Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2011-00856-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2011-00856-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2011-00856-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de octubre de 2025
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Radicado: 25 000 2341 000 2011 00856 01
Demandante: VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y
HILTI COLOMBIA S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 2341 000 2011 00856 01
Demandantes: VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN – HILTI
COLOMBIA S.A.
Demandados: Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – ERU, Distrito
Capital de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y
Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio
S.A.
Tema: Expropiación por vía administrativa – presunción de legalidad de
los actos que fijan el precio indemnizatorio - perjuicios por
concepto de daño emergente y lucro cesante.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 13 de julio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, mediante
la cual se negó las pretensiones de la demanda incoada por las sociedades
VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y HILTI COLOMBIA S.A. en contra
de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – ERU, el Distrito Capital -
Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho especial
prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, las sociedades VANSOLIX
S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y HILTI COLOMBIA S.A., a través de apoderado
judicial, formularon las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“1. PRINCIPALES
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Radicado: 25 000 2341 000 2011 00856 01
Demandante: VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y
HILTI COLOMBIA S.A.
PRIMERA. Declarar la nulidad de las resoluciones 272 y 324 de 2010 de la
Empresa de Renovación Urbana - ERU, por la violación de las normas que debió
cumplir en el proceso de expropiación, respecto del predio ubicado en la Avenida
Calle 26 No. 13 A - 37 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria número 50C-1495678.
SEGUNDA. A título de restablecimiento del derecho solicito que se ordene a la
Empresa de Renovación Urbana - E.R.U. y a la Empresa de Transporte del Tercer
Milenio -Transmilenio S.A. la devolución del predio ubicado en la Avenida Calle
26 No. 13 A - 37 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria número 50C-1495678.
TERCERA. En caso que por cualquier circunstancia sea imposible dicha
devolución, solicito que a título de restablecimiento del derecho se condene a la
Empresa de Renovación Urbana- E.R.U.-, y/o al Distrito Capital - Alcaldía Mayor
de Bogotá, al Instituto de Desarrollo Urbano y a la Empresa de Transporte del
Tercer Milenio - Transmilenio S.A. a pagar la indemnización plena a que tiene
derecho mi representada por motivo de la expropiación del predio ubicado en la
Avenida Calle 26 No. 13 A - 37 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1495678 que es la siguiente:
1. OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C ($ 84.198.180) correspondiente a la
diferencia del valor comercial del inmueble objeto de expropiación.
2. CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y SIETE M/C ($120.612.367) a VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION
como reparación del daño emergente causado con la expropiación de su
inmueble.
3. DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
PESOS M/C ($2.531.980) a VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION como
reparación del lucro cesante causado con la expropiación de su inmueble.
CUARTA. Ordenar que la condena respectiva sea actualizada de conformidad
con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la
fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente
fallo definitivo.
QUINTA. Ordenar a la parte demandada que dé cumplimiento a la sentencia,
en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
2. SUBSIDIARIAS
En caso de no prosperar las pretensiones principales, solicito a los Honorables
Magistrados acceder a las siguientes:
PRIMERA. Condenar a la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá - E.R.U.-
y/o al Distrito Capital - Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto de Desarrollo
Urbano -IDU y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio, a
pagar a favor de mi representada las sumas de dinero que se señalan a
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Demandante: VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y
HILTI COLOMBIA S.A.
continuación como reconocimiento del precio real de la indemnización que se le
debe con ocasión de la expropiación adelantada:
1. OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C ($ 84.198.180) correspondiente a la
diferencia del valor comercial del inmueble objeto de expropiación.
2. CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE M/C ($120.612.367) a VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN como reparación del daño emergente causado con la
expropiación de su inmueble.
3. DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
PESOS M/C ($2.531.980) a VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION como
reparación del lucro cesante causado con la expropiación de su inmueble.
CUARTA. Ordenar que la condena respectiva sea actualizada de conformidad
con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la
fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente
fallo definitivo.
QUINTA. Ordenar a la parte demandada que dé cumplimiento a la sentencia,
en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.”1
1.1.2. Los actos acusados
En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 272 del
15 de octubre de 2010 expedida por la Directora Técnica de la Empresa
de Renovación Urbana de Bogotá D.C., por medio de la cual se ordena la
expropiación por vía administrativa de un inmueble ubicado en la AC 26 Nro.
13A-37 en la ciudad de Bogotá, identificado con la matrícula inmobiliaria
número 50C-1495678 con área de terreno de 513,84 m2, una construcción
de 47,66 m2, un área de zona libre dura de 466,18 m2 y un muro de
cerramiento acabados y puerta en acero de 330.47 m2, de propiedad de la
sociedad Vansolix S.A. en Reestructuración.
En este acto se establece como valor del precio indemnizatorio la suma de
$305.092.750 que comprende el avalúo comercial por valor de
$304.971.820 de conformidad con el informe técnico número
8002009ER10909-4 de 10 de diciembre de 2009 elaborado por Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y la suma de $120.930 por concepto de
daño emergente. Así mismo, se indica que el inmueble está destinado a la
ejecución del proyecto integral de Renovación Urbana denominado “Estación
Central”.
De igual forma, se pretende la nulidad de la Resolución número 324 del
1 de diciembre de 2010 expedida por la Directora Técnica de la Empresa
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Cuaderno principal, folios 96 a 98.
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de Renovación Urbana de Bogotá2, por medio de la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por las sociedades demandantes, en el
sentido de confirmar la Resolución número 272 de 2010.
1.1.3. Fundamentos de hecho
La parte demandante aduce que Vansolix S.A. en Reestructuración es una
compañía dedicada a la comercialización, suministro, distribución,
compraventa y calibración de equipos, aparatos, maquinaria, instrumentos y
toda clase de bienes de origen suizo.
Indica que la anterior compañía operaba compartiendo con Hilti Colombia S.A.
instalaciones administrativas, bodegas de almacenamiento y laboratorios en
4 inmuebles, de los cuales 3 eran de propiedad de Vansolix S.A. y uno de Hilti
Colombia S.A.
Afirma que el Decreto Distrital 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogotá, previó que en la zona donde se ubica el predio objeto de
expropiación, se llevaría a cabo la denominada operación estratégica
“CENTRO” (Centro Histórico - Centro Internacional), la cual se desarrolló
mediante el Decreto Distrital 492 del 26 de octubre de 2007, que dispuso la
ejecución del proyecto de renovación urbana denominado “Estación Central”.
Señala que en este último decreto se reglamentó la Unidad de Planeamiento
Zonal UPZ 93 las Nieves que estableció las condiciones urbanísticas para el
sector en el cual se ubica el predio objeto de la presente demanda.
Resalta que la UPZ 93 las Nieves no reglamentó edificabilidad ni altura, por
cuanto las mismas quedaron diferidas a la expedición del plan parcial de
renovación urbana que debía expedir el alcalde de la ciudad.
Alega que Vansolix S.A. informó al IDU que tanto dicha compañía como su
aliado estratégico Hilti Colombia S.A. se verían afectadas con la construcción
del portal de Transmilenio calle 26, ya que han operado en ese lugar durante
los últimos 80 años, por lo que solicitó un cronograma de la ejecución de las
obras.
Indica que el IDU el 18 de marzo de 2008 informó que los predios de los
accionantes se encontraban en zona de reserva vial para el proyecto troncal
calle 26 Estación Central, el cual estaba en revisión de los estudios, los que
una vez concluidos, permitirían adelantar los procesos de adquisición predial.
Asegura que mediante el Decreto 435 del 25 de septiembre 2009 la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C. declaró las condiciones de urgencia para la adquisición
de inmuebles del proyecto integral de renovación urbana denominado
“Estación Central”.
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Cuaderno principal, Folio 651 a 689.
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Afirma que el 25 de septiembre de 2009 Hilti Colombia S.A. celebró contrato
de promesa de compraventa con la sociedad CONMIL S.A. para la adquisición
de 2 bodegas y unos parqueaderos en el llamado Parque Industrial Puerto
Central en la localidad de Fontibón de Bogotá D.C., lugar al cual se trasladarían
las instalaciones de las sociedades demandantes.
Precisa que mediante la Resolución 128 del 6 de mayo de 2010, notificada
el 12 de mayo de 2010, la ERU determinó la adquisición del inmueble ubicado
en la Avenida Calle 26 Nro. 13 A-37 con folio de matrícula inmobiliaria No.
50C-1495678, formuló oferta de compra y realizó unos reconocimientos
económicos.
Manifiesta que la Cámara de Propiedad Raíz de Bogotá elaboró a solicitud de
Vansolix S.A. el avalúo CPR 6050/2010 en el que se indica que al no haberse
expedido por parte del Distrito Capital el plan parcial de renovación urbana
denominado “Estación Central" el predio no contaba con norma urbanística
que permitiera su desarrollo. Manifiesta que, si bien la UPZ 93 las Nieves le
asigna usos, la plancha No. 3 de la misma reglamentación no le asigna
edificabilidad y en esas condiciones es imposible que los predios puedan
desarrollarse, es decir, no pueden obtener licencia de construcción que
permitan su desarrollo, por lo que en aplicación del artículo 23 de la Resolución
620 de 2008 el avalúo se fundamentó en la norma que le era aplicable con
anterioridad a la entrada en vigencia del POT, que para el caso era el Decreto
Distrital 1042 de 1987.
Relata que solicitó la revocatoria directa de la Resolución 128 de 6 de mayo
de 2010 la cual fue negada por la ERU mediante oficio ERU DT 0383 del 26 de
agosto de 2010.
Asegura que mediante Resolución 272 del 15 de octubre de 2010,
notificada mediante edicto desfijado el 16 de noviembre del mismo año, se
ordenó la expropiación administrativa del inmueble con matrícula 50C-
1495678 ubicado en la AC 26 Nro. 13A - 37 por valor de $304.971.820 como
precio indemnizatorio del bien y la suma de $120.930 por daño emergente
reconocido a las empresas de energía y acueducto por desconexión definitiva
de los servicios públicos.
