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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00243-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00243-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- REVOCAR la sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. En su lugar, se dispone: «ANULAR la Liquidación Oficial de Revisión 322412019900046 del 9 de diciembre de 2019, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, y su confirmatoria, la Resolución 9577 del 28 de diciembre de 2020, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2016, presentada por la sociedad IN PRAXIS SAS.» 2.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 3.- Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00243-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de abril de 2024

Radicación: 25000-23-37-000-2021-00243-01 (27961)
Demandante: IN PRAXIS SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00243-01 (27961)
Demandante: IN PRAXIS SAS
Demandado: DIAN
Temas: Renta 2016. Beneficio de progresividad. Ley 1429 de 2010.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

La sociedad IN PRAXIS SAS1, conforme con el certificado de cámara de comercio2,
fue constituida el 10 de noviembre y registrada el 24 de noviembre de 2016.

El 8 de abril de 2017, la sociedad presentó la declaración del impuesto sobre la renta
del año 2016, en la que registró: total ingresos por $1.068.022.000, total costos $0, total
deducciones por $21.266.000, renta líquida gravable de $1.046.756.000, y total saldo a
pagar de $03. Dicha declaración se presentó al amparo del beneficio de progresividad
previsto en la Ley 1429 de 2010.

Mediante Requerimiento Especial 322412019000033 del 28 de febrero de 2019 4, la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
propuso rechazar el beneficio de progresividad, disminuir el total deducciones a
$6.408.000, determinar el saldo a pagar por impuesto en $265.393.000, imponer sanción
por inexactitud de $265.393.0005, y fijar el total saldo a pagar en $530.786.000.

Previa respuesta al requerimiento especial, el 9 de diciembre de 2019, la División de
Gestión de Liquidación de la dirección seccional señalada, profirió la Liquidación Oficial
de Revisión 3224120199000466, en la que acogió la modificación propuesta en el
requerimiento especial.

Contra la liquidación anterior se presentó recurso de reconsideración7, decidido
mediante la Resolución 9577 del 28 de diciembre de 20208, expedida por la

1
La sociedad tiene como objeto social principal «prestar el servicio médico de salud, de acuerdo con las normas comúnmente
aceptadas para la atención y cuidado critico de pacientes; 2) prestar toda clase de servicios médicos, hospitalarios y clínicos que
se encuentren destinados a la salud humana, bajo las modalidades previstas en la ley; […]».
2
Fls. 13-14 vto. ca.
3
Fl. 8 ca.
4
Fl. 409 a 419 ca.
5
Correspondiente al 100 % de la diferencia entre el saldo a pagar declarado y el determinado.
6
Fls. 446 a 465 ca.
7
Fls. 467 a 476 ca.
8
Fl. 484 a 490 ca.

1
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Radicación: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (27961)
Demandante: IN PRAXIS SAS

Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de
la DIAN, en el sentido de confirmar el acto recurrido.

DEMANDA

La sociedad IN PRAXIS SAS, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del CPACA., formuló las siguientes pretensiones9:

«1. Que se DECLARE la NULIDAD TOTAL de la Liquidación Oficial de Revisión No.
322412019900046 del 9 de diciembre de 2019.

2. Que se DECLARE la NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 9577 del 28 de diciembre
de 2020, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el
prenotado acto administrativo.

3. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se tenga como válidas y en firme la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por IN PRAXIS
SAS, correspondientes al año gravable 2016.

4. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare la IMPROCEDENCIA DE
LA SANCIÓN POR INEXACTITUD impuesta por la UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN en la Liquidación Oficial de Revisión No.
322412019900046 del 9 de diciembre de 2019 y confirmada en la Resolución No. 9577 del
28 de diciembre de 2020.

5. Como consecuencia de la declaratoria de NULIDAD de los actos administrativos
demandados, se ordene el ARCHIVO del expediente seguido en contra de IN PRAXIS
S.A.S., por parte de la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
– DIAN, relacionado con su declaración del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios
(2016).

6. Como consecuencia de la declaratoria de NULIDAD solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare que mi
representada no adeuda suma alguna por concepto de mayor valor del impuesto,
sanciones, intereses y/o actualizaciones relacionados con el Impuesto Sobre la Renta y
Complementarios (2016).

7. CONDENAR a la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN a pagar a mi representada la indemnización integral de los perjuicios patrimoniales
generados como consecuencia de las anteriores pretensiones, en la cuantía que sea
probada en el presente proceso.

