No. 000181 de 15 de marzo de 2011.

II.3. El problema jurídico

50. Esta Sala entrará a analizar si se debe o no revocar la sentencia de primera
instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró probada
el medio exceptivo de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por la empresa Costatel S.A. en contra de los actos administrativos
proferidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
dentro del Proceso Ejecutivo Coactivo No. 15 de 2009.

51. Para tales efectos deberá determinarse si le asiste razón a la recurrente cuando
señala que el cómputo del término de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho se debe contabilizar a partir de la notificación del auto
de 4 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B», mediante el cual rechazó el
recurso de queja interpuesto por la sociedad Costatel S.A. en contra de la
Resolución No. 000181 de 15 de marzo de 2011; o si, como lo interpretó el tribunal
de la primera instancia, dicho término debe computarse a partir de la notificación de
la Resolución No. 000181 de 15 de marzo de 2011, por medio de la cual se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución
No. 000924 del 22 de diciembre de 2010, que rechazó las excepciones formuladas
y ordenó seguir adelante con la ejecución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

52. Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará como
aspectos relevantes los siguientes: i) la caducidad como fenómeno procesal que
enerva la posibilidad de obtener un pronunciamiento ante la justicia y que apunta a
la seguridad jurídica y, la regulación prevista en el CCA para la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho; ii) el proceso de cobro coactivo y los actos
demandables, y finalmente se pronunciará en relación con iii) el caso concreto.

II.4. La caducidad como fenómeno procesal que enerva la posibilidad de
obtener un pronunciamiento de fondo y que apunta a garantizar la seguridad
jurídica

53. La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal de orden público,
irrenunciable y que puede ser declarado, incluso, oficiosamente por el juez, tras
verificarse los presupuestos para su configuración.

54. En relación con el alcance de esta figura, esta Sección en sentencia de 24 de
septiembre de 202016 discurrió en el siguiente sentido:

«[…] La caducidad en materia contenciosa es un presupuesto procesal definido por el
legislador, quien haciendo uso de su poder de configuración normativa en materia
procesal, limita en el tiempo el derecho de acción que tienen las personas de acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, enervando con ello la posibilidad
de controvertir la presunción de legalidad de los actos administrativos. Esta figura
procesal permite materializar principios de nuestra Carta Política como la seguridad
jurídica y la defensa del interés general. Por ser una figura de orden público, es
irrenunciable y debe ser declarada de oficio por el juez, luego de verificar la ocurrencia
de los presupuestos para su operancia. La caducidad impone al demandante la carga
de presentar la demanda dentro de los términos previstos en las leyes procesales para
el ejercicio de la acción, bajo criterios de celeridad y oportunidad. El incumplimiento de
esta carga por parte del actor, se traduce en la imposibilidad de obtener un
pronunciamiento de fondo por parte del juez en la búsqueda de la verdad, la justicia y
el bien común».

55. Ahora bien, el artículo 136 del CCA establece que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho debe interponerse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto
demandado. Indica la norma:

«ARTÍCULO 136. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado
por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las acciones.
[…]

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación
o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan
prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 41001-23-31-000-

2000-00659-01, actor: Félix María Córdoba, demandado: Departamento Administrativo Nacional de La
Economía Solidaria y Superintendencia de La Economía Solidaria – Supersolidaria, MP: Roberto Augusto
Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.
[…]» (destacado de la Sala)

II.5. La facultad de cobro coactivo, procedimiento y actos demandables

56. El artículo 68 del CCA incorpora una lista de documentos que prestan mérito
ejecutivo siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, en el
siguiente sentido:

«[…] ARTÍCULO 68. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que
en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes
documentos:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una
entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de
pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a
favor del tesoro nacional, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de
cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Las liquidaciones de impuestos contenidas en providencias ejecutoriadas que
practiquen los respectivos funcionarios fiscales, a cargo de los contribuyentes, o las
liquidaciones privadas que hayan quedado en firme, en aquellos tributos en los que su
presentación sea obligatoria.

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los
contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto
administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que
decrete la caducidad, o la terminación según el caso.

