Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00081-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00081-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00081-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de marzo de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00081-01 (28857)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00081-01 (28857)
Demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Demandado FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y
PENSIONES FONCEP
Temas Cobro coactivo. Recobro de cuotas partes pensionales.
Prescripción de la acción de cobro. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución CC-00196 del 24 de agosto de 2020,
por medio de la cual se resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de
pago y de la Resolución CC-000233 del 15 de octubre de 2020, que desató el recurso de
reposición, expedidas por el FONCEP, dentro del proceso de cobro coactivo CP-018 de 2020,
adelantado en contra de la UGPP, por concepto de cuotas partes pensionales.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la prescripción de la acción
de cobro de las cuotas partes pensionales relacionadas en el mandamiento de pago contenido
en la Resolución la (sic) CC-000167 del 24 de julio de 2020, en los términos indicados en la
parte considerativa de esta sentencia y, en consecuencia, DECLARAR la terminación del
proceso de cobro coactivo CP-018 de 2020, adelantado en contra de la demandante.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.
CUARTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas
(...)”1
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP)
expidió el Mandamiento de Pago Nro. CC-000167 del 24 de julio de 2020, en el que
ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) el pago de las cuotas partes
por las mesadas pensionales canceladas a 23 extrabajadores entre el 1 de agosto
de 2017 y el 30 de abril de 2020.
La entidad deudora propuso las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de
legitimación en la causa por pasiva, pero el FONCEP consideró que no fueron
probadas mediante la Resolución Nro. CC-000196 del 24 de agosto de 2020.
1
Samai del Tribunal, índice 42, páginas 30 y 31.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00081-01 (28857)
Demandante: UGPP
La anterior decisión fue objeto de recurso de reposición por la UGPP, sin embargo,
la acreedora la confirmó con la Resolución Nro. CC-000233 del 15 de octubre de
2020.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones en el escrito de subsanación de la demanda2:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. CC-000196 del 24 de agosto de
2020 ‘Por la cual se resuelven unas excepciones contra la Resolución CC-000167 del 24 de
julio de 2020 CP 018/2020’ expedida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones – FONCEP.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. CC-000233 del 15 de octubre
de 2020 ‘Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición en contra de la resolución
No. CC-000196 del 24 de agosto de 2020. CP 018 de 2020’ expedida por el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.
TERCERA: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la parte demandada a la
devolución de los valores que la UGPP hubiese tenido que cancelar y/o de los valores sobre
los cuales se haya decretado y efectuado embargo.
CUARTA: Que se declare la prosperidad de las excepciones de falta de título ejecutivo y falta
de legitimación en la causa por pasiva, interpuestas dentro del término legal frente al
mandamiento de pago Resolución No. CC-000167 del 24 de julio de 2020, proferido dentro
del proceso de cobro coactivo expediente No. CP-018 de 2020.
QUINTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el Art.187
de la Ley 1437 del 2011, aplicando los ajustes de valor o indexación desde el momento en
que se causó hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso,
prorrogable hasta la fecha del pago efectivo del reajuste y la retroactividad.
SEXTA: Si el accionado dentro del presente medio de control no efectúa el pago en forma
oportuna, deberán liquidarse los intereses comerciales y moratorios, tal y como lo ordena el
artículo 192 de la Ley 1437 del 2011”.
A los anteriores efectos, en el documento de subsanación, el demandante invocó
como violados los artículos 99 y 100 de la Ley 1437 de 2011; artículos 4 y 5 de la
Ley 1066 de 2006; artículo 5 de la Ley 489 de 1998; artículo 2 de la Ley 33 de 1985;
artículo 6 del Decreto 575 de 2023; artículos 1 y 2 del Decreto 1222 de 2023; y la
Resolución Nro. 2266 del 14 de diciembre de 2012.
El concepto de la violación de esas disposiciones se resume a continuación.
1. Inexistencia del título ejecutivo
Señaló que, a partir del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, no es posible que la
UGPP sea considerada sujeto pasivo de una obligación a favor del FONCEP porque
no existe acto administrativo, contrato o garantía que contenga una obligación
expresa, clara y exigible en su contra.