8. CONDENAR a la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN a pagar las costas del presente proceso. Igualmente, solicito que no se condene a la
demandante a agencias en derecho ni costas procesales.»

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículos 2, 29, 209 y 363 de la Constitución Política
• Artículos 709, 711 y 745 del Estatuto Tributario
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

La DIAN vulneró el principio de correspondencia, el debido proceso y los derechos de
audiencia y defensa, al incluir hechos y argumentos nuevos en la liquidación oficial
que no fueron aducidos en el requerimiento especial -incumplimiento del artículo 6º numeral
1º, literal b), numeral 1º del Decreto 4910 de 2011-, lo que además configura infracción a las
normas superiores, expedición irregular y falsa motivación de la actuación acusada.

9
Fl. 17 c.p.

2
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Radicación: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (27961)
Demandante: IN PRAXIS SAS

El Decreto 4910 de 2011, decayó como consecuencia de la derogatoria de la Ley 1429
de 2010, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. Por ello, la
DIAN no podía basarse en esa norma para desconocer el beneficio de progresividad.

La norma no exige que la sociedad deba informar todos los lugares donde desarrolla
la actividad económica, pues solo debe informar la dirección de la planta física «o» el
lugar del desarrollo de la actividad económica y el domicilio principal -lo cual se hizo-. La
interpretación sesgada que hace la Administración, estableciendo supuestos
normativos inexistentes y requisitos ilegítimos, vicia de nulidad los actos acusados por
falsa motivación y desconocimiento del derecho de defensa.

No es cierto que la contribuyente no cuestionó la sanción por inexactitud, pues en sede
administrativa se presentaron argumentos contra la sanción impuesta. Comoquiera
que no procedía el rechazo del beneficio de progresividad, no existe razón para
imponer sanción por inexactitud y, en todo caso, existió una diferencia de criterios en
la interpretación de la norma.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por los siguientes argumentos10:

No se violó el principio de correspondencia porque la glosa de la DIAN en el
requerimiento y en la liquidación de revisión, se refirió a los mismos hechos -rechazo del
beneficio de progresividad-, y los argumentos de esos actos son iguales.

Con ocasión de las visitas realizadas a la contribuyente, se evidenció la dirección
informada para acceder al beneficio, solo funcionaba el domicilio principal; sin
embargo, este no era el lugar donde desarrollaba la prestación de los servicios
médicos que eran su actividad económica, incumpliendo lo previsto en el artículo 6.º
del Decreto 4910 de 2011.

La sanción por inexactitud procede, porque la actora incluyó deducciones inexistentes
que generaron un menor impuesto a cargo. No se evidencia diferencia de criterios,
pues las actuaciones de la contribuyente no se soportaron en una interpretación
razonable del derecho aplicable. Se debe condenar en costas y agencias en derecho
a la demandante.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante providencia del 26 de octubre de 2022, el a quo prescindió de las audiencias
inicial y de pruebas, se incorporaron al proceso las pruebas aportadas por las partes
en la demanda y su contestación, y se dio traslado para alegar de conclusión. El litigio
se fijó en determinar la legalidad de los actos administrativos demandados.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó las
pretensiones y no condenó en costas, con fundamento en lo siguiente:

No se vulneró el principio de congruencia, pues en el requerimiento especial y en la
liquidación de revisión la DIAN aludió al incumplimiento de los requisitos para el acceso

10
Índice 2 Samai.

3
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Radicación: 25000-23-37-000-2021-00049-01 (27961)
Demandante: IN PRAXIS SAS

al beneficio de progresividad. Lo que hizo la Administración fue mejorar el argumento
para mantener la glosa propuesta, que consistía en el rechazo del referido beneficio
por incumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 4910 de 2011.

Comoquiera que los beneficios tributarios son restrictivos, era un deber de la
demandante indicar todas las direcciones donde realizaba su actividad, como lo
establece el artículo 6.º del Decreto 4910 de 2011.

Aunque la sanción por inexactitud fue cuestionada en sede administrativa, su
imposición es procedente, porque la demandante incurrió en el hecho punible y no se
demostró diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable.

No procede la condena en costas, porque no se demostró la causación.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante apeló la decisión de primera instancia, por lo siguiente11:

No bastaba con mencionar genéricamente los artículos 1, 3, 6 y 7 del Decreto 4910 de
2011 en el acto previo, porque el fisco debía soportar plenamente cualquier
contingencia vinculada a estas normas, so pena de incumplir las cargas reconocidas
en la jurisprudencia y en la ley.