Advierte que contra la anterior decisión se presentó recurso de reposición el
cual fue decidido por la Resolución 324 del 1 de diciembre de 2010 en el
sentido de confirmar la decisión recurrida.
Aduce que el 27 de diciembre de 2010 Vansolix S.A. en Reestructuración
recibió el pago mediante cheque del precio indemnizatorio reconocido en los
actos acusados por parte de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio.
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1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión de la parte actora los actos acusados infringen los artículos 6 y
121 de la Constitución Política; 68 (numeral 4), 70 (numeral 1), 119 de la
Ley 388 de 1997; y 23 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC con
fundamento en los siguientes argumentos:
• La propiedad de los predios pasó de las firmas expropiadas a la empresa
TRANSMILENIO S.A. y no al patrimonio de la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA
Asegura que los actos acusados desconocen lo previsto en los artículos 68 y
70 de la Ley 388 de 1997 que establecen que la titularidad del derecho de
dominio de los inmuebles expropiados debe transferirse directamente a la
entidad expropiante, al permitir que la propiedad del bien expropiado pasara
directamente a Transmilenio S.A. y no a la entidad expropiante.
Afirma que el aceptar que los bienes expropiados pasaran directamente al
tercero que puso los recursos económicos para adelantar la expropiación y
no a la entidad expropiante, también vulnera los artículos 6 y 121 de la
Constitución Política, por cuanto la ERU no tenía competencia para tomar tal
decisión, ya que los artículos 68 y 70 ordenaban expresamente que el bien
expropiado pasara a su patrimonio.
Asegura que la posibilidad de transferir el bien expropiado a favor de
terceros sólo es posible mediante el artículo 122 de la Ley 1450 de 2011,
disposición que no es aplicable al presente asunto.
• Los avalúos hechos por el IGAC que sirvieron de soporte para adelantar
el proceso de expropiación desconocieron la normatividad urbanística
que les era aplicable
Aduce que la elaboración del avalúo comercial para el proceso de
expropiación administrativa por renovación urbana, se debió hacer con base
en la norma urbanística aplicable antes de la entrada en vigencia del Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que para el caso son las contenidas
en el Decreto 1042 del 29 de mayo de 1987 y no las de la UPZ 93 las Nieves
contenidas en el Decreto 492 de 2007, ya que para la fecha en que
ocurrieron los hechos, el Distrito Capital no había adoptado el Plan Parcial
de Renovación Urbana Estación Central que permita aplicar las normas de
usos definidas en la UPZ 093 y reglamente las condiciones de edificabilidad
del sector en que se ubica el predio.
Afirma que dicha situación se evidencia en el avalúo corporativo que realizó
la Cámara de Propiedad Raíz de Bogotá al referirse en la norma urbanística.
Destaca que al elaborarse el avalúo con fundamento en una reglamentación
urbanística que no le era aplicable al predio, los actos demandados
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vulneraron el artículo 23 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC y los
artículos 6 y 121 de la Constitución.
• La forma de pago contenida en las resoluciones objeto de esta acción
desconoce los derechos de opción y de preferencia.
Asegura que en el presente caso desde el inicio de la expropiación
administrativa en la etapa de enajenación voluntaria directa, se desconoció
la opción de los propietarios de escoger la forma de pago de sus inmuebles,
ya sea mediante permuta o derechos de edificabilidad, toda vez que
únicamente se ofreció el pago en efectivo, lo que es diferente del derecho
de preferencia que puedan tener en el futuro para hacerse parte del
proyecto, vulnerando lo previsto en el artículo 119 de la Ley 388 de 1997.
• Controversia respecto del precio indemnizatorio
Alega que la indemnización reconocida no corresponde al valor comercial
del bien tal como se demuestra en el avalúo corporativo realizado por la
Cámara de Propiedad Raíz de Bogotá que determinó el valor comercial en
$389.170.000, esto es, $84.198.180 más del valor que los actos acusados
reconocieron.
Consideran que los actos demandados no reconocen como daño emergente
todos los gastos en que incurrieron las sociedades demandantes, así como
la adquisición de obligaciones que, de no haber sido por la decisión de la
administración de iniciar el proceso de adquisición de predios y posterior
expropiación, no hubieran afectado su patrimonio. Entre los gastos que
afirman se deben reconocer indican los siguientes:
• Los servicios de consultoría inmobiliaria que contrató Vansolix S.A. en
el mes de mayo de 2006 para la negociación de un inmueble que
permitiera el traslado del predio que sería expropiado por valor de
$39.637.800.
• Indican que celebraron promesa de compraventa de 2 bodegas y un
área de oficinas del proyecto Parque Central Puerto Central por valor
de $4.801.913.334, pero por su situación financiera no podían cumplir
las obligaciones adquiridas por lo que aceptaron una oferta mercantil
de venta de leasing para el arrendamiento financiero de las bodegas,
contrato que generó gastos de estructuración por valor de
$3.602.525; sin embargo, en este proceso se solicita lo
correspondiente a 1 sola bodega, esto es, $1.808.262, los cuales
fueron asumidos por Hilti Colombia S.A.
• El valor del avalúo comercial que contrataron con la Cámara de
Propiedad Raíz de Bogotá, específicamente, la suma de $2.610.000
asumida por Vansolix S.A. y $870.000 por Hilti Colombia S.A.
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• Gastos de escrituración, registro y beneficencia por los contratos de
compraventa y leasing por la suma de $16.609.104.
• El pago el impuesto predial de una de las bodegas que se adquirió
correspondiente a la suma de $6.579.000
• Servicios de representación y asesoría legal que se generaron con
ocasión del proceso de expropiación por valor de $50.000.000
asumidos por Vansolix S.A.
• Adecuación de las nuevas instalaciones por valor de $1.698.417.922
cancelado por Hilti Colombia S.A.
• Calibración de los equipos de alta precisión como consecuencia del
traslado por valor de $2.196.000 asumido por Vansolix S.A.
• Gastos de mudanza por $13.200.000 cancelados por Vansolix S.A.
• Gastos fijos de funcionamiento mientras el traslado de ubicación a las
nuevas sedes por valor de $43.757.613 para Hilti Colombia S.A. y
$73.134.620 para Vansolix S.A.
• Pérdida de ganancia del dinero que tuvieron que destinar para cumplir
con las obligaciones adquiridas por Hilti Colombia S.A. por valor
$26.601.856 y por Vansolix S.A. por valor de $181.058.685.
Por último, estiman que se debe reconocer por concepto de lucro cesante a
Hilti Colombia S.A. la suma de $6.250.393 y a Vansolix S.A. la suma de
$7.595.941 con ocasión del efecto que generó el cambio de ubicación y
adecuación de los nuevos laboratorios y el impacto en ventas de las
compañías durante el mes de traslado.
1.2. Trámite de primera instancia
1.2.1. Por auto de 15 de septiembre de 2011, el despacho sustanciador del
Tribunal ordenó escindir la demanda presentada por las sociedades Vansolix
S.A. en Reestructuración y Hilti Colombia S.A. con el fin de obtener la
nulidad de los actos administrativos que ordenaron la expropiación por vía
administrativa de 4 inmuebles, tres de propiedad de Vansolix S.A. y uno de
Hilti Colombia S.A., para conformar un expediente por cada uno de los
predios en discusión y tramitarlos de forma independiente.
1.2.2. Mediante proveído de 7 de junio de 2012 la demanda fue admitida
contra la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – ERU y,
posteriormente, en providencia de 31 de enero de 2013 se vinculó al Distrito
de Bogotá, al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y a la Empresa de
Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.
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1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá contestó la
demanda3 y formuló las siguientes excepciones que denominó “[…]
inexistencia de acción u omisión por parte de Bogotá Distrito Capital en el
proceso de expropiación administrativa que se demanda […]”, “[…] inepta
demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva de Bogotá – DC
[…]” y “[…] legalidad de los actos administrativos proferidos por el alcalde
mayor y por el departamento administrativo de planeación distrital […]”.
Señaló que las actuaciones del Distrito se ajustaron íntegramente a las
competencias legales, como fue lo relacionado con expedir: el Plan de
Ordenamiento Territorial – Decreto 190 de 2004, por el cual se tomó la
decisión de adoptar la operación estratégica denominada “Centro Histórico
– Centro Internacional”; el Decreto 492 de 2007, artículo 9° (numeral 8°,
literal b) por medio del cual se adoptó la operación estratégica “Centro
Bogotá – Estación Central”; el Decreto 472 de 2007 que reglamentó la UPZ
93 las Nieves y adoptó entre otros la plancha # 3, con la que se tomó la
decisión que los predios del sector normativo 4 subsector b se desarrollarían
mediante el Plan de Implementación para el uso de la Estación Central de
Transmilenio y/o en el marco del plan de renovación y desarrollo inmobiliario
que los complemente; el Decreto 435 de 2009 que declaró las condiciones
de urgencia por motivos de utilidad pública para la adquisición de inmuebles
del proyecto “Estación Central” y, las Resoluciones 116 y 414 de 2009 de la
Secretaría Distrital de Planeación que adoptó las determinaciones para la
formulación del plan parcial de renovación urbana y determinó y delimitó su
área de reserva.
Manifestó que las anteriores normas tuvieron como único propósito dotar a
la Empresa de Renovación Urbana - ERU del instrumento indispensable para
emprender un proyecto de renovación urbana y definir este proyecto, para
adquirir los predios ubicados en el sector.
Aseguró que la ERU fue la que adelantó la adquisición predial para el
proyecto Estación Central, por lo que el Distrito Capital -Nivel Central- no
conoció las condiciones de negociación de las unidades prediales de las
sociedades convocantes afectadas por el citado proyecto, por lo que se
encuentra impedido para pronunciarse acerca de las condiciones materiales
y jurídicas planteadas.
Explicó que Transmilenio S.A. celebró con la ERU el Convenio
Interadministrativo 215 de 2009, con el objeto de cooperar y coordinar la
adquisición de los inmuebles para el proyecto “Estación Central”, así como
la implementación del subprograma de reasentamiento por la obra pública.
