Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00136-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00136-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00136-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
20 de febrero de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.- EPM E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)
Demandante EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. - EPM E.S.P.
Demandada MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO;
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO – CRA
Temas Contribución especial a favor de la CRA. Año 2020. Artículo
18 de la Ley 1955 de 2019. Exigibilidad de acto previo.
Principio de irretroactividad. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que decidió2:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución UAE-CRA No. 544, del 21 de septiembre de
2020, por medio de la cual se profiere liquidación oficial de la contribución especial correspondiente al
año 2020, a cargo de la demandante; de la Resolución UAE-CRA No. 785, del 23 de octubre de 2020,
que decide el recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior; y de la Resolución UAECRA No.
842 del 5 de noviembre de 2020, que resuelve el recurso de apelación presentado contra la liquidación
oficial.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se DECLARA
que EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP no está obligada al pago de la Contribución Especial
del artículo 18 de la Ley 1955, liquidada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA), para el periodo gravable 2020.
TERCERO: ORDENAR a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
devolver la suma de $2.386.596.458, debidamente actualizada de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.
QUINTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas (…) »
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante la Resolución UAE – CRA Nro. 544 del 21 de septiembre de 2020, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA)
liquidó la contribución especial que se encuentra regulada en el artículo 85 de la Ley
142 de 1994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019; a cargo de
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante EPM), por el año 2020. El valor
de la contribución liquidado fue de $2.396.152.438.
Recurrido el acto, se modificó parcialmente a través de la Resolución UAE – CRA
Nro. 785 del 23 de octubre de 2020 que resolvió el recurso de reposición, y que
excluyó los rubros correspondientes a la Cuota de Fomento de Gas y Comité de
Estratificación, con lo cual se tasó la contribución en $2.386.596.358.
1
Ingresó al despacho por primera vez el 09 de agosto de 2024.
2
SAMAI del Tribunal, índice 46.
1
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.- EPM E.S.P.
Luego, mediante la Resolución UAE- CRA Nro. 842 del 05 de noviembre de 2020,
se confirmó el acto que resolvió el recurso de apelación.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones3:
« 2.1. Que se inaplique por inconstitucional la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019 al artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por su incompatibilidad manifiesta con la Constitución
Política según las razones que se expondrán en el presente escrito.
2.2. Que se inaplique por inconstitucional la Resolución CRA Nº 930 de 2020 del 10 de septiembre de
2020, fundada en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
2.3. Se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la entidad demandada que a
continuación se relacionan:
2.3.1. Resolución UAE-CRA No. 544 del 21 de septiembre de 2020 Liquidación oficial de la Contribución
Especial correspondiente al año 2020.
2.3.2. Resolución UAE – CRA No. No. 785 del 23 de octubre de 2020 por la cual se resolvió el recurso
de reposición presentado por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
2.3.3. Resolución UAE - CRA No. 842 del 5 de noviembre de 2020 Por el cual se resuelve el recurso de
apelación presentado por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
2.4. Que como consecuencia de la nulidad absoluta de los actos administrativos antes enunciados, se
restablezca el derecho de mi representada, señalando que EPM no está obligada al pago de la
contribución especial liquidada por la Comisión de Regulación.
2.5. En consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (CRA) el reintegro de la suma de dinero cancelada por concepto de
Contribución Especial año 2020 equivalente a dos mil trescientos ochenta y seis millones quinientos
noventa y seis mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($2,386,596,358), sumas que deberán ser
indexadas al momento de proferirse la sentencia.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS PRINCIPALES A LAS PRETENSIONES 2.4. Y 2.5.
2.4. Que como consecuencia de la nulidad parcial de los actos administrativos antes enunciados, se
restablezca el derecho de mi representada, liquidando la contribución especial para la vigencia 2020 con
base en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 vigente antes de su modificación, con lo cual la liquidación
correspondiente sería:
Concepto (Gasto Administrativo) Acueducto Alcantarillado Total Liquidación
Beneficios a empleados 39,753,635,000 24,752,655,000 64,506,290,000
Honorarios 11,599,764,000 5,235,184,000 16,834,948,000
Generales 10,830,384,000 8,552,538,000 19,382,922,000
Órdenes y contratos de mantenimiento y
7,902,295,000 4,363,343,000 12,265,638,000
reparaciones
Servicios públicos 3,085,144,000 1,053,631,000 4,138,775,000
Materiales y otros gastos de operación 301,364,000 107,180,000 408,544,000
Seguros 1,164,599,000 839,219,000 2,003,818,000
Órdenes y contratos por otros servicios 656,673,000 464,268,000 1,120,941,000
Total Base 75,293,858,000 45,368,018,000 120,661,876,000
Total Contribución (tarifa 1%) 752,938,580 453,680,180 1,206,618,760
2.5. En consecuencia de la reliquidación de la contribución especial, se ordene a la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el reintegro de la suma de dinero
correspondiente al mayor valor cancelado por concepto de Contribución Especial año 2020 equivalente
a mil ciento setenta y nueve millones novecientos setenta y siete mil quinientos noventa y ocho pesos
($1.179.977.598,oo), por el mayor valor cancelado por la contribución especial, sumas que deberán ser
indexadas al momento de proferirse la sentencia.
3
SAMAI del Tribunal, índice 2.
2
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PRETENSIONES SUBSIDIARIAS SECUNDARIAS O SUPLETIVAS A LAS PRETENSIONES 2.4. Y
2.5.
En caso de que el despacho deseche la pretensión principal de inaplicar por inconstitucionalidad el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución CRA Nº 930 de 2020 del 10 de septiembre de 2020,
optando por la aplicación al mismo para liquidar la contribución especial, solicito:
2.4. Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos antes enunciados, se restablezca
el derecho de mi representada, liquidando la contribución especial a cargo de EPM para la vigencia 2020
por valor de $2.131.450.031.
2.5. En consecuencia de la reliquidación de la contribución especial, se ordene a la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el reintegro de la suma de dinero
correspondiente al mayor valor cancelado por concepto de Contribución Especial año 2020 equivalente
a doscientos sesenta y cuatro millones setecientos dos mil cuatrocientos siete pesos ($264,702,407,oo),
por el mayor valor cancelado por la contribución especial, sumas que deberán ser indexadas al momento
de proferirse la sentencia.
