Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2012-00289-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2012-00289-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2012-00289-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO –
No procede cuando no se cumple con el requisito de uniformidad de causa. Reiteración
jurisprudencial / ACUMULACIÓN SUBJETIVA DE PRETENSIONES – Opera en acciones de grupo
/ ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE BIEN INMUEBLE – Marco jurídico / CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES – Surge a partir del perfeccionamiento del contrato y pueden ventilarse a través
del medio resarcitorio colectivo siempre que se cumpla con sus presupuestos, en particular, con la
causa común.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “A”, que
declaró parcialmente probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por activa y de caducidad, y negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Los demandantes eran propietarios de unos inmuebles que fueron adquiridos
por el entonces Instituto Nacional de Concesiones (hoy, Agencia Nacional de
Infraestructura), a través de delegación efectuada a la Concesión Sabana de
Occidente para ejecutar el contrato de concesión de obra celebrado entre estas
últimas. Adujeron que, en la enajenación voluntaria de los predios, todos
recibieron como contraprestación montos irrisorios que hicieron imposible
conseguir otros bienes de similares características para garantizar su vivienda y
sustento económico.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 17 de agosto de 2012, Mariela Aguirre Palmar y otras 35 personas (en
adelante, el grupo demandante, los actores, los demandantes o el extremo
activo), por conducto de apoderado judicial1, presentaron demanda2 de
reparación de perjuicios ocasionados a un grupo en contra de la Agencia
1 Según poderes allegados a f. 39-75, c. 1.
2 F. 1-38, c. 1.
1
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Nacional de Infraestructura -antes Instituto Nacional de Concesiones, INCO- (en
adelante, ANI, Agencia, o entidad demandada), y de la Concesión Sabana de
Occidente S.A. (en lo sucedáneo, CSO o concesionaria), con el fin de que fueran
resueltas favorablemente las siguientes pretensiones3:
“PRIMERA.- Declarar responsables a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA antes INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO
y a la CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A. por los daños causados al
grupo de demandantes, por los hechos relatados en la demanda.
SEGUNDA.- Como consecuencia de la declaración de responsabilidad de la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA antes INSTITUTO NACIONAL
DE CONCESIONES – INCO y la CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A., se
les ordene reparar los daños causados (patrimoniales y extrapatrimoniales) a cada
uno de los demandantes, de la siguiente manera:
PERJUICIOS MATERIALES:
a. Daño emergente: La suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
($20.000.000) para cada uno de los accionantes del presente proceso.
b. Lucro cesante: La suma VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)
para cada uno de los accionantes del presente proceso.
PERJUICIOS INMATERIALES:
Como perjuicios inmateriales, con base en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2.012,
respetuosamente solicito se tenga como juramento estimatorio cada uno de los
topes que ha manifestado la jurisprudencia contenciosa administrativa para este tipo
de daños.
De conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Código de Procedimiento
Civil, manifiesto que la cuantificación de la indemnización la realizo bajo la
GRAVEDAD DEL JURAMENTO, y que dicha cuantificación de manera alguna
limita el monto de los perjuicios reclamados, y expresamente manifiesto que
el monto de los mismos serán los que resulten probados dentro del presente
proceso.
TERCERA.- Que las sumas a las que sean condenadas la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA antes INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –
INCO y la CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A., a pagar a cada uno de los
demandantes, sean indexados desde el momento en que se perfeccionó la venta
de cada uno de los inmuebles, hasta la fecha en que se verifique su respectivo
pago.”
4. La demanda describió que las siguientes personas conformaban el grupo actor:
APELLIDOS NOMBRES
1 Aguirre Palmar Mariela
2 Alvarado José Vicente
3 Amórtegui Forero Pedro Pablo
4 Ángel Ángel Ruby Alexandra
5 Ángel de Triana Rosalba
6 Bautista Silva Jorge
7 Bernal Rodríguez José Humberto
8 Cadena Moreno Carlos
3 Se transcribe con posibles errores e imprecisiones, negrillas originales del texto.
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Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
9 Cárdenas Ahumada María Ligia
10 Castro Cruz Olivo
11 Cifuentes Torres Gloria Elsa
12 Córdoba Arce Mauricio
13 Cuesta Melo Gladys
14 Forero de Amórtegui Carmen
15 Franco Toro Myrian Lucía
16 Gómez Rodríguez Alcira
17 Hernández Santos José Isaías
18 Higuera Juyo Emilio Arturo
19 López de González María Abelania
20 Méndez Martínez Rafael
21 Palmar Claudia Patricia
22 Palmar de Olaya María Florinda
23 Palmar Garzón María Matilde
24 Pinzón Georgina
25 Prada González Dora Marina
26 Prada González José Fidel Enrique
27 Prada Palmar Sandra Yamile
28 Ramírez Escobar Gladys
29 Rodríguez de Bernal María Analecia
30 Salamanca Sánchez Amanda
31 Sierra Cárdenas Narciso
32 Sierra Chacón Ana Delia
33 Sierra Chacón Luz Marina
34 Sierra Chacón Víctor Manuel
35 Velásquez Castellanos Rubén Darío
36 García de Moya Celina
5. El escrito relató que, en virtud del contrato de concesión núm. 447 de 1994,
suscrito entre el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y la CSO,
esta última fue facultada por la entidad contratante para “realizar la adquisición
voluntaria de los predios necesarios para la ejecución de las obras de
Rehabilitación, ejecución de las mismas, la operación y el Mantenimiento de la
carretera Bogotá D.C. (Puente el Cortijo) – Siberia – La Punta – El Vino – El
Chuscal – La Vega – Río Tobia- Villeta, de la carretera” denominada “Ruta 50,
en el departamento de Cundinamarca”.
6. El libelo refirió que, mediante varios oficios, la CSO realizó “distintas ofertas
formales de compra” a cada uno de los afectados. En algunos casos, las
propuestas de negocio abarcaban la totalidad de los inmuebles, mientras que en
otros correspondían a una porción de estos. Cada ofrecimiento venía
acompañado de “avalúos adelantados por la Cámara de Propiedad Raíz” (en
adelante, la Cámara o la CPR) que contenían (i) el precio global que se pagaría
por el terreno y las construcciones allí levantadas junto a sus mejoras y; (ii) el
precio unitario por metro cuadrado y cada una de las estructuras edificadas.
Además, en algunos de estos, se anexó una “ficha de afectación predial”, en la
que se indicaba el área requerida por la concesionaria.
7. Según exponen los demandantes, ninguno de ellos fue debidamente enterado
acerca de los pormenores del procedimiento de expropiación, en qué consistía
y cuáles eran las opciones a su alcance para controvertir los distintos aspectos
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Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
de las ofertas formales de compra. Con esta precaria información, los
demandantes aceptaron las propuestas de contrato4.
8. A algunos propietarios les fue planteado un término de “diez (10) días calendario”
contado desde el recibo de la proposición para acordar la “enajenación
voluntaria” de cada bien, o empezaría el proceso de expropiación; para otros, se
indicó un término de cinco (5) días. El plazo “variaba, entre otras situaciones,
cuando se hacían aclaraciones al alcance de la oferta formal de compra”. Estas
y otras condiciones fueron impuestas por la Concesión, entre las cuales se
encontraba que el pago de los gastos de escrituración debía ser asumido por los
actores. El precio pagado no les ha permitido a los damnificados la adquisición
de predios con cualidades semejantes, ni estos han podido restablecer sus
condiciones de vida.
9. En criterio del grupo actor, (i) todos los “actos de enajenación voluntaria están
viciados de nulidad por haber vicio en el consentimiento por error en el objeto
del contrato”; y (ii) se incurrió en incompetencia, y fue violado el debido proceso
administrativo de los propietarios, así como los principios de legalidad y buena
fe, porque no se siguieron los procedimientos previstos en las Leyes 9 de 1989
y 388 de 1997, y en el Decreto 1420 de 1998, y fueron suministrados datos
equívocos a los demandantes sobre el trámite de expropiación y la etapa de
enajenación voluntaria que “desencadenó que los mismos vendieran sus predios
en precios irrisorios, tras una indebida valoración de los predios, realizada por
una lonja incompetente en razón del territorio”.
