Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-001-2016-00809-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-001-2016-00809-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-001-2016-00809-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 76001-23-33-001-2016-00809-01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Temas: Concepto de grupo / Condiciones uniformes – causa del daño / Falta de
legitimación en la causa por activa / Derecho de acción – pretensión
/ Ausencia de nexo causal con el grupo.
Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede la Sala
a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Se demanda la reparación de los daños causados al grupo demandante por la
representación judicial por una defensora pública que no contaba con el título de
profesional del derecho.
I. SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la proferida el 19 de enero de 2022, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda presentada
el 10 de junio de 20161, por los señores Jhon Edwin Girón Solarte, Aleyda Solarte
Medina y otros2, en contra de la Nación-Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial,
con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por el daño
ocasionado al haber sido representados en varios procesos penales por un defensor
público que no era abogado.
2. Las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se
pronunció el Tribunal, son los siguientes,
Pretensiones
3. Los actores solicitaron como indemnización el pago de perjuicios materiales e
inmateriales derivados de la ausencia de defensa técnica que hicieron consistir en
el pago de 100 SMMLV por perjuicios morales, 200 SMMLV por el daño a bienes
jurídicos de “especial protección, libertad, buen nombre”, y 250 SMMLV por lucro
cesante en favor de sus grupos familiares3. Para estos efectos, en la demanda se
1 Folio 25 del cuaderno de primera instancia. El expediente digital obra en el índice 46 del aplicativo Samai del
Tribunal.
2 Mileidy Girón Solarte, Sergio Javier Muñoz Solarte, Alejandra Girón, Eduar Alexis Muños Solarte, Jhonny
Fernández Holguín, Duvan Andrés Jaramillo Damián, Lina Marcela Baena Villafañi, Nancy Damián Bravo, John
Eider, Carlos Estevan, Angie Katerine Jaramillo Damián, Samuel, Valeria Jaramillo Baena, Héctor Fabio Torres,
Eneine Andrea Agudelo Ríos, Olga Torres, Adriana María Muñoz Torres, Juan José Torres Agudelo y José Alirio
Cuero Angulo.
3 El grupo estaba conformado por todos aquellos representados indebidamente por el defensor público, entre
los cuales se distinguió de aquellos que se tenía noticia y, los demás, que se indicaron en 137 procesados más
y sus grupos familiares.
Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
distinguió entre quienes fueron vinculados a los procesos penales, sus familiares, y
aquellos de los que no se tenía noticia, pero que podían integrar el grupo 4.
Hechos
4.Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que la Defensoría del
Pueblo, Regional Valle del Cauca, entre los meses de enero del año 2005 y
noviembre del 2014, contrató bajo la modalidad de prestación de servicios a Myriam
Becerra Saldarriaga, como defensora de oficio.
5. En el mes de noviembre de 2014, el Defensor Regional del Valle del Cauca
informó a la Dirección Nacional que la señora Myriam Becerra Saldarriaga, no
contaba con título de abogada. Esta última dependencia verificó en el certificado
1330, que la referida señora “no se encuentra inscrita como abogada”.
6. Mediante sentencia T-1127 de 2003, la Corte Constitucional, dejó sin efectos una
sentencia que había amparado los derechos de la citada señora ordenando
otorgarle el título de abogada. En esa decisión, la Corte verificó que la accionante
no había aprobado los exámenes preparatorios exigidos por el ente universitario 5.
Fundamentos de derecho
7. Según la demanda, la Defensoría del Pueblo es responsable por falla en el
servicio, dado que contrató por “más de 9 años” con la señora Becerra Saldarriaga
sin realizar la verificación de validez y vigencia de su tarjeta profesional, tal como lo
exigía su propio manual de contratación. Por ello, todos aquellos procesados que
depositaron su confianza legítima en la Defensoría del Pueblo se vieron afectados,
al limitarse su defensa técnica.
8. Igualmente, se indicó que era reprochable la actuación de la Rama Judicial, en
tanto la señora Becerra Saldarriaga actuó como defensora pública en
aproximadamente 142 procesos penales derivados de delitos de homicidio, tráfico
de estupefacientes, porte de armas, hurto calificado y agravado, entre otros, sin que
se verificara si su tarjeta profesional estaba vigente.
La defensa
9.La Defensoría del Pueblo6 se opuso a las pretensiones. Manifestó que no estaba
acreditado el daño ni su nexo causal, pues la señora Becerra Saldarriaga fue
contratada cuando su tarjeta profesional estaba vigente y, una vez la entidad se
enteró de su cancelación, procedió a desvincularla y a reasignar los procesos que
4 “Primero. Declarar administrativamente responsables a la Nación-Defensoría del Pueblo y Nación-Rama
Judicial, de todos los daños y perjuicios materiales e inmateriales que se le han ocasionado a cada uno de los
demandantes como consecuencia de la omisión en la verificación de los requisitos de idoneidad profesional que
deben cumplir los defensores públicos del Estado.