Afirmó que Transmilenio S.A., en los actos demandados, intervino con una
3
Cuaderno principal, folios 150 a 180.
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Radicado: 25 000 2341 000 2011 00856 01
Demandante: VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y
HILTI COLOMBIA S.A.
finalidad única y ostentando una exclusiva calidad: la de pagador de las
obligaciones dineradas que provenían del mismo y para efectos del
cumplimiento del esquema de coordinación establecido en el convenio
interadministrativo citado.
1.3.2. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU contestó la demanda4 y
formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al
estimar que, si bien conforme los artículos 113 de la Constitución Política y
5° de la Ley 489 de 1998, tiene competente para adelantar procesos de
expropiación, en el caso concreto no fue la entidad que expidió los actos
administrativos demandados, razón por la cual no le corresponde
pronunciarse sobre los hechos planteados en la demanda.
1.3.3. La Empresa de Renovación Urbana - ERU hoy Empresa de
Renovación Urbana y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones5, para lo cual formuló las
excepciones de “inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones”; “validez del convenio interadministrativo 215 de 2009,
suscrito entre la empresa de TRANSMILENIO y la ERU”; “elaboración del
avaluó comercial en debida forma”; “insuficiencia probatoria de la relación
entre Hilti de Colombia S.A. y Vansolix S.A. en Reestructuración”; “ausencia
de nexo de causalidad entre la actuación de administración y los daños
reclamados”; “adecuación de las formas de pago a lo establecido por la ley,
el proceso de adquisición predial y el derecho de preferencia”.
Aduce que los convenios interadministrativos son una herramienta de gran
utilidad para la gestión pública y para lograr la realización de los fines
atribuidos por el ordenamiento jurídico a las entidades estatales. Indica que
celebró el Convenio Interadministrativo 215 de 2009 Transmilenio S.A., con
el fin de generar la infraestructura necesaria para la prestación de un
servicio público esencial.
Señala que los avalúos comerciales elaborados por el IGAC se ajustaron a
los preceptos legales, particularmente en lo que se refiere a la valoración de
inmuebles requeridos por la administración por utilidad pública en zonas de
renovación urbana y el descuento por mayor valor generado por el anuncio
del proyecto.
Afirma que el artículo 23 de la Resolución 620 del 2008 del IGAC, referente
a la valoración de predios en áreas de renovación urbana, establece que
deberá tomar en consideración la norma anterior al POT únicamente en el
evento en que no exista norma específica que regule el desarrollo
urbanístico a los predios objeto de valoración, circunstancia que no ocurrió
en el caso concreto.
Aduce que, si bien es cierto no se ha expedido el correspondiente plan
4
Cuaderno principal, folios 181 a 187.
5
Cuaderno principal, folios 213 a 234.
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parcial, la zona en la que se encuentran ubicados los inmuebles si tiene
norma específica para su desarrollo, ya que mediante el Decreto Distrital
492 de 2007, se reglamenta la UPZ 093 Las Nieves, norma que regula lo
atinente al desarrollo urbanístico del sector donde se encuentra el bien
expropiado, y que de acuerdo a lo establecido por el artículo 43 del Decreto
Distrital 190 de 2004 constituye un instrumento de planeamiento, en virtud
del cual se desarrollan y complementan las disposiciones del POT.
Asegura que el hecho de que la UPZ regule el régimen de usos, pero restrinja
la edificabilidad del sector, no puede llevar a concluir que no existe norma
que regule el desarrollo de los inmuebles, ya que ésta evidentemente si
existe. Resalta que no es dable confundir que, en concepto de algunos la
norma vigente no es beneficiosa para realizar desarrollos urbanísticos por el
tema de la edificabilidad restringida, con que no exista norma urbanística.
Indica que el avalúo elaborado por la Cámara de Propiedad Raíz incurrió en
varios errores a saber: i) La muestra utilizada es muy pequeña y se limita a
4 inmuebles, situación que no refleja de manera adecuada el mercado; ii)
el Decreto 492 de 2007 que reglamenta la UPZ Las Nieves Nro. 93, al otorgar
al sector el tratamiento de renovación urbana, está estableciendo una norma
urbanística especifica por lo que carecen de fundamento las consideraciones
en torno a la aplicación del Decreto Distrital 1042 de 1987; y iii) no aplicó
el descuento por anuncio de la obra ordenado por el artículo 61 de la Ley
388 de 1997, omisión que impacta en las conclusiones del informe.
Manifiesta que mediante radicados No. 2009ATP-EE-118 y 2009ATP-EE-118
de fecha 24 de febrero de 2010 dirigidos a las sociedades demandante se
les solicitó información para establecer el alcance de la relación comercial
entre dichas sociedades. Afirma que el 10 de marzo de 2010 se dio
respuesta indicando que desde junio de 2003 existía un convenio de
cooperación (contrato de outsourcing) donde Vansolix presta sus servicios
y Hilti paga como contraprestación un porcentaje (no especificado) sobre el
total de ventas; sin embargo, la respuesta no fue precisa y objetiva, ni
sustentada con documentos, en consecuencia, a la entidad demandada no
le fue suministrada la documentación necesaria para determinar el alcance
de la indemnización dentro del proceso de adquisición predial.
Concluye que, ante la insuficiencia de la información suministrada por las
actoras, el único comportamiento jurídicamente permisible para establecer
la extensión del daño emergente y del lucro cesante era remitirse a la
documentación disponible al momento de la tasación.
Aduce que para determinar la indemnización por la expropiación del bien
objeto de controversia, realizó una serie de visitas en las que solicitó la
información documental pertinente a los titulares del derecho de dominio y
adelantó un censo y un diagnóstico en virtud de los cuales se estableció el
alcance de las compensaciones pagadas, sin que las interesadas hubiesen
aportado pruebas suficientes para que se modificaran los valores ofrecidos.
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Destaca que solo son objeto de indemnización los daños que ocurran como
consecuencia del proceso de adquisición predial que se inicia con la
notificación de la oferta de compra, por lo que no es posible resarcir
supuestos daños generados con anterioridad a la comunicación de la
mencionada decisión administrativa.
Alega que, los gastos que se relacionan en los ítems de la etapa anterior al
traslado hacen alusión a actividades realizadas en su mayoría entre el año
2006 y 2009 o son consecuencias de estas, situación de temporalidad que
rompe el nexo causal requerido para su inclusión dentro de la indemnización
a reconocer, ya que el proceso de adquisición predial que adelanta la ERU,
inició formalmente con el pronunciamiento contenido en la oferta de compra.
Indica, respecto de la asesoría inmobiliaria y avalúo de la Cámara de la
Propiedad Raíz, que la decisión de traslado fue tomada en el año 2006 por
lo que no tiene relación con el proceso de adquisición predial que inició en
el 2010, por lo que no es posible indemnizar.
Asegura, con relación a los gastos de asesoría jurídica que en sede
administrativa no se exigen actuar con apoderado, por lo que dichos gastos
son consecuencia de una decisión propia de la demandante que no puede
asumir la administración.
Enfatiza que tampoco es posible asumir los gastos de mudanza ya que los
presupuestos presentados incluyen indistintamente elementos propios del
respectivo titular del dominio del bien como aquellos que no le pertenecen,
por lo que no aportó documentación idónea y suficiente para su
reconocimiento.
Resalta que los documentos allegados para soportar la acreditación de
masas y balanzas, así como los gastos de funcionamiento se contradicen y
no ofrecen certeza, razón por la cual no es posible su reconocimiento.
Precisa que lo propio ocurre con los valores reclamados como costo de
oportunidad ya que allega un certificado expedido por un revisor fiscal de
forma general, sin realizar ninguna especificación o precisión, por lo que no
puede considerarse como prueba contable suficiente en los términos del
artículo 777 del Estatuto Tributario.
Alega que no es posible el reconocimiento del lucro cesante toda vez que los
documentos aportados no son certeros, se contradicen y se prestan para
confusión.
Enfatiza que es facultad de la entidad adquiriente definir la forma de pago
de los predios requeridos, siempre analizando en primer orden las señaladas
en el articulado 119 de la Ley 388 de 1997, sin que ello implique la
obligatoriedad de tener como únicas el pago con permuta de inmuebles o
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con derechos de edificabilidad en el proyecto, ya que puede plantearse
cualesquiera de las otras formas de pago establecidas en la Ley 388 de
1997, siendo perfectamente valida la forma de pago en efectivo prevista
para las ofertas de compra emitidas por la ERU.
Indica que, en el presente caso, no se acudió a los medios de pago que
reclama el solicitante, dado que aún no se contaba con los diseños
definitivos del proyecto de renovación urbana ni con el plan parcial que
determine la nueva norma urbanística que lo reglamente, situación que
impide que se pueda realizar un planteamiento de permuta o vinculación
como socios participando con derechos de edificabilidad.
1.3.4. La Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO
S.A. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones 6, con fundamento
en las siguientes razones de defensa:
Alega que la expropiación administrativa a favor de terceros está regulada
y es procedente de acuerdo con los artículos 44, 58 y 63 de la Ley 388 de
1997, cuando se trata de terceros y estos son entidades públicas que
concurren al trámite administrativo de la expropiación para la adquisición
de inmuebles, ejecución de obras, proyectos y programas que sean
declarados de utilidad pública e interés social asociados a ejecución de
programas y proyectos de renovación urbana, ejecución de megaproyectos
de interés social nacional o cualquiera de los motivos de utilidad pública
previstos en el artículo 58 de la precitada norma, pero el tercero no tiene
capacidad para expropiar pero su objeto misional guarda relación con el
motivo de utilidad pública o interés social invocado.
Aduce que dicha entidad no expidió los actos demandados y su intervención
se dio con la única finalidad de servir como pagador de las obligaciones
dinerarias que provenían del convenio interadministrativo, ya que ni siquiera
adquirió los inmuebles para efectuar directamente las obras que requiere el
sistema, dado que los predios expropiados son puestos a disposición del
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, quien en cumplimiento de las funciones
otorgadas en el Acuerdo 19 de 1972 y el Convenio Interadministrativo No
020 de 2001, tiene a cargo los procesos de contratación que sean requeridos
para la ejecución de las obras de infraestructura física de las troncales del
Sistema Transmilenio.
