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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2015-02094-01

Integración del grupo: inexistencia de condiciones uniformes respecto de una

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2015-02094-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone: DECLARAR improcedente la acción de reparación de los perjuicios causados a un grupo promovida en el asunto de la referencia. SEGUNDO: SIN condena en costas TERCERO: REMITIR copia de esta sentencia al registro público centralizado de acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo. 47 Sobre la declaratoria de improcedencia de la acción ante la ausencia de causa común, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 30 de agosto de 2024 (expediente AG 69.510) CP. María Adriana Marín; del 26 de septiembre de 2025 (expediente: AG 70.826) CP: Fernando Alexei Pardo; En igual sentido se tiene, Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de julio de 2025 (expediente: AG 69.981) C.P. Alberto Montaña Plata. 35 Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318) Actor: Angelmiro Jiménez y otros Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2015-02094-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01 (69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional-
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Temas: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO - Daños
causados por desplazamiento forzado / IMPROCEDENCIA POR INDEBIDA
INTEGRACIÓN DEL GRUPO – Inexistencia de condiciones uniformes respecto de una
misma causa común que generó perjuicios individuales – La evolución de la jurisprudencia
y los lineamientos establecidos en la sentencia de unificación del 10 de junio de 2021
conducen a considerar que las condiciones uniformes respecto a una misma causa común
previstas en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 constituyen un requisito esencial
para la procedencia de la acción de grupo, en lo relativo a la conformación e integración
del grupo demandante y en consecuencia, de la determinación de la legitimación material
en la causa por activa – CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES
UNIFORMES RESPECTO DE UNA CAUSA COMÚN - Para el establecimiento de este
requisito se debe identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y
determinar si éstos son uniformes para todo el grupo y mediante el análisis de la teoría de
la causalidad adecuada determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo nexo de
causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo – el resultado de ese análisis
debe ser la identidad de grupo, entendido como una pluralidad de personas que sufren
daños originados en hechos comunes a todos – si no se obtiene esta identidad debe
concluirse la inexistencia del grupo y la improcedencia de la acción por indebida
conformación y de contera la ausencia de legitimación material / FALTA DE
LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR ACTIVA - la legitimación material implica
el interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto, si no se evidencia ese interés las
pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar / CONDENA EN COSTAS – No
procede por tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda.

Se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por el desplazamiento forzado
del cual fueron víctimas los demandantes por cuenta de los hechos de violencia
que afrontó el municipio de la Palma, perteneciente a la provincia de Rionegro en
Cundinamarca.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 10 de agosto de 2023, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda presentada el 20 de octubre de 2015, por los

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

señores Angelmiro Jiménez y otros, en contra de la Nación –Ministerio de Defensa,
Ejército y Policía Nacional.

2.La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las
que el Tribunal se pronunció es, la siguiente:

Pretensiones

3.Reclamó el grupo demandante1 la declaratoria de responsabilidad y la
consecuente indemnización de perjuicios morales, perjuicio por alteración a las
condiciones de existencia, daños a bienes convencional y constitucionalmente
amparados2 y, perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante vencido y
consolidado3.

Hechos

4.Como hechos generales, se narró que el municipio de la Palma fue centro de
desarrollo de la región por su ubicación estratégica respecto de la capital de la
República; sin embargo, la presencia de grupos armados al margen de la ley, en
concreto, guerrillas y paramilitares que se disputaban el control de la zona,
desencadenó hechos de violencia sistemática y generalizada (enfrentamientos,
desapariciones forzadas, muertes colectivas y selectivas, violaciones y
secuestros), lo que obligó a los habitantes distribuidos en las zonas urbana y rural
a desplazarse de manera forzada hacia otros territorios, siendo el pico más alto
del desplazamiento el 15 de septiembre de 2002.

5. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 1º
de septiembre de 20144, reveló cómo se desató esa violencia sistemática5 y los
grupos paramilitares operaban conjunta y coordinadamente con las fuerzas
militares. Se refirió a las versiones rendidas por el comandante de las
Autodefensas Bloque Cundinamarca ABC y ex militantes de esa organización
rendidas en los años 2007, 2010, 2013 y 2014, de las que extrajo que los
paramilitares contaban con el apoyo del Estado para su actuar criminal y que
utilizaban uniformes de uso privativo del Ejército para sus operaciones.

6. La decisión de esa Sala también permitió conocer que la provincia de Rionegro
en Cundinamarca presentó un fenómeno de despojo y abandono de tierras, y que
los municipios que la integraban -El Peñón, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí,
Villagómez y Yacopí, y en particular, el municipio de la Palma- se presentó una

1 Al referirse sobre los hechos particulares que motivaron el desplazamiento, se discriminarán a los actores que

integran los respectivos grupos demandantes. Se aportaron a la demanda los poderes conferidos por cada
demandante en favor del abogado Jesús Abel Quintero Ramírez, a quien, en auto admisorio de la demanda del
10 de mayo de 2013 (folio 3.413 del cuaderno 1), se le reconoció personería para actuar en representación del
grupo.
2 En cantidad de 300 SMLMV para cada uno de los demandantes por grupo familiar, respectivamente.
3 Correspondientes al valor de los ingresos dejados de percibir desde la fecha en que se materializó el

desplazamiento forzado respecto de cada uno de los integrantes del grupo y hasta la fecha de presentación de
la demanda.
4 En el marco del proceso penal seguido bajo la radicación interna 2319, en contra de exmilitantes de las

Autodefensas del Bloque Cundinamarca ABC, entre ellos, el comandante Luis Eduardo Cifuentes Galindo.
5 Comprendió, al inicio, la hegemonía de las FARC en el territorio y, luego, la avanzada para recuperar el control

por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

2

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

reducción poblacional sin que la población desplazada hubiere podido retornar a
sus territorios.

7. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo6, en respuesta a los derechos de
petición presentados por los actores, reconoció la profunda crisis humanitaria que
afectó al municipio de La Palma, lo que le llevó a emitir diferentes alertas
tempranas entre 2002 y 2004, sin que las autoridades hubieran desplegado
acciones contundentes para mitigar la crisis.

8.Como hechos particulares, la demanda relacionó diferentes y variadas razones
que motivaron los desplazamientos de cada grupo familiar demandante.

Fundamento de derecho

9. Como fundamentos de derecho, expuso que las demandadas debían responder
patrimonialmente a título de falla del servicio por su omisión en el cumplimiento del
deber de garante de la población civil y por su anuencia y cooperación con el
paramilitarismo, lo que propició la situación de violencia sistemática que obligó a
los desplazamientos de la población7.

La defensa

10. La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, se opuso a las
pretensiones. Alegó como excepción la que denominó “inexistencia de condiciones
uniformes respecto de una causa común”, en tanto que los actores esbozaron
diversos móviles y razones que motivaron el desplazamiento por cada grupo
familiar, lo cual descartaba que se estuviera ante una misma causa común de
indemnización de perjuicios.

11. Recabó en que no había elementos de juicio que permitieran considerar que en

los desplazamientos de cada grupo demandante medió una actividad militar o que
tuvieron por causa la violencia propiciada por el paramilitarismo bajo la
cooperación y coordinación de las fuerzas militares, a lo que se sumó que ningún
militar fue procesado o condenado por esos hechos8. La demandada Policía
Nacional no contestó la demanda.

Etapa probatoria y alegaciones

12. En auto de 18 de septiembre de 2018, el a quo se pronunció sobre las
solicitudes probatorias9. Concluida esta etapa, corrió traslado al Ministerio Público

6 En respuesta al derecho de petición 20150014602 (folios 3.347 y ss del cuaderno 1).
7 Folios 1 a 446 del cuaderno 1.
8 Cuaderno “CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA” sin numeración, 177 folios sin numeración.
9Así: DEMANDANTE 1. Incorporó los documentos aportados con la demanda: derechos de petición dirigidos al

Ejército Nacional y Policía Nacional; respuestas a los derechos de petición 2015805040563141:MDN-CGFM-
COEJE-CEJEM-JEJIN-DIDEF de 23 de junio de 2015, 3588/MDN-CGFM-CE-CCON3-DIV6-FTJUP-BR12-
GMRIN-CJM-1.10 de 14 de agosto de 2015; oficio No. S-2015 030355/COMAN.GUGED 29.25 de 16 de agosto
de 2015; oficio No. S-2015 023778-COMAN-ASJUR 15.1 de 3 de julio de 2015; oficio No. S-2015 176441
SEGEGN-ASPEN 1.10 de fecha 22 de junio de 2015; oficio No. S-2015-237616/SEGEN-ASPEN 10.1 del 13 de
agosto de 2015; copia investigaciones penales SIJYP No. 539229 del 11 de febrero de 2014; oficio SIJYP No.
558479 del 24 de febrero de 2015: SIJYP 562292 del 23 de febrero de 2015; fotografías del municipio de La
Palma- Cundinamarca y del Alto de la Cruz; relatos de la población civil del municipio de La Palma-
Cundinamarca, frente a la violencia sistemática; sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá- Sala de

3

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

y a las partes para alegar de conclusión, oportunidad en la cual insistieron en sus
argumentos de acusación y de defensa. El Ministerio Público y la Policía Nacional
guardaron silencio.

La decisión de primera instancia
13. El Tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda. Indicó que lo pretendido

por los actores era la reparación colectiva de perjuicios originados por el
desplazamiento forzado que tuvo lugar en el municipio de la Palma, como
consecuencia de la violencia sistemática que afrontó la provincia de Rionegro
(Cundinamarca) atribuible a las demandadas por la omisión del deber de garante
y por el apoyo al paramilitarismo.
14. Sobre esa base, consideró que en el proceso se acreditó: (i) la condición de

víctimas de desplazamiento de cada uno de los demandantes, en tanto que se
aportaron los respectivos registros emitidos por la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas UARIV, en los que se les clasificó como
desplazados; (ii) el hecho que produjo el daño, es decir, la situación de violencia
sistemática e histórica que afrontó, entre otros municipios de la provincia de
Rionegro en Cundinamarca, el municipio de la Palma; (iii) que esa violencia tuvo
como origen la disputa del territorio y el control de actividades ilícitas por parte de
las guerrillas y grupos paramilitares que operaban en la región, lo que se pudo
observar a partir de lo diagramado en la sentencia emitida el 1º de septiembre de
2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá; (iv) desde el
contenido de esta misma decisión, se supo que los paramilitares que operaban en
esa región -Autodefensas Bloque Cundinamarca ABC- reconocieron ser los
autores del delito de desplazamiento de algunos pobladores del municipio de la
Palma -no demandantes en este proceso-, así como el abandono de tierras de los
pobladores, sin retorno a los territorios, dada la evidencia de reducción
poblacional; y, (v) la misma decisión permitió conocer que varios ex militares de
esa organización reconocieron que actuaban de manera conjunta y coordinada
con la fuerza pública.
15. Pese a lo anterior, el a quo señaló que se evidenció la ausencia de una causa

común, pues si bien en la demanda se dijo que el desplazamiento forzado de los
actores tuvo por causa la violencia sistemática propiciada por el abandono o
connivencia del Estado, lo cierto es que ese hecho no podía ser común a las
razones de orden personal e individual que motivaron a las víctimas a abandonar
sus territorios. De este modo, le correspondía a los demandantes probar que se

Justicia y Paz proceso 11001-22-52000-2014-00019-00, radicado: 2319; documentos de identidad de los
miembros de los respectivos grupos familiares; registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción;
certificaciones emitidas por el sistema VIVANTO; resoluciones expedidas por la UARIV; certificados de tradición
y libertad de inmuebles; declaraciones extra juicio sobre relaciones maritales; certificaciones emitidas por la
Personería del Municipio de la Palma y del municipio de Chía; certificaciones emitidas por el Hospital San Rafael
de Pacho; certificados de estudio; certificaciones SISBEN; documentos emitidos por la Red de Solidaridad
Social y certificaciones emitidas por el municipio de la Palma respecto de la calidad de funcionarios públicos. 2.
Ofició: -a la ONU para solicitar información relacionada con hechos de violencia en la Palma; A la alcaldía de
la Palma para que informara sobre investigaciones penales contra funcionarios por hechos de violencia; Al
Ejército a fin de que informara sobre su presencia en el municipio de la Palma. DEMANDADOS – Ejército
Nacional: 1. Incorporó el documento denominado “LOS GRUPOS PARAMILITARES EN BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA 1997 – 2005”, publicado por la Universidad del Rosario. 2. Ofició a la defensoría del Pueblo,
Alcaldía de la Palma, municipio de la Plata, Personería de la Plata y Gobernación de Cundinamarca para que
certificaran hechos de violencia entre 2000 y 2004 y solicitudes de protección elevadas por los demandantes.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

encontraban en las mismas condiciones de desplazamiento que los demás, es
decir, que ese abandono de tierras se dio en una misma fecha, por cuenta de una
misma acción violenta (amenazas, hostigamientos, masacres), que residían en la
misma vereda o casco urbano, que presentaron solicitud de protección, que la
acción violenta era conocida por las autoridades, que los demandantes tenían la
misma condición (tenedores o poseedores de tierras) o que tenían una misma
actividad productiva.
16. Nada de lo anterior concurrió, en tanto fueron múltiples y disímiles razones las

que motivaron el desplazamiento de cada grupo familiar, por lo cual no se
demostró que los demandantes se desplazaron por un hecho específico común,
sino que se trató de hechos que los afectaron de manera individual y personal que
se prolongaron durante 15 años (entre el 2000 y 2015). Luego, pese a que los
demandantes se presentaron como oriundos de la Palma, no demostraron de
manera individual y fehaciente su arraigo al municipio o que tuvieran una actividad
productiva, al menos similar o afín.
17. Aclaró que la acción de grupo no podía entenderse como la sumatoria de
pretensiones individuales con diferentes causas o la acumulación de múltiples
procesos judiciales, pues la acción debía tener una causa común imputable al
Estado por acción u omisión; así, no se podía considerar que el desplazamiento
forzado tuvo su origen en una causa común y, en esa medida no se cumplía el
requisito de procedencia de la acción, razón por la cual prosperaba la excepción
propuesta por la demandada.
18. A pesar de lo anterior, y sin otros análisis, procedió al estudio del daño y de la

imputación del daño que se le reprochó al Estado (Ejército y Policía Nacional
Ejército y Policía Nacional). Frente al daño, dijo que se probó la condición de
víctimas de desplazamiento de los demandantes según lo reportado por la UARIV,
pero sin que fuera imputable a las demandadas, en tanto que no se demostró la
falla alegada.
19. Dijo que si bien la Sala de Justicia y Paz condenó al paramilitar Luis Eduardo

Cifuentes por el delito de desplazamiento forzado de población civil y se exhortó a
las autoridades para que rindieran información de las investigaciones adelantadas
en contra de miembros de la fuerza pública por su colaboración con el
paramilitarismo, el Ejercito Nacional, en respuesta a los requerimientos del a quo,
informó que no hubo vinculación alguna del personal por esos hechos, a lo que se
sumó que la Defensoría del Pueblo informó que emitió dos alertas tempranas
(marzo y junio de 2002) relacionadas con la situación apremiante de violencia en
La Palma, pero ello no acreditaba la omisión de apoyo por parte de las fuerzas
militares reclamada por la población civil.
20. Sobre la omisión del deber de protección de la población civil, señaló que la

prueba demostró que el Ejército sí hizo presencia en la provincia de Rionegro en
aras de recuperar el control del orden público10.

10 Folios 4.279 a 4.364 cuaderno 1.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

II. EL RECURSO INTERPUESTO
21. La parte actora apeló la decisión. Para el efecto alegó que: (i) la causa común

del daño la determinó la omisión del Estado de asumir su posición de garante de
la población civil, contribuyendo a las acciones del paramilitarismo, lo que propició
el conflicto armado y la violencia sistemática que forzó al desplazamiento; (ii) se
acreditó la imputabilidad del daño al Estado a partir de la sentencia emitida por la
Sala de Justicia y Paz; y, finalmente (iii) se desconocieron los criterios de
flexibilidad probatoria cuando se trata de crímenes de lesa humanidad como el
desplazamiento forzado11.
22. Losargumentos expuestos serán detallados al resolver de fondo sobre el
recurso de apelación.

