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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2016-00410-02

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2016-00410-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DECLARAR improcedente el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: CONDENAR a pagar las costas de ambas instancias, a prorrata, a los señores Jennifer Rivera Arias, Emilia Gladys Perdomo Tejada, Andrea Vargas Perdomo, Guillermo José Jiménez Fernández, Sol María López Pedraza, Sergio Alberto Pulido Molano, María Fanny Ramírez Gómez, Andrés Popayán Tapia, Miryan Jiménez Naranjo, Fernando Antonio Naranjo Gil, María Sorany Arias Ocampo, Angélica María Rivera Arias, Miriam Del Socorro Caipe Taguada, Natalia Sánchez Arias, Elsa Patricia Suárez Pardo y Edilberto Rocha, en favor del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Fijar como agencias en derecho de la primera instancia 4 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la presente providencia. 36 Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510) Actor: Jennifer Rivera Arias y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo Fijar como agencias en derecho de la segunda instancia 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la presente providencia. CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2016-00410-02

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)

Actor: JENNIFER RIVERA ARIAS Y OTROS

Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTRO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A
UN GRUPO / IMPROCEDENCIA POR INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL GRUPO –
Inexistencia de una causa común frente al daño que se invocó en la demanda.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Nacional
Electoral, así como las apelaciones adhesivas presentadas por la parte actora y la
Registraduría Nacional del Estado Civil contra la sentencia proferida el 3 de
septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Solicita la demandante que se condene a las entidades demandadas a pagar los
daños y perjuicios causados con la presunta ilegalidad de los actos administrativos
mediante los cuales se resolvió dejar sin efecto la inscripción de 9.830 cédulas de
ciudadanía en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, e impidió el ejercicio del
derecho al voto en las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre de 2015.

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

II. ANTECEDENTES

1. Demanda inicial

El 4 de abril de 2016 (fls. 768 – 801, c 1A), la señora Jennifer Rivera Arias1, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados
a un grupo contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, para que se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERO: La Nulidad de la Resolución No. 2564, fechada del 22 de septiembre
de 2015 “Por medio de la cual se adoptan decisiones dentro del procedimiento
administrativo para determinar la inscripción irregular de algunas cédulas de
ciudadanía en el Municipio de JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, para las
elecciones de autoridades locales a realizarse el 25 de octubre de 2015”,
proferida por el Consejo Nacional Electoral - CNE, y suscrita por el señor
presidente Dr. EMILIANO RIVERA BRAVO y el Señor Vicepresidente Dr.
FELIPE GARCÍA ECHEVERRI.

SEGUNDO: La Nulidad de la Circular Externa No. 004, fechada del 25 de
septiembre de 2015 “Instrucción Administrativa para notificación de las
Resoluciones proferidas por el Consejo Nacional Electoral que dejan sin efecto
la inscripción de cédulas de ciudadanía en municipios del territorio nacional, con
miras a las elecciones de autoridades locales a celebrarse el 25 de octubre de
2015”, proferida por el Consejo Nacional Electoral - CNE, y suscrita por el señor
presidente Dr. EMILIANO RIVERA BRAVO y el señor vicepresidente Dr.
FELIPE GARCÍA ECHEVERRI.

TERCERO: La Nulidad del acto ficto, es decir, del SILENCIO
ADMINISTRATIVO NEGATIVO configurado el 7 de diciembre de 2015 para el
caso de la señora JENNIFER RIVERA ARIAS, por motivo de no haberse
notificado decisión expresa por parte del Consejo Nacional Electoral- CNE y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre el recurso de REPOSICIÓN
interpuesto el 7 de octubre de 2015 en contra de la Resolución 2564, fechada
del 22 de septiembre de 2015.

CUARTO: La Nulidad del acto ficto, es decir, del SILENCIO ADMINISTRATIVO
NEGATIVO configurado el 5, 6, 7, 8 y 9 etc, de diciembre de 2015 para el caso

1 En el escrito inicial se indició que el grupo afectado corresponde a las 9.830 personas que
resultaron afectadas con la Resolución No. 2564 de 22 de septiembre de 2015 proferida por el
Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se anuló la inscripción de sus cédulas de ciudadanía
para las elecciones locales de Jamundí a ser celebradas el 25 de octubre de 2015. Así mismo, se
identificaron como miembros de tal conjunto de individuos a 40 personas, estas son: la demandante
y María Sorany Arias Ocampo, Emilia Gladys Perdomo Tejada, Andrea Vargas Perdomo, Guillermo
José Jiménez Fernández, Sol María López Pedraza, Sergio Alberto Pulido Molano, Miryan Jiménez
Naranjo, Fernando Antonio Naranjo Gil, Nancy Carvajal Vargas, Nubia Isabel Velasco Erazo, Natalia
Sánchez Arias, María Fanny Ramírez Gómez, Elsa Patricia Suarez Pardo, John Jairo Ruiz Flórez,
Lucero Balanta Posada, María Melba Angulo Garces, Sully Adriana León Salazar, Llina Ismenia
Mosquera Marín, Carlos Humberto Mosquera Mina, Javier Castaño Henao, Gustavo Adolfo Zapata
Ducer, Andrés Popayán Tapia, Jorge Hernán Peñaranda López, Angélica María Rivera Arias,
Sthepania Calderón Solarte, Omar Antonio Henríquez Rojas, Teresa De Jesús Henríquez Rojas,
Oliverio Suaza Castillo, Jordi Gersain Chacón Aguirre, Jorge Albeiro Cardona Arias, Elizabeth
Meneses Silva, Nhora Castaño Osorio, Ana Julia Santagruz Escobar, Liliana Escobar Santacruz,
Carlos Alberto Salgado Jaramillo, Alba Lucía Rodríguez, Francelly Urrea Castillo, Dora Cristina
Perea y Yesika Saavedra Castrillón.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

de los demás miembros del grupo, por motivo de no haberse notificado decisión
expresa por parte del Consejo Nacional Electoral - CNE y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, sobre los recursos de REPOSICIÓN interpuestos el
5, 6, 7, 8 y 9 etc., de octubre de 2015 en contra de la Resolución 2564, fechada
del 22 de septiembre de 2015.

QUINTO: La Nulidad de la Resolución No. 5352, fechada del 21 de octubre de
2015 “Por medio de la cual se adoptan decisiones por trashumancia electoral
en distintos Municipios del País, para las elecciones de autoridades locales a
realizarse el 25 de octubre de 2015”, proferida por el Consejo Nacional
Electoral- CNE, y suscrita por el señor presidente Dr. EMILIANO RIVERA
BRAVO y el señor vicepresidente Dr. FELIPE GARCÍA ECHEVERRI.

SEXTO: La Nulidad de la Resolución No. 13767, fechada del 24 de octubre de
2015 “Por la cual se establecen las medidas encaminadas a la actualización
del censo electoral del municipio JAMUNDÍ VALLE para las elecciones de
autoridades locales a realizarse el 25 de octubre de 2015”, proferida por la
Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
suscrita por la señora Directora Dra. SANDRA RUBIANO FERRO (EF).

V.Il. Como consecuencia de lo anterior y a título de reparación las siguientes:

V.1.1. Que se declare a la NACIÓN - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL -
CNE y a la NACIÓN - REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
administrativamente responsable de los daños materiales y morales
ocasionados a mi poderdante y sobre el conjunto de personas afectadas en la
presente Litis.

V.1.1.1. Que se le ordene a la NACIÓN - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
• CNE y a la NACIÓN - REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
corrija las bases de datos que manejan internamente y en la página web, en el
sentido de actualizarlas para efectos de que mi cliente y las personas del grupo
puedan visualizar su lugar de votación en el municipio de Jamundí. (Derecho
de Hábeas Data, Art. 15 C.N.).

V.11.1.2. Que se condene a la NACIÓN - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
• CNE y a la NACIÓN - REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a
pagar $ 6.522.782, lo cual corresponde a los perjuicios materiales causados a
mi cliente.

V.ll.1.3. Que se condene a la NACIÓN - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL -
CNE y a la NACIÓN-REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a
pagar CINCUENTA (50) SMMLV, lo que en el presente año se estima en
$34.472.700, lo cual corresponde a los perjuicios morales causados a mi
cliente.

V.ll.1.4. Que se condene a la NACIÓN - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL -
CNE y a la NACIÓN - REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a
pagar a cada uno de los miembros del grupo los perjuicios morales solicitados
en la pretensión V.II.1.3. y además los perjuicios materiales que logren probar
en la presente Litis.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:

A través de la Resolución No. 2564 de 22 de septiembre de 2015, el Consejo
Nacional Electoral anuló la inscripción de las cédulas de ciudadanía en el municipio

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

de Jamundí, Valle del Cauca, de 9.830 ciudadanos, que no fueron notificados
personalmente, sino mediante el aviso previsto en el artículo 70 del CPACA.

A efectos de controvertir dicha determinación, el Consejo Nacional Electoral expidió
la circular externa No. 004 de 25 de septiembre de 2015, mediante la cual exigió la
presentación personal del eventual recurso de reposición que podrían presentar los
ciudadanos afectados.

En ejercicio del derecho de defensa, algunos ciudadanos alcanzaron a interponer
recurso de reposición y/o acción de tutela en contra de la decisión que dejaba sin
efecto la inscripción de las cédulas.

En el transcurso de las diligencias, aunque a la señora Jennifer Rivera Arias y a
otros ciudadanos se le amparó su derecho al voto mediante sentencia de tutela, las
entidades demandadas desatendieron el fallo; mientras que, si bien a otros
accionantes de tutela se les decretó la improcedencia de la misma, debido a que el
fallo fue proferido con posterioridad al 25 de octubre de 2015, el magistrado ponente
dejó constancia de que los mismos habían probado sumariamente su residencia en
el municipio de Jamundí.

Con la Resolución No. 5352 de 21 de octubre de 2015, el Consejo Nacional
Electoral resolvió los recursos de reposición interpuestos, ordenando la inclusión
de alrededor de 1.125 ciudadanos al censo electoral del municipio de Jamundí. Sin
embargo, tal decisión no fue notificada, ni publicada en la página web, por lo que,
a juicio de la parte actora, se configuró un silencio administrativo negativo.

En cumplimiento de la decisión anterior, la Dirección de Censo Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución No. 13767 de 24 de
octubre de 2015, a través de la cual ordenó la actualización del censo electoral.

Finalmente, el 25 de octubre de 2015, se llevaron a cabo las elecciones locales de
alcalde y concejales del municipio de Jamundí, momento en el cual la mayoría de
los afectados con la anulación de la inscripción de su cédula, conocieron que se les
endilgaba el delito de trashumancia (artículo 389 del CP).