5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier
concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare
la obligación.

6. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor».

57. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 666 de 200017, definió la
jurisdicción coactiva de la siguiente manera:

«[…] un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar
directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la
doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del
interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir
eficazmente los fines estatales».

58. El Decreto 01 de 1984 le confió a la jurisdicción de lo contencioso administrativa
la competencia para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones contra el
mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de
liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales que se dicen en
los procesos por jurisdicción coactiva.

17 MP: José Gregorio Hernández Galindo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

59. Así, de conformidad con el numeral 2° del artículo 133 del CCA los tribunales
administrativos debían conocer en segunda instancia de «[…] las apelaciones
contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio
de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se
interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los
funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales». Entre tanto, el artículo 134C ibidem les
asignó a los jueces administrativos la competencia para conocer «[…] 1. De las
apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto
aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales,
que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los
funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales».

60. Ahora bien, en el año 2006, el legislador expidió la Ley 106618, con el propósito
de dictar normas para la normalización de la cartera pública. Esta legislación
incorporó un cambio significativo frente a la regulación anterior en vista de que la
jurisdicción de lo contencioso administrativa ya no tiene a su cargo el conocimiento
de la segunda instancia frente a las decisiones de la administración dictadas dentro
del proceso de cobro coactivo, sino que, a partir de su promulgación, tales
competencias debían sujetarse al trámite previsto en el Estatuto Tributario19.

61. En los debates que se dieron en el interior del Congreso de la República quedó
consignado que la citada iniciativa tenía como propósito: i) dotar de la facultad de
cobro coactivo a todas las entidades públicas del orden nacional y territorial,
incluidos los organismos autónomos respecto del ejercicio de funciones

18 «Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones».

19 En este sentido y frente al alcance de la reforma que introdujo la Ley 1066 de 2006 se puede consultar la

siguiente providencia:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 22 de septiembre
de 2014, radicado: 17001-23-31-000-2010-00247-01(C), actor: Corporación Autónoma Regional de Caldas,
demandado: Departamento de Caldas, MP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

administrativas20, y ii) unificar el procedimiento de cobro coactivo, a fin de que se
apliquen las reglas previstas en el Estatuto Tributario21.

62. Para tales propósitos, la citada normativa determinó que las entidades públicas
que tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional y territorial,
incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la
Constitución Política debían sujetarse al procedimiento previsto en el Estatuto
Tributario. Prescribe el artículo 5° de la citada legislación:

«[…] Artículo 5o. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades
públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el

20 Gaceta 61 de 23 de febrero de 2005 que contiene la exposición de motivos al proyecto de ley 296 de 2005

Cámara «Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras
disposiciones», en la cual se indicó: «[…] La jurisdicción coactiva se ha entendido como un privilegio de la
Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las
deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia
del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines
estatales. Adicionalmente, es una medida que evita la utilización de la Rama Judicial para este tipo de eventos
trayendo una utilización óptima de los recursos públicos. Siendo concientes (sic) de sus bondades, es necesario
que cualquier entidad de carácter público que dentro de sus funciones tengan la de recaudar rentas o caudales
públicos pueda acudir a este procedimiento especial. En la actualidad se tienen varias disposiciones para
realizar el cobro coactivo, por su parte la Ley 6ª de 1992 dispone: ARTICULO 112. Facultad de cobro coactivo
para las entidades nacionales. De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo,
las entidades públicas del orden nacional tales como Ministerios, Departamentos Administrativos, Organismos
Adscritos y Vinculados, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles
a favor de las mencionadas entidades y de la Nación. Para este efecto la respectiva autoridad competente,
otorgará poderes a funcionarios abogados de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean
abogados titulados. No obstante, esta disposición se queda corta frente a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo que determina de manera genérica a las entidades públicas en sus artículos 68 y 79, por lo cual,
en este proyecto de ley se hace de manera explícita extensivo a todas las entidades públicas del orden
nacional, territorial y a los órganos autónomos cuyo régimen especial es otorgado por la Constitución
Política» (destacado de la Sala). (Página 11). Fuente: file:///C:/Users/almar/Downloads/gaceta_61.pdf, fecha
de consulta: 13 de junio de 2022.
21 En la Gaceta No. 256 de 2005, que contiene la ponencia para segundo debate al proyecto de ley 296 de

