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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00857-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00857-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00857-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 250002324000 2011 00857 01
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actora: VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE DESVIRTUADA
LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LOS
CUALES SE EXPROPIÓ UN BIEN DE LA ACTORA. LOS PERJUICIOS
RECLAMADOS TIENEN CAUSA EN LA EXPROPIACIÓN DE VARIOS
INMUEBLES, UNO INCLUSIVE, FRENTE AL CUAL LA ACTORA NO
TIENE LA TITULARIDAD DEL DERECHO REAL DE DOMINIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora

contra la sentencia de 29 de agosto de 2019, proferida por la

SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, que denegó las

pretensiones de la demanda.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 250002324000 2011 00857 01
Actora: VANSOLIX S.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La sociedad VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN2,

actuando por conducto de apoderado, promovió demanda en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,

CCA3, contra la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE

BOGOTÁ -ERU4, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -

IDU, la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -

TRANSMILENIO y BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, con la finalidad

de discutir la legalidad de los siguientes actos administrativos:

➢ Resolución núm. 00273 de 15 de octubre de 2010,

expedida por la ERU, “Por la cual se ordena una expropiación

por vía administrativa”, del inmueble ubicado en la calle 25A

13A-28 de Bogotá, identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria núm. 50C-323007.

➢ Resolución núm. 000324 de 1o. de diciembre de 2010,

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, emanada

de la misma entidad, mediante la cual se resolvió el recurso

2
En adelante VANSOLIX S.A.
3
En adelante CCA.
4
En adelante ERU.

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Actora: VANSOLIX S.A.

de reposición, en el sentido de confirmar en todas sus partes

la citada Resolución.

Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como

restablecimiento del derecho, la actora elevó las siguientes

pretensiones:

“[…] SEGUNDA. A título de restablecimiento del derecho
solicito que se ordene a la Empresa de Renovación Urbana—
E.R.U. - y a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio —
Transmilenio S.A. la devolución del predio ubicado en la Calle
25 A No. 13 A — 28/30 de la ciudad de Bogotá D.C.,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-
323007.

TERCERA. En caso que por cualquier circunstancia sea
imposible dicha devolución, solicito que a título de
restablecimiento del derecho se condene a la Empresa de
Renovación Urbana— E.R.U.-, y/o al Distrito Capital — Alcaldía
Mayor de Bogotá, al Instituto de Desarrollo Urbano y a la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio S.A.
a pagar la indemnización plena a que tiene derecho mi
representada por motivo de la expropiación del predio ubicado
en la Calle 25 A No. 13 A - 28/30 de la ciudad de Bogotá D.C.,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-
323007 que es la siguiente:

1. CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($113.973.500) correspondiente
a la diferencia del valor comercial del inmueble objeto de
expropiación.

2. CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE M/C ($120.612.367) a
VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN como reparación del
daño emergente causado con la expropiación de su inmueble.

3. DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/C ($2.531.980).) a
VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN como reparación del

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lucro cesante causado con la expropiación de su inmueble.

CUARTA. Ordenar que la condena respectiva sea actualizada
de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.,
aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del
índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia
de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo
definitivo.

QUINTA. Ordenar a la parte demandada que dé cumplimiento
a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del
C.C.A.

2. SUBSIDIARIAS

En caso de no prosperar las pretensiones principales, solicito a
los Honorables Magistrados acceder a las siguientes:

PRIMERA. Condenar a la Empresa de Renovación Urbana de
Bogotá — E.R.U.-y/o al Distrito Capital — Alcaldía Mayor de
Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano —IDU- y la Empresa
de Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio, a pagar a
favor de mi representada las sumas de dinero que se señalan a
continuación como reconocimiento del precio real de la
indemnización que se le debe con ocasión de la expropiación
adelantada:

1. CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($113.973.500) correspondiente
a la diferencia del valor comercial del inmueble objeto de
expropiación.

2. CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE M/C ($120.612.367) a
VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN como reparación del
daño emergente causado con la expropiación de su inmueble.

3. DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/C ($2.531.980) a
VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN como reparación del
lucro cesante causado con la expropiación de su inmueble.
[…]

CUARTA. Ordenar que la condena respectiva sea actualizada
de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.,
aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del
índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia
de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo

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definitivo.

QUINTA. Ordenar a la parte demandada que dé cumplimiento
a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del
C.C.A. […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la actora señaló los

siguientes:

Manifestó que es una compañía dedicada a la comercialización,

suministro, distribución, compraventa y calibración de equipos,

aparatos, instrumentos, maquinaria y toda clase de bienes muebles

de origen suizo, como consta en el objeto social de la firma

contenido en el certificado de existencia y representación legal

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Aseveró que el 12 de junio de 2003, celebró un contrato de

outsourcing con la sociedad HILTI COLOMBIA S.A., compañía

dedicada a la inversión en empresas de carácter industrial.

Comentó que compartía con la sociedad HILTI COLOMBIA S.A.,

instalaciones administrativas, bodegas de almacenamiento y

laboratorios en 4 inmuebles, entre los cuales estaba el ubicado en

la calle 25 A # 13 A-28 de la ciudad de Bogotá.

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Precisó que era propietaria del bien referido, así como de otros dos

ubicados en la calle 25 A # 13 A -18 y calle 26 # 13 A – 37,

mientras que HILTI COLOMBIA S.A ostentaba la titularidad de

derecho de dominio sobre un inmueble situado en la calle 13 A #

25 A- 09.

Indicó que conforme con el artículo 71 del Decreto Distrital 190 de

22 de junio de 20045, actual Plan de Ordenamiento Territorial -

POT6, en la zona donde se ubica el predio referido, el Distrito previó

llevar a cabo la denominada operación estratégica “Centro Histórico

Centro Internacional”.

Expresó que el IDU, mediante comunicaciones con consecutivos

núms. 006, 003 y 009 de 19 de abril de 2006, le informó sobre el

inicio de la ejecución del contrato IDU-133-2005, cuyo objeto fue la

realización de los “estudios y diseños de la troncal calle 26”, y le

remitió volantes de divulgación e invitaciones al taller para la

caracterización e identificación de los impactos socioeconómicos y

culturales que se generarían durante la fase constructiva.

Señaló que a través del Decreto Distrital núm. 492 de 26 de

5
“Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000
y 469 de 2003”.
6
En adelante POT.
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octubre de 20077 fue dispuesta la ejecución del proyecto de

renovación urbana denominado “Estación Central”.

Anotó que en el citado decreto también se incluyó la

reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 93 Las

Nieves, que estableció una serie de condiciones urbanísticas para el

sector en el cual se ubicaban los 4 predios aludidos anteriormente.

Afirmó que mediante comunicación de 27 de febrero de 2008, en

nombre propio y como aliada estratégica de HILTI COLOMBIA

S.A., manifestó al IDU que la construcción del portal de

Transmilenio Calle 26 afectaría a las dos compañías por cuanto

llevaban más de 80 años funcionando en ese sitio.

Sostuvo que el IDU, mediante comunicación núm. 068495 DTDP-

800 de 18 de marzo de 2008, informó que los predios en cuestión

se encontraban en una zona de reserva vial para el proyecto troncal

Calle 26 Estación Central, por lo que en su momento se

adelantarían los procesos de adquisición predial.

Explicó que mediante oficio de 21 de julio de 2008 el IDU le
7
“Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -
PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón,
92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo”.

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informó que las obras correspondientes al proyecto de adecuación

de la Calle 26 al Sistema Transmilenio se iniciarían a partir del 16

de octubre siguiente.

Expresó que el 25 de agosto de 2008 funcionarios del IDU

levantaron un acta de vecindad, en la cual hicieron una descripción

completa de los predios y de las instalaciones en las que operaban

ambas sociedades.

Afirmó que, a través de comunicación de 15 de diciembre de 2008,

el Distrito le informó que había declarado las condiciones de

urgencia para la adquisición de los inmuebles necesarios para el

desarrollo del proyecto integral de renovación urbana.

Señaló que la ERU, con fundamento en lo dispuesto en el inciso

final del artículo 61 de la Ley 388 de 18 de julio de 19978, suscribió

con la sociedad TRANSMILENIO S.A., el Convenio

Interadministrativo núm. 215 de 2009, en virtud del cual se

comprometió a adquirir los predios requeridos para la construcción

de la Estación Central del sistema de transporte masivo.

8
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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Añadió que ante las circunstancias inminentes el 25 de septiembre

de 2009, HILTI COLOMBIA S.A. celebró un contrato de promesa

de compraventa con la sociedad CONMIL S.A., para la adquisición

de dos bodegas y unos parqueaderos en el Parque Industrial Puerto

Central en la localidad de Fontibón, al cual se trasladarían las

instalaciones de las dos compañías.

Aseguró que por medio de la Resolución núm. 125 de 6 de mayo de

2010, la ERU determinó la adquisición del inmueble ubicado en la

Calle 25 A # 13 A-28, identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria núm. 50C-323007, formuló oferta de compra y realizó

unos reconocimientos económicos así:

Resolución No. Folio de matrícula Precio Reconocimientos
inmobiliaria indemnizatorio adicionales

125 del 6 de 50C-323007 $876.856.500 $17.311.424
mayo de 2010

Expresó que como consecuencia de la oferta de compra y con el fin

de determinar el valor comercial del predio identificado con el folio

de matrícula núm. 50C-323007, contrató con la CÁMARA DE LA

PROPIEDAD RAÍZ la elaboración de un avalúo corporativo.

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Precisó que, en relación con el predio aludido, la CÁMARA DE

PROPIEDAD RAÍZ DE BOGOTÁ entregó el avalúo corporativo

núm. CPR 6048/2010, en el que concluyó que al no haberse

expedido por parte del DISTRITO CAPITAL el plan parcial de

renovación urbana denominado “Estación Central”, el predio no

contaba con una norma urbanística que permitiera su desarrollo,

pues si bien la UPZ 93 las Nieves le asignaba usos, la plancha núm.

3 de la misma reglamentación no le asignaba edificabilidad y, en

esas condiciones, era imposible que los predios pudieran

desarrollarse, es decir, no podían obtener licencia de construcción

que permitiera su desarrollo.

Mencionó que la referida firma explicó que para hacer los avalúos

comerciales se debía aplicar la Resolución núm. 620 de 23 de

septiembre 20089, en cuyo artículo 23 señala que cuando los

predios estén condicionados a la expedición de un plan parcial o a

norma urbanística que permita su desarrollo y estos no se hayan

expedido, los avalúos deben realizarse con fundamento en la norma

que le era aplicable con anterioridad a la entrada en vigencia del

POT, que para el caso era el Decreto Distrital 1042 de 1987.

9
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997 […]”.

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Explicó que mientras el avalúo de la oferta de compra propuesto

por la ERU por el predio en cuestión era de $876.856.500, el

elaborado por la CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ fue por

$990.830.000, es decir, en una diferencia de $ 113.973.500.

Destacó que el 28 de junio de 2010 presentó ante la ERU una

solicitud de revocatoria directa, entre otras, de la Resolución núm.

125 de 6 de mayo de 2010, petición que fue negada mediante oficio

E.R.U. DT-0383 del 23 de agosto de ese año.

Resaltó que, a través de la Resolución núm. 00273 de 15 de

octubre de 2010, la ERU ordenó la expropiación por vía

administrativa del inmueble identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria núm. 50C-323007, con un precio indemnizatorio de

$876.856.500 como valor del predio y $8.066.930 por daño

emergente.

