RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2021-00049-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00049-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00049-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 2 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, y en su lugar: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación oficial No. 322412019000296 del 12 de septiembre de 2019 y de la Resolución Número Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020) Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S 992232020000149 del 21 de septiembre de 2020 mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial aludida” SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se determina que la obligación a cargo de la demandante por concepto de renta del año gravable 2013 corresponde a las cifras establecidas en la liquidación incorporada en esta sentencia. 2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda” 3. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00049-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

26 de marzo de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S1
Demandada: U.A.E. DIAN.

Temas: Impuesto sobre la renta. Año gravable 2013. Subcapitalización.
Deducción por salarios. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación2 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 2 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió3:
“PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.

TERCERO: Notifíquese la presente providencia en los términos previstos en el artículo 203
del CPACA, a los siguientes buzones electrónicos.”

ANTECEDENTES

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 14 de abril de 2014 la parte demandante presentó su declaración privada del
impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2013 en la que
compensó pérdidas fiscales por $878.096.00, determinó un total de impuesto a cargo
de $56.552.000 y liquidó un total saldo a pagar por $2.454.0004.

El 12 de septiembre de 2019 la parte demandada profirió la Liquidación Oficial de
Revisión 322412019000296, mediante la cual modificó la declaración enunciada
estableciendo un impuesto a cargo de $142.218.000 y una sanción por inexactitud de
$85.666.000, para un total saldo pagar de $173.786.0005.

El 18 de noviembre de 2019 la parte demandante presentó recurso de reconsideración

1
Se advierte que, según el certificado de existencia y representación legal del demandante que reposa en los antecedentes
administrativos, su denominación social es Silk Banca de Inversión S.A.S., y no Silk Banca de Inversiones S.A.S., como
erróneamente se consigna en la carátula del proceso contenida en el Samai CE índice 02.
2
Ingresó al despacho el 25 de agosto de 2023.
3
Samai Tribunal, índice 20.
4
Samai CE, índice 02, “ED_CONTESTACI_10_25000233700020210(.zip)” folio 5 del archivo denominado “830129215-
PQ201320152689 CP1”.
5
Samai CE, índice 02, “ED_CONTESTACI_10_25000233700020210(.zip)” archivo denominado “830129215-PQ201320152689
CP2”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

contra la liquidación oficial enunciada de forma previa.6 Sin embargo, el 21 de
septiembre de 2020 la DIAN expidió la resolución 992232020000149 por medio de la
cual confirmó en su totalidad el acto recurrido7.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo -CPACA-, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones8:

“1.Que se declare la Nulidad total de la Liquidación oficial No. 322412019000296 del 12
de septiembre de 2019.

2. Que se declare la Nulidad total de la Resolución Número 992232020000149 del 21 de
septiembre de 2020 mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración.

3. A título de restablecimiento del derecho se tengan como válidas y en firme las
declaraciones del impuesto sobre la renta presentada por SILK BANCA DE INVERSION
SAS, correspondientes al periodo gravable del 2013.

4.A título de restablecimiento del Derecho, se declare la improcedencia de la sanción por
inexactitud impuesta por Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN.

5. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados, se ordene el archivo del expediente seguido en contra de SILK BANCA DE
INVERSION SAS, por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN.

6. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare que mi representada
no adeuda suma alguna ni por concepto de impuesto sobre la renta, ni por sanción de
inexactitud, ni por intereses moratorios correspondiente en la citada vigencia fiscal.

7. Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN a pagar las costas
del presente proceso. Igualmente, solicitamos no se condene a la demandante a agencias
en derecho ni costas procesales”

Invocó como normas vulneradas los artículos 2, 29, 209 y 363 de la Constitución
Política y 108, 118-1, 647 y 745 del Estatuto Tributario;

Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y en
la contestación9 se ejerció el derecho de contradicción así:

Primer cargo: Falsa motivación – procedencia de las expensas registradas en el
renglón 55 – otras deducciones (Cuantía $258.317.000- adición a la base
gravable)

1. Argumentos de la demanda: La parte demandante manifestó que la DIAN incurrió
en falsa motivación al aplicar la regla de subcapitalización vigente al año gravable
2013, la cual fue modificada con la entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018, que
limitaba la deducción en el impuesto sobre la renta de intereses de préstamos
contraídos con terceros, en lugar de aplicar la regla de subcapitalización prevista en el

6
Samai CE, índice 02, “ED_CONTESTACI_10_25000233700020210(.zip)” archivo denominado “830129215-PQ201320152689
CP2” folios 425 a 431
7
Samai CE, índice 02, “ED_CONTESTACI_10_25000233700020210(.zip)” archivo denominado “830129215-PQ201320152689
CP2” folios 442 a 451
8
Samai Tribunal, índice 2, “Se crea expediente digital con acta de reparto”
9 Samai CE, índice 02, “ED_CONTESTACI_10_25000233700020210(.zip)” archivo denominado “CONTESTACIÓN

DEMANDA”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

artículo 118-1 del ET, vigente para la fecha de expedición del requerimiento especial,
que limitaba la deducción de intereses por prestamos contraídos solamente con
vinculados económicos.

Señaló que, al aplicar una disposición derogada, la DIAN desconoció los principios
generales del derecho penal, aplicables al derecho administrativo sancionatorio,
porque aplicó ultractivamente una norma sancionatoria derogada, vulnerando así el
principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Agregó que los intereses pagados por el crédito adquirido con un tercero cumplían los
requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el artículo 107 del
ET, por cuanto correspondían a un endeudamiento destinado al apalancamiento
financiero de su operación.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda: La
entidad accionada10 indicó que el rechazo de la deducción por valor de $258.317.000,
correspondiente a intereses pagados por créditos obtenidos de terceros, obedeció a la
aplicación del artículo 118-1 del ET vigente para el año gravable 2013. Explicó que
dicha norma solo autorizaba la deducción de intereses originados en créditos cuyo
monto total promedio no excediera el resultado de multiplicar por tres el patrimonio
líquido del contribuyente existente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Añadió que, dado que al cierre del año gravable 2012 el contribuyente registró un
patrimonio líquido igual a cero los intereses cuya deducción se cuestiona no podían
detraerse de la base gravable del impuesto sobre la renta.

Afirmó que, contrario a lo sostenido por la parte demandante, el artículo 118-1 del ET
no tiene naturaleza sancionatoria, pues no tipifica una conducta reprochable ni asigna
una sanción. Sostuvo que dicha disposición solo establece las condiciones que las
expensas por intereses deben cumplir para ser deducidas del impuesto sobre la renta.

Finalmente, señaló que las modificaciones introducidas por la Ley 1943 de 2018 al
artículo 118-1 del ET no resultan aplicables a hechos ocurridos en el año gravable
2013, por cuanto la nueva versión de esa disposición no se encontraba vigente para
esa época, de manera que su aplicación a hechos ocurridos antes de su vigencia iría
en contra del artículo 363 de la Constitución Política que proscribe la retroactividad de
las normas tributarias.

Segundo cargo: objeción al rechazo de los gastos operacionales registrados en
renglón 52. (cuantía $84.347.000- adición a la base gravable).

