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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00425-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00425-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la parte actora a pagar por concepto de 101 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 78 Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01 Demandante: Juan Carlos Abadía Campo agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Contraloría General de la República. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00425-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de agosto de 2024

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO
Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tesis: No es nulo por falta de competencia, falsa motivación y
violación del derecho de defensa y contradicción el fallo
que declaró fiscalmente responsable al demandante en
calidad de gobernador del departamento y miembro de
la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, por
los planes promocionales que dieron lugar a un
detrimento patrimonial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015 por la Sección
Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Juan Carlos Abadía Campo, actuando por conducto de apoderado
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA, presentó demanda en
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

contra de los Ministerios del Interior y de Justicia y de la Contraloría
General de la República, para lo cual formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMER[O]: Declárese nulo el acto administrativo contenido en el
Fallo de Responsabilidad Fiscal de Primera Instancia No. 001, calendado
el 20 de febrero de 2012, proferido por la Dra. Luz Ángela Martínez Bravo,
Contralora Delegada Intersectorial, dentro del proceso de responsabilidad
fiscal conocido bajo el radicado No. 6- 007-11.

SEGUNDO: Declárese nulo el acto administrativo contenido en el fallo de
Segunda Instancia calendado el 23 de marzo de 2012 proferido por la
Contraloría General de la República dentro del proceso de Responsabilidad
Fiscal No. 6-007-11.

TERCERO: Declárase nulo el acto administrativo contenido en el Auto No.
19 de abril de 2012 por medio de la cual se decide una solicitud de
corrección aritmética de la decisión de segunda instancia proferida dentro
del proceso de responsabilidad fiscal No. 6-007-11.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, en calidad
de restablecimiento del derecho, ordénese a la NACIÓN - MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA dejar sin efecto los actos administrativos anteriormente
mencionados.

QUINTO: Como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos
mencionados, ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE INTERIOR Y DE
JUSTICIA- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA restablezca
el derecho de mi poderdante en el sentido de que se cancelen, las
siguientes sumas de dinero:

POR PERJUICIOS MORALES

1) El Dr. JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO, tiene una amplia trayectoria
política y dicha actividad se constituye en su labor principal. Ha ejercido
diferentes cargos públicos, por lo que su nombre se ve afectado material,
profesional y moralmente por la sanción que se impuso con violación de
los derechos fundamentales y con desconocimiento de la norma vigente.

Por lo anterior solicito que se paguen los perjuicios morales sufridos por
el Dr. JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO, la suma de CIEN (100)
S.M.L.M.V., el cual ascienden (sic) a cincuenta y seis millones seiscientos
setenta mil pesos ($ 56.670.000).

(…)

POR PERJUICIOS MATERIALES

2) Que se cancele por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, los costos del proceso de responsabilidad fiscal No. 6-007-

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radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.Cuaderno
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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

11 y honorarios del abogado los cuales ascienden a la suma de CIENTO
DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($114.000.000) (sic) y
comprenden:

A) Los desplazamientos realizados por el abogado a cada una de las
audiencias en la Procuraduría General de la República (sic) ubicada en la
ciudad de Bogotá los cuales ascienden a la suma de CATORCE MILLONES
DE PESOS ($14.000.000) y,

B) Los honorarios pactados por su representación en el proceso de
responsabilidad Fiscal No. 06-007-11, que ascienden a la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000).

C) Los honorarios pactados por su representación en el proceso de
responsabilidad fiscal No. 06-007-11, que ascienden a la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000).

PARA UN TOTAL DE CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL PESOS M/CTE ($170.670.000). (sic).

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

La parte actora afirmó que con la expedición de los actos acusados se
vulneraron los siguientes artículos: 6, 29, 93, 209, 272 y 286 de la
Constitución Política; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 2, 5, 6, 41, 48,
53, 55 y 66 de la Ley 610 de 2000; 8, 83, 84, 93, 97, 98, 101, 102, 104,
112 y 113 de la Ley 1474 de 2011; 36 y 84 del Código Contencioso
Administrativo; 68 y 85 de la Ley 489 de 1998; 26 y 49 de la Ley 24 de
1993; 4 de la Resolución no. 6069 del 26 de agosto de 2009 y la
Resolución orgánica no. 05062 del 24 de abril de 2000.

Luego de hacer una extensa exposición sobre las irregularidades en que
consideró se incurrió en el proceso de responsabilidad fiscal relacionadas
con la carencia de requisitos formales y sustanciales del control
excepcional; la aplicación irregular del trámite verbal; la falta de
fenecimiento de las cuentas de la Industria de Licores del Valle; la falta
de demostración de la calidad de gestor fiscal del implicado; la falta de
demostración del daño patrimonial; la falta de demostración del nexo
causal; la falta de determinación de la cuantía; la falta de valoración de
las pruebas defensivas en el fallo de primera instancia; que no se le dio

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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

la oportunidad de sustentar la apelación contra el fallo de primera
instancia y que el fallo de segunda instancia carecía de congruencia,
invocó los siguientes cargos de violación:

Primer cargo: “Vicio de nulidad por falta de competencia de la
Contraloría General de la República para proferir los actos
administrativos cuestionados”

Consideró que, atendiendo lo previsto por los artículos 267 de la
Constitución Política, 26 de la Ley 42 de 1993 y la Resolución orgánica
nro. 05068 del 24 de abril de 2000 expedida por la Contraloría General
de la República, son sujetos de control fiscal excepcional únicamente las
entidades del orden territorial.

Manifestó que, acorde con la Ley 489 de 1993, la Industria de Licores del
Valle no es un ente territorial sino una empresa industrial y comercial del
Estado creada mediante la Ordenanza nro. 1041 de 1982, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, bajo la
dirección y administración de una junta directiva y de un gerente quien
tiene la representación legal, razón por la que no está sujeta al control
fiscal excepcional de la Contraloría General de la República.

Alegó que el Consejo de Estado, en sentencia del 27 de mayo de 2010 en
el proceso con radicación nro. 11001 03 24 000 00053 01, expuso que no
es posible hacer un control excepcional sobre un ente diferente a la
entidad territorial, por lo que, en este caso, dicho control excepcional no
procedía.

Sostuvo que la solicitud de control excepcional que hizo el gobernador del
Valle del Cauca para que la Contraloría conociera del proceso de
responsabilidad fiscal no cumplió con las formalidades exigidas por la ley,
en tanto que no fue motivado.

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Segundo cargo: “Vicio de nulidad por falsa motivación de los actos
administrativos cuestionados”. En relación con este cargo invocó:

(i) “Frente a la indebida notificación de cada uno de los autos proferidos
dentro del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11”:

Señaló que, con fundamento en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011,
se notificaron por estado todos los autos expedidos en el proceso, pero
que dicha disposición se aplica para los procesos ordinarios, no para los
verbales.

Afirmó que, en este caso, la Contraloría decidió darle al proceso de
responsabilidad fiscal el trámite verbal y que lo jurídicamente aceptable
era que se hicieran las notificaciones como lo ordena el artículo 104 de la
Ley 1474 de 2011 que establece que existen cuatro formas de notificación
de las decisiones adoptadas en el curso del proceso verbal como son la
notificación personal, por aviso, en estrados o por conducta concluyente,
mas no por estado.

Anotó que “la Contraloría debió unificar el proceso y no como erradamente
lo hizo, que aplicando una mixtura que solo deja como efecto la violación
del derecho al debido proceso del Dr. JUAN CARLOS ABADÍA realizó
notificaciones por estado en aplicación al artículo 106 de la Ley 1437, la
cual solo aplica para los procesos ordinarios y no para los verbales como
es el caso del expediente 6-007-11”.

(ii)” Falsa motivación en el fallo de segunda instancia por la carencia de
fundamento legal de los estándares internacionales”

Destacó, entre otros puntos, que no obra dentro del proceso de
responsabilidad fiscal prueba que demuestre que existió una gestión
antieconómica o una superación de los estándares de degustación por
parte de la Industria de Licores del Valle, y que los supuestos estándares
internacionales de los que habla la Contraloría General no existen. Agregó

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que, de existir, no es posible que unos parámetros internacionales de
degustación sirvan de fundamento para emitir un fallo de responsabilidad
fiscal con desconocimiento de la Ordenanza no. 301 de 2009, expedida
por la asamblea departamental, que estaba vigente y gozaba de
presunción de legalidad.

(iii) “Frente a la conducta reprochada (…) en su calidad de gobernador del
Valle y miembro de la junta directiva”

Dijo que es desacertado que la Contraloría haya considerado que para la
Industria de Licores del Valle se apliquen los controles jerárquicos y de
tutela, ya que dicha empresa no estaba adscrita al despacho del
gobernador, sino a la gobernación, acorde con el organigrama del ente
territorial, y que tampoco se presenta un control jerárquico sobre los
funcionarios de la industria de licores.