10. Así mismo, los accionantes expusieron que el daño tuvo lugar con la enajenación
de los inmuebles vendidos por los demandantes, cuyo perfeccionamiento se
produjo con la inscripción de los respectivos contratos de compraventa en el
registro de instrumentos públicos.
Trámite relevante en primera instancia
11. El 18 de diciembre de 2012, el Tribunal admitió la demanda 5, y ordenó su
notificación a las demandadas, así como al agente del Ministerio Público.
12. La ANI contestó al libelo6 oponiéndose a las pretensiones de la demanda.
Propuso las excepciones de: (i) indebida escogencia de la acción, porque los
“supuestos perjuicios tuvieron origen en la negociación que cada uno de los
propietarios llevó a cabo con la Concesión”, siendo pertinentes otras vías
diferentes para cuestionar sus causas individuales e inadecuadamente
tramitadas por el cauce grupal; (ii) caducidad de la acción, respecto de “al menos
veintidós (22) de los demandantes”; (iii) improcedencia de la acción “por la
reconocida desintegración del grupo” al quedar “sólo catorce (14) personas” y al
4 Textualmente, la demanda refiere que, en relación con todos los accionantes, “se presentaron por
parte de la CONCESIÓN ofertas totalmente irrisorias a los propietarios de los inmuebles que ésta
necesitaba para la ejecución del contrato referenciado
5 F. 439-447, c. 1.
6 F. 469-472, c. 1.
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Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
no existir criterios válidos para la posterior integración de la parte plural; (iv)
inexistencia de prueba respecto de la responsabilidad imputada a la entidad; (v)
falta de cuantificación de los perjuicios que se estimaron irrogados; y (vi)
legalidad del proceso de enajenación voluntaria, sin demostración de los vicios
del consentimiento alegados por el grupo actor.
13. La CSO se opuso a la totalidad de los pedimentos formulados por los actores.
Para el efecto, (i) adujo la falta de legitimación en la causa de varios
demandantes7 al no ser propietarios de inmuebles enajenados en virtud del
contrato de concesión; (ii) expresó que en relación con las pretensiones
formuladas por algunos actores8 recaía la caducidad de la acción, por haber
pasado más de dos años contados desde el otorgamiento de la escritura de
venta; (iii) afirmó que los procedimientos se adelantaron conforme a lo dispuesto
por la ley para la adquisición de bienes inmuebles de utilidad pública e interés
general, y que los negocios fueron celebrados de manera voluntaria y sin vicios
en el consentimiento; (iv) indicó que no existía el hecho dañoso; (v) señaló la
improcedencia de la vía procesal adelantada por falta de condiciones uniformes
y por la consecuente desintegración del grupo; (vi) reprochó la ausencia de
cuantificación de perjuicios; y (vii) mencionó que no se presentaron pruebas
pertinentes para demostrar los hechos afirmados.
14. Mediante auto del 22 de mayo de 20149, el Tribunal declaró probadas las
excepciones de “Inepta demanda por indebida escogencia de la acción y por
Improcedencia de la acción ante la desintegración del grupo” que propusieron
las demandadas, y dio por terminado el proceso, al considerar que el grupo no
estaba debidamente conformado, y que no existían condiciones uniformes para
proseguir este trámite porque la fuente del daño era “distinta para cada uno de
los demandantes al existir tantos negocios jurídicos como miembros del grupo,
hay tantos hechos generadores como demandantes pues cada uno de los actos
de compraventa se erigieron en circunstancias distintas (vicios jurídicos), pese a
que formaron parte de un mismo proceso dentro de la ejecución de un contrato
estatal de obra vial”.
15. Empero, en proveído del 14 de febrero de 201810, la entonces titular de este
despacho decidió la apelación interpuesta en contra de la providencia
anteriormente relacionada, y revocó la determinación proferida por el a quo. Allí
coligió, de acuerdo con el régimen del Código de Procedimiento Civil que estimó
aplicable al asunto, lo siguiente:
7 Mariela Aguirre Palmar, José Vicente Alvarado, Jorge Bautista Silva, Mauricio Córdoba Árce, y
Sandra Yamile Prada Palmar
8 Ruby Alexandra Ángel Ángel, Rosalba Ángel de Triana, Olivo Castro Cruz, Carmen Forero de
Amórtegui, Myrian Lucía Franco Toro, Alcira Gómez Rodríguez, José Isaías Hernández Santos,
Emilio Arturo Higuera Juyo, María Abelania López de González, María Florinda Palmar de Olaya,
Georgina Pinzón Cruz, Dora Marina Prada González, José Fidel Enrique Prada González, María
Analecia Rodríguez de Bernal, Ana Delia Sierra Chacón, Luz Marina Sierra Chacón, Rubén Darío
Velásquez Castellanos y Celina García de Moya.
9 F. 621-632, c. Consejo de Estado.
10 25000-23-41-000-2012-00289-01. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico: f. 669-676, cuaderno
Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
“… i) la inepta demanda no es una de las excepciones con la virtualidad de terminar
el proceso, ii) lo que el Tribunal denominó como "inepta demanda por indebida
escogencia de la acción y por improcedencia de la acción ante la desintegración del
grupo" no constituye una excepción previa y, por ende, no debió declarar su
prosperidad, iii) adicionalmente, no se surtió en debida forma el trámite previsto
para la excepción de inepta demanda —oportunidad para subsanar los defectos
formales-, iv) en todo caso, desde la admisión de la demanda se constató el
cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 52 de la Ley 472
de 1998, razones suficientes para revocar la providencia apelada.
Con todo, no sobra reiterar que el tema de la afectación individual o grupal con
ocasión de los hechos relatados en la demanda constituye el fondo del litigio, por lo
que la decisión al respecto solamente podrá proferirse en sentencia, con
fundamento en el material probatorio legalmente allegado a la actuación.” (Subrayas
añadidas).
Sentencia de primera instancia
16. En fallo11 del 6 de febrero de 2025, el Tribunal resolvió, en lo pertinente:
“PRIMERO.- DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa del medio de control, propuesta por la Agencia Nacional de
Infraestructura y la Concesión Sabana de Occidente S.A.S., con respecto a las
siguientes personas: Mariela Aguirre Palmar, José Vicente Alvarado, José Humberto
Bernal Rodríguez, Mauricio Córdoba Arce y Sandra Yamile Prada Palmar.
SEGUNDO.- DECLÁRASE la excepción de caducidad del medio de control,
propuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Sabana de
Occidente S.A.S., con respecto a las siguientes personas: Ruby Alexandra Ángel
Ángel, Rosalba Ángel de Triana, José Elviro Bautista Silva, Olivo Castro Cruz,
Carmen Forero de Amórtegui, Myriam Lucía Franco Toro, Alcira Gómez Rodríguez,
José Isaías Hernández Santos, Emilio Arturo Higuera Juyo, María Abelania López
de González, María Florinda Palmar de Olaya, Georgina Pinzón Cruz, Dora Marina
Prada González, José Fidel Enrique Prada Gonzalez, María Analecia Rodríguez de
Bernal, Ana Delia Sierra Chacón, Luz Marina Sierra Chacón (en relación con el
predio con Matrícula N°. 156-97856), Rubén Darío Velásquez Castellanos y Celina
García de Moya.
TERCERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda”.
17. En relación con la falta de legitimación en la causa por activa, la decisión razonó
que: (i) Mariela Aguirre Palmar únicamente allegó una “Declaración
extraproceso” en la que afirmó que la Concesión “le compró unas mejoras”, por
ende “esta persona no acreditó la condición uniforme”; y (ii) los demandantes
José Vicente Alvarado, José Humberto Bernal Rodríguez, Mauricio Córdoba
Árce y Sandra Yamile Prada Palmar no acreditaron haber sido propietarios de
inmuebles enajenados por la entidad, o negociados por la CSO.
18. De otra parte, respecto de los demandantes descritos en el numeral segundo de
la parte resolutiva, estimó que estos no presentaron oportunamente la demanda
porque, de acuerdo con la información reflejada en los certificados “de tradición
y libertad” sobre el momento en que se realizó “la compraventa” parcial o total
11 Índice SAMAI primera instancia, núm. 39.