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

En el concepto de la violación, la parte actora afirmó que los actos demandados
están inmersos en las causales de expedición irregular, falsa motivación y
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, para lo cual, se plantearon
los siguientes argumentos principales:

(i) Expedición irregular del acto o vicios de forma: La Resolución No. 2564 de
22 de septiembre de 2015 contravino los artículos 34, 40, 66, 67, 68, 69 y 77 del
CPACA, pues, se expidió con base en un procedimiento breve y sumario
consagrado en la Resolución No. 0333 de 2015 y no en una ley especial, por lo que
debió aplicarse el procedimiento administrativo común y principal, de acuerdo con
el cual, correspondía vincular a todos los ciudadanos afectados con la actuación a
efectos de que pudieran debatir, aportar pruebas y esgrimir los elementos de juicio
necesarios para generar un pronunciamiento imparcial, además de notificarles
personalmente el acto administrativo de contenido particular y concreto.

(ii) Falsa motivación: El Consejo Nacional Electoral comprometió la legitimidad de
los actos acusados, pues no aplicó el fundamento legal consignado en los artículos
40, 66, 67, 68 y 69 del CPACA.

(iii) El desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa. Las entidades
demandadas partieron de la certeza de la información consignada en distintas
bases de datos para dejar sin efectos las inscripciones de las cédulas de los
miembros del grupo, omitiendo notificarlos personalmente como lo disponen los
artículos 66 y 67 del CPACA, lo que redundó en la imposibilidad de debatir las
pruebas y afectó la firmeza y fuerza ejecutoria de los actos demandados.

2. Reforma de la demanda

El 12 de julio de 2016, la parte actora presentó un escrito por medio del cual
adicionó los hechos, pretensiones y pruebas de la demanda. En cuanto a las
pretensiones, reformuló la solicitud indemnizatoria para agregar lo siguiente:

V.II.1.7. Que se condene a la NACIÓN - CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL – CNE y a la NACIÓN - REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, a pagar CIEN (100) SMMLV, lo que en el presente año se
estima en $ 68.945.400, lo cual corresponde a los perjuicios de DAÑO
INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS
CONVENCIONALES Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
causados a mi cliente.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

V.II.1.8. Que se condene a la NACIÓN - CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL – CNE y a la NACIÓN - REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, a pagar a cada uno de los miembros del grupo los perjuicios
inmateriales solicitados en la pretensión V.II.1.7.

Con el propósito de probar “el criterio del valor logístico del voto”, agregó como
hecho que radicó una petición ante el Consejo Nacional Electoral, la cual fue
remitida a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que contestó de
manera totalmente evasiva, por lo que no recibió una respuesta de fondo (fls. 1305
– 1341, c. 1C).

3. El trámite de primera instancia

3.1. En autos del 17 de junio (fls. 847 – 850, c. 1A) y 12 de octubre de 2016, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y su adición (fls.
1343, c. 1C). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (fls. 854 – 859, c.
1A y 1344 -1349, c. 1C). El 3 y 5 de julio de 2016 se publicó aviso a la comunidad,
sobre la existencia del proceso en el diario El País, de Santiago de Cali (fls. 1283 –
1285, c. 1C).

3.2. Las entidades demandadas contestaron la demanda de manera oportuna. Los
principales argumentos de su defensa se resumen a continuación:

3.2.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil se opuso a las pretensiones de la
demanda. En concreto, formuló las excepciones de falta de legitimación en la
causa, caducidad e improcedencia de la acción por carencia de grupo o inepta
demanda.

Al respecto, expuso que carece de competencia para dejar sin efectos las
inscripciones de las cédulas de ciudadanía por trashumancia electoral, dado que
es una facultad expresamente otorgada por la ley al Consejo Nacional Electoral;
junto a lo cual, el acto administrativo que expidió para acatar las órdenes de esta
última autoridad, corresponde a un acto de ejecución que no es enjuiciable ante la
jurisdicción.

De igual manera, refirió que la acción se encontraba caducada, por cuanto el
término debía contabilizarse a partir de la Resolución No. 2564 del 22 de septiembre
de 2015, que dejó sin efectos la inscripción de las cédulas de ciudadanía. Asimismo,

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

adujo que la acción era improcedente por carencia de grupo, dado que el
apoderado de la parte actora solo presentó el poder otorgado por la señora Jennifer
Rivera Arias y no el de las demás personas a quien él denomina “grupo de personas
afectadas”.

En último término, adujo que el Consejo Nacional Electoral resolvió los recursos de
apelación interpuestos, por lo que no se configuró un silencio administrativo
negativo; y tampoco se cercenó la posibilidad de ejercer el derecho al voto a los
ciudadanos que se les dejó sin efecto su inscripción, como consecuencia de
haberse acreditado sumariamente su residencia en un municipio diferente a
Jamundí, puesto que, a dicha conclusión se llegó luego de adelantar el
procedimiento breve y sumario previsto para el efecto y los ciudadanos tenían la
posibilidad de votar donde habían sufragado la última vez, de manera que no
procedía restablecimiento alguno por dicho concepto ni podía asignársele un valor
pecuniario al voto, como lo pretende la parte actora (fls. 866 – 915, c. 1B y 1363 –
1372, c. 1C).

3.2.2. El Consejo Nacional Electoral dio contestación al libelo para oponerse
igualmente a las pretensiones, por considerar que no causó daño alguno a los
miembros del grupo, toda vez que en ningún momento les impidió el ejercicio del
voto, pues, podían ejercer su derecho al sufragio en el lugar donde estaban inscritos
con antelación.

Explicó que el acto administrativo acusado fue expedido conforme a la ley, a través
de un procedimiento garantista que respetó el debido proceso y el principio de
publicidad, esto último, de acuerdo con la notificación prevista en el artículo 70 del
CPACA, por lo que los ciudadanos tuvieron la oportunidad de enterarse de la
actuación administrativa, hacerse parte de ella, aportar y controvertir pruebas e
interponer recurso de reposición, de la manera prevista en la Resolución No. 0333
de 16 de marzo de 2015 (fls. 1248 – 1279, 1352 – 1356, c. 1C).

3.3. Mediante solicitudes del 8, 13 y 26 de abril de 2016, los señores Emilia Gladys
Perdomo Tejada, Andrea Vargas Perdomo, Guillermo José Jiménez Fernández, Sol
María López Pedraza, Sergio Alberto Pulido Molano, María Fanny Ramírez Gómez,
Andrés Popayán Tapia, Miryan Jiménez Naranjo, Fernando Antonio Naranjo Gil,
María Sorany Arias Ocampo, Angélica María Rivera Arias, Miriam Del Socorro

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Caipe Taguada, Natalia Sánchez Arias (fls. 803 – 815, c. 1A), Elsa Patricia Suárez
Pardo y Edilberto Rocha (fls. 1300 – 1301, c. 1C), solicitaron la adhesión al presente
medio de control, la cual fue aceptada el 9 de marzo de 2017, respecto de los
señores Miriam Del Socorro Caipe Taguada y Edilberto Rocha2, por cuanto las otras
personas ya habían sido relacionadas como miembros del grupo en el escrito de
demanda (fl. 1411, c. 1C).

3.4. Mediante autos de 4 y 15 de mayo de 2017, se citó a las partes, al Defensor
del Pueblo delegado en el Valle del Cauca y al Ministerio Público a audiencia de
conciliación (fls. 1417 y 1429, c. 1C). El día programado se llevó a cabo la
audiencia, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (fls. 1439 -1440,
c. 1C).

3.5. En proveído del 11 de agosto de 2017 se abrió el proceso a pruebas (fls. 1443
– 1444, c. 1C) y el 30 de agosto siguiente, se celebró la audiencia correspondiente,
en la que se recibieron los testimonios solicitados por la parte demandante (fls.
1450 – 1451, c. 1C).

3.6. En auto de 31 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 1452, c. 1C).

Las entidades demandadas ratificaron los argumentos expuestos en sus
respectivas contestaciones y agregaron que se realizó una notificación masiva del
acto administrativo, por cuanto existía una norma especial que así lo establecía (fls.
1455 – 1473 y 1474 – 1494, c. 1C).

4. La solicitud de medida cautelar

El 13 de septiembre de 2016, la parte actora pidió decretar como medida cautelar
la suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados. Dicha solicitud
fue negada por el Tribunal a quo mediante auto del 29 de marzo de 2017, por
carecer de objeto actual dado que la jornada electoral del 25 de octubre de 2015 ya
se había desarrollado (fls. 6 – 8, c. 2).

2 Con las solicitudes de adhesión presentadas por Miriam Del Socorro Caipe Taguada y Edilberto

Rocha no se aportaron documentos – acciones de tutela y/o recursos de reposición- relativos a las
actuaciones adelantadas por aquellos frente a la Resolución No. 2564 de 22 de septiembre de 2015,
expedida por el Consejo Nacional Electoral.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

El 12 de diciembre de 2017, la parte actora solicitó nuevamente la suspensión
provisional de los actos administrativos acusados, por considerar que estaba
amenazado su derecho al sufragio en las elecciones atípicas a realizarse el 15 de
abril de 2018 para elegir alcalde en el municipio de Jamundí, las elecciones al
Congreso de la República del 11 de marzo de 2018 y las presidenciales del 27 de
mayo de 2018 (fls. 11 – 14, 18, c. 2). El Tribunal a quo negó esta nueva solicitud el
6 de marzo de 2018, por cuanto, si bien el declarado trashumante no puede volver
a inscribir su cédula de ciudadanía para el mismo proceso electoral en el lugar del
cual fue excluida, lo cierto era que se trataba de procesos electorales distintos,
frente a los cuales los miembros del grupo pudieron inscribirse en el municipio de
Jamundí si ese fuere su sitio de residencia (fls. 33 – 36, c. 2).

5. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera
instancia el 3 de septiembre de 2021, en la que resolvió lo siguiente:

PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda
respecto de la Circular Externa No. 004 del 25 de septiembre de 2015 expedida
por el Consejo Nacional Electoral y la Resolución 13767 del 24 de octubre de
2015 proferida por la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, por las razones expuestas en la providencia.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de caducidad del presente medio
de control, para los demandantes, MARÍA FANY RAMÍREZ GÓMEZ, ELSA
PATRICIA SUÁREZ PARDO, JHON JAIRO RUIZ FLÓREZ, LUCERO
BALANTA POSADA, MARÍA MELBA ANGULO GARCES, SULLY ADRIANA
LEÓN SALAZAR, STHEPANIA CALDERÓN SOLARTE, OMAR ANTONIO
HENRIQUEZ ROJAS, TERESA DE JESÚS HENRIQUEZ ROJAS, OLIVERIO
SUAZA CASTILLO, JORDI GERSAIN CHACÓN AGUIRRE, ELIZABETH
MENESES SILVA, ANA JULIA SANTACRUZ ESCOBAR, LILIANA ESCOBAR
SANTACRUZ, CARLOS ALBERTO SALGADO JARAMILLO, NANCY
CARVAJAL VARGAS, NUBIA ISABEL VELASCO ERAZO, NATALIA
SÁNCHEZ ARIAS, FRANCELLY URREA CASTILLO, YESIKA SAAVEDRA,
EDILBERTO ROCHA y MIRIAM DEL SOCORRO CAIPE TAGUADA por las
razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: Declarar administrativamente y solidariamente responsables al
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL -CNE y a la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL por los perjuicios causados a los
demandantes JENNIFER RIVERA ARIAS, MARÍA SORANY ARIAS OCAMPO,
EMILIA GLADYS PERDOMO TEJADA, ANDREA VARGAS PERDOMO,
GUILLERMO JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, SOL MARÍA LÓPEZ PEDRAZA,
SERGIO ALBERTO PULIDO MOLANO, MIRYAN JIMÉNEZ NARANJO,
FERNANDO ANTONIO NARANJO GIL, JORGE ALBEIRO CARDONA ARIAS,
NHORA CASTAÑO OSORIO, ALBA LUCÍA RODRÍGUEZ, DORA CRISTINA
PEREA, LLINA ISMENIA MOSQUERA MARIN, CARLOS HUMBERTO
MOSQUERA MINA, GUSTAVO ADOLFO ZAPATA DUCER, ANDRÉS

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

POPAYÁN TAPIA, ANGÉLICA MARÍA RIVERA ARIAS Y JORGE HERNÁN
PEÑARANDA LÓPEZ, como consecuencia de las omisiones en el
cumplimiento de las providencias dictadas en acciones constitucionales que los
habilitaban a ejercer su derecho al voto en las elecciones del 25 de octubre de
2015 en el Municipio de Jamundí, y no establecer opciones para permitir el voto
excepcional en mesas especiales de votación, respectivamente. La
indemnización colectiva asciende a noventa y cinco salarios mínimos legales
mensuales (95 SMLM).

CUARTO: Como consecuencia de la orden anterior, se ORDENA que dentro
de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia el monto de
la indemnización colectiva objeto de esta condena, sea entregado al FONDO
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
administrado por el Defensor del Pueblo, y a cargo del cual se pagarán las
indemnizaciones, según lo ordenado en el artículo 65-3 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Reconocer perjuicios morales de cinco (5) salarios mínimos legales
para cada uno de los siguientes demandantes: JENNIFER RIVERA ARIAS,
MARÍA SORANY ARIAS OCAMPO, EMILIA GLADYS PERDOMO TEJADA,
ANDREA VARGAS PERDOMO, GUILLERMO JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ,
SOL MARÍA LÓPEZ PEDRAZA, SERGIO ALBERTO PULIDO MOLANO,
MIRYAN JIMÉNEZ NARANJO, FERNANDO ANTONIO NARANJO GIL,
JORGE ALBEIRO CARDONA ARIAS, NHORA CASTAÑO OSORIO, ALBA
LUCÍA RODRÍGUEZ, DORA CRISTINA PEREA, LLINA ISMENIA MOSQUERA
MARÍN, CARLOS HUMBERTO MOSQUERA MINA, GUSTAVO ADOLFO
ZAPATA DUCER, ANDRÉS POPAYÁN TAPIA, ANGÉLICA MARÍA RIVERA
ARIAS Y JORGE HERNÁN PEÑARANDA LÓPEZ.

SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Ordenar la publicación de un extracto de la sentencia en un medio
de amplia circulación nacional.

OCTAVO: Reconocer a CESAR HERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS como
honorarios en su calidad de abogado coordinador, el diez (10%) de la
indemnización que obtengan los miembros del grupo que no hayan sido
representados judicialmente.

NOVENO: Se condena en costas en esta instancia. Agencias en derecho por
un valor de cuatro (4) Salarios mínimos legales. Las costas serán pagadas en
partes iguales por las entidades demandadas.

De manera preliminar, el Tribunal a quo resolvió las excepciones propuestas por
las entidades demandadas. En primer lugar, consideró que el medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo puede ser incoado por una sola
persona en nombre de un grupo, para solicitar, entre otras pretensiones, la nulidad
de los actos administrativos causantes del daño alegado, por lo que no era
necesario acudir a otros medios de control como el de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Seguidamente, estimó que la acción se encontraba caducada respecto de los
miembros del grupo que no interpusieron recursos en contra de la Resolución No.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

2564 del 22 de septiembre de 2015, debido a que dicho acto administrativo fue
notificado mediante aviso que se desfijó el 3 de octubre siguiente, de conformidad
con el artículo undécimo de la Resolución No. 0333 del 16 de marzo de 2015, en
concordancia con el artículo 70 del CPACA; y además, el acto acusado se ejecutó
el 25 de octubre de 2015, día de las elecciones, por lo que, al computar el término
de 4 meses desde una u otra fecha, para el momento de presentación de la
demanda – 4 de abril de 2016-, la acción ya había caducado.

A la misma conclusión arribó respecto de quienes habían presentado recurso de
reposición contra la Resolución No. 2564 del 22 de septiembre de 2015 y no
lograron la protección efectiva a sus derechos políticos por medio de acciones de
tutela.

Al respecto, precisó que no se configuró un silencio administrativo negativo, puesto
que todos los recursos de reposición fueron decididos con la Resolución No. 5352
del 21 de octubre de 2015, que los denegó.

En relación con los demás miembros del grupo que fueron habilitados para votar
en las elecciones del 25 de octubre de 2015 por orden del juez de tutela, mediante
proveídos que fueron comunicados y notificados de manera previa al proceso
electoral, consideró que la fuente del daño no la constituyen los actos cuestionados,
sino la omisión de la administración en el cumplimiento de tales providencias
judiciales, de ahí que el término de caducidad fuera de 2 años y por tanto la
demanda se hubiera presentado de manera oportuna. Explicó que con ese enfoque
no se afecta el principio de congruencia de la sentencia, “por cuanto en las
pretensiones de la demanda se solicita declarar responsables a las entidades por
la restricción del derecho al voto de los demandantes, en estos casos se cumple la
disposición del artículo 145 del CPACA, identificando los eventos en los cuales no
era necesario el pedimento de nulidad de los actos administrativos basados en los
hechos probados”.

De otro lado, estimó que era procedente declarar la excepción de inepta demanda
frente a la Circular Externa No. 004 del 25 de septiembre de 2015, expedida por el
Consejo Nacional Electoral, por no corresponder a un acto definitivo, siendo
además de carácter general; así como, respecto de la Resolución 13767 del 24 de

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Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

octubre de 2015, proferida por la Dirección del Censo Electoral de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por tratarse de un acto de ejecución.

En relación con la responsabilidad de las entidades demandadas por la omisión en
el cumplimiento de las decisiones judiciales que ampararon el ejercicio del derecho
al voto de los demandantes para las elecciones del 25 de octubre de 2015, estimó
que el daño se encontraba acreditado frente a los integrantes del grupo inscritos en
el puesto de votación del centro comercial Alfaguara, con excepción del señor
Javier Castaño Henao, puesto que se demostró que aquél sí pudo ejercer su
derecho al voto en el municipio de Jamundí. Al lado de lo anterior, señaló que no
podían establecerse criterios de identificación de todas las personas ausentes
interesadas en la acción de grupo, puesto que no se podía generalizar la situación
sufrida por los demandantes en todos los puestos de votación, ni determinar si se
prolongó durante toda la jornada electoral.

Asimismo, sostuvo que el daño era imputable a la pasiva, por cuanto los fallos de
tutela le ordenaron al Consejo Nacional Electoral habilitar la inscripción de las
cédulas de ciudadanía que habían sido excluidas, a la vez que, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil le correspondía la gestión ante los delegados de la
registraduría municipal de Jamundí para insistir en la autorización de los
ciudadanos que deseaban votar, de conformidad con el artículo 117 del Decreto
2241 de 1986.

A su modo de ver, el argumento de la defensa sobre la inexistencia de daño debido
a la posibilidad de votar en el lugar donde se inscribió o votó con anterioridad, no
tenía asidero, puesto que, el daño se predicaba sobre la imposibilidad de elegir en
las elecciones locales de alcalde y concejales del municipio de Jamundí y los
residentes de dicho municipio tenía un interés directo y concreto en participar en el
proceso electoral de los servidores públicos de elección popular de su localidad.

En consecuencia, condenó a la pasiva al pago de una indemnización colectiva y de
perjuicios morales, al tiempo que, negó las demás pretensiones por falta de prueba
sobre su acreditación (fls. 1496 – 1527, c. ppal.).

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6. Recurso de apelación

6.1. El Consejo Nacional Electoral sostuvo que no se encontraban acreditados los
elementos de la responsabilidad, por cuanto actuó en estricto cumplimiento de un
deber legal, al adelantar el procedimiento breve y sumario que dejó sin efectos la
inscripción de algunas cédulas de ciudadanía, con el fin de garantizar un proceso
electoral transparente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución Política y 4º de la Ley 163 de 1994; junto a lo cual, tampoco ocasionó
un daño, pues las resoluciones acusadas ordenaban que el ciudadano regresara al
censo electoral donde estuvo inscrito con anterioridad, por lo que podía ejercer su
derecho al voto.

Adicionalmente, manifestó que acató oportunamente los fallos de tutela notificados
el 22, 23, 29 y 30 de octubre de 2015, debido a que ordenó incluir inmediatamente
a los demandantes en el censo electoral del municipio de Jamundí, mediante las
Resoluciones Nos. 5408, 5415, 5410 de 23 de octubre, 5590 de 29 de octubre y
5702 de 3 de noviembre, todas de 2015, que fueron publicadas en el sitio web de
la entidad; además de comunicar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para
que depurara el censo electoral del municipio de Jamundí.

En último término, aclaró que el hecho de haberle dado cumplimiento a una orden
del juez de tutela, no desvirtúa la trashumancia electoral, puesto que a esa
conclusión se llegó luego del despliegue de toda una actividad probatoria que
incluyó el cruce de información efectuado por la Registraduría Nacional del Estado
Civil entre las cédulas de ciudadanía inscritas en el municipio de Jamundí, con las
bases de datos del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales (SISBEN), la base de datos única de afiliados (BDUA) del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, la base de datos que acompaña a
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), el archivo
nacional de identificación y el archivo histórico del censo electoral (fls. 1531 – 1537,
c. ppal.).

El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
el 4 de octubre de 2021 (fl. 1540, c. ppal.)

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6.2. De otro lado, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 1545 – 1549,
c. ppal.), el cual fue rechazado por el Tribunal a quo por haber sido presentado por
fuera de la oportunidad legal establecida en el artículo 322 del CGP (fls. 1550 –
1553, c. ppal.), decisión que fue confirmada el 25 de octubre de 2021, ante el
recurso de reposición instaurado por la parte actora (fls. 1563 – 1564, c. ppal.).

En esta última providencia, el a quo concedió el recurso de queja, el cual fue
resuelto por esta Corporación en auto de 24 de mayo de 2022, que estimó bien
denegado el recurso de apelación (fls. 1573 – 1577, c. ppal.).

6.3. Asimismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó recurso de
apelación (índice 70, Samai del Tribunal), el cual, también fue rechazado por haber
sido presentado extemporáneamente (índice 103, Samai del Tribunal).