Afirma que para efectos de armonizar la actuación de las diferentes
entidades públicas en orden a cumplir los fines que le son asignadas a cada
una de ellas y a la administración Distrital, dicha entidad y la ERU celebraron
el Convenio Interadministrativo 215 del año 2009, en virtud del cual
Transmilenio S.A. comparece como mero pagador, recibió la propiedad de
los inmuebles y los ha destinado para los fines superiores que motivaron el
trámite expropiatorio.
6
Cuaderno principal, folios 298 a 318.
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Precisa que no tiene responsabilidad solidaria frente a las reclamaciones que
plantea la demandante pues en el convenio interadministrativo no se pactó
responsabilidad solidaria por los eventuales reclamos que se presenten ante
la ERU. Agrega que la ley ni el reglamento prevén la solidaridad en el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la expropiación, por lo que
no procede condena alguna en su contra.
Por último, formula las siguientes excepciones de mérito “[…] inexistencia
de acción u omisión por parte de TRANSMILENIO en el proceso de
expropiación administrativa […]”, “[…] inexistencia de fuente generadora de
responsabilidad administrativa en cabeza de Transmilenio S.A. frente a los
demandantes […]”, “[…] falta de causa para pedir […]” e “[…] inepta
demanda […]”, además de coadyuvar las excepciones y argumentos
expuestos por la ERU.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”
mediante sentencia de 13 de julio de 2017, negó las pretensiones de la
demanda7.
Previo a decidir de fondo, declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada tanto por el Distrito Capital como por el
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU8.
Posteriormente, fijó el litigio en los siguientes términos: “(i) Si el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi aplicó correctamente el procedimiento de avalúo
previsto, entre otras normas, en la Resolución 620 de 2008, proferida por esa
entidad, específicamente en lo que hace a la investigación de mercado para
aplicar la metodología de mercado y el método de costo de reposición. (ii) Con
base en lo anterior, se determinará si el avalúo comercial del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi se ajusta al valor del inmueble conforme a la ley”.
Mencionado lo anterior, se pronunció sobre los cargos en los siguientes
términos:
• Violación de los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, artículo 68
numeral 4 y artículo 70 numeral 1, de la Ley 388 de 1997, por el traslado
de la propiedad de los predios expropiados a Transmilenio S.A. y no al
patrimonio de la ERU.
Señaló que no prospera el cargo según el cual la titularidad del derecho de
7
Cuaderno Principal, folios 592 a 640.
8
Respecto de las excepciones formuladas por la ERU indicó que teniendo en cuenta que en
realidad son argumentos de defensa y no excepciones, serán analizados al momento de
estudiar el fondo del asunto.
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dominio sobre los inmuebles expropiados debía transferirse directamente a la
entidad expropiante y no a terceros, como ocurrió en este caso con
Transmilenio S.A. Lo anterior, por cuanto el Convenio Interadministrativo 215
de 2009, suscrito entre ERU y Transmilenio S.A., estableció que la ERU tenía
a su cargo la adquisición de predios para el proyecto de Renovación Urbana
denominado Estación Central en el marco del macroproyecto Transmilenio
Fase III, a favor de Transmilenio S.A., razón por la cual sí existía un marco
jurídico que permitía la transferencia del derecho de dominio de los predios
expropiados por parte de la ERU a Transmilenio S.A.
Indicó que la Resolución 272 de 2010, que ordenó la expropiación por vía
administrativa, precisó que la ERU se comprometió a adquirir a favor de
Transmilenio S.A., los predios requeridos para la construcción de la Estación
Central del sistema de transporte masivo de Transmilenio, lo que es lógico,
ya que era necesario que la propiedad de los predios estuviera en cabeza de
Transmilenio para que esta pudiera hacer la contratación de las obras de
infraestructura vial.
• Los avalúos hechos por el IGAC que sirvieron de soporte para adelantar
el proceso de expropiación desconocieron lo señalado en el artículo 23 de
la Resolución IGAC 620 de 2008 y los artículos 6 y 121 de la Constitución
Política.
Aseguró que tampoco prospera el argumento de la demanda conforme el cual
el avalúo elaborado por el IGAC que sustentó los actos demandados debió
hacerse con base en la norma urbanística aplicable antes de la entrada en
vigencia del POT, esto es, el Decreto 1042 del 29 de mayo de 1987 y no las
de la UPZ 93 Las Nieves contenida en el Decreto 492 de 2007, ya que, aunque
para la fecha en que ocurrieron los hechos, el Plan Parcial de Renovación
Urbana Estación Central no se había adoptado, si eran aplicables las normas
definidas en la UPZ 093, es decir, el Decreto 492 de 2007.
• Los cargos restantes formulados por la sociedad actora se contraen a la
inconformidad por el precio indemnizatorio reconocido por parte de la
ERU.
Indicó que el avalúo con base en el cual se fija el precio indemnizatorio emplea
el método de mercado y se ajusta a las exigencias legales. Reiteró que dicho
avalúo tuvo en cuenta la reglamentación urbanística que corresponde a la
definida por el Decreto 492 de 26 de octubre de 2007 para la Unidad de
Planeamiento Zonal, UPZ 93 Las Nieves y que el sector de ubicación del
inmueble tiene un tratamiento de renovación urbana en modalidad de
redesarrollo - reactivación que se someterá a planes para el uso de la Estación
Central de Transmilenio y/o en el marco del plan parcial de renovación, por lo
que dicha experticia sí fue elaborada atendiendo a la ubicación del inmueble,
según la Unidad de Planeamiento Zonal correspondiente.
Señaló que el dictamen elaborado por el auxiliar de la justicia Danilo Pedroza
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Benítez precisó que desde la demanda se establece que el valor de los daños
y perjuicios calculados corresponde a los 4 bienes inmuebles de propiedad de
los demandantes, enfoque que no es aceptado, ya que en el presente asunto
se verifica únicamente la expropiación realizada sobre el inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria 50C-1495678.
Precisó que no es posible acoger el mencionado informe, en la medida en que
no se puede identificar el valor real de los perjuicios ocasionados por la
expropiación del inmueble objeto del presente proceso, por lo que no se
tendrá en cuenta la aclaración y complementación del dictamen rendido por
el mencionado perito.
Manifestó respecto del dictamen rendido por la auxiliar de justicia Mery Rocío
López Ortiz que se realizó conforme lo establecido en el Decreto 1042 de 1987,
el cual reglamenta el sector como de actividad múltiple con tratamiento de
rehabilitación aduciendo que no existe plan parcial ni plan de renovación
aprobado, aseveración que no es cierta ya que el sector de uso y de
edificabilidad se desarrollan mediante el plan de uso de la Estación Central de
Transmilenio.
Resaltó que, ante la falta de claridad sobre los valores obtenidos en el citado
dictamen, se acoge el estudio de mercado que hace parte del informe de
avalúo del IGAC para determinar el valor del metro cuadrado en la época en
que se realizó dicho avalúo, el cual no fue desvirtuado por la parte actora.
Finalmente, negó las pretensiones de la demanda al no desvirtuar la legalidad
de los actos acusados y condenó en costas a la parte vencida en el proceso.
III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante presentó recurso de apelación9, en el que solicita que
se revoque la sentencia apelada, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Estima que el fallo recurrido realizó de manera incompleta la fijación del
litigio ya que no planteó la discusión en relación con la nulidad de los actos
demandados por infringir las normas que establecen que la transferencia del
bien expropiado se debe realizar a la entidad expropiante y no a terceros.
Agrega que tampoco se indicó que el avalúo no se ajustó al Decreto 1420
de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008 que señala que, en los casos de
predios ubicados en zonas de renovación urbana, hasta tanto no se expida
el plan parcial correspondiente, la elaboración del avalúo se realizará con
base en la reglamentación urbanística anterior al POT.
9
Cuaderno principal, folios 642 a 654.
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Manifiesta que la sentencia recurrida desconoce los artículos 68 numeral 4
y 70 numeral 1 de la Ley 388 de 1997, que establecen que el derecho de
propiedad de los inmuebles expropiados se debe trasferir a la entidad
expropiante, al señalar que era posible que los inmuebles expropiados se
transfirieran a Transmilenio con fundamento en el convenio
interadministrativo suscrito entre la ERU y dicha entidad, ya que una
decisión administrativa no puede modificar una disposición legal. Afirma que
la expropiación administrativa a favor de terceros no está permitida en la
Ley 388 de 1997 y que sólo se estableció con la Ley 1450 de 2011
reglamentada por el Decreto 199 de 2013.
Estima que el fallo incurrió en error al no tener en cuenta que el artículo 23
de la Resolución 620 de 2008 prevé que para el avalúo de predios ubicados
en zonas de renovación urbana sujetas a planes parciales que no hayan sido
expedidos o que no cuenten con norma específica para su desarrollo, se
deberán aplicar las normas urbanísticas vigentes antes de la adopción del
POT. Específicamente, indica que el avalúo se debió fundamentar en las
normas urbanísticas con que contaba el predio antes de la expedición del
POT, es decir, antes del 28 de julio del 2000, que corresponden a las
contenidas en el Decreto 1042 del 29 de mayo de 1987, ya que la UPZ 093
Las Nieves en la cual está ubicado el bien expropiado, no le asignó
edificabilidad al sector, la cual se debía definir en el plan parcial, en ese
sentido, estima no existía norma específica que reglamentara su desarrollo.
Asegura que lo anterior se corrobora con el avaluó corporativo CPR
6050/2010 realizado por la Cámara de Propiedad Raíz de Bogotá que al
referirse a la reglamentación urbanística indicó que aplicaba el Decreto 1042
de 1987 al no existir plan parcial, ni plan de renovación aprobado en el
sector, circunstancia que es reiterada en el avalúo comercial rendido por la
auxiliar de justicia Rocío López.