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Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
de los respectivos predios entre el INCO y cada demandante, todos los sujetos
señalados en el ordinal segundo de la parte resolutiva habían presentado la
acción después de los dos años previstos por la ley.
19. Ahora, sobre las excepciones de “indebida escogencia de la acción e
improcedencia de la acción por reconocida desintegración del grupo”, el a quo
denegó su procedencia al determinar que: (i) “el hecho dañino se habría
materializado en la ocurrencia de las distintas enajenaciones, tal como se indicó
en la demanda y en el auto admisorio, elemento de la condición uniforme del
presunto daño, cuyo carácter de común denominador fue ratificado por el
Consejo de Estado en providencia de 14 de febrero de 2018”; y (ii) si bien los
componentes del colectivo demandante “se redujo con motivo de la prosperidad
de las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y de caducidad,
dicha circunstancia no implica que no pueda proseguir la acción con respecto a
los demás miembros del grupo”, además, como el conglomerado era
“determinable” podía afectar tanto a quienes se postularon originalmente como
a aquellas “personas que potencialmente se encuentren en las mismas
condiciones” que los integrantes iniciales.
20. En torno a aquellas reclamaciones que sí cumplieron con los requisitos de
legitimación y presentación oportuna12, el proveído de instancia coligió, a partir
de una muestra13, que en los oficios remitidos por la CSO a estos demandantes
sí había información “adecuada y suficiente sobre el proceso de enajenación de
sus inmuebles, las normas que regulaban dicho proceso y se les entregó copia
del avalúo”. Por lo tanto, no existió el vicio del consentimiento denunciado por el
extremo actor.
21. De otra parte, de acuerdo con los artículos 3, 9 y 12 del Decreto 1420 de 1998,
y los artículos primero y segundo del Acuerdo 007 del 18 de marzo de 2008 que
creó el “CAPÍTULO FACATATIVÁ” de la “Cámara de la Propiedad Raíz – Lonja
Inmobiliaria”, el Tribunal aseveró que dicha organización sí tenía competencia
para realizar avalúos en los municipios de San Francisco y Facatativá, donde
estaban ubicados los inmuebles de los demandantes.
Recurso de apelación
22. El grupo promotor del proceso impugnó el fallo de primer grado 14 para que, en
alzada, se revoque la sentencia y sea adoptada una resolución de reemplazo,
con sentido favorable a las pretensiones de la demanda. Para censurar la
providencia, se expuso lo siguiente:
12 Pedro Pablo Amórtegui Forero, Carlos Cadena Moreno, María Ligua Cárdenas Ahumada, Gloria
Elsa Cifuentes Torres, Gladys Cuesta Melo, Rafael Méndez Martínez, Claudia Patricia Palmar, María
Matilde Palmar Garzón, Gladys Ramírez Escobar, Amanda Salamanca Sánchez, Narciso Sierra
Cárdenas, Luz Marina Sierra Chacón, Víctor Manuel Sierra Chacón.
13 El fallo invocó el oficio remitido a la demandante Claudia Patricia Palmar, e indicó que la
“información antes referida se consignó en los distintos oficios enviados a los miembros del grupo
actor, tal como se observa en los cuadernos anexos aportados por la Concesión”.
14 Índice SAMAI primera instancia, núm. 120.
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Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
23. El análisis que condujo a la falta de legitimación en la causa por activa de varios
demandantes fue equivocado porque «los documentos que acreditan la
titularidad de los inmuebles objeto de enajenación “voluntaria” reposan en el
paginario del expediente, así como el soporte de la oferta y venta realizada a la
parte demandada».
24. Respecto al razonamiento del fallo que motivó la caducidad de la acción de
algunos actores, la ocurrencia del daño que determinó el inicio del conteo del
término bienal era la enajenación de los inmuebles, cuya materialización fue a
partir de la “fecha de inscripción de las escrituras públicas que solemnizaron el
contrato de compraventa, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
competente, por ser éste el momento en el cual los demandantes se despojaron
de sus derechos de dominio”. Así las cosas, el Tribunal se equivocó en realizar
“el cómputo del término de caducidad […] desde la fecha en que se suscribieron
las escrituras públicas de compraventa y no desde el momento en que estas
fueron inscritas en la oficina de registro de instrumentos públicos”.
25. Opugnó la argumentación del a quo sobre el conocimiento del “objeto del
negocio jurídico fundamento de la acción de grupo […] así como las diferentes
alternativas con las que contaba para negociar un precio justo por sus
inmuebles”. Reprochó que el Tribunal desconoció que los titulares de los predios
eran, en su mayoría, “campesinos agricultores” con “bajo grado de escolaridad”
que carecían de “la formación académica suficiente” para comprender la
magnitud del negocio y el contenido de las normas compendiadas por los
oferentes en sus ofertas formales de compra; no se probó que todos los
demandados hayan recibido “en sus manos” un oficio semejante al propuesto
como ejemplo, ni la demandada acreditó que los actores hayan entendido
cabalmente el procedimiento que se estaba adelantando.
26. Así, aseguró que esta “población vulnerable” no contó con las herramientas ni el
tiempo suficiente para entender la normatividad aplicable y los alcances de lo
pactado, ni contó con oportunidades para obtener asesoría. Reiteró que la
aceptación de las propuestas de compra fue realizada bajo la convicción errónea
de que, si no asentían, el Estado empezaría trámites de expropiación sin recibir
nada a cambio. Advirtió que las demandadas no aportaron evidencia de “haber
informado lo pertinente” a los demandantes, en cambio éstos, en “declaraciones
extraprocesales”, ratificaron estos hechos.
27. Sobre la competencia de la valuadora de los predios, la recurrente adujo que las
accionadas desconocieron lo previsto en el Decreto 1420 de 1998 porque el
avalúo presentado fue efectuado por la “Cámara de Propiedad Raíz – lonja
inmobiliaria de Bogotá” cuando debía realizarlo la del municipio de Facatativá.
Además de lo anterior, los “avalúos fueron realizados de manera errada,
ofreciendo a los accionantes sumas irrisorias [sic] por sus predios, precisamente
por haber sido realizados por quienes no tenían competencia y conocimiento del
mercado local y del valor de los inmuebles”, tal como lo precisó el informe pericial
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Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
realizado por el arquitecto Jorge Humberto Jiménez Villa, “quien realizó el avalúo
retroactivo a febrero de 2010 de los predios que son objeto de controversia”.
28. Por último, indicó que la demanda no sólo desarrolló lo relativo al vicio del
consentimiento o a la falta de competencia de la lonja de Bogotá, sino que
también acusó la violación del debido proceso, el principio de legalidad y la
buena fe. En ese sentido, recalcó que en este caso las demandadas no
“siguieron a cabalidad el procedimiento y los términos consagrados en el Decreto
1420 de 1998”, ni en las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, porque la concesión
informó erróneamente y omitió datos relevantes a los actores del procedimiento
de enajenación voluntaria y de expropiación, además “en algunos casos se
superaron los términos previstos en la norma para la etapa de enajenación
voluntaria sin remitir los casos para el trámite de expropiación”. Esto, a su juicio,
desembocó en la aceptación de ofertas con precios irrisorios, marcadas por el
temor a la expropiación, y determinaron una conducta generalizada de mala fe
de las demandadas por aprovecharse del desconocimiento de los actores e
inducirlos al error.
Trámite en segunda instancia
29. El 17 de junio de 202515, el Despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación. El 9 de septiembre del mismo año, se corrió traslado a la demandada
y a la vista fiscal para que formularan sus apreciaciones sobre la impugnación16.
Durante el término correspondiente, los accionados guardaron silencio.