2005, Cámara «Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras
disposiciones», quedó consignado, en relación con este aspecto, lo siguiente: «Artículo 5°. Este artículo cumple
dos propósitos fundamentales del proyecto, con el fin de dar herramientas para el cobro a las entidades que
tienen cartera a su favor. En primer lugar, se permite a todas las entidades públicas usar la jurisdicción coactiva
para el cobro de sus acreencias. Por supuesto, siguiendo los pronunciamientos de la honorable Corte
Constitucional sobre este asunto, el uso de esta jurisdicción solamente se establece para el cobro de las
obligaciones que resultan respecto del ejercicio de funciones administrativas ejercidas por los órganos estatales.
[…]. En segundo lugar, la Comisión Tercera aprobó la propuesta de los ponentes de establecer de manera
general la unificación del procedimiento aplicable a todas las entidades públicas que tengan la jurisdicción
coactiva. Además, con esto se logra otro objetivo inherente también al espíritu mismo de la iniciativa legislativa,
cual es el de homologar los procedimientos y las condiciones de cobro de toda la cartera pública. Sobre este
asunto, se propone hacer aplicable a todas las entidades públicas el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario, actualmente aplicado por la DIAN, y por las entidades territoriales en virtud del artículo 59 de la Ley
788 de 2002. Este procedimiento ha mostrado el máximo de efectividad, y la legalidad y constitucionalidad del
mismo han sido revisadas por los tribunales jurisdiccionales respectivos». (Página 2). Fuente:
file:///C:/Users/almar/Downloads/gaceta_256.pdf, fecha de consulta: 13 de junio de 2022.

La Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto de 6 de abril de 2021, radicado: 11001-03-06-000-
2021-00011-00(2459), MP: Germán Alberto Bula Escobar, en relación con este aspecto, expresó: «[…] El
análisis del debate al proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes permite establecer que se
perseguían dos objetivos, finalmente consagrados en el artículo 5° de la Ley 1066: i) dotar de facultad de cobro
coactivo a todas las entidades del Estado, incluyendo a los órganos autónomos y entidades con régimen
especial previsto en la Constitución y ii) unificar el procedimiento de cobro coactivo para todas ellas, utilizando
las herramientas de eficiencia y flexibilidad previstas en el Estatuto Tributario».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del
Estado colombiano y que en virtud de éstas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con
régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva
para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos,
deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

Parágrafo 1°. Se excluyen del campo de aplicación de la presente ley las deudas
generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o
comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una
actividad de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado
que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado
en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad […]». (Subraya la Sala).

63. De suerte que, tal y como lo ha indicado esta Corporación, en virtud de la remisión
normativa contenida en el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, las entidades públicas
investidas de la facultad de cobro coactivo deben acudir al procedimiento previsto
en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario22. En efecto, esta
Colegiatura23 ha señalado lo siguiente:

«[…] En la actualidad, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 24, el
cobro de los créditos a favor de las entidades públicas se hace mediante el
procedimiento de cobro coactivo que está regulado por el Estatuto Tributario. Los actos
que se dictan al interior de ese procedimiento tienen el carácter de administrativos y,
por ende, podrán impugnarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho25».

64. Ahora bien, el Estatuto Tributario dedica el Título VIII para regular lo concerniente
al procedimiento de cobro coactivo, así: cláusula general relativa al procedimiento
de cobro coactivo (artículo 823), competencia (artículos 824 a 825.1), el
mandamiento de pago (826), la comunicación sobre la aceptación de concordato
(827), los títulos que prestan mérito ejecutivo (828), la ejecutoria de los actos (829),
los efectos de la revocatoria directa (829.1), el término para pagar o presentar
excepciones (830), las excepciones (831), el trámite de excepciones (832), trámite
de excepciones probadas (artículo 833); los recursos en el procedimiento