Aseveró que, aunque el gobernador del Valle del Cauca ejerce un control
sobre la industria de licores, el mismo no va más allá del control político,
en los términos del artículo 68 de la Ley 489 de 1998; y que, conforme al
artículo 91 de la misma ley, la designación del gerente o presidente de
las empresas industriales y comerciales del Estado corresponde al
presidente de la República.

Mencionó que, contrario a lo señalado por la Contraloría, el actor, en
calidad de gobernador del Valle del Cauca para la época de los hechos, no
tenía un control jerárquico sobre la Industria de Licores del Valle, era un
miembro más de la junta y no le correspondía la vigilancia o fiscalización
sobre los actos o las personas que allí laboraban y mucho menos debía
dirigir la actividad contractual de dicho ente.

Agregó que el gobernador del Valle del Cauca tiene delegados en juntas
en más de un centenar de entidades y debe manejar la administración
central, por lo que no le corresponde controlar los actos de las entidades,
y que la contralora estableció “una serie de por qué, en materia de

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delegación en la contratación estatal el ordenador del gasto no se libera
de su responsabilidad fiscal”, considerando que “no es menester, entrar
a estudiar dichos por qué, pues tan solo se debe recordar que en el caso
de las facultades y potestades asumidas por el Dr. Juan Carlos Abadía
como integrante de la junta directiva de la ILV, éste, si bien era
gobernador de la época, su función dentro de la junta no tenía que ver
con una gestión fiscal”.

Consideró que la Contraloría confundió el concepto de delegación y
representación, ya que frente a los delegados personales del gobernador
no había delegación, pues no transfirió funciones constitucionales, sino
que otorgó un mandato para que sus representantes en la junta directiva
ocuparan un espacio en ella debido a los diferentes asuntos que debía
atender como gobernador.

Aseveró que sería un absurdo pretender que el gobernador tenga control
administrativo, jurídico y contractual de todas las juntas directivas,
consejos directivos, juntas administradoras que preside dentro de 42
municipios que comprende el departamento del Valle y en los cuales
cuenta con un total de 162 delegados, por lo que no es de recibo el
argumento de que deba controlar los actos de esas otras entidades
independientes y autónomas cuando el espíritu de la descentralización es
la autonomía y la separación de competencias y funciones para el
mejoramiento de la prestación de servicios y gobernarse así mismas.

Por último, señaló que, aun comprobándose que los delegados del
gobernador tuvieron una conducta reprochable en la junta directiva de la
licorera, su responsabilidad no puede ir más allá de una pasividad
justificada por la cantidad de labores que cumplía como jefe de un
departamento, compuesto por 42 municipios, y porque, en mérito de la
“delegación", se deposita una confianza en los servidores que lo
representaban en diferentes juntas, consejos y demás entes colectivos.

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Tercer cargo: Vulneración del debido proceso y del derecho de
defensa y contradicción

Manifestó que se demostró que el proceso de responsabilidad fiscal se
desarrolló sin el lleno de los requisitos legales, al margen de los principios
del debido proceso y del derecho de defensa, como se evidenció con el
auto de apertura de investigación, el de imputación de cargos y el fallo
de primera y segunda instancia, en los que no se estimó la cuantía del
detrimento patrimonial de la entidad afectada.

Adujo que se vulneraron normas constitucionales, legales y convenios
internacionales, puesto que el ente de control debía advertir a los
implicados acerca de cada uno de los elementos procesales y sustanciales
para el ejercicio pleno de su defensa, así como de aquellos relacionados
con la interposición de recursos contra el fallo de primera instancia, el
cual debió estar precedido de la cuantificación del presupuesto anual de
la entidad.

La demanda fue adicionada para añadir nuevos hechos, fundamentos de
derecho, solicitar la práctica de pruebas testimoniales y aportar pruebas
documentales. De lo allí señalado se destaca2:

(i) “La Contraloría Delegada Intersectorial era incompetente para
adelantar el proceso verbal de responsabilidad fiscal en contra de mi
poderdante”

Aseveró que, con fundamento en lo establecido por el artículo 128 de la
Ley 1474 de 2011, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la
Corrupción de la Contraloría General de la República no era competente
para adelantar la investigación, “(…) no obstante, la doctora Luz Ángela
Martínez Bravo conoció de la investigación contra mi poderdante y una

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vez remitido el expediente por la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, no solo decretó
las pruebas solicitadas por las partes, sino que resolvió diferentes
solicitudes de los distintos sujetos procesales”.

(ii) “Irretroactividad del Estatuto Anticorrupción para efectos de aplicar la
solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal”

Adujo que en el fallo de segunda instancia se aplicó la responsabilidad
solidaria; “sin embargo, frente al tema de responsabilidad solidaria, la
Ley 1474 de 2011 entró en vigencia el 12 de julio de 2012 de conformidad
con lo establecido en el artículo 135, mientras tanto y según consta a folio
7 del fallo de responsabilidad fiscal del 20 de febrero de 2012, el auto por
medio del cual se dio apertura al proceso mencionado es del 7 de abril de
2011, motivo por el cual la Contraloría General de la República no podía
aplicar de manera retroactiva dicha disposición”.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Contraloría General de la República3

Dicho ente, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda,
en la que se refirió a cada uno de los hechos allí expuestos y
específicamente frente a los cargos señaló:

1.2.1.1. En cuanto a la falta de competencia de la Contraloría para
expedir los actos acusados

Manifestó que es equivocado el argumento de la parte actora según el
cual el control fiscal solo puede ejercerse sobre las cuentas de las
entidades territoriales, pero no sobre las empresas industriales y
comerciales del Estado como la Industria de Licores del Valle.

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Añadió que las entidades descentralizadas del nivel territorial son
gestores y titulares de recursos de las entidades territoriales a las cuales
pertenecen, y tanto las autoridades de la administración central, como de
las entidades descentralizadas, son dirigidas por la cabeza del órgano
central, esto es, por gobernadores y alcaldes, como lo determina la
Constitución (artículos 303, 305, 314 y 315); ello, en consonancia con lo
señalado por la Ley 489 de 1998.

Por lo tanto, es desacertado que, por tratarse de una entidad
descentralizada, no pueda ejercerse el control excepcional de la
Contraloría General de la República, pues una y otra forman parte de la
administración e integran el concepto de ente territorial, por lo que nada
tiene que ver la autonomía administrativa de las entidades
descentralizadas del orden territorial para limitar el ejercicio del control
fiscal, puesto que el núcleo del control excepcional integral sobre las
entidades territoriales se rige por un criterio objetivo como es la
pertenencia de los recursos a la respectiva entidad territorial.

Expuso que son varias las oportunidades en las que la Corte
Constitucional se ha pronunciado sobre los alcances del control
excepcional de la Contraloría General de la República sobre los recursos
propios de las entidades territoriales4, en los que ha concluido que el
control excepcional procede de modo integral, ya que comprende no solo
la inclusión de todos los sistemas de control fiscal sino a todos los sujetos
que administren los recursos de las entidades territoriales.

Indicó que la sentencia que cita la parte actora proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado para respaldar su argumentación, “no
resulta idóne[a][ para ello, por cuanto se trata de un pronunciamiento
insular y completamente equivocado que no constituye precedente
judicial”.

4
Corte Constitucional. Sentencias C-374 de 1998, C-1191 de 2000, C-364 de 2001, C-
1105 de 2001, C-127 de 2002, C-1176 de 2004.
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También manifestó que, contrario a lo sostenido por la parte actora, el
auto por medio del cual se admite el control excepcional estuvo
debidamente motivado y la solicitud determinó sucintamente las razones
por las que debía desplazarse a la contraloría territorial, control que se
solicitó y tramitó bajo lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 42 de 1993
y se cumplieron las condiciones de la Resolución orgánica nro. 6069 de
2009.

1.2.1.2. En relación con los cargos de falsa motivación y de
violación del derecho de defensa y contradicción

-) En cuanto a la aplicación del procedimiento verbal al proceso de
responsabilidad fiscal adelantado en contra del demandante, aseguró que
el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se tramita por el
procedimiento verbal, permite mayor celeridad, inmediación y
concentración de la prueba, mientras que el procedimiento escrito tiende
a ser conocido únicamente por las partes.

Agregó que el parágrafo 3 del artículo 97 estableció el régimen de
transición aplicable a las indagaciones preliminares y a los procesos de
responsabilidad fiscal iniciados con anterioridad a la vigencia de la Ley
1474 de 2011 y como el proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11
fue aperturado mediante auto nro. 00302 del 7 de abril de 2011 y el auto
de imputación fue proferido el 14 de diciembre de 2011, esto es, después
de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, ello permitía, acorde
con el parágrafo 3 del artículo 97, adecuar su trámite al procedimiento
verbal, como en efecto se hizo.