Alegaciones en segunda instancia
23. En la oportunidad para intervenir en esta instancia, la Policía Nacional dijo que

el daño no le era imputable ante la ausencia de prueba de que su acción u omisión
condujo de manera determinante al desplazamiento que alegan los actores.
Añadió que agotó todos los recursos que tenía a su alcance a fin de recuperar el
control del orden público en la provincia de Rionegro12.
24. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado solicitó confirmar la

decisión. Enfatizó en que la acción incoada resultaba improcedente, por cuanto los
miembros del grupo no reunían las condiciones uniformes respecto de una misma
causa, por lo que no se cumplió el requisito de procedencia previsto en el artículo
46 de la Ley 472 de 1998 y cuyo alcance definió el Consejo de Estado en sentencia
de unificación en la que fijó como regla jurisprudencial que en este tipo de acciones
se debía identificar el hecho generador del daño y determinar si era uniforme a la
totalidad del grupo; luego, desde un estudio de causalidad adecuada, se debía
establecer si ese hecho tenía el mismo nexo de causalidad con los daños
alegados, resultado de lo cual debía advertirse la identidad del grupo, pues de lo
contrario la acción era improcedente.
25. Aclaróque para establecer la existencia de una causa común, se debía
determinar si el hecho que generó el desplazamiento forzado fue el mismo; sin
embargo, como lo indicó el a quo, en este caso no se presentaron las condiciones
uniformes, ya que el desplazamiento de los actores tuvo origen en diferentes
móviles que se prolongaron durante más de 15 años, de modo que el hecho
generador del daño no comparte las mismas circunstancias de tiempo, modo y
lugar.
26. Sostuvo que la flexibilidad probatoria no puede emplearse para liberar a la parte

de la carga de probar los supuestos de imputación del daño.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

27. Surtido el trámite procesal, sin que se observe causal de nulidad o vicio que

impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

11 Folios 4.375 a 4.693 del cuaderno 1.
12 Índice 21 aplicativo SAMAI.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Objeto de la apelación

28. Considerando la ratio decidendi de la sentencia y lo expuesto en el recurso,

resulta necesario referirse a las condiciones uniformes respecto de una misma
causa común generadora del daño.

29. Para este propósito se discurrirá sobre el contenido y alcance del presupuesto

de procedencia previsto en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, frente a las
condiciones uniformes respecto de una causa común de indemnización de
perjuicios y el efecto procesal que implica la ausencia de este requisito al momento
de emitir la decisión de fondo.

Sobre las condiciones uniformes respecto de una misma causa generadora
de perjuicios como requisito de procedencia de la acción de grupo - Evolución
jurisprudencial

30. En virtud de lo previsto en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 13 y 145 de

la Ley 1437 de 201114, las acciones de grupo –o medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo- comprenden aquellas demandas interpuestas
por un número plural o conjunto de personas -20 o más- que reúnen condiciones
uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales.

31. Esta Corporación se ha acercado a la expresión “condiciones uniformes” de

distintas maneras. En un primer momento15, la Sección Tercera -sentencia del 2
de febrero de 2001-, dijo que uno de los requisitos para la procedencia frente a la
conformación del grupo, atendía a las “condiciones uniformes”. Por efecto útil,
sostuvo que esa expresión hacía referencia a las condiciones prexistentes o
situación común para conformar el grupo -20 personas- que permitía identificarlas
antes de la ocurrencia del daño y que debían existir respecto de los elementos que
configuraban la responsabilidad.

13 Marco que reguló el ejercicio de las acciones constituciones populares y de grupo. Si bien, la Ley 1437 de

2011 incorporó este tipo de acciones dentro de los medios de control -artículo 144- y reguló aspectos atinentes
a su competencia -artículo 155 numeral 11-, estas disposiciones no derogaron el marco legal sustantivo
contenido en la primera de estas normas.
“Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de
personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales
para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos
que configuran la responsabilidad.
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los
perjuicios”.
“Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas
por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma
causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también
lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad.
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de
los perjuicios”.
El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas”.
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-599-04.
14 ARTÍCULO 145. REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO. Cualquier persona

perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de
una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios
causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 2001 (expediente AG-017). Consejero:

Alier Eduardo Hernández Enríquez

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

32. En sentencia del 22 de enero de 200416, consideró que si los perjuicios
reclamados por los integrantes del grupo provenían de diferentes hechos, los
demandantes carecían de legitimación en la causa para ejercer la acción de grupo,
en tanto que “… la diversidad de causas implica la improcedencia del trámite
especial previsto para este tipo de acciones”. Posteriormente, en sentencia del 10
de junio de 200417 precisó que la noción de unidad de causa no hacía alusión a la
existencia de un solo hecho a partir del cual se pudiera estructurar el daño, sino
de la unidad que pueda predicarse de la conducta o conductas imputables al
extremo pasivo de la pretensión resarcitoria.

33. En sede de control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional en

sentencia C-569 de 200418 cuestionó ese entendimiento para señalar que esa
preexistencia propiciaba limitaciones injustificadas a la igualdad de acceso a la
administración de justicia, “al establecer una diferencia de trato en consideración
al factor de la preexistencia del grupo, lo que implica la privación, para las personas
no preagrupadas, de todas las ventajas procesales que caracterizan dichas
acciones”.

34. En esa oportunidad, la Corte también dijo que la exigencia de uniformidad en

todos los elementos que configuraban la responsabilidad contenida en los artículos
3 y 46 de la Ley 472 de 1998, imponía una carga desproporcionada a los
accionantes, pues desconocía las situaciones en que hubiere daños diferenciables
para cada víctima miembro del grupo o cuando existieren varios hechos que
incidieran en su causación.

35. Con posterioridad a las precisiones de la Corte, en sentencia del 2 de agosto de

200619, la jurisprudencia introdujo por primera vez, criterios a partir de los cuales
debía determinarse el grupo. En este sentido precisó que “… el análisis de las
condiciones uniformes respecto de una misma causa que generó perjuicios, como
requisito de procedibilidad de la acción de grupo, que tiene por finalidad determinar
si existe o no legitimación activa en el grupo demandante, debe hacerse de la
siguiente forma: primero, identificar el hecho o hechos generadores alegados en
la demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; y segundo,
mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, que permite un mayor
enfoque jurídico, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo nexo
de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo” (se destaca).

36. En esa misma línea, la Sección, en sentencia del 16 de abril de 2007 20, enfatizó

que a través de las acciones de grupo, un conjunto de personas -no menos de 20-

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de enero de 2004 (expediente AG-
73001233100020020108901). CP. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2004 (expediente 23001-23-31-000-1999-

00116-02). Consejera: María Elena Giraldo Gómez.
18 Corte Constitucional. Sentencia C 569 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes (e); 8 de junio de 2004.

En esta oportunidad, entre otras cosas, la Corte precisó que la exigencia de uniformidad en todos los elementos
de la responsabilidad imponía una carga desproporcionada a los accionantes, en desconocimiento de las
situaciones en que hubiere daños diferenciables para cada víctima miembro del grupo, o cuando existieren
varios hechos que incidieran en la creación de tales daños.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de agosto de 2006 (expediente: 25000-23-24-000-2005-

00495-01). Consejero Ramiro Saavedra Becerra.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007 expediente: 25000-23-25-000-2002-

00025-02. CP. Ruth Stella Correa Palacio.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

que hayan sufrido daños en condiciones uniformes respecto de una misma causa,
podían demandar la satisfacción de sus intereses individuales o subjetivos a fin de
que se les reconociera una indemnización reparatoria de los perjuicios padecidos,
de modo que el móvil o motivo de la acción de grupo estaba determinado por la
posibilidad de obtener, a través de un mismo proceso, la reparación de un daño
que fue causado a una pluralidad de personas con un mismo hecho o varios
hechos siempre que constituyan causa común, por tanto, la expresión condiciones
uniformes en un número plural de personas, implicaba que las personas afectadas
debían compartir la misma situación respecto de la causa que les generó perjuicio
individuales.

37. En ese sentido, recalcó la importancia de dilucidar el requisito consistente en la

“causa común”, pues, a no dudarlo, éste constituía el presupuesto procesal de la
legitimación en la causa, en el entendido que sólo podrá intentarla el grupo
significativo de ciudadanos previsto en la ley -20-, cuando todos ellos habían sido
afectados en forma directa por los mismos hechos ocasionados por el demandado
y, por ende, poseían un estatus jurídico semejante u homogéneo.

38. En esta línea, reflexionó sobre la necesidad de concretar el alcance de las

expresiones una misma causa”, “una misma acción u omisión” o unos “mismos
hechos” a las que aludían los artículos 3 y 46 de Ley 478 de 1998-21, pues la ley
resultó ambigua en este aspecto.

39. De este modo, recurrió a los antecedentes de la norma 22, pronunciamientos de

la Corte Constitucional en sede de control de constitucionalidad23 y decisiones de
la misma Sección24, para señalar que esas expresiones debían analizarse con
fundamento en la identidad de los actos o hechos en relación con los cuales se
afirmara que provenía el daño; así, aclaró que para la determinación de esa causa
común debía considerarse la valoración de la relación de causalidad, la cual debía
ser definida en términos jurídicos y atendiendo la naturaleza de los intereses
protegidos, por tanto ese causalidad debía ser vista desde la teoría de la
causalidad adecuada, es decir, para el estudio de la causa común el fundamento
de derecho aplicable a la situación fáctica en la que se encuentra el grupo respecto
del orden jurídico.

40. En otras palabras, la Sección enfatizó que las condiciones uniformes en un

número plural de personas, en términos de los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998, implicaba que las personas afectadas debían compartir la misma situación

21 Según la decisión, en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, el legislador al definir las acciones de grupo

determinó que son aquellas “interpuestas por un número o conjunto de personas que reúnen condiciones
uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”; al paso que
en el artículo 52 ejusdem, señaló que la demanda “se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión
que lo motiva”; y en el artículo 55 in fine, al regular la manera de integrar el grupo dispuso que “Cuando la
demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u
omisión, o por varias acciones u omisiones, derivada de la vulneración de derechos colectivos, quienes hubieren
sufrido un perjuicio podrán hacerse parte en el proceso…”, y agregó que “las acciones individuales relativas a
los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado…”.
22 Mencionó la ponencia para primer debate en el Senado de la República de los Proyectos de Ley 005/95,

024/95, y 084/95 Cámara. Gaceta del Congreso No. 498 de 7 de noviembre de 1996, Pág. 4.
Gaceta del Congreso No. 167 de 28 de mayo de 1997 y cuyo texto definitivo fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 210 de 16 de junio de 1997, Pág. 1.
23 C- 569 de 8 de junio de 2004.
24 En particular, la citada sentencia del 6 agosto de 2006.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

respecto de la causa, por lo que los hechos generadores del daño que se alegan,
los cuales debían aparecer como comunes a todos los miembros, debían tener la
misma relación de causalidad adecuada y no fáctica, esto es, la misma relación
natural o jurídica entre una conducta nociva y el daño25.

41. A la par aclaró que un conjunto de derechos individuales tenía origen común

cuando las causas para solicitar cada derecho individual eran similares, no
necesariamente en unidad de hecho temporal, sino de situaciones jurídicamente
equivalentes que permitieran una decisión judicial unitaria de la controversia o bajo
una única cuerda, pues lo pretendido era garantizar por economía procesal, la
resolución de un cúmulo grande de pretensiones que nacían en forma común, con
efectos respecto de todos los miembros (cosa juzgada ultra partes).

42. Finalmente, explicó que desde la demanda el grupo actor estaba llamado a

explicar las razones por las que se acudía a la acción de grupo desde una causa
común que los integraba, lo que marcaba la diferencia con el interés para recurrir
en una acción ordinaria, al paso de esas razones debían ser analizadas por el juez
al momento de admitir la demanda como presupuesto de procedencia de la acción
esto sin perjuicio de ser analizado al momento de dictar sentencia como requisito
para obtener una decisión de fondo

43. En fallos emitidos en 201726, se enfatizó que la procedencia de la acción
dependía de la comunidad de la causa, en tanto que si cada miembro del grupo
tuviera un derecho o interés disímil, con fundamento en hechos o pruebas
diferentes, así como con pretensiones distintas, se tornaría imposible la acción y
la uniformidad de la decisión.

44. De este modo, se entendió que el requisito de procedencia de la acción de grupo

que versa sobre las condiciones uniformes respecto de una misma causa que
originó perjuicios individuales para dichas personas se refería a la existencia de
aspectos de hecho o de derecho comunes entre los miembros del grupo, desde
una condición semejante o uniforme por la concurrencia de tres elementos: (i) un
mismo hecho o conjunto de hechos dañinos, esto es, identidad de la acción u
omisión o de la conducta dañina; (ii) que el hecho o hechos sean imputables a un
mismo autor (o autores), que será la parte demandada; y, (iii) una relación de
causalidad próxima y determinante entre el hecho o hechos atribuibles al
demandado y la lesión o daño antijurídico sufrido por los miembros del grupo.

45. Anteel desarrollo de posturas que introducían otros criterios para la
determinación de los miembros del grupo –(i) identificación de los hechos dañosos
uniformes para el grupo; y, (ii) el respectivo análisis de su vinculación causal con

25 En esta oportunidad, se aclaró que en los hechos que inciden en la producción de un daño, es importante

diferenciar las imputaciones fácticas y jurídicas. Las primeras, referidas a las indicaciones históricas de los
hechos en los cuales el demandante edifica sus pretensiones o las causas materiales en criterio de quien imputa
que guardan inmediatez con el hecho y que, se considera, contribuyeron desde el punto de vista físico a la
concreción del daño. Las imputaciones jurídicas aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones
(constitucionales, administrativas, convencionales, legales o contractuales) en las cuales se plasma el derecho
de reclamación.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de agosto de 2017 (expediente: 47001-23-33-000-

2015-00205-01). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; del 28 de agosto de 2017 (expediente: 41001-23-31-
000-2004-00120-01).

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

los daños sufridos por sus miembros-, y, en otros, tres criterios con el mismo fin -
(i) un mismo hecho o conjunto de hechos dañinos, esto es, identidad de la acción
u omisión o de la conducta dañina; (ii) que el hecho o hechos sean imputables a
un mismo autor (o autores), que será la parte demandada; y, (iii) una relación de
causalidad próxima y determinante entre el hecho o hechos atribuibles al
demandado y la lesión o daño antijurídico sufridos por los miembros del grupo-, la
Corporación consideró procedente unificar su jurisprudencia sobre los criterios a
partir de los cuales se debía identificar a los miembros del grupo.

46. Así, en sentencia de unificación del 10 junio de 202127, la Sala de lo Contencioso

Administrativo, a través de la Sala Primera Especial de Decisión, consideró que la
segunda postura agregó un nuevo criterio que desbordaba el contenido de las
disposiciones analizadas, en tanto que en estas no se preveía que la uniformidad
se predicaba respecto de la causa del perjuicio, lo que no incluía la atribución de
hechos dañosos a un determinado sujeto, en tanto que esto último comprendía un
análisis propio de la imputación del daño y no del elemento previo de la
determinación de grupo. En otras palabras, sostuvo que para la identificación del
grupo no podía tenerse en cuenta la atribución o imputación de hechos a los
demandados, por ser un elemento propio de la responsabilidad, tras el análisis de
la existencia del daño.