Indicó que contra el referido acto administrativo interpuso el

recurso de reposición, resuelto a través de la Resolución núm.

00324 de 1o. de diciembre de 2010, en la que se confirmó la

decisión inicial.

Precisó que, no obstante, la ERU aclaró la forma de pago

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determinada en la Resolución núm. 00273 de 2010 y ordenó

poner a disposición de sus deudores hipotecarios las sumas de

dinero correspondientes al valor de las obligaciones que estaban

siendo garantizadas con el predio expropiado, dándose por

concluida la vía administrativa.

Anotó que el 27 de diciembre de 2010, recibió de parte de

TRANSMILENIO S.A. el pago, mediante cheque, de los precios

indemnizatorios, así.

IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE PROPIETARIO VALOR ENTREGADO
DEL PREDIO CHEQUE

50C-323007 7697 VANSOLIX S.A. EN $673.259.933
REESTRUCTURACIÓN

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 6, 21 y 58 de la Constitución Política; 67, 68, 70 y 119

de la Ley 388; y 23 de la Resolución núm. 620 de 2008.

Para tal efecto, indicó que los actos administrativos están viciados

de nulidad, por infracción a las normas en que debían fundarse y

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formuló los siguientes argumentos:

. “La propiedad de los predios pasó de las firmas expropiadas
a la empresa TRANSMILENIO S.A. y no al patrimonio de la
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA”.

Manifestó que de conformidad con los artículos 68 y 70 de la Ley

388, la titularidad del derecho de dominio de los inmuebles

expropiados debe transferirse directamente a la entidad

expropiante, sin que dichas disposiciones prevean la posibilidad de

que la expropiación pueda hacerse en favor de terceros.

Explicó que las normas aludidas fueron transgredidas porque los

bienes que fueron expropiados por la ERU pasaron directamente a

formar parte del patrimonio de TRANSMILENIO S.A, situación que

a su vez vulneró los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, en

la medida en que estas disposiciones establecen que las

autoridades solo pueden ejercer las funciones y competencias

expresamente atribuidas en la ley.

.“Los avalúos hechos por el IGAC que sirvieron de soporte
para adelantar el proceso de expropiación desconocieron la
normatividad urbanística que les era aplicable”.

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Señaló que por medio de la Resolución núm. 620 de 2008, expedida

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, -IGAC10, se

establecieron los procedimientos para los avalúos ordenados dentro

del marco de la Ley 388, entre los cuales se incluyen los que

corresponde a los procesos de expropiación por vía administrativa.

Explicó que para los predios ubicados en las zonas de renovación

urbana sujetas a planes parciales que no hayan sido expedidos o

que no cuenten con norma específica para su desarrollo, conforme

con el artículo 23 de la Resolución núm. 620 de 2008, la valoración

de los predios debe hacerse con base en las normas urbanísticas

vigentes antes de la adopción del POT.

Precisó que de acuerdo con el artículo 334 del Decreto Distrital 190

de 2004, los instrumentos urbanísticos de una zona están

compuestos por el POT y de, forma específica, por las Unidades de

Planeamiento Zonal – UPZ 11 y los planes parciales.

Indicó que, en virtud de lo anterior, el alcalde mayor de Bogotá

expidió el Decreto Distrital 492 de 2007, mediante el cual

reglamentó la UPZ 93 Las Nieves, en la cual está comprendido el

10
En adelante IGAC.
11
En adelante UPZ.
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predio expropiado.

Agregó que, como parte integral del decreto referido, fueron

expedidas las planchas núms. 1 a 4 en las cuales están incluidas las

fichas reglamentarias aplicables al inmueble en discusión, que

según el POT deben definir las normas urbanísticas específicas que

permitan su desarrollo.

Adujo que, al revisar las fichas reglamentarias contenidas en las

planchas, se aprecia que el predio expropiado pertenece al Sector

Normativo 4, Subsector de Usos II y Subsector de Edificabilidad B.

Añadió que, con respecto a las normas de edificabilidad, se observa

que en la ficha reglamentaria correspondiente al Subsector B no se

asignó edificabilidad al lote en el cual se encuentra el inmueble

objeto de la controversia, porque se dispuso que ésta se debe

definir en otro de los instrumentos reglamentarios del POT, a saber,

el Plan Parcial.

Indicó que la UPZ 93 no definió ninguna edificabilidad ni altura para

el sector al cual pertenece el predio expropiado, dado que, pese a

que este cuenta con la reglamentación adoptada por el Decreto

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aludido, este mismo dispone que la norma de edificabilidad

específica se determinará en otro instrumento normativo

denominado Plan Parcial, que según lo establece el numeral 5 del

artículo 27 de la Ley 388, debe ser adoptado por decreto del alcalde

mayor.

Reiteró que al haberse realizado avalúos con fundamento en una

reglamentación urbanística no le era aplicable al predio tal avalúo,

así como las resoluciones núms. 00273 y 00324 de 2010 de la

ERU, por lo que transgredieron el artículo 23 de la Resolución núm.

620 de 2008 del IGAC y los artículos 6 y 121 de la Constitución

Política.

“La forma de pago contenida en las resoluciones objeto de
esta acción desconoce los derechos de opción y de
preferencia”.

Argumentó que, conforme con el artículo 119 de la Ley 388, en la

enajenación voluntaria o en la expropiación que se adelante en

proyectos de renovación urbana, el precio de la adquisición se debe

pagar preferentemente “mediante permuta con uno o varios de los

inmuebles resultantes del proyecto o en derechos de edificabilidad,

participando como socio del mismo”, y el propietario del predio está

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en libertad de escoger entre esas posibilidades o, si a bien lo tiene,

optar por el pago en dinero.

Arguyó que desde el inicio de la expropiación administrativa, en la

etapa de enajenación voluntaria directa la demandante no tuvo

opción de escoger la forma de pago de sus inmuebles, bien sea

mediante permuta o derechos de edificabilidad, sino que, por el

contrario, únicamente se ofreció el pago en efectivo, lo cual es

distinto al derecho de preferencia que pueda tener en el futuro para

hacer el proyecto.

“Controversia respecto del precio indemnizatorio”.

Manifestó que la Corte Constitucional, a través de varias

sentencias, determinó el alcance de la indemnización derivada de la

expropiación y reconoció que la misma debe ser justa, plena,

reparatoria y comprender, además del pago del valor comercial del

bien, el de los daños y perjuicios causados con ocasión de la

expropiación.

Alegó que sobre este aspecto, en la respuesta a la solicitud de

revocatoria directa de las ofertas de compra así como al decidir el

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recurso de reposición que se interpuso contra las resoluciones que

decretaron la expropiación, la ERU señaló que los perjuicios solo

son aquellos que se puedan probar desde la fecha en que se

expidieron las ofertas de compra de los inmuebles que eran de su

propiedad, por cuanto las situaciones ocurridas con anterioridad no

tienen nexo de causalidad con la actuación de negociación y

expropiación adelantada.

Explicó que los actos acusados son el resultado de una actuación

que inició con las primeras etapas de la puesta en marcha del

programa de renovación urbana Estación Central.

Afirmó que tanto HILTI COLOMBIA S.A. como ella tienen derecho

a que se les reconozcan los costos en que incurrieron antes y

después de la oferta de compra derivados de la necesidad de

trasladar sus sedes con motivo de la ejecución del proyecto de

renovación urbana denominado Estación Central, además de que se

deben reconocer todos los gastos que cubrieron ambas empresas

para trasladar sus instalaciones, pues entre ellas no existía ninguna

relación de comodatarios o depositarios, sino que con fundamento

en el convenio de colaboración (contrato de outsourcing) ellas

tenían que responder no solo por los bienes de su propiedad, sino

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por los bienes que les habían sido entregados para el desarrollo de

su actividad comercial.

Advirtió que, conforme con los artículos 61 y 67 de la Ley 388, el

valor que debe reconocerse y pagarse por los inmuebles que se

expropien corresponde al valor comercial del bien, el cual se

determinará con base en las normas urbanísticas y atendiendo a la

destinación económica del mismo.

Expresó que, en el presente caso, el IGAC determinó, mediante

avalúos, el valor del precio indemnizatorio de los inmuebles que

fueron expropiados, pero que dichas cuantificaciones no

corresponden al valor comercial de los predios, conforme con los

avalúos corporativos realizados por la CÁMARA DE LA

PROPIEDAD RAÍZ.

Alegó que el daño emergente debe incluir aquellos gastos en los

que incurrieron las dos sociedades, debido a las obligaciones

adquiridas como consecuencia del proceso de expropiación, y no

solo los gastos por traslado y desconexión de servicios públicos,

considerados como daño emergente en las resoluciones que

rodearon la expropiación.

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Actora: VANSOLIX S.A.

Hizo una relación de gastos en los que incurrió, así como aquellos

asumidos por HILTI COLOMBIA S.A., por conceptos de asesorías

legales e inmobiliarias, gastos fijos de operación, avalúos de los

predios, costos de oportunidad, impuestos y otros, que atribuyó de

manera conjunta a la expropiación de los 4 predios en los que

operaban.

En relación con el lucro cesante, manifestó que deberá

indemnizarse a aquellas sumas de dinero que se dejaron de percibir

con ocasión del cierre y del traslado de las compañías y que por

esta razón no entraron al patrimonio de las mismas.

I.4.- Trámite de la demanda en primera instancia

VANSOLIX S.A. e HILTI COLOMBIA S.A presentaron una

demanda conjunta inicial que dio lugar al proceso con número único

de radicación 25000232400 2011 00401 00, en la que discutían la

legalidad de los actos administrativos de expropiación de los 4

predios en que operaban, incluido el relacionado con el presente

asunto.

No obstante, mediante auto de 15 de septiembre de 2011, el

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Actora: VANSOLIX S.A.

Tribunal ordenó escindir la demanda para conformar un expediente

por cada uno de los predios en discusión.

Una vez VANSOLIX S.A. adecúo los hechos y pretensiones del

escrito introductorio, en relación con los actos administrativos

cuestionados en el presente asunto, la demanda fue admitida

contra la EUR, mediante auto de 6 de septiembre de 2012 y,

posteriormente, se vinculó a TRANSMILENIO S.A, por una parte,

en razón a que la primera entidad fue quien expidió los actos

acusados; y, por la otra, porque la empresa de transporte masivo

fue quien pagó las sumas derivadas de la expropiación.

Por lo anterior, fueron excluidas de la litis las demás entidades

demandadas.

I.5.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.5.1- La ERU se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la

demanda, para lo cual formuló las siguientes excepciones:

I.5.1.1.- “Inepta demanda por indebida acumulación de

pretensiones”

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Manifestó que la actora combinó las pretensiones de nulidad y

restablecimiento del derecho con la controversia sobre el precio

indemnizatorio, situación que, a su juicio, es improcedente, dado

que conforme con el artículo 71 de la Ley 388, en procesos como el

de la referencia el interesado solo puede optar bien sea para

discutir la legalidad del acto de expropiación o para discutir el

monto reconocido por el bien, sin que sea posible la acumulación de

ambos asuntos.

I.5.1.2.- “Validez del convenio interadministrativo 215 de

2009, suscrito entre la empresa de TRANSMILENIO y la ERU”

Expresó que los convenios interadministrativos son una

herramienta de gran utilidad para la ejecución de sus fines y la

prestación de los servicios públicos, dado que constituyen un objeto

o técnica especial para la gestión pública y la realización de los

fines atribuidos por el ordenamiento jurídico a las entidades

estatales.