Se vulneró el principio de correspondencia, porque en el requerimiento especial la
DIAN propuso como causal de rechazo del beneficio de progresividad: i) la realización
de actividades económicas que corresponden a profesiones liberales y, ii) el
incumplimiento del artículo 7.º del Decreto 4910 de 2011 (norma declarada nula por el
Consejo de Estado). Sin embargo, la liquidación oficial plantea un hecho nuevo -no un mejor
argumento-, al señalar que el beneficio debe rechazarse porque la contribuyente
incumplió el requisito del artículo 6.º del Decreto 4910 de 2011, al no informar todas
las direcciones donde se ejerce la actividad económica.

Aun si se acepta que no se transgredió el principio de correspondencia, lo cierto es
que la norma permite que el contribuyente que pretende acceder al beneficio de
progresividad indique el lugar de la planta física « o» el lugar del desarrollo de la
actividad económica y domicilio principal de la sociedad -tal como lo hizo la empresa-. De
igual forma, el Decreto 4910/11, no exige taxativamente que se indiquen «todos» los
lugares donde se desarrolla la actividad económica de la contribuyente, como
erróneamente lo aceptó el Tribunal, al tiempo que, desarrollar la actividad en otras
locaciones, no implica la pérdida del beneficio.

La sanción por inexactitud no es procedente, porque el beneficio de progresividad está
soportado, y existe una argumentación jurídica sólida que demuestra la existencia de
una diferencia de criterios.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

La demandada no se pronunció sobre el recurso de apelación. El Ministerio Público
guardó silencio.

11
Índice 2 Samai.

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Demandante: IN PRAXIS SAS

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la
declaración del impuesto sobre la renta del año 2016, presentada por IN PRAXIS SAS.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, se debe
determinar si: i) se vulneró el principio de correspondencia previsto en el artículo 711
del ET; ii) la actora cumplió los requisitos para acceder al beneficio de progresividad
de que trata la Ley 1429 de 2010 y; iii) procede la sanción por inexactitud.

Principio de correspondencia

Para la actora no hubo correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación
de revisión, porque mientras el primero propuso el rechazo del beneficio de
progresividad, por tratarse de actividades económicas que correspondan a profesiones
liberales y al incumplimiento del artículo 7.º del Decreto 4910 de 2011 (norma declarada
nula por el Consejo de Estado), la segunda fundó el rechazo en el incumplimiento del
requisito previsto en el artículo 6.º, numeral 1, literal b), numeral 1 del Decreto 4910 de
2010, de informar todas las direcciones donde se ejerce la actividad económica.

La Sala precisó12 que el artículo 711 del ET13 exige que la liquidación oficial guarde
correspondencia con los hechos contemplados en el requerimiento especial o su
ampliación, pues en el acto preparatorio se fijan, por primera vez, los puntos que se
consideran inexactos en la declaración, sin perjuicio de que en el acto definitivo se
puedan mejorar los argumentos planteados en el acto preparatorio 14. Por ello, en
criterio de esta Corporación no se configura la vulneración al principio de
correspondencia, cuando las formulaciones de los actos proferidos en el curso del
procedimiento de revisión, guardan relación con el hecho económico respecto del cual
se debate su tratamiento tributario15.

Asimismo, señaló16 que «la relación, enlace o concatenación que se exige respecto de esos actos
jurídicos se debe derivar de los “hechos” de manera que, si los reportados en el denuncio privado son
los mismos glosados en el requerimiento especial y en la liquidación oficial, no se configura la violación
del principio de correspondencia». La congruencia entre el acto previo y el definitivo se
refiere pues, a los hechos en que se fundamenta la Administración para modificar la
declaración privada.

En el caso concreto, el requerimiento especial propuso rechazar el beneficio de
progresividad, disminuir las deducciones e imponer sanción de inexactitud, glosas que
fueron replicadas en la liquidación oficial de revisión. No obstante, contrario a lo
señalado por la apelante, respecto de las causas para rechazar el beneficio de
progresividad, el requerimiento especial señaló: «sin embargo revisado dicho oficio, el
contribuyente manifiesta bajo la gravedad del juramento que la actividad de consulta y tratamiento
médico en el campo de la medicina general y especializada se llevara a cabo en la dirección reportada
en el RUT la cual es CL 140 A 16 A 83 de Bogotá, pero revisado el contrato de prestación de servicios
médicos […] incumpliendo lo establecido en el artículo 6 numeral 1, b, 1 y articulo 7 numeral 1, d,
del Decreto reglamentario 4910 de 2011 en cuanto a certificar al dirección en al cual se encuentre
al planta física o el lugar de desarrollo de la actividad económica».