47. En esa línea, definió que para que sea procedente una acción de grupo:

“…es necesario que la misma permita la decisión unitaria de la controversia y para
ello se requiere la existencia de aspectos de hecho o de derecho comunes
(condiciones uniformes) entre los miembros del grupo. No se trata de que las
situaciones particulares de todos los miembros del grupo sean idénticas o iguales,
pues es claro que pueden resultar perjuicios o daños disímiles en cuanto a su
modalidad e intensidad (tanto el quantum como la modalidad: patrimoniales,
morales, etc.), sino que es necesario que entre las mismas exista un común
denominador o núcleo que pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la
conducta dañina del demandado”.

48. En consecuencia, encontró oportuno definir su jurisprudencia acogiendo los
criterios fijados en la sentencia del 2 agosto de 200628, a partir de los siguientes
lineamientos:

“Primero, se debe identificar el hecho o hechos generadores alegados en la
demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; y segundo,
mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, que permite un
mayor enfoque jurídico, determinar si éstos hechos generadores tienen un
mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo.

El resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como pluralidad
de personas que sufren unos daños originados en uno o varios hechos
generadores comunes a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión,
sentencia del 10 de junio de 2021 (expediente: REV SU AG 76001-23-31-000-2002-04584-02). C.P. María
Adriana Marín.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de agosto de 2006 (radicado: 25000-23-24-000-2005-

00495-01). C.P: Ramiro Saavedra Becerra.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente la
improcedencia de la acción” 29.

49. De esta manera, la sentencia de unificación, además de señalar que el análisis

de las condiciones uniformes respecto de una misma causa constituye un requisito
de procedibilidad de la acción que determina la legitimación en la causa por activa
en el grupo demandante, recabó que para su estudio, se debía “identificar el hecho
generador del daño para establecer si este hecho tuvo una relación causal con los
daños sufridos por los miembros del grupo”30.

50. Sobre estos lineamientos, esta Subsección, en providencia del 22 de abril de

202231, precisó que la citada uniformidad no implica la existencia de una situación
similar, sino que un mismo evento afecte de manera simultánea a una pluralidad
de personas, de ahí que la caducidad corra de igual manera para todos, tan es así
que si el hecho causante se presenta en condiciones distintas la caducidad será
individual, al igual que la pretensión.

51. En sentencia del 30 de agosto de 202432 esta misma Subsección se pronunció

sobre los daños causados a un grupo por la imposibilidad de ejercer el derecho al
voto en unas elecciones de autoridades locales. En esta oportunidad se concluyó
la improcedencia de la acción por indebida integración del grupo, dada la
inexistencia de una causa común frente al daño que se invocó en la demanda y,
en esa línea, explicó que los daños invocados en la demanda no tenían una causa
común y, por tanto, “… el grupo demandante está indebidamente integrado”; como
consecuencia, revocó la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, declaró la improcedencia del medio de control por
indebida integración del grupo y negó las pretensiones de la demanda.

52. En sentencia del 5 de mayo de 202533, esta Sala analizó la responsabilidad del
Estado por los daños causados al grupo demandante por la representación judicial
ejercida por una defensora pública que no contaba con título de profesional en
derecho. Dijo que el análisis probatorio reveló que no había un fundamento fáctico
ni causal que permitiera vincular al grupo con una causa única y concreta del
supuesto daño, “por lo que materialmente no se encuentra legitimado [el grupo]
para conformar el extremo activo según lo alegado y controvertido”. Con base en
esta razón, confirmó la sentencia apelada que dispuso negar las pretensiones de
la demanda.

29 Ibidem.
30 La parte resolutiva de la sentencia de unificación dispuso textualmente lo siguiente:

“QUINTO: UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado con respecto a los criterios para determinar el
grupo afectado y la individualización de sus miembros, en el sentido de señalar que para determinar un grupo
se debe identificar el hecho generador del daño para establecer si este hecho tuvo una relación causal con los
daños sufridos por los miembros del grupo. Con respecto al establecimiento de criterios uniformes para la
individualización de los miembros de cada grupo, la Sala considera que no es posible fijar una taxonomía de
los mismos dadas las circunstancias específicas de cada caso concreto”.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 22 de abril de 2022 (expediente: 67.983). MP:

Marta Nubia Velásquez Rico.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024 (expediente 76001-

23-33-000-2016-00410-02 AG 69.510). CP. María Adriana Marín.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2025 (expediente 76001-

23-33-001-2016-00809-01 AG 71265). CP: José Roberto Sáchica Méndez.
En este caso, se discutió la responsabilidad del Estado por los daños causados al grupo demandante por la
representación judicial ejercida por una defensora pública que no contaba con el título de profesional del
derecho.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

53. En un pronunciamiento anterior, la Subsección C de la Sección Tercera, en

sentencia del 14 de junio de 202334, decidió una controversia grupal en la que se
alegó el desplazamiento forzoso por el conflicto armado, analizó la debida
integración del grupo que exigía acreditar que los miembros del grupo reunieran
condiciones uniformes respecto de la misma causa que originó perjuicios. Así
mismo, puntualizó que como el grupo estaba conformado por personas
desplazadas de diferentes municipios de diferentes departamentos, cada víctima
sufrió el daño alegado en circunstancias de tiempo, modo y lugar distintas, de
manera que no podía concluirse que se encontraran en condiciones similares
respecto de la misma causa y, en consecuencia, no era posible una decisión
unitaria de la controversia.

54. En ese pronunciamiento introdujo la adecuación de la acción a la procedente.

En este sentido, indicó que ante la improcedencia de la misma, pero con la
finalidad de adoptar una decisión de mérito, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5 de la Ley 472 de 199835, resultaba oportuno adecuarla al medio de
control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad cuando el daño
provenía de una acción u omisión predicable del Estado; así, tras la adecuación,
procedió a estudiar de fondo el asunto, para lo cual analizó la caducidad por cada
grupo demandante, por lo que analizó de fondo el caso respecto de los grupos
cuyas demandas se interpusieron a tiempo, para concluir que no se probó la
antijuridicidad del daño consistente en el desplazamiento forzado.

55. En providencia reciente de esa misma Subsección C (sentencia del 9 de abril

de 202536), al analizar la reparación de perjuicios solicitada por un grupo de
personas que alegaron una afectación por el aparente error judicial contenido en
unas decisiones judiciales que resolvieron una controversia sindical, sostuvo que,
conforme la jurisprudencia de la Sección Tercera -en concreto, la sentencia del 16
de abril de 200737-, la verificación de las condiciones uniformes respecto de la
causa común comportaba identificar si el hecho alegado era uniforme al grupo y
guardaba un mismo nexo causal y, si no se cumplía esa identidad, la acción
resultaba improcedente por indebida integración del grupo.

56. En esta oportunidad, la Subsección C consideró que pese a que el grupo estaba

integrado por más de 20 personas, no había una misma causa, en tanto que las
providencias judiciales se emitieron en procesos diversos con efectos de cosa
juzgada distinta, lo que implicaba un estudio autónomo de la decisión en sede del
error.

34 Expediente AG 2017-00111-01. CP Guillermo Sánchez Luque.
35 ARTICULO 5o. TRAMITE. El trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollará con fundamento

en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad,
economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán también los principios generales del Código de Procedimiento Civil,
cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones.
El Juez velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes.
Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de
incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá
adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda.
36 Expediente AG 67.305. CP William Barrera Muñoz.
37 Sentencia del 7 de abril de 2011 (expediente AG 25000-23-24-000-2000-00016-01). CP. Ruth Stella Correa

Palacio.

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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

57. De nuevo, dicha Subsección ordenó adecuar la acción a la procedente, para lo

cual señaló que, en términos de lo prescrito en la primera parte del artículo 171 del
CPACA38, el juez dará a la demanda el trámite que le corresponda, por lo que
debía adecuarse la acción de grupo a la de reparación directa por tratarse de
daños antijurídicos indemnizables; así, desde la óptica del error, analizó de manera
distinta la pretensión de cada grupo demandante y concluyó lo pertinente frente a
cada caso.

58. En sentencia de la misma fecha, la Subsección C39 dijo que en el asunto no se

cumplían las condiciones uniformes respecto de la misma causa, pues el actor de
grupo alegó la calidad de contribuyente afectado por la ilegalidad de la liquidación
del impuesto predial unificado del municipio de Tunja -años gravables 2012 y 2013-
y en representación de todos los demás contribuyentes afectados con el tributo;
sin embargo, la causa del daño era distinta dadas las condiciones particulares de
cada inmueble -avalúo, situación jurídica-. En este caso, contrario al anterior,
consideró que la improcedencia de la acción de grupo conducía a la negatoria de
las pretensiones, esto en tanto se trataba de la legalidad de actos administrativos.

59. Por su parte, la Subsección B, en reciente sentencia del 18 de julio de 2025 40,

en el marco de una acción en la que se pretendía la indemnización colectiva de
perjuicios con causa en el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los
actores de grupo en hechos relacionados con el conflicto interno que se suscitó en
los Montes de María, consideró que la acción de grupo incoada era improcedente
por ausencia de causa común. Bajo los criterios de unificación del Consejo de
Estado -sentencia del 10 de junio de 2021-, estimó que los hechos generadores
del desplazamiento ocurrieron en diferentes municipios, en diferentes lapsos y se
expusieron móviles y razones diferentes -asesinatos, extorsiones y
constreñimientos-, de lo que colegía que las condiciones no eran uniformes para
todo el grupo ni tenían la misma causa, lo que impedía una uniformidad en la
decisión de decisión de fondo. Como consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda41.

Análisis conclusivo respecto del tratamiento jurisprudencial

60. En línea con el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado y en
concordancia con los postulados de la sentencia de unificación del 10 de junio de
2021, la expresión “condiciones uniformes respecto de una misma causa que

38 “ARTÍCULO 171. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales

y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada,
mediante auto en el que dispondrá (…)”.
39 Expediente AG 63.825. CP. William Barrera Muñoz.
40 Expediente AG 69.981. CP. Alberto Montaña Plata.
41 Esta decisión tuvo aclaración de voto emitido por el consejero Freddy Ibarra Martínez, quien consideró que

la constatación de la ausencia de una causa común del daño entre los demandantes no debió llevar a
declarar la improcedencia del medio de control, sino que, era suficiente y necesario para concluir que los
actores carecen de legitimación en la causa por activa, lo que implicaba una decisión de fondo que
conllevaba a la denegación de las súplicas formuladas, por no acreditarse un presupuesto sustancial de
fondo.
Precisó que la sentencia de unificación del 10 de junio de 2021 sistematizó los criterios para determinar la
existencia del grupo actor, pero no fijó como regla que la consecuencia necesaria de la inobservancia era la
improcedencia de la acción. Añadió que si en la decisión de fondo no se acredita que el grupo demandante se
encuentra legitimado o que se evidencia que carece de legitimación material, lo consecuente responde al hecho
de negar las pretensiones.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

originó perjuicios individuales” constituye el presupuesto procesal para la
procedencia de la acción de grupo, en clave de la legitimación en la causa por
activa, esto en tanto que sólo podrá intentarla un grupo significativo de personas -
no menos de 20- que comparten la misma situación respecto de la causa
desencadenante de los perjuicios individuales.

61. La determinación de la causa común debe ser analizada desde la valoración de

la relación de causalidad adecuada, para lo cual se deberá identificar el hecho o
los hechos generadores del daño alegados, los cuales deben aparecer comunes
a todos los miembros del grupo, para luego, desde el análisis de la causalidad
adecuada, esto es, desde un estudio más que fáctico, jurídico, identificar la causa
eficiente del daño, la cual debe tener una relación homogénea o común
denominador que pertenezca o se extienda a todos los miembros del grupo
derivada de la conducta dañina del demandado, comunidad o unicidad que
permitirá una decisión unitaria de la controversia.

Caso concreto
62. Al acudir al libelo introductorio, el apoderado de los demandantes42 indicó que

el grupo estaba integrado por los núcleos familiares de las víctimas del

42 Ellos son: ANGELMIRO JIMÉNEZ, ROSA ÁNGELA BOLAÑOS DE JIMÉNEZ, JAVIER ALEXANDER
JIMÉNEZ BOLAÑOS, EDISELENA JIMÉNEZ BOLAÑOS, ANGIE TATIANA RIAÑO JIMÉNEZ, JUAN DAVID
MURILLO JIMÉNEZ, ANGELA VISSET MAHECHA OLAYA, DORA INÉS RUEDA MARTÍNEZ, DARÍO TOVAR,
JAVIER ANDRÉS CÁCERES USECHE Y MARÍA SUSANA MONTERO LEÓN, , BETTY MAHECHA HUESO,
LAURA VALERIA ZARATE MAHECHA Y JUAN CAMILO ZÁRATE MAHECHA, JORGE ELIÉCER ZÁRATE
CASTRO, MAYRA ALEJANDRA ZARATE MAHECHA, CARLOS ALBERTO USECHE MAHECHA, MIREYA
BARÓN ALVARADO, EMILIA MARTÍNEZ TOCUA, MANUEL ANTONIO VANEGAS LINARES, JAVIER
CÁCERES USECHE, ESMERALDA USECHE RUEDA, MARÍA ALEJANDRA CÁCERES USECHE Y JOSÉ
LUIS CÁCERES USECHE, FASA MAHECHA HUESO, BETSABÉ HUESO MAHECHA, PATRICIA LINARES
MAHECHA, MATTHEW ZÁRATE LINARES, GERARDO TRIANA MORENO, JOSÉ CAYETANO PRIETO
VANEGAS, ALEXANDER FARFÁN ROMERO, CINDY ALEJANDRA ORDOÑEZ ROMERO, ADRIANA MARÍA
PRIETO ROMERO, GLORIA AYDEE ROMERO, JEISSON ROMERO, GLORIA ESPERANZA TRIANA,
CARMEN LUZ MAHECHA TRIANA, BERTZABE MAECHA TRIANA, SANDRA MILENA MAHECHA TRIANA,
JENNIFER CAROLINA LEÓN ROJAS, GONZALO LEÓN, MIGUEL ÁNGEL LEÓN BELTRÁN, GISELLE
CONSTANZA LEÓN ROJAS, JUAN SEBASTIÁN MORENO LEÓN, HÉCTOR MARTÍNEZ MONTERO,
INGRIND YUHAIRA MARTÍNEZ CIFUENTES, HENRY ANDRÉS MELO MARTÍNEZ, KAREN ANDREA MELO
MARTÍNEZ, SALOMÉ HERNÁNDEZ MELO, INOCENCIO USECHE ANTIVAR, MARÍA ULFA RUEDA DE
USECHE, SANDRO USECHE RUEDA, JAIRO MORENO RUEDA, JAIRO ORLANDO MELO MIRANDA,
ARMANDO MELO MIRANDA, JORGE ENRIQUE MELO VARGAS, JOSÉ GREGORIO МАНЕСНА ALVARADO,
YERCI PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, YEIMY KATERINE MAHECHA HERNÁNDEZ Y SHARIC NICOL
MAHECHA HERNÁNDEZ, FLORALBA VIRGUEZ DE BELTRÁN, MARÍA CRISTINA USECHE TRIANA, JOSÉ
MIGUEL BELTRÁN VIRGUEZ, JOSÉ HENRY USECHE VIRGUEZ, JOSÉ DANILO USECHE VIRGUEZ, JOSÉ
NORMAN TOVAR, DARÍO , JOSÉ RUTBER HOYOS MAHECHA JOSÉ SOFRONIN LINARES TRIANA, YULI
LILIANA LINARES PINEDA, NICOLAS DAVID LINARES PINEDA, JOSÉ VICENTE ZIPAQUIRÁ VÁSQUEZ,
MARÍA ELDA RETAVISCA DE ZIPAQUIRÁ, LUIS HERNANDO MARTÍNEZ LEÓN, LUIS JORGE LEÓN
CHAPARRO, MARCO ALIRIO HOYOS, PEDRO EMILIO MELO MIRANDA, MARIVEL MALDONADO VEGA,
PEDRO EMILIO MELO MALDONADO, JULIE ANDREA MELO MALDONADO, LUIS SANTIAGO FRANCO
MELO, HÉCTOR HORACIO VEGA LÓPEZ, MARÍA ALCIRA LÓPEZ DE VEGA, GUILLERMO VEGA LÓPEZ,
EDGARD VEGA LÓPEZ, JULIÁN ANDRÉS VEGA MAHECHA, DORANE TOBAR RAMÍREZ, CAROL
ESTEFANY ORTIZ TOBAR, LAURA MARCELA VEGA VANEGAS, YENNY ESPERANZA VANEGAS, YESIKA
LORENA VEGA VANEGAS, CARLOS ANDRÉS VEGA VANEGAS Y ANDREA MAYERLY VEGA VANEGAS,
VICENTA TOVAR DE HERNÁNDEZ, JOSÉ OBDULIO HERNÁNDEZ, ROBERTO MAHECHA HUESO, MARÍA
AYDEE TRIANA, MARÍA ELIZABETH MAHECHA TRIANA, JOSÉ HERMES MAHECHA TRIANA, ANA SILVIA
MEDINA DE ZARATE, ÓSCAR JOSÉ SERRATO PÁEZ, ÓSCAR ENRIQUE SERRATO TRIANA, MARÍA LIGIA
TRIANA, JOSÉ LUIS SERRATO TRIANA, MARÍA ISABEL SERRATO TRIANA y JUAN FELIPE SERRATO
TRIANA, LUIS ENRIQUE MORENO, JENNY MERCEDES MORENO RUEDA, YURY PAOLA MORENO
RUEDA, MARISELA RUEDA VIRGUEZ,. LUIS HERNANDO MORENO RUEDA, RICARDO MORENO RUEDA
y ERIKA JULIANA BELLO MORENO, MARINA ESTELA MARROQUÍN, GILDARDO MIRANDA MARROQUÍN,
MARÍA GLADYS ANZOLA DE MONTERO, ARNULFO MONTERO, KELY YAMILE MONTERO ANZOLA JAIME
ENRIQUE VIRGUEZ GARZÓN, MARÍA CRUZ MAHECHA TOVAR, DANIEL STIVEN MAHECHA TOVAR,
EDITH VIRGUEZ MAHECHA, ANYI LORENA VIRGUEZ MAHECHA, INGRIT TATIANA VIRGUEZ MAHECHA
y JULIO ENRIQUE VIRGUEZ MAHECHA, MARÍA BEATRIZ MELO JIMÉNEZ, EMILIO YAZ ANZOLA, YESID
ALBEIRO YAS MAHECHA, MARÍA ALEYDA MAHECHA DE YAS, WENDI DAYANA YAS TRIANA, GLADIS