Argumentó que el proyecto Estación Central se sujetó a los

lineamientos generales fijados en el Decreto Distrital 190 de 2004,

sobre la política de renovación urbana, además de que las

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expropiaciones que adelantó en favor de TRANSMILENIO S.A.

tuvieron fundamento en el Convenio Interadministrativo 215 de

2009, frente al cual no se ha puesto en discusión su legalidad.

I.5.1.3.- “Elaboración del avaluó comercial en debida forma”

Sostuvo que el avalúo comercial que realizó el IGAC observó los

preceptos normativos que regulan la materia, no solo porque la

entidad avaluadora es competente para su elaboración sino porque,

además, se ajustó a los criterios, parámetros y metodologías

contenidos en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, en el Decreto

1420 de 24 de julio de 199812 y en la Resolución núm. 620 de

2008, en razón a que tuvo en cuenta la normativa urbanística

vigente al momento de su realización, esto es, la UPZ 93 Las Nieves,

que clasifica a los inmuebles expropiados dentro del sector normativo

4, subsector b, asignándoles un tratamiento de renovación urbana en

la modalidad de desarrollo.

Explicó que, conforme con el artículo 23 de la Resolución 620 de

2008, los inmuebles que se encuentran ubicados en zonas de

renovación urbana, como ocurría con el predio objeto de
12
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

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controversia, su valoración comercial debe hacerse de acuerdo con el

plan parcial o la norma específica para su desarrollo y, en su defecto,

con la norma urbanística vigente antes de la adopción del Plan de

Ordenamiento Territorial.

Indicó que si bien a la fecha en que se elaboró el avalúo por parte del

IGAC, aún no se había expedido el correspondiente plan parcial, la

zona en la que se encontraban ubicados los inmuebles tenía una

norma específica para su desarrollo, ya que mediante el Decreto

Distrital 492 de 2007 se reglamentó la UPZ 93 Las Nieves, norma que

regula lo atinente al desarrollo urbanístico del sector que se comenta;

y que de acuerdo con lo establecido por el artículo 43 del Decreto

Distrital 190 de 2004 constituye un instrumento de planeamiento en

virtud del cual se desarrollan y complementan las disposiciones del

POT.

Comentó que el hecho de que una UPZ regule el régimen de usos,

pero restrinja la edificabilidad del sector, no puede llevar a concluir

que no existe una norma que regule el desarrollo de los inmuebles en

la respectiva zona.

Afirmó que por esa razón el IGAC, dando aplicación a la disposición

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que la misma entidad elaboró, reforzó la correcta interpretación dada

en el presente caso para efectos de la elaboración de los avalúos

comerciales, pues tuvo en consideración la UPZ 93 Las Nieves, en

tanto el sector sí cuenta con una norma urbanística para su

desarrollo.

I.5.1.4.- “Insuficiencia probatoria de la relación entre HILTI

COLOMBIA S.A. y VANSOLIX S.A”

Explicó que para establecer el alcance de la relación comercial entre

HILTI COLOMBIA S.A. y VANSOLIX S.A, mediante oficios de 14

de febrero de 2010, les cuestionó sobre las áreas o espacios

ocupados por cada una en los predios a expropiar, el detalle sobre

dotaciones de equipo y contratos de arrendamiento o acuerdos

vigentes entre las dos sociedades.

Expresó que, en respuesta al requerimiento aludido, el 10 de marzo

de 2010 las sociedades informaron que desde junio de 2003 existía

un convenio de cooperación (contrato outsourcing) según el cual

VANSOLIX S.A. prestaba su estructura comercial para la

comercialización de los productos de HILTI S.A y en

contraprestación esta pagaba un porcentaje sobre el total de las

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ventas.

Adujo que ante la insuficiencia de la información suministrada por las

actoras, el único comportamiento jurídicamente permisible para

establecer la extensión del daño emergente y del lucro cesante era

remitirse a la documentación disponible al momento de la tasación,

como en efecto acaeció.

I.5.1.5.- “Ausencia de nexo de causalidad entre la actuación

de administración y los daños reclamados”

Manifestó que para efectos de determinar la indemnización por la

expropiación del bien objeto de controversia, realizó una serie de

visitas en las que solicitó a las actoras la información documental

pertinente a los titulares del derecho de dominio y adelantó un censo

y un diagnóstico en virtud de los cuales se estableció el alcance de

las compensaciones pagadas, sin que las interesadas hubiesen

aportado pruebas suficientes para que se modificaran los valores

ofrecidos.

Destacó que solo son objeto de indemnización los daños que ocurran

como consecuencia del proceso de adquisición, que se inicia con la

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notificación de la respectiva oferta de compra, por lo que no es

jurídicamente posible resarcir supuestos perjuicios generados con

anterioridad a la comunicación de la decisión administrativa

correspondiente.

I.5.1.6.- “Adecuación de las formas de pago a lo establecido

por la ley, el proceso de adquisición predial y derecho de

preferencia”

Explicó que conforme con el artículo 119 de la Ley 388, en lo que

concierne a la renovación urbana, el precio de la indemnización por la

expropiación de los inmuebles puede pagarse mediante la permuta

de los inmuebles resultantes del proyecto o con derechos de

edificabilidad, para que el expropiado participe como socio del

mismo.

I.5.2.- TRANSMILENIO S.A. contestó la demanda y se opuso a la

prosperidad de sus pretensiones.

Aseveró que la expropiación administrativa en favor de terceros sí

está regulada y es procedente, conforme con los artículos 44, 58 y 63

de la Ley 388, en particular, cuando el tercero carece de capacidad

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para expropiar, pero su objeto misional guarda relación con el motivo

de utilidad pública o interés social invocado.

Afirmó que no participó en la elaboración y expedición de los actos

administrativos, razón por la cual no existe nexo causal para que se

le endilgue la responsabilidad alegada la actora, además porque

tampoco participó en la elaboración de los avalúos que definieron el

precio de la indemnización por la expropiación reprochada.

Resaltó que en el Convenio Interadministrativo 215 de 2009, con

base en el cual fue vinculado al proyecto, no se pactó que debía ser

solidariamente responsable por los eventuales reclamos que se

iniciaran contra la ERU y mucho menos por presuntos e inexistentes

perjuicios atribuidos a la entidad expropiante, derivados de acciones,

extralimitaciones, vías de hecho u omisiones acaecidas con ocasión al

proceso de expropiación.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 29 de agosto de 2019, denegó

las pretensiones de la demanda.

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Para tal efecto, en relación con la excepción de ineptitud de la

demanda por indebida acumulación de pretensiones formulada por

la ERU recordó que, mediante auto de 15 de septiembre de 2011,

dentro del proceso con radicación 2011-00401, ordenó la escisión

de la demanda por haberse demandado varios actos, los cuales

tuvieron un trámite administrativo independiente pese a su

similitud en cuanto a las partes, el contenido y el sentido de la

decisión, por lo cual dicha situación había sido subsanada.

Frente a la presunta imposibilidad de que el bien expropiado haya

sido transferido de forma a directa a TRANSMILENIO S.A, indicó

que tanto esta sociedad como la ERU son entidades del orden

distrital que, con el objetivo de desarrollar un proyecto de

transporte público para mejorar la calidad del servicio, celebraron el

Convenio Interadministrativo 215 de 2009.

Explicó que conforme a las disposiciones del convenio en mención

la ERU tenía la obligación de adquirir los predios necesarios para el

desarrollo del proyecto de Renovación Urbana denominado Estación

Central, dentro del macro proyecto Transmilenio Fase III, a favor

de TRANSMILENIO S.A.

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Agregó que, por ese motivo, las demandadas contaban con un

marco jurídico suficiente para sustentar la transferencia del derecho

de dominio sobre los predios expropiados, en favor de

TRANSMILENIO S.A, esta última que además asumió la obligación

de efectuar los pagos generados en el marco del proceso de

adquisición de los predios.

En lo que concierne a los reproches formulados contra el avalúo

efectuado por el IGAC, destacó que esta entidad en el informe

respectivo señaló que para el predio objeto de controversia, la

reglamentación era la dispuesta para la UPZ 93 Las Nieves, por ser

la norma específica que regula el sector.

Sobre los demás cargos relativos a la inconformidad de la actora

por los montos de las indemnizaciones, advirtió que el avalúo con

base en el cual la ERU fijó el precio de los perjuicios se ajustó a las

exigencias legales, en razón a que para su elaboración se

emplearon varios de los métodos establecidos en la Resolución

núm. 620 de 2008.

Resaltó que, en cuanto al valor real del inmueble en discusión,

mediante auto de 7 de noviembre de 2013, fue decretado un

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dictamen pericial presentado por el perito avaluador JOSÉ VICENTE

DÍAZ SUÁREZ, frente al cual encontró algunas inconsistencias.

Señaló que si bien el perito anunció la utilización del método de

costo de reposición para avaluar el inmueble, también lo es que el

dictamen presenta falencias en la medida en que no se tuvieron en

consideración los lineamientos técnicos previstos en el artículo 13

de la Resolución núm. 620 de 2008, relativos al método de

reposición.

Puntualizó que, en efecto, en el avalúo aludido no se indicó cuál es

la suma de los costos directos, los costos indirectos, los financieros

y los de gerencia del proyecto, en los que se debió incurrir para la

realización de la obra, y tampoco se indicaron los volúmenes y las

unidades requeridas para la construcción, circunstancia que

desconoce los parámetros fijados en la resolución mencionada, por

lo que el dictamen no revistió de las características que permitieran

desvirtuar la legalidad del avalúo comercial realizado por el IGAC.

Advirtió que, según el dictamen pericial, también fue aplicado el

método comparativo de mercado, no obstante, no fueron explicadas

las investigaciones efectuadas en el terreno, con base en las cuales

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el perito hizo las comparaciones para establecer o concluir cuál era

el valor del predio.

Agregó que para el cálculo de los perjuicios por lucro cesante y

daño emergente había decretado un dictamen pericial a cargo de un

contador avaluador de la lista de auxiliares de la justicia, no

obstante, a su juicio, el informe rendido por éste adolecía de

inconsistencias.

Explicó que el perito señaló que los perjuicios ocasionados a HILTI

COLOMBIA S.A y a VANSOLIX S.A. se produjeron con ocasión de

la expropiación de cuatro (4) bienes inmuebles, pese a que, en el

presente caso, solo se estaba verificando la expropiación realizada

sobre uno de los predios referidos.

Expuso que, asimismo, fueron incluidos valores que no hacen parte

de la liquidación del daño emergente, por ejemplo, los servicios

profesionales de consultoría inmobiliaria que contrató VANSOLIX

S.A. con el fin de negociar el inmueble al que se trasladaría junto

con HILTI COLOMBIA S.A., impuestos, comisiones, gastos

legales, adecuaciones de nueva sede y compra de muebles, porque

no son causados de manera directa por la expropiación

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administrativa y, en todo caso, debían ser pagados por las

sociedades referidas.

Por lo anterior concluyó:

“[…] ante las inconsistencias que presentan los dictámenes
allegados por los peritos, y debido a la falta de claridad sobre
los valores obtenidos en el mismo, la Sala acogerá el estudio
de mercado que hace parte del informe de avalúo del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi para determinar el valor del metro
cuadrado en la época en la que se realizó dicho avalúo, el cual
no fue desvirtuado por la demandante, quien tenía la carga de
la prueba, conforme ha sido señalado por el H. Consejo de
Estado.