1. Argumentos de la demanda: La parte demandante manifestó que a lo largo de la
sede administrativa suministró a la DIAN los comprobantes de pago de los aportes a
seguridad social y parafiscales efectuados durante el año gravable 2013, los cuales
constituyen plena prueba del cumplimiento de los requisitos para la deducción por
salarios de que trata el artículo 108 del ET.

Agregó que a la fecha de la presentación de la demanda no le había sido notificado
ningún requerimiento de alguna entidad sobre irregularidades en el pago de los aportes
parafiscales y a la seguridad social y que la demandada no puede desconocer los
pagos de los referidos aportes basada en cálculos internos.

10
Samai CE, índice 02, “ED_CONTESTACI_10_25000233700020210(.zip)” archivo denominado “CONTESTACIÓN
DEMANDA”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda: La
entidad accionada señaló que rechazó los gastos por salarios porque la demandante
no acreditó el pago de los aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social
sobre la totalidad de los pagos salariales registrados en el balance de prueba.

Manifestó que para la deducción por salarios el artículo 108 del ET exige estar a paz
y salvo por los mencionados aportes, de manera que le correspondía a la demandante
aportar una certificación paz y salvo de las entidades recaudadoras que diera cuenta
que no adeudaba aportes correspondientes al año 2013. Señaló que el simple hecho
de que la accionante afirme que no ha recibido ningún requerimiento por parte de los
entes de control sobre el pago de los aportes no es prueba suficiente de haber
cumplido en debida forma con la obligación a su cargo.

Tercer cargo: Firmeza de la declaración

1. Argumentos de la demanda: La parte demandante solicitó que, de conformidad
con el artículo 714 del ET, se reconociera la firmeza de su declaración privada del
impuesto sobre la renta del año gravable 2013.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda. La
entidad demandada afirmó la declaración de renta presentada por el contribuyente no
se encontraba en firme dado que en ella se compensaron pérdidas fiscales, motivo por
el cual no resultaba aplicable el término de firmeza de dos años señalado en el artículo
714 del ET, sino el plazo de cinco años previsto en el artículo 147 ibidem, dentro del
cual notificó el requerimiento especial.

Cuarto cargo: improcedencia de la sanción por inexactitud (cuantía $85.666.000).

1. Argumentos de la demanda: El contribuyente manifestó que, en lo que se refiere
a la imposición de la sanción por inexactitud, los actos administrativos demandados se
expidieron con violación a las normas en que deberían fundarse y con falsa motivación.

Señaló que no se configuraron los presupuestos previstos en el artículo 647 del ET
que dan lugar a la sanción por inexactitud porque los hechos y cifras consignados en
su declaración son completos y verdaderos. Precisó que los valores por salarios,
intereses con entidades de crédito y pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad
social son reales y fueron incluidos en su declaración de renta con plena observancia
de la normativa tributaria y contable, por lo que no existe ánimo defraudatorio.

Afirmó que, en virtud del derecho al debido proceso en materia tributaria, no pueden
imponerse sanciones con base en criterios de responsabilidad objetiva, motivo por el
cual la Administración debió valorar la antijuridicidad del hecho, la imputabilidad de la
conducta y demostrar que el contribuyente actuó con la intención de defraudar el fisco,
lo cual no ocurrió.

Señaló que, en el caso concreto, no se configuró inexactitud sancionable porque el
rechazo de las expensas y, por lo tanto, el mayor impuesto a pagar, obedeció a una
diferencia de criterios con la Administración de Impuestos respecto a la aplicación en
el tiempo del artículo 118-1 del ET, modificado por la Ley 1943 de 2018, y a la
idoneidad de las pruebas que soportan el cumplimiento de la obligación de estar a paz
y salvo con los aportes parafiscales y a la seguridad social para la deducción por
salarios en los términos del artículo 108 del ET.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda.
Por su parte, la DIAN manifestó que procede la sanción por inexactitud porque se
demostró que la parte demandante declaró voluntariamente expensas improcedentes
que generaron un menor impuesto a pagar y un saldo a favor, de manera que se
cumplieron los presupuestos establecidos en el artículo 647 del ET para la imposición
de la sanción.

Señaló que en el caso concreto no se presentó una diferencia de criterios que eximiera
al contribuyente de la imposición de la sanción porque la parte demandante interpretó
de manera equivocada las normas aplicables, lo que le permitió liquidar un menor
impuesto a cargo y afectar el recaudo nacional.

Quinto cargo: prescripción de la acción de cobro.

1. Argumentos de la demanda. La demandante solicitó la prescripción de la acción
de cobro de las obligaciones determinadas por la DIAN con la expedición de los actos
administrativos. Sostuvo que, en vista de que presentó su declaración de renta el 14
de abril de 2014, la misma quedó en firme el 14 de abril de 2019, motivo por el cual la
facultad de cobro de la DIAN prescribió.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda. Por
su parte, la DIAN no se pronunció al respecto.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE.

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas11 A su
turno, la parte demandante formuló recurso de apelación12. Los motivos del fallo
impugnado y los argumentos de la alzada son los siguientes:

Primer cargo: Falsa motivación – procedencia de las expensas registradas en el
renglón 55 – otras deducciones (Cuantía $258.317.000- adición a la base
gravable)

1. Fundamento del fallo de primera instancia: El Tribunal señaló que el demandante
incurrió en un error al pretender aplicar el artículo 118-1 del ET reformado por la Ley
1943 de 2018, toda vez que esa versión entró en vigor con posterioridad a la causación
del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 y el legislador no dispuso una
cláusula de retroactividad para esa norma.

Indicó que no le asistía razón al demandante al afirmar que el artículo 118-1,
modificado por la Ley 1943 de 2018, resulta aplicable al caso concreto en virtud del
principio de favorabilidad, porque dicha disposición regula las condiciones para
acceder al beneficio de la deducción de intereses y, en consecuencia, no se trata de
una norma de naturaleza sancionatoria que pueda ser aplicada de manera retroactiva
en virtud del aludido principio.

2. Fundamento de la apelación formulada por la parte demandante. Sostuvo que,
según la jurisprudencia constitucional13, el principio de irretroactividad admite
excepciones cuando la norma posterior incorpora medidas favorables para el
11
Samai Tribunal, índice 20
12
Samai Tribunal, índice 23
13
Corte Constitucional. Sentencia C-527 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía y C-878 de 201, M.P Juan Carlos Henao.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

contribuyente. Señaló que la modificación introducida por el artículo 55 de la Ley 1943
de 2018 al artículo 118-1 del ET tiene carácter garantista pues limita la restricción a la
deducción de intereses únicamente a los créditos contratados con vinculados
económicos, a diferencia del régimen anterior que comprendía también los créditos
obtenidos con terceros. Indicó que dicha reforma buscó precisar el alcance de la regla
de subcapitalización, circunscribiéndola a operaciones entre vinculados.

Precisó que era procedente la aplicación inmediata de las normas favorables al
contribuyente, motivo por el cual estimó aplicable al caso concreto el artículo 118-1 del
ET, modificado por la Ley 1943 de 2018.

Manifestó que los jueces y la administración tributaria deben observar los principios
del derecho penal que regían la imposición de sanciones administrativas, en particular
el principio de nulla poena sine praevia lege.

Segundo cargo: objeción al rechazo de los gastos operacionales registrados en
renglón 52. (cuantía $84.347.000- adición a la base gravable).