Reprochó que las cuentas de cobro dirigidas al Ministerio de Salud y Protección
Social, junto con la liquidación respecto de cada pensionado, documentos remitidos
2
Samai Tribunal, índice 7, PDF de la subsanación de la demanda, página 2.
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Demandante: UGPP
a la Unidad el 3 de diciembre de 2019, se consideren como un título complejo
exigible a la UGPP.
Explicó que en el cobro de cuotas partes pensionales se requiere del acto de
reconocimiento pensional y el acto de liquidación de cuota parte, que constituyen el
título ejecutivo complejo3.
Relató que, en el mandamiento de pago se relacionaron unos números de cédula
que no fueron incluidos en la liquidación de la deuda a favor del FONCEP, ni en las
cuentas de cobro dirigidas al Ministerio. Además, los actos de reconocimiento
pensional no fueron consultados a la UGPP, lo cual consideró probado con la fecha
de su expedición.
Señaló que la información con la que cuenta la entidad corresponde a aplicativos
de consulta propios, y no a documentos suministrados por el FONCEP, pues no han
sido notificados los documentos que liquidaron la deuda y que se relacionan en el
mandamiento de pago.
Sostuvo que, el 14 de enero de 2020, la Unidad expidió un oficio que explica al
FONCEP las razones por las cuales no es procedente tramitar las cuentas de cobro
dirigidas al Ministerio de Salud y Protección Social.
Adujo que la obligación no es clara, pues no se identifica a la UGPP como sujeto
pasivo de la obligación, y que tampoco existe vínculo jurídico con el FONCEP, ya
que, conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1222 de 2013, ninguna
de las resoluciones de reconocimiento pensional fue consultada a la Unidad por
tratarse de reconocimientos pensionales consolidados antes del 8 de noviembre de
20114.
Refirió que la cuota parte pensional y la presentación de la cuenta de cobro son dos
eventos diferentes y que la Circular Conjunta Nro. 069 de 2008 de los Ministerio de
Protección Social y de Hacienda y Crédito Público indica que, en cumplimiento del
artículo 2 de la Ley 33 de 1985, se debe cumplir el requisito de agotar el
procedimiento de aceptación de la cuota parte pensional.
Precisó que la obligación no es exigible, considerando que el obligado era la extinta
Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL), la cual reconoció las cuotas
partes pensionales. Así, en aplicación de la Resolución Nro. 2266 de 2012 sobre la
liquidación de dicha entidad, se debió presentar la reclamación por el valor total
adeudado y una proyección de las causaciones futuras. Y, de insistirse con el cobro
de la obligación, debió exigirse el pago al Patrimonio Autónomo de Cuotas Partes
de CAJANAL, a cargo del Ministerio de Protección Social, de acuerdo con el artículo
8 del Decreto 3056 de 2013.
Manifestó que la obligación no es expresa, pues no se impuso una obligación de
dar, hacer o no hacer a la demandante y por la ausencia de un título ejecutivo en su
contra.
2. Competencia para responder por cuotas partes pensionales cobradas
por FONCEP y falta de legitimación en la causa por pasiva
Sostuvo que se vulneró el artículo 5 de la Ley 489 de 1998, el artículo 6 del Decreto
575 de 2013 y los artículos 1 y 2 del Decreto 1222 de 2013, considerando que, si
3
Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, del 23 de junio de 2016, Exp. 05001-23-31-000-2011- 00505-01.
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Citó la sentencia del Consejo de Estado, del 11 de mayo de 2017, Exp. 20337.
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Demandante: UGPP
bien la UGPP tiene dentro de sus funciones el reconocimiento de las cuotas partes
pensionales que le corresponden, se limita a las derivadas de solicitudes radicadas
a partir del 8 de noviembre de 2011.
Precisó que las cuotas partes pensionales objeto de cobro son anteriores a esa
fecha, por lo que debieron incluirse en el procedimiento de liquidación de CAJANAL
y, ante la omisión de este deber, no había lugar a cobrarlas mediante cobro coactivo
por la entidad demandada.