En consecuencia, la Sala mantendrá la presunción de legalidad
de los actos administrativos acusados; y no emitirá
pronunciamiento alguno sobre la objeción por error grave
[formulada por la parte demandada], pues habría lugar a ello
siempre y cuando se hubiesen anulado las resoluciones
acusadas, hipótesis en la cual habría lugar a resolver sobre tal
cuestión procesal, debido al correspondiente restablecimiento
del derecho.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda
[…]”.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La actora recurrió la sentencia proferida en primera instancia, para

lo cual manifestó que el a quo efectuó una indebida fijación del

litigio, en razón a que lo limitó al debate sobre el valor comercial

del inmueble, sin precisar sobre la discusión relativa a la legalidad

de los actos administrativos demandados.
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Reiteró que los actos administrativos son nulos por infracción a las

normas en que debían fundarse, de una parte, porque para la

época de su expedición no podían efectuarse expropiaciones en

favor de terceros; y, por la otra, porque los avalúos no se ajustaron

al Decreto 1420 y a la Resolución núm. 620 de 2008.

Adujo que conforme con el artículo 23 de la Resolución aludida, el

avalúo de los predios ubicados en zonas de renovación urbana

sujetas a planes parciales que aún no hayan sido expedidos debe

realizarse atendiendo las normas urbanísticas anteriores a la

adopción del POT, para el caso en concreto, a las contenidas en el

Decreto 1042 de 29 de mayo de 198713.

Expresó que los avalúos realizados por la CÁMARA DE LA

PROPIEDAD RAÍZ y por el perito dentro del presente proceso

coincidieron en que el valor del inmueble expropiado es superior al

establecido por el IGAC.

Resaltó que los dos avalúos que sustentan sus argumentos

contienen los requisitos establecidos en la Resolución núm. 620 de

13
“Por el cual se dictan, reglamentan y unifican las normas para el Área Central de Bogotá Distrito
Especial”.

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2008, razón por la cual desvirtúan el contenido del informe

realizado por el IGAC.

Alegó que no era válido que el a quo desestimara el avalúo

practicado dentro del presente proceso, por el hecho de que no

cumpliera con los requisitos sobre el método de reposición, en

razón a que el dictamen se basó también en la comparación de

mercado.

Arguyó que el a quo no hizo una interpretación armónica de la

Resolución núm. 620 de 2008, al señalar que el avalúo no

discriminó los ítems de costos directos, indirectos, financieros y de

gerencia del proyecto, lo cual, a su juicio, sería cierto si el perito

hubiere utilizado un solo método y su finalidad hubiese sido la de

determinar el valor de construcción de una edificación similar al

bien expropiado.

Afirmó que el avalúo parte del hecho de que la edificación no

cuenta con bienes situados en el mercado comparables por su

naturaleza, por lo que no podría a futuro construirse un inmueble

con las mismas características.

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Precisó que, en relación con el método de comparación de mercado,

mal podría interpretarse que el perito no realizó investigaciones en

terreno, cuando el dictamen está soportado en encuestas de

opinión con otros expertos en finca raíz y con su firma aquel

manifiesta que su opinión es independiente y corresponde a su

convicción profesional.

Aseguró que, en lo relativo al dictamen sobre los perjuicios

materiales adicionales causados, en efecto, estos debían ser

calculados con base en la expropiación de los 4 inmuebles de

propiedad de VANSOLIX S.A. e HILTI COLOMBIA S.A, en razón

a que, como lo indicó el perito, estaba demostrado que ambas

compañías compartían instalaciones desde hacía más de 80 años,

razón por la cual desde un principio se había presentado una única

demanda.

Explicó que los perjuicios no se dieron de forma independiente por

cada uno de los predios, dado que, como la misma ERU lo

reconoció en las comunicaciones previas a la expropiación, los

inmuebles donde se ubicaban las compañías formaban parte del

área requerida por el Distrito, para llevar a cabo el proyecto

Estación Central de Transmilenio.

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Anotó que, respecto del cálculo del daño emergente, el avalúo

pericial tuvo en cuenta los gastos en que incurrieron las compañías

con el fin de negociar el inmueble al que se trasladarían, los

impuestos, los gastos legales, la adecuación de la nueva sede y la

compra de muebles, expensas que fueron desestimadas por el a

quo porque, a juicio de este, no fueron causados de forma directa

por la expropiación.

Arguyó que, contrario a lo señalado por el a quo, los gastos

aludidos sí fueron generados como consecuencia de la expropiación

de los 4 predios en comento, porque de no haber sido decretada,

no habrían tenido que haber trasladado sus instalaciones.

Alegó que, una vez fue anunciado el proyecto que el Distrito

pretendía desarrollar en los predios, el 24 de mayo de 2006

contrató los servicios de la firma HOYOS LUQUE, profesionales

inmobiliarios, para negociar la edificación a la que se trasladarían

junto con HILTI COLOMBIA S.A.

Explicó que el dictamen fue claro en individualizar los perjuicios de

cada una de las dos compañías, por lo cual corresponde determinar

a esta jurisdicción el porcentaje a asignar en lo relativo al predio

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objeto de controversia en el asunto de la referencia.

Por último, manifestó que en todo caso los perjuicios no solo

corresponden al dictamen pericial, sino que están soportados en los

documentos aportados con la demanda, que no fueron

controvertidos por la parte demandada.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la actora además de reiterar los argumentos

planteados en el recurso de apelación insistió en el cargo relativo a

la presunta nulidad de los actos cuestionados por el

desconocimiento de su derecho a obtener la indemnización por la

expropiación en modalidades distintas al pago en efectivo, como fue

planteado en la demanda inicialmente.

IV.2.- Por su parte, la EUR y TRANSMILENIO S.A. allegaron sus

alegatos de conclusión en los que reiteraron su posición jurídica

sobre la litis.

IV.3.- El agente del Ministerio Público guardó silencio.

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad de los

siguientes actos administrativos:

➢ Resolución núm. 00273 de 15 de octubre de 2010,

expedida por la ERU, “Por la cual se ordena una expropiación

por vía administrativa”, del inmueble ubicado en la calle 25A

13A -28 de Bogotá, identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria núm. 50C-323007, en cuya parte resolutiva,

dispone lo siguiente:

“[…] ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Ordena la expropiación
por vía administrativa del inmueble ubicado en la Cl 25 A No.
13 A 28 (antes CL 25 A No. 13 A-28/30) de la ciudad de
Bogotá D.C., identificado con Cédula Catastral 003
101013600000000, CHIP No. AAA0209YMDE y matrícula
inmobiliaria 50 C-323007, con un área de 288.00 M2 de
terreno, una construcción de 1213,55 M 2 conforme al Registro
Topográfico 35688A de propiedad de SOCIEDAD "VANSOLIX
S.A. EN REESTRUCTURACION. identificado con Nit: 8600017
10-6. Cuyos linderos específicos son: POR EL NORTE: Del
punto P 3 al P 4, en línea recta y distancia de 10.87 mts,
lindando con propiedad privada: POR ORIENTE: Del punto P4 al
punto P1, en línea recta y distancia de 26.17 mts, lindando con
propiedad privada; POR EL SUR: Del punto P1 al punto P2, en
línea recta y distancia de 11. 10 mts, lindando con la CL 25 A y
POR EL OCCIDENTE: Del punto P2 al punto P3, en línea recta y
distancia de 26.28 mts, lindando con propiedad privada y
cierra.

PARÁGRAFO: De conformidad con lo pactado en el Convenio
Interadministrativo 215 de 2009 en concordancia con lo
indicado en el Inciso Final del Artículo 61 de la Ley 388 de

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1997, la EMPRESA DE RENOVACION URBANA adelanta el
presente proceso de expropiación administrativa a favor de la
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A. Por esta razón, la titularidad del inmueble
identificado en el artículo primero del presente acto
administrativo será transferida en forma directa a la EMPRESA
DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.,
sin que ingrese al patrimonio de la ERU.

ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO. - El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA
CORRIENTE ($884.923.430), valor que incluye:

1. El avalúo comercial por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 876.856.500), de conformidad con el informe
técnico de avalúo No. 8002009ER10909-52 de fecha
12/10/2009 elaborado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi — IGAC.
2. La indemnización por daño emergente por valor de OCHO
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.066.930), de conformidad con
el documento de tasación de indemnización. […]”.

➢ Resolución núm. 000324 de 1o. de diciembre de 2010,
expedida por la ERU, “Por la cual se resuelve un recurso de
reposición”, que confirmó la anterior decisión.

Problema jurídico

La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a

los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de

apelación presentado por la actora.

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En ese orden de ideas, el reproche que la demandante hizo en el

escrito, que contiene sus alegatos de conclusión, relativo a la forma

del pago por la expropiación y los derechos de opción y de

preferencia será un asunto sobre el cual no habrá pronunciamiento

de fondo en esta instancia, dado que no fue impugnado en el

recurso de alzada.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si los actos

administrativos cuestionados son nulos por infracción a las normas

en que debieron fundarse en razón a que, a juicio de la actora: i) el

inmueble expropiado no podía pasar de forma directa al patrimonio

de TRANSMILENIO S.A.; ii) el avalúo oficial que sustenta las

actuaciones no fue elaborado con base en las disposiciones vigentes

antes de la adopción del POT, conforme al artículo 23 de la

Resolución núm. 620 de 2008; y iii) el pago de las indemnizaciones

respectivas debe hacerse de acuerdo con los avalúos practicados en

el proceso y demás documentales allegadas como pruebas.

Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para enseguida abordar el estudio del caso concreto.

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Del procedimiento de expropiación administrativa,
generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad
es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En
los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

De esta norma se destaca que el derecho a la propiedad no es

absoluto y se funda en varios principios que la Corte

Constitucional14 ha decantado como resultado de la interpretación

del artículo 58 de la Carta, así:

i) La garantía a la propiedad privada y los demás derechos

14
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.

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adquiridos se hace con arreglo a las leyes civiles; ii) la Constitución

Política protege y promueve las formas asociativas y solidarias de la

propiedad; iii) se reconoce el carácter limitable de la propiedad; iv)

se establecen las condiciones en que prevalece el interés público o

social sobre el interés privado; v) se le asigna a la propiedad una

función social y ecológica; y, vi) se fijan las modalidades y los

requisitos de la expropiación.

De otra parte, y acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, la Ley 9ª de 11 de enero de 198915 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997, que modificó la citada Ley 9ª.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se

adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía

administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

15
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
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llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria16, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado, ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago, iii) la

destinación que se dará al inmueble expropiado, iv) la inscripción

del acto administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos, sobre la transferencia del derecho de dominio, v) la orden

de notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos

reales sobre el bien expropiado, y la información sobre los recursos

procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada

el artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no
haberse formulado el recurso de reposición dentro del término legal
o por haber sido decidido el recurso interpuesto en forma negativa,
la decisión producirá los siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá

16
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
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que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la
consignación correspondiente conforme a lo previsto en
el numeral 2 de este artículo.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado,
según sea el caso, el valor total correspondiente o
el porcentaje del precio indemnizatorio que se
paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá
consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregara copia de
la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área
de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro
de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN
INMUEBLE EXPROPIADO, sin necesidad de
intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es
necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de
este artículo, la decisión de expropiación por vía
administrativa no producirá efecto alguno y la entidad
deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o
interés social que hayan sido invocados, en un término
máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de

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propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que
la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a
la entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS

PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se

utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 17 de la

presente ley […]”. (Destacado fuera de texto).

17
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].

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De acuerdo con esta normativa, una de las características

esenciales de la expropiación radica en el hecho que la actuación del

Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,

previa y justa indemnización del inmueble, en cuando comprende

su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha

medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.