Segundo. Condenar al pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a la (…) al grupo A Jhon Edwin
Girón Solarte, Alejandra Girón Gallego (…) la suma de 1050 SMLMV (…)
Tercero. Condenar al pago por perjuicios (…) por los daños ocasionados al grupo B Jhonny Fernández Holguín,
la suma de 550 SMLMV (…).
Octavo. Condenar al pago por perjuicios (…) al grupo de los 137 procesados quienes en su mayoría
desconocen de la irregularidad presentada en su defensa técnica, la suma de 102750 SMLMV (…)”.
5 En síntesis, conviene precisar que el amparo constitucional se inició para que se protegieran el derecho al
trabajo, dignidad humana, entre otros, pues la accionante aseguró que la imposición de los preparatorios como
requisito de grado era desproporcionada. Para la Corte, aquellos requisitos devenían de la autonomía
universitaria y no significaban una imposición desproporcionada que ameritara conceder el amparo.
6 Folios 144-151 del cuaderno 1.
2
Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
tenía a su cargo. Propuso las excepciones de: i) “falta de requisitos de la acción de
grupo”, porque la demanda no identificó los criterios para definir el grupo y solo se
trataba de una acumulación subjetiva de pretensiones; ii) “inexistencia de nexo
causal de causalidad (sic) entre la actuación de la Defensoría del Pueblo y el
perjuicio alegado”, en tanto que fueron los integrantes del grupo los que dieron lugar
al proceso penal; y, iv) “prescripción y caducidad”, dado que la actuación de la
señora Becerra Saldaña había cesado “hace años”.
10. La Rama Judicial7 pidió que se negaran las pretensiones. Indicó que no estaba
demostrado el daño ni había certeza de éste. Indicó que sus agentes no actuaron
de forma dolosa o culposa; por el contrario, fueron víctimas de la conducta de la
señora Becerra Saldarriaga. Como excepciones propuso las de: i) inexistencia de
nexo de causalidad, en tanto que no había daños imputables a su actuar; ii) falta de
legitimación en la causa, dado que no podía hacerse cargo de los hechos de la
Defensoría del Pueblo; y, iii) habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso
diferente al que corresponde, pues el caso debió llevarse a través del medio de
control de reparación directa.
Alegatos de conclusión
11. Surtido el debate probatorio8, en la oportunidad para alegar, la parte demandante
precisó que se demostró la omisión de las entidades en la verificación de los
requisitos mínimos para contratar y actuar como abogada de la señora Becerra
Saldarriaga, por lo que se probó la defraudación a la confianza legítima de los
procesados penalmente.
12. La Defensoría del Pueblo indicó que no estaba demostrado el “perjuicio”, pues
de los únicos sindicados que se trajeron pruebas a este proceso, se evidenciaba
que fueron absueltos.
13. Para la Rama Judicial no se demostró que la ausencia de condición de abogado
influyera en las resultas de los procesos penales, dado que estos se iniciaron por
las conductas de los investigados. Así mismo, no existía certeza del daño debido al
alea de los sumarios penales9.
14. El Ministerio Público guardó silencio.
15. En su intervención, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
mencionó que la contratación de la señora Becerra Saldarriaga se dio de buena fe
y con el lleno de los requisitos, pues para ese momento tenía tarjeta profesional
vigente. Además, precisó que no existía daño antijurídico, dado que fue la conducta
de los investigados la que motivó su vinculación a los procesos penales10.
7 Folios 117-119 del cuaderno 1.
8 Mediante auto de 14 de febrero de 2017, se abrió el periodo probatorio, dentro del cual se decretaron los
siguientes medios de prueba: 1. Testimoniales de los señores Fabian Satizabal Campaz, José Hernando Solarte
Velasco, Carlos Emilio Rodríguez Estrada, Johan Steven Portilla Benítez, María Janeth Carabalí Molina,
Arístides de Jesús Cardona Atheortua, José Ignacio Bazante Salazar, Gloria Díaz Gómez y María Leída
Ramírez García. 2. Oficios a cada uno de los juzgados penales que llevaron los casos en los cuales participó
indebidamente la señora Becerra Saldarriaga como defensora. En audiencia llevada a cabo el 20 de junio de
ese mismo año, se practicó el testimonio de los señores Fabián Satizabal Campáz, José Hernando Solarte
Velasco y Carlos Emilio Rodríguez Estrada, dado que el magistrado sustanciador limitó la recepción de los
demás, por constatar que estaban suficientemente demostrados los hechos objeto de la prueba. Folios. 161-
164, 218, 226-229, 231 del cuaderno 1.