Afirmó que, si bien no hay providencias judiciales que se refieran a las competencias
recibidas por la UGPP por la liquidación de CAJANAL, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado dirimió un conflicto de competencia entre el MINTIC y
la UGPP, señalando que el Ministerio es el competente para dar cumplimiento a un
fallo judicial. Por lo anterior, concluyó que la UGPP no tiene legitimación en la causa
por pasiva.
Oposición de la demanda
El FONCEP controvirtió las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso
consideraciones generales sobre la cartera pública y señaló que, para el recobro de
las cuotas partes pensionales, se aplica el procedimiento de cobro coactivo y, en
consecuencia, el Estatuto Tributario y la Ley 1066 de 2006, complementada por el
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.
Frente al cargo de falta de legitimación en la causa por pasiva de la UGPP en el
cobro coactivo, indicó que le corresponde a la Unidad el pago de las cuotas partes
pensionales identificadas en el mandamiento de pago, debido a que se le asignó
esa competencia por medio de la Ley 1151 de 2007, el Decreto 575 de 2013 y el
Decreto 1222 del mismo año.
Explicó que a partir del cierre de la liquidación de CAJANAL, la distribución de
funciones contemplada en el artículo 1 del Decreto 4269 de 2011 carece de efectos.
Entonces, al ser la UGPP la encargada de los procesos misionales, ese criterio se
debe aplicar para los reconocimientos pensionales adelantados antes del 8 de
noviembre de 2011, como ocurre en este caso.
Respecto de la excepción de falta de título ejecutivo, aseguró que el FONCEP es
competente para adelantar el proceso de cobro coactivo y resolver las excepciones
interpuestas contra el mandamiento de pago. Indicó que este acto que da inicio al
cobro coactivo fue notificado el 28 de mayo de 2020 y el escrito de excepciones fue
radicado el 17 de junio del mismo año, por lo que fue oportuno.
Sostuvo que en el cobro coactivo contra la UGPP se justifica en la sustitución legal
de obligaciones como cuota partistas y que, contrario a lo relatado por la actora, sí
cuenta con los anexos a las cuentas de cobro en los cuales se liquidan las cuotas
partes, entre los cuales mencionó los actos de reconocimiento pensional,
certificados de mesadas pensionales, liquidaciones y certificación de la deuda.
Indicó que, durante el término para proponer excepciones, estos documentos fueron
puestos a disposición de la UGPP, pero no los solicitó.
Expuso que, según la jurisprudencia 5 , el titulo ejecutivo de las cuotas partes
pensionales se conforma con los actos administrativos de reconocimiento del
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Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 250002327000200800175-01
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Demandante: UGPP
derecho a la pensión y de liquidación de las cuotas partes pensionales respecto de
las mesadas pensionales causadas y pagadas.
Relató que los documentos que constituyen el título ejecutivo consisten en las
resoluciones de reconocimiento de pensión de cada jubilado inmerso dentro del
proceso de cobro, las cuales fueron emitidas por la Caja de Previsión Social de
Bogotá Distrito Especial (hoy FONCEP).
Manifestó que en el mandamiento de pago no se realizó el cobro de cuotas partes
futuras debido a que, se establece desde la fecha de pago de la mesada hasta la
de desembolso por la entidad, al tratarse de una obligación de tracto sucesivo.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento
del derecho, dispuso la prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes
pensionales, además no impuso condena en costas, por las siguientes
consideraciones:
Frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la UGPP en el cobro
coactivo, refirió que el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009 designó al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público como el encargado de los procesos judiciales y
administrativos que estuvieran en trámite al cierre de la liquidación de CAJANAL. Y,
por su parte, el artículo 2 del Decreto 2040 de 2011 introdujo directrices para definir
el manejo de los trámites, adjudicándolos a la UGPP y al Ministerio de Salud y
Protección Social.
Concluyó que a la UGPP le corresponde hacerse cargo de las acreencias
relacionadas con las funciones misionales de CAJANAL. De igual forma, indicó que
el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 2040 referido establece que los procesos
judiciales y demás reclamaciones relacionadas con las competencias asignadas por
la ley a la UGPP, debían ser atendidos por el liquidador de CAJANAL hasta el
momento en que fueran entregados a dicha Unidad, al cierre de la liquidación6.