1. Fundamento del fallo de primera instancia: Manifestó que el artículo 108 del ET
exige que el pago de los aportes al sistema de seguridad social y a los parafiscales se
acredite a través de un paz y salvo expedido por las entidades recaudadoras y que la
ley no prevé un medio de prueba distinto para demostrar el cumplimiento efectivo de
dicha obligación. Sostuvo que la demandante tenía la carga de acreditar el pago de
los aportes como presupuesto para la procedencia de la deducción de las expensas
por salarios, carga que no fue satisfecha porque no allegó el mencionado paz y salvo.
Dada la ausencia del paz y salvo el Tribunal negó el cargo.

2. Fundamento de la apelación formulada por la parte demandante: Señaló que,
en contraste con lo afirmado por el Tribunal, el artículo 108 del ET no establece que el
“paz y salvo” expedido por las entidades recaudadoras sea el único documento idóneo
para demostrar el pago de los aportes parafiscales y a la seguridad social. Sostuvo
que, a partir de una interpretación literal de la citada disposición, se desprende que,
para la procedencia de la deducción por salarios, el contribuyente debe encontrarse a
paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y que los recibos expedidos por las
entidades recaudadoras constituyen prueba suficiente del pago de dichos aportes. En
ese sentido, la norma no impone la obligación de acreditar el pago mediante un
certificado formal de paz y salvo expedido por las mencionadas entidades.

Manifestó que acreditó el cumplimiento de los requisitos legales y probatorios para la
procedencia de la deducción de los pagos por salarios con la copia de los
comprobantes de pago de los aportes parafiscales y a la Seguridad Social
correspondientes a los doce meses del año gravable 2013, satisfaciendo así la carga
de probar los aspectos que aminoran su base imponible.

Tercer cargo: Firmeza de la declaración.

1. Fundamento del fallo de primera instancia: El Tribunal afirmó que la declaración
de renta objeto de modificación oficial por parte de la DIAN no se encontraba en firme,
toda vez que, al haberse compensado pérdidas fiscales, no resultaba aplicable la regla
general de firmeza de dos años prevista en el artículo 714 del ET, sino el término
especial de cinco establecido en el artículo 147 ibidem, plazo dentro del cual la
Administración notificó el requerimiento especial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

2. Fundamento de la apelación formulada por la parte demandante: La parte
demandante no formuló reproche alguno a las consideraciones del Tribunal sobre la
ausencia de firmeza de su declaración de renta.

Cuarto cargo: improcedencia de la sanción por inexactitud (cuantía $85.666.000)

1. Fundamento del fallo de primera instancia: Precisó que para la exoneración de
la imposición de la sanción por inexactitud, por mediar una diferencia de criterios, el
contribuyente debe argumentar con suficiencia las razones que lo llevaron a una
interpretación errada o diferente de la norma aplicable.

Sostuvo que la parte demandante no aportó razones o pruebas que permiten inferir los
motivos por los cuales se presentó una diferencia de criterios en la aplicación del
artículo 118-1 del ET, ni justificó adecuadamente la omisión en la presentación del paz
y salvo exigido por el artículo 108 ibidem para demostrar el pago de los aportes
parafiscales y a la Seguridad Social. En consecuencia, se confirmó la procedencia de
la sanción impuesta.

2. Fundamento de la apelación formulada por la parte demandante: Manifestó que
el a quo solo estudió el cargo relacionado con la improcedencia de la sanción por
inexactitud por diferencia de criterios, pero no analizó los encaminados a controvertir
la imposición de la sanción, lo cual constituyó una la vulneración de su derecho al
debido proceso.

Señaló que no se configuraron los elementos necesarios para imposición de la sanción
por inexactitud, por cuanto las expensas rechazadas por la administración eran reales
y exactas. Indicó que los actos administrativos están viciados de nulidad, pues la
conducta que llevó a la DIAN a la imposición de la sanción fue la “improcedencia” de
las deducciones, actuación que no se encuentra prevista como sancionable en el
artículo 647 del ET, lo que no es equiparable a una “inexistencia” o “inexactitud”.

Sostuvo que la administración impuso la sanción con base en un criterio de
responsabilidad objetiva, lo cual está proscrito en el ordenamiento jurídico colombiano.
Afirmó que la sanción por inexactitud solo procede cuando el contribuyente actúa de
manera fraudulenta, lo cual no ocurrió en el caso concreto porque siempre observó el
régimen tributario aplicable. Precisó que, dada la naturaleza subjetiva de la sanción
prevista en el artículo 647 del ET, para su imposición la DIAN debía probar la
antijuridicidad del hecho y la imputabilidad de la conducta, lo cual no ocurrió.

Afirmó que acreditó que se presentó una diferencia de criterios con la Administración
que la exime de la imposición de la sanción por inexactitud, porque la divergencia se
originó en la valoración de la idoneidad de los documentos presentados para
demostrar la procedencia de las deducciones rechazadas por la DIAN. Precisó que los
fundamentos jurídicos que avalan la detracción de las expensas de la base gravable
de su impuesto sobre la renta son sólidos y tienen pleno respaldo en las pruebas
aportadas y en el ordenamiento jurídico vigente al momento de los hechos.

Quinto cargo: prescripción de la acción de cobro.

1. Fundamentos del fallo de primera instancia: Sostuvo que en el caso concreto no
operó la prescripción de la acción de cobro porque no se acreditaron ninguno de los
supuestos establecidos para el efecto en los artículos 817 y 818 del ET, motivo por el
cual declaró la improcedencia del cargo de nulidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

2. Fundamentos de la apelación formulada por la parte demandante: La apelante
no se refirió a los argumentos expuesto por el Tribunal sobre la desestimación del
cargo relacionado con la prescripción de la acción de cobro.

Pronunciamientos finales.

La parte demandada y el Ministerio Público no se pronunciaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el consejero Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso14.

Mediante el Auto del 12 de febrero de 202615 se declaró fundando el impedimento y
se le separó del conocimiento del presente proceso.

PROBLEMAS JURÍDICOS

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala resolver los
siguientes problemas jurídicos:

(i) Determinar si las modificaciones introducidas al artículo 118-1 del ET pueden
aplicarse a situaciones consolidadas con anterioridad a su vigencia, con fundamento
en el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política
y, de ser así, determinar si los actos administrativos fueron expedidos con falsa
motivación y desconocimiento de las normas en que debía fundarse.

(ii) Establecer si, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del ET, la acreditación del
pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social está sometida a una
tarifa legal probatoria que se satisface únicamente con el certificado de paz y salvo
expedido por las entidades recaudadora

(iii) Corroborar la procedencia de imposición de la sanción por inexactitud o si se
concretó el eximente de la diferencia de criterios.

Primer cargo: Falsa motivación – procedencia de las expensas registradas en el
renglón 55 – otras deducciones (Cuantía $258.317.000- adición a la base
gravable)

La accionante sostiene que los actos administrativos demandados están viciados de
nulidad porque fueron expedidos con falsa motivación y con desconocimiento de las
normas en que debía fundarse, dado que la DIAN rechazó los gastos por intereses con
fundamento en la versión del artículo 118-1 del ET vigente antes de la modificación
realizada por la Ley 1943 de 2018. A su juicio, la Administración desconoció que el
principio de irretroactividad de las leyes tributarias no es absoluto por cuanto encuentra
una excepción cuando una norma posterior de carácter sancionatorio, como lo es el
artículo en comentario, contiene un tratamiento más favorable para el contribuyente
14
Samai CE, índice 15.
15
Samai CE, índice 21.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

que la disposición anterior.