30. Por su parte, el agente del Ministerio Público ante esta Corporación presentó
concepto17 en el que sugirió confirmar la providencia apelada, argumentando
que el demandante no cuestionó la falta de legitimación de algunos integrantes
del grupo actor, que la caducidad debía analizarse desde la fecha de cada
escritura de compraventa, y que los daños reclamados derivan del valor pactado
en la venta, no del acto de compraventa en sí. Además, señaló que las ofertas
de compra fueron claras y que los demandantes, pese a ser “gentes del campo”,
debieron buscar asesoría profesional. Indicó que los actos de la CSO fueron
legales, que no hubo vicios en el consentimiento, y que no se probó falla en el
servicio. También destacó que los propietarios fueron beneficiarios del Plan de
Compensaciones Socioeconómicas del INCO, que los avalúos fueron
competentes y revisados, y que los gastos de escrituración fueron asumidos
conforme a la normativa vigente.
CONSIDERACIONES
31. Esta Subsección advierte que no hay causal de nulidad que invalide lo actuado.
Además, estima cumplidos los presupuestos procesales de jurisdicción,
competencia, y de demanda en forma.
15 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 4.
16 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 13.
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Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
32. Ahora, al margen de que la impugnación ataca las declaraciones de caducidad
de la acción y falta de legitimación en la causa por activa de algunos integrantes
del grupo demandante, la Sala estima indispensable analizar si este asunto
cumple con el presupuesto de causa común o de condiciones uniformes, propio
de la acción contencioso-administrativa que se formula con la pretensión de
reparación de perjuicios causados a un grupo. De ser resuelto este
cuestionamiento de forma afirmativa, deberán evaluarse los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
Causa común o condiciones uniformes en el sub-lite
33. En desarrollo del artículo 88, inciso segundo, de la Constitución18, el artículo 145
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, CPACA) establece que el denominado medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo procede respecto de
cualquier persona que, perteneciendo a “un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que
les originó perjuicios individuales”, solicite la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado, y su correspondiente indemnización, conforme a la
“norma especial que regula la materia”. Ésta última, la Ley 472 de 1998, precisa19
que las acciones de grupo son aquellas formuladas por “un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma
causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”.
34. A partir de este marco normativo, la jurisprudencia ha sostenido
indistintamente20 que el daño alegado debe provenir de una causa común para
todos los demandantes como requisito de procedencia de la acción que persigue
el resarcimiento de perjuicios ocasionados a un grupo, y no como presupuesto
de prosperidad de las pretensiones indemnizatorias21 como lo sugirió la decisión
de ponente adoptada dentro de este proceso22.
35. En ese sentido, la uniformidad exigida por el ordenamiento no impide reconocer
la multiplicidad de hechos dañosos o de intereses susceptibles de protección,
sino que impone la existencia de un evento que, respecto de las circunstancias
individuales expuestas por cada demandante, tenga una relación de causalidad
18 “ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos,
la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza
que se definen en ella. // También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. // Así mismo,
definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses
colectivos”. (Se subraya).
19 Artículos 3 y 46.
20 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencias del 6 de diciembre de 2017. Rad. 41001-23-31-000-2004-00120-01(AG). C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera; y del 10 de septiembre de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2016-00359-
03(63850). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
21 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 9 de abril de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2016-01305-02 (AG). C.P. María Adriana
Marín.
22 Supra. Párr. 15.
10
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
jurídicamente unívoca frente a cada uno de ellos, y justifique emplear esta vía
procesal en atención a los intereses protegidos y su efectividad bajo los
parámetros previstos en la Carta Política23.
36. En providencia de unificación, la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación
desarrolló este criterio de identificación de los miembros de un grupo 24, y
estableció que dicho requisito se cumple mediante un análisis que concluya que
(i) los hechos que fundamentan la reclamación son consonantes, no
estrictamente homogéneos, para todos los integrantes del grupo, y (ii) si dichos
elementos fácticos constituyen causas jurídicas adecuadas a la producción del
daño25. Así:
“Para que sea procedente una acción de grupo es necesario que la misma permita
la decisión unitaria de la controversia y para ello se requiere la existencia de
aspectos de hecho o de derecho comunes (condiciones uniformes) entre los
miembros del grupo. No se trata de que las situaciones particulares de todos los
miembros del grupo sean idénticas o iguales, pues es claro que pueden resultar
perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e intensidad (tanto el quantum
como la modalidad: patrimoniales, morales, etc.), sino que es necesario que entre
las mismas exista un común denominador o núcleo que pertenece o se extiende a
todos ellos, derivado de la conducta dañina del demandado.
Dicho esto, procede la Sala a unificar la jurisprudencia de la Corporación sobre los
criterios a partir de los cuales se determinan los miembros de un grupo. Esto se
hace acogiendo el criterio jurisprudencial fijado en la providencia del 2 de agosto de
200626, en el sentido de señalar que, para tal determinación:
Primero, se debe identificar el hecho o hechos generadores alegados
en la demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo;
y segundo, mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada,
que permite un mayor enfoque jurídico, determinar si éstos hechos
generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños
sufridos por los miembros del grupo.
El resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como
pluralidad de personas que sufren unos daños originados en uno o
varios hechos generadores comunes a todos; si se descubre lo
contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la
inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la
acción27”.
37. Ahora bien, esta Subsección ha planteado que lo anterior no impide, en el marco
de las acciones de grupo, aplicar la acumulación subjetiva de pretensiones
23 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-569 del 8 de junio de 2004. M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes (E).
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Primera Especial de
Decisión. Sentencia del 10 de junio de 2021. Rad. 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU.
C.P. María Adriana Marín.
25 Acorde con la teoría de la causalidad adecuada. Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de septiembre de 1997. Rad. 11764.
C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
26 “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado: 25000-
23-24-000-2005-00495-01 M.P.: Ramiro Saavedra Becerra; 2 de agosto de 2006.” (cita original del
fallo núm. 207)
27 “Ibidem.” (cita original del fallo núm. 208).
11
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
prevista en el artículo 88 del CGP28, circunstancia que se configura en cualquiera
de estos eventos: (i) cuando los pedimentos provengan de una misma causa;
(ii) en caso de que las súplicas tengan un mismo objeto; (iii) si entre las
reclamaciones existe una relación de dependencia; o (iv) si, para su estudio,
debe acudirse a unas mismas pruebas29.
38. En el caso bajo juzgamiento, el grupo demandante sostiene haber sufrido
perjuicios porque la entidad demandada, a través de la habilitación contractual30
que delegó la adquisición de los predios en la CSO para el desarrollo de las
obras concesionadas, compró sus bienes inmuebles, total o parcialmente, a
precios irrisorios. En ese sentido, adujeron que el consentimiento otorgado para
aceptar las ofertas formales y suscribir los respectivos contratos de compraventa
está, en todos los casos, viciado por error, provocado por las demandadas,
porque estas no suministraron información suficiente a los antiguos dueños
sobre las diversas alternativas que posee la etapa de enajenación voluntaria
dentro del proceso de expropiación judicial y, bajo ese estado de ignorancia,
brindaron su voluntad convencidos de que debían aceptar las propuestas si no
querían perder sus predios sin compensación alguna.
39. Estas premisas permiten comprender que el extremo procesal demandante
identificó, como causa común a todos los sujetos que conforman el grupo actor,
una negociación desplegada genéricamente por el entonces INCO, a través de
su concesionario, basada en no proveer información legal suficiente a los actores
con el propósito de adquirir sus inmuebles, bienes considerados necesarios para
adelantar obras de infraestructura vial, a cambio de montos significativamente
bajos que no reflejaban el valor real de cada predio.
40. Empero, la Sala no comparte esta visión del asunto, teniendo en cuenta que,
siguiendo la línea argumentativa de los demandantes que consideran
28 Inciso sexto a décimo de la norma citada: “También podrán formularse en una demanda
pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente
el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos: // a) Cuando provengan de la misma
causa. // b) Cuando versen sobre el mismo objeto. // c) Cuando se hallen entre sí en relación de
dependencia. // d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas”.
29 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Auto del 4 de abril de 2025. Rad. 25000-23-41-000-2019-00889-02 (72247) C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez.