Con lo anterior, concluyó que la UGPP es la encargada de pagar las cuotas partes
pensionales aceptadas por CAJANAL por cuanto asumió el ejercicio de sus
funciones misionales, entre las cuales se encuentra el reconocimiento y la
satisfacción de derechos pensionales.
Con relación a la existencia de un título ejecutivo, el Tribunal llevó a cabo el
análisis de los antecedentes administrativos y concluyó que CAJANAL aceptó su
cuota parte pensional con relación a 23 ex funcionarios del Distrito de Bogotá, para
lo cual se agotó el procedimiento de consulta y de reconocimiento pensional
establecido en el Decreto 2709 de 1994.
Afirmó que las cuotas partes comportan obligaciones de tracto sucesivo que pueden
demandarse en cualquier tiempo, sin que afecte el hecho de que se haya aceptado
o no la asignación respectiva impida su revisión judicial. Empero, el reproche por
falta de consulta o notificación de las resoluciones que materializaron el derecho a
la pensión no se puede discutir en etapa de cobro coactivo, por lo que no procede
un pronunciamiento al respecto.
6
Al respecto citó el concepto del Consejo de Estado Nro. 2417 del 12 de noviembre de 2019, Radicado: 11001-03-06-000-
2019-00065-00, C.P. Álvaro Namén Vargas.
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Demandante: UGPP
Precisó que en el expediente obran documentos que denotan el conocimiento de la
obligación por la UGPP, como son las cuentas de cobro y las liquidaciones de
cuotas parte e intereses que le fueron notificadas con oficio del 3 de diciembre de
2019. Además, desde el inicio del cobro coactivo se le informó la posibilidad de
consultar los expedientes.
Por lo anterior, consideró que el título ejecutivo fue constituido en debida forma
respecto de los pensionados por los que se discute el cobro de las cuotas partes y
los documentos evidencian que la obligación es clara y expresa. Precisó que para
determinar la exigibilidad de la obligación se debía efectuar el análisis de la
prescripción en virtud de lo previsto en el inciso segundo del artículo 187 de la Ley
1437 de 2011, en concordancia con el artículo 817 del Estatuto Tributario.
Respecto de la prescripción del derecho al recobro de las cuotas partes
pensionales, indicó que los artículos 2535 y 2536 del Código Civil prevén el término
para su configuración será de 10 años, el cual fue reducido a 5 por la Ley 791 de
2002. Y, a partir del artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, se dispuso un término de
prescripción de 3 años, computados a partir de a fecha de realización del pago de
la mesada pensional. Además, conforme el artículo 818 del Estatuto Tributario y el
artículo 53 del Manual de Cobro Administrativo del FONCEP, este fenómeno se
interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, entre otros eventos.
Relató que el mandamiento de pago comprende las cuotas parte de 23 pensionados
causadas entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2020, por lo que en este
caso se debe aplicar el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006. Así, como quiera que el
mandamiento de pago fue notificado el 28 de julio de 2020, no prescribieron las
obligaciones en ese momento.
No obstante, el artículo 818 del Estatuto Tributario dispone que el término de
prescripción se reinicia a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento
de pago. Es decir que, en este caso, el plazo para obtener el cumplimiento efectivo
de la obligación se extendió hasta el 29 de julio de 2023, sin que en el expediente
obre prueba del pago, de que la demandada hubiere practicado medidas cautelares
o que se cumpliera alguna causal de suspensión del artículo 101 de la Ley 1437 de
2011.
Aclaró que, si bien la admisión de la demanda no suspende el cobro coactivo, el
remate no se debe llevar a cabo hasta que exista pronunciamiento definitivo en sede
judicial, por lo cual, era deber de la demandada continuar el cobro hasta dicha
diligencia. Sin embargo, esto no ocurrió y han pasado más de 3 años sin que se
lograra el recaudo efectivo de la obligación y sin la práctica de medidas cautelares,
por lo que concluyó que operó el fenómeno de la prescripción.
Al no encontrar medios de prueba que acreditaran las erogaciones no condenó en
costas.