Sea lo primero advertir que el inciso tercero del artículo 338 de la Constitución Política
establece que “(…) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en
las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado,
no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la
vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”, lo cual se acompasa con el
principio de irretroactividad de aplicación de las disposiciones tributarias previsto en el
artículo 363, ibidem.

Si bien es cierto, como lo sostiene la parte demandante, que la Corte Constitucional
en sentencia C-527 de 199616 manifestó que el principio de irretroactividad en materia
tributaria admite excepciones cuando la norma posterior resulta más favorable al
contribuyente, también lo es que la Sala, en sentencia del 27 de junio de 20191718, se
apartó de esa tesis y precisó que el principio de favorabilidad se encuentra restringido
al ámbito sancionatorio y por lo cual no resulta extensible a disposiciones que
modifiquen de manera beneficiosa elementos esenciales de los tributos de período. En
dicha oportunidad la Sección Cuarta señaló lo siguiente:
En efecto, la única circunstancia para la que se prevé la «favorabilidad» o «retroactividad
in bonus» es la consagrada en el artículo 29 constitucional, por medio del cual se fijan los
criterios de aplicación de las normas en las cuales el Estado ejerce el ius puniendi. En ese
ámbito, la prohibición estricta de retroactividad obedece a las exigencias propias del
principio de legalidad (lex praevia, scripta y stricta) como garantía de seguridad jurídica y
materialización del principio de culpabilidad, en la medida en que no es posible justificar la
infracción atribuida al sujeto, si no existe la ley que le otorga tal connotación a la conducta.

Sin perjuicio de lo anterior, simultáneamente se dispone de manera expresa en la norma
constitucional que «la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable». El fundamento de esa «favorabilidad» o
«retroactividad in bonus» está ligado a los fines que justifican la imposición de sanciones
o penas. No se trata de una regla contemplada para resolver conflictos relacionados con
la eficacia temporal de dos normas respecto de las cuales se encuentra plenamente
definido el momento de inicio de su vigencia, sino de una regla de valoración sobre el
reproche atribuible a una conducta cuando la ley que establecía su desvalor para la época
en que fue realizada cede por cuenta de una posterior decisión legislativa que disminuye
o elimina por completo el reproche punitivo que se le venía otorgando a la acción

(…)

“Así las cosas, ni de la Constitución, ni de la ley, ni de la jurisprudencia vigente, surge el
principio de favorabilidad como un mandato que imponga la forzosa aplicación inmediata
de las normas que modifiquen de manera beneficiosa los elementos de los tributos de
periodo. Por esa razón, no entraña ninguna ilegalidad el acto acusado pues, tanto en la
tesis que como en el análisis jurídico que realiza, deja claro que en el ámbito tributario la
favorabilidad» no representa un precepto que habilite al destinatario de la norma a plantear
la aplicación de la disposición novedosa antes de que inicie su vigencia, a partir de
ejercicios interpretativos sobre el favor o desfavor que conlleva.”

En ese contexto, tratándose de tributos de periodo, como el impuesto sobre la renta,
cuyo hecho generador se configura al cierre del ejercicio fiscal, esto es, el 31 de
diciembre de cada año, las disposiciones que modifiquen, aún de manera beneficiosa,
los elementos estructurales del tributo solo pueden aplicarse a partir del periodo fiscal
16
Corte Constitucional. Sentencias C-527 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 27 de junio de 2019 (radicado
interno 22421) C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
18
En sentencia 22392 del 23 de noviembre de 2018, C.P Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sala también señaló que el
principio de favorabilidad no resulta aplicable en materia tributaria por cuanto dicho principio solo se aplica en materia
sancionatoria.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

siguiente al inicio de la vigencia de la respectiva ley.

En esa medida, el principio de favorabilidad no puede ser invocado por los
contribuyentes para sustraerse de las consecuencias jurídicas derivadas del
incumplimiento de la normativa vigente al momento en que se consolidaron los hechos
económicos gravados, verbigracia las disposiciones que establecen los requisitos para
la procedencia de una deducción en el impuesto sobre la renta.

En el caso concreto, el artículo 118-1 del ET, adicionado por la Ley 1607 de 2012,
vigente para la época de los hechos objeto de controversia, señalaba lo siguiente:

“Artículo 118-1. Subcapitalización. Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones
consagrados en este Estatuto para la procedencia de la deducción de los gastos por
concepto de intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
sólo podrán deducir los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo monto total
promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar
por tres (3) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año
gravable inmediatamente anterior.

En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la proporción de los gastos
por concepto de intereses que exceda el límite a que se refiere este artículo.

PARÁGRAFO 1o. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de la
proporción a la que se refiere este artículo son las deudas que generen intereses (…)”

La norma transcrita establecía que los contribuyentes solo podían deducir los intereses
derivados de deudas cuyo monto total promedio, durante el respectivo año gravable,
no excediera tres veces su patrimonio líquido determinado al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior. En consecuencia, la fracción de los intereses que superara
dicho límite resultaba no deducible.

La disposición comentada se encontraba vigente al 31 de diciembre del 2013,
momento en el cual se consolidaron los hechos económicos que debían ser tenidos
en cuenta por el contribuyente para determinar el impuesto sobre la renta a su cargo
por el año gravable 2013, de manera que era esa versión del artículo 118-1 del ET, y
no otra, la que debió ser aplicar para determinar la deducibilidad de intereses pagados
y que fueron objeto de rechazo por parte de la DIAN.

En el expediente obran los estados financieros certificados y dictaminados de la
sociedad, con corte al 31 de diciembre de 2012 con cifras comparativas frente al año
anterior, así como el certificado del revisor fiscal19 y la declaración de renta
correspondiente al año gravable 2012 que prueban que, al 31 de diciembre de 2012,
el patrimonio líquido de la actora fue de cero ($0).

A partir de lo anterior, y aplicando el límite previsto en el citado artículo 118-1 del ET,
esto es, multiplicar por tres el patrimonio líquido determinado al cierre del ejercicio
anterior, se obtiene que el monto máximo deducible por concepto de intereses en
deudas contraídas con terceros era $0. En consecuencia, los valores pagados por la
demandante a título de intereses durante el año gravable 2013 no podían ser
deducidos del impuesto sobre la renta de dicho periodo gravable.

En relación con la alegada inobservancia, por parte de la DIAN y del Tribunal, de los
principios que rigen el derecho penal y que resultan aplicables al derecho
19
Samai. Índice 2. “ED_CONTESTACI_11_25000233700020210(.zip) NroActua 2” Folio 136 del archivo denominado
“830129215-PQ201320152689 CP1” que contiene los antecedentes administrativos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

administrativo sancionador, la Sala advierte que la disposición objeto de controversia
corresponde a una norma de naturaleza sustancial, en cuanto regula uno de los
elementos estructurales del tributo, esto es, la base gravable. En ese sentido, dicha
disposición no tiene carácter sancionatorio, pues no tipifica conductas reprochables ni
impone consecuencias punitivas, sino que incide directamente en la determinación del
impuesto a cargo.