Reitera que no comparte el avalúo en el que se sustentaron los actos
acusados, el cual no refleja el valor comercial real del predio al momento de
la expropiación, como si lo determinó la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
en el avalúo corporativo que se allegó al proceso por valor de $
389.170.000, o con el realizado por el auxiliar de la justicia Rocío López
quien determinó el valor comercial en $381.656.000.
Alega que, contrario a lo afirmado en la sentencia recurrida, el dictamen
pericial elaborado por la auxiliar de la justicia Mery Rocío López se ajusta a
derecho, ya que, para la fecha de la expropiación, el predio no contaba con
reglamentación urbanística distinta a la establecida en el Decreto 1042 de
1987, pues el Plan Parcial Estación Central fue adoptado mediante el Decreto
Distrital 213 de 2013 y, por tanto, no era aplicable al ser posterior a la
expropiación.
Aduce, frente al dictamen de daños y perjuicios elaborado por el perito
Danilo Pedroza, que no es cierto que exista insuficiencia en la explicación de
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los resultados, ya que tanto en el dictamen como en el escrito que lo
complementó el perito hace la exposición de los resultados de las pruebas
realizadas, explica cuál fue el procedimiento utilizado para el cálculo de los
perjuicios, establece claramente la información tenida en cuenta para su
elaboración y aporta las pruebas de su resultado.
Afirma que el análisis de los perjuicios se hizo de los 4 predios expropiados
de propiedad de la parte actora, lo que no podía darse de manera diferente,
en razón a que las sociedades actoras compartían instalaciones desde hace
más de 80 años y las consecuencias del proceso de expropiación de los 4
inmuebles afectaron a las compañías de igual manera, razón por la cual la
demanda se presentó inicialmente sobre los 4 predios que eran de su
propiedad y que fueron expropiados; no obstante, se escindió por orden del
despacho sustanciador de primera instancia.
Alega que si bien, es cierto el presente proceso trata únicamente sobre el
inmueble con matrícula 50C-1495678, no se puede desconocer que Hilti
Colombia S.A. fue quien asumió la mayor parte de los gastos generados con
ocasión de la expropiación, pues las compañías funcionaban como una
unidad económica empresarial, de la cual el músculo financiero estaba en
cabeza de Hilti Colombia S.A. hecho que se verifica al revisar el contrato de
outsourcing celebrado entre ésta y Vansolix S.A. en Reestructuración.
Resalta que el dictamen pericial es claro en hacer la individualización de los
perjuicios a cada una de las empresas, por lo que es al juez a quien le
corresponde asignar el porcentaje correspondiente al predio que nos ocupa.
Agrega que la prueba de la existencia de los perjuicios ocasionados a causa
de la expropiación no solo corresponde al dictamen pericial presentado, pues
con los documentos aportados con la demanda, los cuales no fueron
controvertidos por la parte demandada, se demuestran todos los costos en
los que incurrieron las sociedades actoras derivados de la expropiación y los
cuales deben ser íntegramente reconocidos.
Insiste que los perjuicios causados con ocasión de la expropiación
corresponden a todos los gastos incurridos directamente por el traslado de
las instalaciones de las compañías como consecuencia directa de la
expropiación, así como las utilidades dejadas de percibir durante el tiempo
en que hubo cese de actividades por efectos del traslado.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Por auto de 20 de febrero de 2018 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de 13 de julio de
2017.
4.2. En providencia de 3 de abril de 2018 se corrió traslado para alegar de
conclusión, termino dentro del cual la parte actora reiteró los argumentos
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esgrimidos en el recurso de apelación10, a lo cual agregó que los actos
acusados desconocieron los derechos de opción y preferencia previsto en el
artículo 119 de la Ley 388 de 1997.
4.3. El Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá11, la Empresa de
Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A.12, el Instituto de
Desarrollo Urbano - IDU13 y la Empresa de Renovación Urbana de
Bogotá – ERU14, presentaron escrito de alegatos de conclusión en el que
insistieron en los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la
demanda.
4.4. El Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre
de 2024, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia.
5.2. Delimitación de la instancia
De acuerdo con el artículo 328 del CGP15, aplicable por remisión del artículo
267 del CCA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la
parte actora, la Sala advierte que, en primer lugar, se deberá realizar un
pronunciamiento sobre la fijación en litigio realizada en primera instancia,
teniendo en cuenta el cuestionamiento realizado por la parte actora.
Aclarado lo anterior, se deberá determinar si es cierto que en los casos de
expropiación por vía administrativa es posible el traslado de la propiedad
del bien expropiado a un tercero diferente a la entidad que adelantó el
trámite de expropiación, como lo indicó la sentencia recurrida, o si, por el
contrario, ello no es viable, tal como alega la recurrente.
Posteriormente, es preciso establecer la normativa urbanística que se debía
tener en cuenta para la fecha de elaboración del avalúo, teniendo en cuenta
10
Cuaderno de segunda instancia, folios 52 a 63.
11
Cuaderno de segunda instancia, folios 8 a 21.
12
Cuaderno de segunda instancia, folios 22 a 31.
13
Cuaderno de segunda instancia, folios 32 a 38.
14
Cuaderno de segunda instancia, folios 39 a 44.
15
Artículo 328. “[…] Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]”. Antes
artículo 357 del CPC.
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que la parte actora afirma que al no existir plan parcial era aplicable las
normas urbanísticas antes de la entrada en vigencia del POT, esto es, el
Decreto 1042 del 29 de mayo de 1987, mientras que la providencia
censurada estima que la normativa aplicable era el Decreto Distrital 492 del
26 de octubre de 2007 que adoptó la ficha normativa para la UPZ 093 Las
Nieves.
Acto seguido, se deberán analizar los demás cuestionamientos respecto del
avalúo oficial que sustentó los actos acusados con relación al valor comercial
del inmueble y, posteriormente, determinar si, en el caso concreto, se
encuentran acreditados los perjuicios en la modalidad de daño emergente y
lucro cesante.
Por último, respecto del cargo de vulneración por norma superior por
desconocimiento de los derechos de opción y preferencia previstos en el
artículo 119 de la Ley 388 de 1997, que se reiteraron en los alegatos de
conclusión presentados en esta instancia procesal, se advierte que, si bien
fue un cargo que se formuló en la demanda, lo cierto es que no fue motivo
del recurso de apelación en contra de fallo recurrido, razón por la cual, en
garantía del debido proceso de las partes, la Sala se abstendrá de
pronunciarse sobre tal asunto.
5.3. Análisis de la Sala
5.3.1. Cuestionamiento sobre la fijación del litigio en primera instancia
La parte recurrente alega que en la sentencia recurrida se realizó una
indebida fijación del litigio en la medida en que no se indicó los cargos de
vulneración de norma superior con relación a la trasferencia del bien
expropiado a favor de un tercero y la indebida aplicación de la norma
urbanística en el avalúo que sustentó los actos acusados.
Sobre el particular, se debe precisar que, aunque le asiste razón a la actora
en cuanto a que dichos cargos no fueron expresamente delimitados al
momento de la fijación del litigio por parte del a quo, lo cierto es que, al
realizar una lectura integral de la sentencia de primera instancia, se advierte
que éstos sí fueron objeto de análisis y pronunciamiento por parte del
Tribunal tal como se desprende de la lectura de los folios 621 a 627 del
cuaderno de primera instancia y que fueron expuestos en la síntesis del fallo
recurrido.
Aclarado lo anterior, la Sala procede a pronunciarse sobre demás
argumentos del recurso de apelación.
5.3.2. Cuestionamiento sobre la transferencia de la propiedad del bien
expropiado a favor de terceros
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En criterio de la parte accionante, la sentencia recurrida desconoce los
artículos 68 numeral 4 y 70 numeral 1 de la Ley 388 de 1997, que establecen
que el derecho de propiedad de los inmuebles expropiados se debe trasferir a
la entidad expropiante16, por lo que no era posible que los inmuebles
expropiados se transfirieran a Transmilenio S.A. con fundamento en el
convenio interadministrativo suscrito entre la ERU y dicha entidad.
Pues bien, para resolver el cargo, la Sala reitera y acoge lo manifestado en
la sentencia de 6 de junio de 202417, recientemente reiterado en providencia
de 27 de marzo de 202518, en la cual esta Sección analizó en un caso similar
al que hoy es objeto de estudio, la legalidad de la transferencia del inmueble
expropiado a favor de un tercero diferente a la entidad expropiante, y en la
que se determinó que era posible que el bien expropiado pasara al dominio
de TRANSMILENIO S.A., en la medida en que dicha facultad era viable en
los términos del último inciso del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, siempre
que estuviera precedida de la suscripción de un contrato o convenio con la
entidad expropiante que garantice la utilización de los inmuebles para el
propósito que fueron adquiridos. Específicamente, en dicha oportunidad se
indicó:
“[…] la Sala destaca que incluso con anterioridad a la adición que el
legislador efectúo, a través del artículo 122 de la Ley 1450, a la Ley
388 de 1997, esta norma ya tenía prevista la posibilidad de que las
entidades públicas competentes adquirieran inmuebles a través de
procedimientos de expropiación judicial o administrativa, con la
concurrencia de terceros, a cargo de quienes corresponderían los
gastos de las adquisiciones.
[…] en lo que concierne a la transferencia del derecho real sobre el bien
expropiado en favor de TRANSMILENIO S.A., los actos administrativos
cuestionados están fundamentados en el inciso último del artículo 61 de la Ley
388, que prevé la concurrencia de terceros, en el procedimiento de expropiación
administrativa, siempre y cuando se hubiese suscrito un contrato o convenio
respectivo que garantizara la utilización de los inmuebles para el propósito que
fueron adquiridos.
16
Artículo 68. “[…] la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado la
expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente: […] 4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en
la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de que
se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que haya
dispuesto la expropiación.”