Recurso de apelación
La demandada sustentó su impugnación en que las cuotas partes pensionales
adeudadas por una entidad pública preexistentes a la Ley 1066 de 2006, tendrán
prescripción calculada conforme a las leyes vigentes cuando se consolidó la
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Demandante: UGPP
obligación. Además, según la Sección Cuarta del Consejo de Estado 7, el cobro
coactivo de las cuotas partes pensionales deben tramitarse conforme el Estatuto
Tributario, y no el proceso laboral, por tener naturaleza de parafiscales.
Aclaró que las cuotas partes constituyen el soporte financiero del Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, sustentado en el concepto de concurrencia, por lo
que no puede prescribir. En cambio, el recobro es un derecho crediticio a favor de
la entidad que ha reconocido y pagado una mesada pensional, quien puede repetir
contra las demás entidades obligadas al pago a prorrata del tiempo laborado o de
los aportes efectuados, de modo que si es susceptible de prescripción.
Relató que el Tribunal reconoció la interrupción del término de prescripción por la
notificación del mandamiento de pago, pero que se configuró este fenómeno con
posterioridad porque la entidad demandada no aseguró el recaudo de las cuotas
partes pensionales con el decreto de medidas cautelares para el posterior remate
de los bienes.
Citó la Sentencia C-523 de 2009 de la Corte Constitucional, los artículos 594 y 599
del Código General del Proceso y el parágrafo segundo del artículo 195 de la Ley
1437 de 2011, con base en lo cual afirmó que los recursos del Estado gozan, por
regla general, de inembargabilidad. Empero, ella no es absoluta, por lo que la
Sentencia C-1154 de 2008 estableció 3 excepciones: obligaciones provenientes de
un crédito laboral, de sentencias o providencias judiciales y de un contrato estatal.
Se refirió a las sentencias del 2 de abril de 2019, exp. 63506, C.P. Martha Nubia
Velásquez Rico y del 24 de octubre del mismo año, exp. 62828, C.P. Martín
Bermúdez Muñoz, de la Sección Tercera del Consejo de Estado y advirtió que el
artículo 594 del Código General del Proceso reiteró la imposibilidad de embargar
los recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, del Sistema de
Seguridad Social y del Sistema General de Participación, por consiguiente, concluyó
que no era procedente el decreto de medidas cautelares dentro del procedimiento
de cobro coactivo objeto de discusión.
Indicó que, por lo anterior, era imposible para el FONCEP asegurar el recobro de
cuotas partes pensionales, so pena de vulnerar el artículo 594 del Código General
del Proceso y el artículo 835 del Estatuto Tributario, de tal modo que la decisión del
Tribunal da lugar a una sanción a la entidad acreedora.
Por lo anterior, indicó que es procedente la revocatoria de la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarar que no es procedente la prescripción en cuanto
que es imposible adelantar el remate por lo expuesto previamente.
Oposición al recurso
La parte actora guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
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No realizó una cita o referenció algún pronunciamiento.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nro. CC-00196
del 24 de agosto de 2020 y Nro. CC-000233 del 15 de octubre del mismo año, actos
expedidos por el FONCEP para negar las excepciones de falta de título ejecutivo y
de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por la UGPP contra el
mandamiento de pago que inició el cobro coactivo en su contra, según los cargos
propuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada.
Análisis del caso concreto
En la apelación, el FONCEP controvirtió que el Tribunal haya declarado probada la
excepción de prescripción en favor de la UGPP por no haber asegurado el
cumplimiento de la obligación luego de la notificación del mandamiento de pago.
Para decidir, la Sala reiterará el criterio expuesto en la sentencia del 15 de marzo
de 2024 (exp. 28076, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto), reiterada en fallos del 18 de abril
y del 13 de junio de 2024 (exps. 28358 y 28516, respectivamente, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello), que resolvió una controversia con identidad jurídica y fáctica a la que aquí
se debate, por lo que constituye un precedente vinculante.
En la providencia del 15 de marzo de 2024 reiterada se expuso que, conforme la
Sentencia C-895 de 20098 de la Corte Constitucional, la prescripción es aplicable
respecto del derecho al recobro de las cuotas partes pensionales entre entidades
concurrentes porque se trata de obligaciones crediticias de expiración periódica, la
cual no afecta la existencia o exigibilidad de derechos irrenunciables.