30 Mediante la cláusula novena del “ACTA DE INCORPORACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO
SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A. Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-, DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0447 de
1994” (f. 107-112, c. 5), las partes del mencionado negocio jurídico pactaron la modificación a la
cláusula décima tercera del contrato, en estos términos: “CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
PREDIOS PARA LA VÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.- EL CONCESIONARIO asume
como obligación a su cargo la de adquirir por cuenta de EL INSTITUTO, con recursos provenientes
de la concesión y hasta cubrir el monto total determinado en el Anexo Técnico Financiero Modificado
para esta fin, los predios que a su juicio se requieran para la ejecución de las obras. Para este efecto
el concesionario deberá hacer un inventario de las fichas prediales, efectuar el estudio de títulos,
contratar los avalúos de los predios con entidades debidamente calificadas y negociarlos, con base
en tales avalúos. En el evento que el propietario no quisiese negociarlos, el concesionario deberá
entregar la respectiva documentación al [sic] EL INSTITUTO para que proceda a tramitar el
correspondiente proceso de expropiación judicial. […]” (Negrillas originales del documento).
Adicionalmente, estipularon un esquema de adquisición de predios mediante modificación al contrato
del 10 de diciembre de 2008 (f. 113-117, c. 5).
12
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
configurado el vicio de consentimiento por error, no puede obviarse que cada
contrato de compraventa constituye una causa autónoma e independiente de los
daños aducidos por ellos, por lo que para resolver dicho aspecto de la litis sería
necesario analizar cada uno de los negocios jurídicos efectuados, generando así
la ruptura de la uniformidad de condiciones que exige este cauce indemnizatorio,
como pasa a verse.
41. Preliminarmente, se advierte que la adquisición de inmuebles con fines de
expropiación para destinarlos a la ejecución de “programas y proyectos de
renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos” 31, precisa la
negociación individual de cada bien inmueble requerido para estos fines. En
efecto, según el marco normativo que desarrolla esta actividad, cada
negociación se antecede por un oficio cuyo contenido incluye el ofrecimiento de
compra, la identificación precisa del inmueble y su precio base de negociación32,
singular e independizada33. Una vez acordada la contraprestación y las demás
condiciones contenidas en la propuesta, le sigue la celebración del respectivo
contrato de promesa de compraventa o compraventa, según el caso34.
42. En la misma dirección, las partes del contrato de concesión núm. 447 de 1994
estipularon35, entre otras acciones correspondientes a la gestión inmobiliaria del
proyecto: (i) la elaboración de fichas prediales que reflejaran las calidades
técnicas, físicas, socioeconómicas y jurídicas de cada bien; (ii) la realización de
estudios de títulos “por cada predio”; (iii) el adelantamiento del procedimiento de
enajenación voluntaria a cargo de la concesionaria, quien asumiría “la
suscripción y expedición de ofertas de compra y su correspondiente notificación”
y el reconocimiento de los “factores socioeconómicos” previstos en la Resolución
31 Ley 9 de 1989 - Artículo 10, modificado por el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, literal c).
32 Cfr. Ley 9 de 1989 – Artículo 13. Así mismo, el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 establece que la
estimación para enajenar el bien sería “igual al valor comercial determinado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos
en las lonjas o asociaciones correspondientes”, y que dicho “valor comercial se determinará teniendo
en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de
compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica”.
33 El Decreto 1420 de 1998, reglamentario de la Ley 9 de 1989, el Decreto-ley 2150 de 1995, y la
Ley 388 de 1997 en materia de avalúos prediales menciona, en su artículo 20, que los respectivos
informes deberán especificar el “método utilizado y el valor comercial definido independizando el
valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que
llevaron a tal estimación” (Se subraya). Así mismo, el artículo 21 enlista múltiples parámetros para
fijar el valor comercial, tales como la reglamentación urbanística vigente al momento del avalúo, la
destinación económica del inmueble, los valores unitarios en caso de que el predio presente
diferentes características de terreno o diversidad de construcciones, y la estratificación
socioeconómica del bien. El artículo 22 precisa que la valuación debe tener en cuenta factores
singulares como las características físicas del terreno (“área, ubicación, topografía y forma”), la clase
del suelo (“urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección”), el tipo de construcciones
edificadas en la zona, la dotación de servicios públicos domiciliarios, el acceso a infraestructura vial
y de transporte, y las características agrológicas y de agua cuando se trate de zonas rurales.
34 Cfr. Ley 9 de 1989 – Artículo 14.
35 «MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994 CON RELACIÓN AL
ESQUEMA DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL PROYECTO “CARRETERA SANTA FE DE
BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) – SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – EL CHUSCAL – LA VEGA
– RIO TOBIA, DEL TRAMO DE CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ – LA VEGA, RUTA 50,
TRAMO 08, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, en: f. 113 – 117, c. 5.
13
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
609 de 2005 del INCO36; y (iv) informar a la concedente sobre los procedimientos
que culminaron exitosamente con la enajenación, reportando la información
individual correspondiente.
43. En el contexto descrito, la CSO, operando como delegataria de la entidad
demandada, adelantó el procedimiento de adquisición predial de los inmuebles,
en su etapa de enajenación voluntaria, respecto de los siguientes integrantes del
grupo actor37:
Demandante Predio Oficio de Valor Escritura Fecha de Precio
oferta formal inicialmente Pública de registro en contrato
de compra propuesto compraventa certificado
de tradición
Pedro Pablo “Nathaly” GCONV- $26’446.950 Núm. 168 del 24-feb-2011 $26’446.950
Amórtegui 1560-2010 del 24 de febrero (anotación
Forero Matrícula 10 de de 2011 de la núm. 2)
156-119951 diciembre de Notaría Única
(f. 264, c. 5) 2010 (f. 243 – de Madrid,
244, c. 5) Cundinamarca
(f. 258-263, c.
5).
Ruby “Finca Los GCONV-212- $15.041.500 Núm. 204 del 5-ago-2010 $15.041.500
Alexandra Laureles” 2010 del 23 de 13 de mayo de (anotación
Ángel Ángel febrero de 2010 de la núm. 5)
Matrícula 2010 (f. 79-80, Notaría Única
156-68395 c. 1) de San
(f. 84, c. 1) Francisco,
Cundinamarca
(f. 285-290, c.
5)
Rosalba “Santa GCONV-144- $7.550.100 Núm. 320 del 25-oct-2010 $7.550.100
Ángel de Isabel” 2010 del 9 de 14 de julio de (anotación
Triana febrero de 2010 de la núm. 5)
Matrícula 2010 (f. 313- Notaría Única
156-94273 314, c. 5) de San
(f. 281, c.1) Francisco,
Cundinamarca
(f. 319-322, c.
5)
Carlos “San GCONV -153- $63.652.150 Núm. 440 del 6 4-feb-2013 $94.801.740
Cadena Agustín” 2010 del 9 de de abril de (anotación
Moreno febrero de 2011 de la núm. 10)
Matrícula 2010 (f. 428- Notaría Única
156-59539 429, c. 5) de Madrid,
(f. 481-482, Cundinamarca
c. 5) (f. 461-467, c.
5)
María Ligia “La G-CONV-614- $73.926.030 Núm. 438 del 6 16-ago-2011 $ 86.135.080
Cárdenas Primavera” 2010 del 5 de de julio de (anotación
Ahumada mayo de 2010 2011 de la núm. 6)
Matrícula (f. 518-519, c. Notaría Única
156-45741 4) de
(f. 114, c.1), Subachoque y
El Rosal,
Cundinamarca
36 Referida a “los Factores Sociales en el Proceso de Adquisición Predial” y los criterios “para su
aplicación en los proyectos de concesión a cargo del Instituto Nacional de Concesiones, INCO”.
37 En este listado no se incluyen los siguientes accionantes que no acreditaron propiedad sobre
bienes inmuebles adquiridos por el INCO, y gestionados por la CSO: (i) Mariela Aguirre Palmar,
quien se limitó a allegar una declaración extraprocesal (f. 434, c. 1) en la que afirmó haber construido
una casa de habitación en el predio “El Porvenir” de propiedad de su madre María Matilde Palmar
Garzón, y que el INCO compró sus “mejoras” pero el precio pagado no le alcanzó para edificar una
nueva vivienda; (ii) Jorge Bautista Silva quien, según el certificado de tradición y libertad de matrícula
inmobiliaria 156-70592 (f. 435-437, c. 1) no era propietario de la “Finca Santa Rosa” para el momento
en que el INCO adquirió el bien, sino que era el señor José Elviro Bautista Silva; (iii) José Vicente
Alvarado, José Humberto Bernal Rodríguez, Mauricio Córdoba Árce y Sandra Yamile Prada Palmar,
que no aportaron pruebas sobre el dominio sobre inmuebles vendidos a la entidad.