9 Índices 233-240, 241-244, del cuaderno 1.
10 Folios 248-254 del cuaderno 1.
3
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Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
La sentencia recurrida
16. Como se indicó, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca11 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se demostró el daño antijurídico,
pues no se allegaron medios de prueba que permitieran establecer que la defensa
técnica estuvo indebidamente ejercitada en los procesos penales. Precisó que los
testimonios no daban cuenta de la certeza del daño, no conocían a la señora
Becerra Saldarriaga, ni tenían conocimiento de los delitos imputados a los
procesados, sin considerar, además, que sus dichos fueron de oídas.
17.El Tribunal hizo énfasis en que el daño era eventual, pues la evidencia mostraba
que a varios de los demandantes se les precluyó la investigación, otros fueron
absueltos y suscribieron pre-acuerdos, al paso que varios tuvieron otros defensores
de oficio o incluso nombraron apoderado de confianza, razones suficientes para
considerar la ausencia del referido menoscabo12.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
18. En su apelación13, la parte actora cuestionó que el a quo erró al considerar que
no había daño, pues este devino del quebrantamiento de la confianza legítima de
los procesados cuando se demostró su falta de defensa técnica. Por esta razón, no
tenían el deber jurídico de soportar que la Defensoría del Pueblo les designara un
defensor que no estaba autorizado para ejercer como abogado, máxime cuando la
mayoría eran desconocedores de tal situación.
19. Discutió que el a quo se equivocó al valorar las pruebas testimoniales, pues
omitió buscar “puntos de convergencia” en los dichos para establecer la vulneración
a la confianza legítima y el perjuicio moral que produjo el irregular funcionamiento
de la Defensoría del Pueblo. También, debatió que no se discurrió acerca de la falla
en el servicio derivada de la indebida contratación de una persona que no era
profesional del derecho.
20. Al pronunciarse sobre el recurso14, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial
insistieron en los argumentos esbozados a lo largo del proceso, mientras que el
Ministerio Público guardó silencio. Por su parte, la ANDJE mencionó que el recurso
no presentó un reparo concreto contra el fallo de instancia, pues pretendió modificar
la causa de la demanda, la que estaba relacionada con la falta de idoneidad de la
defensora pública sin que esta situación se hubiera vinculado a una vulneración a
la confianza legítima15.
III. CONSIDERACIONES
21. Para la Sala la sentencia de primera instancia debe ser confirmada 16, por lo
que se permite resaltar varios hechos probados para fundamentar su decisión, así:
11 Índice 34 del Samai del Tribunal.
12 Esto lo concluyó en relación con algunos de los miembros del grupo, dado que no obraban elementos de
prueba suficiente para establecerlo respecto de cada uno.
13 Índice 39 del Samai del Tribunal.
14 En los términos del art. 12 de la Ley 2213 de 2022, se corrió traslado del recurso de apelación a las partes y
al Ministerio Público, mediante auto del 31 de julio de 2024. Índice 29 del Samai.
15 Índices 27, 34 y 35 del Samai.
16 En los términos de la causa petendi, el daño se atribuye a la indebida representación que tuvieron los procesos
representados por la señora Becerra Saldarriaga, mismo del que se tuvo noticia en el mes de “noviembre de
2014” cuando el Registro Nacional de Abogados certificó que no contaba con el título para ejercerlo. Por lo
4
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Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
22. La señora Myriam Becerra Saldarriaga, mediante tutela, alegó que a pesar
de haber aprobado todas las materias del pensum de derecho, el consultorio jurídico
y tres exámenes preparatorios, los altos costos de los exámenes preparatorios le
afectaban sus derechos al trabajo e igualdad. Por ello, el Juzgado Décimo Penal del
Circuito de Cali en sentencia del 4 de julio de 2003, confirmó el fallo de primera
instancia que concluyó que se le estaban exigiendo requisitos adicionales a los
estipulados por la ley, por lo que ordenó al ente universitario realizar los trámites
para concederle el título17.
23. A través de la sentencia T-1127 del 27 de noviembre de 2003, la Corte
Constitucional revocó las decisiones que habían amparado los derechos que le
concedieron el título de abogada a la señora Becerra Saldarriaga. La decisión
ponderó la autonomía universitaria con los derechos que alegó fueron vulnerados,
para concluir que no era una exigencia que trasgrediera la Ley.
24. Para la Sala está demostrado que la Defensoría del Pueblo, a través de la
resolución 1622 del 11 de noviembre de 2014, liquidó unilateralmente el contrato de
servicios profesionales que había suscrito con la señora Becerra Saldarriaga, cuyo
plazo se había pactado por 12 meses, entre el 1° de octubre de 2014 y el 30 de
septiembre de 2015. La causa de la terminación se consignó por la “imposibilidad”
de que la contratista continuara ejecutando el contrato debido a que su tarjeta
profesional había sido cancelada18.