-) Respecto de la alegada incompetencia de la contraloría delegada
intersectorial para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, explicó
que el 12 de julio de 2011 fue promulgada la Ley 1474 de 2011 y en su
artículo 128 se creó la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción, encargada de adelantar auditorías especiales o
investigaciones relacionadas con hechos de impacto nacional que exijan

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la intervención inmediata de la entidad por el riesgo inminente de pérdida
o afectación indebida del patrimonio público o para establecer la
ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal y recaudar y
asegurar pruebas para el adelantamiento de los procesos
correspondientes.

Anotó que, en uso de la atribución establecida por el artículo 128 de la
Ley 1474 de 2011, la Contralora General de la República declaró,
mediante auto 006 del 21 de octubre de 2011, de impacto nacional los
hechos relacionados en el auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal CD 6-007-11 sobre presuntas irregularidades presentadas en la
Industria de Licores del Valle y ordenó el envío del expediente a la Unidad
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción donde fue asignado a
la Contralora Delegada Intersectorial, actuación que no es ilegal como lo
pretende hacer ver el demandante y, en todo caso, estuvo sustentada en
el ordenamiento jurídico vigente.

De igual manera se refirió a las demás irregularidades invocadas por la
parte actora y señaló lo siguiente:

-) Sobre el previo levantamiento del fenecimiento que se invoca en la
demanda, manifestó que, en estricto sentido, el fenecimiento de cuenta
no reúne los requisitos de existencia y revocación de actos administrativos
particulares y concretos en cuanto no crea condiciones intangibles en
favor de sujeto alguno, de tal manera que, si surge prueba que demuestre
la existencia de daño fiscal, la apertura del proceso configura la pérdida
de eficacia de todo fenecimiento anterior, bajo la premisa constitucional
y legal que se deriva del propio artículo 17 de la Ley 42 de 1993.

Anotó que, bajo el régimen legal previsto en las Leyes 610 de 2000 y
1474 de 2011, procede la apertura del proceso de responsabilidad fiscal
cuando están cumplidos los requisitos del artículo 40 de la Ley 610, y
ninguna de estas disposiciones dispuso como requisito procesal o material
alguno el fenecimiento de la cuenta.

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• Así mismo, se refirió a las irregularidades invocadas en el auto de
imputación, en el proceso de responsabilidad fiscal de primera instancia,
que no se valoraron las pruebas defensivas del demandante, a la alegada
indebida notificación de algunos autos proferidos en el proceso de
responsabilidad fiscal, a las irregularidades relacionadas con el recurso de
apelación contra el fallo con responsabilidad de primera instancia, a la
ruptura del principio de congruencia entre el auto de imputación y el fallo
de segunda instancia, a la alegada falsa motivación del fallo de segunda
instancia, a las irregularidades en la notificación y ejecutoria del fallo de
segunda instancia.

Al efecto, sostuvo que el órgano de control adelantó el proceso de
responsabilidad fiscal respetando las garantías del debido proceso y del
derecho de contradicción y que los problemas que pudieron presentarse
para la notificación del fallo de segunda instancia y en la inclusión de los
responsables fiscales en el boletín fueron subsanadas; por lo tanto, no
eran susceptibles de viciar de nulidad los actos acusados.

Formuló como excepciones la inepta demanda por falta de cumplimiento
de los requisitos previstos por el artículo 162 del CPACA y la falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad previsto por el artículo 161
ibídem.

1.2.2. Nación - Ministerio del Interior5

Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como medio
exceptivo la falta de legitimación material en la causa por pasiva,
argumentando que no tenía la representación judicial de la Contraloría
General de la República, ni intervino en el proceso de responsabilidad
fiscal que dio lugar a la expedición de los actos demandados, excepción
que se declaró fundada en la audiencia inicial.

5
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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

1.2.3. Nación - Ministerio de Justicia6

Igualmente manifestó que se oponía a las pretensiones y formuló como
excepción la falta de legitimación material en la causa por pasiva; a la
misma se le dio prosperidad en la audiencia inicial y se excluyó como
parte demandada al ministerio.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 26 de agosto de 2015, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente7:

Comenzó por recordar que las excepciones formuladas por la Contraloría
General de la República de inepta demanda y falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad se declararon no probadas en el desarrollo de
la audiencia inicial y que allí también se dio prosperidad a las excepciones
de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por los
Ministerios del Interior y de Justicia, razón por la cual se excluyeron del
proceso.

Al descender al examen de los cargos propuestos por la parte actora
analizó lo siguiente:

Respecto a la falta de competencia de la Contraloría General de la
República

Consideró que no estaba llamado a prosperar, teniendo en cuenta que el
inciso tercero del artículo 267 de la Constitución Política dispuso que la
vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control

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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, y que, en
los casos excepcionales previstos por la ley, la Contraloría General de la
República podía ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier
entidad territorial.

Añadió que el artículo 26 de la Ley 42 de 1993 previó que la Contraloría
General de la República podrá ejercer control posterior en forma
excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial sin perjuicio
del control que le corresponde a las contralorías departamentales,
distritales y municipales: a) por solicitud del gobierno departamental,
distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de
la República o de la mitad más uno de las corporaciones públicas
territoriales, y b) por solicitud de la ciudadanía a través de los
mecanismos de participación que establece la ley.

Indicó que el artículo 49 ibidem preceptuó que la Contraloría General de
la República excepcionalmente, y acorde con lo previsto por el artículo 26,
podría ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad
territorial. Ello, en concordancia con el artículo 63 de la Ley 610 de 2000,
que dispuso que la Contraloría General de la República tiene competencia
prevalente para adelantar hasta su culminación los procesos de
responsabilidad fiscal originados por el ejercicio de la facultad excepcional
del control fiscal.

A su vez, que, en la estructura organizacional del Estado Colombiano,
desde el punto de vista del ejercicio de la función administrativa, el
constituyente adoptó un esquema que conjuga tres grandes formas de
organización: descentralización territorial, descentralización técnica
funcional o por servicios y descentralización por colaboración, todos ellos
concebidos bajo un solo sistema de organización política del Estado de
centralización política bajo la forma de República unitaria.

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Que, en el caso concreto, como se desprende del proceso de
responsabilidad fiscal y lo manifiesta la parte actora en la demanda, la
Industria de Licores del Valle es una empresa industrial y comercial del
orden departamental, por lo que hace parte de la estructura
administrativa del departamento del Valle del Cauca.

Concluyó que este cargo de nulidad no estaba llamado a prosperar, ya
que la Contraloría General de la República sí tenía la competencia para
ejercer el control fiscal excepcional sobre la Industria de Licores del Valle
-Departamento del Valle del Cauca, y la solicitud de control que se hizo
cumplió con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 4 de la
Resolución nro. 6069 de 2009, ya que se expresó la debida motivación
para sustentar la petición de ejercicio del control fiscal excepcional por
parte de la Contraloría General de la República.

En cuanto al segundo cargo de falsa motivación

Expuso que este cargo se centraba en señalar que hubo una indebida
notificación de los autos dictados dentro del proceso de responsabilidad
fiscal, por cuanto se hizo en la forma prevista por el artículo 106 de la Ley
1474 de 2011 y no como lo indica el artículo 104 ibidem.

Resaltó que la notificación por estado de los autos se llevó a cabo en
debida forma y dado que no se logró la notificación personal se procedió
a la notificación por edicto según los artículos 44 y 45 del entonces Código
Contencioso Administrativo.

Añadió que, “(…) en cuanto tiene que ver con los autos relacionados en
los índices viii) a xi) descritos en el literal a) de estas consideraciones, los
que fueron expedidos luego de que se adecuara el proceso de
responsabilidad fiscal al trámite verbal, la Sala observa que el reproche
de la parte actora frente aquellos se centra únicamente en la falencia
formal consistente en que fueron notificados por estado, es decir en parte
alguna del cargo se menciona que esos precisos autos no hayan sido

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conocidos por los sujetos procesales, lo que permite inferir que se
notificaron por conducta concluyente, medio de notificación éste último
completamente válido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104
de la Ley 1474 de 2011”.

Por lo anotado, consideró que este motivo de censura no estaba llamado
a prosperar, debido a que la notificación de los autos citados por la parte
actora se efectuó con observancia del trámite de notificación previsto en
la ley.

Acerca del reproche de nulidad porque no existe dentro del proceso de
responsabilidad fiscal prueba que demuestre que hubo una gestión
antieconómica o una superación de los estándares de degustación por
parte de la Industria de Licores del Valle, explicó que tampoco estaba
llamado a prosperar, dado que, como se desprendía de los actos
acusados, los mismos sí establecieron de manera clara y concreta la
conducta censurada y el daño causado al patrimonio público.