Artículo 70. “Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, […] la decisión
producirá los siguientes efectos: 1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto la expropiación,
para lo cual bastará con el registro de la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos. […]”
17
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 6 de junio de 2024, Rad. 25000-23-
24-000-2011-00857-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
18
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 27 de marzo de 2025, Rad. 25000-
23-24-000-2011-00855-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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La expropiación del bien obedeció a la necesidad de ejecutar el Proyecto Integral
de Renovación Urbana “Estación Central” del sistema de transporte masivo.
Para lo anterior, la ERU y TRASNMILENIO S.A. habían suscrito el Convenio
Interadministrativo 215 de 2009, con el objeto de “[…] precisar las condiciones
de cooperación y coordinación de las partes en la adquisición de los inmuebles
para desarrollar […]” el referido proyecto, en el cual acordaron, entre otros
aspectos, los siguientes:
[…]
18) Que la Empresa de Renovación Urbana es una Empresa Industrial y
Comercial del Distrito Capital, encargada de gestionar, liderar, promover y
coordinar los programas y proyectos de renovación urbana en el Distrito
Capital, y facultada para adquirir predios por motivos de utilidad pública,
según lo señalado en el Acuerdo Distrital 33 de 1999 y el Acuerdo 001 de
2004 de la Junta Directiva de la ERU.
19) Que el inciso final del Artículo 61 de la Ley 388 de 1997, establece la
posibilidad de que la adquisición de predios por motivos de utilidad pública
se adelante por una entidad competente, a favor de un tercero, siempre y
cuando éste se comprometa a utilizar los inmuebles para el propósito que
fueron adquiridos, y se haya suscrito para tal efecto un contrato o
convenio.
20) Que en los términos de la Ley 489 de 1998, el Decreto Ley 1421 de
1993, el Acuerdo Distrital 33 de 1999, el Acuerdo Distrital 4 e 1999, la
Escritura Pública 3280 del 21 de diciembre de 2000 y demás normas
concordantes, la ERU y TRANSMILENIO S.A. tienen la facultad de celebrar
contratos y/o convenios con otras entidades distritales [...]” (Destacado
fuera de texto).
En ese orden de ideas, la Sala advierte que era válido que el bien
expropiado pasara al dominio de TRANSMILENIO S.A., en la medida en
que su concurrencia al procedimiento, en los términos del inciso último
del artículo 61 de la Ley 388, estuvo precedida de la suscripción del
convenio respectivo con la entidad expropiante, en el cual se especificó
la utilidad que debía darse al inmueble, así como la obligación de dicha
sociedad de asumir los costos de la adquisición.
Además, la Sala advierte que tal actuación resultaba lógica teniendo en cuenta,
por una parte, que el proyecto que se realizaría en el predio en cuestión
integraría la infraestructura del sistema masivo de trasporte; y, por la otra, que
conforme con el parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 33 de 19 de noviembre de
1999, la ERU no podía ejecutar en forma directa obras de urbanismo. […]”
Así las cosas, la Sala prohíja y reitera los fundamentos trascritos en la
providencia anterior, al estimar que con sustento en el último inciso artículo
61 de la Ley 388 de 1997 que establece que “[…] los inmuebles adquiridos
podrán ser desarrollados directamente por la entidad adquirente o por un
tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o
convenio respectivo que garantice la utilización de los inmuebles para el
propósito que fueron adquiridos […]”, es posible que la propiedad del bien
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expropiado se trasfiera a una entidad diferente a quien adelanta el proceso
de expropiación.
Lo anterior, en la medida en que la autorización que el legislador
expresamente establece sobre la posibilidad de que los inmuebles
expropiados puedan ser desarrollados por un tercero bajo la condición de
que medie un convenio que garantice su utilización en los fines para los
cuales fue adquirido, incluye la posibilidad de transferir la propiedad del bien
con el fin de lograr dicho propósito, pues no sería lógico que se transfiera la
propiedad a una entidad que no va a desarrollar el proyecto, para que
posteriormente, esta se lo transfiera a quién si lo va a hacer, ya que dicha
exigencia contrario a la celeridad que demanda la expropiación por vía
administrativa implicaría incurrir en mayores trámites y tiempo, lo que no
resulta acorde con la finalidad de un procedimiento que inicia precisamente
por considerar que existen condiciones de urgencia para ejecutar dicho
proyecto.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que previo a la expedición de los
actos acusados que ordenaron la expropiación por vía administrativa, las
entidades accionadas, ERU y Transmilenio S.A., celebraron el Convenio
Interadministrativo 2015 del 11 de noviembre de 2009 cuyo objeto era la
cooperación y coordinación entre las partes para la adquisición de los
inmuebles requeridos para desarrollar el Proyecto de Renovación Urbana
“Estación Central”, en el que la ERU se comprometió a realizar las
actividades necesarias para adquirir los predios requeridos para el desarrollo
del proyecto y, Transmilenio S.A. por su parte asumió la obligación de
efectuar los pagos generados en el marco del proceso de adquisición de los
predios y de destinar los mismos para la ejecución del Proyecto Integral de
Renovación Urbana Estación Central, es claro que, contrario a lo afirmado
por los recurrentes, si era posible trasferir la propiedad del bien expropiado
a un tercero como es Transmilenio, quien según el convenio y los actos
acusados lo destinaria al proyecto para el cual fue adquirido, esto es, el
proyecto integral de Renovación Urbana denominado “Estación Central.”
Cabe señalar que, si bien el artículo 122 de la Ley 1450 de 2011 adicionó el
artículo 61A a la Ley 388 de 1997 para desarrollar con mayor detalle la
concurrencia de terceros en los procesos de expropiación, lo cierto es que
la posibilidad de trasferir la propiedad del bien expropiado a un tercero,
como se explicó, ya estaba prevista en el artículo 61 inciso final de la citada
normativa.
Por lo anterior, no está llamado a prosperar este motivo de impugnación
propuesto por la parte demandante.
5.3.3. Cuestionamiento sobre la norma urbanística utilizada en el avalúo
elaborado por el IGAC en el que se sustentaron los actos acusados
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Alega la parte recurrente que el fallo de primera instancia incurrió en error
al desconocer el artículo 23 de la Resolución 620 de 2008 y considerar que
el avalúo oficial fue correcto al aplicar la UPZ 093 Las Nieves en la cual está
ubicado el bien expropiado, ya que dicha normativa no le era aplicable, en
razón a que no le asignó edificabilidad al sector, la cual se debía definir en
el plan parcial. En ese sentido, estima que no existía norma específica que
reglamentara su desarrollo y, por tanto, el avalúo oficial se debía sustentar
en las normas urbanísticas con que contaba el predio antes de la expedición
del POT, esto es, el Decreto 1042 del 29 de mayo de 1987.
Por su parte, la demandada asegura que, si bien es cierto no se ha expedido
el plan parcial, la zona en la que se encuentra ubicado el inmueble
expropiado si tiene norma específica para su desarrollo, esto es, el Decreto
Distrital 492 de 2007 que adopta la UPZ 093 Las Nieves, ya que de acuerdo
con el artículo 43 del Decreto Distrital 190 de 2004 la UPZ constituye un
instrumento de planeamiento, en virtud del cual se desarrollan y
complementan las disposiciones del POT, por lo que el que la UPZ regule el
régimen de usos, pero restrinja la edificabilidad del sector, no puede llevar
a concluir que no exista norma que regule el desarrollo de los inmuebles.
Para resolver, resulta necesario señalar que los actos acusados
fundamentaron el precio indemnizatorio en el informe de avalúo número
8002009ER10909-4 de 10 de diciembre de 2009 elaborado por IGAC el cual
al referirse a la norma urbanística del inmueble señaló:
“[…] 6. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
Según UPZ 93 Las Nieves; el Decreto 492 de octubre de 16 de 2007, el
sector se enmarca en la siguiente normatividad:
Tratamiento Renovación Urbana
Modalidad Redesarrollo- Reactivación
Área de Actividad Central
Zona Centro Tradicional
Sector de Usos 4
Subsector de Usos II
Subsector de Edificabilidad B
Nota. El sector normativo 4, subsector B, se desarrollará mediante plan de
implantación para el uso de la Estación Central de Transmilenio y/o en el marco
del Plan Parcial de Renovación y desarrollos inmobiliarios que lo complementen.
La altura se definirá por el instrumento que los reglamente […]”. (Negrita y
subrayas fuera del texto original)
El artículo 23 de la Resolución 620 de 23 de septiembre de 2008 expedida por
el IGAC19, norma que la parte recurrente estima desconocida, prevé que “la
valoración de predios en áreas de renovación urbana que no cuenten con plan
19
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del
marco de la Ley 388 de 1997”
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parcial o la norma específica para su desarrollo, se hará con base en las
normas urbanísticas vigentes antes de la adopción del plan de ordenamiento
territorial. Para la estimación del valor comercial se deberá emplear el método
de renta y/o de mercado únicamente”.
De la lectura de la norma anterior, se advierte que para que la valoración de
predios en áreas de renovación se realice con base en las normas urbanísticas
vigentes antes de la adopción del POT, se requiere que el inmueble no cuente
con i) plan parcial o ii) norma específica para su desarrollo.
En el caso bajo estudio, el predio expropiado no cuenta con plan parcial; sin
embargo, se encuentra ubicado en la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 093
Las Nieves, reglamentada por el Decreto Distrital 492 del 26 de octubre de
2007, que establece su incorporación al Tratamiento de Renovación Urbana20,
normativa que la actora estima no es suficiente para considerar que tiene
norma específica para su desarrollo, ya que no reglamentó edificabilidad ni
altura, las cuales quedaron diferidas a la expedición del plan parcial.
Para decidir lo pertinente, se debe señalar que el Decreto 190 de 200421,
norma que compila las disposiciones del POT Distrital, en el artículo 43 define
los instrumentos de planeamiento como los procesos técnicos que son
expedidos por la autoridad competente mediante actos que contienen
decisiones administrativas para desarrollar y complementar el POT. Esta
norma enumera los instrumentos de planeamiento en los cuales cita los planes
de ordenamiento zonal, los planes zonales, las unidades de planeamiento
zonal - UPZ y, en general, las disposiciones contenidas en cualquier otro tipo
de acto administrativo de las autoridades competentes, referidas al
ordenamiento del territorio del Distrito Capital.