PRETENSIONES CONSECUENCIALES COMUNES A LAS PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS
2.6. Que se CONDENE a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi representada los
intereses causados sobre las sumas reclamadas desde el momento del pago de la contribución, -
teniendo en cuenta el anticipo cancelado – y hasta la fecha en la cual se verifique el cumplimiento efectivo
de la sentencia con la cual se ponga fin a la controversia.
2.7. Que se ORDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos
establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
2.8. Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho.»
La demandante precisó como normas las normas vulneradas los artículos 4, 29, 95
(numeral 9), 338 y 363 de la Constitución Política; 42, 44, 91 (numeral 2) y 148 de la
Ley 1437 de 2011; 85 (numeral 85.2) de la Ley 142 de 1994; 18 de la Ley 1955 de
2019; y 712 del Estatuto Tributario.
El concepto de violación se resume así:
En primer lugar, solicitó inaplicar el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 por
inconstitucional4; consecuencia de ello, declarar la nulidad de los actos
demandados, y a título de restablecimiento del derecho, declarar que no está
obligada al pago de la contribución liquidada.
Planteó que los vicios de la norma (artículo 18 ibidem) radican en el desconocimiento
de los principios de legalidad, reserva de ley, y en generar el recaudo del tributo con
destino diferente a recuperar los costos en que debe incurrir la CRA. Indicó que las
contribuciones especiales son tributos que se caracterizan por originarse en una
afectación directa y comprobable de una actividad estatal, y el costo de la actividad
se sufraga mediante el pago del tributo5.
Alegó que el legislador flexibilizó el principio de legalidad en el sentido de que la
base gravable y la tarifa, se puedan precisar posteriormente por parte de las
autoridades administrativas, pero ello no implica que estos órganos estén facultados
para definir los elementos esenciales del tributo, ya que esta es una competencia
exclusiva del legislador6. Tal es el caso de la base gravable de la contribución objeto
de análisis, pues la CRA no es la entidad competente para definir qué cuentas
contables se deben tener en cuenta para la liquidación de aquella.
Indicó que la norma es contraria a la Constitución porque no responde al costo del
servicio, no está destinada exclusivamente a sufragarlo, y tampoco tiene en cuenta
4
Citó la sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 1012-09, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
5
Citó la sentencia C-272 de 2016 de la Corte Constitucional.
6
Citó la sentencia C-455 de 1994 de la Corte Constitucional.
3
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el beneficio recibido por el sujeto pasivo. Dado que la Ley 1955 de 2019 no
estableció de manera clara el método y sistema de reparto, y la regulación de la
contribución, desconoció el principio de unidad de materia, así como el principio de
reserva de ley por remitir a la técnica contable en la determinación de la base
gravable de las contribuciones contempladas en los artículos 18 y 314 de la Ley
1955 de 2019. Para el efecto citó las sentencias C-464 y C-484 de 2020 de la Corte
Constitucional que declararon la inexequibilidad de las normas citadas.
Sostuvo que solamente la parte resolutiva de las sentencias proferidas en
cumplimiento del control constitucional es de obligatorio cumplimiento y tiene
efectos erga omnes7. Por lo que al no haberse modulado los efectos de la sentencia
C-484 de 2020, en su parte resolutiva, el fallo tuvo aplicación inmediata a partir del
día siguiente a la fecha en que se profirió, es decir, del 20 de noviembre de 20208.
Destacó que el Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de que las
contribuciones son tributos de periodo9, que se causan durante el año anterior en el
que se liquida y cobra el impuesto. Así, los tributos que se liquidaron y pagaron en
el año 2020, realmente se causaron por la prestación de servicios públicos
sometidos a inspección, control y vigilancia durante el año 2019. Lo cual es
relevante, pues la Ley 1955 se expidió en el año 2019, y en virtud del mandato del
artículo 338 constitucional, no se podía liquidar la contribución en el año 2020 con
fundamento en dicha norma, so pena de desconocer el principio de irretroactividad
en materia tributaria.
Manifestó que, si en gracia de discusión hubiere lugar a aplicar la norma, EMP no
tiene una situación jurídica consolidada respecto de la contribución especial del año
2020, y tanto es así que la legalidad de los actos que la liquidaron está siendo
debatida en el presente proceso10.
Solicitó tener en cuenta el efecto de la desaparición de las normas en las que se
fundan los actos administrativos contentivos de la liquidación, y aquellos que
resolvieron los recursos de reposición y apelación, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Manifestó que, por lo anterior, la demandada estaba obligada a abstenerse de
aplicar, por inconstitucional, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Destacó que la
excepción procede incluso de oficio, por lo que no era necesario alegarla.
En segundo lugar, planteó que, de no prosperar las pretensiones principales,
procede considerar un primer grupo de pretensiones subsidiarias con fundamento
en la aplicación de la versión original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Al efecto
pidió reliquidar la contribución especial y que le sean restituidos los mayores valores
pagados a la demandada.
Lo anterior lo fundamentó en la indebida integración de la base de liquidación de la
contribución especial, pues se incluyeron cifras equivocadas en los rubros de
ingresos para terceros y sobretasa ambiental. Por otro lado, manifestó que el
porcentaje de factor de ingresos se aplicó de manera incorrecta.
7
Citó el artículo 48 de la Ley Estatutaria de Justicia.
8
Citó la sentencia C-577 de 2011 de la Corte Constitucional.
9
Citó la sentencia del 22 de septiembre de 2016, exp. 18874, C.P. Hugo Fernando Bastidas.
10
Citó las sentencias del 31 de julio de 2009, exp. 16577, C.P. Héctor J. Romero; del 30 de septiembre de 2010, exp. 16576,
C.P. William Giraldo; del 28 de septiembre d 2016, exp. 21614, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
4
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En tercer lugar, planteó un segundo grupo de pretensiones subsidiarias, en caso de
que no sea procedente ninguno de los argumentos expuestos. A continuación,
expuso la indebida conformación de la base de liquidación, en particular por
ingresos para terceros, y sobretasa ambiental. Señaló que en la etapa de discusión
ante la CRA se pusieron de presente los reparos a la información tomada como
base para calcular el tributo, pero la entidad se limitó a responder con un argumento
formal, conforme al cual la información que tomó como soporte fue la reportada por
la demandante en el Sistema Único de Información (en adelante SUI).