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de

2018, radicado: 05001-23-31-000-2012-00336-01(21828), actor: Municipio de Medellín. demandado: Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, MP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicado: 05001233100020100042701 (18345),

actor: Sergio Alonso de Jesús Vélez Sierra, demandado: Departamento de Antioquia, MP: Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.
24 (Cita es original): «ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS

ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de
las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud
de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos
autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva
para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento
descrito en el Estatuto Tributario. (…)».
25 (cita es original): El artículo 835 E.T. señala que son demandables los actos que deciden sobre las
excepciones, los que ordenan seguir adelante con la ejecución. Por vía de interpretación, esta Sección ha
entendido que también pueden demandarse, entre otros, el acto que decrete embargos, el que remate bienes
del ejecutado, el que apruebe la liquidación del crédito, etcétera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

administrativo de cobro coactivo (833.1), el recurso contra la resolución que decide
las excepciones (834), entre otros aspectos.

65. Sobre el particular, el artículo 833.1 del Estatuto Tributario señala que, salvo
disposición normativa en contrario, las actuaciones administrativas realizadas en el
procedimiento de cobro son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno.
Reza la norma:

«[…] ARTICULO 833-1. RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE COBRO. <Artículo adicionado por el artículo 78 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto
es el siguiente:> Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento
administrativo de cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno,
excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las
actuaciones definitivas».

66. Por su parte, el artículo 834 del mismo Estatuto señala que contra la resolución
que rechace las excepciones propuestas procede únicamente el recurso de
reposición el cual debe interponerse ante el Jefe de División de Cobranzas dentro
del mes siguiente a su notificación; funcionario que tendrá que resolver dentro del
mes siguiente contado a partir de su interposición en debida forma. La norma es del
siguiente tenor:

«[…] ARTICULO 834. RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE LAS
EXCEPCIONES. <Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 6 de 1992. El nuevo
texto es el siguiente:> En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se
ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados.
Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el Jefe
de la División de Cobranzas, dentro del mes siguiente a su notificación, quien
tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma»
(destacado de la Sala).

67. Finalmente, el artículo 835 ejusdem, establece que son demandables ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos administrativos que fallan las
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. Señala el precepto:

«ARTÍCULO 835. INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y
ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso
de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de
dicha jurisdicción».

68. Cabe destacar que el fenómeno jurídico de la firmeza del acto administrativo
implica que la decisión de la administración se torna incuestionable en sede
administrativa, figura que a la luz del artículo 829 del Estatuto Tributario opera
cuando concurre alguno de los siguientes eventos: i) cuando contra ellos no proceda
recurso alguno; ii) cuando vencido el término para interponer los recursos, no se
hayan interpuesto o no se presenten en debida forma; iii) cuando se renuncie
expresamente a los recursos o se desista de ellos, y iv) cuando los recursos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o
de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.
Indica la norma:

«ARTICULO 829. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los
actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o
no se presenten en debida forma.

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de
restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma
definitiva, según el caso».

II.6. El caso concreto

69. Para efectos de resolver la controversia, sea lo primero poner de relieve que en
el presente proceso se encuentra demostrado lo siguiente:

70. La Coordinadora del Grupo Coactivo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, MINTIC, mediante auto No. 000089 de 12 de abril
de 201026, libró mandamiento de pago por las sumas contenidas en el Estado de
Cuenta y Cobro No. 017775 de 4 de noviembre de 2009, en contra de la empresa
Costatel S.A.

71. El día 15 de julio de 2010, mediante Oficio No. 36293127, la sociedad Costatel
S.A. propuso las siguientes excepciones: i) de inexistencia de título por
incongruencia entre el mandamiento y los actos administrativos de liquidación de la
obligación; ii) de inexistencia de firmeza de las liquidaciones de derechos Nos.
43358, 43360, 43362, 43364, 43366, todas del 20 de enero de 2006, por indebida
notificación o comunicación; iii) de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo que dio origen al mandamiento de pago para los años 2002 a 2005,
y iv) de inexistencia de título para el cobro del año 2005 por revocatoria tácita del
acto administrativo que concedió a Costatel S.A. el uso de la frecuencia.