Acto seguido, el artículo 44 establece la jerarquización de los instrumentos de
planeamiento para garantizar su articulación y su prevalencia de acuerdo con
sus propósitos, su escala de aplicación y ámbito de decisión. Específicamente,
prevé que después de los planes maestros de servicios públicos domiciliarios
y de equipamientos, que se encuentran en primer nivel de jerarquía, se
encuentran las unidades de planeamiento zonal - UPZ y los planes parciales,
instrumentos que tienen alcance sobre territorios específicos y que precisan y
ajustan de manera específica las condiciones del ordenamiento de los mismos.
Así las cosas, de acuerdo con las disposiciones anteriores, los planes parciales
y las unidades de planeamiento zonal – UPZ son instrumentos de
planeamiento con igual jerarquía, que desarrollan y complementan el POT,
que tienen alcance sobre el territorio específico que desarrollan, en el que
precisan y ajustan de manera concreta las condiciones del ordenamiento.
20
Artículo 27 del Decreto 492 de 2007.
21
Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003
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Concretamente, respecto de las Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ el POT
Distrital señala en el artículo 49 que tienen como propósito definir y precisar
el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de
la ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores
sociales en la definición de aspectos de ordenamiento y control normativo a
escala zonal.
Ahora bien, al revisar el Decreto 492 de 2007, que adopta la Operación
Estratégica del Centro de Bogotá y la UPZ de las Nieves22, donde se encuentra
ubicado el bien expropiado, se observa que el artículo 32 establece que las
UPZ que forman parte de ese decreto definen y precisan las normas
específicas de acuerdo con los planteamientos establecidos en la Operación
Centro, el modelo de ordenamiento del Plan Zonal del Centro, el Área de
Actividad Central, los lineamientos de armonización de usos y tratamientos y
los criterios de ordenamiento. Adicionalmente, establece para la UPZ 93 las
Nieves los sectores normativos, su tratamiento, modalidad, norma específica
y las fichas reglamentarias (planchas) aplicables. De manera específica,
establece que el sector donde se encuentre ubicado el bien expropiado, barrio
La Alameda, tiene un tratamiento de renovación urbana en modalidad de
redesarrollo – reactivación.
En el anterior contexto, contrario a lo que afirma la parte recurrente, la UPZ
93 Las Nieves sí constituye una verdadera norma urbanística que desarrolla y
complementa el POT, en la cual se define y precisa de manera específica el
planeamiento del uso del suelo en la zona regulada, la que
independientemente de que se desarrolle y complemente mediante otro
instrumento de planeamiento de igual categoría como es el plan parcial, no le
impide ser considerada como norma urbanística aplicable, ya que contiene
disposiciones que determinan necesariamente el uso que se le puede dar a
los bienes inmuebles que se encuentran ubicados en la zona regulada y que,
por tanto, debe ser considerados al momento de la valoración de los
inmuebles que allí encuentren, pues de lo contrario, sería desconocer la
reglamentación específica que para dicho momento existe y que
evidentemente afecta las condiciones del ordenamiento territorial y, por tanto,
la valoración de los inmuebles.
Cabe precisar que, en el mismo sentido, se refirió la Sala23 en recientes
pronunciamientos al indicar que la UPZ correspondiente (la UPZ 93 Las
Nieves), constituye una norma específica para desarrollo, por lo que era válido
que el informe que sustentó la expropiación fuera elaborado con base en dicho
instrumento.
22
“Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del
Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91
Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101
Teusaquillo”
23
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 6 de junio de 2024, Rad. 25000-23-
24-000-2011-00857-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón y Sentencia de 27 de marzo de
2025, Rad. 25000-23-24-000-2011-00855-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Por lo anterior, el anterior cargo no tiene vocación de prosperar.
5.3.4. Otros cuestionamientos sobre la determinación del precio
indemnizatorio
Insisten los recurrentes en que no comparten el avalúo en el que se
sustentaron los actos acusados, pues, en su criterio, no refleja el valor
comercial real del predio al momento de la expropiación. Estiman que el
avalúo aportado con la demanda, así como el practicado dentro del proceso
judicial, determinan el valor real del predio.
5.3.4.1. Avalúo elaborado por el IGAC
En el caso concreto, para determinar el valor comercial del bien objeto de
expropiación, la administración se fundamentó en el informe número
8002009ER10909-4 de 10 de diciembre de 2009 elaborado por IGAC, en el
que estableció como valor del inmueble la suma de $304.971.820.
Específicamente, el resultado del avalúo fue el siguiente:
De la revisión del citado avalúo se observa que para su elaboración se
verificaron las condiciones particulares del predio. Concretamente, en el
avalúo se lee: i) la información básica del inmueble; ii) servicios e
infraestructura; iii) características del sector; iv) características del lote de
terreno y de la construcción; v) norma urbanística vigente al momento del
avalúo y; vi) metodología aplicada para la valoración del bien.
Respecto de la metodología para determinar el valor comercial se indicó que
se utiliza el método comparativo o de mercado y el método de costo de
reposición. Así mismo, se anexa la investigación económica en la que se
fundamentó los resultados obtenidos tanto para determinar el valor del
terreno como el valor de la construcción.
Para controvertir el anterior dictamen la parte actora allegó el avalúo
corporativo CPR 6050-2010 elaborado por la Cámara de Propiedad Raíz de
Bogotá y solicitó el decretó y práctica de un dictamen pericial, el cual fue
elaborado por la auxiliar de la justicia Mery Rocío López Ortiz, informes que
una vez analizados no resultan suficientes para desvirtuar la legalidad del
avalúo elaborado por el IGAC, como pasa a explicarse.
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5.3.4.2. Avalúo aportado con la demanda
La parte actora allegó con la demanda el avalúo corporativo CPR 6050-2010
elaborado por la Cámara de Propiedad Raíz de Bogotá, en el cual se lee lo
siguiente:
“[…] 6.6. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
El sector está reglamentado por la UPZ "LAS NIEVES No. 93", la que fue
reglamentada por el Decreto 492, del 26 de octubre de 2007 así:
Tratamiento: Renovación Urbana.
Modalidad: Renovación.
Área de Actividad: Área de Actividad Central.
Zona: Zona Centro Tradicional.
Teniendo en cuenta que la UPZ es general para el sector en el cual se
encuentran ubicados los predios, no existe Plan Parcial ni Plan de
Renovación aprobado en el Sector, de acuerdo con la Legislación
valuatoria vigente, se tuvo en cuenta el Decreto 1042 de 1987, el cual
reglamenta el Sector como: Actividad Múltiple con Tratamiento de
Rehabilitación […].
7.2 ESTUDIO ECONÓMICO
Para adoptar el precio se emplearon los siguientes métodos:
• Método Comparativo de Mercado: Para el efecto se adelantaron encuestas de
opinión con otros expertos en finca raíz.
• Método de Reposición: Para la construcción se empleó el método de
reposición.
Finalmente, se aprobó en el Comité Técnico de Avalúos de la Entidad, el día 24
de junio de 2010.
8. DETERMINACIÓN DEL AVALÚO
[…]” (Negrita y subrayas fuera del texto original)
El anterior avalúo, al referirse a la norma urbanística menciona la UPZ Las
Nieves; sin embargo, aclara que, al no existir plan parcial ni plan de
renovación aprobado en el sector, se tendrá en cuenta el Decreto 1042 de
1987, el cual reglamenta el sector como actividad múltiple con tratamiento
de rehabilitación.
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En ese sentido, le asiste razón al a quo al considerar que el mencionado
avalúo incurre en el error, en razón a que aplicó una disposición que no
correspondía, ya que como se explicó en el acápite anterior, la norma
urbanística aplicable era el Decreto 492 del 26 de octubre de 2007 que
adopta la UPZ Las Nieves.
Adicionalmente, al revisar el avalúo se observa que, si bien se empleó el
método de mercado para determinar el valor comercial del inmueble y se
realizó encuestas de opinión con otros expertos en finca raíz, lo cierto es
que no se precisan los datos recogidos y analizados en dichas encuestas, lo
cual impide verificar cómo se llegó a las conclusiones presentadas en el
avalúo. Cabe señalar que obra en el expediente un estudio de oferta que
complementa el avalúo, en el que se indica la consulta a 4 bienes inmuebles;
no obstante, más allá de citar los datos, no se realiza un análisis claro y
detallado del análisis de éstos para llegar a las conclusiones del avalúo.
Lo propio ocurre, con relación al método de reposición, ya que no se
presenta una justificación técnica que sustente el valor unitario empleado
para estimar el costo de construcción, así como tampoco se especifica si en
la determinación del valor final se tuvo en cuenta el cálculo de la
depreciación de la construcción.
5.3.4.3. Avalúo decretado y practicado en el proceso
De otro lado, dentro del proceso se elaboró un dictamen por la auxiliar de
la justicia Mery Rocío López Ortiz en el que se determinó el valor del
inmueble por la suma de $381.656.000, en los siguientes términos:
Respecto del anterior dictamen, se observa que incurrió en los mismos
errores que el avalúo aportado con la demanda, en la medida en que no
aplicó la normativa urbanística vigente, esto es, el Decreto 492 de 2007 que
adopta la UPZ Las Nieves, sino que aplicó el Decreto 1042 de 1987.
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Además, aunque señala que para establecer el valor comercial del bien
recurrió a encuestas de opinión con otros expertos en finca raíz, debido a
que en el sector ya estaba construida la Estación Central de Transmilenio,
no aportó ningún documento que respalde dichas encuestas, los datos
recolectados ni el análisis realizado por el avaluador.
Asimismo, con relación a la aplicación del método de reposición, no se
explica cómo se efectúo el cálculo de la depreciación, así como las
operaciones que se realizaron para determinar el costo total de la
construcción.