Alegó que no se tuvo en consideración que una porción de los montos incluidos en
la partida de gastos diversos correspondía a intereses devengados a favor de
terceros independientes. Manifestó que esta explicación se acompañó de un
certificado, de los documentos anexos al SUI, y constan en la contabilidad de la
demandante. Planteó que la demandada no se pronunció en la respuesta a los
recursos, y tampoco desplegó acciones dirigidas a establecer la realidad del
argumento esbozado por EPM, como podría ser el decreto de una inspección
tributaria o solicitar algún soporte adicional.
Señaló que no se hizo el desglose de la cuenta de ingresos recibidos para terceros
pues los formatos con la información financiera que deben ser ingresados en el
aplicativo de cargue NIF-XBRL, no tienen una guía de usuario o instructivo, que
permita asociar la información de los estados financieros que debe ir en cada
renglón del formato FC-01 “Gastos de servicios públicos”.
Indicó que la demandada omitió descontar las partidas que se encuentran dentro
del agrupador “Licencias, contribuciones y regalías”, que incluye, entre otros, la sobretasa
ambiental regulada en la Ley 99 de 1993.
En cuarto lugar, indicó que la demandada desconoció el precedente jurisprudencial
sobre la conformación de la base gravable de la contribución. Al efecto, manifestó
que la jurisprudencia11 del Consejo de Estado ha señalado que los gastos de
funcionamiento corresponden a salidas de recursos que directa e indirectamente
son necesarias para cumplir con las funciones propias de la actividad de las
empresas y que son equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios; por lo
tanto, deben excluirse de la base gravable de la contribución los gastos que no
tengan relación directa con la prestación del servicio. Planteó que, en consecuencia,
deben excluirse de la base los rubros correspondientes al Grupo 53 – provisiones,
agotamiento y depreciaciones, y Grupo 75 – Costos de producción.
Alegó que en los papeles de trabajo formatos FC01 con los cuales se diligenciaron
los formularios a través de los cuales la actora cargó la información al SUI, puede
verificarse que en cada uno de ellos se discrimina la cuenta en la que se encuentran
asentados contablemente los diferentes rubros. Planteó que es claramente
11
Citó las sentencias del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia;
250002327000201200281 01 (20988) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 23 de julio de 2015, Radicación:
25000232700020120028001 (20920) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 12 de noviembre de 2015, Radicado:
250002327000-2012-00282-01 (21737) C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Radicado 25000-23-27-000-2012-00448-
01(20695) del 8 de noviembre de 2017 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, en las que se citan como decisiones reiteradas
las siguientes sentencias: 13 de junio de 2013, expediente 18828, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); 20 de
junio de 2013, expediente 18930, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E) y; 3 de julio de 2013, expediente 19017,
C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); 19 de marzo de 2015, expediente 20644, CP Jorge Octavio Ramírez
Ramírez; 3 de septiembre de 2015 expediente 20414, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 10 de septiembre de 2015,
expediente 201254, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 24 de septiembre de 2015 expediente 19146, CP Carmen teresa
Ortiz de Rodríguez; 22 de octubre de 2015, expediente 21797, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 25 de abril de 2016,
expediente 21246, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; 13 de diciembre de 2017, expediente 21855, CP. Julio Roberto
Piza Rodríguez; 15 de mayo de 2019, expediente 23907, CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
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identificable cuáles rubros corresponden a gastos asociados a la prestación del
servicio, cuáles corresponden a costos, y cuáles a gastos operativos, no siendo de
recibo el procedimiento aplicado por la CRA en la integración de la base gravable
de la contribución, a través del cual amplió injustificadamente la liquidación que le
corresponde asumir a la demandante.
En quinto lugar, señalo que la CRA cobró la contribución especial sin tener en
cuenta que el criterio que rige su recaudo consiste en cubrir los gastos de
funcionamiento de la entidad, pero la demandada omitió el análisis de ejecución
presupuestal. Planteó que la demandada no elaboró un documento que justificara
técnicamente el faltante presupuestal, con lo cual se incurrió en la falta de
motivación de los actos12.
Sostuvo que el presupuesto de la entidad para el año 2020 fue de $24.453.810.075,
el cual representa una variación de 41,39% respecto del año anterior. Pero no todo
el presupuesto puede tomarse como base para liquidar la contribución especial,
pues la misma no tiene el fin de cubrir las depreciaciones o amortizaciones.
Tampoco se explicó por qué dicho presupuesto resultaba insuficiente y, en
consecuencia, ampliar la base del tributo.
Indicó que los actos demandados no definen los factores que tomó la CRA como
base para determinar el valor de la contribución ni la forma de calcularla, pues
aquellos se limitan a definir su monto, con base en un cuadro que contiene la parte
considerativa de la Resolución 544. Alegó que ello no da cuenta de las bases
tenidas en cuenta para liquidar la contribución, y no es claro cómo se llega al número
final incumpliendo con la motivación que debe tener el acto, e impidiendo la
posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
Destaco que, si bien bajo las normas internacionales de información financiera (en
adelante NIIF), los costos se pueden tratar como elementos que se agrupan en los
gastos, ello no significa que se trate de conceptos equiparables, por lo que no se
podían tomar los costos como base para la liquidación de la contribución. Señaló
que las NIIF no ofrecen un catálogo de cuentas, sino que determinan las bases para
la presentación de los estados financieros. La demandada debía guiarse por el
catálogo de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación.
Manifestó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante
SSPD) expidió la estructura para el reporte de información financiera en el lenguaje
informático XBRL a través del cual se le reporta la información contable de las
empresas. Alegó que no resultaba claro por qué la CRA no solicitó a través de
Formatos Complementarios “FC” de XBRL, la información contable que le permitiera
determinar la base gravable según los parámetros establecidos en la Ley 142 de
1994, y en las sentencias del Consejo de Estado. Planteó que las NIIF no pueden
ser determinadoras de la base de los tributos, sino que la CRA debía ajustarse a lo
ordenado por la Ley 142 de 1994.
Por último, destacó que en materia tributaria existen dos sistemas para la
determinación de las obligaciones: el sistema de autoliquidación y el coercitivo.
Respecto del segundo, señaló que las normas tributarias nacionales no prevén un
procedimiento específico para la formación de los actos administrativos de carácter
definitivo, por lo que se debe acudir al procedimiento general de la Ley 1437 de
2011.