En relación con el daño al patrimonio público y su cuantificación, aseguró
que se encontró probada la existencia de un daño patrimonial para el
Estado, consistente en los ingresos dejados de percibir por parte de la
Industria de Licores del Valle y por el departamento del Valle del Cauca,
por concepto del plan de degustaciones aprobado por su junta directiva
que, además, se vieron material y fiscalmente representados en la
disminución de los tributos generados por la distribución del producto
elaborado por la licorera del departamento.

Advirtió que, para el análisis y juzgamiento, debía tenerse en cuenta el
artículo 36 del Decreto 01 de 1984, aplicable al asunto por la fecha de
ocurrencia de los hechos y del momento en que se dio inicio al
procedimiento administrativo de responsabilidad fiscal, que culminó con
los actos cuya legalidad se discute; y que así se trate de decisiones de
carácter discrecional, como lo es la concepción y aprobación de un plan
promocional de ventas y/o de márgenes de degustación de productos

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exentos de tributación elaborados por una empresa industrial y comercial
del Estado, debían ser adecuadas a los fines de las normas que las
autorizan y proporcionales a los hechos que les sirven de fundamento,
por lo que el ejercicio de una competencia discrecional nunca podía ser,
en la concepción del Estado de derecho, arbitraria o caprichosa, ni
tampoco ajena o exenta de control por parte de las respectivas
autoridades estatales.

Anotó que la valoración que hizo el órgano de control fiscal resultaba
razonable y soportada probatoriamente, en la medida en que los
márgenes o porcentajes del programa de degustación de los productos
adoptados por la junta directiva de la empresa no fueron ni adecuados ni
proporcionales a la relación costo beneficio de los objetivos buscados, al
punto que los índices o niveles de ventas ni siquiera incrementaron y, por
el contrario, en los últimos dos años del plan casi que permanecieron
iguales a los registrados a los años anteriores en los que los márgenes de
degustación eran notoriamente inferiores, cuyas cifras y ponderación
analizó adecuadamente la contraloría en el curso de la investigación y en
los actos administrativos que la concluyeron.

Por otra parte, frente al argumento del demandante en el sentido que no
ejercía control jerárquico sobre los actos y los funcionarios de la Industria
de Licores del Valle, y que no hubo una delegación de funciones, sino que
se otorgó un mandato a quienes lo representaron en la junta directiva,
consideró que este argumento tampoco estaba llamado a prosperar, con
sustento en lo previsto por el artículo 305 de la Constitución Política y los
artículos 6, 9 y 10 del Decreto 1041 de 1982 expedido por el gobernador
del departamento del Valle del Cauca, mediante el cual se estableció el
estatuto orgánico de la Industria Licorera del Valle, así como teniendo en
cuenta el artículo 17 del Acuerdo nro. 026 de 1994, expedido por la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle.

Con el apoyo de lo anterior concluyó que la autonomía predicada de los
entes descentralizados por servicios como la Industria de Licores del Valle

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del Cauca no es absoluta, ya que la gobernación debe ejercer la dirección,
coordinación, control y vigilancia. Aunado a que, de conformidad con el
artículo 68 de la Ley 489 de 1998, las entidades descentralizadas por
servicios para el caso del departamento están adscritas o vinculadas al
despacho del gobernador, de modo que se configura un control de tutela
o administrativo del gobernador sobre la actuación de las juntas
directivas.

Analizó que al demandante se le atribuyó el asumir una conducta pasiva
en la suscripción y ejecución de las actas y los respectivos contratos que
originaron el detrimento patrimonial al departamento, por lo que en modo
alguno lo eximía de responsabilidad el hecho que los suscribieran sus
delegados, pues, atendiendo lo dispuesto por el parágrafo del artículo 12
de la Ley 489 de 1998, en los casos relacionados con la contratación el
acto de delegación no exime al delegante.

Señaló que tampoco era de recibo el argumento de la parte actora
consistente en que no hubo delegación de funciones, sino que se otorgó
un mandato al no existir prueba de ese supuesto mandato y delegar las
funciones legales que le correspondían en la Industria de Licores del Valle.

Respecto del tercer cargo de violación del debido proceso y del
derecho de defensa y contradicción. Expuso:

(i) Que de la lectura de los actos acusados se extrae que la Contraloría sí
tuvo en cuenta todos los elementos de la responsabilidad fiscal frente a
la parte actora para establecer su responsabilidad fiscal endilgada,
porque:

-) En el fallo de primera instancia se calificó la conducta del actor como
dolosa y en el fallo de segunda instancia se calificó como gravemente
culposa.

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-) Se encontró probada la existencia de un daño patrimonial consistente
en los ingresos dejados de percibir por parte de la Industria de Licores del
Valle.

-) Se acreditó el nexo de causalidad entre la conducta del actor en su
calidad de gobernador para la época de los hechos y el daño patrimonial.

-) Consideró que era claro que, a la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle, órgano de dirección al que pertenecía el señor Juan
Carlos Abadía, le correspondía aprobar los planes y programas para el
desarrollo de la Industria Licorera del departamento; no obstante, el
demandante no cumplió con dichos controles y aprobó a través de sus
delegados un plan promocional para el período comprendido entre los
años 2008 a 2010.

(ii) Que el actor en los hechos de la demanda argumentó la existencia de
irregularidades frente al elemento de la determinación de la cuantía en
los autos de apertura de investigación, de imputación de cargos y en los
fallos de primera y segunda instancia; no obstante, en todos estos autos,
así como en los fallos de primera y segunda instancia, la entidad pública
sí había establecido la cuantía del daño patrimonial.

Concluyó que el reproche de nulidad por vulneración del debido proceso,
del derecho de defensa y de contradicción, no estaba llamado a prosperar,
por cuanto se determinó que el proceso era de doble instancia y
cumplieron las garantías procesales para que la parte actora ejerciera
plenamente sus derechos constitucionales a la defensa y contradicción.

Así mismo, afirmó que, aunque una parte del fallo citó erradamente el
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, ello resulta intrascendente, pues lo
cierto es que la Contraloría General de la República dio aplicación a la
responsabilidad solidaria por perjuicios causados mediante delito o culpa
con fundamento en el artículo 2344 del Código Civil, teniendo en cuenta
que la situación se ajustaba a los presupuestos fácticos de esa norma

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porque: a) se causó un daño, b) se actuó con culpa, y c) participaron
varias personas en la causación del daño.

Por último, hizo alusión a lo que denominó “otras consideraciones
jurídicas y reproches expuestos en los hechos de la demanda relativos a
la violación del debido proceso”, para concluir que lo allí señalado no
estaba llamado a prosperar y que no había sido desvirtuada la presunción
de legalidad que amparaba los actos acusados.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido por el a quo, la parte actora interpuso recurso
de apelación y en sustento aseguró lo siguiente8:

(i) En relación con el cargo de vicio de nulidad por falta de
competencia de la Contraloría General de la República

-) “La Industria de Licores del Valle es un ente descentralizado del orden
territorial al cual no le aplica el control excepcional de la Contraloría
General tal como lo sostuvo el Consejo de Estado”

Arguyó que, atendiendo lo previsto por los artículos 68, 69 y 85 de la Ley
489 de 1998, la Ley 42 de 1993 y la Resolución orgánica nro. 5068 de
2000, mediante la cual se asignaron competencias a la Contraloría
General de la República, así como lo señalado por el Consejo de Estado
en sentencia del 27 de mayo de 20109, son sujetos de control fiscal
excepcional únicamente las entidades de orden territorial; por lo tanto, la
Industria de Licores del Valle no era sujeto para el ejercicio de control
fiscal excepcional por parte de la Contraloría General de la República.

8
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.Cuaderno
principal. 175 ED_cuaderno7 nulidad y restablecimiento del derecho.
9
Expediente radicación nro. 11001 03 24 000 2003 00053 01.
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-) “No se cumplieron los requisitos de ley en la solicitud de control
excepcional elevada por la Gobernación del Valle”

Expuso que los requisitos para elevar una solicitud de control excepcional
están previstos en el artículo 4 numeral 3 de la Resolución Orgánica nro.
6069 de 2009 y que el oficio en el que se solicitó el control excepcional
no atendió lo señalado en dicha disposición.

Que también se desconocieron los postulados contenidos en la citada
resolución al admitirse la solicitud y los presupuestos legales establecidos
en la Ley 42 de 1993 al darle la connotación de entidad territorial a una
empresa industrial y comercial del Estado.

Alegó que la Contraloría, al expedir los actos mediante los cuales admitió
el control excepcional que no cumplía los requisitos de orden legal y
jurisprudencial, violó el derecho fundamental al debido proceso y el
principio de legalidad frente al juez natural, así como también se produjo
el vicio de nulidad por el factor subjetivo de competencia. Insistió en que,
ni el oficio del despacho del gobernador, ni el auto por medio del cual se
admitió y comisionó el control excepcional a la Industria de Licores del
Valle, estuvieron debidamente motivados.