25. En el expediente obra el oficio 1330 del 4 de noviembre de 2014, mediante
el cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
certificó que la señora Becerra Saldarriaga no estaba inscrita como abogada; no
obstante, dejó constancia de que fue titular de la tarjeta profesional 123823,
expedida el 28 de julio de 2003, pero que a la fecha “no se encuentra vigente por
tener la tarjeta cancelada”19.
26. También obra el listado del módulo de gestión de procesos de la Defensoría
del Pueblo, en el que constan los sumarios en los que fue asignada como defensora
de oficio a la señora Myriam Becerra Saldarriaga, entre el periodo de 1° de enero
de 2005 hasta el 12 de diciembre de 201420 -aproximadamente 142 procesos-. Entre
otros, se observa que a la fecha del reporte la mayoría de ellos se encontraban
inactivos, los sumarios se iniciaron por delitos como lesiones culposas, hurto,
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio, inasistencia
alimentaria, constreñimiento y estafa. En la columna de “actuación” se dejó
consignado que en varios de ellos “no hubo objeción, solicitud de suspensión de la
audiencia, participar en la verificación del allanamiento y/o preacuerdo, recuso
contra la decisión de decretar prueba de oficio, no oponerse a la declaratoria de
persona ausente”21.
anterior, la demanda presentada el 10 de junio de 2016 fue oportuna, pues se presentó dentro del término de 2
años establecido en el literal h, numeral 2° del art. 164 del CPACA.
17 El expediente digital obra al índice 46 del Samai del Tribunal.
18 Folios 36 a 37 del cuaderno del Tribunal.
19 Folio 138 del cuaderno del Tribunal.
20 Entre los procesados se encuentran, entre muchos otros, los señores Héctor Fabio Torres, Doris Tatiana
Concha Figueroa, Lloyd Erick Mena Cometa, Efraín Lozano Figueroa, César Augusto Villafañe Pérez, Jairo
Andrés España, Duban Andrés Jaramillo Damian, Andrés Felipe Rivas Vásquez, Jhonatan Luligo Mabuscay,
Alonso de Jesús Escalante Villa, Didier Alberto, Gaviria Chito, Elkin David Rondón, Sandra Viviana Ortega
Hurtado, Estefanía Ruiz Moreno, José Yilber Ríos Rincón, Erika Caicedo González, Brenda Tatiana Mallarino
Mosquera, José Edilberto Grisales Ramírez, Luis Albeiro Cabrera Cruz, Herney Libardo Velásco,Edwin Stwiney
Castañeda Marín, Rubiela Carabali Quintero, Fernando Montezuma Flórez, Jhon Daniel Sandoval Valencia,
Arcesio Bastidas Narváez, etc.…
21 Folios 41 - 49 del cuaderno del Tribunal.
5
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Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
27. Está demostrado que la señora Becerra Saldarriaga fue denunciada
penalmente por la Defensoría del Pueblo el 14 de noviembre de 201422 . Igualmente,
tal y como se constató con los certificados de 4 de septiembre de ese mismo año
de la Procuraduría, Contraloría, Consejo Superior de la Judicatura y la Policía
Nacional, la citada ciudadana no contaba con sanciones disciplinarias, fiscales,
penales, y la tarjeta profesional que había presentado para ser contratada, estaba
vigente23.
28. La prueba también muestra que la señora Becerra Saldarriaga ejerció como
defensora de oficio vinculada a la Defensoría del Pueblo y que, por virtud de esa
vinculación, entre los años 2005 a 2014 actuó como tal en al menos 142 procesos
penales. Solo hasta el año 2014 la entidad pública se percató de la ausencia de la
tarjeta profesional, pues en los registros de varias autoridades hasta ese instante -
septiembre- aparecía con dicha tarjeta vigente.
En relación con los procesos penales
29. En sentencia de 5 de junio de 2012, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Cali, condenó al señor Jhon Edwin Girón Solarte, a la pena privativa de la libertad
de 48 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, dado que hubo allanamiento a cargos. Dicha decisión fue
confirmada en segunda instancia el 30 de agosto de ese mismo año 24. El sindicado
tuvo defensor de confianza, el señor Luis Fernando Ortega, dos años antes de
conocerse la irregularidad de la señora Becerra Saldarriaga25.
30. En sentencia de 18 de agosto de 2016, el Juzgado Diecinueve Penal del
Circuito de Cali condenó al señor José Alirio Cuero Angulo a la pena privativa de 32
meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la
cual se produjo por virtud de un preacuerdo26.