5.3.4.4. Los mencionados errores en las metodologías aplicadas llevan a
concluir que tanto el dictamen aportado con la demanda como el practicado
dentro del proceso no cumplen con los requisitos fijados en la ley para
determinar el valor comercial de un inmueble, además de que no indican ni
analizan cuáles son las razones por las que incurre en error el avalúo oficial,
así como tampoco brinda elementos de juicio que permitan al juez llegar a
dicha conclusión.
En este punto, es preciso recordar que la jurisprudencia de esta Corporación24
ha sostenido que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación,
por lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál es el error o
la incorrección del avalúo oficial.
“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.”25
La Sala reitera que para concluir que hay incorrección del avalúo oficial no
basta con realizar una comparación del valor del precio indemnizatorio entre
el avalúo oficial y los allegados o solicitados por la parte26, sino que se
24
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado.
Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-
00115-01. C.P: Oswaldo Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-
2331-000-2010-0195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
25
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Rad. 05001-
23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
26
Sobre la carga de la parte actora para controvertir el avalúo oficial en sentencia del 20
de febrero de 202, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01 se
indicó: “[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el demandante,
atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la administración, no es del caso
que el escrito de demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el
realizado por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que
goza el avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en las normas que regulan la
materia, indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de llevar al convencimiento del juez
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requiere demostrar de manera clara y precisa el error en que incurrió el
avalúo oficial, teniendo en cuenta que para fijar dicho valor se analizan
diferentes criterios y parámetros técnicos, situación que en el caso particular
no ocurrió.
Por lo anterior, tampoco está llamado a prosperar este motivo de
impugnación.
5.3.5. Cuestionamiento sobre el reconocimiento de perjuicios.
En la sentencia recurrida, el a quo desestimó las conclusiones del dictamen
pericial elaborado por el auxiliar de la justicia dentro del proceso judicial para
determinar los perjuicios ocasionados con los actos demandados, al estimar
que el calculado presentado en dicho dictamen corresponde a los 4 bienes
inmuebles de propiedad de los demandantes, enfoque que considera no es
aceptable, ya que, en el presente proceso, únicamente se analiza la
expropiación del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-
1495678.
Por su parte, el recurrente insiste en el reconocimiento de los perjuicios al
estimar que las sociedades actoras compartían instalaciones desde hace más
de 80 años, por lo que las consecuencias del proceso de expropiación de los
4 inmuebles las afectaron por igual. Asegura que el dictamen pericial
decretado y practicado dentro del proceso explica el procedimiento utilizado
para el cálculo de los perjuicios, establece la información tenida en cuenta
para su elaboración y aporta las pruebas de su resultado, por lo que puede
ser acogido para determinar los perjuicios reclamados con la demanda.
Para decidir lo pertinente, es precito citar el dictamen elaborado por el auxiliar
de justicia Danilo Pedroza Benítez el cual fue solicitado por la parte actora en
la demanda y decretado dentro del proceso. Específicamente, en el dictamen
se señala:
“CONCLUSIONES
a) Las indemnizaciones solicitadas por danos y perjuicios calculados como daño
emergente, indexación y lucro cesante, se liquida hasta julio 31 de 2.013, así:
a) El valor ejecutado de los gastos en pesos $ 3.337'969.673
b) El valor calculado por margen neto de ventas 20'203.241
c) El valor estimado por mora en el desembolso 346'519.083
VALOR TOTAL DE DAÑOS Y PERJUICIOS 3.704.691.997
b) El valor de los daños y perjuicios calculados corresponde a los cuatro
predios existentes, según información obtenida del apoderado, por lo
de que se ha incurrido en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables. […]” (Subraya del texto
original)
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cual no se distribuyó igual o proporcionalmente al predio del proceso,
pues corresponde al arbitrio judicial.
c) Entre Vansolix S.A. en Reestructuración y Hilti Colombia existe unidad de caja
en virtud de Convenio de colaboración aportado con la demanda, lo cual se
refleja en los registros financieros.” (Negrita y subrayas fuera del texto original)
Pues bien, lo primero que hay que señalar es que los actos enjuiciados en el
presente proceso ordenaron la expropiación por vía administrativa del
inmueble ubicado en la AC 26 Nro. 13A-37 en la ciudad de Bogotá,
identificado con la matrícula inmobiliaria número 50C-1495678 de propiedad
de la sociedad Vansolix S.A. en Reestructuración.
En ese sentido, tal como lo indicó el a quo, no es posible acoger las
conclusiones del precitado dictamen, toda vez que no se puede identificar el
valor real de los perjuicios ocasionados por la expropiación del inmueble
objeto del presente proceso, en razón a que el cálculo de los perjuicios
corresponde a 4 inmuebles de propiedad de las sociedades demandantes.
Adicionalmente, de la revisión del citado dictamen se observa que el mismo
se sustenta en documentos aportados por la parte actora, en los cuales se
soportan gastos de las sociedades actoras desde el 28 de junio de 2006
hasta el 22 de marzo de 2013, por lo que algunos de estos gastos se
generaron antes del acto que ordenó la expropiación, el cual fue expedido
en el mes de octubre de 2010. En ese orden de ideas, no es posible
establecer un nexo causal entre los gastos relacionados en el dictamen y los
actos que ordenan la expropiación.
Ahora bien, respecto de los perjuicios por concepto de lucro cesante, se
advierte que tampoco hay claridad para su reconocimiento, toda vez que en
el cuadro que se aporta para sustentar dicho valor se registran conceptos
generados desde el mes de agosto de 2008 hasta mayo de 2010, se realiza
una indexación y se aporta una proyección por una supuesta mora en el
desembolso la cual se calcula hasta el 31 de julio de 2013; sin embargo, no
es posible determinar que la decisión administrativa de expropiación en
efecto haya ocasionado las pérdidas proyectadas en el peritaje, así como la
forma en que se calcularon.
Por lo anterior, ante falta de claridad en la relación de causalidad y la
ausencia de un soporte probatorio consistente respecto del bien que fue
objeto de expropiación por los actos demandados, no es posible acoger los
valores estimados en el peritaje para efectos de la indemnización solicitada.
A lo anterior cabe señalar que, si bien la parte actora indica que en el
proceso obran los documentos que demuestran los gastos en que dichas
sociedades han incurrido con ocasión de la expropiación, lo cierto es que no
es suficiente aportar los documentos, sino que se requiere acreditar la
relación de causalidad entre los gastos en que afirma incurrió el propietario
del bien expropiado y la orden de expropiación que en este proceso se
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enjuicia, situación que en el presente proceso no se logró acreditar.
En este punto, cabe señalar que esta Sala en la sentencia ya citada del 6 de
junio de 2024 se pronunció sobre necesidad de individualizar los perjuicios
sufridos en relación con el inmueble objeto de expropiación, en los
siguientes términos27:
“[…] Sobre el particular, la Sala advierte que conforme con los hechos de la
demanda VANSOLIX S.A. es propietaria de 3 de los predios expropiados, uno
de los cuales concierne a los actos cuestionados en el presente asunto,
mientras que HILTI COLOMBIA S.A ostenta la titularidad del inmueble
adicional.
Lo anterior implica que, aunque respecto a las referidas compañías se
discriminen los gastos en que cada una incurrió, como las asesorías
inmobiliarias, legales, pagos de impuestos, adecuaciones de las nuevas sedes
y compra de muebles, los presuntos perjuicios que se reclaman en el presente
caso no pueden tener como fuente común la expropiación que recayó sobre 4
predios, porque sobre estos las sociedades aludidas no compartían en forma
concurrente los derechos reales de dominio, además de que en el presente
proceso únicamente se está analizando la legalidad del acto administrativo
que ordenó la expropiación de un solo inmueble, esto es, del ubicado en la
calle 25A #13A- 28 de Bogotá, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria núm. 50C-323007, así como del que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra esa decisión.
Además, la Sala advierte que la misma situación implica que sea imposible
determinar con certeza el nexo causal de los supuestos perjuicios, en razón a
que en asuntos como el que nos ocupa es necesario que el daño que se alega
y la tasación de su reparación tengan una relación directa con el acto
administrativo que se impugna, situación que no se acredita en el presente
caso porque los conceptos que reclama la actora, como ella misma lo afirma,
no devienen en particular de la expropiación contenida en el acto cuestionado,
sino de las medidas que afectaron los 4 inmuebles en los que operaba, uno
de los cuales ni siquiera era de su propiedad.
[…]
En ese orden de ideas, en los términos en que fueron sustentados los
perjuicios adicionales que reclama la actora, la Sala estima que los mismos
deben ser denegados porque su causación está atribuida indistintamente a
una pluralidad de expropiaciones, situación que impide individualizar con
certeza aquellos que tienen una relación directa con los actos administrativos
acusados en el proceso de la referencia y, en particular, al bien sobre el cual
recayó la medida […]”28
27
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de junio de 2024, exp. 25000-23-
24-000-2011-00857-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
28
Posición que fue reiterada por la Sección Primera en sentencia de 27 de marzo de 2025,
exp. 25000-23-24-000-2011-00855-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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En el anterior contexto, la Sala considera que los reparos expuestos por el
apelante en su recurso de alzada no desvirtúan los argumentos y conclusiones
expuestos por el juez de primera instancia, toda vez que en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que logren demostrar la ilegalidad de los
actos acusados como consecuencia de la supuesta incorrección del avalúo
oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio
reconocido a la parte actora con ocasión de la expropiación administrativa.
En consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
tienen vocación de prosperar y, por tanto, la Sala confirmará la sentencia
apelada.
5.4. Costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la
parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque
no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de
su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de
pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente
dilatorio”29. En el caso concreto, la Sala no advierte que la conducta de la
parte demandante puede catalogarse como temeraria, abusiva o de mala fe
ni como un ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales de los que
dispone, así como tampoco de su derecho a acceder a la Administración de
Justicia. Por lo tanto, no hay lugar a acceder a su reconocimiento.
Por lo expuesto, el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada de 13 de julio de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A”, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
29
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775,
C. P. Ricardo Hoyos Duque.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA GERMÁN EDUARDO OSORIO
ACOSTA CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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