(ii) Respecto del segundo cargo de vicio de nulidad por falsa
motivación de los actos acusados – trámite irregular del proceso
de responsabilidad fiscal

-) Reiteró que del acervo probatorio obrante en el expediente se
desprende que se dio una aplicación irregular del trámite verbal en el
proceso de responsabilidad fiscal al expedirse el auto nro. 00032 el 18 de
enero de 2011, en el que se solicitó dar inicio a la diligencia de indagación
preliminar. Que se probó que la Contraloría General de la República, sin
ser juez natural del asunto, en particular debido a la carencia de
competencia para avocar la facultad de control excepcional sobre la
Industria de Licores, que es una EICE y no una entidad territorial, profirió

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el auto que aceptó el control excepcional, el auto que ordenó el inicio de
la indagación preliminar, el auto que ordenó abrir el proceso de
responsabilidad fiscal, el auto que imputó responsabilidad fiscal, el auto
que declaró el proceso de impacto nacional y el fallo de segunda instancia
del proceso de responsabilidad fiscal.

-)Alegó que, por auto nro. 006-2011 del 21 de octubre de 2011, la
Contralora General de la República declaró de impacto nacional los hechos
relacionados con las presuntas irregularidades en el Contrato nro. 2008
0035 suscrito entre la Licorera del Valle y la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A., con base en el artículo 128 de la
Ley 1474 de 2011; y a su vez, determinó que el procedimiento a seguir
en el proceso de responsabilidad fiscal era el verbal, en razón a lo
mencionado en la Resolución Orgánica nro. 6397 de octubre 12 de 2011,
sin tener en cuenta que, cuando se declaró de impacto Nacional los hechos
irregulares, el proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11 ya se
encontraba abierto.

Con base en lo anterior consideró que la Contraloría debía seguir con el
trámite ordinario de responsabilidad fiscal regulado por la Ley 610 de
2000 “(…) y no como caprichosamente lo hizo, que adecuó los trámites al
procedimiento verbal regulado por el artículo 97 y siguientes de la Ley
1474 de 2011, pues no se cumplían con los presupuestos necesarios para
darle aplicación a este artículo”.

Agregó que la Contraloría General de la República, mediante la Resolución
orgánica nro. 6397 del 12 de octubre de 2011, determinó el
funcionamiento interno de la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la corrupción y reguló la competencia para conocer de los hechos
declarados de impacto Nacional, por lo que, atendiendo lo previsto en los
artículos 6 y 8, a pesar de haberse declarado de impacto nacional un
hecho determinado sobre el cual ya se había adelantado un proceso
auditor o una indagación preliminar, dicho proceso no podía ser
adelantado por la Contraloría General.

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(iii) “Irretroactividad del estatuto anticorrupción para efectos de aplicar la
solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal”

Adujo que la Ley 1474 de 2011 entró en vigor el 12 de julio de 2012,
según el artículo 135, y el 7 de abril de 2011 se profirió el auto por el que
se dio apertura al proceso, por lo que la Contraloría General de la
República no podía aplicar retroactivamente dicha disposición.

Que el artículo 135 de la Ley 1474 de 2011 dispuso que ésta regía a partir
de su expedición, por lo que, si el auto de apertura se dictó antes de la
vigencia de dicha ley, es decir, antes del 12 de julio de 2011, la nueva
modalidad de responsabilidad que creó el artículo 19 referido no podía ser
aplicada en el proceso de responsabilidad fiscal controvertido, so pena de
violentar el principio de irretroactividad de la ley.

-) “Consideraciones del despacho frente a los estándares de degustación”

Frente a este punto de la sentencia de primera instancia, aseguró que el
tribunal de instancia se limitó a repetir los argumentos expuestos por la
Contraloría sin hacer intervención propia y que estos carecían de sustento
legal y probatorio.

Insistió en que, si la Contraloría emitió un control de advertencia
partiendo de la superación de los estándares de degustación que
tradicionalmente a nivel nacional e internacional se manejaban, es porque
tuvo que hacer un estudio previo mínimo para llegar a dicha conclusión.

Aseguró que en el fallo de responsabilidad fiscal o en el auto de
imputación no hay un estudio de mercado que sustente la superación de
los estándares de degustación de la Industria de Licores del Valle y que
no existen pruebas procesales que demuestren que existió una gestión
antieconómica o una superación de los estándares de degustación por
parte de esta.

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Añadió que, si bien es cierto, la Contraloría no tiene a su cargo el
establecimiento de estándares de cantidades para la degustación de
productos relacionados con el licor, también lo es que, para efectos de
asumir una postura frente al tema de la superación de los estándares
nacionales internacionales debió tener algún referente.

-) “Consideraciones del despacho frente a la presunción de legalidad de
la Ordenanza 301 de 2009”

Adujo que “la Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental se
encontraba vigente para la época de los hechos y por lo tanto gozaba de
presunción de legalidad. Las supuestas irregularidades del contrato y sus
modificaciones tienen que ver entre otras con la fijación de una política
de promociones obsequiando unidades de degustación, las cuales se
encontrabas exentas del pago de impuestos al Departamento del Valle del
Cauca, según la mentada Ordenanza, que como se probó en el proceso,
está aún vigente, pero según la Contralora, basa sus fallos en que se
superan estos estándares internacionales”.

Anotó que,”los supuestos estándares internacionales en los que
supuestamente se basó la señora Contralora General de la República
Sandra Morelli para sancionar a mi cliente, solo existen en la mente de la
funcionaria, porque nadie los conoce y en el fallo ni siquiera los desarrolla.
Entonces ¿Cómo es posible que unos parámetros internacionales de
degustación sirvan de base para producir un fallo de responsabilidad
fiscal, desconociendo un acto administrativo, como lo es la Ordenanza
301 de 2009 de la Asamblea Departamental, que como se probó en el
proceso se encontraba vigente y gozaba de la presunción de legalidad,
según nuestro ordenamiento jurídico?”.

-) “Consideraciones del despacho frente a la asistencia a juntas directivas
– gestor fiscal – elementos de la responsabilidad fiscal”

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En este punto, cuestionó lo que se expuso en el fallo de responsabilidad
fiscal frente a la responsabilidad del gobernador por pertenecer a la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle, y se preguntó si el
gobernador tenía realmente un control jerárquico sobre la Industria de
Licores del Valle.

Reiteró que una cosa es estar adscritos al ente territorial "Gobernación
del Valle” y otra muy diferente, estarlo al “Despacho del Gobernador", lo
que indicaría que el gobernador sería superior jerárquico y
definitivamente no sería una entidad autónoma, sino que haría parte del
nivel central; lo que definitivamente no era cierto y que sobre esa premisa
falsa se basaron los argumentos para endilgar responsabilidad al ex
gobernador Juan Carlos Abadía, quien no fungió como gestor fiscal,
puesto que los miembros de juntas no son gestores fiscales, por lo que
no existe nexo causal entre la conducta que le imputó la contraloría y el
presunto daño patrimonial.

(vii) “De las otras consideraciones jurídicas del despacho”

Expuso las siguientes inconsistencias:

-) Que hubo una falla en el servicio por parte de la Contraloría porque el
proceso se desarrolló sin el lleno de los requisitos legales y al margen de
los principios del debido proceso y derecho a la defensa, como se
evidenció en el auto de apertura de investigación, el de imputación y los
fallos de primera y segunda instancia, pues no se estimó la cuantía de la
entidad afectada.

-) Hubo irregularidades en el proceso de responsabilidad fiscal que
provocaron la nulidad de los actos acusados porque, según afirma, se
demostró que se desconoce el análisis de fondo que se realizó a las
pruebas aportadas al proceso de responsabilidad fiscal.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

-) Aludió que se presentaron vías de hecho en el fallo de primera instancia,
porque se omitió la valoración de las pruebas defensivas, no se respetó
el principio de investigación integral, no se levantó el fenecimiento de las
cuentas como lo ordena el artículo 17 de la Ley 42 de 1993.

-) Hubo hechos irregulares relacionados con la apelación del fallo de
primera instancia porque la contralora determinó que la sustentación
podía hacerse por escrito dentro de los 10 días siguientes.

-) En el fallo de segunda instancia no se tuvieron en cuenta recursos de
apelación porque no fueron sustentados de manera oral.

-) No se levantó el fenecimiento de las cuentas como lo ordena el artículo
17 de la Ley 42 de 1993.

El recurso fue concedido por auto del 24 de septiembre de 201510.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 15 de diciembre de 201511 y admitido en proveído del 15 de
enero de 201612.