31. En oficio 745 del 19 de abril de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Vijes informó que el proceso por el delito de lesiones personales dolosas llevado en
contra del señor Duvan Andrés Jaramillo Damian culminó con preclusión, pero que
no contó con defensor de confianza. En oficio 746, certificó que el señor Héctor
Fabio Torres no contó con defensor de confianza, pero tuvo la defensa de oficio
ofrecida por el abogado Ferley Oliveros Melo y el proceso culminó con absolución27.
32. En la declaración del señor Fabián Satizabal Campáz28 manifestó conocer al
señor Héctor Fabio Torres, y dijo que fue su conocido el que le “comentó” que tuvo
una abogada que no era idónea para defenderlo, pero no sabía sobre el delito por
el cual se le investigó; adujo no conocer a la señora Myriam Becerra Saldarriaga y
no sabía si ella fue o no quien lo representó.
33. El testigo José Hernando Solarte Velasco, quien dijo conocer al señor Héctor
Fabio Torres, manifestó que sabía por “comentarios en la familia” que la abogada
22 Folios 182 - 206 del cuaderno del Tribunal.
23 Folios 134 – 137 del cuaderno del Tribunal.
24 Folios 5 – 16, 17-37 del cuaderno del Tribunal.
25 Folios 18 – 20 del cuaderno 1 del proceso penal del señor Girón Solarte.
26 Folios 123-129 del cuaderno del Tribunal.
27 Folios 211 – 212, 213 – 214 del cuaderno del Tribunal.
28 Audiencia de pruebas del 20 de junio de 2017. Recepción de testimonios de los señores Fabián Satizabal
Campáz, Carlos Emilio Rodríguez y José Hernando Solarte. Acta de audiencia obrante a folios 226 – 229 del
cuaderno del Tribunal.
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Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
“no era apta para llevar el caso porque estaba inhabilitada”, pero no sabía cuál fue
el proceso penal en el que se le vinculó. Afirmó no conocer a la señora Myriam
Becerra Saldarriaga ni sobre sus actuaciones como defensora de oficio.
34. En el testimonio del señor Carlos Emilio Rodríguez Estrada, dijo conocer al
señor Héctor Fabio Torres, y que por sus dichos manifestó que fue representado
por una abogada “no apta”, pero que no sabía sobre el proceso penal por el que se
le investigó; tampoco conocía a la señora Myriam Becerra Saldarriaga.
35. A juicio de la Sala, si bien en un principio es posible considerar los testimonios
como de oídas al tiempo que sospechosos, por su relación con el señor Héctor
Fabio Torres, y que por ello pueda deducirse algún grado de interés en las resultas
del proceso para reducir su credibilidad, ciertamente sus dichos no introducen
ningún aspecto relevante a la contienda, en la medida en que no solo se limitaron a
reiterar la situación de uno de los integrantes del grupo, sino que no sabían las
resultas del proceso penal ni conocían a la señora Becerra Saldarriaga 29.
36. En suma, en el sub examine obran solo los sumarios penales de los señores
Jhon Edwin Girón Solarte, José Alirio Cuero Angulo y Jhony Fernández Holguín 30,
respecto de los cuales, en relación con el primero, se demostró que culminó por
allanamiento y lo representó un abogado de confianza. El segundo y tercero,
suscribieron preacuerdo. En lo que hace al señor Héctor Fabio Torres éste fue
absuelto y lo representó un defensor de oficio, pero no fue la señora Becerra
Saldarriaga. Respecto del señor Duván Andrés Jaramillo el sumario punitivo culminó
con preclusión31.
37. Para este cuerpo colegiado es relevante que en ninguno de los procesos
penales tuvo injerencia la defensora de oficio sin título, pues de ellos se establece
que culminaron de manera favorable a los sindicados y/o ejercitaron actuaciones
con el ánimo de beneficiarse en relación con la pena, incluso uno de ellos tuvo
defensor de confianza.
La causa uniforme
38. A partir de la demanda y las pruebas recaudadas, para la Subsección no
existe fundamento fáctico ni causal que permita vincular al grupo con un causa única
y concreta del supuesto daño, por lo que materialmente no se encuentra legitimado
para conformar el extremo activo según lo alegado y controvertido32. Esta
circunstancia amerita la confirmación del fallo de primera instancia, pero por la razón
antes indicada y que pasa a explicarse a continuación.
29 Código de General del Proceso. Artículos 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba. Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá
tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas (…) El juez analizará el testimonio en el momento de
fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
30 Se deja constancia de que fue representado por la defensora de oficio, señora Clara Inés Cuero Obregón.
31 Vale precisar que esta prueba no fue solicitada en la demanda, estos procesos penales fueron decretados y
traídos al procesos por solicitud de la Defensoría del Pueblo en la contestación de la demanda. En relación con
los demás investigados no obran los procesos penales en el expediente.