12
Citó la sentesncia T-204 de 2012 de la Corte Constitucional.
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Argumentó que, por lo tanto, es deber de la Administración expedir un acto previo a
la notificación de la decisión definitiva13. De esa manera se garantiza el derecho de
contradicción y defensa14. Sobre este punto señaló que hay precedentes judiciales
reiterados que indican que en los tributos de liquidación oficiosa se debe expedir un
acto preparatorio15.
Oposición a la demanda
La demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente16:
Señaló que con la expedición de los actos demandados no se desconoció la
Constitución ni las leyes; por el contrario, la CRA acató la normativa aplicable a los
hechos en la época en que ocurrieron. Señaló que no era aplicable la versión original
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sino la modificación introducida por la Ley
1955 de 2019. Así, se evidencia imprecisión y falta de certeza legal en la tesis de la
demandante.
Sostuvo que no se incurrió en la ampliación irregular e ilegal de la base gravable de
la contribución especial, pues a la fecha estaba vigente el artículo 18 ibidem, norma
que facultaba a la CRA para fijar la tarifa del tributo, así como liquidarlo y recaudarlo.
De modo que se operó conforme al mandato normativo, por lo que no se vulneró el
principio de legalidad.
Señaló que no tiene cabida la petición de inaplicar la Resolución CRA 930 de 2020
que dispuso la base gravable y la tarifa de la contribución por el año 2020, pues se
trata de un acto administrativo expedido con fundamento en la Constitución Política
y en leyes superiores aplicables17, por lo que se ajustó a los elementos señalados
en la norma constitucional y goza de presunción de legalidad. Planteó que cualquier
controversia sobre el particular, debe abordarse bajo el medio de control de nulidad
simple.
Defendió que la destinación de la contribución, la base gravable, el procedimiento
de cálculo, el presupuesto de la CRA para el año 202018 y, en general, los elementos
estructurales del tributo encontraron sustento en normas vinculantes para el año
objeto de discusión.
Resaltó que adelantó el estudio técnico, a través de la Subdirección Administrativa
y Financiera, el cual se identifica con el radicado número 20200200003933 del 09
de septiembre de 2020 (documento que se anexa), con el que se soporta el cálculo
de la tarifa, las fórmulas usadas para su determinación, y que partió de la
información suministrada por la actora en el SUI. Agregó que en la Resolución UAE
CRA 544 de 2020 se fijaron los fundamentos de hecho y de derecho que dieron
lugar a la liquidación de la contribución, y se incluyó un cuadro de liquidación con el
detalle de los rubros que debían ser incluidos conforme a la normativa aplicable.
13
Citó el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011.
14
Citó la sentencia del 12 de noviembre de 2015, rad. 4001-23-31-000-2011-00051-01, C.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia.
15
Citó las sentencias del 16 de octubre de 2014, exp. 19126, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, reiterada en la
sentencia del 4 de mayo del 2015, exp. 20615, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 18 de octubre de 2018, exp.
22892, C.P. Milton Chaves García; y del 15 de noviembre de 2018, exp. 23552, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
SAMAI del Tribunal, índice 25. Expediente digital. «39_RECIBEMEMORIALES_ALLEGACONTESTACION(.zip)»,
«Contestación MVCT- F».
17
Señaló los artículos 29, 338 y 363 de la Constitución Política; artículo 85 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo
18 de la Ley 1955 de 2019; Decreto 1150 de 2020; Decreto 1082 de 2015; Decreto 2882 y 2883 de 2007.
18
Citó el Decreto 2411 del 2019 «Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020,
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos».
7
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Señaló que a lo largo de la actuación se garantizaron los derechos de la
demandante, y que el procedimiento se desarrolló en cumplimiento de cada una de
las etapas reguladas legalmente, por lo que no se atentó contra el debido proceso
ni contra el derecho de contradicción.
Indicó que no es posible la exclusión de los rubros de impuestos, tasas y
contribuciones, ni los valores correspondientes a ingresos a favor de terceros
independientes, ya que la ley expresamente señaló los conceptos que debían ser
descontados, y dentro de dicha referencia no se encuentran los rubros alegados por
la demandante.
Manifestó que no se desconoció el principio de irretroactividad, pues la Ley 1955 de
2019 aplicó a partir del periodo siguiente a aquel en el que entró a regir; por ello,
tuvo efectos para el año 2020.
Respecto del cargo de desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que liquidó
la contribución especial del año 2020 atendiendo lo manifestado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, en el sentido de que, pese a que el artículo
18 ibidem es inconstitucional, sí surtió efectos respecto de las situaciones jurídicas
consolidadas en el año 2020.
Añadió que no es suficiente con señalar el cargo de falsa motivación sin sustentar
por qué en el caso puntual se presentó. Por otro lado, la CRA se acogió al mandato
legal, y explicó en detalle la forma en que se liquidó el tributo a cargo de la
demandante, identificando las normas aplicables para el efecto, así como cada uno
de los pasos llevados a cabo en el proceso de cálculo y determinación.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados, sin condenar en costas,
con base en las siguientes consideraciones19:
En primer lugar, señaló que el artículo 18 ibidem, pese a haber sido declarado
inexequible, surtió efectos sobre las situaciones jurídicas consolidadas en el año
2020; situación que es acorde con lo decidido por la Corte Constitucional. Por lo
tanto, la demandante estaba en la obligación de pagar la contribución especial a la
CRA.
Sobre el procedimiento que se surtió para el cobro del tributo, señaló que el caso
bajo estudio corresponde a una contribución que sigue el modelo coercitivo, por lo
que es deber de la Administración liquidar la obligación mediante factura, cuenta de
cobro o liquidación. Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha sido
consistente en manifestar que los actos administrativos en los que se liquiden
obligaciones deben estar precedidos de un acto previo en el que se manifiesten las
razones de la liquidación, para que el contribuyente pueda ejercer su derecho de
defensa20.
Agregó que, en la medida en que el procedimiento de determinación para el cobro
de la contribución especial no tiene una regulación especial, es necesario acudir a
las normas generales previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de
19
SAMAI del Tribunal, índice 46.
20
Citó las sentencias del 10 de febrero de 2016, exp. 20712, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 23 de febrero de
2017, exp. 21735, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, exp.