Sobre el particular, esta Sección18 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se
decrete la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad
que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el
interés general deba prevalecer sobre los intereses
privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.

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transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. (Destacado fuera de
texto).

Caso concreto

La Sala pasa a atender los argumentos planteados por la actora en

su recurso de apelación, para así resolver los aspectos del problema

jurídico que nos ocupa.

De la transferencia del predio expropiado a TRANSMILENIO
S.A.

Conforme con el contenido de los actos cuestionados, la ERU

adelantó el proceso de expropiación del bien objeto de controversia,

no obstante, la referida entidad dispuso que la transferencia del

inmueble pasara de forma directa a TRANSMILENIO S.A.

A juicio de la actora, tal situación conlleva la nulidad de los actos

administrativos acusados, por cuanto, a su juicio, solo hasta la

entrada en vigencia de la Ley 1450 de 16 de junio de 201119, el

legislador definió las condiciones para la concurrencia de terceros

en el proceso de expropiación, a través de la adición del artículo

19
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
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“61 A” al cuerpo normativo de la Ley 38820.

Al respecto, la Sala destaca que incluso con anterioridad a la

adición que el legislador efectúo, a través del artículo 122 de la Ley

1450, a la Ley 388 de 1997, esta norma ya tenía prevista la

posibilidad de que las entidades públicas competentes adquirieran

inmuebles a través de procedimientos de expropiación judicial o

administrativa, con la concurrencia de terceros, a cargo de quienes

corresponderían los gastos de las adquisiciones.

En efecto, los artículos 44, 61 y 6221 de la referida norma, vigentes

para la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos,

establecen:

“[…] ARTICULO 44. EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
ACTUACION URBANISTICA. El desarrollo de las unidades de
actuación implica la gestión asociada de los propietarios de los
predios que conforman su superficie, mediante sistemas de
reajuste de tierras o integración inmobiliaria o cooperación,
según lo determine el correspondiente plan parcial.

20
“[…] ARTÍCULO 61-A. CONDICIONES PARA LA CONCURRENCIA DE TERCEROS. <Artículo
adicionado por el artículo 122 de la Ley 1450 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos
de la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa de
que trata la Ley 388 de 1997, los recursos para el pago del precio de adquisición o precio
indemnizatorio de los inmuebles pueden provenir de terceros, cuando el motivo de utilidad pública e
interés social que se invoque corresponda a los literales c) o l) del artículo 58 de la presente ley o al
artículo 8o del Decreto 4821 de 2010, y se trate de actuaciones desarrolladas directamente por
particulares o mediante formas mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado para la
ejecución de:
a) Programas y proyectos de renovación urbana, de conformidad con los objetivos y usos del suelo
establecidos en los planes de ordenamiento territorial […]”.

21
Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.

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[…]

En los casos de unidades de actuación de desarrollo prioritario,
si en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
delimitación de la unidad de actuación no se hubiese logrado el
acuerdo de que trata el aparte anterior, la administración
podrá optar por la expropiación administrativa de los
inmuebles correspondientes o por la enajenación forzosa
de los mismos, de conformidad con lo previsto en el
Capítulo VIII de la presente ley. En todo caso, los
inmuebles expropiados podrán formar parte de la
asociación gestora de la actuación y los recursos para su
adquisición podrán provenir de ésta.
[…]

ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE
ENAJENACION VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9a. de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados
inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según
lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en
el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el
gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta
la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al
momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a
adquirir, y en particular con su destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero
o en especie, en títulos valores, derechos de construcción y
desarrollo, derechos de participación en el proyecto a
desarrollar o permuta.

Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente ley se
acepte la concurrencia de terceros en la ejecución de
proyectos, los recursos para el pago del precio podrán provenir
de su participación.

La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferta
de compra se hará con sujeción a las reglas del Código
Contencioso Administrativo y no dará lugar a recursos en vía
gubernativa.

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si

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transcurridos treinta (30) días hábiles después de la
comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un
acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un
contrato de promesa de compraventa.

No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiación y
siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será
posible que el propietario y la administración lleguen a un
acuerdo para la enajenación voluntaria, caso en el cual se
pondrá fin al proceso.

Los inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados
directamente por la entidad adquirente o por un tercero,
siempre y cuando la primera haya establecido un
contrato o convenio respectivo que garantice la
utilización de los inmuebles para el propósito que fueron
adquiridos.

[…]

ARTÍCULO 62. Se introducen las siguientes modificaciones al
procedimiento para la expropiación previsto en la Ley 9ª de
1989 y en el Código de Procedimiento Civil:
[…]

4. Cuando de conformidad con lo dispuesto en la
presente ley se acepte la concurrencia de terceros en la
ejecución de proyectos, los recursos para el pago de la
indemnización podrán provenir de su participación.

5. Contra el auto admisorio de la demanda y las demás
providencias que dicte el juez dentro del proceso de
expropiación, excepto la sentencia y el auto de que trata el
último inciso del artículo 458 del Código de Procedimiento Civil,
sólo procederá el recurso de reposición.
[…]

9. Los terrenos expropiados podrán ser desarrollados
directamente por la entidad expropiante o por terceros,
siempre y cuando la primera haya establecido un
contrato o convenio respectivo que garantice la
utilización de los inmuebles para el propósito que fueron
adquiridos […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora bien, en lo que concierne a la transferencia del derecho

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real sobre el bien expropiado en favor de TRANSMILENIO

S.A., los actos administrativos cuestionados están

fundamentados en el inciso último del artículo 61 de la Ley 388,

que prevé la concurrencia de terceros, en el procedimiento de

expropiación administrativa, siempre y cuando se hubiese

suscrito un contrato o convenio respectivo que garantizara la

utilización de los inmuebles para el propósito que fueron

adquiridos.

La expropiación del bien obedeció a la necesidad de ejecutar el

Proyecto Integral de Renovación Urbana “Estación Central” del

sistema de transporte masivo.

Para lo anterior, la ERU y TRASNMILENIO S.A. habían

suscrito el Convenio Interadministrativo 215 de 2009, con el

objeto de “[…] precisar las condiciones de cooperación y

coordinación de las partes en la adquisición de los inmuebles

para desarrollar […]” el referido proyecto, en el cual acordaron,

entre otros aspectos, los siguientes:

“[…] 9) Que para efectos de desarrollar las estrategias de
renovación urbana y movilidad anteriormente enunciadas, es
necesario que el proyecto se formule de manera integral y en
su desarrollo confluyan, en forma coordinada, la iniciativa, la

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organización, la gestión y los recursos de las entidades
encargadas de su desarrollo.
[…]

11) Que para efectos de efectuar las referidas estrategias de la
Operación Centro, es primordial realizar la adquisición de los
inmuebles requeridos para el desarrollo del proyecto de
renovación urbana denominado “Estación Central”, incluyendo,
por lo tanto, aquellos necesarios para la construcción de la
Estación Central de Transmilenio.

12) Que en los términos del artículo 58 de la Ley 388 de 1997,
la ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y
provisión de espacios, así como la ejecución de programas y
proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte
masivo, constituyen motivos de utilidad pública o interés social
para la expropiación de inmuebles (literales c y e).

13) Que de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del
Decreto Distrital 190 de 2004, en los casos de los proyectos
urbanísticos integrados y otras operaciones estratégicas, las
entidades distritales utilizarán, de manera prioritaria, la
expropiación por vía administrativa, en los procesos de
adquisición de suelo por motivos de utilidad pública que se
requiere llevar a cabo.

14) Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 59 de la Ley
388 de 1997, en concordancia con el artículo 455 del Decreto
Distrital 190 de 2004, en el Distrito Capital son entidades
competentes para adquirir inmuebles por motivos de utilidad
pública, ya sea por enajenación voluntaria o por expropiación,
los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta
asimiladas a las anteriores, siempre que estén autorizadas por
sus estatutos.

[…]

18) Que la Empresa de Renovación Urbana es una
Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital,
encargada de gestionar, liderar, promover y coordinar
los programas y proyectos de renovación urbana en el
Distrito Capital, y facultada para adquirir predios por
motivos de utilidad pública, según lo señalado en el
Acuerdo Distrital 33 de 1999 y el Acuerdo 001 de 2004
de la Junta Directiva de la ERU.

19) Que el inciso final del Artículo 61 de la Ley 388 de

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1997, establece la posibilidad de que la adquisición de
predios por motivos de utilidad pública se adelante por
una entidad competente, a favor de un tercero, siempre
y cuando éste se comprometa a utilizar los inmuebles
para el propósito que fueron adquiridos, y se haya
suscrito para tal efecto un contrato o convenio.

20) Que en los términos de la Ley 489 de 1998, el Decreto Ley
1421 de 1993, el Acuerdo Distrital 33 de 1999, el Acuerdo
Distrital 4 e 1999, la Escritura Pública 3280 del 21 de
diciembre de 2000 y demás normas concordantes, la ERU y
TRANSMILENIO S.A. tienen la facultad de celebrar
contratos y/o convenios con otras entidades distritales
[...]” (Destacado fuera de texto).

En ese orden de ideas, la Sala advierte que era válido que el bien

expropiado pasara al dominio de TRANSMILENIO S.A., en la

medida en que su concurrencia al procedimiento, en los términos

del inciso último del artículo 61 de la Ley 388, estuvo precedida de

la suscripción del convenio respectivo con la entidad expropiante,

en el cual se especificó la utilidad que debía darse al inmueble, así

como la obligación de dicha sociedad de asumir los costos de la

adquisición.

Además, la Sala advierte que tal actuación resultaba lógica

teniendo en cuenta, por una parte, que el proyecto que se realizaría

en el predio en cuestión integraría la infraestructura del sistema

masivo de trasporte; y, por la otra, que conforme con el parágrafo

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del artículo 222 del Acuerdo 33 de 19 de noviembre de 199923, la

ERU no podía ejecutar en forma directa obras de urbanismo.

Por lo anterior, la Sala advierte que el reproche de la actora sobre

este aspecto no tiene vocación de prosperar.

De la presunta ilegalidad del avalúo elaborado por el IGAC

En criterio de la actora, el avalúo que sirvió de sustento de los actos

administrativos acusados para establecer el precio del predio

expropiado desconoció el contenido del artículo 23 de la Resolución

núm. 620 de 2008, de acuerdo con el cual la valoración de los

predios en áreas de renovación urbana, que no cuenten con plan

parcial o norma específica para su desarrollo, debe hacerse con

base en las normas urbanísticas vigentes antes de la adopción del

POT.

Al respecto, la Sala destaca que a través del Decreto 1420 fueron

22
“[…] Artículo 2º.- Objeto. La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C., tiene por objeto,
gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria
o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y
transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y
redesarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión
con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.
Parágrafo.- En ningún caso la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C., podrá
ejecutar en forma directa obras de urbanismo […]”(Destacado fuera de texto).
23
“Por el cual se crea una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital - Empresa de
Renovación Urbana de Bogotá, D.C.”.

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reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios

para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse

el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso

de expropiación administrativa.

El artículo 2324 del referido Decreto facultó al IGAC para expedir a

través de resolución las disposiciones metodológicas para la

realización de los avalúos referidos.

En desarrollo de la referida competencia, el IGAC inicialmente

expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones

que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en

la actualidad establece los procedimientos para los avalúos

ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

El artículo 23 de la Resolución núm. 620 de 2008, al que refiere la

actora dispone:

“[…] Artículo 23.-Valoración de predios en áreas de
renovación urbana. La valoración de predios en áreas de
renovación urbana que no cuenten con plan parcial o la norma
específica para su desarrollo, se hará con base en las normas
urbanísticas vigentes antes de la adopción del plan de

24
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que
trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante
resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de
este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial. […]”.