En consecuencia, no puede calificarse como desfavorable una norma fiscal que, por
su propia naturaleza, se orienta a la correcta determinación de la obligación tributaria,
la cual encuentra fundamento en el deber constitucional de contribuir al financiamiento
de las cargas públicas y se dirige a la realización del interés general. Por ende, el
principio de favorabilidad que se reclama no tiene aplicación.

En vista de lo anterior, no se encuentra probado que los actos administrativos
censurados hayan sido expedidos con falsa motivación y desconocimiento de las
normas en que debían fundarse, de manera que el cargo no prospera.

Segundo cargo: objeción al rechazo de los gastos operacionales registrados en
renglón 52. (cuantía $84.347.00020- adición a la base gravable).

En este aspecto la discusión se centra en determinar si el artículo 108 del ET establece
una tarifa legal probatoria para demostrar estar a paz y salvo por los aportes
parafiscales y al sistema general de seguridad social y, en caso de que la respuesta
sea negativa, determinar si en efecto el contribuyente pagó la totalidad de los aportes
para la procedencia de la deducción por salarios.

Sea lo primero advertir que, en el caso concreto, los actos administrativos demandados
no rechazaron la totalidad de la deducción por pagos laborales efectuada por el
contribuyente durante el año gravable 2013, sino que el reparo se limitó a una porción
de dichas erogaciones. En particular, la Administración cuestionó, de una parte, (i) la
deducción de salarios que, en su criterio, no estuvo respaldada por el pago total de los
aportes a la caja de compensación familiar a cargo del empleador, rechazo que
ascendió a $48.694.000; y, de otra, (ii) la diferencia existente entre los aportes
parafiscales y al sistema de seguridad social efectivamente pagados y aquellos que
fueron objeto de deducción en la declaración del impuesto sobre la renta, la cual
asciende a $16.518.000.

Sobre esta materia, el artículo 108 del ET establece requisitos especiales para la
deducción en el impuesto sobre la renta de las expensas por salario:

“ARTÍCULO 108. Los aportes parafiscales son requisito para la deducción de
salarios. Para aceptar la deducción por salarios, los patronos obligados a pagar subsidio
familiar y a hacer aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, al Instituto de
Seguros Sociales - ISS, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, deben estar
a paz y salvo por tales conceptos por el respectivo año o período gravable, para lo cual,
los recibos expedidos por las entidades recaudadoras constituirán prueba de tales aportes.

Inciso 2. Adicionado. Ley 223/1995, Art. 83. Los empleadores deberán además demostrar
que están a paz y salvo en relación con el pago de los aportes obligatorios previstos en la
Ley 100 de 1993.
Adicionalmente, para aceptar la deducción de los pagos correspondientes a descansos
remunerados es necesario estar a paz y salvo en el SENA y las cajas de compensación
familiar.

20
Se advierte que el valor total de la rechazo efectuado por la DIAN es de $84.347.000; sin embargo, el contribuytente solo
controvirtió la suma de $65.212.055, motivo por el cual en esta providencia no se hará referencia a los restantes $19.134.674.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

PARÁGRAFO 1. Para que sean deducibles los pagos efectuados por los empleadores
cuyas actividades sean la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la minería, la
avicultura o la apicultura, a que se refiere el artículo 69 de la Ley 21 de 1982, por concepto
de salarios, subsidio familiar, aportes para el SENA, calzado y overoles para los
trabajadores, es necesario que el contribuyente acredite haber consignado oportunamente
los aportes ordenados por la citada ley.

PARÁGRAFO 2. Adicionado. Ley 1393/2010, Art. 27. Para efectos de la deducción por
salarios de que trata el presente artículo se entenderá que tales aportes parafiscales deben
efectuarse de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Igualmente, para la
procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante
deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social
que le corresponden al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento que se
expida por el Gobierno nacional. Lo anterior aplicará igualmente para el cumplimiento de
la obligación de retener cuando ésta proceda.

PARÁGRAFO 3. Adicionado. Ley 1607/2012, Art. 34. Las sociedades y personas jurídicas
y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios,
no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de que trata este artículo por los
salarios pagados cuyo monto no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”

Como se observa, la disposición transcrita establece como requisito sine qua non para
la procedencia de la deducción por salarios que el empleador se encuentre a paz y
salvo por los aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social. Sin
embargo, el referido artículo no señala una tarifa legal probatoria orientada a exigir un
único medio de prueba para acreditar tal circunstancia, verbigracia un certificado de
paz y salvo. Por el contrario, el inciso primero prevé expresamente que los recibos
expedidos por las entidades recaudadoras constituyen prueba del pago de los aportes,
lo cual no excluye que la realización efectiva de los aportes pueda ser probada a través
de otros medios de prueba idóneos.

En ese mismo sentido, esta Sección21 ha reafirmado que el artículo 108 del ET no
consagra una tarifa legal probatoria destinada a exigir un único documento para
acreditar el pago de los aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social,
de manera que la ausencia de certificados de paz y salvo no constituye, por sí sola, un
motivo suficiente para desconocer la deducción por salarios cuando el contribuyente
demuestre, a través de otros medios de prueba idóneos, que efectuó el pago de los
aportes a su cargo:

“El artículo 108 del Estatuto Tributario dispone que los salarios son deducibles si se
acredita el pago de aportes a salud y parafiscales (aportes al subsidio familiar, SENA, ISS
e I.C.B.F.), para lo cual el contribuyente debe estar a paz y salvo por tales conceptos en
el año gravable que corresponda, por tratarse de un requisito sine qua non de la deducción.
(…).
En relación con la prueba del pago de los conceptos aludidos, la Sala reitera que, «en la
medida en que se prueben los pagos a la seguridad social y a las entidades beneficiarias
de los aportes parafiscales, así sea parcialmente, procede el reconocimiento de la
deducción por salarios en forma proporcional a lo que se acredite según los porcentajes
de las cotizaciones, y no hay lugar a su desconocimiento total por falta de los certificados
de “paz y salvo” de las entidades beneficiarias, pues además de que la Ley no consagra
una tarifa legal de prueba, existen otros documentos, como las planillas de aportes o los
recibos que expiden las entidades respectivas, suficientes para acreditar el pago de los
aportes parafiscales”

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias del 12 de marzo de 2009, Exp. 16057,
C.P. Héctor J. Romero Díaz; del 4 de marzo de 2010, expediente 17074, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 12 de
diciembre de 2014, Exp. 19167, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 18 de abril de 2024, Exp 26176, C.P. Milton Chaves
García.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

Así las cosas, le asiste razón a la parte demandante en cuanto a que el certificado de
paz y salvo no constituye el único medio de prueba idóneo para acreditar el pago
efectivo de los aportes requeridos para la procedencia de la deducción por salarios.
Sin embargo, dicha circunstancia no resulta suficiente, por sí sola, para declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados, pues, como se precisó, la ausencia
de ese certificado no fue el motivo exclusivo del rechazo parcial de la deducción, sino
que tal reparo obedeció a que, a juicio de la Administración (i) los pagos efectuados
por el contribuyente no correspondían a la totalidad de los aportes que debía realizar
según el importe de los salarios llevados como deducibles en el impuesto sobre la
renta y, ii) un porcentaje de los aportes deducidos es inferior al valor que efectivamente
pagó por dichos conceptos el contribuyente.