14
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
(f. 545-549, c.
4).
Olivo Castro “Buenos GCONV-151- $87.676.744 Núm. 531 del 6-ago-2010 $ 89.132.244
Cruz Aires” 2010 del 9 de 16 de junio de (anotación
febrero de 2010 de la núm. 4)
Matrícula 2010 (f. 568 – Notaría Única
156-64163 569, c. 4) de Madrid,
(f. 124, c. 1) Cundinamarca
(f. 580 – 584,
c. 5)
Gloria Elsa “El GCONV-681- $61.735.430 Núm. 426 del 5 7-oct-2010 $61.735.430
Cifuentes Porvenir” 2010 del 20 de de septiembre (anotación
Torres38 mayo de 2010 de 2010 de la núm. 4)
Matrícula (f. 611-612, c. Notaría Única
156-58550 4) de San
(f. 406, c. 1) Francisco,
Cundinamarca
(f. 622-627, c.
4)
Gladys “Lote San GCONV-340- $137.513.400 Núm. 058 del 14-abr-2011 $193.256.450
Cuesta Melo Miguel” 2010 del 16 de 28 de febrero (anotación
marzo de de 2011, de la núm. 7)
Matrícula 2010 (f. 655- Notaría Única
156-77862 656, c. 4) de Madrid,
(f. 718, c. 4) Cundinamarca
(f. 711-716, c.
4).
Carmen “CSO-5- GCONV-275- $2.322.150 Núm. 142 del 3-nov-2010 $2.322.150
Forero de 172” 2010 del 5 de 14 de abril de (anotación
Amórtegui marzo de 2010 de la núm. 1)
Matrícula 2010 (f. 735- Notaría única
156-118664 736, c. 4) de San
(f. 748, c. 4) Francisco,
Cundinamarca
f. 739-744, c.
4).
Myriam Lucía “CSO-3-2- GCONV-090- $ 81.290.980 Núm. 258 del 10-ago-2010 $ 81.290.980
Franco Toro 015” 2010 del 2 de 11 de junio de (anotación
febrero de 2010 de la núm. 4)
Matrícula 2010 (f. 761, Notaría única
156-431152 c. 4) de San
(f. 789, c. 4) Francisco,
Cundinamarca
(f. 783-787, c.
4)
Celina “Lote” GCONV-523- $54.265.300 Núm. 0433 del 20-ago-2010 $54.265.300
García de 2010 del 21 de 25 de mayo de (anotación
Moya Matrícula abril de 2010 2010 (f. 1671- núm. 1)
156-117971 (f. 1667-1668, 1676, c. 2)
(f. 1678, c. c.2)
2)
“San GCONV-524- $97.320.900 Núm. 434 del 21-jul-2010 $97.320.900
Miguel” 2010 del 21 de 25 de mayo de (anotación
abril de 2010 2010 de la núm. 1)
Matrículas (f. 1694-1695, Notaría única
156-70212 c.2) de Madrid,
(f. 321-322, Cundinamarca
c. 1) y 156- (f. 1698-1703,
117690 (f. c. 2)
1705, c. 2)
Alcira Gómez “Santa GCONV-313- $77.374.520 Núm. 299 del 15-jul-2010 $77.374.520
Rodríguez Helena” 2010 del 12 de 14 de abril de (anotación
marzo de 2010 de la núm. 1)
Matrícula 2010 (f. 821- Notaría única
156-117488 822, c. 4) de San
(f. 834, c. 4) Francisco.
Cundinamarca
(f. 827-832, c.
5)
José Isaías “El GCONV-626- $236.187.202 Núm. 551 del 9-ago-2010 $236.187.202
Hernández Porvenir” 2010 del 7 de 21 de junio de (anotación
Santos mayo de 2010 2010 de la núm. 1)
Matrícula (f. 867-868, c. Notaría única
156-117833 5) de Madrid,
(f. 882, c. 4). Cundinamarca
(f. 871-875, c.
4)
38 Era propietaria junto al señor Miguel Álvaro Cifuentes López, según el certificado de tradición y
libertad (f. 406, c. 1).
15
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Emilio Arturo “La GCONV-529- $50.641.400 Núm. 430 del 12-ago-2010 $50.641.400
Higuera Juyo Esmeralda”. 2010 del 21 de 25 de mayo de (anotación
enero de 2010 2010 de la núm. 6),
Matrícula (f. 915-916, c. Notaría única
156-70231 4) de Madrid,
(f. 323, c. 1) Cundinamarca
(f. 921-926, c.
4)
Abelania “El Ocobo” GCONV-522- $6.936.500 Núm. 472 del 3 18-mar-2011 $6.936.500
López de 2010 del 21 de de junio de (anotación
González Matrícula abril de 2010 2010 de la núm. 11)
156-70229 Notaría única
(f. 287, c. 1). de Madrid,
Cundinamarca
(f. 947-951, c.
4).
Rafael “El Triunfo” GCONV- $19.530.600 Núm. 1346 del 14-jun- 2011 $19.530.600
Méndez 1149-2010 (f. 27 de (anotación
Martínez39 Matrícula 988-989, c. 4) diciembre de núm. 4)
156-89924 2010 de la
(f. 1001, c. Notaría única
3). de Madrid,
Cundinamarca
(f. 995-1000, c.
3)
Claudia “Lote” GCONV-661- $63.477.880 Núm. 1292 del 19-may-2010 $70.953.280
Patricia 2010 del 14 de 17 de (anotación
Palmar Matrícula mayo de 2010 diciembre de núm. 4)
núm. 156- (f. 1032-1033, 2010 de la
86729 (f. c. 3) Notaría única
1056, c. 3). de Madrid,
Cundinamarca
(f. 1050-1055,
c. 3)
María “Lote” GCONV-525- $56.171.170 Núm. 100 del 8 9-may-2011 $56.171.170
Florinda 2010 del 21 de de febrero de (anotación
Palmar de Matrícula abril de 2010 2011 de la núm. 2)
Olaya 156-120371 (f. 1075-1076, Notaría única
(f. 1091, c. c. 3) de Madrid,
1) Cundinamarca
(f. 1088-1090,
c. 3)
María Matilde “Lote” GCONV- $9.825.600 Núm. 703 del 4 4-nov-2011 $9.825.600
Palmar 1361-2011 del de octubre de (anotación
Garzón Matrícula 8 de 2011 de la núm. 2)
156-122993 septiembre de Notaría única
(f. 1103, c. 2011 (f. 1093- de
1) 1094, c. 3) Subachoque y
El Rosal,
Cundinamarca
(f. 1097-1102,
c. 3)
Georgina “San José” GCONV-246- $3.662.800 Núm. 498 del 12-ago-2010 $3.662.800
Pinzón Cruz 2010 del 2 de 10 de junio de (anotación
Matrícula marzo de 2010 de la núm. 4)
156-99394 2010 (f. 1118- Notaría única
(f. 1129, c. 1119, c. 3) de Madrid,
3). Cundinamarca
(f. 1122-1127,
c. 3)
Dora Marina “Lote” GCONV-176- $61.273.880 Núm. 191 del 7 11-oct-2010 $61.273.880
Prada 2010 del 12 de de mayo de (anotación
González40 Matrícula febrero de 2010 de la núm. 5)
156-34342 2010 (f. 1146- Notaría única
(f. 1160, c. 1147, c. 3) de San
3). Francisco (f.
1153-1158, c.
3)
José Fidel “Lote” GCONV-942- $65.698.820 Núm. 667 del 3-sep-2009 $65.698.820
Enrique 2010 del 16 de 27 de julio de (anotación
Prada Matrícula julio de 2010 2010 de la núm. 2)
González41 156-45398 Notaría única
39 Era dueño del inmueble en conjunto con el señor Wilson Méndez Martínez, de acuerdo con lo
documentado (f. 1001, c. 3).