32 De conformidad con el art. 282 del CGP, el operador judicial en cualquier tipo de proceso debe declarar
oficiosamente las excepciones, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa.
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Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
39. La demanda delimita el grupo afectado en relación con aquellas personas -y
sus familiares- que fueron afectadas en su confianza legítima al verse privados de
una adecuada defensa técnica como consecuencia de la designación irregular de la
señora Becerra Saldarriaga como defensora de oficio. Esta situación se extendió
entre los años 2005 a 2014 y afectó a los 142 sindicados en cada uno de sus
procesos penales, respectivamente.
40. Frente a los hechos dañosos y el daño, en este caso se aludió por igual, a la
indebida vinculación a la Defensoría del Pueblo de la señora Becerra Saldarriaga
como consecuencia de la omisión en la verificación de información relacionada con
su título de abogada y, respecto de la Rama Judicial, por dejarla ejercer ante los
estrados judiciales33.
41. Como se narró, la uniformidad de los hechos del grupo se originó en el
indebido ejercicio de la abogacía de quien fungió como defensora de oficio; sin
embargo, este no sería el único supuesto fáctico a considerar para tal fin, pues es
evidente que cada uno de los integrantes del grupo -142 procesos- fue objeto de
una investigación autónoma e independiente con resultados disímiles.
42. Para la Subsección el hecho generador del daño no es uniforme al grupo,
porque si bien pueden compartir en principio el supuesto frente a la ausencia de
título de abogada de la defensora de oficio, ciertamente deben tenerse en cuenta
las actuaciones que desplegó en cada proceso penal y las respectivas
consecuencias jurídicas para los procesados. En esa línea argumentativa, el libelo
introductorio hizo consistir su pretensión resarcitoria en un único hecho dañoso
cuando hay una pluralidad de ellos que no son coincidentes entre sí.
43. Es así como cada proceso presentó hechos particulares que no podrían
presentarse estrictamente en otro, en tanto tuvieron una multiplicidad de
tratamientos y actuaciones que confluyeron que en muchos de ellos ni siquiera la
señora Becerra Saldarriaga actuó o tuvo incidencia. Dicha situación desconoce que
cada proceso penal significó una causa que se manifestó de forma disímil, por lo
que rompe con el parámetro de la causa común.
El daño y la causalidad
44. Igualmente, en este caso se confundió el hecho dañoso con el daño, pues
este último supone la pérdida acaecida como consecuencia de aquella lesión de un
derecho o interés jurídicamente tutelado34, sin que en este proceso pueda
identificarse el primero de ellos como una situación común y uniforme al grupo.
45. Así, el daño, como consecuencia de la ausencia de la defensa técnica,
estaría supeditado a la existencia o no de una incidencia causal en función de las
resultas de los procesos penales sobre lo que no hay prueba, ya que algunos
33 “Primero. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Defensoría del Pueblo y Nación-Rama
Judicial, de todos los daños y perjuicios materiales e inmateriales que se le han ocasionado a cada uno de los
demandantes como consecuencia de la omisión en la verificación de los requisitos de idoneidad profesional que
deben cumplir los defensores públicos del Estado. (…) Octavo. CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales
y extrapatrimoniales (…) por los daños ocasionados al grupo de los 137 procesados [142 – 5 que integraron
inicialmente la acción de grupo] quienes en su mayoría desconocen la irregularidad en su defensa técnica, la
suma de 102750 SMLMV (…)”. Folio 16 de cuaderno de primera instancia.
34 Luis Guillermo Serrano Escobar y Claudia Patricia Tejada Ruiz, La responsabilidad patrimonial del Estado
(Bogotá: Editorial Doctrina y Ley Ltda., 2017), 6.
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Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
procesados fueron absueltos, al paso que a otros se les precluyó la investigación o
fueron beneficiados por vencimiento de términos. Esto demuestra que cada caso
reclamaba un estudio individual e independiente para determinar si la ausencia del
título de la señora Becerra Saldarriaga fue la que provocó el menoscabo del derecho
a la defensa técnica, y que, de haberlos representado un profesional del derecho
sin tacha, su situación procesal habría sido diferente.
46. Además, los procesados penales no se sirven de las mismas pruebas en este
caso, de manera que probar únicamente la ausencia del requisito para ejercer como
defensora de oficio no es suficiente para determinar su incidencia en cada uno de
aquellos sumarios punitivos.