15

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

LEÓN MEDINA, EDGAR BRAVO HERNÁNDEZ, BRAYAN ANDREY BRAVO LEÓN, OFELIA MARTÍNEZ
GÓMEZ, LEIDY VALENTINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, HÉCTOR
MAURICIO MARTÍNEZ LEÓN, DIEGO FERNANDO GAITÁN VIRGUEZ, YENY LORET GAITÁN GÓMEZ y
SARA GAITÁN GÓMEZ, HERBERT ZÁRATE CRUZ, ERIKA DISNEY RODRÍGUEZ RAMÍREZ VANESA
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, HUMBERTO ROJAS TRIANA, MELISA ROJAS VANEGAS, LUZ MARLEN LEÓN
BUSTOS, CARLOS EDILSON ROJAS LEÓN, DIANA CAROLINA ROJAS LEÓN, JAHZIR HAMETH LOBO
ROJAS, ANDREA DEL PILAR ROJAS LEÓN, ROBINSON DAMIÁN ROJAS LEÓN, MAYRA ALEJANDRA
ROJAS LEÓN, ANA YULEY GUTIÉRREZ GALINDO, JOSÉ EGIDIO GUZMÁN CALVO, DANA MARIANA
MUÑOZ GUZMÁN, EDISON GUZMÁN GUTIÉRREZ, MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, CRISTIAN
CAMILO GALINDO HERNÁNDEZ y KAREN GALINDO HERNÁNDEZ, RODULFO LEÓN ROMERO, ANA
DELIA RODRÍGUEZ DE LEÓN, ELSA MARÍA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ HEBER MAHECHA GÓMEZ,
YENIFER MAHECHA OLAYA, MARÍA EMILCE GÓMEZ OBANDO, ALFREDO MAHECHA AGUIRRE, JOSÉ
LUBIN MAHECHA GÓMEZ, BLANCA LIGIA MORENO BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MORENO,
ÁNGEL STIVEN SÁNCHEZ LEÓN, YEHIMI PAOLA SÁNCHEZ MORENO, CRISTAL MARIANA SILVA
SÁNCHEZ, MARÍA EMILCE MAHECHA GÓMEZ, EDILSON CIFUENTES MAHECHA, DAJANNA CIFUENTES
MAHECHA, SONIA MILENA MAHECHA GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL ORTIZ MAHECHA, EDILCIO CIFUENTES
GALINDO, JOSÉ DIOXIDES HERNÁNDEZ TÉLLEZ, OFELIA GONZÁLEZ PACHÓN, JUAN PABLO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUISA FERNANDA MONTERO TRIANA, EDUARDO ANGULO MARTÍNEZ, LINA
MARCELA CAMARGO ANGULO, WILLIAM CAMILO CAMARGO ANGULO, JORGE ELIÉCER LEÓN,
HERSILIA LEÓN, JORGE LUIS LEÓN RODRÍGUEZ, CARLOS JULIO PINEDA, GONZALO MARROQUÍN
BANOY, ADÁN ROZO FARFÁN, TEOFILDE TRIANA TRIANA, SANDRA PATRICIA ROZO TRIANA y
HUMBERTO ROZO TRIANA, OMAR MARTÍNEZ GARZÓN, OMAR FERNANDO MARTÍNEZ CHAVES, LEIDY
PAOLA MARTÍNEZ CHAVES, ROSALÍA RICO ALVARADO, EDGAR RICO OLAYA, RODULFO RAMÍREZ
MORENO, JACQUELINE REAL ROJAS, XENIA JULIETH GALINDO REAL, EFRAÍN RIAÑO BUSTOS,
GRACIELA MONTERO DE MAHECHA, KAREN JULIETH LÓPEZ MAHECHA, MARCO AURELIO BARRERA
NIEVES, ALICIA QUIROGA GARZÓN, RICKY STIVEN BARRERA QUIROGA, KELLY ANDREA BARRERA
QUIROGA y ASTRID YANELA BARRERA QUIROGA, SANDRA JULIETH BARRERA QUIROGA, RÓMULO
ORTIZ, BLANCA LEONOR GARZÓN, ANA PAULINA MIRANDA DE MOJICA, DANIEL MOJICA MIRANDA,
JOSÉ GIOVANNI MÉNDEZ RUEDA, ALDEMAR ESTIVEN MÉNDEZ ROPERO, TERESA MELO VIRGUEZ,
LUIS FERNANDO MELO VIRGUEZ, JOSÉ MILTON MIRANDA LEÓN, CARMEN RUEDA ARIAS, JOHN
FREDDY MIRANDA RUEDA, CRISTIAN ANDRÉS MIRANDA RUEDA, JUAN CAMILO MIRANDA RUEDA,
JOSÉ SAUL MONTERO LEÓN, DELFÍN MONTERO ROJAS, RAMON QUIJANO, ROBERTO PULIDO GIL,
MARIELA MONTERO DE PULIDO, MARÍA EUGENIA PACHÓN, JAIRO NEIRA, CONSUELO PÉREZ GAONA,
FABIAN PÉREZ GAONA, ANDRÉS PÉREZ GAONA, CRISTIAN CAMILO ARAQUE PÉREZ, ROSA ELVIRA
PINZÓN, JAIMA PALACIO, DORA MONTERO MONTERO, EVELYN DANIELA ZARATE MONTERO, KEVIN
FELIPE ZARATE MONTERO, CYNDI NATALIE ZARATE MONTERO, HERBERT ANDRÉS ZARATE
MONTERO y JUAN MANUEL BELTRÁN ZARATE, RAFAEL MORENO GONZÁLEZ, GLORIA EDILMA BASABE
DE MORENO, RAFAEL GIOVANNY MORENO BASABE, ELIANA ANDREA MORENO BASABE, MIGUEL
ÁNGEL MORENO BASABE, JUAN DAVID MORENO MONTERO, KAREN DAYANA MORENO LEÓN, JOSÉ
GELACIO MONTERO LEÓN, ALEXANDER MONTERO VARGAS, EDWIN VARGAS MONTERO VARGAS,
WILSON MONTERO VARGAS, YENY JIMENA MONTERO VARGAS, MARIBEL MONTERO VARGAS, FANNY
MONTERO VARGAS, JOSÉ LEIVER MONTERO VARGAS, CLAUDIA ELENA MONTERO, VARGAS,
NATIVIDAD VARGAS COLO, EDWIN MONTERO VARGAS, DELIA MONTERO VARGAS, IVÁN MAURICIO
ALFONSO MONTERO, JOEL ALFONSO MONTERO, NINFA SOL MONTERO VARGAS, ANGIE NAYELI
MONTERO VARGAS, MAICOL DAVID HERRERA MONTERO, DANNA VALENTINA REYES MONTERO y
MARÍA ALEJANDRA REYES MONTERO, FLORINDA MONTERO AMAYA, DUVÁN LEÓN MONTERO, DUVÁN
EUDORO MONTERO MONTERO, JOSÉ NELSON MONTERO AMAYA, JORGE ELICIO MONTERO AMAYA,
NICOLAS MONTERO AMAYA, VIVIANA MONTERO MONTERO, NICOLE SOFIA WILCHES MONTERO,
JAIME RUBIO SUAREZ, BLANCA MAGDALENA EULALIA QUINTANA CÁRDENAS, ANA MERCEDES RUBIO
QUINTANA Y LEYDI TATIANA RUBIO QUINTANA, JONATHAN SEBASTIÁN LADINO RUBIO, JUAN MANUEL
LADINO RUBIO, BLANCA ESTER VARGAS DE ANGULO, SANDRO GERMAN ROJAS ZARATE, LUZ CLARA
RUEDA, PABLO EMILIO ESCOBAR, ERIKA ESCOBAR RUEDA, JOSÉ GETULDIO VARGAS ESPINOSA,
MARÍA EMILCE MÉNDEZ, BRAYAN JULIÁN VARGAS MÉNDEZ, YEISON FABIAN VARGAS MÉNDEZ,
MARÍA EMILCE MÉNDEZ, ASERCIO USECHE RUEDA, FABIOLA USECHE BERNAL, LEIDE LORENA ÁVILA
USECHE, JOSÉ ALFREDO USECHE USECHE, ROSA ESTHER USECHE BERNAL, OMAIRA VALENTINA
USECHE BERNAL, LAURA CAMILA USECHE BERNAL, JOSÉ NERELDO ROJAS CASTRO, MARÍA ABELAY
ROJAS CASTRO, MARÍA EPIMENIA TOVAR LÓPEZ, MARÍA OLGA RODRÍGUEZ, FIDEL SANTOS FARFÁN,
FABIAN SANTOS RODRÍGUEZ, JOSÉ ELFER RODRÍGUEZ, SARHA LISETH RODRÍGUEZ ÁLVAREZ,
BERTHA EMILSE ÁLVAREZ BOLAÑOS, LUIS ALEJANDRO MEDINA ÁLVAREZ, EDGAR RODRÍGUEZ, AURA
LUZ MARROQUÍN MAHECHA, MARÍA SANDRA CARRILLO VIRGUEZ, JOSÉ ÁNGEL QUEVEDO
RODRÍGUEZ, MARÍA SANDRA CARRILLO VIRGUEZ, KAREN CECILIA QUEVEDO CARRILLO, INGRID
JOHANNA QUEVEDO CARRILLO, JUAN DAVID QUEVEDO CARRILLO, RAMIRO ANTONIO ESPITIA, MARÍA
CRISTINA RETAVISCA GÓMEZ, JHONATAN RETRAVISCA, WILMER ANDRÉS ESPITIA RETAVISCA, LADY
JOHANA ESPITIA RETRAVISCA, DARÍO VEGA ARIZA, MARÍA YANETH VIRGUEZ LEÓN, JULIÁN DAVID
VEGA VIRGUEZ, IVÁN DARÍO VEGA VIRGUEZ, YEFERSON ANDRÉS VEGA VIRGUEZ, LUIS FERNANDO
PERILLA GUINEA, TOMAS VEGA MONTERO, BLANCA EMILCE TRIANA VÁSQUEZ, JOHN JAIRO GALINDO
AGUIRRE, JENNYFER GALINDO RODRÍGUEZ, HEIDY JOHANA MIRANDA BARBOSA, JUAN DAVID
RODRÍGUEZ MIRANDA, MARÍA ELVIA ROJAS DE POVEDA, LUZ MIREYA CHÁVEZ TRIANA, HELI
MONTERO AMAYA, SUSANA BELTRÁN MONTERO, JOSÉ HERNÁN BERNAL SALAMANCA, BEATRIZ
BELTRÁN MONTERO, JAIRO BELTRÁN MONTERO, JOSÉ HERMES CHAPARRO BOLAÑOS, YEISON
ESTIBEN CHAPARRO BELLO, MARÍA VICENTA TRIANA DE LINARES, JOSÉ NORBERTO LINARES
TRIANA, JUAN SEBASTIÁN LINARES GALINDO y SAMUEL MATEO LINARES GALINDO, AMIRA BARBOSA,
ALEJANDRO RUEDA BARBOSA, JOSÉ WILLIAM RUEDA CAÑIZALES, NANCY RUEDA BARBOSA, ANDREA