40 Propietaria junto al señor Jorge Edgar Villamil Jara, según lo expresa el certificado de tradición y
libertad (f. 1160, c. 3).
41 Dueño con 8 personas más, según la certificación del inmueble (f. 1174, c. 3): Germán Enrique
Prada González, Jesús Alirio Prada González, Wilson Alberto Prada González, Carmen Rosa Prada
16
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
(f. 1174, c. (f. 1160-1161, de Cota (f.
3). c. 3) 1168-1173, c.
3)
Gladys “Campo GCONV-438- $25.082.460 Núm. 850 del 8 20-oct-2010 $25.082.460
Ramírez Bello” 2010 del 6 de de septiembre (anotación
Escobar abril de 2010 de 2010 de la núm. 5)
Matrícula (f. 1212, c. 3) Notaría única
156-73270 de Madrid,
(f. 1228, c. Cundinamarca
3) (f. 1219-1224,
c. 3)
María “La GCONV-213- $91.398.440 Núm. 0548 del 2-ago-2010 $91.888.680
Analecia Esperanza” 2010 del 23 de 21 de junio de (anotación
Rodríguez febrero de 2010 de la núm. 1)
Bernal Matrículas 2010 (f. 1254- Notaría única
156-79779 1255, c. 3). de Madrid,
(f. 429, c. 1) Cundinamarca
y 156- (f. 1276-1281,
117817 (f. c. 3).
1284, c. 1)
Amanda “El Pino” GCONV-330- $16.143.000 Núm. 807 del 15-oct-2010 $24.233.000
Salamanca 2010 del 15 de 27 de agosto (anotación
Sánchez42 Matrícula marzo de de 2010 de la núm. 5)
156-88843 2010 (f. 1302- Notaría única
(f. 279-280, 1303, c. 3) de Madrid,
c.1). Cundinamarca
(f. 1346-1351,
c. 3)
Narciso “San Juan” GCONV-222- $25.560.400 Núm. 77 del 3 No aparece $25.560.400
Sierra 2010 del 23 de de marzo de referenciada
Cárdenas Matrícula febrero de 2011 de la
156-115198 2010 (f. 1408- Notaría de
(f. 1433, c. 1409, c. 3) Subachoque
3) (f. 1418-1422,
c. 3)
“Laguneta” GCONV-099- $11.322.000 Núm. 76 del 3 No aparece $11.322.000
2011 del 27 de de marzo de referenciada
Matrícula enero de 2011 2011 de la
156-115201 (f. 210-211, c. Notaría de San
(f. 1355, c. 1) Francisco,
3) Cundinamarca
(f. 1356-1361,
c. 3)
Ana Delia “El Mirador” GCONV-237- $57.995.960 Núm. 274 del 14-oct-2010 $57.995.960
Sierra 2010 del 25 de 24 de junio de (anotación
Chacón Matrícula febrero de 2010 de la núm. 4)
156-73354 2010 (f. 1477- Notaría de San
(f. 1499- 1478, c. 3) Francisco,
1500, c. 3) Cundinamarca
(f. 1492-1497,
c. 3)
Luz Marina “La mejora” GCONV-170- $31.735.280 Núm. 190 del 6 6-jul-2010 $31.735.280
Sierra 2010 del 11 de de mayo de (anotación
Chacón Matrícula febrero de 2010 de la núm. 5)
inmobiliaria 2010 (f. 1523- Notaría de San
núm. 156- 1524, c. 3) Francisco,
97886 (f. Cundinamarca
1536, c. 2) (f. 1530-1535,
c. 2)
Víctor “La GCONV-526- $20.156.800 Núm. 849 del 8 26-oct-2010 $20.156.800
Manuel Cabaña” 2010 del 21 de de septiembre (anotación
Sierra abril de 2010 de 2010 (f. núm. 4)
Chacón Matrícula (f. 1579-1580, 1594-1600, c.
156-97854 c. 3) 2)
(f. 1601, c.
2).
Rubén Darío “Lote” GCONV-183- $53.194.450 Núm. 478 del 4 14-oct-2010 $53.194.450
Velásquez 2010 del 12 de de junio de (anotación
Castellanos Matrícula febrero de 2010 (f. 1639- núm. 4)
inmobiliaria 2010 (f. 1635- 1644, c. 2)
156-72025 1636, c. 2)
(f. 1646, c.
2)
González, Elvia María Ernestina Prada De Diaz, Dora Marina Prada González, Ana Sofia González
de Orjuela, y Leyda Janneth Prada González
42 Propietaria con el señor Humberto González López, de acuerdo con el documento que acredita
dicha calidad (f. 279-280, c. 1).
17
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
44. Así las cosas, es posible identificar algunos hechos uniformes para los
integrantes del grupo relacionados en el cuadro anterior. Todos los actores
vendieron sus bienes inmuebles al INCO en el marco de un proyecto de
infraestructura vial concesionado a la CSO, delegada para adelantar la etapa de
acercamiento directo con cada propietario para adquirir sus predios. En esa
medida, la negociación siguió algunas condiciones formales análogas, tales
como la formulación del oficio de compra, acompañado de un avalúo realizado,
en su mayoría, por la Cámara43, y la suscripción de escrituras públicas de
compraventa inscritas ante circuitos notariales ubicados en la zona. Además, en
todos estos procedimientos se acordó la enajenación voluntaria y, por ende, no
se adelantaron procedimientos expropiatorios judiciales o administrativos.
45. Empero, más allá de estas similitudes, determinadas bien sea por la ley o por el
acuerdo entre la entidad y la concesionaria, las negociaciones por cada predio
no se desarrollaron bajo parámetros semejantes y, en lo sustancial, dependieron
individual y separadamente de las características de cada terreno, de la revisión
de los fundamentos reales y técnicos de cada avalúo que acompañó las ofertas,
de las acciones realizadas por cada propietario frente a la valuación de su bien,
y de si estas u otras circunstancias reformaron el valor pecuniario proyectado
inicialmente respecto al pactado en cada contrato de compraventa.
46. Particularmente, se resalta que, según se expuso en el listado anterior, en las
tratativas realizadas con los actores Carlos Cadena Moreno, María Ligia
Cárdenas Ahumada, Olivo Castro Cruz, Gladys Cuesta Melo, Claudia Patricia
Palmar, María Analecia Rodríguez Bernal y Amanda Salamanca Sánchez, hubo
un incremento entre el monto inicialmente ofrecido por la CSO, y la
contraprestación finalmente pactada en cada título de adquisición del dominio.
Estas alzas se produjeron previa discrepancia manifestada por el respectivo
propietario respecto del avalúo44, que condujo a la revisión y enmienda de la
estimación dineraria inicial45 y al cambio del precio propuesto formal y
originalmente por la delegataria del INCO46.
47. En los casos de Rosalba Ángel de Triana47, Myriam Lucía Franco Toro48, Alcira
Gómez Rodríguez49, Dora Marina Prada González50, Luz Marina Sierra
Chacón51, Víctor Manuel Sierra Chacón52, y Rubén Darío Velásquez
43 Con excepción del avalúo del bien inmueble de la demandante Myriam Lucía Franco Toro, que
fue realizado por la firma Bienes y Mercadeo Inmobiliaria Ltda. (f. 750-758, c. 4).
44 F. 430, c.5 (Carlos Cadena Moreno); f. 521-523, c. 4 (María Ligia Cárdenas Ahumada); f. 571, c.
4 (Olivo Castro Cruz); f. 673-677, 680-682 y 692-693, c. 4 (Gladys Cuesta Melo); f. 1257-1258, c. 3
(María Analecia Rodríguez Bernal); f. 1035, c. 3 (Claudia Patricia Palmar); f. 1257-1258, c. 3
(Amanda Salamanca Sánchez).