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ordenamiento territorial. Para la estimación del valor comercial se
deberá emplear el método de renta y/o de mercado únicamente.
[…]”. (Destacado fuera de texto)

Ahora bien, la actora sostuvo que el predio expropiado estaba

ubicado dentro de los límites territoriales de la UPZ 93 Las Nieves,

clasificado dentro del Sector normativo 4, Subsector de Usos II y

Subsector de Edificabilidad B.

Además, la demandante afirmó que el subsector B, al momento en

que se elaboró el avaluó por parte del IGAC no tenía normas de

edificabilidad, porque, conforme con la plancha 3 de la UPZ 93,

dicho aspecto debía ser desarrollado a través del Plan Parcial

respectivo, por lo cual, a su juicio, para la elaboración del informe

la referida entidad debía observar las normas anteriores al POT, en

particular, las contenidas en el Decreto 1042 de 29 de mayo de

198725.

En el presente caso, no hay controversia sobre el hecho de que el

predio objeto de discusión se encontraba ubicado en la zona

25
“Por el cual se dictan, reglamentan y unifican las normas para el Área Central de Bogotá Distrito
Especial”.

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reglamentada por la UPZ 93 Las Nieves, clasificado en el Subsector

de Usos II y Subsector de Edificabilidad B, este último sin

reglamentación particular.

En efecto, el avalúo elaborado por el IGAC señaló lo siguiente:

“[…] 6. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA

Según la UPZ 93 Las Nieves; el Decreto 492 de octubre de
16 de 2007, el sector se enmarca en la siguiente normatividad:

Tratamiento Renovación Urbana
Modalidad Redesarrollo-
Reactivación
Área de Actividad Central
Zona Centro Tradicional
Sector de Usos 4
Subsector de II
Usos
Subsector de B
Edificabilidad

Nota. El sector normativo 4, subsector B, se desarrollará
mediante plan de implantación para el uso de la Estación
Central de Transmilenio y/o en el marco del Plan Parcial
de Renovación y Desarrollos inmobiliarios que lo
complementen. La altura se definirá por el instrumento
que los reglamente […]”. (Destacado fuera de texto)

Ahora, cabe mencionar que tanto las UPZ como los planes parciales

son instrumentos de planeamiento urbanístico expedidos a través

de actos administrativos, que contienen decisiones para desarrollar

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y complementar el POT26.

Respecto de la jerarquía de los instrumentos de planeamiento el

artículo 44 del Decreto Distrital 190 de 2004 sitúa en el mismo nivel

las UPZ y los Planes Parciales, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 44. Jerarquización de los instrumentos de
planeamiento (artículo 44 del Decreto 469 de 2003).

Los instrumentos de planeamiento se jerarquizan para
garantizar su articulación y su prevalencia sobre las normas
definidas en las fichas normativas, de acuerdo con sus
propósitos, su escala de aplicación y su ámbito de decisión, de
la siguiente manera:

1. Son instrumentos estructurantes de primer nivel, los planes
maestros de servicios públicos domiciliarios y de
equipamientos, los cuales tienen un horizonte de largo plazo.
Con base en ellos se estructura la estrategia de ordenamiento
adoptada y se constituyen en instrumentos que orientan la
programación de la inversión y los requerimientos de suelo
para el desarrollo de las infraestructuras y equipamientos.

2. Son instrumentos de segundo nivel, los planes
zonales, los planes de ordenamiento zonal, las unidades
de planeamiento zonal- UPZ, los planes parciales y los
planes de reordenamiento. Estos instrumentos tienen
alcance sobre territorios específicos, precisan y ajustan

26
Decreto Distrital 190 de 2004

“[…] Artículo 43. Instrumentos de Planeamiento (artículo 43 del Decreto 469 de 2003).

Los instrumentos de planeamiento urbanístico constituyen procesos técnicos que, mediante actos
expedidos por las autoridades competentes, contienen decisiones administrativas para desarrollar y
complementar el Plan de Ordenamiento Territorial. Deberán incluir, además, los mecanismos efectivos
de distribución equitativa de cargas y beneficios, en los términos señalados en el capítulo anterior.

Son instrumentos de planeamiento, los siguientes: Los planes maestros, los planes de ordenamiento
zonal, los planes zonales, las unidades de planeamiento zonal - UPZ, los planes directores para
parques, los planes de implantación, los planes de regularización y manejo, los planes de
reordenamiento, los planes de ordenamiento minero ambiental las demás reglamentaciones
urbanísticas y, en general, las disposiciones contenidas en cualquier otro tipo de acto administrativo
de las autoridades competentes, referidas al ordenamiento del territorio del Distrito Capital […]”.

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de manera específica las condiciones del ordenamiento
de los mismos.

3. Son instrumentos de tercer nivel, los Planes de
Implantación, los Planes de Regularización y Manejo de usos
dotacionales y los Planes de Recuperación Morfológica. Estos
instrumentos operan sobre porciones reducidas del territorio y
permiten prevenir y mitigar los impactos generados sobre el
entorno urbano inmediato […]” (Destacado fuera de texto).

La norma en cita, además, prevé que tanto las UPZ como los planes

parciales tienen alcance sobre territorios específicos, precisan y

ajustan de manera específica las condiciones del

ordenamiento de los mismos.

En ese orden de ideas, si bien es cierto que para la fecha en que

fue elaborado el avalúo por parte del IGAC, la zona en la que se

encontraba el bien expropiado no contaba con un plan parcial,

también lo es que sí contaba con una norma específica para su

desarrollo27 de la misma jerarquía, esto es, con la UPZ

correspondiente (la UPZ 93 Las Nieves), por lo que era válido que el

informe fuera elaborado con base en dicho instrumento, razón por

la cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperar.

27
Resolución 620 de 2008 “[…] Artículo 23.-Valoración de predios en áreas de renovación
urbana. La valoración de predios en áreas de renovación urbana que no cuenten con plan parcial o la
norma específica para su desarrollo, se hará con base en las normas urbanísticas vigentes antes
de la adopción del plan de ordenamiento territorial. Para la estimación del valor comercial se deberá
emplear el método de renta y/o de mercado únicamente […]” (Destacado fuera de texto).

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De la inconformidad por el precio indemnizatorio reconocido
por el bien expropiado y los avalúos que soportan la posición
de la parte actora

La actora argumentó su desacuerdo con el valor que fue

determinado por el IGAC como precio del inmueble expropiado con

fundamento, por una parte, en el avalúo que contrataron de forma

independiente en el año 2010 con la CÁMARA DE LA PROPIEDAD

RAÍZ y, por otra, en el dictamen pericial decretado y practicado

dentro del presente proceso por el auxiliar de la justicia JOSÉ

VICENTE DÍAZ SUÁREZ.

Al respecto, la Sala destaca que mientras el avalúo elaborado por el

IGAC señaló, para la fecha de la expropiación del bien, un valor de

$876.856.500.oo, los elaborados por la CÁMARA DE LA

PROPIEDAD RAÍZ y el auxiliar de la justicia en mención,

determinaron precios de $990.830.000.oo28 y 964.910.000.oo29,

respectivamente.

Sobre este asunto, esta Sección ha sostenido que al haber sido

incorporado el valor del avalúo comercial en el acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

28
Folio 528 del C. Anexos.
29
Folio 401 del C.1.
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creíble y fundamentado, por lo que corresponde a la parte que se

siente afectada probar en el proceso que el avalúo oficial es

equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones y, en

particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al

bien expropiado, de la siguiente manera30:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia
de esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio
establecido en los actos acusados se encuentra amparado por la
presunción de legalidad y de certeza de las decisiones de la
administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de los
diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento
jurídico, lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar
objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento para la
determinación del monto de una indemnización expropiatoria, y en
la cual la Sección Primera sostuvo que “al haberse incorporado
dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza
que se predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo
concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la
incorrección del avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo
Urbano determinó el justo precio de la indemnización expropiatoria

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2011-00196-01.
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y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera
de texto).

Por otra parte, en lo que concierne al alcance de la carga de la

prueba para desvirtuar el avalúo oficial, esta Sala 31 ha precisado lo

siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos
de la administración, no es del caso que el escrito de demanda
anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el realizado
por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial, es indispensable que
el actor, con base en las normas que regulan la materia,
indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de que se
ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, para desvirtuar el valor

incorporado en los actos administrativos de expropiación, no basta

con que a la demanda se anexen otros avalúos del bien sobre el

cual recayó la medida, sino que corresponde al interesado

probar los errores del avalúo oficial y, en particular, la

incidencia de estos en el precio que fue determinado.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el día 12 de mayo de
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00115-01.

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2010, VANSOLIX S.A. fue notificada de la Resolución núm. 125 de

6 de mayo de 2010, a través de la cual se le efectúo la oferta de

compra del bien por parte de la ERU, además que en dicha

diligencia le fue entregada una copia del avaluó elaborado por el

IGAC32.

Ahora bien, en relación con el avalúo que fue elaborado el 25 de

junio de 2010 por parte de la CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ

y que fue aportado con la demanda, la Sala advierte que dicho

documento se limitó a señalar de forma autónoma un valor

comercial para el bien expropiado, sin que el mismo estuviese

encaminado a desvirtuar las conclusiones a las que llegó el IGAC en

el avalúo oficial que soportó las actuaciones cuestionadas, sus

yerros e implicaciones de estos en el precio del inmueble en

cuestión.

Además, cabe mencionar que dicho avalúo evidencia que el mismo

está desprovisto de la suficiente fundamentación fáctica y

probatoria que permita corroborar la corrección y certeza de sus

dichos, esto es, que respalde los valores señalados en el mismo

para obtener el valor del inmueble, objeto de expropiación, pues no

32
Folio 461 del C. Anexos.

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existió claridad en cuanto a la forma como se obtuvieron los valores

indicados en el mismo, en tanto solo fueron citados, y tampoco

sustentó las fuentes o la información en que se basó para utilizar

los métodos de comparación o de mercado y de reposición, como se

puede ver a continuación:

“[…] 7.2. ESTUDIO ECONÓMICO

Para adoptar el precio se emplearon los siguientes métodos:

Método Comparativo de Mercado: Para el efecto se adelantaron
encuestas de opinión con otros expertos en finca raíz.

Método de Reposición: Para la construcción se empleó el método
de reposición.

[…]

DETERMINACIÓN DEL AVALÚO

DESCRIPCIÓN AREA M2 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TERRENO 288.00 470.000.00 135.360.000.00

CONSTRUCCIÓN 1.222.10 700.000.00 855.470.000.00

VALOR TOTAL 990.830.000.00

[…]”33.

De tal forma, que el contenido del avalúo aportado con la demanda

no tiene vocación para desvirtuar la presunción de legalidad del

avalúo oficial que soporta los actos cuestionados.

33
Folio 528 del C. Anexos.

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Ahora bien, respecto del avalúo que fue allegado al proceso como

prueba pericial, la Sala advierte que el mismo adolece de

inconsistencias que llevan a concluir que el mismo tampoco tiene la

aptitud para desvirtuar el avalúo elaborado por el IGAC.

En primer lugar, también se trata de un documento que señala de

forma autónoma un valor comercial para el bien expropiado, en

cuantía diferente a las determinadas tanto por el IGAC como por la

CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ, sin explicar las razones de tal

circunstancia, situación que llama la atención de la Sala, en

particular, porque en gran medida se trata de una trascripción

literal de este último.