Respecto del primer reparo formulado en los actos demandados —pago incompleto—
, la Administración Tributaria consideró que el contribuyente incurrió en un menor pago
de aportes a la caja de compensación familiar por valor de $1.947.766, al estimar que
dichos aportes no se liquidaron sobre la totalidad de los salarios pagados durante el
año gravable 2013, según los registros contables.

Para tal efecto, determinó como ingreso base de cotización —IBC— la suma de
$548.326.657, valor que obtuvo de adicionar los siguientes rubros consignados en los
registros contables de la compañía22: (i) $168.000.000, correspondiente al 70% del
“salario integral”; (ii) $355.505.109, por concepto de “sueldos”; y (iii) $24.821.548, por
concepto de vacaciones.

Sobre dicha base aplicó la tarifa del cuatro por ciento (4%) correspondiente al aporte
a la caja de compensación familiar, lo que arrojó un aporte teórico de $21.933.066.
Este valor fue confrontado con el monto que, según certificación del revisor fiscal 23,
efectivamente pagó la demandante ($19.985.300), estableciéndose una diferencia de
$1.947.766.

A partir de esa diferencia, la DIAN determinó su equivalente salarial dividiendo el valor
del aporte faltante ($1.947.766) entre la tarifa del 4 %, operación que dio como
resultado la suma de $48.694.157, importe cuya deducción consideró improcedente,
por estimar que respecto de ese monto no se acreditó el pago del aporte a la caja de
compensación familiar. En el requerimiento especial se evidencia la operación
aritmética efectuada por la Administración:24

22
Samai. Índice 2. “ED_CONTESTACI_11_25000233700020210(.zip) NroActua 2” Folios 47 del archivo denominado
“830129215-PQ201320152689 CP1” que contiene los antecedentes administrativos.
23
Samai. Índice 2. “ED_CONTESTACI_11_25000233700020210(.zip) NroActua 2” Folios 273 y 274 del archivo denominado
“830129215-PQ201320152689 CP1” que contiene los antecedentes administrativos.
24
Samai. Índice 2. “ED_CONTESTACI_11_25000233700020210(.zip) NroActua 2” Página 203 del archivo denominado
“830129215-PQ201320152689 CP2” que contiene los antecedentes administrativos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

Frente a dicho proceder, la parte actora señaló que, conforme lo acreditaban los
comprobantes de pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social y de los
aportes parafiscales aportados al expediente, se encontraba a paz y salvo por tales
conceptos, razón por la cual no le era dable a la demandada desconocer la deducción
por salarios con fundamento en cálculos internos, sin considerar los soportes de pago
allegados durante la actuación administrativa.

Así las cosas, para determinar la legalidad de los actos administrativos demandados,
en lo que se refiere al primer reparo de la DIAN, le corresponde a la Sala verificar si
en efecto le asiste razón a la Administración en su rechazo parcial de la deducción por
salarios, o si por el contrario los soportes de pago de los aportes a la seguridad social
y a los parafiscales allegados por el demandante en sede administrativa dan cuenta
de la liquidación y pago de la totalidad de los aportes que se encontraba obligado a
efectuar el contribuyente.

En cuanto a la metodología empleada por la demandada para determinar el ingreso
base de cotización —IBC—, la Sala observa que la Administración no tuvo en cuenta
la totalidad de los rubros que, conforme a la normativa aplicable, integran dicho ingreso
y que, además, reposan en la contabilidad de la compañía. La exclusión de los
conceptos no conduce, por sí sola, a tener por demostrado que el contribuyente
cumplió íntegramente con sus obligaciones; sin embargo, sí incide de manera
relevante en la consistencia técnica del cálculo efectuado por la Administración, en
tanto impide que la base utilizada refleje de manera integral los factores salariales que
debían ser considerados para establecer el monto real de los aportes a cargo del
empleador. En esa medida, el ejercicio realizado por la DIAN carece del rigor necesario
para sustentar el rechazo parcial de la deducción por salarios.

La DIAN se limitó a realizar una operación aritmética a partir de cifras globales
registradas en la contabilidad y en la certificación del revisor fiscal, sin discriminar los
factores salariales y no salariales ni verificar su incidencia individual en la
determinación de los aportes.

Conviene precisar, además, que la demandada no es la autoridad competente para
determinar, en sede propia, la correcta liquidación de los aportes parafiscales y al
sistema de seguridad social a cargo del contribuyente, pues dichas funciones de
determinación han sido atribuidas por la ley a entidades especializadas en esa materia.

En el ámbito estrictamente tributario, la DIAN se encuentra facultada para verificar el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 108 del Estatuto Tributario para
la procedencia de la deducción por salarios; no obstante, esa competencia no se
extiende a sustituir a las autoridades encargadas del control y determinación técnica
de los aportes ni a redefinir su cantidad mediante una reconstrucción abstracta del
ingreso base de cotización.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

En ese contexto, al advertirse que la Administración no evaluó las particularidades
contractuales relevantes para la correcta liquidación de los aportes, la Sala concluye
que el primer reparo formulado en los actos administrativos demandados no se
encuentra debidamente sustentado. En consecuencia, se declarará la nulidad parcial
de dichos actos en cuanto rechazaron la suma de $48.694.000 por concepto de
salarios, y se aceptará la deducción correspondiente en la liquidación que se practicará
en esta providencia

En relación con el segundo reparo de la DIAN25, es decir con el rechazo parcial de la
deducción por aportes parafiscales y al sistema de seguridad social fundado en las
diferencias entre los valores efectivamente pagados y los deducidos, se observa que
los comprobantes de pago aportados por la parte demandante en sede administrativa26
acreditan que el contribuyente efectuó pagos por aportes en cuantía total de
$194.073.740, de los cuales $149.126.747 corresponden al aporte a su cargo,
conforme a las tarifas legales vigentes para el año gravable 2013, así:

Aporte Valor total de Porcentaje Porcentaje Proporción Valor total del
aporte pagado de aporte del aporte del aporte aporte a cargo
según los total a cargo del del del empleador.
comprobantes empleado empleador.
de pago.
Salud $62.626.900 12,50% 8,50% 68% $42.586.292
Pensión $89.111.940 16% 12% 75% $66.833.955
Caja de $20.515.700 4% 100% 100% $20.515.700
Compensación
ICBF $11.514.800 3% 0% 100% $11.514.800
SENA $7.676.000 2% 0% 100% $7.676.000
TOTAL 194.073.740 $149.126.747

Del examen de los valores de los aportes que el contribuyente tomó como deducción,
con base en la declaración del impuesto sobre la renta27 y en la conciliación de saldos28
elaborada para el año gravable 2013, se constata la existencia de diferencias entre los
valores deducidos y aquellos que fueron efectivamente pagados, así:

Aporte Valor de los aportes a Valor de los aportes a Diferencias
cargo de empleador cargo del empleador y
que fueron objeto de que fueron pagados
deducción según los soportes de
pago aportados por la
demandante.
Aportes a salud $50.338.000 $42.586.292 $7.751.569
Aportes a pensión $73.461.000 $66.833.955 $6.626.739
Aportes Caja de $21.437.000 $20.515.700 $921.258
Compensación
Aportes a ICBF $11.454.000 $11.514.800 $0
Aportes SENA $ 8.154.000 $7.676.000 $478.019