72. Mediante la Resolución No. 000924 de 22 de diciembre de 201028, la
Coordinadora del Grupo de Cobro Coactivo del MINTIC rechazó las excepciones
propuestas por Costatel S.A. y ordenó seguir adelante con la ejecución. El ordinal
cuarto del citado acto dispuso lo siguiente: «[…] CONTRA la presente resolución

26 Folios 38 a 39 del Cuaderno 1.

27 Folios 180 a 192 del Cuaderno 1.

28 Folios 51 a 58 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

procede el recurso de REPOSICIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo
834 del Estatuto Tributario, el cual podrá interponerse dentro del mes siguiente a la
notificación del presente acto administrativo».

73. La decisión anterior fue notificada de manera personal a la sociedad Costatel
S.A. el día 14 de enero de 2011, de conformidad con la constancia visible en el
expediente29 y en la misma se hace constar que «[…] contra el mismo PROCEDE
EL RECURSO DE REPOSICIÓN, en los términos establecidos en el artículo 834
del Estatuto Tributario, el cual se podrá interponer dentro del mes siguiente a su
notificación, ante el mismo funcionario que profirió el acto».

74. El día 14 de febrero de 2011, la sociedad actora interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación, en contra de la Resolución No. 000924 de 22 de
diciembre de 201030.

75. Mediante Resolución No. 000181 de 15 de marzo de 201131, la Coordinadora
del Grupo Coactivo del MINTIC resolvió confirmar el contenido de la Resolución No.
000924 de 22 de diciembre de 2010 y ordenó seguir adelante con la ejecución.

76. La anterior decisión fue notificada de manera personal a la sociedad Costatel
S.A. el día 29 de abril de 2011, de conformidad con la constancia obrante en el
proceso32.

77. El día 6 de mayo de 2011, Costatel S.A. interpuso recurso de queja ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca33. Como sustento de su petición la actora
invocó lo dispuesto en el artículo 50 y 133 (numeral 2° y 3°) del CCA. Argumentó
que la vía gubernativa no se había agotado, en vista de que la Coordinadora de
Grupo Coactivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
omitió pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto como subsidio al de
reposición.

78. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B»
mediante auto de 4 de noviembre de 201134, resolvió rechazar el recurso de queja,
con fundamento en los siguientes argumentos:

29 Folio 175 del Cuaderno 1.

30 Folios 59 a 79 del Cuaderno 1.

31 Folios 80 a 85 y 121 a 126 del Cuaderno 1.

32 Folio 120 del Cuaderno 1.

33 Folios 86 a 98 del Cuaderno 1.

34 Folios 99 a 105 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

«[…] El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene la
facultad de ejercer la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a
su favor.

[…]

[E]l Despacho concluye que no es procedente el recurso de queja interpuesto, dado que
este se encuentra instituido para resolver sobre el rechazo del recurso de apelación,
pero en este caso no se acredita la presentación del recurso y sumado a ello, que no
es procedente la apelación de la decisión en comento.

Por lo tanto, se rechazará el recurso de queja interpuesto contra la Resolución No.
000181 del 15 de marzo de 2011, proferida por el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones».

El análisis de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho: el término se debe computar desde la notificación del auto que
resolvió el recurso de reposición contra la decisión que rechazó las
excepciones propuestas

79. Tal y como se indicó con anterioridad, el artículo 834 del Estatuto Tributario
señala que contra la resolución que rechace las excepciones propuestas contra el
mandamiento de pago procede únicamente el recurso de reposición que deberá
surtirse ante el Jefe de la División de Cobranzas, dentro del mes siguiente a su
notificación. Con todo, resulta importante aclarar que esta Corporación35 ha
precisado que «[…] el recurso de reposición contra el acto que decide las
excepciones es facultativo (artículos 834 del E.T y 50 del C.C.A.)36. Por lo tanto, no
es obligatorio para agotar la vía gubernativa, en los términos del artículo 135 del
C.C. A. También ha indicado que la presentación del recurso por fuera del término
legal equivale a no haberlo interpuesto37».