12
Sentencia del 18 de marzo de 2021, exp. 23743, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada en las sentencias del 10 de
junio de 2021, exp. 24283, y del 21 de septiembre de 2023, exp. 26508, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
Art. 711 ET. «La liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos
que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere».
14
Sentencias del 13 de diciembre de 2017, exp. 20858, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 14 de junio de 2018, exp.
20821, CP. Milton Chaves García.
15
Sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 22354, CP. Milton Chaves García.
16
Sentencia del 21 de febrero de 2019, exp. 22510, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, que reiteró la sentencia del 10 de marzo
de 2011, exp. 17075, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Es evidente que la Administración, en el requerimiento especial, cuestionó el
incumplimiento del requisito previsto en el artículo 6.º numeral 1, literal b), numeral 1
del Decreto 4910 de 2011, argumento reiterado en la liquidación de revisión, lo cual
descarta la vulneración del principio de correspondencia aludido.

Además, si fuera cierta la afirmación de la actora, la exposición de nuevos argumentos
jurídicos para mantener la glosa debatida no desconocería el principio de
correspondencia17, porque lo que está vedado es incluir hechos nuevos o glosas
diferentes de las propuestas en el requerimiento especial, lo cual no ocurrió, pues en
el acto preparatorio y en la liquidación de revisión se mantuvo la glosa tendiente a
desconocer el beneficio de progresividad.

En ese contexto, no se desconoció el principio de correspondencia, ni los derechos al
debido proceso y a la defensa y demás cargos de nulidad propuestos por la
demandante. No prospera el cargo.

Beneficio de progresividad

El artículo 4.° de la Ley 1429 de 2010, disponía que podrían ser beneficiarias de la
progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios las pequeñas
empresas que iniciaran su actividad económica principal a partir del 29 de diciembre
de 2010, fecha de promulgación de dicha ley18, aplicando cero por ciento (0 %) de la
tarifa general del impuesto de renta a las personas jurídicas, en los dos primeros años
gravables, contados a partir del inicio de su actividad económica principal.

De acuerdo con el artículo 1.º del Decreto 4910 de 2011, reglamentario de la Ley 1429
de 2010, son beneficiarios de la progresividad en el pago del impuesto sobre la
renta y complementarios, entre otras, las nuevas pequeñas empresas, esto es, «[l]as
personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, obligadas a matricularse en el registro mercantil,
que inicien el desarrollo de su actividad económica principal a partir de la promulgación de la Ley 1429
de 2010, cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen cinco mil
salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), que a partir de esa misma fecha se
matriculen por primera vez en el registro mercantil de la correspondiente cámara de comercio». También
son nuevas pequeñas empresas «aquellos contribuyentes que previamente a la inscripción en el registro
mercantil hayan operado como empresas informales».

Las características de la información que debe reportarse a la Administración, para
acceder al beneficio de progresividad, están consagradas en el artículo 6.º del Decreto
4910 de 2011, así:

«Artículo 6°. Requisitos generales que deben cumplirse para acceder a la progresividad
en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios. Sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones de inscripción y sus actualizaciones en el Registro Único Tributario
(RUT), para efectos de control las Nuevas Pequeñas Empresas o Pequeñas Empresas
Preexistentes que pretendan acogerse al beneficio a que se refiere el artículo 4° de la Ley
1429 de 2010, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Cuando se trate de Nuevas Pequeñas Empresas: Presentar personalmente antes del
31 de diciembre del correspondiente año de inicio del beneficio de progresividad, ante la
División de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección
Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales a la
que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal, los siguientes documentos:

a). Certificado de existencia y representación legal expedido por la correspondiente
Cámara de Comercio en el que conste la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y la
condición de Nueva Pequeña Empresa.

17
Sentencias del 2 de febrero de 2012, exp. 16760, CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y de 1 de junio de 2016, exp.
20276, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia.
18
El beneficio de progresividad en renta fue derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.