22473, C.P. William Hernández Gómez; y del 06 de julio de 2023, exp. 26860, C.P, Milton Chaves García.
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lo Contencioso Administrativo, que en su artículo 42 prevé la expedición del acto
administrativo definitivo antecedido de un acto mediante el cual se le informe al
interesado las razones para la liquidación correspondiente21.
Sin embargo, en el presente caso no se advirtió que la Administración cumpliera
con la carga de expedir un acto previo que le permitiera a la demandante ejercer su
derecho de contradicción y defensa.
Por lo anterior, consideró que se presentó la violación al debido proceso alegado
por la demandante. Manifestó que al encontrarse probado un yerro a partir del cual
se desconoció una etapa sustancial en el trámite, era procedente la nulidad de los
actos demandados22.
Como consecuencia de lo expuesto, ordenó a la demandada devolver el monto
liquidado y pagado por la demandante por concepto de la contribución especial.
Por último, no condenó en costas por no haberse probado.
Recurso de apelación
La parte demandada presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, con
base en lo siguiente23:
Señaló que le asistió razón al a quo al concluir que la contribución especial regulada
en el artículo 18 ibidem, era aplicable para el año 2020 conforme los
pronunciamientos de la Corte Constitucional. Sin embargo, censuró la nulidad de
los actos con fundamento en la violación al debido proceso, pues conforme a las
normas que rigen el tributo, no era exigible la expedición de un acto previo. Por lo
tanto, solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda.
Refirió los actos demandados y reiteró los argumentos expuestos en etapas previas
en el sentido de que la CRA se acogió al procedimiento y normas sustanciales que
rigen la contribución especial, además se partió de la información suministrada por
EPM mediante el SUI, y se otorgaron las garantías que con arreglo a la ley eran
procedentes.
Procedió a citar los argumentos de la sentencia, y a partir de ello manifestó que el
a quo resolvió el problema jurídico de manera inadecuada, pues se refirió a la
contribución especial de vigilancia, cuando la discusión giró sobre la contribución
especial regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo
18 de la Ley 1955 de 2019.
Alegó que lo anterior tuvo impacto en la valoración normativa, y llevó a que se
desconociera el actuar legítimo de la demandada, que cumplió con el mandato
previsto en el Decreto 1150 de 2020, relativo al procedimiento de liquidación de la
contribución especial, y que no impone la obligación de expedir un acto previo.
Aclaró que la CRA no emite factura o cuenta de cobro, sino un acto administrativo
individual de liquidación mediante el cual se garantizó el debido proceso y el
derecho de defensa.
21
Citó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del 20 de mayo de 2020, expediente No. 25307-
33-34-003-2016-00119-01, M.P. Mery Cecilia Moreno Amaya.
22
Citó la sentencia del 10 de julio de 2014, exp. 19063, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
23
SAMAI del Tribunal, índices 49 y 52. Los apoderados de la CRA y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
presentaron recurso de apelación contra la decisión.
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Manifestó que lo anterior no significa que no se haya cumplido con un procedimiento
previo al acto de liquidación, pues la CRA fundamentó el acto particular en la fijación
de la tarifa, la verificación de los presupuestos legales, contables y presupuestales.
Cuestionó la metodología desplegada por el Tribunal en el proceso de
interpretación, y señaló que incluso bajo la idea de que era exigible la expedición de
un acto previo, no se indicó en la sentencia cómo tal omisión tuvo la entidad
suficiente para declarar la nulidad de lo actuado, pues no todo vicio de forma
conlleva a la nulidad. Alegó que en el expediente está demostrado que la
demandante pudo ejercer el derecho de defensa al presentar los recursos de
reposición y apelación.
Indicó que las premisas de las que partió el a quo están relacionadas con tributos
cobrados mediante el modelo coercitivo, y que aluden a tributos de orden territorial
y municipal, en los que el sujeto activo tiene competencias distintas a las de la CRA,
pues se trata de entidades administrativas de naturaleza diversa. Alegó que en los
casos considerados por el Tribunal (contribución especial de turismo, contribución de obra
pública e impuesto de alumbrado público), no existen mecanismos para que el
contribuyente ejerza sus derechos de defensa y contradicción, por lo que se hace
necesario exigir la expedición de un acto previo.
Destacó que la discusión sobre los elementos sustanciales que cita el a quo en el
sentido de que se debió expedir el acto previo24, es controvertible con la emisión del
acto general (Resolución CRA 930 de 2020) y las resoluciones confirmatorias, las cuales
constituyeron un acto administrativo complejo en el que sin lugar a dudas se
establecieron todos los elementos de la contribución especial, que además fueron
objeto de discusión en razón de los recursos interpuestos por la actora.
Respecto del precedente judicial mencionado por el a quo sostuvo que no era
aplicable al caso, porque hay un procedimiento particular determinado para la
contribución, el cual garantiza el ejercicio de los derechos de contradicción y
defensa; y que, atendiendo a la naturaleza del tributo, no remite al Estatuto
Tributario Nacional, y no justifica la expedición de un requerimiento especial y una
liquidación oficial.
Sostuvo que exonerar del pago de la contribución especial a la demandante
implicaría acabar con la única fuente de financiación de la entidad, la cual tiene
rango constitucional y legal, y que conllevaría a desconocer el mandato del artículo
338 de la Constitución, que prevé la recuperación de costos en la prestación de
servicios de inspección, vigilancia y control.
Finalmente, frente a las pretensiones subsidiarias de la demanda de liquidar la
contribución conforme la versión original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, indicó
que ello implicaría partir de una norma no vigente para la fecha de los hechos.
Oposición a la apelación
La demandante no se opuso al recurso.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
24
Citó la sentencia del 17 de marzo de 2022, exp. 24628, C.P. Milton Chaves García.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Resolución UAE – CRA Nro.
544 del 21 de septiembre de 2020, mediante la cual la CRA liquidó la contribución
especial regulada en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, por el año 2020 a cargo
de EMP. También debe decidirse sobre la legalidad de las resoluciones UAE – CRA
Nro. 785 del 23 de octubre de 2020, y UAE- CRA Nro. 842 del 05 de noviembre de
2020, que resolvieron los recursos de reposición y apelación respectivamente.