5.2. Por auto del 16 de agosto de 2016, proferido en Sala Unitaria por la
consejera de Estado María Claudia Rojas Lasso, se decretó la suspensión
provisional de los efectos de los fallos de responsabilidad fiscal de primera

10
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Cuaderno
principal. 177 ED_cuaderno7 nulidad y restablecimiento del derecho.
11
Visto en los índices 1 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.
12
Visto en los índices 4 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Cuaderno
principal. 22 ED_cuaderno1. Auto Admite.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

y segunda instancia proferidos en el caso, así como del auto que ordenó
una corrección aritmética13.

5.3. El proceso pasó al despacho del consejero Roberto Augusto Serrato
Valdés para conocer del recurso de súplica interpuesto por la Contraloría
General de la República, quien, por auto del 27 de julio de 2017, dispuso
el sorteo de conjuez para resolverlo ante la falta de quórum decisorio 14.
Por escrito del 1 de diciembre de 2017 el consejero Roberto Augusto
Serrato Valdés se declaró impedido para conocer del asunto15.

5.4. Por auto del 1 de febrero de 2018 la Sala declaró fundado el
impedimento manifestado por el consejero Roberto Augusto Serrato
Valdés para intervenir en el proceso y fue separado del conocimiento 16.

5.5. Por auto del 10 de mayo de 2018 la Sala negó la nulidad solicitada
por la Contraloría General de la República en contra del auto del 16 de
agosto de 2016 y revocó el mismo auto del 16 de agosto de 2016 que
había sido suplicado, para, en su lugar, negar la suspensión provisional
de los actos solicitada por la parte actora17.

5.6. Por auto del 30 de julio de 2018 el consejero de Estado Hernando
Sánchez Sánchez ordenó remitir el proceso al despacho del consejero de
Estado Oswaldo Giraldo López en cumplimiento de la medida de
compensación aprobada por la Sala Plena del Consejo de Estado18.

13
Visto en los índices 16 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.
14
Visto en los índices 24 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.
.
15
Visto en los índices 16 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado
16
Visto en los índices 35 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Auto
firmado por los Consejeros de Estado Hernándo Sánchez Sánchez, María Elizabeth García
González y Oswaldo Giraldo López.
17
Visto en los índices 41 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.
18
Visto en los índices 48 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

5.7. Por auto del 25 de septiembre de 2018 el despacho de conocimiento
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al señor Agente
del Ministerio Público para rendir concepto19.

5.7.1. El apoderado de la parte actora, al descorrer el traslado, reafirmó
los argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación, alegando
la existencia de incongruencias en las decisiones proferidas en el proceso
de responsabilidad fiscal; que no se demostró el detrimento patrimonial,
ni existió un daño fiscal, y que tampoco había lugar a imputarle culpa
grave20.

5.7.2. El apoderado de la Contraloría General de la República solicitó fuera
confirmada la sentencia de primera instancia21. Para ello consideró
probado en el plenario que los actos cuestionados no tienen vicio de
nulidad, ya que se expidieron en competencias y atribuciones de la
Contraloría General de la República, respetando el debido proceso y el
derecho de defensa y contradicción.

Acotó que se probó en el proceso el daño patrimonial en que incurrió el
demandante y las irregularidades cometidas al adoptar los planes
promocionales los cuales superaron los límites razonables.

5.7.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

5.8. El expediente ingresó para fallo el 6 de noviembre de 201822.

19
Visto en los índices 53 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.
20
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.Cuaderno
principal. 65 ED_cuaderno1alegatos.
21
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.Cuaderno
principal. 63 ED_cuaderno1alegatos.
22
Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.
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29

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201923 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.

6.2. Los actos acusados

Corresponden a los siguientes:

6.2.1. El Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 0001 del 20 de febrero de
2012, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General
de la República, que dispuso24:

“[…] SEGUNDO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL,
conforme lo previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en contra de
JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO, identificado con cédula de ciudadanía
(…) en su condición de GOBERNADOR DEL VALLE DE CAUCA para la
época de los hechos en cuantía de $6.879.876.162. […]” (mayúsculas y
negrillas originales)

6.2.2. El fallo de segunda instancia emitido el 23 de marzo de 2012 por
la Contralora General de la República que modificó parcialmente el fallo
de primera instancia y ordenó25:

“[…] ARTICULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, modificar parcialmente el fallo
con responsabilidad fiscal emitido el día 20 de febrero de 2012, por la
Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones

23
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
24 Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
en disco duro externo Verbatím Serial CL209Z190216.
25
Ibídem.
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30

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Especiales contra la Corrupción, en el sentido de fallar con
responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía
de $ 40.767.369.586 indexado a febrero de 2012 contra las siguientes
personas:

ABADÍA CAMPO JUAN CARLOS identificado con cédula de ciudadanía
(…)”. […]. (mayúsculas y negrillas originales)

6.2.3. El auto nro. 0193 del 4 de diciembre de 2012, expedido por la
Contralora General de la República, que dispuso26:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Corregir el fallo de segunda instancia
proferido el 23 de marzo de 2012 dentro del Proceso de Responsabilidad
Fiscal 6-007-11, en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal
solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía de $
39.643.607.486,00, TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS indexado a febrero de 2012 (…)”.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

6.3. Hechos probados

En el proceso está demostrado lo siguiente:

6.3.1. El líder del equipo auditor remitió27 a la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la
Corrupción las pruebas documentales que acreditan que el señor Juan
Carlos Abadía Campo tomó posesión del cargo como gobernador del
departamento del Valle del Cauca el 1 de enero de 200828.

Así mismo, se aportó el certificado de tiempo de servicios firmado por el
secretario de desarrollo institucional de la gobernación del Valle del
Cauca, en el que consta que, por Decreto nacional nro. 2061 del 8 de
junio de 2010 del Ministerio del Interior y de Justicia, se hizo efectiva la

26Ibídem.
27
Información remitida por oficio AE-Valle 34 del 25 de noviembre de 2011 por parte
del líder del equipo auditor de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
28
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
en disco duro externo Verbatím Serial CL209Z190216.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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31

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

sanción de destitución que le fue impuesta al gobernador Juan Carlos
Abadía Campo y que laboró allí hasta el 10 de junio de 2010. Así mismo,
que, mediante el Decreto nro. 2722 del 24 de junio de 2010, “cesaron los
efectos por el cual se hizo efectiva la sanción de destitución
reintegrándose en la misma fecha según salarios de nómina, laborando
[como gobernador] hasta el 06 de agosto del mismo año” 29.

6.3.2. Mediante el Decreto nro. 0159 del 11 de febrero de 2008, expedido
por el gobernador del departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos
Abadía Campo, se dispuso30:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Designase como Delegado y
Representantes Personales del Gobernador ante la Junta Directiva de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, así31:

Delegado del señor Gobernador, doctor JUAN PABLO MUÑOZ TOBAR,
asesor de mi Despacho.

SUPLENTES

SECRETARIO DE HACIENDA CLARA INES PEREZ VELA

SECRETARIO DE PLANEACIÓN JAIRO EDUARDO MIRANDA
MURILLO

REPRESENTANTES PERSONALES

RAYMUNDO ANTONIO TELLO BENITEZ HERIBERTO ARRECHEA B.

ROBERTO VILLAMIZAR HECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

6.3.3. Acorde con el acta nro. 01 del 14 de febrero de 2008 de la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle, el gerente, como invitado
permanente, hizo “una presentación general por ser la primera junta de
esta nueva administración”.

29
Certificado de tiempo de servicios firmado por el secretario de desarrollo institucional
de la gobernación del Valle del Cauca.
30
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
en disco duro externo Verbatím Serial CL209Z190216.
31
Ibidem.
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32

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

En el punto 4. Invitación para distribución de Licores en el Valle consta
que “luego de que el Gerente General hiciera un recuento de la
experiencia de la distribución de licores que ejecutó la licorera desde el
año 2006, la Junta Directiva recomienda lo siguiente: 1. Para la
contratación de la distribución en 2008 se hace necesario que la ILV
expida su Manual de Contratación Directa acorde con la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 066 de 2008; 2. Hacer una invitación para seleccionar un
distribuidor que atienda el Valle en 2008. 3. Antes de suscribirse el
Contrato de Distribución se debe convocar a reunión a la Junta Directiva
para conocer en detalle los términos del proceso de selección y
contratación” (…) 6. Plan de Mercadeo. La junta analizará este tema una
vez se tenga definido el nuevo distribuidor (…)”32.