16

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

MARÍA RUEDA BARBOSA, MANUEL RICARDO RUEDA BARBOSA, MIYER VICENTE CÁRDENAS
AGUIRRE, WILSON CÁRDENAS MIRANDA, PATRICIA MIRANDA TOBAR, JULIÁN CÁRDENAS MIRANDA,
SEBASTIÁN CÁRDENAS MIRANDA, MARÍA FREDESMINDA MARTÍNEZ DE RUEDA, DORA INÉS LINARES
TRIANA, YARLENI MARITZA HUESO RUEDA, WILSON FABIAN RUEDA MARTÍNEZ SANDRA YOHANA
CHAPARRO RUEDA, HEIDY LILIANA RUEDA MARTÍNEZ, LUIS JORGE GARZÓN, LUIS BERNARDO
GARZÓN ANGULO, CLAUDIA PATRICIA ANGULO MONTERO, DINA LUZ GARZÓN ANGULO, CLARA INÉS
GARZÓN ANGULO y MARÍA PAULA GARZÓN ANGULO, LUZ MARY AGUIRRE RODRÍGUEZ, JAIME
ENRIQUE MORENO VÁSQUEZ, YEISON FERNANDO MORENO RIVILLÁS, YULIANA ALEXANDRA,
MORENO AGUIRRE, CONSUELO ANGULO OBANDO, DIEGO ALEJANDRO ÁLVAREZ ANGULO, GONZALO
ÁLVAREZ SERRATO, CEFERINO ÁVILA FARFÁN, RAMIRO GARZÓN, BLANCA CECILIA BOLAÑOS
ROCHA, LINA MARCELA GARZÓN BOLAÑOS, EDGAR ENRIQUE GARZÓN BOLAÑOS, EDWIN MAURICIO
GARZÓN BOLAÑOS, MARÍA OLGA CIFUENTES BERNAN, JESÚS ANTONIO DAZA ZAMORA, MARÍA
BLANCA GAONA DE DAZA, MARÍA PAULA SALAMANCA DAZA, ASLY JULIANA SALAMANCA DAZA, LUIS
HERNANDO CORCHUELO MORENO, MARÍA VICTORIA SAAVEDRA, PLINIO GAITÁN TOVAR, ROS MARY
CARPINTERO DE GAITÁN, SANDRA MILENA GAITÁN CARPINTERO, ANDRÉS FELIPE VEGA GAITÁN,
NICOLAS ANDRÉS JIMÉNEZ GAITÁN, MANUEL ENRIQUE GAITÁN CARPINTERO, FLORA JIMÉNEZ MESA,
EDGAR MAHECHA VIRGUEZ, MYRIAM CÁRDENAS AGUIRRE, LINA MARÍA MEDINA GARCÍA, ALLISON
SAMANTHA GAITÁN MEDINA, JUAN CAMILO GAITÁN MEDINA, JUAN CARLOS ALVARADO ALVARADO,
ELSA ALVARADO DE ALVARADO, SANDRA PATRICIA BASABE VIRGUEZ, LUIS ALBERTO ÁLVAREZ
ANTIVAR, ALEXANDER ÁLVAREZ BASABE, TATIANA ÁLVAREZ BASABE y ESTEBAN ÁLVAREZ BASABE,
SORAYDA ÁLVAREZ BATANERO, RICARDO ÁLVAREZ ESCOBAR, MARÍA YAQUELIN ORTIZ MENDOZA,
NICEFORO TOBÍAS ÁLVAREZ, MICHEL ALEJANDRA ÁLVAREZ ORTIZ, DANNA VALENTINA ÁLVAREZ
ORTIZ, JOSÉ ORLANDO ANZOLA CARPINTERO, MIGUEL ÁNGEL ARIAS MAHECHA, MARÍA HERMINIA
HERNÁNDEZ CHÁVEZ, WILSON DAVID ARIAS HERNÁNDEZ, JOSÉ OLMEDO BELLO MORENO, ISRAEL
HERNÁNDEZ, ANA VITALIA BELTRÁN DE HERNÁNDEZ, EDWARD HERNÁNDEZ BELTRÁN, FRANCISCO
ANTONIO BELTRÁN MONTERO, SEGUNDO BUSTOS BUSTOS, SERGIO ANTONIO CÁCERES BUSTOS,
GUILLERMINA BERNAL DE CÁCERES, ADRIANA MARCELA BERNAL, LUIS ALBERTO CALVO
RODRÍGUEZ, PEDRO ALBERTO CALVO RICO, JUAN CARLOS CHAVARRO GARCÍA, PASTOR CIFUENTES
BARRAGÁN, BLANCA HERMENCIA GALINDO DE CIFUENTES, LIGIA NELLY CIFUENTES, JOSÉ ARGILIO
CIFUENTES, ANGELICA MAHECHA TRIANA, RIGOBERTO CIFUENTES MAHECHA, MARTHA LUCIA
CIFUENTES MAHECHA, ANGELICA VIRGUEZ CIFUENTES, MAYERLY ZARATE CIFUENTES, LUIS
CARLOS ESCOBAR MAHECHA, ABA MAGNOLIA PARAMO MONTERO, LUZ STELLA ESCOBAR PARAMO,
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PARAMO, MARÍA LILIA MONTERO GONZÁLEZ, EDUARDO FAJARDO CALVO,
MÉLIDA FAJARDO CALVO, ZAYDA FAJARDO CALVO, RUTH GAITÁN DE REAL, HÉCTOR HORACIO
MARROQUÍN RIVEROS, MARÍA DEL CARMEN ROMERO, CESAR ALBERTO VANEGAS ROMERO,
SANDRA ROCIÓ VANEGAS ROMERO, BRAYAN SNEYDER VANEGAS ROMERO, JHON ALEJANDRO
VANEGAS ROMERO, MIGUEL ÁNGEL VANEGAS ROMERO, DENER STIVEN LEÓN ROMERO, CARLOS
JAVIER TRIANA MORENO, ALMA CAROLINA TRIANA MONTENEGRO, JUDITH ESCOBAR MIRANDA,
RAFAEL HUMBERTO TRIANA ESCOBAR, RAFAEL ANÍBAL TRIANA VANEGAS, SARA ISABEL TRIANA
ESCOBAR, ROCÍO VILLAMIL RODRÍGUEZ, ENRIQUE MARROQUÍN BOLAÑOS, EDNA ROCÍO
MARROQUÍN VILLAMIL, LUISA FERNANDA MARROQUÍN VILLAMIL, OSMAN ENRIQUE MARROQUÍN
VILLAMIL, LAURA ANDREA MARROQUÍN VILLAMIL, MAURICIO VIRGUES CÁCERES, LUIS EDUARDO
RODRÍGUEZ BENITO, HENRY FABIAN RODRÍGUEZ GALINDO, JORGE ELIECER GUZMÁN TRIANA,
MARÍA CECILIA HERNÁNDEZ CAMPOS, CLEOTILDE TRIANA OLAYA, EDISON AMIN GÓMEZ VANEGAS,
JOSÉ AMIN GÓMEZ MIRANDA, EDIER AMIN GÓMEZ VANEGAS, CECILIO HERNÁNDEZ ANZOLA, JHON
FREDY HERNÁNDEZ ÁVILA, MARÍA KATERINE HERNÁNDEZ ÁVILA, MEDARDO AGUIRRE MARROQUÍN,
EDILSON CÁRDENAS MIRANDA, MARIANA CÁRDENAS MIRANDA, DUVÁN FELIPE CÁRDENAS
MIRANDA, MARTHA YANETH MIRANDA MIRANDA, NIKOL CÁRDENAS MIRANDA, MARIANA CÁRDENAS
MIRANDA, KIMBERLY TOBAR CÁRDENAS, MYRIAM RUEDA JIMÉNEZ, LINA YISETH TRIANA RUEDA,
EDNA KATERINE TRIANA RUEDA, BRANDON STIVEN GROSSO TRIANA, CARLOS EDUARDO FARFÁN,
MARÍA ASCENSIÓN HERNÁNDEZ DE FARFÁN, CARLOS MANUEL GÓMEZ VEGA, JOSÉ ALCIDES
HERNÁNDEZ, EIBER FERNEI HERNÁNDEZ MAHECHA, MARTHA LUCIA MAHECHA, YENNY FERNANDA
RAMÍREZ ROCHA, FABIAN ANDRÉS MAHECHA MAHECHA, JOSÉ ALBERTO TOVAR LEÓN, MARÍA DORA
HERNÁNDEZ DE TOBAR, HÉCTOR LUIS TOBAR HERNÁNDEZ, ELICIO VEGA MONTERO, OMAIRA
JIMÉNEZ DE VEGA, IVÁN ALIRIO VEGA JIMÉNEZ, NIXON ELISIO VEGA JIMÉNEZ, MARÍA ENID GÓMEZ,
ARISTÓBULO MONTERO ROMERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES BELTRÁN DE MONTERO, CLARA INÉS
PARRA DE CASALLA, LUCY ESMERALDA CASALLAS PARRA, JULIÁN FERNANDO GONZÁLEZ
CASALLAS, RODRIGO OSTOS, ANDRÉS OSTOS AGUDELO y ALEJANDRO OSTOS AGUDELO, MAGNOLIA
AGUDELO GIRALDO, MARÍA MATILDE HERNÁNDEZ MORENO, JOSÉ JORGE MORENO HERNÁNDEZ,
JOSÉ MAURICIO MORENO HERNÁNDEZ, JORGE MORENO, ANA MARÍA MORENO HERNÁNDEZ,
ASCENSIÓN CORREA, ALFONSO ANZOLA ALVARADO, DEIMER YARDONE MEDINA CORREA, YHON
ARNULFO MEDINA CORREA, GUILLERMO JARID MEDINA CORREA, MARÍA GLADYS RODRÍGUEZ
BENITO, RUBÉN ARDILA RODRÍGUEZ, JOHN JAIRO ARDILA RODRÍGUEZ, MARÍA ROSALBA RODRÍGUEZ
BENITO, YENI PAOLA RODRÍGUEZ, DARWIN MAURICIO RODRÍGUEZ BENITO, EDGAR ALONSO
BARBOSA RODRÍGUEZ, CRISTIAN FABIAN BARBOSA RODRÍGUEZ, MARÍA SUSANA MONTERO LEÓN,
LUIS MARTÍNEZ MONTERO, JUAN PABLO MARTÍNEZ MONTERO, NANCY YOJANA CHAPARRO
MONTERO, GICED ALEJANDRA ÁLVAREZ ROJAS, SUSANA MONTERO LEÓN, MAIKOL STIVEN
CHAPARRO MONTERO, DIEGO ALEJANDRO ROJAS MONTERO, ANAIS MOYA DE MONTERO, JOSÉ
MEDARDO MONTERO GÓMEZ, BLANCA CASILDA BELTRÁN MONTERO, ISRAEL MONTERO BOLAÑOS,
AUGUSTO RAMÍREZ BELTRÁN, BLANCA CASILDA BELTRÁN MONTERO, PAULA TATIANA MONTERO
BELTRÁN, YEFERSON FELIPE MONTERO BELTRÁN, TERESA MAHECHA, KELLY YOHANA ÁVILA
MAHECHA, MAURICIO LEOANDRO ÁVILA ÁVILA, NUMAEL EMILIO LINARES LOZANO, ROSALÍA LOZANO
DE LINARES, JUAN CARLOS LINARES LOZANO, JOSÉ RAMIRO LEÓN MONTERO, JOSÉ ALFREDO LEÓN

17

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

desplazamiento forzado que abandonaron su lugar de residencia por cuenta de la
violencia sistemática y conflicto interno que afrontó el municipio de la Palma en
Cundinamarca.

63.Al controvertir la decisión del a quo, la parte actora sostuvo que la causa común
provenía de la omisión de las demandadas en el deber de protección y, al mismo
tiempo, por su apoyo al paramilitarismo.

64. Conforme a la demanda, los demandantes se vieron abocados a abandonar el

municipio de la Palma. Sobre el desplazamiento, la Corte Constitucional43 ha
indicado que el mismo comprende la “situación” en la que se encuentran las
personas que se ven obligadas a migrar dentro del territorio nacional abandonando
su lugar de residencia o su oficio habitual debido a que su vida, integridad o
libertad, se encuentran en situación vulnerable o en peligro por la existencia de
circunstancias propiciadas por el hombre, por ejemplo, el conflicto armado interno
o la violencia generalizada. Para la demostración de esa condición, según la
misma Corte44, se admite cualquier medio de prueba, entre ellos, las
certificaciones o registros de los funcionarios o entidades y organismos
involucrados en la atención de desplazados.

65. Bajo este entendimiento, siendo el desplazamiento una “situación” en la que se

encuentran los actores, la Sala encuentra que el mismo comprende el hecho
dañoso o generador del daño, el cual, además, encuentra comprobación a partir
de las certificaciones emitidas por la UARIV y los registros emitidos por VIVANTO45
allegados como pruebas con la demanda.

66. Desde el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, el grupo actor introdujo

como causa del desplazamiento forzado, en términos generales, el contexto de
violencia generalizada que afrontó el municipio de la Palma; sin embargo, el grupo
actor reseñó las condiciones particulares y especiales que afectaron de manera
distinta a cada núcleo familiar demandante; así:

MONTERO, FACUNDO MONTERO ROBAYO, JOSÉ FERNANDO LEÓN HORACIO OBANDO RODRÍGUEZ,
YURI PAOLA OBANDO HERNÁNDEZ HORACIO OBANDO HERNÁNDEZ, YUNNER ARCENIO OBANDO
HERNÁNDEZ ,NANCY STELLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR HORACIO ANZOLA GALINDO, MIGUEL
ANTONIO MOYA BASTO, MARÍA CUSTODIA MONTERO DE MORA, LUZ MIREYA MOYA MONTERO,
YEISON MIGUEL MOYA MONTERO, SANDRA YANETH MORA MONTERO, PAULA LORENA PENA
FANDIÑO MOYA y LAURA NYCOL CHILA MOYA, MARIO ZARATE BERNAL, JAZMÍN RUEDA SALDAÑA,
ERIKA ALEXANDRA ZARATE PÉREZ, CAMILA ANDREA ZÁRATE RUEDA, VALENTINA ZÁRATE RUEDA,
MARIO ZÁRATE BERNAL, CAROLL MELISSA ZÁRATE RUEDA, JOSÉ MEDARDO BOLAÑOS, LEONOR
VÁSQUEZ VÁSQUEZ, CESAR FABIAN BOLAÑOS VÁSQUEZ, CARLOS ALBERTO BOLAÑOS VÁSQUEZ,
KELLY ZORAIDA BOLAÑOS VÁSQUEZ, STIVEN DAVID RODRÍGUEZ BOLAÑOS, CRISTIAN ANDREY
RODRÍGUEZ BOLAÑOS, LUZ ELENA TOVAR MIRANDA, ALEXANDER TOVAR MIRANDA, NUBIA
ESPERANZA MIRANDA MIRANDA, UBALDO TOVAR MIRANDA, RONALD FERNANDO GALINDO TOVAR,
DORA ÁVILA BASABE, ROBERTO SERRATO ÁVILA, ELISA ÁVILA BASABE NIDIA PAOLA RODRÍGUEZ
ÁVILA, JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ, MAURICIO HUMBERTO RODRÍGUEZ ÁVILA, ANA TULIA ÁVILA
VIUDA DE AGUILLÓN, NÉSTOR YECID RODRÍGUEZ ÁVILA, DORA ÁVILA BASABE, JUAN FELIPE
CHAVARRO ÁVILA, SERAFÍN GALINDO VEGA, JOSÉ RAMIRO MEDINA JIMÉNEZ, DORYS GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, YULIANA ELIZABET MEDINA GONZÁLEZ, ANDRÉS FELIPE MEDINA GONZÁLEZ, MARTHA
LUCIA TOBAR HERNÁNDEZ, KAROL VALENTINA LÓPEZ TOBA, ELSA MARÍA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ,
JOSÉ OMAR LÓPEZ TOVAR.
43 Sentencia T 347/18.
44 Sentencia T 237/01.
45 Sistema de información de la Unidad para las Víctimas.

18

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

NÚCLEO FECHA DE LUGAR DE CAUSA DEL
N° FAMILIAR DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO

El señor Angelmiro
Vereda Tabacal del Amenazas de grupo
Jiménez se desplazó el 23
municipio de La Palma. paramilitar.
de marzo de 2004.

1 JIMÉNEZ BOLAÑOS
El señor Javier Alexander
Jiménez Bolaños se Vereda Hinche Alto del Violencia generada por
desplazó el 15 de municipio de La Palma. grupos armados ilegales.
septiembre de 2002.

Zona rural del municipio de Extorsión y amenazas por
2 ZÁRATE MAHECHA 1° de julio de 2002
La Palma parte del GAO FARC.

Muerte de Eladio Useche
El día 2 de mayo de 1979. Mahecha a manos de las
FARC.

Vereda Tabacal del
3 USECHE BARÓN Carlos Alberto Useche municipio de La Palma.
Mahecha regresa y vuelve Violencia generada por las
a ser desplazado en julio FARC.
del año 2001.

Enfrentamientos entre las
FARC, grupos paramilitares
VANEGAS Vereda Hinche del
4 11 de febrero de 2002 y el Ejército Nacional, así
MARTÍNEZ municipio de La Palma.
como por las amenazas de
las FARC.

Amenazas de grupo
Vereda Murca del paramilitar y muerte de
5 CÁCERES USECHE 9 de septiembre de 2002
municipio de La Palma. familiares por grupos
paramilitares.

Amenazas de grupo
paramilitar, quedar en
Vereda El Hoyo del
6 MAHECHA HUESO 3 de febrero de 2003 medio de fuego cruzado en
municipio de La Palma.
enfrentamientos de
paramilitares y guerrillas.