En los términos del recurso de apelación presentado por la demandada, apelante
única, le corresponde a la Sala establecer si esta desconoció el debido proceso, y
los derechos de contradicción y defensa de la demandante por no haber expedido
un acto previo al de liquidación.
Análisis del caso concreto
1. Obligación de expedir acto previo
La apelante se aparta de la decisión de primera instancia al considerar que para el
caso particular de la contribución especial no era exigible la expedición de un acto
previo, y que incluso si ello hubiere sido procedente, la omisión de tal deber no tiene
la entidad suficiente para declarar la nulidad de lo actuado, pues en todo caso se
garantizaron los derechos de defensa y contradicción de la actora.
Para resolver, la Sala pone de presente que las sentencias del 17 de marzo de 2022,
exp. 24628, C.P. Milton Chaves García; del 04 de julio de 2024, exp. 27908, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 01 de agosto de 2020, exp. 28610, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, analizaron si es necesario expedir un acto previo
a la determinación de la contribución especial a la que se refiere el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994 para los años 2018 y 2019; así como bajo la modificación efectuada
por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, para el año 2020.
En esas ocasiones, la Sala explicó que la contribución especial referida era
determinada con base en la información financiera que suministra la empresa
contribuyente al SUI, por lo que la norma aplicable es el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, la cual no prevé una discusión o un acto previo a la liquidación del tributo.
Teniendo en cuenta que el Tribunal consideró vulnerado el artículo 42 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es útil poner
de presente que el artículo 4 ibidem establece que las actuaciones de la
Administración pueden iniciarse i) por quien ejerce el derecho de petición en interés
general o particular, ii) por quien actúa en cumplimiento de un deber legal o iii) de
oficio. Esta precisión es relevante porque el artículo 35 sólo exige informar el inicio
de la actuación al interesado para que ejerza su derecho de defensa en los eventos
en que el procedimiento inicia de oficio. Además, se destaca que, cualquiera que
sea el motivo del inicio de la actuación, el artículo 42 exige que, antes de adoptar la
decisión, la Administración le dé a los interesados la oportunidad de expresar sus
opiniones.
Ahora bien, como se indicó en la sentencia del 04 de julio de 2024, exp. 27908, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, debido a que la liquidación y recaudo de la
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contribución parte de la información presentada por los sujetos pasivos al SUI, la
actuación inicia con el cumplimiento del deber legal del contribuyente de presentar
información, lo cual no requiere del acto de comunicación del inicio del trámite al
que se refiere el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011.
De igual forma, con lo expuesto se cumple la exigencia de permitir al interesado
expresar sus opiniones antes de adoptar la decisión, prevista en el artículo 42 ibidem,
pues el reporte de información incide en la determinación del tributo, por lo cual,
constituye una instancia de participación previa del contribuyente, con impacto
directo en la liquidación de la obligación.
Debe tenerse en cuenta que la garantía del debido proceso del artículo 29 de la
Constitución exige adelantar el trámite correspondiente “con observancia de las formas
propias de cada juicio”, que, en este caso, se insiste, no exigen la expedición de un acto
previo de vinculación del sujeto pasivo.
En todo caso, la Sala destaca que los derechos de defensa y de contradicción de
los prestadores se garantizan a través de dos vías: en primera medida, el hecho de
que la contribución se liquide a partir de la información reportada por el propio
contribuyente y, en segunda medida, con la interposición de los recursos contra la
liquidación que profiere la entidad.
Finalmente, los antecedentes invocados por el a quo no son aplicables al caso
puntual, pues se refieren a situaciones de hecho y de derecho diferentes, pues se
refieren al impuesto de alumbrado público, a la contribución de contratos de obra
pública y a la contribución parafiscal para la promoción al turismo.
Con base en lo expuesto, prospera el recurso de apelación. No obstante, ello no es
suficiente para declarar la legalidad de los actos demandados, pues para ello es
necesario estudiar los cargos de la demanda planteados por la actora que no fueron
objeto de estudio por el a quo. De lo contrario, se denegaría el derecho de acceso
a la administración de justicia de la actora25.
La anterior aclaración se hace en la medida en que la demandada fue la única que
se opuso a la sentencia de primera instancia, mediante la interposición del recurso
de apelación. Con lo cual la Sala está obligada a analizar los cargos de apelación.
Sin embargo, el debate sobre la legalidad de los actos demandados queda abierto
en la medida en que en la sentencia de primera instancia el a quo no se pronunció
sobre los cargos relativos a la liquidación de la contribución especial, puesto que en
el análisis del Tribunal se había concluido que se había presentado un vicio de orden
procesal, que hacía innecesario continuar el estudio. Por ello, es necesario abordar
los cargos de la demanda pendientes de discusión26.
2. Violación del principio de irretroactividad
La demandante sostuvo que la contribución especial del año 2020, regulada por el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, no podía liquidarse a partir de los hechos
acaecidos en el año 2019, pues esta vigencia corresponde a la misma de expedición
de la norma; por lo tanto, al tratarse de un tributo de periodo, las modificaciones que
se hagan respecto de su estructura, solo pueden tener efectos a partir del periodo
25
Sobre la procedencia del estudio de los cargos de nulidad no resueltos en primera instancia, ver la sentencia del 16 de
mayo de 2024, exp. 27888, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
En el mismo sentido se decidió en las sentencias del 18 de febrero de 2021, exp. 22822; y del 11 de marzo de 2021, exp.
22826, ambas con C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12
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gravable siguiente, es decir a partir del año 2020. En ese entendido, la demandante
solicitó inaplicar por inconstitucional tanto el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
como la Resolución Nro. 930 de 2020 de la CRA, acto general que fundamenta los
actos particulares demandados.
Sobre la base gravable de la contribución especial a favor de la CREG, entre otras
entidades, el artículo 18 de la Ley 1955 de 20194, que modificó el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994, disponía que “se determinará con base en los costos y gastos totales
devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los
intereses devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la
fecha de liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados.”
El artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en sentencias C-464 de 28 de octubre de 2020 y C-484 del 19 de
noviembre de 2020. Al respecto, en providencia de 26 de mayo de 2022, exp. 25441
C.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello, la Sala se refirió a los efectos en el tiempo de
las sentencias C-464 y C-484 de 2020.