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b). Certificación escrita del contribuyente o representante legal de la empresa, cuando se
trate de persona jurídica, que se entenderá expedida bajo la gravedad del juramento, en
la que manifieste:

1. La intención de acogerse al beneficio otorgado por el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010,
detallando la actividad económica principal a la que se dedica y la dirección en la cual
se encuentre ubicada la planta física o el lugar del desarrollo de la actividad
económica y el domicilio principal. […]». Se resalta.

La demandante sostiene que el hecho de no reportar todas las sedes donde prestaba
servicios médicos durante el año 2016, no daba lugar al rechazo del beneficio de
progresividad, pues la norma permite informar el lugar de la planta física o el lugar del
desarrollo de la actividad económica y domicilio principal de la empresa «tal y como lo
hizo la sociedad-. En contraste, la DIAN aduce que la dirección informada por la actora,
solo era su domicilio principal y no el lugar donde desarrollaba la prestación de
servicios médicos, que era su actividad económica, con lo cual se incumplió el requisito
previsto en el artículo 6.º numeral 1, literal b del numeral 1 del Decreto 4910 de 2011,
lo que daba lugar al rechazo del beneficio de progresividad.

Al presentar la información prevista en el artículo 6.º de la norma mencionada, la
sociedad señaló: «[E]n cumplimiento de lo establecido por el artículo 6 del Decreto 4910 de
diciembre 26 de 2011, manifiesto a ustedes la intención de acoger dicha sociedad a los beneficios de
la Ley 1429 de 2010, para lo cual certifico bajo la gravedad de juramento que: a) La sociedad que
represento, según consta en la primera página del RUT, se dedica a desarrollar la actividad económica
identificada con el código CIIU 8621, es decir, las actividades de consulta y tratamiento médico en el
campo de la medicina general y especializada, realizada por médicos generales, especialistas y
cirujanos. Esta actividad se lleva a cabo en la siguiente dirección ya reportada en el Registro Único
Tributario de la sociedad Calle 140A # 16A-8319». Se resalta.

En ese orden de ideas, se observa que la actora acreditó la obligación de informar el
domicilio principal y sede de su actividad económica que, por lo demás, coincidía con
la dirección informada en el certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio y en el Registro Único Tributario RUT. Al efecto, la Sala
considera que, bajo las precisas circunstancias del presente caso y atendiendo a la
actividad económica desarrollada por la actora -prestación de servicios médicos-, no era
dable exigir el registro de la totalidad de las sedes y lugares en las que prestaba su
actividad, máxime cuando de conformidad con el objeto social la actividad podía
desarrollarse en diversas sedes (clínicas u hospitales), e incluso en el domicilio de los
pacientes.

Así las cosas, y ante la multiplicidad de lugares en los que la demandante podía
desarrollar su actividad económica, con el reporte de la dirección donde la
contribuyente atendió las visitas y requerimientos efectuados por la DIAN, esto es, la
Calle 140A # 16A-83, que demás es la dirección registrada en el RUT, se cumplió el
requisito previsto en el artículo 6.º numeral 1, literal b del numeral 1 del Decreto 4910
de 2011.

En consecuencia, los actos administrativos que rechazaron el beneficio de
progresividad, deben anularse. Prospera la apelación.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada para, en su lugar, anular los
actos administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho declarará
la firmeza de la declaración del impuesto de renta presentada por In Praxis SAS,
respecto del año gravable 2016. Negará la pretensión de reconocimiento de perjuicios,
por carecer de carga argumentativa y probatoria, a lo cual se suma que la nulidad de

19
Fl. 153 ca.

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un acto administrativo de carácter particular no conlleva de forma automática
reparación aparte del restablecimiento del derecho20.

De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso21, no procede la condena en costas en esta instancia (gastos del proceso y
agencias en derecho), por cuanto en el expediente no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1.- REVOCAR la sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. En su lugar, se
dispone:

«ANULAR la Liquidación Oficial de Revisión 322412019900046 del 9 de diciembre de
2019, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, y su confirmatoria, la Resolución 9577 del 28 de diciembre de 2020,
expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN.

A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2016, presentada por la sociedad IN PRAXIS
SAS.»

2.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3.- Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

20
En el mismo sentido, sentencias del 7 de mayo de 2020, exp. 23842, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 6 de octubre de
2022, exp. 26093, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
21
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el
juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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