47. De la mano con lo dicho, la Sala recuerda que la causa del daño implica
valorar una situación ex-ante, que se determina como la causa más probable -
eficiente y determinante- del daño, la que en el presente caso no se asoma, pues la
afectación a la defensa técnica solo puede surgir en función del análisis de las
múltiples actuaciones de los procesos penales. Por esta razón, no se encuentra una
conexión entre el menoscabo colectivo que se alega y su causa.
48. Vale resaltar que la demanda aludió a que cada uno de los 142 procesados
carecían de recursos para tener un defensor de confianza y que por ello habían
depositado su confianza legítima en la Defensoría del Pueblo para que les nombrara
un defensor de oficio, circunstancia que carece de prueba, pues no solo se demostró
que algunos sí nombraron su defensor de confianza, sino que revela una situación
adicional como es la de que la causa de cada uno de los sumarios difiere frente a la
actuación del extremo demandado en este caso.
49. Bajo ese contexto, aunque respecto de la mayoría de los investigados
penalmente no obra el proceso penal en este expediente, aún si hubieran sido
representados por la señora Becerra Saldarriaga, tales actuaciones se debieron
referir a hechos, daños y causa distintas con circunstancias de tiempo, modo y lugar
diferentes35. Dicha situación evidencia que la causa común no confluye en la falta
del título, sino las actuaciones que de manera particular pudo haber adelantado la
citada ciudadana en desmedro de los derechos de los agenciados, lo que conduce
a un análisis particular, caso por caso, sin posibilidad de que la sola verificación del
acto de apoderamiento en una persona con cuestionamientos en su titulación como
abogada, constituya la causa común.
50. En suma, no existe uniformidad en los hechos dañosos, porque la ausencia
de defensa técnica debe conectarse con aquellos supuestos fácticos ocurridos en
los sumarios penales, debido a que las consecuencias de cada de uno de ellos
variaría y así mismo configuraría un daño de forma disímil. Por ello, los hechos
dañosos tampoco compartirían un mismo nexo causal con cada uno de los
miembros del grupo, el cual ameritaba un análisis de responsabilidad patrimonial
35 Por ejemplo, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, exp. 68695, auto de 19 de julio de 2023, M.P.: Guillermo Sánchez Luque. “Como cada víctima
sufrió el presunto daño en circunstancias de tiempo, modo y lugar distintas, los miembros del grupo no tienen
condiciones similares respecto de esa causa y no es posible una decisión unitaria de la controversia”.
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Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
concreto y particular, pues mal se haría en determinarlo con uno solo de aquellos
casos con efectos colectivos.
51. Es importante destacar que se trata de un caso en el cual establecer la
irregularidad en la contratación que pudiere efectuar la Defensoría del Pueblo no
era el único supuesto a considerar para concluir en una imputación fáctica y jurídica,
pues para ello debían evaluarse circunstancias particulares del trámite y las
providencias dictadas en los procesos penales y, por tanto, la presunción de acierto
que de ellas emana. Más allá de un número plural de demandantes, no se está ante
un grupo vinculado por una causa común, pues como cada integrante del grupo es
destinatario de una posible falla del servicio diferente, la individualidad jurídica de
cada uno de ellos impide que su aglomeración conforme un grupo con una misma
causa.
52. Finalmente, en este caso tampoco habría lugar a establecer un análisis de
acumulación subjetiva de pretensiones, pues no es procedente cuando no existe
una misma causa, objeto, relación de dependencia que se sirvan de las mismas
pruebas, de conformidad con el art. 88 del CGP, como ampliamente se narró.
53. En ese orden de ideas, no es posible deducir una identidad del grupo
respecto de su causa, en tanto que:
● No existen hechos uniformes respecto de la causa. Cada uno de los
procesados tenía situaciones fácticas y de derecho diferentes e, igualmente,
circunstancias múltiples que afectaron el tránsito del proceso penal. Así
mismo, los procesados no se sirven de las mismas pruebas.
● No existe causa única. Cada proceso penal en sí mismo representaba una
causa autónoma, pues su culminación difería en función de varios factores,
tales como: el tipo de delito, sus agravantes, los sujetos procesales, los
hechos que motivaron la investigación, etc.... Incluso, en algunos de ellos se
profirieron decisiones absolutorias, preclusivas o de otra naturaleza.
● Dado que las providencias judiciales penales respecto de cada uno de los
procesados ostenta la presunción de acierto, no es posible establecer
causalmente si la defensa técnica incidió o no en las decisiones, máxime
cuando se tiene en cuenta que la mayoría de ellas -las probadas- les fueron
favorables.
● Los hechos generadores del supuesto daño tienen génesis en situaciones
particulares no colectivas que, si bien tienen cierto grado de relación con el
actuar indebido de alguien que fungió como abogada, es evidente que no
configura una característica uniforme que permita resolverlas conjuntamente.
54. Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada que dispuso negar las
pretensiones de la demanda.