Destacó que, para calcular el término de prescripción aplicable, es necesario tener
en cuenta la fecha en la que se hicieron los pagos de las mesadas pensionales y la
norma vigente para ese momento, así:
Cuotas partes pensionales Prescripción
Antes del 27 de diciembre de 2002 10 años
Entre el 27 de diciembre de 2002 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 791 de
5 años
2002) y el 29 de julio de 2006 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006)
Con posterioridad al 29 de julio de 2006 (artículo 4 de la Ley 1066 de 2006) 3 años
De esta forma, el cómputo de la prescripción de las cuotas partes pensionales se
debe realizar a partir de la exigibilidad de la obligación, esto es, cuando se hace
efectivo el desembolso de las respectivas mesadas9 y hasta la fecha de notificación
del mandamiento de pago, ya que en ese momento se interrumpe el término para
el cobro, según lo previsto en el artículo 818 del Estatuto Tributario, aplicable por
remisión del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
En este caso, el Mandamiento de Pago Nro. CC-000167 del 24 de julio de 2020
indica que se pretende el cobro de mesadas pensionales pagadas entre el 1 de
agosto de 2017 y el 30 de abril de 2020 10 . Por consiguiente, el término de
8
Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.
9
En este sentido ver la Sentencia C-895 de 2009 de la Corte Constitucional y, de esta Sección, las sentencias del 31 de
octubre de 2018, Exp. 23201, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 16 de junio de 2022, Exp. 26309, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto y del 26 de octubre de 2023, Exp. 27687, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
10
Samai del Tribunal, índice 2, PDF del mandamiento de pago, páginas 3 a 8.
8
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00081-01 (28857)
Demandante: UGPP
prescripción aplicable es de 3 años, según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1066
de 2006 y conforme el precedente de esta Sección. Entonces, teniendo en cuenta
que el mandamiento de pago se notificó el 28 de julio de 202011 (hecho no discutido
entre las partes), no había operado el fenómeno de la prescripción para las mesadas
pensionales objeto de recobro de cuotas partes. De hecho, el Tribunal llegó a la
misma conclusión en la sentencia de primera instancia, así12:
NOTIFICACIÓN DEL
“PERIODOS CUOTAS TÉRMINO DE
MANDAMIENTO DE PRESCRIPCIÓN
PARTES PENSIONALES PRESCRIPCIÓN
PAGO
Del 1° de agosto 2017 al 30 3 años artículo 4º de la Ley
28 de julio de 2020 No prescribieron
de abril de 2020 1066 de 2006
Conforme a lo anterior, las cuotas partes en discusión, esto es, las causadas entre el 1º de
agosto de 2017 y el 30 de abril de 2020, no se hallaban prescritas para el momento en que el
FONCEP notificó el mandamiento de pago, comoquiera que el término se interrumpió con
dicha actuación el 28 de julio de 2020.” (Énfasis del texto original).
A pesar de lo anterior, el a quo declaró la prescripción porque, “en virtud de lo establecido
en las normas aplicables al recobro de esta clase de obligaciones, entre ellas, el artículo 818 del ET,
el plazo para obtener el pago de la deuda comenzó a correr nuevamente por un lapso igual al inicial,
es decir de 3 años, contado a partir del día siguiente al de la notificación del mandamiento de pago,
haciéndose extensivo hasta el 29 de julio de 2023.”13. (Énfasis del texto original).
Para efectos de contabilizar el término de prescripción conforme la reanudación del
plazo inicial a la que hizo referencia, el Tribunal tuvo en cuenta como fecha inicial el
29 de julio de 2020 (día siguiente a la notificación del mandamiento de pago) y como final el
29 de julio de 2023, pues, a su parecer, “el FONCEP tenía hasta esa fecha para asegurar el
recaudo de la obligación dentro del cobro coactivo, a través de las medidas cautelares que prevé el
ordenamiento jurídico; pese a ello, la Sala observa que si bien con el mandamiento de pago se
decretaron medidas cautelares, lo cierto es que no existe certeza de la práctica y aplicación de las
mismas antes de que venciera el plazo en mención, ni tampoco se demostró la suspensión del
trámite por alguno de los supuestos que contempla el artículo 101 del CPACA”14.