25 Samai. Índice 2. “ED_CONTESTACI_11_25000233700020210(.zip) NroActua 2” Folio 47 del archivo denominado

“830129215-PQ201320152689 CP1” que contiene los antecedentes administrativos
26 Samai. Índice 2. “ED_CONTESTACI_11_25000233700020210(.zip) NroActua 2” Folios 101 a 113 del archivo denominado

“830129215-PQ201320152689 CP1” que contiene los antecedentes administrativos.
27 Samai. Índice 2. “ED_CONTESTACI_11_25000233700020210(.zip) NroActua 2” Folio 5 del archivo denominado “830129215-

PQ201320152689 CP1” que contiene los antecedentes administrativos.
28 Samai. Índice 2. “ED_CONTESTACI_11_25000233700020210(.zip) NroActua 2” Folio 272 del archivo denominado

“830129215-PQ201320152689 CP2” que contiene los antecedentes administrativos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

TOTAL $164.844.000 $149.126.747 $15.777.585

Como se observa, los comprobantes de pago de los aportes parafiscales y al sistema
de seguridad social allegados por la parte demandante en sede administrativa no
resultan suficientes para desvirtuar la glosa formulada por la Administración, en la
medida en que la información contenida en dichos documentos no guarda
correspondencia matemática o numérica con la que obra en las demás pruebas que
integran el expediente, especialmente con la conciliación de saldos y con la
declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2013, sin que
exista prueba o justificación a esas divergencias.

Adicionalmente, se advierte que la parte demandante no formuló un reparo concreto
frente a los argumentos expuestos por la Administración para rechazar la porción de
los aportes que fueron deducidos y que no coinciden con los valores efectivamente
pagados. En efecto, su inconformidad se limitó, por un lado, a reiterar que había
acreditado el pago de los aportes en los términos del artículo 108 del ET y, por el otro,
que la DIAN no podía desconocer los costos con fundamento en cálculos internos, sin
controvertir de manera específica las razones jurídicas y las divergencias probatorias
que sustentaron el rechazo.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado los fundamentos del reparo formulado por
la Administración ni cumplirse la carga argumentativa y probatoria que le asistía a la
parte demandante, la Sala concluye que el recurso no prospera en lo que se refiere al
rechazo de los gastos por las diferencias entre los pagos efectivamente realizados y
los valores que fueron objeto de deducción. No obstante, si bien la DIAN calcula dicha
diferencia en la suma de $16.518.000, de la valoración integral de los comprobantes
de pago allegados al expediente se establece que la diferencia efectivamente
configurada asciende a $15.778.000, razón por la cual el rechazo deberá ajustarse a
esta última suma en el renglón de “gastos operacionales de administración”

Sanción por inexactitud (cuantía $85.666.000)

El demandante sostiene que el a quo no se pronunció sobre sus reparos planteados
frente a la sanción por inexactitud, esto es, la ausencia de la comisión de una conducta
sancionable en los términos del artículo 647 del ET y la prohibición de la imposición de
una sanción administrativa con base en criterios

Una vez revisado el fallo de primera instancia se observa que el Tribunal solo se
pronunció sobre el cargo de nulidad referido a la existencia de errores de apreciación
o diferencias de criterio y omitió referirse a los demás reparos formulados por el
demandante frente a la imposición de la sanción por inexactitud.

En vista de lo anterior, y con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso del contribuyente, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos
formulados por el demandante frente la imposición de la sanción por inexactitud
referentes a la ausencia de la comisión de las conductas tipificadas en el artículo 647
ibidem y a la prohibición de imposición de la referida sanción con base en criterios
objetivos.

El contribuyente afirma que los actos administrativos demandados incurrieron en un
yerro por cuanto el motivo para la imposición de la sanción por inexactitud
correspondió a la no demostración de la realidad y legitimidad de las expensas que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

fueron rechazadas por la Administración de Impuestos. Para el accionante no existe
fundamento fáctico para la imposición de la sanción por cuanto los hechos y cifras
denunciados en su declaración son completos y verdaderos. Afirma que los todos los
valores objeto de reproche de parte de la demandada, intereses con entidades de
crédito, salarios y pagos de los aportes a la seguridad social son reales.

Al respecto, el artículo 647 del ET establece la sanción por inexactitud, en los
siguientes términos:

“Artículo 647. Inexactitud en las declaraciones tributarias. Constituye inexactitud
sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o
saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o
responsable, las siguientes conductas:

1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes,
activos o actuaciones susceptibles de gravamen.

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido
efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.

3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos
descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.

4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de datos o factores falsos, desfigurados,
alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor
o responsable (...)

Nótese que la disposición transcrita prevé que habrá lugar a la imposición de la sanción
por inexactitud cuando en la declaración privada el contribuyente incluya, entre otros,
costos y deducciones inexistentes e inexactos.

En el caso concreto, se observa que el contribuyente incluyó en su declaración del
impuesto sobre la renta deducciones por concepto de intereses y de aportes
parafiscales y a la seguridad social que, conforme a la normativa aplicable, no
resultaban procedentes. En efecto, dichas deducciones se detrajeron de la base
gravable sin que se acreditara el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
su procedencia, circunstancia que conduce a que, desde el punto de vista fiscal, tales
conceptos carezcan de existencia jurídica como costos o deducciones aceptables.

En ese contexto, la inclusión de dichas partidas en la declaración privada se subsume
en el supuesto previsto en el numeral 3 del artículo 647 del ET en cuanto se declararon
deducciones inexistentes o inexactas desde la perspectiva tributaria, de lo cual se
derivó un menor impuesto a cargo. Por consiguiente, se configura el presupuesto
normativo para la imposición de la sanción por inexactitud, sin que sea posible amparar
la conducta en una mera diferencia de criterio, en la medida en que no se discute
únicamente la interpretación de la norma, sino la ausencia de los presupuestos fácticos
y jurídicos que habilitan la procedencia fiscal de las deducciones declaradas.

Frente a la ausencia de lesividad alegada por la demandante, la Sala concluye que,
en el caso concreto, sí hubo lesividad, en la medida en que el incumplimiento de las
obligaciones tributarias por parte del contribuyente, materializado en la inclusión de
deducciones improcedentes conforme al régimen aplicable al año gravable 2013,
derivó en la determinación de un menor impuesto a cargo, afectó la correcta
cuantificación de la obligación tributaria y generó un perjuicio fiscal concreto que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

habilita la imposición de la sanción, circunscrita a los conceptos respecto de los cuales
se mantiene el rechazo efectuado por la Administración.

En lo que respecta a la imposibilidad de la aplicación de la sanción por diferencia de
“criterios relativos al derecho aplicable” y su prueba, se advierte que la Sala29 ha
manifestado que la causal exculpatoria de que trata el inciso final del artículo 647 del
ET, no consiste en una mera “diferencia de criterios” entre las partes por cuanto “para
el régimen sancionador es irrelevante que la posición jurídica de los sujetos de la
relación jurídica sea discrepante” dado que si no hubiera diferencia de criterios,
sencillamente, no habría debate sobre la cuantificación del tributo y, por tanto, no
habría infracción. Así las cosas, para la Sala30, lo relevante con miras a la exoneración
del poder punitivo de la Administración es “establecer si el «criterio» desplegado por
el administrado tuvo causa en un equivocado juicio de comprensión sobre la
interpretación, vigencia o existencia del tipo infractor y sus respectivos ingredientes
normativos, el cual propició en él la errónea creencia de no incurrir en un
comportamiento antijurídico”.