Amenazas de grupo
Vereda Alpujarra del
7 TRIANA MORENO 16 de marzo de 2003 paramilitar, incursión
municipio de La Palma.
paramilitar en la vereda.

Amenazas de grupo
Vereda Hortigal del paramilitar y pánico por
8 PRIETO ROMERO 17 de septiembre de 2002
municipio de La Palma. acciones del
paramilitarismo

Enfrentamientos entre el
Vereda Hoyo Garrapatal FARC y grupo paramilitar,
9 MAHECHA TRIANA 14 de octubre de 2001
del municipio de La Palma. amenazas directas de
paramilitares.

Vereda Minipí de Quijano Enfrentamientos entre los
10 LEÓN ROJAS 1° de febrero de 2001
del municipio de La Palma. grupos armados ilegales.

Amenazas de grupo
MARTÍNEZ Vereda Hoya de Tudela del
11 20 de agosto de 2003 paramilitar, pánico por
MONTERO municipio de La Palma.
acciones de paramilitares

Vereda Supane del Amenazas de grupos
12 MELO MARTÍNEZ 1° de agosto de 2002
municipio de La Palma. armados ilegales

Vereda Murca del
13 USECHE RUEDA 15 de marzo de 2002 Amenazas de las FARC.
municipio de La Palma.

19

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Vereda Alto de Salinas del Riesgo de reclutamiento
14 MORENO RUEDA 1° de noviembre de 2001
municipio de La Palma. forzado de sus familiares

Amenazas de grupos
armados ilegales y
1° de septiembre de año Zona rural del municipio de
15 MELO MIRANDA enfrentamientos entre
1999 La Palma
estos y el Ejército
Nacional.

Vereda Alto de Salinas del Amenazas de grupo
16 MELO VARGAS 1° de julio de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

MAHECHA Vereda Minipí de Trianas Amenazas de grupo
17 1° de marzo de 2002
HERNÁNDEZ del municipio de La Palma paramilitar.

Amenazas FARC, testigos
Vereda Portachuelo del
18 USECHE VIRGUEZ 20 de marzo de 2002 presenciales de delitos de
municipio de La Palma
las FARC

Enfrentamientos entre
Vereda Camulos del
19 TOVAR 15 de septiembre de 2002 FARC y grupos
municipio de La Palma
paramilitares.

Amenazas FARC,
Zona rural del municipio de
20 HOYOS MAHECHA 6 de enero de 2002 pertenecer al gremio
La Palma
transportador

Amenazas de grupo
Zona rural del municipio de
21 LINARES PINEDA 1° de agosto de 2003 paramilitar a comerciantes
La Palma
de telas

Amenazas de grupo
paramilitar y
ZIPAQUIRÁ Vereda Omopay del
22 1° de diciembre de 2002 enfrentamientos entre los
RETAVISCA municipio de La Palma
grupos armados ilegales y
el Ejército Nacional.

Amenazas de grupo
Vereda La Montaña del
23 MARTÍNEZ LEÓN 20 de enero de 2002 paramilitar, situados a la
municipio de La Palma
orilla de la carretera.

Vereda Hoya de Amenazas de grupo
24 LEÓN CHAPARRO 28 de septiembre de 2002 Tudela del municipio de La paramilitar, temor acciones
Palma del paramilitarismo.

Vereda Curiche municipio Amenazas de las FARC,
25 HOYOS 28 de febrero de 2002
de El Peñón estado de zozobra.

MELO Zona rural del municipio de Amenazas de grupos
26 5 de septiembre de 2000
MALDONADO La Palma armados ilegales.

Amenazas de las FARC,
Vereda Paz del municipio
27 VEGA LÓPEZ 20 de enero de 2001 campamentos de las FARC
de La Palma
en su finca
Secuestro de familiares y
Vereda Avipay de Fajardo
28 ORTIZ TOBAR 22 de febrero de 2000 amenazas de las FARC,
del municipio de La Palma
incursión en su vivienda.
Amenazas de grupo
Vereda Hortigal del paramilitar y
29 VEGA VANEGAS 1° de diciembre de 2002
municipio de La Palma enfrentamiento con las
FARC.

Enfrentamiento entre
HERNÁNDEZ Vereda El Cámbulo del
30 1° de octubre de 2002 grupos armados ilegales y
TOVAR municipio de La Palma
el Ejército Nacional.

Amenazas de grupo
paramilitar y
enfrentamiento entre
Vereda Hoyo Garrapatal
31 MAHECHA TRIANA Febrero de 2002 grupos armados ilegales y
del municipio de La Palma
el Ejército Nacional,
afectación actividades
agrícolas.

20

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Enfrentamientos entre
MEDINA DE Vereda Boquerón del
32 11 de febrero de 2002 FARC y el Ejército
ZÁRATE municipio de La Palma
Nacional.

Vereda Alto Grande del Amenazas de las FARC,
33 SERRATO TRIANA 1° de agosto de 1993
municipio de La Palma muerte de familiares

Amenazas de las FARC,
Vereda Paz Paz del
34 MORENO RUEDA 1° de octubre de 2001 incursión en finca, muerte
municipio de La Palma
de familiares.

Enfrentamientos entre
MIRANDA Vereda Llano Grande del FARC y el Ejército
35 1° de mayo de 2003
MARROQUÍN municipio de La Palma Nacional y amenazas de
grupo paramilitar.

Enfrentamientos entre
Sector La Bomba del
36 MONTERO ANZOLA 1° de julio de 2001 FARC y grupos
municipio de La Palma.
paramilitares.

VIRGUEZ Vereda Lourdes del Amenazas de grupos
37 10 de septiembre de 2001
MAHECHA municipio de Topaipí armados ilegales.

Vereda Avipay de
Amenazas de grupo
38 MELO JIMÉNEZ 17 de noviembre de 2000 Fajardo del municipio de
paramilitar.
La Palma

Amenazas de grupos
Vereda Tabacal del
39 YAS MAHECHA 13 de julio de 2002 armados ilegales, incursión
municipio de La Palma
en la vereda.

Amenazas FARC acusados
Vereda Las Vueltas del
40 BRAVO LEÓN 29 de diciembre de 2002 de pertenecer a
municipio de La Palma
paramilitares.

Amenazas de grupo
MARTÍNEZ Vereda La Montaña del
41 1° de enero de 2002 paramilitar por ser parte del
MARTÍNEZ municipio de La Palma
gremio transportador.

Amenazas de grupo
Vereda Cantagallo del
42 GAITÁN GÓMEZ 15 de agosto de 2004 paramilitar por haber
municipio de La Palma
prestado servicio militar.

Zona rural del Incineración de bienes por
43 ZÁRATE CRUZ 1° de octubre del año 2002
municipio de La Palma parte de las FARC.

RODRÍGUEZ Vereda Marcha del Amenazas de grupo
44 24 de febrero de 2002
RAMÍREZ municipio de La Palma paramilitar y de las FARC.

Secuestro de familiar y
Vereda Cantagallo del
45 ROJAS LEÓN 13 de marzo de 2003 amenazas de grupo
municipio de La Palma
paramilitar.

GUZMÁN Vereda El Egido del Amenazas de grupo
46 15 de enero de 2002
GUTIÉRREZ municipio de La Palma paramilitar.

GALINDO Vereda Tenerife del Amenazas de grupo
47 24 de octubre de 2002
HERNÁNDEZ municipio de La Palma paramilitar y de las FARC.

Vereda Hoya de Enfrentamientos entre las
48 LEÓN RODRÍGUEZ 3 de marzo de 2002 Tudela del municipio de La FARC y grupos
Palma paramilitares.

21

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Vereda Ático Murcia del Amenazas de grupo
49 MAHECHA GÓMEZ 3 de marzo de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

Enfrentamientos entre
HERNÁNDEZ Vereda Minipí del
50 1° de agosto de 2003 FARC y grupos
GONZÁLEZ municipio de La Palma
paramilitares.

ANGULO Vereda El Castillo del
51 1° de abril de 2001 Amenazas FARC.
MARTÍNEZ municipio de La Palma

Amenazas FARC, negativa
Vereda Alto de Salinas del
52 LEÓN RODRÍGUEZ 21 de abril de 2002 de acceder al
municipio de La Palma
reclutamiento.

Enfrentamientos entre
FARC y grupos
MARROQUÍN Vereda Izama del
53 11 de febrero de 2002 paramilitares, amenazas
BANOY municipio de La Palma
por ser testigos
presenciales de muertes.
Amenazas de grupo
Vereda Rionegro del
54 ROZO TRIANA 1° de junio de 2002 paramilitar, incursión
municipio de La Palma
armada de paramilitares.

MARTÍNEZ Vereda Castillo del Amenazas de grupo
55 8 de agosto de 2002
CHAVES municipio de La Palma paramilitar.

Amenazas de grupo
56 RICO ALVARADO 1° de mayo de 2002 Municipio de La Palma paramilitar, grupo familiar
objetivo paramilitar.

Amenazas de grupo
paramilitar por ser
57 RICO OLAYA 31 de octubre de 2000 Municipio de La Palma
candidato a cargo de
elección popular.

Amenazas de grupo
Vereda Pisco Grande del
58 RAMÍREZ MORENO En el 2002 paramilitar, acusados de
municipio de Topaipí
pertenecer a guerrillas.

Amenazas FARC por
59 REAL ROJAS 1° de abril de 2002 Municipio de La Palma
condición de funcionario.

Vereda el Alterón del Amenazas de grupo
60 RIAÑO BUSTOS En el 2002
municipio de La Palma paramilitar, hostigamientos

MONTERO DE Vereda La Cabaña del Amenazas FARC y grupo
61 En el 2002
MAHECHA municipio de La Palma paramilitar.

BARRERA Vereda de Omopay del Amenazas FARC y grupo
62 6 de febrero de 2003
QUIROGA municipio de La Palma paramilitar.

Vereda de Isama del Amenazas FARC y grupo
63 ORTIZ GARZÓN 11 de febrero de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

MIRANDA DE Vereda Ramírez del Amenazas FARC y grupo
64 En el 2002
MOJICA municipio de Yacopí paramilitar.

Vereda Sabaneta del Amenazas y grupo
65 MÉNDEZ RUEDA 21 de mayo de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

Vereda Santa Bárbara del Amenazas FARC y grupo
66 MELO VIRGUEZ 24 de enero de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

22

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Vereda La Laguna del Amenazas FARC y grupo
67 MIRANDA RUEDA 26 de agosto de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

vereda la Hoya de Amenazas de grupos
68 MONTERO LEÓN En el 2002 Tudela del municipio de La armados Ilegales, víctimas
Palma de torturas y maltratos.

Vereda la Hoya de
Amenazas de grupos
69 MONTERO ROJAS En el 2002 Tudela del municipio de La
armados Ilegales.
Palma

Vereda Conchimay del Amenazas de grupos
70 QUIJANO En el 2002
municipio de Caparrapí armados Ilegales.

vereda Hinche del Amenazas FARC y grupo
71 PULIDO MONTERO En el 2002
municipio de La Palma paramilitar.

Amenazas FARC y grupo
Vereda Rio Frio del
72 PACHÓN 5 de mayo de 2002 paramilitar, temor por
municipio de La Palma
reclutamiento de menores.
Amenazas de grupos
73 NEIRA No indicó fecha Municipio de La Palma
armados Ilegales.

Vereda Matadero Viejo Amenazas de grupos
74 PÉREZ GAONA No indicó fecha
del municipio de La Palma armados Ilegales.

Enfrentamientos entre
FARC y grupos
75 PALACIO PINZÓN En el 2002 Municipio de La Palma
paramilitares, amenazas
por ser funcionario púbico.

Amenazas y
MONTERO Vereda Hinche del enfrentamientos entre
76 En el 2002
MONTERO municipio de La Palma FARC y grupos
paramilitares.

Vereda La Cañada del Amenazas FARC y grupo
77 MORENO BASABE En el 2002
municipio de La Palma paramilitar.

Vereda Hoya de Amenazas del GAO
MONTERO
78 11 de febrero de 2002 Tudela del municipio de La FARC y grupo
VARGAS
Palma paramilitar.

Vereda Hoya de
MONTERO Amenazas FARC y grupo
79 11 de agosto de 2002 Tudela del municipio de La
MONTERO paramilitar.
Palma

Vereda Corinto del Amenazas FARC y grupo
80 RUBIO QUINTANA 1° de noviembre de 1985
municipio de Yacopí paramilitar.

VARGAS DE Vereda Alto de Salina del Amenazas FARC y
81 En el 2002
ÁNGULO municipio de La Palma grupo paramilitar.

Vereda Hoya de Tudela Amenazas FARC y grupo
82 ROJAS ZARATE 23 de octubre de 2003
del municipio de La Palma paramilitar.

Vereda Omopay del Amenazas FARC y grupo
83 ESCOBAR RUEDA 1 de agosto 2002
municipio de La Palma paramilitar.

Hostigamiento del Ejército
Vereda Carrapatal del Nacional, represalias por
84 VARGAS MÉNDEZ En el 2002
municipio de La Palma información que tenía de
militares.

Vereda Boquerón del Enfrentamientos entre
85 USECHE BERNAL 11 de febrero de 2002
municipio de La Palma FARC y grupo paramilitar.

23

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Vereda Hoya de
Amenazas FARC y grupo
86 ROJAS CASTRO 31 de enero de 2002 Tudela del municipio de La
paramilitar.
Palma
Vereda de la Hoya de
Amenazas FARC y grupo
87 TOVAR LÓPEZ En el 2002 Tudela del municipio de La
paramilitar.
Palma

SANTOS Vereda Minipí del Amenazas de grupo
88 En el 2002
RODRÍGUEZ municipio de La Palma paramilitar.

Enfrentamientos entre
QUEVEDO
89 26 de agosto de 2011 Municipio de La Palma FARC, el grupo paramilitar
CARRILLO
y el Ejército Nacional.

Enfrentamientos entre
ESPITIA Vereda Bunque del
90 12 de agosto de 2003 FARC, el grupo paramilitar
RETAVISCA municipio de La Palma
y el Ejército Nacional.

Vereda Batán del Amenazas del FARC y
91 VEGA VIRGUEZ 2 de febrero de 2003
municipio de La Palma grupo paramilitar.

Vereda Naranjal del Amenazas FARC y grupo
92 PERILLA GUINEA 1 de febrero de 2004
municipio de Topaipí paramilitar.

Vereda Murca del Amenazas FARC y grupo
93 VEGA TRIANA En el 2002
municipio de La Palma paramilitar.

Vereda Alto de Salinas del Amenazas FARC y grupo
94 GALINDO AGUIRRE 20 de febrero de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

Enfrentamientos entre
MIRANDA Vereda Alto de Salinas del
95 20 de abril de 2003 FARC, el grupo paramilitar
BARBOSA municipio de La Palma
y el Ejército Nacional.

Por el asesinato de un
Vereda Hoya de vecino y los
96 ROJAS DE POVEDA En el 2003 Tudela del municipio de La enfrentamientos entre
Palma FARC y grupo paramilitar,
muerte de un familiar.
Enfrentamientos FARC, el
Vereda El Potrero del
97 CHÁVEZ TRIANA 13 de diciembre de 2002 grupo paramilitar y el
municipio de La Palma
Ejército Nacional.

Enfrentamientos entre
Vereda Hoya de
MONTERO FARC, el grupo paramilitar
98 5 de agosto de 2002 Tudela del municipio de La
BELTRÁN y el Ejército Nacional,
Palma
maltratos verbales.

Por el asesinato de la
familiar Lilia Isabel
Vereda Hoyo de
BERNAL Salamanca y los
99 En el 2002 Garrapatal del municipio
SALAMANCA enfrentamientos entre
de La Palma
FARC, el grupo paramilitar
y el Ejército Nacional.