6.3.4. En el Acta nro. 02 del 27 de marzo de 2008 de la reunión ordinaria
de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, presidida por el
señor Juan Pablo Muñoz Tobar en calidad de delegado del gobernador del
Valle del Cauca, consta que el gerente general de la Industria de Licores
del Valle informó cuál era la firma idónea para suscribir el contrato de
distribución y que la junta directiva autorizó al gerente general acometer
acciones en materia de promoción y mercadeo con la utilización del
producto, así33:

“[…] 3. Contrato de Distribución de Licores:

El Gerente General, manifiesta que, en acatamiento y cumplimiento de
las directrices trazadas en la reunión anterior por la junta directiva, que
permitiera contratar de manera adecuada y ajustada a derecho la
distribución para el departamento del Valle, la Gerencia General procedió
a expedir el Manual de Contratación por medio de la Resolución No. (sic)
de 5 de marzo de 2008 de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 06 de 2008, el cual contempla entre las modalidades de
selección la invitación abierta, la invitación cerrada y la contratación
directa.

32
Ibidem.
33
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
en disco duro externo Verbatím Serial CL209Z190216.
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33

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

En desarrollo de ese marco jurídico, y dada la magnitud de la
contratación, de 10 de marzo a 3 de abril de 2008 se procedió a efectuar
una invitación abierta a través de la página web www.ilvalle.com a todas
aquellas empresas que reunieran los requisitos requeridos para la
distribución.

(…)

Cumplidos todos los procedimientos y habiéndose efectuado las
evaluaciones previstas en el Manual de Contratación y en la ley se
consideró que la firma idónea para realizar la distribución es la Unión
Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. y teniendo en cuenta
que la junta había pedido que antes de suscribirse el Contrato de
Distribución se convocara a reunión de Junta Directiva, el Gerente
General expone algunos aspectos en la contratación que considera
relevantes.

(…)

5. Proposiciones y varios

(…)

Otras autorizaciones

(…)

5. Por último el Gerente plantea la necesidad de acometer acciones en
materia de Promoción y Mercadeo con la utilización de producto que
permite en algunos casos permite (sic) negociar eventos con producto
que tiene un beneficio económico para la industria en el costo y permite
la rotación de producto por los diferentes canales.

La junta aprueba el Plan Promocional adjunto

[…]”. (negrillas originales)

6.3.5. Entre el gerente de la Industria de Licores del Valle y el
representante legal de la Unión Temporal Comercializadora Logística
Integral S.A. se celebró el 7 de abril de 2008 el contrato nro. 20080035,
con el objeto de realizar “(…) la distribución y comercialización de
productos de consumo masivo, que garantice la distribución y venta de
los productos que fabrique, comercialice y/o distribuya LA INDUSTRIA
LICORERA DEL VALLE, referidos en todo caso a la categoría de licores en
el Departamento del Valle del Cauca” (cláusula primera del contrato), con
un término de duración de tres (3) años, prorrogables (cláusula décimo
séptima, plazo del contrato)34.

34 Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
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34

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

En la cláusula novena del citado contrato, se estableció en relación con la
promoción y publicidad de los productos de la Industria Licorera35:

“[…] Corresponde a la INDUSTRIA fijar y desarrollar las políticas de
promoción y publicidad, así como la ejecución presupuestal del Plan
Estratégico de Promoción y Publicidad de Mercadeo.

La ejecución del Plan Estratégico de Promoción y Publicidad de
mercadeo, corresponde a las partes en forma conjunta, para lo cual se
adelantarán Comités semanales de Mercadeo, previa convocatoria
realizada por el Subgerente Comercial y de Mercadeo de la empresa
estatal, entre funcionarios y asesores externos de la Subgerencia
Comercial y de Mercadeo de LA INDUSTRIA y los Jefes Comerciales y de
Mercadeo del CONTRATISTA […]”.

[…]”. (mayúsculas originales)

6.3.6. La Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle expidió los
siguientes actos36:

(i) El Acuerdo 05 del 27 de marzo de 2008, “por medio del cual se aprueba
un plan promocional con producto, se otorga una herramienta
promocional para el impulso de los productos de la industria y se autoriza
una delegación para contratar”, suscrito por el señor Juan Pablo Muñoz
Tobar en calidad de presidente de la junta, delegado del gobernador.

(ii) El Acuerdo nro. 10 del 5 de agosto de 2008, “por medio del cual se
modifica el Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008” y se autorizó ampliar
el plan promocional aprobado mediante el acuerdo nro. 5 de 2008,
suscrito por el señor Juan Pablo Muñoz Tobar en calidad de presidente de
la junta, delegado del gobernador.

del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
en disco duro externo Verbatím Serial CL209Z190216.
35
Ibidem.
36
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
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35

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
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(iii) El Acuerdo nro. 3 del 5 de marzo de 2009, “por medio del cual se
aprueba un plan promocional para el impulso de los productos de la
Industria de Licores del Valle”.

(iv) Por Acta nro. 003 del 1 de marzo de 2010 se aprobó el plan
promocional para el impulso de los productos.

6.3.7. En desarrollo de las anteriores determinaciones, entre el gerente y
representante legal de la Industria de Licores del Valle y el representante
legal de la unión temporal Comercializadora Logística Integral S.A.
suscribieron las siguientes actas de acuerdo dentro del contrato de
distribución nro. 2008003537:

(i) Nro. 1 del 7 de agosto de 2008, por medio de la cual la Industria
Licorera reconoce un estímulo en producto equivalente hasta el 4% del
total del producto comprado y comercializado por la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A. durante la vigencia 2008.

(ii) Nro. 2 del 5 de mayo de 2009, por medio de la cual se definen las
políticas para el plan publicitario comercial 2009-2011, entre otras
disposiciones.

(iii) Nro. 3 del 3 marzo de 2010, por medio de la cual se ratifican como
políticas del plan publicitario y comercial para el período 2009-2011, las
contenidas en el acta del 5 de mayo de 2009, entre otras disposiciones.

6.3.8. Con fundamento en lo aprobado por la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle, se suscribieron al contrato de distribución
nro. 20080035 los otrosíes nro. 01 del 10 de diciembre de 2008, donde
se cambió la forma de pago al contratista38; el número 02 del 13 de abril

37
Ibidem.
38 En el sentido que el valor del producto, el impuesto al consumo, el IVA y demás cargos

debían ser pagados por el contratista en las cuentas que la Industria designara en
efectivo, transferencia electrónica o cheque de gerencia dentro de los 8 días siguientes
a la facturación.

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36

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

de 200939, allí también se cambió la forma de pago de manera temporal
hasta el 31 de diciembre de 200940; nro.3 del 6 de marzo de 2009,
mediante el cual se modificó la cláusula novena del contrato y se adicionó
un parágrafo41; nro. 4 del 29 de enero de 2010, que amplió el objeto del
contrato a la distribución y venta de los productos que fabrique,
comercialice y/o distribuya la Industria, referidos a la categoría de licores,
toda clase de bebidas destiladas o fermentadas, las no destiladas, las
espirituosas, esencias y demás componentes y subproductos de licores;
nro. 05 del 8 de marzo de 201042 y 6 del 23 de julio de 201043, por medio
de los cuales nuevamente se modificó la cláusula 9 del contrato 20080035
de 2008.

6.3.9. El 3 de junio de 2009, se aprobó la cesión del contrato nro.
20080035 suscrito entre el gerente de la Industria de Licores del Valle y
la Unión Temporal Comercializadora Logística S.A., a la sociedad por
acciones simplificada UT Comercializadora Integral SAS44.

6.3.10. La directora de vigilancia fiscal de la Contraloría Delegada Sector
Infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo

39
En el sentido que el valor del producto, la participación al departamento, y demás
cargos, debían ser cancelados por el contratista en las cuentas que la Industria
designara, en efectivo, transferencia electrónica o cheque de gerencia dentro de los 30
días siguientes a la facturación.
40
En el sentido que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de
mercadeo correspondía a las partes de forma conjunta.
41
La modificación de la cláusula novena consistió en que correspondía a la Industria de
Licores del Valle fijar y desarrollar las políticas de promoción y publicidad de mercadeo
y que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de mercadeo
correspondía a las partes en forma conjunta, para lo cual se debían adelantar comités
mensuales de mercadeo, previa convocatoria realizada por el Subgerente Comercial y
de Mercadeo. Así como un parágrafo según el cual el contratista se comprometía a
ejecutar el plan comercial y publicitario 2009 entregado por la Industria de Licores del
Valle, el cual comprendía las ferias en los diferentes municipios, estímulos a canales de
distribución, conciertos, material publicitario y eventos que promocionaran el consumo
de licores.
42
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 00287 04. Expediente digital
43
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 00287 04. Expediente digital
44 Ibidem.

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37

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

regional de la Contraloría General de la República abrió la indagación
preliminar nro. 6-007-11 del 18 de enero de 2011, lo que sustentó así45:

“[…] La presente indagación preliminar tiene como fundamento la
solicitud de control excepcional tramitada ante la Contraloría General de
la República por el señor Gobernador del Departamento del Valle del
Cauca, en el que solicita un control fiscal excepcional al contrato
20080035 suscrito en la Industria Licorera del Valle y la Unión Temporal
“Comercializadora Logística Integral S.A”.