7. Apelación adhesiva

7.1. La parte actora presentó escrito de apelación adhesiva. En resumen, indicó
que el a quo no realizó el estudio de legalidad de las Resoluciones Nos. 2564 de
22 de septiembre de 2015, 5352 de 21 de octubre de 2015 y los demás actos
administrativos demandados, a pesar de que el procedimiento proferido y empleado
por el Consejo Nacional Electoral para anular la inscripción de las cédulas de
ciudadanía que consta en la Resolución No. 0333 de 16 de marzo de 2015, no tiene
el carácter de ley especial, y que su notificación debió realizarse de manera
personal, de conformidad con los artículos 29 de la Constitución Política, 66, 67, 68
y 69 del CPACA y el bloque de constitucionalidad, lo cual, afecta su firmeza y
ejecutoria.

En relación con la caducidad de la acción, sostuvo que su cómputo debía realizarse
a partir de la notificación personal de los actos administrativos acusados,
distinguiendo entre cinco grupos de ciudadanos, estos son: (i) quienes interpusieron
recurso de reposición y tutela contra la Resolución No. 2564 de 22 de septiembre
de 2015, y no fueron notificados del acto administrativo que resolvió el recurso, de
ahí que se hubiera producido un acto ficto por silencio administrativo negativo,
desde el cual debe contabilizarse el término de caducidad; (ii) a quienes les fue
negado el amparo de tutela, pero presentaron recurso de reposición contra la
Resolución No. 2564 de 22 de septiembre de 2015, sin ser notificados del acto

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Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

administrativo que lo resolvió, caso en el cual también se produjo el acto ficto por
silencio administrativo negativo; (iii) a quienes les fue negado el amparo de tutela y
no presentaron recurso de reposición, siendo notificados por conducta concluyente
a partir de la radicación de la demanda de tutela; (iv) quienes integraron el grupo y
no obtuvieron ningún pronunciamiento; y (v) las restantes 9.830 personas afectadas
que no conocieron los actos administrativos, por lo que el término de caducidad
podía contabilizarse en cualquier momento (índice 95 Samai del Tribunal).

7.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso recurso de apelación
adhesiva, por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado
que no tiene competencia para declarar sin efecto la inscripción de cédulas de
ciudadanía por trashumancia electoral.

Aunado a lo anterior, señaló que el Consejo Nacional Electoral resolvió los recursos
de reposición interpuestos y le ordenó incluir inmediatamente en el censo electoral
del municipio algunas cédulas de ciudadanía, lo que cumplió mediante la
Resolución No. 13767 de 2015; además, indicó que se acataron los fallos de tutela,
pues el Consejo Nacional Electoral revocó el acto administrativo que canceló la
inscripción de algunos demandantes y se procedió a habilitar la última mesa de
cada puesto de votación para permitir el ejercicio al sufragio a los ciudadanos que
presentaran la inconsistencia (índice 107 Samai del Tribunal)

7.3. Los recursos de apelación adhesiva fueron concedidos por el Tribunal a quo
en autos del 11 y 30 de enero de 2023 (índices 103 y 108 Samai del Tribunal).

8. Trámite en segunda instancia

8.1. En proveído del 14 de julio de 2023, esta Corporación admitió los recursos de
apelación interpuestos (fl. 1584, c. ppal.) y el 25 de abril de 2024, corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para
que rindiera concepto (fl. 1619, c. ppal.).

8.2. El Consejo Nacional Electoral reiteró en su integridad los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación (índice 27, Samai).

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8.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil insistió en las razones expuestas en
su recurso de alzada y agregó que se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad
de la acción, puesto que el daño que se alega se concretó el 25 de octubre de 2015,
frente a los miembros del grupo que no pudieron sufragar en los puestos de votación
del municipio de Jamundí (índice 29, Samai).

8.4. El Ministerio Público solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia, con
base en los mismos argumentos esgrimidos por el Tribunal a quo. Precisó que no
se acreditó una afectación de carácter moral, aunque era procedente la reparación
del derecho fundamental vulnerado (índice 31, Samai).

8.5. En esta oportunidad procesal, la parte actora guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Régimen jurídico aplicable

El artículo 68 de la Ley 472 de 1998 determina que los vacíos normativos de las
acciones de grupo se suplen con las normas del estatuto procesal civil vigente, hoy
CGP, de allí que, en principio, podría concluirse que para el trámite del presente
caso se debe dar aplicación preferente a este último estatuto procesal3.

No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación dispuso que
la integración normativa de las demandas de reparación de los perjuicios causados
a un grupo se debe hacer con el CPACA, pues la remisión que efectúa la Ley 472
de 1998 solo resulta viable en aquellos eventos en que no existieran disposiciones
en el CPACA que regularan expresamente la materia y que tuvieran conexidad con
el medio de control específico.

En el caso bajo estudio, se advierte que la demanda se presentó el 4 de abril de
2016 y el recurso de apelación del Consejo Nacional Electoral fue interpuesto el 27
de septiembre de 2021, por lo que en lo no previsto en la Ley 472 de 1998, se

3 “Artículo 68. Aspectos no regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente

título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.

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Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

recurrirá a las reglas contenidas en el CPACA, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2080 de 20214, en los términos previstos por el artículo 86 ejusdem5.

2. Jurisdicción y competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo señalado en los artículos 506 de la Ley 472 de 1998 y 1507 y 152.148 del
CPACA, ya que se trata de un asunto que se suscitó con ocasión del ejercicio del
medio de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, originado
en la supuesta acción u omisión de entidades estatales y fue decidido en primera
instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3. Procedencia del medio de control. Requisito de existencia de causa común
frente al daño reclamado por el grupo

El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 prevé que las acciones o medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo son “aquellas interpuestas por un

4 Los recursos de apelación se presentaron con posterioridad a su entrada en vigencia (25 de enero

de 2021). En virtud de lo señalado en los artículos 40 de la Ley 153 de 1987 y 86 de la Ley 2080 del
28 de enero de 2021 “(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos”.
5 En virtud del cual, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las reformas

procesales introducidas por dicha ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento
desde su publicación y respecto de procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de
2011, salvo respecto de los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
Además, la nueva normativa en materia de competencias de los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado entrará a regir un año después de la publicación y en lo
relativo al dictamen pericial, siempre que no se hubiesen decretado pruebas.
6 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los

procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas”.
7 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos
de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación
de jurisprudencia”.
8 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra
las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito
desempeñen funciones administrativas”.

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número plural o conjunto de personas [20 o más] que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas”.

Mediante sentencia C-569 de 20049, la Corte Constitucional declaró inexequible el
requisito que preveía la ley, consistente en la demostración de que las condiciones
uniformes del grupo debían ser preexistentes y operar frente a todos los elementos
de la responsabilidad. De este modo, en esa sentencia, la Corte sostuvo que “las
acciones de grupo, por sus particularidades procesales pueden ser interpuestas por
una sola persona a nombre del grupo”, puesto que exigir su preexistencia, puede
privar a las personas no preagrupadas de las ventajas procesales de este tipo de
acciones; asimismo, precisó que, “el elemento de la relación causal no debe ser
estudiado como un fenómeno puramente natural sino esencialmente jurídico”, en
otras palabras, explicó que “la satisfacción de las condiciones uniformes respecto
de la relación causal entre el hecho o los hechos dañinos, no puede ser interpretada
únicamente desde el punto de vista fáctico [sino que] la valoración de la relación de
causalidad debe ser definida en términos jurídicos”.

En tal virtud, el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
permite una acumulación subjetiva de pretensiones, siempre que se verifique un
número plural de demandantes igual o superior a 20 y, además, que se constate
que los perjuicios reclamados tienen una misma causa.

Sobre el particular y en punto a los criterios a partir de los cuales debe determinarse
el grupo, la jurisprudencia unificada de esta Corporación10 ha sostenido que tal
definición se realiza mediante: (i) la identificación de los hechos dañosos uniformes
para el grupo y (ii) el respectivo análisis de su vinculación causal con los daños
sufridos por sus miembros. Lo anterior, al acoger el criterio jurisprudencial fijado en
la providencia del 2 de agosto de 200611, en el que se precisó lo siguiente:

Primero, frente a los elementos de la responsabilidad que se ven envueltos
en la expresión “condiciones uniformes respecto de una misma causa que
originó los daños al grupo”, el Consejo de Estado considera que, no sólo se

9 Corte Constitucional. Sentencia C-569 de 2004; M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes (e); 8 de junio de

2004
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de

Decisión. Sentencia del 10 de junio de 2021. Radicado: 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG) REV-
SU, con ponencia de la magistrada que funge en igual condición en esta providencia.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado: 25000-

23-24-000-2005-00495-01 M.P.: Ramiro Saavedra Becerra; 2 de agosto de 2006.

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hace referencia al nexo de causalidad, sino también y de forma principal, al
hecho generador del daño, puesto que se habla de condiciones uniformes
respecto de una misma causa del daño, por lo que el primer paso que debe
darse en este análisis12, es identificar los hechos generadores del daño que
se alegan en el caso concreto, los cuales deben aparecer como comunes a
todos los miembros del grupo.

El hecho generador del daño es aquella circunstancia que genera los
respectivos perjuicios sufridos, es la acción u omisión, en sí misma
considerada, por la cual se cree se causaron los daños; en frente de éste, la
administración de justicia cuando va admitir una demanda de acción de
grupo, debe identificar que los daños sufridos por la pluralidad de personas,
se imputan a un mismo hecho generador, para de allí extraer las condiciones
uniformes que los identifican como grupo (…).

La segunda precisión que debe hacerse, se refiere al nexo de causalidad,
pues si bien el Consejo de Estado comparte que su estudio debe ser
netamente jurídico más que fáctico, no sobra señalar que esta Corporación
ha tratado este tema desde hace mucho tiempo, haciendo la distinción entre
imputación fáctica y jurídica13. La primera referida al normal transcurso de
los hechos, teniendo en cuenta que es causa de un daño, toda aquella
modificación del mundo exterior antecedente al daño y, la segunda, que va
mucho más allá de los hechos, referida a los vínculos jurídicos que nacen
del comportamiento humano y que de una u otra forma, unen a las personas,
por ejemplo, la responsabilidad por el hecho de las cosas.

En conclusión, el análisis de las condiciones uniformes respecto de una
misma causa que generó perjuicios, como requisito de procedibilidad de la
acción de grupo, que tiene por finalidad determinar si existe o no legitimación
activa en el grupo demandante, debe hacerse de la siguiente forma: primero,
identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y
determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; y segundo, mediante
el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, que permite un mayor
enfoque jurídico, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo
nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo.

El resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como pluralidad
de personas que sufren unos daños originados en uno o varios hechos
generadores comunes a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de

12 [Cita del texto original] Recordemos que el estudio de los elementos de la responsabilidad se

realiza en un orden determinado, el cual ha sido establecido por la jurisprudencia y la doctrina en el
siguiente orden: en primer lugar, el daño, como fuente de la responsabilidad; segundo, se estudia la
imputación o hecho generador de éste, como un juicio de reproche que permite saber si se actuó o
no en derecho; y tercero, el nexo de causalidad como la relación fáctica o jurídica que existe entre
un comportamiento humano y el daño causado.
13 “En relación con los hechos que inciden en la producción de un daño, es importante diferenciar

las imputaciones fácticas y jurídicas, entendidas las primeras como las indicaciones históricas
referidas a los hechos en los cuales el demandante edifica sus pretensiones, o el señalamiento de
las causas materiales en criterio de quien imputa, que guardan inmediatez con el hecho y que, se
considera, contribuyeron desde el punto de vista físico a la concreción del daño. En tanto que las
imputaciones jurídicas aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones (constitucionales,
administrativas, convencionales, legales o contractuales) en las cuales se plasma el derecho de
reclamación”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004, exp. 14338,
C.P.: María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido: Sección Tercera. Sentencia del 11 de
noviembre de 2002, exp. 13818. C.P.: María Elena Giraldo Gómez.; sentencia del 27 de noviembre
de 2002. exp. 13774. C.P: María Elena Giraldo Gómez.

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los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente
la improcedencia de la acción (...)14.

En esa misma línea, en relación con el requisito de comunidad en la causa que
predican las normas de la Ley 472 de 1998, esta Subsección ha sostenido:

Conforme a lo anterior, la Sala15 puntualizó que el análisis de las condiciones
uniformes respecto de una misma causa que generó perjuicios, como requisito
de procedibilidad de la acción, debe realizarse así: i) en primer término
identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y determinar
si éstos son uniformes para todo el grupo; ii) en segundo término, mediante el
análisis de la teoría de la causalidad adecuada, determinar si éstos hechos
generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por
los miembros del grupo; y iii) finalmente, ‘… el resultado de este análisis debe
ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños
originados en uno o varios hechos generadores comunes a todos; (sic) si se
descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la
inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la acción …’

(…) No se trata, pues, de que las situaciones particulares de todos los miembros
del grupo sean idénticas, pues es claro que pueden resultar diferencias o
perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e intensidad, sino que es
menester que entre las mismas exista un común denominador o núcleo que
pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la conducta dañina del
demandado.

Por consiguiente, no obstante la naturaleza divisible de los daños subjetivos
ocasionados a un grupo por una misma acción u omisión, los cuales, en
principio, podrían ser reclamados de manera individual o litisconsorcial a través
del proceso ordinario contencioso administrativo, ese núcleo en el cual
convergen los miembros de ese conglomerado, sumado a la conveniencia y
trascendencia social de la situación en que se encuentran, impone que deba
darse una solución a través de un único proceso tendiente a repararlos, a través
de un juicio concentrado que, en caso de prosperar, culminará con la orden de
pago de una indemnización colectiva, resultado de la suma ponderada de las
indemnizaciones individuales16.

Entonces, para que sea procedente una acción o medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo es necesario que esta permita la decisión
unitaria de la controversia y para ello se requiere la existencia de aspectos de hecho
o de derecho comunes (condiciones uniformes) entre los miembros del grupo. No
se trata de que las situaciones particulares de todos los miembros del grupo sean
idénticas o iguales, pues es claro que pueden resultar perjuicios o daños disímiles
en cuanto a su modalidad e intensidad (tanto el quantum como la modalidad:

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de diciembre de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00120-01(AG), C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
15 Original de la cita: “Ibídem”.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 6 de diciembre de 2017, exp. 41001-23-31-000-2004-00120-01(AG), C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

patrimoniales, morales, etc.), sino que es necesario que entre las mismas exista un
común denominador o núcleo que pertenece o se extiende a todos ellos, derivado
de la conducta dañina del demandado.

Así las cosas, si una vez efectuado el análisis de la relación de causalidad, se
concluye que los daños sufridos por el grupo tienen un mismo hecho o cadena de
hechos como fuente eficiente única, se cumple con el requisito de comunidad en la
causa o de la “causa común”, en el entendido de que sólo podrá intentarla el grupo
significativo de ciudadanos previsto en la ley -20-, cuando todos ellos hayan sido
afectados en forma directa por los mismos hechos ocasionados por la entidad
demandada y, por ende, posean un estatus jurídico semejante u homogéneo.

En ese orden de ideas, es necesario que se identifique si la causa del daño es la
misma para todas las personas que integran el grupo demandante, pues será la
única manera de establecer el requisito de uniformidad en la causa que la ley
exige17.

En el escrito inicial, la parte actora sostuvo que el grupo estaba conformado por
“9.830 personas que reúnen condiciones uniformes”, individualizando a 40 de ellas;
asimismo, indicó que los criterios para identificar los nombres de las 9.830 personas
afectadas se podían extraer de la Resolución No. 2564 del 22 de septiembre de
2015, mediante la cual se anuló la inscripción de las cédulas de ciudadanía para
las elecciones locales de Jamundí del 25 de octubre del mismo año, por cuanto en
dicho acto se reseñó el nombre completo del afectado y su cédula de ciudadanía.

Así mismo, durante el trámite de primera instancia se aceptó la adhesión al grupo
de los señores Miriam Del Socorro Caipe Taguada y Edilberto Rocha, quienes
manifestaron haber sido afectados con la anulación de la inscripción de su cédula
de ciudadanía para sufragar en las mencionadas elecciones locales.

Sobre la identificación de los miembros del grupo, en el expediente obra la
información y actuaciones que se sintetizan en el siguiente cuadro:

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2020,

exp. 2016-00359, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Recurso de
reposición contra
Miembro del grupo Acción de tutela Fallo de tutela
Res. No. 2564 de
2015
Concede
2015-00765
1 Alba Lucía Rodríguez 23/10/2015 No interpuso
(fls. 443 - 451, c. 1)
(fls. 461 - 466, c. 1)
Ana Julia Santacruz 2015-00751 No concede Sí interpuso
2
Escobar (fls. 320-329, c. 1) 23/10/2015 (fls. 367 - 368, c. 1)
Concede
Andrea Vargas 2015-00766 Sí interpuso
3 23/10/2015
Perdomo (fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 41 - 43, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
Improcedente por
2015-00787 carencia de objeto
4 Andrés Popayán Tapia No interpuso
(fls. 181 - 187, c. 1) 29/10/2015
(fls. 199 - 202, c. 1)
Improcedente por
Angélica María Rivera 2015-00787 carencia de objeto
5 No interpuso
Arias (fls. 181 - 187, c. 1) 29/10/2015
(fls. 199 - 202, c. 1)
Carlos Alberto Salgado 2015-00752 No concede Sí interpuso
6
Jaramillo (fls. 388 - 395, c. 1) 23/10/2015 (fls. 396 - 397, c. 1)
Improcedente por
Carlos Humberto 2015-00786 carencia de objeto
7 No interpuso
Mosquera Mina (fls. 163 - 169, c. 1) 29/10/2015
(fls. 174 - 177, c. 1)
2015-00765 Concede
8 Dora Cristina Perea No interpuso
(fls. 443 - 451, c. 1) 23/10/2015
2015-00751 No concede Sí interpuso
9 Elizabeth Meneses Silva
(fls. 320-329, c. 1) 23/10/2015 (fls. 335 - 336, c. 1)
Improcedente por
Elsa Patricia Suárez 2015-00785 carencia de objeto
10 No interpuso
Pardo (fls. 130 - 137, c. 1) 29/10/2015
(fls. 155 - 158, c. 1)
Concede
Emilia Gladys Perdomo 2015-00766 Sí interpuso
11 23/10/2015
Tejada (fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 36 - 38, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
Concede
Fernando Antonio 2015-00766 Sí interpuso
12 23/10/2015
Naranjo Gil (fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 71 - 73, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
2015-00765 No concede
13 Francelly Urrea Castillo No interpuso
(fls. 443 - 451, c. 1) 23/10/2015
Concede
Guillermo José Jiménez 2015-00766 Sí interpuso
14 23/10/2015
Fernández (fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 46 - 48, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
Improcedente por
Gustavo Adolfo Zapata 2015-00786 carencia de objeto
15 No interpuso
Ducer (fls. 163 - 169, c. 1) 29/10/2015
(fls. 174 - 177, c. 1)
Improcedente por
2015-00786 carencia de objeto
16 Javier Castaño Henao No interpuso
(fls. 163 - 169, c. 1) 29/10/2015
(fls. 174 - 177, c. 1)
Concede
2015-00766 Sí interpuso
17 Jennifer Rivera Arias 23/10/2015
(fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 21 - 22, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
Improcedente por
2015-00785 carencia de objeto
18 John Jairo Ruiz Flórez No interpuso
(fls. 130 - 137, c. 1) 29/10/2015
(fls. 155 - 158, c. 1)
No concede
Jordi Gersain Chacón 2015-00749 Sí interpuso
19 23/10/2015
Aguirre (fls. 238 - 246, c. 1) (fls. 291 - 292, c. 1)
(fls. 296 - 303, c. 1)

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Concede
Jorge Albeiro Cardona
20 2015-0075018 23/10/2015 No interpuso
Arias
(fls. 308 - 316, c. 1)
Improcedente por
Jorge Hernán 2015-00787 carencia de objeto
21 No interpuso
Peñaranda López (fls. 181 - 187, c. 1) 29/10/2015
(fls. 199 - 202, c. 1)
Liliana Escobar 2015-00751 No concede Sí interpuso
22
Santacruz (fls. 320-329, c. 1) 23/10/2015 (fls. 371 - 372, c. 1)
Improcedente por
Llina Ismenia Mosquera 2015-00786 carencia de objeto
23 No interpuso
Marín (fls. 163 - 169, c. 1) 29/10/2015
(fls. 174 - 177, c. 1)
Improcedente por
2015-00785 carencia de objeto
24 Lucero Balanta Posada No interpuso
(fls. 130 - 137, c. 1) 29/10/2015
(fls. 155 - 158, c. 1)
Improcedente por
María Fanny Ramírez 2015-00785 carencia de objeto
25 No interpuso
Gómez (fls. 130 - 137, c. 1) 29/10/2015
(fls. 155 - 158, c. 1)
Improcedente por
María Melba Angulo 2015-00785 carencia de objeto
26 No interpuso
Garces (fls. 130 - 137, c. 1) 29/10/2015
(fls. 155 - 158, c. 1)
Concede
María Sorany Arias 2015-00766 Sí interpuso
27 23/10/2015
Ocampo (fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 26 - 27, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
Concede
2015-00766 Sí interpuso
28 Miryan Jiménez Naranjo 23/10/2015
(fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 66 - 68, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
Concede
2015-00763 Sí interpuso
29 Nancy Carvajal Vargas 23/10/2015
(fls. 93 - 99, c. 1) (fls. 100 - 102, c. 1)
(fls. 120 - 125, c. 1)
Concede
2015-00763 Sí interpuso
30 Natalia Sánchez Arias 23/10/2015
(fls. 93 - 99, c. 1) (fls. 108 - 110, c. 1)
(fls. 120 - 125, c. 1)
2015-00751 Concede Sí interpuso
31 Nhora Castaño Osorio
(fls. 320-329, c. 1) 23/10/2015 (fls. 339 - 340, c. 1)
Concede
Nubia Isabel Velasco 2015-00763 Sí interpuso
32 23/10/2015
Erazo (fls. 93 - 99, c. 1) (fls. 103 - 107, c. 1)
(fls. 120 - 125, c. 1)
No concede
2015-00749 Sí interpuso
33 Oliverio Suaza Castillo 23/10/2015
(fls. 238 - 246, c. 1) (fls. 288 - 289, c. 1)
(fls. 296 - 303, c. 1)
No concede
Omar Antonio 2015-00749 Sí interpuso
34 23/10/2015
Henríquez Rojas (fls. 238 - 246, c. 1) (fls. 272 - 273, c. 1)
(fls. 296 - 303, c. 1)
Concede
Sergio Alberto Pulido 2015-00766 Sí interpuso
35 23/10/2015
Molano (fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 61 - 63, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
Concede
Sol María López 2015-00766 Sí interpuso
36 23/10/2015
Pedraza (fls. 3 - 11, c. 1) (fls. 56 - 58, c. 1)
(fls. 80 - 85, c. 1)
No concede
Sthepania Calderón 2015-00748 Sí interpuso
37 23/10/2015
Solarte (fls. 206 - 213, c. 1) (fls. 223 - 225, c. 1)
(fls. 228 - 234, c. 1)
Sully Adriana León 2015-00785 Improcedente por
38 No interpuso
Salazar (fls. 130 - 137, c. 1) carencia de objeto