Entre los varios acápites que denotan la transcripción que efectuó el

perito en su dictamen de los apartes del avaluó allegado con la

demanda, se destaca el siguiente:

“[…] Estudio Económico

Para adoptar el precio se emplearon los siguientes métodos:

Método Comparativo de Mercado: Para el efecto se
adelantaron encuestas de opinión con otros expertos en finca
raíz.

Método de Reposición: Para la construcción se empleó el
método de reposición.

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Finalmente se aprobó en el Comité Técnico de Avalúos
de la Entidad, el día 24 De Junio de 2010 […]”3435
(Destacado fuera de texto).

El aparte destacado en la cita hace referencia al comité llevado a

cabo el 24 de junio de 2010, por la CÁMARA DE LA PROPIEDAD

RAÍZ durante la elaboración de su avaluó, situación que se

encuentra inexplicable, en la medida en que el perito, en su

dictamen rendido el 14 de mayo de 2015, menciona como

fundamento de su experticia una diligencia de años atrás en la que

ni siquiera participó.

Ahora bien, como se observa, el perito indicó que para establecer el

valor del predio expropiado había utilizado los métodos de

comparación de mercado y reposición.

En relación con el método de comparación o de mercado, los

artículos 1º y 10º de la Resolución núm. 620 de 2008, son del

siguiente tenor:

“[…] Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado.

34
Folio 401 del C.1., extracto del dictamen pericial decretado y practicado dentro del proceso de la
referencia.
35
En el avalúo elaborado el 25 de junio de 2010, por la CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ, se
encuentra de manera idéntica dicha información, en el numeral “7.2 ESTUDIO ECONÓMICO”. (Folio
527 del C. Anexos.
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Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial
del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones
recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas,
analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial.

[…]

Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado.
Cuando para la realización del avalúo se acuda a información
de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la
presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior. Para los inmuebles no sujetos al régimen de
propiedad horizontal, el valor del terreno y la construcción
deben ser analizados en forma independiente para cada uno de
los datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad
horizontal se debe presentar el valor por metro cuadrado de
área privada de construcción. Se debe verificar que los datos
de áreas de terreno y construcción sean coherentes. En los
eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los
predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis […]”.

Al respecto, se tiene que, en lo que concierne al método de

comparación o de mercado, el perito no indicó cuáles fueron las

fuentes con base en las cuales determinó sus conclusiones, ni allegó

soportes de sus afirmaciones.

Por el contrario, se limitó a señalar que para tal efecto se adelantaron

encuestas de opinión de expertos en propiedad raíz, sin informar si la

utilización de esta modalidad (encuestas) se debió a que en el

momento de la realización del avalúo no existían ofertas de venta,

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arriendo, ni transacciones de bienes comparables al del objeto de

estimación, requisito necesario en el caso que el avalúo se soporte

únicamente en encuestas, conforme lo exige el parágrafo del artículo

9º de la Resolución núm. 620 de 2008.

En efecto, en cuanto a la utilización de encuestas o consulta a otros

avaluadores para la determinación de precio de un inmueble, el

parágrafo del artículo 9º de la Resolución núm. 620 de 2008 prevé:

“[…] Artículo 9º.- Consulta a expertos avaluadores o
encuestas. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
encuestas, es necesario tener en cuenta que éstas son un apoyo al
proceso valuatorio, pero no son en sí los determinantes del avalúo.
En este sentido, es necesario que el perito haya realizado
previamente la visita al terreno para conocer la clase de bien que
avalúa.

[…]

Parágrafo.- En el caso que el avalúo se soporte únicamente en
encuestas, el perito deberá dejar constancia bajo gravedad de
juramento, escrita en el informe que la utilización de esta
modalidad se debe a que en el momento de la realización del
avalúo no existían ofertas de venta, arriendo, ni transacciones
de bienes comparables al del objeto de estimación […]”
(Destacado fuera de texto).

Corolario a lo anterior, es claro que en lo que respecta al método de

comparación o de mercado, el dictamen pericial no se ajusta a los

lineamientos de la Resolución núm. 620 de 2008, sin que tampoco

sea posible verificar las supuestas encuestas de opinión con otros

expertos en finca raíz, que el perito dijo haber utilizado.

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Por otra parte, en lo que concierne al método de reposición en el

dictamen pericial, tampoco se indicaron los datos que soportaron

las conclusiones, toda vez que dicho avalúo solamente indicó que

“para la construcción se empleó el método reposición”, sin señalar

si se estimó el costo total de la construcción a precios de hoy, el

valor de la depreciación acumulada, ni exponer información acerca

los costos directos e indirectos de la construcción, entre otros,

conforme lo establecen los artículos 3º36 y 1337 de la Resolución

núm. 620 de 2008.

Frente a este asunto, cabe mencionar, en lo que respecta al

argumento del apelante de que el dictamen pericial parte del hecho

de que la edificación no cuenta con bienes situados en el mercado

36
“[…] ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada.
Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la
siguiente fórmula:

Vc = {Ct – D} + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno.
PARÁGRAFO. Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe
descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el Lineal, el cual se
aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación de las
construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en escalera. Deberá
adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal como lo establece
Fitto y Corvini, para lo cual se presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3
y 4. […]” (Destacado fuera de texto).
37
“[…] Artículo 13º.- Método de Costo de Reposición. En desarrollo de este método se debe
entender por costo total de la construcción la suma de los costos directos, costos indirectos, los
financieros y los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse ara la realización de la obra.
Después de calculados los volúmenes y unidades requeridas para la construcción se debe tener
especial atención con los costos propios del sitio donde se localiza el inmueble. Al valor definido como
costo total se le debe aplicar la depreciación. […]” (Destacado fuera de texto.
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comparables por su naturaleza, que ello no fue informado al

momento de hacer referencia al método de reposición, en el

dictamen pericial, pues, se reitera, que el mismo solo señaló que

“para la construcción se empleó el método reposición”.

En ese orden de ideas, los reproches de la actora frente al valor

determinado por el avalúo oficial, en lo que refiere al precio del

inmueble expropiado no tienen vocación de prosperar.

De los reproches al monto de la indemnización por daño
emergente y lucro cesante

Sobre la indemnización a que hace referencia el artículo 58 de la

Constitución Política, así como el artículo 67 de la Ley 388, en

sentencia C- 1074 de 2002, con ponencia del magistrado Manuel

José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional precisó que en tanto

la expropiación constituye la limitación más gravosa al derecho de

propiedad, resulta indispensable que el Estado, que actuó motivado

por razones de utilidad pública e interés social, reconozca una

indemnización previa y justa que comprenda no sólo el valor del

bien expropiado sino los perjuicios que se causan al afectado con

dicha medida, pues si la indemnización no reúne tales

características terminaría por configurarse un acto confiscatorio.

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Asimismo, en la sentencia referida, en cuanto al alcance de la

indemnización aludida, la Corte Constitucional también precisó lo

siguiente:

“[…] No obstante, lo dicho aquí, la Corte constata que el
artículo 58 Superior no exige que quien sea expropiado reciba
además de la indemnización por el daño emergente y el lucro
cesante, también el pago de todos los costos adicionales
que sean necesarios para adquirir un bien de las mismas
características al expropiado y restituir al particular a
condiciones similares a las que tenía antes de la
expropiación. La indemnización en caso de expropiación no
debe cumplir siempre una función restitutiva y, por eso, no
tiene que ser integral […]”. (Destacado fuera de texto)

Ahora bien, el a quo desestimó las conclusiones del dictamen

pericial que fue decretado como prueba, por una parte, en razón a

que en el documento respectivo fue calculado el daño emergente y

el lucro cesante de forma conjunta, por la expropiación de 4 bienes

inmuebles, mientras que el presente proceso versa sobre solo uno

de ellos; y, por la otra, debido a que fueron incluidos conceptos

que, a su juicio, debían ser asumidos por VANSOLIX S.A. y HILTI

COLOMBIA S.A., como las asesorías inmobiliarias, legales, pagos

de impuestos, adecuaciones de las nuevas sedes y compra de

muebles.

Por su parte, la actora reprochó que el a quo haya desestimado las

conclusiones del dictamen presentado por el perito, en razón a que,

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a su juicio, los perjuicios no obedecieron de forma individual a la

expropiación de cada predio, sino a las medidas que recayeron

sobre los 4 inmuebles en conjunto, en los que desarrollaba su

objeto social, por compartir instalaciones con HILTI COLOMBIA

S.A., además porque la indemnización reclamada tiene sustento en

las pruebas allegadas con el escrito introductorio.

Así las cosas, es del caso traer a colación algunos apartes del

dictamen pericial que fue practicado como prueba sobre los

perjuicios reclamados, tanto en lo que concierne al documento

inicial, radicado el 29 de mayo de 2015, así como del escrito de

aclaración allegado de forma posterior.

Documento inicial:

“[…]

LIQUIDACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE

El daño corresponde a:

A los gastos en que incurrieron las Empresas VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN y HILTI COLOMBIA S.A., por causa de la
expropiación de sus inmuebles.

Para cuantificar y verificar lo pretendido por la parte demandante,
se tomó uno a uno los soportes de gastos que fueron pagados por
cada una de las empresas afectadas, obteniendo el siguiente
resultado:

a) Pagos realizados por VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN:

En el Cuadro No 2, se determinó que VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN realizó pagos por concepto de Honorarios
Consultoría Inmobiliaria y elaboración de avalúo de inmuebles por
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un valor de $130.304.514.

Adicional a estos gastos, la firma Grant Thornton certificó como
revisor fiscal que la sociedad VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN pagó como gastos fijos de funcionamiento la
suma de $72.134.620.

(…)

Otro Daño Emergente ocasionado con la expropiación
administrativa se sus inmuebles, es la pérdida de manera inmediata
de una ganancia producto del desarrollo de sus actividades por la
suma de $181.058.685 como costo de oportunidad.

En suma el valor del Daño Emergente causado a VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN por la expropiación de sus inmuebles
asciende a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE.
($388.497.819,00) tal como se presenta en el Cuadro No. 2,
Columna No. 3.

b) Pagos realizados por HILTI S.A.

En el Cuadro No. 3, se determinó que HILTICOLOMBIA S.A. realizó
pagos por concepto de Impuestos, Comisiones, gastos legales,
adecuaciones de nueva sede y compra de muebles por un valor de
$1.935.642.647.

Adicional a estos gastos, la firma Gran Thornton certificó como
revisor fiscal que la Sociedad HILTI COLOMBIA S.A. pagó como
gastos fijos de funcionamiento la suma de $43.757.613.

Otro Daño Emergente ocasionado con la expropiación
administrativa se sus inmuebles, es la pérdida de manera inmediata
de una ganancia producto del desarrollo de sus actividades por la
suma de $26.601.856 como costo de oportunidad.

En suma, el valor del Daño Emergente causado a HILTI
COLOMBIA S.A. por la expropiación de sus inmuebles asciende a la
suma de DOS MIL SEIS MILLONES DOS MIL CIENTO
DIECISEIS PESOS M/CTE. ($2.006.002.116,00), tal como se
presenta en el Cuadro No 3, Columna No 3.

(…)

d) Diferencia del valor comercial de los inmuebles expropiados a
favor de VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN

Teniendo en cuenta que la Empresa de Renovación Urbano (E.R.U.)