En esas condiciones, la Sala reitera que, como lo expuso la sentencia del 15 de
marzo de 2024 (exp. 28076, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto), cuando se discute la
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se resuelven excepciones
contra el mandamiento de pago y se ordena seguir adelante con la ejecución, “el
análisis del fenómeno de la prescripción se circunscribe a la interrupción que ocurre con la
notificación del mandamiento de pago, por ser este el acto con el que se inicia el proceso de cobro
coactivo (art. 818 ET)”.
Por lo tanto, como también lo indicó la sentencia reiterada, si bien es cierto que,
“dentro de dicho trámite de cobro se pueden surtir otras etapas, tales como decretar y practicar
medidas cautelares, liquidar el crédito y proveer sobre las costas, entre otras, a juicio de la Sala, en
el curso del proceso judicial que se adelanta contra los actos que resuelven las excepciones y
ordenan seguir adelante con la ejecución no es posible abordar el estudio en relación con tales
actuaciones, pues ello desborda el objeto de la litis que se concreta en el control de legalidad de los
actos enjuiciados”. (Subrayado de la Sala).
En otras palabras, tal y como lo señaló esta Sala en la sentencia del 18 de abril de
2024 (exp. 28358, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), no puede analizarse si operó la
prescripción con posterioridad a los actos administrativos demandados, “porque el
objeto del litigio se concreta en el estudio de su legalidad y no de actuaciones posteriores”.
11
Ibidem, página 1.
12
Samai del Tribunal, índice 43, página 28.
13
Ibidem, página 29.
14
Ibidem.
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Así las cosas, aunque la apelante sustentó su recurso en que era imposible decretar
medidas cautelares en el cobro coactivo y que, en principio, la prescripción puede
ser declarada de oficio (artículo 817 del Estatuto Tributario), lo cierto es que la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo no puede pronunciarse sobre hechos posteriores
a la legalidad de los actos administrativos cuya legalidad es objeto de discusión,
conforme el ámbito de sus competencias.
De acuerdo con lo anterior, y contrario a lo expuesto por el Tribunal, para la Sala no
es posible estudiar si operó la prescripción con posterioridad a la notificación del
mandamiento de pago.
Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, y atendiendo los precedentes vinculantes para este
caso, está probado que no operó la prescripción respecto de las cuotas partes
pensionales objeto de cobro coactivo. Así las cosas, prospera el cargo único de
apelación, el cual es suficiente para revocar la sentencia de primera instancia y
negar las pretensiones de la demanda, a la luz de los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso y del principio de congruencia, pues la demandante no
presentó recurso con relación a los demás cargos de nulidad que fueron negados
en el fallo impugnado.
Costas
No procede su imposición porque no fueron demostrados los gastos del proceso ni
las agencias del derecho, como lo exige el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 365 del Código
General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 19 de
octubre de 2023.
2. Negar las pretensiones de la demanda.
3. Sin condena en costas.
4. Reconocer al abogado Jorge Iván Palacio Palacio como apoderado de la
UGPP, en los términos y para los fines del poder conferido a índice 15 de
SAMAI15.
15
La Sala precisa que el acto de apoderamiento indica que “OTORGO PODER GENERAL” mediante un documento privado,
a pesar de que el artículo 74 del Código General del Proceso exige que este tipo de actos sean protocolizados en escritura
pública. No obstante, se evidencia que el memorial fue dirigido al proceso de la referencia, a través de la ventanilla virtual
de SAMAI, identificando el número de radicado único y a las partes de este proceso. Además, en él se autoriza la
realización de “las gestiones necesarias, en los procesos o procedimientos judiciales en los cuales la Unidad intervenga
como parte activa (medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho)”. En consecuencia, pese al error formal
de indicarse que se otorgó un poder general, la Sala interpreta que la entidad confirió un poder especial, el cual cumple
los requisitos legales, pues es claro con lo expuesto que esta era su intención.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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