45 F. 432-435, c. 5; f. 529-531, c. 4; f. 573-576, c.4; f. 684-687, c. 4; f. 1311-1313, c. 3.
46 F. 447, c. 5; f. 529-531, c. 4; f. 578, c. 4; f. 689, c. 4; f. 1042, c. 3; f. 1342-1343, c. 3.
47 F. 316-317, c. 5.
48 F. 768-771, c. 4.
49 F. 824-825, c. 5.
50 F. 1148-1150, c. 3.
51 F. 1526-1528, c. 2.
52 F. 1582-1587, c. 2.
18
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Castellanos53 también se objetó el monto primeramente planteado en la
propuesta, pero, a diferencia de los anteriores demandantes, tanto la valuadora
como la concesionaria ratificaron la suma del intercambio manifestado en su
ofrecimiento.
48. Así, se evidencia que el asunto carece de condiciones uniformes que permitan
su trámite por la vía procesal invocada por los demandantes. La formación de
los contratos de compraventa no siguió, ni podía seguir, pautas constantes entre
los distintos propietarios, especialmente en lo relativo a la fijación del precio.
Aunado a ello, contrario a lo afirmado por el grupo demandante en su escrito
introductorio, la etapa de enajenación voluntaria de los predios estuvo marcada
por situaciones particulares que se presentaron durante el arreglo directo. Esta
diversidad de circunstancias escinde cada operación de las demás, lo que
impide una decisión de fondo dentro del marco indemnizatorio colectivo
invocado.
49. En ese orden de ideas, ninguno de los hechos presentados como comunes y
uniformes entre los integrantes constituye una causa común adecuada del daño
alegado por cada uno de ellos. En otras palabras, aun cuando exista un contexto
general de negociación relacionado con los inmuebles objeto del litigio, la
situación jurídica particular de cada uno de los actores no se subsume en el
concepto de causa común. Tampoco unifica la acusación por vicio del
consentimiento que alega el extremo accionante ni su extensión hacia todos los
dueños, ya que esto soslaya la necesidad de realizar un análisis individualizado
de cada negocio jurídico, lo cual resulta incompatible con la naturaleza y los
presupuestos procesales atinentes a la vía de reparación plural.
50. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que los menoscabos alegados por
los promotores de este juicio no tienen origen en una acción u omisión que pueda
enmarcarse en la responsabilidad extracontractual o, más precisamente,
precontractual de los demandados, ya que el perfeccionamiento de cada negocio
jurídico de compraventa de bien inmueble determina que la controversia tenga
una naturaleza estrictamente contractual. Al respecto, la jurisprudencia de esta
Sección ha comprendido que, ante el silencio del legislador en la materia, nada
impide que puedan resolverse esta clase de conflictos a través de este
mecanismo, y perseguir el resarcimiento de perjuicios bajo el supuesto de la
declaración previa de la sanción judicial de cada contrato (v. gr. error en el precio
o lesión enorme) siempre que exista causa común54, presupuesto que aquí no
53 F. 1638-1638, c. 2.
54 “Debe aclararse que las acciones de grupo resultan procedentes siempre que se cumplan los
requisitos previstos en los artículos 3º y 46 de la Ley 472, varias veces mencionados, y tienen por
objeto obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios individuales sufridos
por los miembros de la colectividad demandante. No se establecen en dichas disposiciones
limitaciones relativas a la naturaleza contractual o extracontractual de la acción formulada, de
manera que bien podría tener por causa el perjuicio reclamado el incumplimiento de un contrato
respecto de todos los miembros del grupo, o, también respecto de todos, una acción u omisión
imputable a una entidad estatal. // Por esta razón, si bien, como se ha explicado, la Sala comparte
lo expresado por el Tribunal en el sentido de que la causa del perjuicio reclamado por los particulares
demandados sólo podría encontrarse en el incumplimiento de los contratos de compraventa
19
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
se satisface porque cada negocio jurídico comporta una fuente del daño
separada del resto, lo que hace imposible su tratamiento por medio de este
cauce procesal que exige homogeneidad en la afectación para su procedencia55.
51. Así mismo, no se configura ninguno de los presupuestos para que proceda la
acumulación subjetiva de pretensiones contractuales porque el asunto (i) no
versa sobre el mismo objeto, sino sobre múltiples contratos de compraventa de
bien inmueble; (ii) no reposan sobre la misma causa, por lo ya expuesto; (iii) no
guardan, entre sí, relación de dependencia toda vez que la prosperidad en
alguno de los pedimentos individuales no tiene injerencia en la de los demás
integrantes de la parte activa; (iv) ni se sirven de las mismas pruebas, ya que el
soporte documental de cada negociación es único y divergente de los otros.
52. Por todo lo anterior, siguiendo la pauta unificada por la Corporación, esta
Subsección revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la acción, siendo inane el pronunciamiento acerca de los
cargos formulados en la apelación.
Condena en costas
53. La Sala, siguiendo lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 365 del Código
General del Proceso56 (CGP), aplicables a este asunto por remisión expresa del
artículo 68 de la Ley 472 de 199857, condenará en costas al grupo demandante
toda vez que el presente pronunciamiento implica no acceder a las súplicas de
la impugnación del fallo de instancia, esto es, que fueron resueltas
desfavorablemente58. Además, según el numeral 4 del mencionado precepto del
CGP, cuando “la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias”.
celebrados y, por ello, supondría la declaración previa de su resolución, esta consideración no se
opone a la posibilidad de que, en un caso concreto, la acción de grupo ejercida contra la entidad
estatal demandada o contra personas privadas que desempeñen funciones administrativas tenga
una fuente contractual como la indicada.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera. Providencia del 4 de septiembre de 2003. Rad. 25000-23-26-000-2001-00031-
01(AG-203). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
55 En ese sentido, esta Subsección ha señalado que no se predica la causa común respecto de las
pretensiones que no confluyen en una causa común sino en “un análisis particular, caso por caso”
de los supuestos fácticos y jurídicos disímiles, marcados por factores heterogéneos, que, a su vez,
darían lugar a daños individuales y diferentes para cada integrante del grupo. Ver: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección A. Sentencia del 5 de
mayo de 2025. Rad. 76001-23-33-001-2016-00809-01 (71265). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
56 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: // 1. Se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además,
en los casos especiales previstos en este código.” (Se subraya)
57 “ARTICULO 68. ASPECTOS NO REGULADOS. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas
del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento
Civil [actualmente CGP].”
58 Ver: Sent. 9-abr-21, antes citada.
20
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
54. Estas consideraciones operan independientemente de la conducta desplegada
en el proceso por el extremo actor. Las costas se liquidarán de manera
concentrada por el Tribunal de primera instancia, conforme al artículo 366 del
CGP.
55. En cuanto a las agencias en derecho de ambas instancias, integradas a las
costas procesales59, estas deben seguir lo reglamentado por el Consejo Superior
de la Judicatura60 al momento de formular la demanda. En este caso, aplica el
Acuerdo 1887 de 2003 que, en relación con las acciones de grupo, fijó un tope
en primera instancia de hasta “cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales
vigentes”, y en segunda “un (1) salario mínimo mensual legal vigente” como
límite máximo. En virtud de las actuaciones de las entidades demandadas ante
el Tribunal de primera instancia, y las labores de vigilancia del proceso que
debieron adelantar las accionadas en sede de apelación, la Sala fijará por este
concepto: (i) en primera instancia, la suma equivalente a tres (3) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV); y (ii) por el segundo grado,
medio (0,5) salario mínimo mensual legal vigente. El total por ambas instancias,
de 3,5 SMMLV, será asumido en sumas equivalentes por los demandantes, y
repartido en partes iguales a las demandadas.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “A” y, en
su lugar, declarar IMPROCEDENTE la reparación de los perjuicios causados a un
grupo, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de primera y de segunda instancia a la parte
demandante, que se liquidarán de forma concentrada por el Tribunal a quo. Por
concepto de agencias en derecho de ambas instancias, se fija la suma de tres punto
cinco (3,5) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la ejecutoria del presente
fallo, que serán repartidas por partes iguales entre la Agencia Nacional de
Infraestructura y la Concesión Sabana de Occidente S.A.
59 CGP – Artículo 361: “COMPOSICIÓN. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas
y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
60 CGP – Artículo 366, núm. 4: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
21
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-02 (72.851)
Demandante: Mariela Aguirre Palmar y otros
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
VF
22
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