18 Si bien al expediente no se aportó la demanda de tutela, su presentación se extrae de la sentencia

proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 23 de
octubre de 2015 (fls. 308 - 316, c. 1).

23

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

29/10/2015
(fls. 155 - 158, c. 1)
No concede
Teresa De Jesús 2015-00749 Sí interpuso
39 23/10/2015
Henríquez Rojas (fls. 238 - 246, c. 1) (fls. 277 - 278, c. 1)
(fls. 296 - 303, c. 1)
No concede
Yesika Saavedra 2015-00765
40 23/10/2015 No interpuso
Castrillón (fls. 443 - 451, c. 1)
(fls. 461 - 466, c. 1)
Miriam Del Socorro
41 Sin prueba Sin prueba Sin prueba
Caipe Taguada
42 Edilberto Rocha Sin prueba Sin prueba Sin prueba

Por su parte, el Tribunal a quo consideró que se dio cumplimiento al requisito de
procedibilidad del medio de control relacionado con el número mínimo de
integrantes del grupo afectado, en tanto la demanda fue interpuesta a través de
apoderado judicial inicialmente por 40 personas; y además, los daños materiales y
morales ocasionados a los accionantes se derivaban de una causa común, por
cuanto no se les permitió ejercer su derecho al voto en las elecciones del 25 de
octubre de 2015, luego de ser excluidos del censo electoral del municipio de
Jamundí por trashumancia. No obstante lo anterior, también expresó que no era
posible establecer criterios de identificación del grupo para las personas ausentes,
puesto que “no puede generalizarse la situación sufrida por los demandantes a
todos los puestos de votación municipales sobre los cuales las pruebas nada
indican, ni establecer lo que aconteció en toda la jornada electoral al momento de
sufragar para todos los excluidos del censo electoral”.

Con todo, la Sala advierte que los daños invocados en la demanda no tienen una
causa común y, por tanto, el grupo demandante está indebidamente integrado, de
allí que carezca de delimitación, identificación y precisión, como pasará a explicarse
a continuación.

De conformidad con el artículo 316 de la Constitución Política, “en las votaciones
que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos
del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el
respectivo municipio”. El propósito del constituyente fue garantizar que en las
elecciones locales solo participen personas que tengan un interés directo en la
resolución de asuntos que incumben al territorio, es decir, que tengan un verdadero
arraigo o vínculo con el municipio de residencia habitual, con el fin de evitar que la
democracia participativa local sea afectada por la injerencia de sujetos políticos
ajenos a la realidad territorial.

24

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Con dicha finalidad, la residencia electoral, entendida como “el lugar donde una
persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o
posee alguno de sus negocios o empleo” (artículo 183, Ley 136 de 199419), implica
que el ciudadano deba escoger uno -y solo uno- de estos lugares para inscribir su
cédula de ciudadanía a efectos de ejercer su derecho al voto, pues en materia
electoral, la residencia es única20.

Ahora, si bien con el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 se estableció una presunción
legal de residencia electoral, consistente en que se presume para efectos del
artículo 316 constitucional, que la residencia es aquella “en donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral”, por cuanto a través de la inscripción
declara bajo la gravedad de juramento residir en el municipio en el que se lleva a
cabo aquella; ciertamente, dicha presunción puede ser desvirtuada mediante un
procedimiento breve y sumario en el que se compruebe que el inscrito no tiene uno
cualquiera o varios de los vínculos previstos en el artículo 183 de la Ley 136 de
1994 con el respectivo municipio y por ende, se deba declarar sin efecto la
inscripción correspondiente por presunta trashumancia electoral, la cual, según lo

19 Respecto a la vigencia del artículo 183 de la Ley 136 de 1994, la Sección Quinta del Consejo de

Estado ha considerado lo siguiente: “esta Sección precisó que, si bien ―La Corte Constitucional, al
examinar la constitucionalidad del artículo 183 de la Ley 136 de 1994 consideró que el mismo había
sido derogado tácitamente por el 4 de la Ley 163 de 1994 por ser norma posterior y especial y
decidió inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo (…). Esta Sala no comparte esa apreciación
por considerar que no existe la pretendida antinomia invocada por la Corte Constitucional en el texto
de ambos preceptos. Lo anterior, porque a pesar de que los supuestos del artículo 183 de la Ley
136 de 1994 pueden determinar que una persona posea al mismo tiempo la opción de varias
residencias electorales, lo cierto es que, de conformidad con la ley, la residencia electoral ―debe
ser única y se determina por la decisión del ciudadano de inscribir su cédula en el municipio o en
alguno de los municipios en relación con los cuales tiene uno cualquiera o varios de los vínculos
previstos en el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 (…) Al inscribir su cédula el ciudadano declara
bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio y ello se constituye en el sustrato
de una presunción legal que, como tal, puede ser desvirtuada cuando se demuestre que el inscrito
no se encuentra en ninguna de las situaciones descritas en el artículo citado.
“En otras palabras, ―la vigencia del artículo 183 de la Ley 136 de 1994 no significa que exista
pluralidad de domicilios, como sucede en el derecho civil, comoquiera que la norma faculta al
ciudadano a elegir un solo lugar de residencia electoral -que se concreta en el acto de inscripción-,
pero no lo restringe a la casa de habitación sino que le amplia la posibilidad de escoger, además de
esa opción, al lugar donde de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee
alguno de sus negocios o empleo, el cual puede tener más sentido de pertenencia que el sitio donde
habita (…) la interpretación lógico finalista de la definición legal de residencia electoral contenida en
el artículo 4° de la Ley 163 de 1994 antes transcrito, lleva a concluir que la residencia electoral de
un ciudadano es el lugar donde, por mantener con él una relación material implicada en el concepto
de residencia (habitación, negocio, ejercer profesión o empleo, estar de asiento), decide inscribir allí
su cédula para ejercer en el municipio de que se trate sus derechos políticos a elegir o ser elegido”.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de junio de 2009, Rad. 20001-23-31-000-
2007-00239-01, C.P. Mauricio Torres Cuervo. Tal posición también puede apreciarse en: Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de diciembre de 2001, exp. 25000-23-24-000-2000-
0792-01(2742), C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá; y sentencia del 14 de diciembre de 2001, exp.
23001-23-31-000-2000-3459-01(2718), C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, exp. 11001-03-28-000-

2018-00049-00, C.P.: Rocío Araújo Oñate.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

ha precisado la Sección Quinta de esta Corporación, corresponde a “la acción de
inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción política en un
lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o
interés”21.

En este contexto, las distintas posibilidades que tiene un ciudadano para elegir su
residencia electoral, que se insiste no se restringen al lugar de habitación, pues la
misma también puede establecerse por otro tipo de relación del votante con el
territorio, verbigracia, el ejercicio de una profesión, oficio, poseer algún negocio,
empleo o ser el lugar en cuestión en el que de manera regular está de asiento,
implica que, en cada caso, la persona afectada con la anulación de la inscripción
de su cédula deba acreditar uno cualquiera de dichos vínculos con la entidad
territorial, circunstancia que de entrada imposibilita la identificación de una “causa
común” del daño a todos los miembros que conforman el grupo demandante, a fin
de encontrar acreditado el requisito de procedibilidad del medio de control
impetrado.

Aunado a lo anterior, se encuentra acreditado que mediante la Resolución No. 2564
de 22 de septiembre de 2015, el Consejo Nacional Electoral dentro del
procedimiento administrativo adelantado para determinar la inscripción irregular de
algunas cédulas de ciudadanía en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, para
las elecciones de autoridades locales a realizarse el 25 de octubre de 2015, decidió
dejar sin efecto la inscripción de 9.830 cédulas de ciudadanía, luego de cruzar la
información aportada por el ciudadano al momento de hacer la inscripción de su
cédula con las bases de datos del sistema de identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales (SISBEN), la base de datos única de afiliados
(BDUA) del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la base de datos que
acompaña a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
(ANSPE) y el archivo nacional de identificación (ANI) de la Registraduría Nacional
del Estado Civil. Esto con el fin de verificar que el inscrito no residía, trabajaba,
tenía su lugar de asiento ni poseía algún negocio o empleo en el municipio de
Jamundí (fls. 493 – 625, c. 1A).

21 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-

2014-00112-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Hechas las anteriores precisiones, la Sala advierte que si bien mediante la
Resolución No. 2564 de 22 de septiembre de 2015, el Consejo Nacional Electoral
determinó la inscripción irregular de 9.830 cédulas de ciudadanía en el municipio
de Jamundí y, en consecuencia, resolvió dejarlas sin efecto, incluyendo la
inscripción de las cédulas correspondientes a los 42 miembros del grupo
demandante, lo cierto es que esa sola circunstancia se trata de una delimitación
que resulta general y abstracta, que, de todas maneras, no proporciona criterios
objetivos, específicos y concretos, que lleven a establecer de manera clara, cierta
e inequívoca una “condición uniforme” para la integración del grupo, por cuanto,
como se dejó visto, la anulación de la inscripción de la cédula en cada caso lleva
aparejada la acreditación de alguno de los múltiples vínculos que el ciudadano
puede tener con el territorio – habitación, asiento regular, lugar donde ejerce su
profesión u oficio, lugar donde posee alguno de sus negocios o empleo- los cuales
se revelan diferentes respecto de cada afectado, de ahí que tales circunstancias
requieran de un esfuerzo probatorio orientado a la demostración de condiciones
uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, lo
que no ocurrió en el presente medio de control.