80. Así las cosas, fuerza concluir que en el presente caso el cómputo del término
de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se debe
contabilizar a partir de la notificación de la Resolución No. 000181 del 15 de marzo
de 2011, por medio de la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 000924 del 22 de diciembre
de 2010, por cuanto dicha decisión resolvió el recurso de reposición contra la
decisión que rechazó las excepciones propuestas por Costatel S.A.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 2 de agosto de2017,

radicado: AVE COLOMBIANA LTDA, demandado: DIAN, MP: Milton Chaves García.
36 (Cita es original): Entre otras providencias, ver sentencia de 28 de noviembre de 2013, exp.18528 y auto de

29 de mayo de 2014, exp 20383, ambos con ponencia de la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y auto
de 23 de marzo de 2006. expediente N° 15896. Consejera Ponente doctora María Inés Ortiz Barbosa.
37 (Cita es original): Ver sentencias de 9 de septiembre de 2004, exp 14142 C.P doctor Héctor J. Romero Díaz

y de 26 de noviembre de 2003, exp 13654, Consejera Ponente doctora. Ligia López Díaz.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

81. Descendiendo al caso en concreto, para efectos del cómputo de la caducidad
debe tomarse la fecha de notificación del acto administrativo que resolvió el recurso
de reposición contra la decisión que rechazó las excepciones propuestas, la cual -
como se indicó con anterioridad- ocurrió el día 29 de abril de 2011, de conformidad
con la constancia obrante en el proceso38. En consecuencia, el término para
presentar la demanda inició el día siguiente, esto es, el día 30 de abril de 2011 y
venció el 30 de agosto de 2011.

82. Así las cosas, al ser la demanda presentada el día 6 de junio de 201239, según
lo ratifica la constancia de recibido del Tribunal Administrativo del Magdalena, y
teniendo en cuenta que el término de caducidad no se suspendió como quiera que
la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó ante la Procuraduría 155 Judicial
II para Asuntos Administrativos el día 17 de febrero de 201240, resulta evidente que
el término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se
encontraba fenecido.

83. En esas condiciones, no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando señala
que el cómputo del término de caducidad debía contabilizarse a partir de la
notificación del auto de 4 de noviembre de 2011, en virtud del cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B» rechazó el
recurso de queja, pues está acreditado en el expediente que la administración le
informó a la sociedad Costatel S.A. que contra la decisión que rechazó las
excepciones solo procedía el recurso de reposición de conformidad con el artículo
834 del Estatuto Tributario, el cual debía interponerse dentro del mes siguiente a su
notificación ante el mismo funcionario que profirió el acto, tal y como quedó
consignado en el acápite correspondiente de esta providencia donde se relató lo
acaecido durante la actuación administrativa.

84. Nótese que las normas que establecen términos de caducidad son de orden
público, irrenunciables, inmodificables y de obligatorio cumplimiento, por lo que no
puede quedar al arbitrio de las partes elegir el momento a partir del cual debe
empezar a computarse el término para presentar en tiempo la demanda, pues esta
institución pretende evitar que las situaciones jurídicas queden indefinidas en el
tiempo, en detrimento de la seguridad jurídica como principio cardinal en nuestro
ordenamiento jurídico.

85. Por último, cabe destacar que, como bien lo consideró el a quo, la controversia
objeto de análisis en este proceso no es un asunto en el que deba agotarse la
conciliación extrajudicial. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la
solicitud de conciliación fue radicada ante la Procuraduría 155 Judicial II para

38 Folio 120 del Cuaderno 1.

39 Folio 1 del Cuaderno 1.

40 Folio 106 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Expediente No. 47001-2331-000-2012-00341-01
ACTORA: COSTATEL S.A.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC

Asuntos Administrativos el día 17 de febrero de 2012, es decir, cuando ya había
operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

86. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la sentencia de
23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual se declaró configurado el medio exceptivo de caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 23 de
octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

TERCERO: Sin condena en costas y agencias en derecho

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
P: (5)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.