Tal como se expuso en esta providencia, la tesis propuesta por la parte demandante
se fundó en la aplicación de una disposición normativa que no se encontraba vigente
para el período fiscal objeto de controversia, circunstancia que impide reconocer la
existencia de una incertidumbre objetiva en torno a la identificación, vigencia o
contenido de la norma aplicable. De igual forma, en relación con el rechazo de las
deducciones por aportes parafiscales y a la seguridad social, así como de las
diferencias advertidas frente a los soportes de pago, la explicación ofrecida se limitó a
sostener el cumplimiento de la carga probatoria prevista en el artículo 108 del ET, sin
aportar elementos adicionales que permitieran advertir un error excusable en la
comprensión del régimen aplicable.

En ese contexto, la Sala concluye que no se configura la causal de exoneración
prevista en el inciso final del artículo 647 del Estatuto Tributario, en la medida en que
no se acreditó que la conducta desplegada por el contribuyente tuviera origen en una
razonable duda interpretativa sobre la norma aplicable, sino en una interpretación que
no encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico vigente para el período en
discusión.

Con fundamento en lo anterior, el cargo de apelación no prospera.

En vista de que procede la nulidad parcial de los actos administrativos demandados
conforme los argumentos expuestos en esta providencia, resulta necesario modificar
la declaración privada del contribuyente para reconocer las cifras de $48.694.000 y
$740.000 en el renglón “Gastos operacionales de administración” y como
consecuencia se calcula nuevamente la sanción por inexactitud, así:

Concepto Valor declarado por Valor determinado Valor determinado
el contribuyente por la DIAN por el Consejo de
Estado
Total gastos de nómina $696.138.000 $696.138.000 $696.138.000
Aportes al Sistema de $126.561.000 $126.561.000 $126.561.000
Seguridad Social
Aporte al Sena, ICBF, Cajas de $41.045.000 $41.045.000 $41.045.000
Compensación

29 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de junio de 2020

(radicado interno 21640) C.P Julio Roberto Piza Rodríguez.
30 Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

Efectivo, Bancos. Ctas, Bcos, $75.430.000 $75.430.000 $75.430.000
Invers, Mobiliarias, Ctas cobrar
Acciones y aportes (Soc $0 $0 0$
Anónimas , Limitadas,
Asimiladas)
Cuentas por cobrar a clientes $1.186.584.000 1.186.584.000 $1.186.584.000
Inventarios $0 $0 0$
Activos fijos $1.948.160.000 $1.948.160.000 $1.948.160.000
Otros activos $0 $0 $0
Total patrimonio bruto $3.210.174.000 $3.210.174.000 $3.210.174.000
Pasivos $2.812.702.000 $2.812.702.000 $2.812.702.000
Total patrimonio líquido/ líquido $397.472.000 $397.472.000 $397.472.000
negativo
Ingresos brutos operacionales $2.761.458.000 $2.761.458.000 $2.761.458.000
Ingresos brutos no $276.374.000 $276.374.000 $276.374.000
operacionales
Intereses y rendimientos $0 $0 $0
financieros
Total ingresos brutos $3.037.832.000 $3.037.832.000 $3.037.832.000
Devoluciones rebajas y $0 $0
descuentos
Ingresos no constitutivos de $0 $0 $0
renta ni ganancia ocasional
Total ingresos netos $3.037.832.000 $3.037.832.000 $3.037.832.000
Costo de venta (para sistema $0 $0 $0
permanente)
Otros costos (ICNL costo act $0 $0 $0
pec y otros dist de los ant)
Total costos $0 $0 $0
Gastos operacionales de $1.650.517.000 $1.566.170.000 $1.615.604.000
Administración
Gastos operacionales de venta $0 $0 $0
Deducción inversiones en $0 $0 $0
activos fijos
Otras deducciones $283.011.000 $24.694.000 $24.694.000
Total deducciones $1.933.528.000 $1.590.864.000 $1.640.298.000
Renta líquida del ejercicio $1.104.304.000 $1.446.968.000 1.397.534.000
O pérdida líquida $0 $0 $0
Compensaciones $878.096.000 $878.096.000 $878.096.000
Renta líquida $226.208.000 $568.872.000 $519.438.000
Renta presuntiva $0 $0 $0
Total rentas exentas $0 $0 $0
Rentas gravables $0 $0 $0
Renta líquida gravable $226.208.000 $568.872.000 $519.438.000
Ingresos por ganancias $0 $0 $0
ocasionales
Costos y deducciones por $0 $0 $0
ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no $0 $0 $0
gravadas y exentas
Ganancia ocasional gravable $0 $0 $0
Impuesto sobre la renta $56.552.000 $142.218.000 $129.859.000
gravable

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

Descuentos tributarios $0 $0 $0
Impuesto neto de renta $56.552.000 $142.218.000 $129.859.000
Impuesto de ganancias $0 $0 $0
ocasionales
Dto imptos pagados exterior $0 $0 $0
por ganancias ocasionales
Total imp a cargo/imp $56.552.000 $142.218.000 $129.859.000
generado por operaciones
gravadas
Anticipos por el año gravable $0 $0 $0
Saldo a favor sin solicitud de $22.823.000 $22.823.000 $22.823.000
devolución o compensación/
saldo a favor per fis ant.
Autorretenciones $0 $0 $0
Otros conceptos $31.275.000 $31.275.000 $31.275.000
Total retenciones año gravable $31.275.000 $31.275.000 $31.275.000

Anticipo por el año gravable $0 $0 $0
siguiente
Saldo a pagar por impuestos $2.454.000 $88.120.000 $75.761.000
Sanciones $0 $85.666.000 $73.307.000
Total saldo a pagar $2.454.000 $173.786.000 $149.086.000
O total saldo a favor $0 $0 $0

Determinación de la sanción:

Sanción por inexactitud
Saldo a pagar liquidación privada $2.454.000
Saldo a pagar determinado por el Consejo de $75.761.000
Estado, antes de sanciones
Base sanción $73.307.000
Sanción por inexactitud (100%) $73.307.000
Total sanciones $73.307.000

Condena en costas

En atención que en esta instancia se declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 365 del Código General del
Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 2 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, y en su lugar:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación oficial No.
322412019000296 del 12 de septiembre de 2019 y de la Resolución Número

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (28020)
Demandante: Silk Banca de Inversión S.A.S

992232020000149 del 21 de septiembre de 2020 mediante la cual se resuelve
el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial aludida”

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se determina que la
obligación a cargo de la demandante por concepto de renta del año gravable
2013 corresponde a las cifras establecidas en la liquidación incorporada en esta
sentencia.

2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda”

3. Sin condena en costas.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvo voto parcial

(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente) ANA MARÍA BARBOSA RODRÍGUEZ
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Conjuez
Aclaro voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.