Vereda Hoya de
BELTRÁN Amenazas de grupo
100 23 de marzo de 2004 Tudela del municipio de La
MONTERO paramilitar.
Palma

CHAPARRO Vereda Murca del Amenazas del GAO FARC
101 En el 2002
BOLAÑOS municipio de La Palma y del grupo paramilitar.

Amenazas FARC y del
102 LINARES TRIANA 1 de octubre de 2002 Municipio de La Palma
grupo paramilitar.

24

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Vereda Alto de Salinas del Amenazas FARC por su
103 RUEDA BARBOSA 22 de mayo de 2001
municipio de La Palma condición de funcionario.

Amenazas FARC y grupo
CÁRDENAS
104 11 de febrero de 2002 Municipio de La Palma paramilitar, agresiones
MIRANDA
físicas.

Enfrentamientos entre
Vereda Cantagallo del
105 RUEDA MARTÍNEZ 8 de febrero de 2002 FARC, el grupo paramilitar
municipio de La Palma
y el Ejército Nacional.

Enfrentamientos entre el
Vereda El Castillo del GAO FARC, el grupo
106 GARZÓN ANGULO 25 de febrero de 2002
municipio de La Palma paramilitar y el Ejército
Nacional.

Amenazas de grupo
107 MORENO AGUIRRE 22 de septiembre de 2002 Municipio de La Palma
paramilitar.

108 ANGULO OBANDO 20 de julio de 2002 Municipio de La Palma Amenazas FARC.

Vereda Hinche del Amenazas y extorsiones
109 ÁVILA FARFÁN 11 de febrero de 2002
municipio de La Palma de grupo paramilitar.

Amenazas de grupo
Vereda Rionegro del
110 GARZÓN BOLAÑOS 1° de mayo de 2002 paramilitar, temor de
municipio de La Palma
reclutamiento-

Enfrentamientos FARC, el
CIFUENTES
111 14 de octubre de 2001 Municipio de La Palma grupo paramilitar y el
BERNAL
Ejército Nacional.

Amenazas FARC por su
112 DAZA GAONA 2 de agosto de 2002 Municipio de La Palma condición de conductor de
la ambulancia.

Amenazas del GAO
CORCHUELO Vereda El Egido del
113 En el 2001 FARC y del grupo
SAAVEDRA municipio de La Palma
paramilitar.

Amenazas FARC a las
GAITÁN
114 26 de agosto de 2002 Municipio de La Palma personas vinculadas con el
CARPINTERO
área de la salud.

Amenazas por ser testigos
Vereda Hinche del
115 JIMÉNEZ MESA 18 de enero de 2005 de crímenes del
municipio de La Palma
paramilitarismo.

Amenazas de grupo
MAHECHA Vereda El Egido del
116 9 de octubre de 2002 paramilitar, asesinato de
VIRGUEZ municipio de La Palma
familiares.

Amenaza mediante
117 MEDINA GARCÍA 1° de julio de 2006 Municipio de La Palma
llamadas telefónicas

ALVARADO
118 1 de julio de 2001 Municipio de La Palma Amenazas FARC.
ALVARADO

Vereda Hinche del Amenazas FARC y del
119 ÁLVAREZ BASABE 16 de septiembre de 2002
municipio de La Palma grupo paramilitar.

25

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

ÁLVAREZ Amenazas FARC y
120 16 de septiembre de 2002 Municipio de La Palma
BATANERO bombardeos del Ejército.

ÁLVAREZ Vereda Sarrapopa del Intimidaciones
121 1° de febrero de 2000
ESCOBAR municipio de La Palma paramilitares.

Vereda La Laguna del
122 ÁLVAREZ ORTIZ 1 de enero de 1998 Amenazas FARC.
municipio de La Palma

ANZOLA Amenazas del FARC y del
123 7 de febrero de 2003 Municipio de La Palma
CARPINTERO grupo paramilitar.

ARIAS Vereda las Vueltas del Amenazas FARC y grupo
124 13 de enero de 2003
HERNÁNDEZ municipio de La Palma paramilitar.

Vereda Murca del Amenazas FARC y grupo
125 BELLO MORENO 1° de diciembre de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

HERNÁNDEZ Vereda Minipí del Amenazas FARC y temor
126 En el 2001
BELTRÁN municipio de La Palma por reclutamiento.

Vereda Hoya de
BELTRÁN Amenazas FARC y del
127 2 de agosto de 2002 Tudela del municipio de La
MONTERO grupo paramilitar.
Palma

Vereda Cantagallo del Amenazas y extorsiones
128 BUSTOS BUSTOS 3 de febrero de 1998
municipio de La Palma FARC.

Amenazas de grupo
Vereda El Castillo del
129 CÁCERES BERNAL 12 de julio de 2002 paramilitar y del Ejército
municipio de La Palma
Nacional.

CALVO Amenazas de grupo
130 28 de junio de 2002 Municipio de La Palma
RODRÍGUEZ paramilitar.

CHAVARRO Vereda Marcha del
131 11 de febrero de 2002 Amenaza grupo paramilitar
GARCÍA municipio de La Palma

CIFUENTES Vereda Ático del
132 10 de abril de 2002 Amenazas del FARC.
GALINDO municipio de La Palma

Amenazas por ser
133 CIFUENTES 26 de junio de 2002 Municipio de La Palma
funcionario púbico.

CIFUENTES Vereda Zumbe del
134 28 de octubre de 2002 Amenazas FARC.
MAHECHA municipio de la Palma

ESCOBAR Vereda La Chamita del Amenazas de grupo
135 30 de junio de 2002
PARAMO municipio de La Palma paramilitar.

Obligados a asistir a
136 FAJARDO CALVO 1° de noviembre de 2002 Municipio de La Palma
reuniones de AUC.

26

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Amenazas FARC,
MARROQUÍN Puente de Oro del
137 1° enero de 2002 asesinato de sobrino,
GAITÁN Municipio de La Palma
retención de familiar.

Vereda Cantagallo del Amenazas de grupo
138 ROMERO 2 de enero de 2002
municipio de la Palma paramilitar.

Vereda Paz Paz del
139 TRIANA MORENO 15 de enero de 2002 Amenazas de FARC.
municipio de La Palma

Amenazas FARC y del
140 TRIANA ESCOBAR 1° de marzo de 2002 Municipio de La Palma
grupo paramilitar.

Amenazas de grupo
MARROQUÍN
141 4 de marzo de 2002 Municipio de La Palma paramilitar, amenazas de
VILLAMIL
reclutamiento.

VIRGUEZ Amenazas FARC por ser
142 1° de julio de 2002 Municipio de La Palma
CÁCERES funcionario público.

Vereda Altos de
RODRÍGUEZ Amenazas de grupo
143 15 de febrero de 2002 Salinas del municipio de La
BENITO paramilitar.
Palma

Amenazas de grupo
RODRÍGUEZ
144 13 de abril de 2012 Municipio de La Palma paramilitar, pedían
GALINDO
información de FARC

Amenazas de grupo
GUZMÁN Vereda El Egido del
145 20 de agosto de 2002 paramilitar por condición de
HERNÁNDEZ municipio de La Palma
agricultores.

Vereda Potrero del Amenazas FARC y del
146 TRIANA OLAYA 23 de febrero de 2000
municipio de La Palma grupo paramilitar.

Vereda Garrapatal del Amenazas FARC y del
147 GÓMEZ VANEGAS 10 de octubre de 2001
municipio de La Palma grupo paramilitar.

Amenazas del GAO
16 de septiembre de Vereda Hortigal del
148 HERNÁNDEZ ÁVILA FARC y del grupo
2002 municipio de La Palma
paramilitar.

AGUIRRE Vereda Izama del Amenazas de grupo
149 16 de octubre de 2004
MARROQUÍN municipio de La Palma paramilitar.

CÁRDENAS Vereda El Egido del Amenazas del GAO
150 8 de septiembre de 2000
MIRANDA municipio de La Palma FARC.

Amenazas de grupo
151 RUEDA JIMÉNEZ 15 de junio de 2003 Municipio de La Palma
paramilitar.

FARFÁN Vereda Cámbulos del Amenazas FARC y del
152 1° de diciembre de 2002
HERNÁNDEZ municipio de La Palma grupo paramilitar.

Vereda Alpujarra del Amenazas FARC y del
153 GÓMEZ VEGA 18 de mayo de 1999
Municipio de La Palma grupo paramilitar.

Vereda Cámbulos del Amenazas FARC y del
154 HERNÁNDEZ 1° de junio de 2003
municipio de La Palma grupo paramilitar.

Amenazas de grupo
155 MAHECHA 18 de junio de 2007 Municipio de La Palma
paramilitar.

27

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

TOVAR Vereda Cámbulos del
156 20 de marzo de 2002 Amenazas FARC.
HERNÁNDEZ municipio de La Palma

Vereda Alpujarra del Amenazas de grupo
157 VEGA JIMÉNEZ 1° de julio de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

Vereda Alto de Cañas del Amenazas de grupo
158 GÓMEZ 1° de enero de 1999
municipio de Yacopí paramilitar.

MONTERO Vereda Conchimay del Amenazas de grupo
159 3 de febrero de 2003
BELTRÁN municipio de La Palma paramilitar.

Amenazas FARC y del
160 CASALLAS PARRA 1° de abril de 2002 Municipio de La Palma
grupo paramilitar.

Vereda Marcha del Amenazas FARC y del
161 OSTOS AGUDELO 8 de octubre de 1998
municipio de La Palma grupo paramilitar.

MORENO Vereda El Salitre del Amenazas FARC y del
162 10 de octubre de 2001
HERNÁNDEZ municipio de La Palma grupo paramilitar.

Amenazas de grupo
163 CORREA 15 de mayo de 2002 La Cañada
paramilitar.

RODRÍGUEZ Vereda Alto de Salinas del Amenazas FARC y del
164 23 de diciembre de 2004
BENITO municipio de La Palma grupo paramilitar.

Vereda Hoya de
MARTÍNEZ Amenazas de grupo
165 11 de febrero de 2002 Tudela del municipio de La
MONTERO paramilitar.
Palma

Vereda Hinche Alto del Amenazas de grupo
166 MONTERO MOYA 10 de mayo de 2003
municipio de La Palma paramilitar.

Vereda Hoya de
MONTERO Amenazas de grupo
167 1° de diciembre de 2002 Tudela del municipio de La
BELTRÁN paramilitar.
Palma

168 MAHECHA 1° de marzo de 2001 Municipio de La Palma Amenazas FARC.

Vereda Samacá del Amenazas FARC y del
169 LINAREZ LOZANO 1° de febrero de 2002
municipio de El Peñón grupo paramilitar.

Vereda Hoya de
Amenazas de grupo
170 LEÓN MONTERO 22 de noviembre de 2002 Tudela del municipio de La
paramilitar.
Palma

Vereda Hoya de
MONTERO Amenazas FARC y del
171 26 de noviembre de 2002 Tudela del municipio de La
ROBAYO grupo paramilitar.
Palma

Vereda Hoya de
Amenazas FARC y del
172 LEÓN 17 de agosto de 2002 Tudela del municipio de La
grupo paramilitar.
Palma

OBANDO Vereda Pirineos del Amenazas FARC y del
173 29 de agosto de 2005
HERNÁNDEZ municipio de La Palma grupo paramilitar.

Amenazas FARC y del
174 ANZOLA GALINDO 25 de febrero de 2002 Municipio de La Palma
grupo paramilitar.

28

Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Vereda Izama del Amenazas de grupo
175 ZARATE RUEDA 2 de septiembre de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

BOLAÑOS Vereda El Potrero del Amenazas de grupo
176 10 de octubre de 2002
VÁSQUEZ municipio de La Palma paramilitar.

Enfrentamientos entre el
Vereda La Laguna del
177 TOVAR MIRANDA 1° de agosto de 2002 FARC, el grupo paramilitar
municipio de La Palma
y el Ejército Nacional.

Enfrentamientos entre
GALINDO DE Vereda Murca del
178 15 de enero de 2003 FARC, el grupo paramilitar
RAMÍREZ municipio de La Palma
y el Ejército Nacional.

Veredas El Hato y
Amenazas de grupo
179 ÁVILA BASABE 11 de febrero de 2002 Marcha del municipio de
paramilitar.
La Palma

Vereda Murca del Amenazas de grupo
180 GALINDO VEGA 1° de diciembre de 2002
municipio de La Palma paramilitar.

MEDINA Vereda Hinche del Amenazas de grupo
181 15 de abril de 2004
GONZÁLEZ municipio de La Palma paramilitar.

TOBAR Amenazas de grupo
182 21 de agosto de 2002 Municipio de La Palma
HERNÁNDEZ paramilitar.

GUTIÉRREZ Vereda La Aguada del Amenazas del F2 de la
183 22 de diciembre de 1994
RODRÍGUEZ municipio de La Palma Policía Nacional.

Vereda Hoya de
Amenazas de grupo
184 LÓPEZ TOVAR 20 de agosto de 2002 Tudela del municipio de La
paramilitar.
Palma

67. Lo anterior muestra que los diferentes núcleos familiares que integraron el grupo

demandante expusieron múltiples y variadas razones que motivaron sus
desplazamientos; así, se observa lo siguiente.

(i) Por “amenazas de grupo paramilitar”. Causa de desplazamiento
alegado por los núcleos familiares: Jiménez Bolaños, Cáceres Useche,
Mahecha Hueso, Triana Moreno, Prieto Moreno, Mahecha Triana,
Martínez Montero, Melo Vargas, Mahecha Hernández, Zipaquirá
Retavisca, Martínez León, León Chavarro, Vega Vanegas, Mahecha
Triana, Melo Jiménez, Miranda Marroquín, Guzmán Gutiérrez, , Mahecha
Gómez, Rozo Triana, Riaño Bustos, , Santos Rodríguez, , Beltrán
Moreno, Moreno Aguirre, , Mahecha Virguez, , Martínez Chaves, Calvo
Rodríguez, Chavarro García, Escobar Páramo, Romero, Marroquín
Villamil, Rodríguez Benito, Aguirre Marroquín, Rueda Jiménez, Mahecha,
Vega Jiménez, Gómez, Correa, Martínez Montero, Montero Moya,
Montero Beltrán, León Montero, Zarate Rueda, Bolaños Vásquez, Ávila
Basabe, Galindo Vega, Medina González y Tovar Hernández, Daza
Gaona, Mahecha Triana.

(ii) Por “amenazas de las FARC”. Causa de desplazamiento alegado por
los núcleos familiares: Useche Rueda, Useche Virguez, Hoyos Mahecha,

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Hoyos, Vega López, Serrato Triana, Moreno Rueda, Angulo Martínez,
León Rodríguez, Real Rojas, Rueda Barbosa, Angulo Obando, Alvarado
Alvarado, Álvarez Ortiz, Cifuentes Galindo, Cifuentes, Cifuentes
Mahecha, Triana Moreno, Cárdenas Miranda, Hernández Mahecha y
Obando Hernández.

(iii) Por “amenazas de grupo paramilitar y de las FARC”. Causa de
desplazamiento alegado por los núcleos familiares: Rodríguez Ramírez,
Galindo Hernández Montero Mahecha Barrera Quiroga, Ortiz Garzón,
Miranda de Mojica, Méndez Rueda, Melo Virguez, Miranda Rueda, Pulido
Montero, Pachón, Moreno Basabe, Montero Vargas, Montero Montero,
Rubio Quintana, Vargas Ángulo Rojas Zárate, Escobar Rueda, Rojas
Castro, Tovar López, Vega Virquez, Perilla Guinea, Vega Triana, Galindo
Aguirre Chaparro Bolaños, Linares Triana, Cárdenas Miranda, Corchuelo
Saavedra Álvarez Basabe, Anzola Carpintero, Arias Hernández. Bello
Moreno, Beltrán Montero, Triana Escobar, Triana Olaya, Gómez
Vanegas, Hernández Ávila, Farfán Hernández, Gómez Vega, Hernández,
Casallas Parra, Ostos Agudelo, Moreno Hernández, Rodríguez Benito,
Linarez Lozano, Montero Robayo, León, Obando Hernández y Anzola
Galindo.