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Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Condena en costas
55. En materia de costas en el medio de control de perjuicios causados a un grupo
habrán de aplicarse las disposiciones del Código General del Proceso, por
disposición expresa del art. 68 de la Ley 472 de 1998. Así, el numeral 1° del artículo
365 de la Ley 1564 de 2012, dispone que se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso o a quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja o súplica que haya propuesto36. Además, de acuerdo con el art. 366
ibidem las costas se liquidarán de manera concentrada por el juez que haya
conocido del proceso en primera o única instancia37.
56. El artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia,
así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4° del
artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 6° del Acuerdo
1887 de 200338.
57. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del C.G.P., la condena en
costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la
parte a la que se imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se
determina con fundamento en un criterio netamente objetivo39.
36 “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…)”.
37 C.G.P. ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por
el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto
en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias
de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos
por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez,
aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga
a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva
providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso.
38 Aplicable en consideración a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 10 de junio de 2016. Se
precisa que el Acuerdo PSAA16-10554 tuvo vigencia a partir del agosto 5 de ese mismo año.
39 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe,
o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya
propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las
costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena
incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción
en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
58. En consecuencia, dada la ausencia del grupo, únicamente se condenará en
costas a aquellos que presentaron inicialmente la demanda, esto es, los señores
Jhon Edwin Girón Solarte y otros40, al pago de costas y agencias en derecho, en
atención a las reglas aplicables en la materia, dado que por virtud de la ley opera
en contra de la parte vencida en el recurso. Se fija como agencias en derecho a su
cargo la suma equivalente a un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia y a favor de la parte demandada en concordancia con lo dispuesto por el
numeral 3.2. del Acuerdo 1887 de 200341.
59. Como en este caso la parte demandante se encuentra integrada en forma plural,
la condena en costas será pagada por cada uno de ellos, en función de su interés
particular en las resultas del proceso, según dispone el numeral 6° del artículo 365
del CGP, de la siguiente manera:
Demandante Pretensión del proceso Porcentaje
Jhon Edwin Girón Solarte 550 SMMLV 12,94%
Alejandra Girón Gallego 100 SMMLV 2,35%
Aleyda Solarte Medina 100 SMMLV 2,35%
Eduar Alexis Muñoz Solarte 100 SMMLV 2,35%
Mileidy Girón Solarte 100 SMMLV 2,35%
Sergio Javier Muñoz Solarte 100 SMMLV 2,35%
Jhonny Fernández Holguín 550 SMMLV 12,94%
Duvan Andrés Jaramillo Damián 550 SMMLV 12,94%
Lina Marcela Baena Villafañi 100 SMMLV 2,35%
Samuel Jaramillo Baena 100 SMMLV 2,35%
Nancy Damián Bravo 100 SMMLV 2,35%
John Eider Jaramillo Damián 100 SMMLV 2,35%
Carlos Estevan Jaramillo Damián 100 SMMLV 2,35%
Angie Katherine Jaramillo Damián 100 SMMLV 2,35%
Héctor Fabio Torres 550 SMMLV 12,94%
Eneine Andrea Agudelo Ríos 100 SMMLV 2,35%
Juan José Torres Agudelo 100 SMMLV 2,35%
Olga Torres 100 SMMLV 2,35%
Adriana María Muñoz Torres 100 SMMLV 2,35%
José Alirio Cuero Angulo 550 SMMLV 12,94%
Total 4250 SMMLV 100%
IV. PARTE RESOLUTIVA
60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el 19 de enero de 2022, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a los actores que
interpusieron la demanda, en favor de las entidades públicas demandadas en la
suma de un (1) SMMLV. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el
Tribunal a quo y teniendo en cuenta los porcentajes señalados en la parte motiva
de esta sentencia a cargo de los demandantes.
40 Aleyda Solarte Medina, Mileidy Girón Solarte, Sergio Javier Muñoz Solarte, Alejandra Girón, Eduar Alexis
Muños Solarte, Jhonny Fernández Holguín, Duvan Andrés Jaramillo Damián, Lina Marcela Baena Villafañi,
Nancy Damián Bravo, John Eider, Carlos Estevan, Angie Katerine Jaramillo Damian, Samuel, Valeria Jaramillo
Baena, Héctor Fabio Torres, Eneine Andrea Agudelo Ríos, Olga Torres, Adriana María Muñoz Torres, Juan
José Torres Agudelo y José Alirio Cuero Angulo.
41 “3.2. Acciones populares y de grupo. (…) Segunda instancia. Hasta un (1) salario mínimo mensual legal
vigente”.
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Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)
Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
TERCERO: REMITIR copia de la presente providencia a la Defensoría del Pueblo,
de conformidad con el art. 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
13
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