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pagó un menor valor de $273.790.780,00 por los inmuebles
identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 50C-323007, 50C-
406184 y 50C-1495678; dicha diferencia debe ser reconocida a
favor de HILTI S.A. como Daño Emergente por menor valor
comercial pagado por este inmueble.

(…)

Por consiguiente, el valor total del Daño Emergente que debe
ser reconocido a VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y
HILTI COLOMBIA S.A. asciende a la suma de DOS MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.
($2.719.421.815,00); suma que se actualizará en el acápite
correspondiente con base en el Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE.

LUCRO CESANTE

Es la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia
del acto culposo o doloso o por no haberse cumplido la obligación, o
cumplido imperfectamente, o el simple retardo en su cumplimiento.

LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE

Para el caso que me ocupa, el lucro cesante se concreta en los
ingresos dejados de recibir durante el mes que duró la expropiación
de sus inmuebles, para cada una de las empresas demandantes,
así.

a) INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR POR VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN

De acuerdo con la certificación expedida por la firma Grant
Thornton como revisor fiscal de VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN, dicha firma certificó que el margen neto de
utilidad dejada de percibir durante el mes de octubre de 2010
según análisis de venta e impacto producido por la expropiación de
sus inmuebles es de $7.098.604,00.

b) INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR POR HILTI COLOMBIA S.A.

De acuerdo a la certificación expedida por la firma Grant Thornton
cmo revisor fiscal de HILTI COLOMBIA S.A., dicha firma certificó
que el margen neto de utilidad dejada de percibir durante el mes de
octubre de 2010 según análisis de venta e impacto producido por la
expropiación de sus inmuebles es de $6.250.393,00.

En suma, el valor total de los ingresos dejados de percibir que
deben ser reconocidos para la parte demandante a título de lucro
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cesante es de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($13.348.997,00); suma que se actualizará en el acápite
correspondiente con base en el Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE.

RESUMEN DAÑOS MATERIALES:

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

Teniendo en cuenta los valores y conceptos señalados en los puntos
anteriores, se establece el valor total de los daños materiales
integrados por el daño emergente y el lucro cesante, calculados así:

( PARTIDA CONCEPTO TOTAL DAÑO
… MATERIAL
)
1 Daño Emergente $2.719.421.815,
5
00
.

e 2 Lucro Cesante $13.348.997,00
n
DAÑO $2.732.770.812,
s MATERIAL 00
u
m
a, el total de los perjuicios materiales a título de daño
emergente y lucro cesante con su indexación e intereses a Abril
30 de 2015 asciende a la suma de CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIEMNTOS SESENTA Y
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON
SESENTA Y TRES CVTOS ($4.145.863.152,63), tal como se
presenta en los cuadros No 2, No 3, No 4, No 5.
(…)
6. De otra parte, es necesario resaltar que sobre los pagos
realizados por VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN por
concepto de honorarios y gastos de legalización, esta sociedad
pago los impuestos correspondientes a Retenciones en la
Fuente e IVA, razón por la cual se le deben tener en cuenta.
[…]”

Del escrito de aclaración:

“[…] 1. Sírvase indicar porque razones tomó el pago de los servicios
profesionales inmobiliarios como parte del daño emergente,

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teniendo en cuenta la definición dada por el Código Civil de daño
emergente.”.

RESPUESTA

En cuanto a este punto manifiesto que el valor pagado por los
servicios profesionales se tuvieron en cuenta como gastos para
determinar el valor del daño emergente, toda vez que el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, el 10 de marzo de 2006 invitó a
VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN a la reunión de
presentación del contrato Instituto de Desarrollo Urbano 129-2005
para los “estudios y diseños de la troncal carrera 10 de avenida
Villavicencio (Calle 34 Sur) a la Calle 28 Carrera 7 de la Calle 28 a
Calle 34, en Bogotá”. Invitación que fue ratificada el 18 de marzo
de 2006.

Divulgado el inicio del Contrato IDU-133-2005 cuyo objeto era la
realización de los “estudios y diseños de la troncal calle 26”, se
expuso que el Distrito proyectaba ubicar sobre los predios de la
parte demandante la futura Estación Central de TRANSMILENIO,
implicando el traslado inminente de las dos compañías (VANSOLIX y
HILTI); motivo por el cual VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN
el 24 de mayo de 2006 contrató los servicios profesionales de
consultoría con la firma HOYOS DUQUE, con el fin de negociar el
inmueble al que se trasladarían las dos compañías.

Por lo anterior, de no haberse presentado la ejecución del contrato
por parte del IDU, la Sociedad VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN los desequilibrios organizacionales y
económicos.

Por lo anterior, de no haberse presentado la ejecución del contrato
por parte del IDU, la Sociedad VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN no hubiera contratado los servicios
profesionales de la firma HOYOS LUQUE para negociar el nuevo
inmueble a donde se trasladarían de manera inmediata.

Por consiguiente, la parte demandada se vio en la obligación de
buscar un nuevo lugar para ubicar sus instalaciones, situación que
le generó desde esa fecha (marzo de 2006) un desequilibrio
organizacional y posteriormente económico con el que no contaba
por tener que trasladarse a otro lugar, tal vez más pequeño o en su
defecto más costoso que el que tenían.

En suma. El valor de los servicios profesionales en inmobiliaria y de
acuerdo con la definición de Daño Emergente, ésta rubro cumple
con todas las formas de lugar, modo y tiempo para ser reconocido
como DAÑO EMERGENTE, toda vez que VANSOLIX S.A. EN

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REESTRUCTURACIÓN tuvo que pagar una asesoría con la que no
contaba, producto de la iniciación del Contrato IDU-133-2005.

2. Sírvase indicar porque tuvo en cuenta comprobantes de egreso
anteriores a la apertura de la negociación de los predios.

RESPUESTA

Si bien es cierto, la negociación de los predios se dio en Mayo 12 de
2010 con pago cierto de los inmuebles en Diciembre 27 de 2010,
también es cierto que antes de dicha negociación existió una etapa
preliminar que inicio con el Contrato IDU-133-2005 en el mes de
Marzo de 2006, fecha en la que realmente comenzaron para
VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACIÓN los desequilibrios
organizacionales y económicos.

Por lo anterior, todos los gastos en que tuvo que incurrir VANSOLIX
S.A.S. EN REESTRUCTURACIÓN desde el inicio hasta el final de la
expropiación de los inmuebles, son ciertos y forman parte directa
de los perjuicios.

(…)

Independiente de que la máxima autoridad en materia catastral sea
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, también le asiste el derecho
a la parte demandante a solicitar un avalúo comercial con el fin de
verificar si lo que estaban ofertando se encontraba ajustado al
comportamiento de oferta y demanda en materia inmobiliaria, y si
el valor del avalúo realizado por la Cámara de Propiedad Raíz
resulto ser favorable para la parte demandante, no veo porque no
se puede tener otro concepto inmobiliario con el fin de que los
interesados se les pague el valor real de los predios materia de
expropiación. […]”.

Tanto en la demanda como en el dictamen se discriminan sumas

relativas al lucro cesante y daño emergente causadas a la actora y

a HILTI COLOMBIA S.A en conjunto por la expropiación de 4

bienes, en la medida en que según los hechos del escrito

introductorio las dos sociedades compartían instalaciones en dichos

inmuebles.

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Ahora bien, esta Sala38 ha tenido la oportunidad de precisar que la

legitimación para impugnar el valor de la indemnización reconocida

por la expropiación de un bien, a través de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, en procesos, como el que nos ocupa,

recae de forma exclusiva en el titular de los derechos reales del

inmueble objeto de la controversia, de manera que quienes no son

propietarios deben discutir lo concerniente, mediante el ejercicio de

la acción de reparación directa.

Sobre el particular, la Sala advierte que conforme con los hechos de

la demanda VANSOLIX S.A. es propietaria de 3 de los predios

expropiados, uno de los cuales concierne a los actos cuestionados

en el presente asunto, mientras que HILTI COLOMBIA S.A

ostenta la titularidad del inmueble adicional.

Lo anterior implica que, aunque respecto a las referidas compañías

se discriminen los gastos en que cada una incurrió, como las

asesorías inmobiliarias, legales, pagos de impuestos, adecuaciones

de las nuevas sedes y compra de muebles, los presuntos perjuicios

que se reclaman en el presente caso no pueden tener como fuente

común la expropiación que recayó sobre 4 predios, porque sobre
38
Al respecto ver sentencia de 18 de julo de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 05001-
23-31-000-2004-04088-01).

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estos las sociedades aludidas no compartían en forma concurrente

los derechos reales de dominio, además de que en el presente

proceso únicamente se está analizando la legalidad del acto

administrativo que ordenó la expropiación de un solo inmueble,

esto es, del ubicado en la calle 25A #13A- 28 de Bogotá,

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50C-323007,

así como del que resolvió el recurso de reposición interpuesto

contra esa decisión.

Además, la Sala advierte que la misma situación implica que sea

imposible determinar con certeza el nexo causal de los supuestos

perjuicios, en razón a que en asuntos como el que nos ocupa es

necesario que el daño que se alega y la tasación de su reparación

tengan una relación directa con el acto administrativo que se

impugna, situación que no se acredita en el presente caso porque

los conceptos que reclama la actora, como ella misma lo afirma, no

devienen en particular de la expropiación contenida en el acto

cuestionado, sino de las medidas que afectaron los 4 inmuebles en

los que operaba, uno de los cuales ni siquiera era de su propiedad.

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Al respecto, esta Sala ha señalado39:

“[…] No sobra precisar que, para poder obtener la reparación
de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con
la expropiación, es indispensable que los mismos sean
ciertos y que exista necesariamente un nexo de
causalidad entre ellos y la decisión administrativa
mediante la cual se decretó la expropiación [...]”
(Destacado fuera de texto)

En ese orden de ideas, en los términos en que fueron sustentados

los perjuicios adicionales que reclama la actora, la Sala estima que

los mismos deben ser denegados porque su causación está

atribuida indistintamente a una pluralidad de expropiaciones,

situación que impide individualizar con certeza aquellos que tienen

una relación directa con los actos administrativos acusados en el

proceso de la referencia y, en particular, al bien sobre el cual

recayó la medida.

En conclusión, la Sala considera que los avalúos realizados por la

CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ y el auxiliar de justicia JOSÉ

VICENTE DÍAZ SUÁREZ están desprovistos de la suficiente

fundamentación fáctica, así como de las pruebas idóneas que

respalden los mayores valores que arrojaron esos dos avalúos y

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de
febrero de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 08001-23-31-000-1997-
12256-01.

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que reclama la parte demandante y, por ende, que no se descartó

el valor del precio indemnizatorio del bien expropiado, establecido

en el avalúo oficial, realizado por el IGAC.

Frente a este asunto, la Sala destaca y reitera que los avalúos que

se controvierten en este tipo de procesos judiciales, por medio de

los cuales se determina el precio indemnizatorio, al formar parte del

procedimiento administrativo especial de expropiación

administrativa se encuentran cobijados por la presunción de

legalidad, lo cual significa que corresponde a quien demanda su

declaratoria de nulidad, demostrar que la decisión en ellos

contenida no se ajustó a la Ley, tarea que no se llevó a cabo por la

parte actora.

En consecuencia, en la medida en que los argumentos plasmados

en el recurso de apelación estudiado no tienen vocación de

prosperar, la sentencia recurrida será confirmada, como en efecto,

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de conformidad

con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por

lo que se abstendrá de condenar en costas.
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Actora: VANSOLIX S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

84

Número único de radicación: 250002324000 2011 00857 01
Actora: VANSOLIX S.A.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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