Es más, lo que se observa es que la causa eficiente del daño alegado en la
demanda no es uniforme para todos los miembros del grupo, por cuanto en el
escrito inicial se identificaron como hechos generadores del daño, de un lado, el
acto administrativo que anuló la inscripción de las cédulas de ciudadanía –
Resolución No. 2564 de 22 de septiembre de 2015-; y de otro, la supuesta omisión
en el cumplimiento de los fallos de tutela que ampararon el derecho al voto de
algunos de los integrantes del grupo.

En efecto, de conformidad con los hechos esgrimidos en el escrito inicial y las
pruebas obrantes en el expediente, es claro que la relación jurídica de cada uno de
los integrantes del grupo frente a la anulación de la inscripción de su cédula, no
presenta una causa común, sino múltiples fuentes de daño, que, si bien en gracia
de discusión podrían tener aspectos coincidentes, no se predican de un número
igual o superior a 20 personas.

Como se probó en el expediente, aunque los 40 miembros iniciales del grupo
presentaron acciones de tutela contra la Resolución No. 2564 de 22 de septiembre

27

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

de 2015, lo cierto es que solamente 16 de ellos22 obtuvieron el amparo de su
derecho al voto, mediante los fallos de tutela proferidos el 23 de octubre del mismo
año en cinco procesos diferentes, esto es, en los identificados con número de
radicación 2015-0075023, 2015-0075124, 2015-0076325, 2015-0076526 y 2015-
0076627.

Asimismo, se advierte que, si bien a las restantes 24 personas les fue negado el
amparo de tutela, lo concreto es que tal determinación obedeció a la improcedencia
de la acción por carencia de objeto frente a 13 de ellas, dado que las elecciones ya
habían transcurrido28; y a que los otros 11 accionantes -de los cuales solo 9
interpusieron recurso de reposición-, no aportaron documentos que acreditaran su
residencia electoral29, todo lo cual supone diferentes posiciones jurídicas que
diferencian al grupo, puesto que sitúan la causa del daño en hechos diferentes, de
ahí que, por ejemplo, la caducidad no corra de igual manera para todos, tal como
lo reconoció la parte actora y el Tribunal a quo, elemento que resulta ilustrativo para
evidenciar la ausencia de causa común30.

De este modo, al margen de que se trate de una situación equivalente – a saber, la
anulación de la inscripción de cédulas de ciudadanía por presunta trashumancia o
el amparo del derecho al voto por un juez de tutela-, si no se identifican hechos
generadores del daño que sean comunes a todo el grupo y que ameriten un

22 Los señores Jorge Albeiro Cardona Arias, Nhora Castaño Osorio, Nancy Carvajal Vargas, Natalia

Sánchez Arias, Nubia Isabel Velasco Erazo, Alba Lucía Rodríguez, Dora Cristina Perea, Andrea
Vargas Perdomo, Emilia Gladys Perdomo Tejada, Fernando Antonio Naranjo Gil, Guillermo José
Jiménez Fernández, Jennifer Rivera Arias, María Sorany Arias Ocampo, Miryan Jiménez Naranjo,
Sergio Alberto Pulido Molano y Sol María López Pedraza
23 Folios 308 a 316 del cuaderno 1.
24 Folios 376 a 383 del cuaderno 1.
25 Folios 120 a 125 del cuaderno 1.
26 Folios 461 a 466 del cuaderno 1.
27 Folios 80 a 85 del cuaderno 1.
28 Así lo dispuso el juez de tutela en los expedientes con número de radicación 2015-00785, 2015-

00786 y 2015-00787 en relación con los señores Andrés Popayán Tapia, Angélica María Rivera
Arias, Carlos Humberto Mosquera Mina, Elsa Patricia Suárez Pardo, Gustavo Adolfo Zapata Ducer,
Javier Castaño Henao, John Jairo Ruiz Flórez, Jorge Hernán Peñaranda López, Llina Ismenia
Mosquera Marín, Lucero Balanta Posada, María Fanny Ramírez Gómez, María Melba Angulo
Garces y Sully Adriana León Salazar.
29 Tal como lo determinó el juez de tutela respecto de los señores Sthepania Calderón Solarte, Jordi

Gersain Chacón Aguirre, Oliverio Suaza Castillo, Omar Antonio Henríquez Rojas, Teresa De Jesús
Henríquez Rojas, Ana Julia Santacruz Escobar, Elizabeth Meneses Silva, Liliana Escobar
Santacruz, Carlos Alberto Salgado Jaramillo Yesika Saavedra Castrillón y Francelly Urrea Castillo,
en los fallos proferidos en los procesos con número de radicación 2015-00748, 2015-00749, 2015-
00751, 2015-00752, obrantes a folios 228 a 234, 296 a 303, 376 a 383, 409 a 415 y 461 a 466 del
cuaderno 1.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de abril de 2024, exp.

63.873, C.P.: Nicolás Yepes Corrales.

28

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
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Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

tratamiento uniforme, resulta improcedente el medio de control; aunado a esto, si
lo que se reprocha es la omisión frente al cumplimiento de providencias diferentes,
en ese escenario no se presenta una causa común, sino múltiples fuentes de daño,
determinadas por las supuestas omisiones en que incurrieron las entidades
demandadas respecto de cada una, por lo cual no se cumplen los requisitos para
la procedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo.

En esta medida, comoquiera que los criterios señalados en la demanda para
establecer la causa común e identificar los integrantes del grupo y definir la
configuración del mismo, no permiten inferir la existencia de un conjunto de al
menos 20 individuos afectados en condiciones uniformes y comunes respecto de
la limitación de su derecho al voto en las elecciones locales a celebrarse el 25 de
octubre de 2015 en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, la Sala encuentra
que, en efecto, no están dados los requisitos necesarios para la procedencia del
medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.

Aunado a lo anterior, lo pretendido por los actores no se aviene a la naturaleza
eminentemente indemnizatoria del medio de control invocado, la cual se configura
a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en
forma individualizada a todos aquellos que se han visto afectados, por cuanto el
daño cuya indemnización se reclama, esto es, la vulneración del derecho
fundamental a elegir y ser elegido, constituye un derecho político que no tiene ni
puede tener un contenido pecuniario.

En efecto, la discusión en sede jurisdiccional de la legalidad de un acto de contenido
electoral, tiene por objeto preservar el orden jurídico en abstracto, como expresión
del derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar del ejercicio y control
del poder político, de ahí que no se discuta el reconocimiento o no de derechos
subjetivos de contenido patrimonial, sino la legalidad en abstracto del procedimiento
electoral, en aras de proteger la democracia y la legitimidad del poder constituido,
con lo cual se busca la protección del elector y de las instituciones democráticas.

Así las cosas, si bien como se desprende del escrito de demanda, los accionantes
pretenden acceder a un reconocimiento económico por la supuesta vulneración de
su derecho al voto, lo cierto es que tal daño no puede mirarse desde la perspectiva

29

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Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

resarcitoria que reclama el medio de control incoado, y que, en todo caso, el daño
alegado resulta incierto, pues la Resolución No. 2564 de 2015 estableció medidas
para garantizar el derecho al sufragio a quienes se les había dejado sin efecto la
inscripción de su cédula de ciudadanía, mediante su incorporación en el censo
electoral del municipio donde hubieran sufragado en las últimas elecciones,
siempre y cuando fuere diferente al municipio de Jamundí, o conservando su
inscripción en aquél municipio, siempre que no tuvieran ningún antecedente de
inscripción en otra entidad territorial, con lo cual no resulta posible inferir la
afectación invocada.

Se precisa de todas formas que las declaraciones rendidas por los señores Cristián
David Hernández Campo31, candidato al concejo municipal de Jamundí por el
partido Cambio Radical, y Hebert Rivera32, residente del sector de la Alfaguara en

31 Se resaltan los siguientes apartes de la declaración rendida por el señor Cristián David Hernández

Campo: “PREGUNTADO: A qué personas específicas se les violó su derecho al voto. Dice usted
que es vecino de alguno de los actores, usted me podría decir sus nombres, qué personas en
particular no pudieron votar. RESPONDIÓ: pues yo le puedo decir el nombre de Jennifer Rivera, le
puedo decir el nombre de don José Popayán, le puedo decir el nombre de don Heber Rivera que va
a ser testigo aquí también, no pudo votar, puedo decirle el nombre de doña Clara Vergara, no sé si
ya está relacionada como demandante, le puedo decir, ahora mismo no se me viene a la cabeza
pues los nombres concretos pero fueron muchas personas pues conocidas del sector que no
pudieron votar y nosotros hicimos obviamente, interpusimos los recursos y tenemos pues el listado
de las personas que se le hizo pues el trámite ante la registraduría para lograr pues que revocaran
esa decisión y pudieran ejercer su derecho al voto. (…) PREGUNTADO: Por qué usted dice que la
entidad no cumplió el fallo y qué personas no pudieron votar después del fallo de tutela. CONTESTÓ:
En estos momentos se me van los nombres, ojalá yo pudiera citarle todos, pero le digo Jennifer
Rivera no pudo votar y elle tenía amparado su derecho fundamental al voto, don Heber Rivera no
puedo votar y él tenía dentro del fallo de tutela tenía amparado su derecho fundamental al voto y no
pudo votar, sencillamente porque lo Registraduría no inscribió los números de cédula.
PREGUNTADO: Sabe usted si alguna de esas personas que no pudieron votar a pesar de estar
habilitadas por vía judicial presentaron la reclamación en el puesto de votación. CONTESTÓ: Se
hizo la insistencia en el puesto de votación de manera verbal y se exhibieron los fallos de tutela,
porque a las personas que fueron amparadas se les entregó copia y se les explicaba que fueran con
el fallo de tutela al puesto de votación de Alfaguara y exigieran su derecho al voto y pues
lamentablemente no fue posible”. CD Audiencia de pruebas, (min. - 14:46:00), obrante al folio 1551
del cuaderno 1C.
32 El señor Hebert Rivera, quien manifestó tener un interés directo de integrar el grupo, por haber

sido afectado con la anulación de la inscripción de su cédula, afirmó lo siguiente “PREGUNTADO:
Qué otras personas conoce que se le hubiera presentado el mismo problema. RESPONDIÓ: De
donde yo vivo del condominio Prados de Alfaguara por ahí unas 20 personas, no sé el nombre de
todas, pero si podría, o sea, si yo me voy esta noche a buscar uno por uno le puedo conseguir los
nombres y los números de cédula. Dentro del condominio donde yo vivo por ahí unas 20 y afuera
no sé, por ahí 50. Yo creo que en el momento en que se formó esta congestión y eso qué no nos
dejaban votar, entonces nos devolvimos tristes porque uno dice bueno caramba uno viene a votar y
no puede ejercer el derecho, pero yo en el condominio puedo conseguirle los nombres y me da unos
dos o tres días, y como somos varios barrios aledaños pues yo diría que por ahí unos 50 o 60
personas de esos barrios aledaños, en Jamundí sí sé que se quedó mucha gente cerca de 10.000
personas que no pudieron votar (…). PREGUNTADO: Su esposa se inscribió para las elecciones
del municipio de Jamundí: CONTESTÓ: Sí, yo la acompañé la acompañé en la semana que da la
Registraduría, fui con mi esposa, incluso con mi hija Jennifer y posteriormente con mi hija María.
PREGUNTADO. Ellas pudieron ejercer el derecho al voto el 25 de octubre de 2015. CONTESTÓ:
Ni yo ni mi esposa ni mis dos hijas ni mis vecinos”. CD Audiencia de pruebas, (min. - 14:46:59 –
15:04:02), obrante al folio 1551 del cuaderno 1C

30

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Jamundí y padre de la demandante Jennifer Rivera Arias, tampoco permiten tener
por acreditado el daño, pues no solo sus declaraciones deben valorarse de manera
más rigurosa, por cuanto se identifican circunstancias que afectan su credibilidad o
imparcialidad, como son su interés en relación con las partes y su relación de
parentesco33, sino que realizan afirmaciones generales respecto de lo ocurrido el
día de las elecciones y la imposibilidad de ejercer el derecho al voto por parte de
un número plural de personas, sin que se pueda inferir de su dicho que fueron
testigos presenciales de la asistencia de alguno de los demandantes al puesto de
votación y de la razones que sustentaron la negación del derecho al voto en el caso
particular.

Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar
improcedente el medio de control de la referencia por indebida integración del grupo
demandante, dado que, se reitera, no existe una causa común frente al daño que
se invocó en la demanda.

4. Condena en costas

De conformidad con lo consagrado en los artículos 65.5 de la Ley 472 de 1998 34,
18835 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 36, y 365.437
del CGP, se debe condenar en costas a la parte vencida en ambas instancias ante
la revocatoria total de la sentencia de primera instancia.

33 En los términos del artículo 211 del Código General del Proceso: «Imparcialidad del testigo.

Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias,
sentimientos o interés con relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas».
34 A cuyo tenor “La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las

expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”.
35 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
36 Aplicable en tanto los recursos de apelación promovidos por las partes se presentaron el 27 de

septiembre de 2021, 13 de enero y 21 de octubre de 2022, es decir, con posterioridad a la entrada
en vigencia de tal norma (25 de enero de 2021).
37 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas.
(...). 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias”.

31

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Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

La condena se impondrá a cargo de los demandantes que hicieron parte del
proceso, a prorrata de sus integrantes38, pues fueron quienes revelaron su intención
de integrar el extremo activo de la presente actuación, a través del otorgamiento
del poder al profesional del derecho para interponer la respectiva demanda, tal es
el caso de la señora Jennifer Rivera Arias, o mediante la presentación de diferentes
solicitudes de adhesión al Tribunal a quo, como ocurrió en el caso de los señores
Emilia Gladys Perdomo Tejada, Andrea Vargas Perdomo, Guillermo José Jiménez
Fernández, Sol María López Pedraza, Sergio Alberto Pulido Molano, María Fanny
Ramírez Gómez, Andrés Popayán Tapia, Miryan Jiménez Naranjo, Fernando
Antonio Naranjo Gil, María Sorany Arias Ocampo, Angélica María Rivera Arias,
Miriam Del Socorro Caipe Taguada, Natalia Sánchez Arias, Elsa Patricia Suárez
Pardo y Edilberto Rocha, por cuanto aquello constituye una manifestación clara e
inequívoca de su decisión de promover el proceso de la referencia y por cuenta de
su comparecencia adquirieron plena conciencia de las cargas y erogaciones que
se originan como consecuencia de un proceso judicial por ellos promovido, además
porque se encuentran claramente individualizados, cuestión que viabiliza su cobro
por parte de las entidades a favor de las cuales se ordenará el respectivo pago de
la condena en costas como retribución por la gestión procesal emprendida en
defensa de los intereses de sus representadas.

Sobre el particular, se advierte que la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le
imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con
fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha
resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de
que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”39.

38 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas. (…) 6. Cuando
fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a
su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes
iguales entre ellos”. Así lo dispuso esta Subsección en la sentencia del 12 de diciembre de 2022,
exp. 66.832, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
39 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o

de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme
al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.
De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su
contra”. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013, M.P.: Mauricio González Cuervo.

32

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Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Cabe precisar que la adición al artículo 188 del CPACA que efectuó la Ley 2080 de
2021 fue en el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”.

Tal norma es de orden público y de aplicación inmediata, por ende, rige en todos
los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor, salvo frente a algunos
supuestos específicos, de los cuales no hace parte el tema de costas. En cuanto al
alcance de la modificación señalada, la Subsección reitera que no implica que se
hubiese retomado el criterio subjetivo de la condena establecido en el CCA frente
a los procesos ordinarios, sino que dicha regla aplica a los asuntos en los que se
ventila un interés público, pues, si bien en estos, en principio, es improcedente la
condena por tal concepto, no es menos cierto que es posible imponerla cuando “se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal”.

Es decir, el inciso que agregó la Ley 2080 de 2021 aplica solo para los casos en
que se ventila un interés público, según la lectura integrada de esa disposición
normativa, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación 40, aspecto
que no se predica frente al medio de control que aquí se analiza.

De manera alguna puede entenderse que con este inciso el legislador pretendió
que se mutara el criterio objetivo que se predica frente a la procedencia de las
costas, en tanto ello dejaría sin aplicación la misma remisión que a las normas del
CGP señala el inciso primero del artículo 188 del CPACA.

4.1. Primera instancia

El artículo 361 del CGP41 indica que las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia.

40 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, sentencia
del 11 de mayo de 2022, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de mayo y del 10 de
octubre de 2022, exps. 67.700 y 67.965, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
41 “Artículo 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos

sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y
liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en
los artículos siguientes”.

33

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
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Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Las costas están conformadas por dos rubros, las agencias en derecho como
compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora
y las expensas que corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y
necesarios para su desarrollo.

Hay que poner de presente que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
realizó la liquidación de las costas en la sentencia, fijándolas en 4 SMLMV 42, como
lo prevé el artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

Así mismo, esta Corporación en auto del 24 de mayo de 2023 (fls. 1573 – 1577, c.
ppal.) al resolver el recurso de queja formulado por la parte actora contra el auto
interlocutorio 286 de 11 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante el cual se rechazó el recurso de apelación interpuesto
por dicha parte contra la sentencia de primera instancia, la condenó al pago de
costas a favor de las entidades demandadas en la suma equivalente a 1 SMLMV.

4.1.1. Fijación de las agencias en derecho

Las agencias en derecho se tasan en consonancia con lo previsto en el numeral
3.2. del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el
Consejo Superior de la Judicatura43, en atención a la naturaleza, la calidad y la
duración útil de la gestión realizada por el apoderado y las demás circunstancias
relevantes.

En esas condiciones, teniendo en cuenta la duración del proceso y los deberes de
vigilancia que su trámite implicó44, así como las agencias en derecho fijadas en
primera instancia por el Tribunal a quo y los límites establecidos en el Acuerdo No.
1887 de 2003, esta Sala fija la condena por dicho concepto en 4 SMLMV, dado que
en este asunto el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil designaron apoderados judiciales, quienes contestaron la demanda,

42 El a quo dispuso que “NOVENO: Se condena en costas en esta instancia. Agencias en derecho por

un valor de cuatro (4) salarios mínimos legales. Las costas serán pagadas en partes iguales por las
entidades demandadas”.
43 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“Primera instancia. Hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Segunda instancia. Hasta un (1) salario mínimo mensual legal vigente”.
44 La Sala ha considerado como criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las labores

de vigilancia del proceso inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21
de noviembre de 2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319).

34

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comparecieron a la diligencia de conciliación y alegaron de conclusión en la primera
instancia, lo que impone inferir que llevaron el control, guía y dirección de la gestión
encomendada.

4.1.2. Expensas

Al revisar el expediente se observa que no existe prueba de que la parte
demandada hubiese tenido que incurrir en expensas con ocasión del trámite de
primera instancia, por lo que no se reconocerá algún rubro por dicho concepto.

4.2. Segunda instancia

Como se indicó, el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 establece que debe
condenarse en costas a la parte vencida en el proceso, en este caso, a los
demandantes que revelaron su intención de integrar el extremo activo de la
presente actuación.

4.2.1. Fijación de las agencias en derecho

En segunda instancia se encuentra acreditada que la gestión del Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil fue continua, pues
interpusieron recurso de apelación y de apelación adhesiva contra el fallo de primer
grado, a la vez que alegaron de conclusión, lo que indica que atendieron el proceso
de manera oportuna a través de sus apoderados judiciales.

Ahora bien, el Acuerdo 1887 de 2003 estableció que las agencias en derecho en la
segunda instancia no pueden superar 1 SMLMV, en tal virtud se reconocerá el
equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia a favor de las
entidades demandadas y a cargo de los demandantes que hicieron parte del
proceso.

4.2.2. Expensas

No existe prueba de que las demandadas hubieran sufragado expensas por el
desarrollo del asunto en esta instancia, por lo que no se reconocerá algún rubro.

35

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Las costas de ambas instancias se reconocerán por partes iguales en favor del
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y a cargo
de los demandantes que hicieron parte del proceso, a prorrata de sus integrantes,
es decir, los señores Jennifer Rivera Arias, Emilia Gladys Perdomo Tejada, Andrea
Vargas Perdomo, Guillermo José Jiménez Fernández, Sol María López Pedraza,
Sergio Alberto Pulido Molano, María Fanny Ramírez Gómez, Andrés Popayán
Tapia, Miryan Jiménez Naranjo, Fernando Antonio Naranjo Gil, María Sorany Arias
Ocampo, Angélica María Rivera Arias, Miriam Del Socorro Caipe Taguada, Natalia
Sánchez Arias, Elsa Patricia Suárez Pardo y Edilberto Rocha.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DECLARAR
improcedente el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR a pagar las costas de ambas instancias, a prorrata, a los
señores Jennifer Rivera Arias, Emilia Gladys Perdomo Tejada, Andrea Vargas
Perdomo, Guillermo José Jiménez Fernández, Sol María López Pedraza, Sergio
Alberto Pulido Molano, María Fanny Ramírez Gómez, Andrés Popayán Tapia,
Miryan Jiménez Naranjo, Fernando Antonio Naranjo Gil, María Sorany Arias
Ocampo, Angélica María Rivera Arias, Miriam Del Socorro Caipe Taguada, Natalia
Sánchez Arias, Elsa Patricia Suárez Pardo y Edilberto Rocha, en favor del Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Fijar como agencias en derecho de la primera instancia 4 SMLMV a la fecha de
ejecutoria de la presente providencia.

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Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00410-02 (69.510)
Actor: Jennifer Rivera Arias y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Fijar como agencias en derecho de la segunda instancia 1 SMLMV a la fecha de
ejecutoria de la presente providencia.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación
en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

37

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