(iv) Por “amenazas de grupo paramilitar y del Ejército Nacional”. Causa
de desplazamiento alegado por el núcleo familiar Cáceres Bernal.

(v) Por “amenazas de grupos armados ilegales”. Causa de
desplazamiento alegado por los núcleos familiares: Melo Martínez, Melo
Miranda, Melo Maldonado, Virguez Mahecha, Yas Mahecha, Bravo León,
Montero León, Montero Rojas, Quijano, Neira y Pérez Gaona.

(vi) Por “amenazas del F2 de la Policía Nacional”. Causa de
desplazamiento alegado por el núcleo familiar Gutiérrez Rodríguez.

(vii) Por “amenaza mediante llamadas telefónicas”. Causa de
desplazamiento alegado por el núcleo familiar: Medina García.

(viii) Por “amenazas de las FARC por la condición de funcionario público
o por ocupar un cargo de elección popular o por su vinculación con
el área de la salud, por condición de conductor de ambulancia o por
su relación con el comercio de telas o con el gremio transportador.
Causa de desplazamiento alegado por los núcleos familiares: Real Rojas,
Rico Olaya, Zipaquirá Retavisca, Hoyos Mahecha, Linares Pineda,
Martínez Martínez, Palacio Pinzón y Daza Gaona.

(ix) Por estar ubicados a la orilla de la carretera. Causa de desplazamiento
alegado por los núcleos familiares: Medina García y Martínez León.

(x) Por “amenazas por ser testigos presenciales de crímenes”. Causa de
desplazamiento alegado por los núcleos familiares: Useque Virguez y
Marroquín Banoy.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

(xi) Por “amenazas por acusaciones de pertenecer a las FARC o al
paramilitarismo o por haber prestado el servicio militar”. Causa de
desplazamiento alegado por los núcleos familiares Bravo León, Gaitán
Gómez y Ramírez Moreno.
(xii) Por “extorsiones y enfrentamientos entre paramilitares, FARC y
Ejército o quedar en medio del fuego cruzado” Causa de
desplazamiento alegado por los núcleos familiares: Melo Miranda,
Zipaquirá Retavisca, Vega Vanegas, Mahecha Triana, Montero Montero,
Ávila Farfán, Bustos Bustos, Zárate Mahecha, Vanegas Martínez,
Mahecha Triana, León Rojas, Tovar, Hernández Tovar, Medina de Zárate,
Miranda Marroquín, Montero Anzola, León Rodríguez, Hernández
González Marroquín Banoy, Palacio Pinzón, Useche Bernal, Quevedo
Carrillo, Espitia Retavisca, Miranda Barbosa, Chávez Triana, Montero
Beltrán, Rueda Martínez, Garzón Angulo, Cifuentes Bernal, Tovar
Miranda y Galindo de Ramírez, Vanegas Martínez y Mahecha Hueso.

(xiii) Por “hostigamiento o bombardeos del Ejército Nacional”. Causa de
desplazamiento alegado por los núcleos familiares: Vargas Méndez y
Álvarez Betanero.

(xiv) Por “pánico por la acción del paramilitarismo”. Causa de
desplazamiento alegado por los núcleos familiares: Prieto Romero y
Martínez Montero

(xv) Por “incineración de bienes por parte de las FARC”. Causa de
desplazamiento alegado por el núcleo familiar: Zárate Cruz.

(xvi) Por “muerte de familiares o vecinos”. Causa de desplazamiento
alegado por los núcleos familiares: Cáceres Useche, Useche Barón,
Rojas de Poveda, Bernal Salamanca y Serrato Triana.

(xvii) Por “secuestro de familiares”. Causa de desplazamiento alegado por
los núcleos familiares: Ortiz Tobar y Rojas León.

(xviii) Por “riesgo de reclutamiento forzado de sus familiares o negativa de
reclutamiento”. Causa de desplazamiento alegado por los núcleos
familiares: Moreno Rueda, León Rodríguez, Pachón, Garzón Bolaños y
Hernández Beltrán

(xix) Por “temor a acciones del paramilitarismo o por estado de zozobra”
Causa de desplazamiento alegado por los núcleos familiares: León
Chaparro, Hoyos, Moreno Rueda y Yas Mahecha.

(xx) Por “incursión en vereda, vivienda o finca”. Causa de desplazamiento
alegado por los núcleos familiares: Tiana Moreno, Ortiz Tovar y Rozo
Triana.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

(xxi) Por ser “obligados a asistir a reuniones del paramilitarismo”. Causa
de desplazamiento alegado por el núcleo familiar: Fajardo Calvo.

68. Lo anterior evidencia que el grupo demandante en realidad no señaló una causa

común del desplazamiento forzado que se extendiera a todos sus miembros. Si
bien, en gran medida, el grupo alegó que las causas del desplazamiento estuvieron
determinadas por “amenazas”, lo cierto es que se referenciaron múltiples autores
de las mismas, a saber, amenazas que provenían del paramilitarismo, de las FARC,
de ambos grupos, de militares, incluso, de éstos y de paramilitares, y, en otros
eventos, de grupos armados ilegales indistintos, incluso se señalaron como
determinadores a la Policía y a organismos que en algún momento actuaban como
fuerzas de inteligencia adscritas a esta entidad.

69. Además de señalamientos diferenciales de los agentes determinadores de las

amenazas, se expusieron variados móviles de aquellas, los cuales fueron ligados a
condiciones determinadas de las víctimas, por ejemplo, en razón a su calidad de
funcionarios públicos, la relación con cargos de elección de elección popular o
actividades afines a la salud o atinentes a un grupo específico poblacional como el
caso de los comerciantes de telas o del gremio transportador, incluso, o por
situaciones especiales o circunstanciales como encontrarse ubicados a la orilla de
la carretera, haber sido testigos de crímenes ocasionados por diferentes actores del
conflicto, por acusaciones de pertenecer a grupos distintos armados de la ley o
haber prestado el servicio militar obligatorio, incluso, por información que se tenía
de grupos ilegales.

70.A la par, se presentaron causas diversas a las amenazas, pero motivadas por
hechos ligados a la extorsión de diferentes agentes y enfrentamientos o
hostigamientos entre distintos actores, a saber, entre las fuerzas del Estado y los
grupos armados ilegales, e, incluso, enfrentamientos entre éstos últimos. A su vez,
se indicaron móviles de desplazamiento de índole particular o concreto como el
temor, pánico o estado de zozobra por diferentes causas o por causas que no
identificaron o condicionadas al secuestro o al riesgo de reclutamiento de familiares
o por incursiones diferenciadas por viviendas, fincas o veredas.

71. A su turno, se pudo identificar que no todos los actores de grupo mantenían una

misma unidad respecto del lugar territorial en torno al cual alegaron el
desplazamiento. Pese a que, en su gran mayoría, los núcleos familiares
manifestaron su pertenencia a diferentes veredas del municipio de la Palma, lo
cierto fue que no en pocos casos tales grupos alegaron pertenecer a veredas de
otros municipios, tal es el caso de los núcleos familiares: (i) HOYOS, quienes
afirmaron ser desplazados de la Vereda Curiche del municipio El Peñón; (ii)
RAMÍREZ MORENO, quienes adujeron ser desplazados de la vereda Pisco del
municipio de Topaipí; (iii) QUIJANO, quienes alegaron ser desplazados de la vereda
Conchimay del municipio de Caparrapí; (iv) RUBIO QUINTANA, quienes
mencionaron desplazamiento de la vereda Corinto del municipio de Topaipí; (v)
PERILLA GUINEA, quienes refirieron fueron desplazados de la vereda Naranjal de

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

este último municipio; y, (vi) LINAREZ LOZANO, quienes sostuvieron ser
desplazados de la vereda El Peñón.

72. Por lo anterior, ha de considerarse que las razones que sustentan la pretensión

común de indemnización de perjuicios causados a un grupo no mantienen una
unicidad de causa. Esto, en tanto el nexo de causalidad, en términos de causalidad
adecuada, resulta difuso precisamente por la multiplicidad de razones y móviles que
expusieron los diversos actores de grupo, claramente no puede existir un vínculo
jurídico entre aquellos. Una cosa, por ejemplo, es imputar jurídicamente el daño por
cuenta de amenazas que provienen de agentes del Estado y, otra, de las amenazas
que devienen de agentes diversos, tal es el caso de las amenazas que proceden de
agentes del conflicto -FARC, paramilitares o grupos armados ilegales diversos.

73. Tampoco puede equiparse la vinculación jurídica que se enrostra al Estado
cuando las referidas amenazas derivan de una calidad determinada -funcionario
público, cargo de elección popular, desarrollo de una actividad productiva
determinada- o por elementos circunstanciales -ubicación de vivienda, testigo de
crímenes, señalamientos por pertenencia a un grupo ilegal determinado o por
presentación del servicio militar-, pues en esos eventos las causas confluyen en
divergentes escenarios de imputación de responsabilidad.

74. En términos de identidad de imputación jurídica, no es viable la censura de
responsabilidad cuando ya no se identifican las amenazas como causa inequívoca
del desplazamiento sino que se exteriorizan otras motivaciones como el tema de
extorsiones, enfrentamientos, hostigamientos, bombardeos, incineración de bienes,
muertes, secuestros o incursiones, casos en los cuales la arista de la
responsabilidad del Estado debe ser analizada bajo indistintas ópticas.

75. Bajo estos razonamientos no puede hablarse de aspectos de hecho o derecho

comunes entre los miembros del grupo o que se ubiquen en condiciones
semejantes, uniformes o únicas que constituyan el origen de los perjuicios que se
demandan que permitan una misma definición litigiosa unánime y colectiva guiada
por la misma cuerda procesal.

76. Debe considerarse que, si bien la parte actora mencionó en la demanda como

condiciones generales de desplazamiento aspectos relacionados con el contexto
generalizado de violencia que afrontó el municipio de la Palma, tales condiciones
no pueden considerarse como una fuente generadora de una causa común
extendida a la totalidad de los miembros del grupo, en el entendido de que la
unicidad de causa debe analizarse desde la causalidad adecuada, esto es, desde
las causas próximas, cercanas, determinantes del desplazamiento, escenario en el
que se debe recurrir a las motivaciones o razones que fundamentaron el
desplazamiento forzado, las cuales, como se explicó, resultaron disímiles y distintas
a cada núcleo familiar.

77. En su recurso de apelación la parte actora adujo que la causa común comprendía

las omisiones reprochadas a las demandadas, al punto de su posición de garante y
por su anuencia con el paramilitarismo; sin embargo, la Sala no puede desatender
el desarrollo jurisprudencial, en el que se ha explicado que la causa común no

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

puede confluir en las conductas activas u omisivas constitutivas del reproche de
responsabilidad, en tanto que el estudio de la imputación desde esas conductas
reprochables surge tras la definición de la existencia de condiciones uniformes
frente a una misma causa, de allí que ante la ausencia de causa común o de
unicidad de causa deviene la indebida integración del grupo como presupuesto de
procedencia de la acción, lo que impide el análisis de los restantes elementos de
responsabilidad del Estado.

78. Dicho esto, se tiene que ante la evidencia de causas de desplazamiento distintas

no es posible identificar una causa común que se extienda a todos y que permita
integrar al grupo, lo que imposibilita una uniformidad en la resolución de la
controversia, pues implicaría la toma de decisiones sobre sujetos en situaciones de
hecho y de derecho totalmente disímiles que escapan al marco de juicio previsto
por el legislador para las acciones de grupo o medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.

79. Ha de considerarse que si bien este tipo de acciones apareja un interés que

entraña el derecho que le asiste a las víctimas de obtener una reparación, ello no
puede sobreponerse al cumplimiento de los requisitos sustanciales legalmente
exigibles para su ejercicio. De hecho, para tal ejercicio se requiere actuar por
conducto de abogado46, profesional a quien le asiste el deber de conocer la técnica
procesal del medio de control que estima pertinente, de modo que las
consecuencias de su elección cobijan a todos los miembros presentes del grupo,
quienes decidieron libremente otorgar poder al apoderado para que se asumiera su
representación judicial.

80. Finalmente, no es un caso en el que las personas que aducen la condición de

víctimas acudan directamente a la jurisdicción y en el que por tal razón se deban
flexibilizar las exigencias procesales, pues no se puede ponderar la garantía de
acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva sobre el desconocimiento de los
presupuestos sustanciales de forzoso acatamiento; admitirlo resquebrajaría la
seguridad jurídica atendible en un estado social de derecho.

81. En otras palabras no se pueden flexibilizar las razones que motivaron los
desplazamientos forzados, en tanto que ese criterio no puede emplearse para
liberar a la parte de la carga de exponer las motivaciones que siguieron a las
causas por las cuales alegaron tal daño y que debían concluir en una causa común
que integrara al grupo, pues de otro modo ello habilitaba al juez constitucional de
la acción de grupo a decidir de manera uniforme la cuestión litigiosa para todos
sus miembros.

82. En consecuencia, efectuado el análisis de la relación de causalidad, se concluye

que los daños sufridos por el grupo no tienen una misma causa como fuente
eficiente única, lo que lleva al incumplimiento del requisito de comunidad en la
causa que predican las normas de la Ley 472 de 1998 como presupuesto de

46 “Artículo 49. Ejercicio de la acción. Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto de abogado. Cuando

los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse un comité y el juez reconocerá
como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el mayor número de víctimas, o en su defecto
al que nombre el comité”.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

procedencia de la acción de grupo, en la medida en que el grupo no se encuentra
legitimado materialmente en la causa para conformar el extremo activo,
circunstancia que amerita, por esta razón modificar el fallo de primera instancia en
cuanto negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción, en consonancia con la postura adoptada sobre el
particular por esta Subsección47.

Condena en costas
83. En materia de costas en el medio de control de perjuicios causados a un grupo

habrán de aplicarse las disposiciones del Código General del Proceso, por
disposición expresa del artículo 68 de la Ley 472 de 1998. Así, el numeral 1° del
artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, dispone que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso o a quien se resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja o súplica que haya propuesto. Además, de acuerdo con
el artículo 366 ibidem las costas se liquidarán de manera concentrada por el juez
que haya conocido del proceso en primera o única instancia.

84. No obstante la mencionada previsión normativa, la Corte Constitucional, en
sentencia de unificación SU-241/24, definió que en los procesos relativos a la
responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos se ventila un interés
público, que excluye la posibilidad de impartir una condena en costas, aun habiendo
desestimado la alzada. Entiende la Sala que la ratio que ordenó aplicar la Corte con
ocasión de un proceso de reparación directa resulta igualmente extensivo al caso
de las acciones de grupo, dada su naturaleza indemnizatoria y en vista de la
temática que suscitó el presente litigio, de manera que no condenará en costas en
la presente instancia.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone: DECLARAR
improcedente la acción de reparación de los perjuicios causados a un grupo
promovida en el asunto de la referencia.

SEGUNDO: SIN condena en costas

TERCERO: REMITIR copia de esta sentencia al registro público centralizado de
acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo.

47 Sobre la declaratoria de improcedencia de la acción ante la ausencia de causa común, ver: Consejo de

Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 30 de agosto de 2024 (expediente AG 69.510) CP.
María Adriana Marín; del 26 de septiembre de 2025 (expediente: AG 70.826) CP: Fernando Alexei Pardo; En
igual sentido se tiene, Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de julio de 2025
(expediente: AG 69.981) C.P. Alberto Montaña Plata.

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Radicación: 25000-23-51-000-2015-02094-01(69.318)
Actor: Angelmiro Jiménez y otros
Demandados: Nación – Mindefensa, Ejército y Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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