La Sala precisó que en la parte considerativa de la sentencia C-464 de 2020, la
Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad con efectos inmediatos y hacia
el futuro de la expresión “y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios” del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, por
desconocer el principio de legalidad tributaria, pues existía indeterminación de los
sujetos pasivos de la contribución especial. En la misma sentencia del 26 de mayo
de 2022, la Sala señaló que la Corte declaró la inconstitucionalidad de los demás
incisos del artículo 18 ibidem con “efectos a partir del 1 de enero de 2023”, esto es, con
efectos diferidos.
Respecto a la sentencia C-484 de 2020, en la referida sentencia de 26 de mayo de
2022, la Sala señaló que en el numeral segundo de la sentencia C-464 de 2020, se
declaró inexequible la totalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Sin embargo,
en la parte motiva, la Corte moduló los efectos de la declaratoria de inexequibilidad,
en el sentido de establecer que los tributos causados en el año 2020 correspondían
a situaciones jurídicas consolidadas y que los efectos de la sentencia se producirían
a partir del año 2021.
Con fundamento en lo anterior, en el citado fallo de 26 de mayo de 2022, la Sala
concluyó que “cuando la Sentencia C-484 de 2020 señala que los tributos causados en la
anualidad 2020 constituyen situaciones jurídicas consolidadas, se refiere a la contribución que [se]
debía por la vigencia 2020, lo que se traduce en que respecto de la misma, era plenamente aplicable
el artículo 18 de la Ley 1955, aun en los eventos en que las autoridades administrativas fijen los
elementos del tributo atendiendo los criterios definidos por el legislador para ese momento, los cuales
fueron declarados inexequibles para la vigencia 2021 y posteriores”.
Así, para la vigencia 2020, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 hacía parte del
ordenamiento jurídico. Y como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad
de la norma con efectos a partir del año 2021, desde ese año recobró plena vigencia
el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, antes de ser modificado por el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019.
Ahora bien, en relación con la pretensión de la demandante consistente en inaplicar
por inconstitucional la Resolución 930 de 2020 de la CRA, acto de carácter general
que sustenta los actos particulares demandados, el cargo de la demanda encuentra
fundamento directamente en la Constitución Política, que en el artículo 4 promulga
13
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la primacía de esta sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, así: “En
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales”.
Sobre la naturaleza de la excepción, la Corte Constitucional ha considerado27 que
se trata de “una herramienta a través de la cual las autoridades judiciales cumplen con la facultad-
deber”28 de inaplicar en un caso concreto una norma por contrariar la Constitución Política. 29, y que
se “se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos
fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de
forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”30.
Según lo manifestado por la Corte Constitucional31, el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad opera en tres casos: 1) la norma es contraria a cánones
superiores, y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad;
2) la norma que es formalmente válida y está vigente, pero reproduce en su
contenido, otra que ha sido objeto de declaratoria de inexequibilidad por parte de la
Corte Constitucional, o de nulidad por parte del Consejo de Estado; en respuesta a
una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según
sea el caso; y 3) atendiendo a las particularidades del caso, la aplicación de la norma
llevaría al desconocimiento de disposiciones de rango constitucional.
Teniendo en cuenta lo anterior, es oportuno anticipar que, tal y como se expone más
adelante, a pesar de que la Resolución 930 de 2020 de la CRA se encuentra vigente,
sigue las mismas premisas de actos de contenido general y particular que también
han fijado contribuciones especiales a favor de otras entidades como la CREG 32 y
la SSPD33, y que han sido anulados por esta misma Corporación, por atentar contra
el principio de irretroactividad de las normas tributarias. Precisamente, fue con
fundamento en estos fallos que en la sentencia del 01 de agosto de 2024 34 esta
Sección decidió un asunto que guarda similitud fáctica y jurídica con el asunto bajo
examen, respecto de la misma contribución a favor de la CRA para la misma
vigencia 2020. Como se verá, en la sentencia que se reitera, la Sección declaró la
nulidad de los actos particulares demandados por atentar contra el principio de
irretroactividad previsto en los artículos 338 y 363 de la Constitución.
El estudio propuesto tiene lugar en la medida en que el artículo 338 constitucional
dispone que las contribuciones “en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”; el artículo 363 ibidem,
proscribe de manera explícita la aplicación retroactiva de las leyes tributarias. Pero
las normas alegadas por la demandante, suponen el cálculo de la base gravable del
tributo con arreglo a los hechos ocurridos en el año 2019; vigencia en que se
promulgó la norma.
27
Sentencia SU-109 de 2022.
28
«La jurisprudencia constitucional ha explicado que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o
si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una
acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los
eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una [sic] caso concreto y las normas
constitucionales” (Sentencia T-389 de 2009, citada en las sentencias T-681 de 2016, SU-132 de 2013 y T-681 de 2013).
En la sentencia T-215 de 2018 se explicó que “la inaplicación de una norma contraria a la Constitución es una facultad
que debe ejercerse oficiosamente por parte de la autoridad bajo la figura de la ‘excepción de inconstitucionalidad’.»
29
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2009.
30
Ibidem.
31
Sentencia SU-599 de 2019.
32
Sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, C.P. Milton Chaves García.
33
Sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
34
Exp. 28610.
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Sobre la problemática de la vulneración al principio de irretroactividad, la Sección
se pronunció en los fallos del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, C.P. Milton Chaves
García; del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto35.
En la primera de dichas providencias, la Sala sostuvo que “La base gravable de la
contribución es el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, que en este
caso es anual, y conforme al artículo 338 de la Constitución Política, el artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, que entró a regir el 25 de mayo de 2019, debía aplicarse en el periodo fiscal siguiente (año
2020)” (negrilla del original). En la segunda, la Sala concluyó que “la resolución acusada
tomó como base, hechos económicos ocurridos durante el periodo de entrada en vigor de la ley
(2019), por lo cual, dicho acto se anuló, por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria”.
Por otro lado, en la sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto, se sostuvo lo siguiente:
“En el caso concreto, la SSPD liquidó la contribución especial a cargo de la demandante por
el año 2020, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, con la
información del año gravable anterior (2019), y no con fundamento en el artículo 85 de la Ley
142 de 1994, como correspondía. Así las cosas, siguiendo el precedente de la Sala en casos
análogos, en vista de que la SSPD liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en
información (hechos) del mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019), se vulneró
el principio de irretroactividad tributaria.
Así pues, comoquiera que en el sub examine la actora reclama la vulneración al principio de
irretroactividad tributaria, que no existe cosa juzgada sobre este punto y que los actos
acusados se sustentaron en la referida resolución para liquidar la contribución, la Sala
inaplicará por inconstitucional el artículo 2. º de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20
de agosto de 2020, por ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta,
este último que proscribe la aplicación retroactiva de las leyes tributarias y, en consecuencia,
declarará la nulidad de los actos administrativos que liquidaron la contribución a la actora por
el año 2020. Al proceder el cargo de nulidad, la Sala se releva de estudiar los demás cargos
de apelación” (subraya la Sala).
Fue con fundamento en los anteriores fallos que en la sentencia del 01 de agosto
de 202436 se valoró la legalidad de los actos administrativos de carácter general por
medio de los cuales la CRA liquidó la contribución del año 2020 a cargo del
contribuyente, respecto a lo cual se consideró:
“En los antecedentes traídos a colación la Sala se refirió a la Resolución Nro. 241 de 2020 y
a la Resolución Nro. 2020100003335 del mismo año, actos proferidos por la CREG y la SSPD,
respectivamente, para fijar la tarifa de la contribución especial del artículo 18 de la Ley 1955
de 2019 para la vigencia 2020.
Entonces, si bien en dichos antecedentes no se analizó directamente la contribución especial
que se debe pagar a la CRA, los mismos son aplicables al presente caso, por tratarse de
normas que reglamenta el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019”.
Es decir, en casos similares la Sala ha declarado que la determinación de la base
gravable de la contribución especial por el año 2020, a partir de hechos ocurridos
en el año 2019, resulta violatorio del principio de irretroactividad, pues la norma que
modificó la contribución entró a regir en el año 2019, de modo que, al tratarse de un
tributo de periodo, los efectos de tal modificación no podían surtirse sino hasta el
periodo siguiente.
Por ello, al haberse identificado la aplicación retroactiva de los actos demandados
en la sentencia del 01 de agosto de 2024, se declaró la nulidad de los mismos. Si
35
Reiterada en la sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 27134, C.P. Wilson Ramos Girón.
36
Exp. 28610.
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bien, la sentencia no señala de modo explícito el ejercicio de la excepción por
inconstitucionalidad, el fundamento jurídico para la decisión fue la incompatibilidad
entre la resolución y la Constitución Política37.
Por lo expuesto, este cargo de la demanda prospera, motivo por el que se
confirmará la nulidad decretada en primera instancia, sin que sea necesario estudiar
los demás cargos propuestos por la actora.
Con base en lo anterior, en virtud del principio de congruencia, el juez debe resolver
la controversia jurídica delimitada por las partes en la demanda y en su
contestación, de tal manera que no le es dable pronunciarse sobre temas o asuntos
no discutidos por ellas. En efecto, frente al restablecimiento del derecho en casos
como el presente, corresponde remitirse a las pretensiones de la demanda, en la
cual se pidió la devolución del valor pagado a título de contribución especial por el
año 2020.
Conforme al expediente, se constata que inicialmente se fijó la liquidación en
$2.396.152.438. De ese monto, EPM hizo un primer pago de $697.122.000.
Posterior a ello, EPM presentó recurso de reposición contra la resolución
liquidatoria, el cual se resolvió mediante la Resolución Nro. 785 del 23 de octubre
de 2020, por medio de la cual la CRA modificó la Resolución Nro. 544 de 2020, en
el sentido de fijar la contribución de esa anualidad en $2.386.596.358. Lo anterior
se confirmó en la Resolución Nro. 842 del 05 de noviembre de 2020, que resolvió el
recurso de apelación. El 11 de noviembre de 2020, EPM pagó el saldo de
$1.689.474.458.
Por lo tanto, se ordena a la CRA la devolución de $2.386.596.35838 a EPM,
correspondiente a la contribución especial por el año 2020; monto que se debe
ajustar con base en el índice de precios al consumidor, junto con los intereses
moratorios, en los términos señalados en los artículos 187, 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Conclusión
Procede la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia, pero por los motivos
señalados en esta sentencia, en el entendido de que, si bien no era procedente la
expedición de un acto previo, el acto administrativo de carácter general que
fundamenta los actos particulares demandados, al ser violatorio del principio de
irretroactividad se debe inaplicar para el presente caso. Consecuencia de lo anterior,
los actos de contenido particular cuestionados deben ser declarados nulos.
Atendiendo a las precisas pretensiones de la actora, se declara que EPM no tiene
la obligación de pagar la contribución especial por el año 2020 a la CRA; y esta
última debe devolver $2.386.596.358 en los términos expuestos en esta sentencia.
Costas
A la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 8) del Código General del
Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho)
en esta instancia, por no encontrarse probada su causación.
37
Particularmente frente a los artículos 338 y 363 de la Constitución Política.
38
Las partes no discuten el hecho sexto relatado en la demanda, que da cuenta del pago de $2.386.596.358. En la
contestación se manifestó que este hecho es cierto.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia de primera
instancia, el cual quedará así:
PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL la Resolución Nro. 930 del 10 de septiembre de
2020 de la CRA, por medio de la cual fijó la tarifa de la contribución especial de que trata el artículo 85
de la Ley 142 de 1994, para la vigencia 2020.
SEGUNDO: En consecuencia DECLARAR la nulidad de la Resolución UAE-CRA No. 544, del 21 de
septiembre de 2020, por medio de la cual se profiere liquidación oficial de la contribución especial
correspondiente al año 2020, a cargo de la demandante; de la Resolución UAE-CRA No. 785, del 23
de octubre de 2020, que decide el recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior; y de la
Resolución UAECRA No. 842 del 5 de noviembre de 2020, que resuelve el recurso de apelación
presentado contra la liquidación oficial.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR que la sociedad Empresas Públicas
de Medellín E.S.P., no está obligada a realizar el pago de la contribución especial del año 2020,
determinada en los actos declarados nulos; y ORDENAR a la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico (CRA) devolver a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., la suma de
$2.386.596.358, debidamente actualizada, junto a los intereses moratorios de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
2. Confirmar los ordinales cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, el 30 de mayo de 2024, por los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta providencia.
3. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Salva voto
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