Dicha solicitud fue estudiada por la Contraloría Delegada de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República quien, en tal virtud, expide el auto No. 000914
del 20 de diciembre de 2010, mediante el cual se admite y comisiona un
control excepcional a la Industria Licorera del Valle.

Los hechos brevemente narrados por el señor Gobernador del
Departamento del Valle del Cauca en su solicitud de control excepcional,
son descritos a continuación:

"El día 7 de abril de 2008 se suscribió contrato por parte de I.L.C con la
U.T. Comercializadora Integral, con un plazo inicial de 3 años habiéndose
efectuado a la fecha varios "Otro Si” modificatorios, incrementando los
ingresos del comercializador.

El último otro sí de prorroga se reduce a un 8% el precio de venta al
distribuidor afectándose de esta manera el Margen de utilidad del mismo.

Por último, se ha fijado en la L.V, una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca, según la
ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3.000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($ 25.000.000.000)
aproximadamente”.

Que en virtud del control fiscal excepcional aprobado según lo dispuesto
en el auto 000914 del 20 de diciembre de 2010, el Contralor Delegado
de Infraestructura, se dirigió a la ciudad de Cali donde fue enterado
personalmente por el Gobernador de los hechos materias de
investigación en la Industria Licorera del Valle, y recibió de manos de
éste los documentos pertinentes de la subdirección de rentas del
Departamento según el cual se practicó diligencia de Inspección ocular a
un local ubicado en la zona industrial las DELICIAS bodega 23 ubicada
en la carrera 7 #34-341 de Cali encontrando que en dicho lugar se
encontraban guardadas una cantidad de 56 cajas que según factura No.
VD 04652 de la Industria de licores del valle, exhibida por el depositario
del licor adquirida a un precio de costo, con la finalidad de ser
exportadas; no obstante, el licor no fue sacado del país y al parecer fue
comercializado al interior del Departamento, con las consecuentes
repercusiones a nivel de ingresos tributarios para el departamento y de
ventas para la Fábrica de Licores del Valle del Cauca.

45
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Fundamentos de Derecho

Constituye fundamento jurídico de la presente actuación preliminar, los
siguientes:

Artículos 267, y 268 numeral 5 y artículo 271 de la Constitución Política
de Colombia, los cuales preceptúan que la vigilancia de la Gestión Fiscal
de la Administración corresponde a la Contraloría General de la
República.

Artículo 26 de la Ley 42 de 1993, que establece el mecanismo del control
fiscal excepcional y quienes se encuentran legitimados para su solicitud.

Sentencia C-403 de 1999 por la cual la Honorable Corte Constitucional
establece las facultades que encarna el ejercicio del control fiscal
excepcional por parte de la Contraloría General de la República, la cual
incluye el ejercicio de la facultad de iniciar procesos de responsabilidad
fiscal e indagaciones preliminares.

[…]”. (subrayas originales)

6.3.11. Por auto nro. 00302 del 7 de abril de 2011, proferido por el
director de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República, se ordenó abrir el proceso de responsabilidad
fiscal nro. 6-007-11. Entidad afectada: Industria de Licores del Valle.
Presuntos responsables fiscales: Doney Ospina; Ruth Sofía Triviño; Juan
Pablo Muñoz, Raimundo Tello Benítez, Roberto Villamizar; Juan Carlos
Rizzeto; Luis Telmo Rojas Perea; Luis Alfredo García; Héctor Fabio Useche
de la Cruz; Ezequiel Lenis Ramírez; Luis Humberto Castrillón; Edgar
Salazar Rivera; Edgar Doronsoro Tenorio; Empresa Agropecuaria Los
Robles S.A.; Empresa Encargo Logística Integral; Empresa Salazar
Transportes Unidos; Empresa Comercializadora Logística Integral S.A; UT
Comercializadora Integral SAS Sociedad por acciones simplificada;
Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora
Logística Integral S.A. La cuantía inicial del daño se estimó en la suma de
sesenta mil trescientos cincuenta y seis millones de pesos46.

46Ibidem.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

6.3.12. Por auto nro. 001-2011 del 28 de octubre de 2011, suscrito por
la contralora delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupción, dispuso47:

“[…] PRIMERO: Avocar el conocimiento del presente proceso de
responsabilidad fiscal, de acuerdo con lo estipulado en la parte
considerativa de este auto.

SEGUNDO: Vincular como presunto responsable fiscal al Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 6-007-11 que se viene adelantando con
ocasión del daño patrimonial sufrido por la INDUSTRIA DE LICORES DEL
VALLE- DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA a JUAN CARLOS
ABADÍA CAMPO identificado con cédula (…) en su condición de
GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA en el período comprendido en que
ocurrieron los hechos y en su oportunidad recibirle versión libre y
espontánea, diligencia que se cumplirá previa expedición y notificación
del auto que fije fecha y hora para la recepción de las mismas.

[…]”. (mayúsculas originales)

Dicho auto estuvo precedido de las siguientes consideraciones:

“[…] sobre los funcionarios que integran dicha junta, el gobernador del
Departamento ejerce control jerárquico y control de delegación
instrumentos que establecen un vínculo de tal naturaleza que exige el
deber de información y de instrucción por parte de aquel.

Que de las pruebas obrantes en el expediente, resulta evidenciado que
dada la naturaleza de la Industria de Licores del Valle y su capacidad de
generación de rentas departamentales, el Gobernador estaba en
condiciones de conocer lo que sucedía a su interior y, consiguientemente,
a través de los mecanismos de control tenía el deber jurídico y las
potestades para impedir resultados dañosos al patrimonio del
departamento, como el presunto daño patrimonial expuesto en el Auto
00302 del 07 de abril de 2011, mediante el cual ordenó abrir el presente
Proceso de Responsabilidad Fiscal.

[…]”.

6.3.13. Por auto nro. 2011 del 5 de diciembre de 2011, “por el cual se
ordenan pruebas por solicitud del versionado Juan Carlos Abadía Campo
dentro del proceso de responsabilidad fiscal”48, se ordenó la práctica de
pruebas solicitadas por el implicado.

47 Ibidem.
48
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

6.3.14. Por auto del 14 de diciembre de 2011, la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República le imputó
responsabilidad fiscal, entre otros, al señor Juan Carlos Abadía Campo,
en su condición de gobernador del Valle del Cauca para la época de los
hechos49.

6.3.15. Mediante Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 0001 del 20 de
febrero de 2012, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la
Contraloría General de la República, falló con responsabilidad fiscal, entre
otros, en contra del señor Juan Carlos Abadía Campo50, con sustento en
lo siguiente:

“[…] JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO, (…) en su condición de
GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA para la época de los hechos.

El Decreto 1041 de junio de 30 de 1982, expedido por el Gobernador del
Departamento del Valle del Cauca mediante el cual se dicta el Estatuto
Orgánico de la Industria de Licores del Valle (folio 1322) establece lo
siguiente:

Artículo 9 La Junta Directiva estará integrada por

b) El gobernador del departamento o su suplente personal.

Artículo 10

Son atribuciones de la Junta Directiva

e) formular la política general de la empresa y los planes y
programas que deba desarrollar

f) aprobar las inversiones u operaciones comerciales e industriales
que ha de realizar directamente la entidad con miras al mejor
rendimiento de sus ingresos.

iii) reglamentar la promoción y venta de los productos de la empresa

Artículo 6: la dirección y administración de la ILV estará a cargo de una
Junta Directiva, de un Gerente y los demás funcionarios que se
determinen en consonancia con lo dispuesto en el presente Estatuto
Orgánico.

(…)

49
Ibidem.
Ibidem.
50

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Para esta Contraloría no existen dudas que el señor JUAN CARLOS
ABADÍA CAMPO en su condición de Gobernador del Departamento del
Valle y miembro de la Junta Directiva de la Industria Licorera del Valle
ostenta la condición de gestor fiscal porque tenía bajo la responsabilidad
el ejercicio del control jerárquico y la tutela sobre las actividades
desarrolladas por la Industria de Licores del Valle.

(…)

Para calificar la posición del Gobernador del Departamento frente a las
actuaciones de las entidades descentralizadas por servicios del ente
territorial, no son ajenos los sistemas de responsabilidad atribuibles a
los jefes superiores de la administración pública, por la toma de
decisiones que adoptan las distintas entidades públicas que integran la
estructura administrativa correspondiente, pues ni por disposición
constitucional ni por disposición legal, dicho funcionario está excluido de
sus deberes de control jerárquico y de tutela a la luz de los principios y
premisas que para tales institutos ha consagrado la Constitución de
1991.

(…)

Los jefes superiores, como son, entre otros, los gobernadores, alcaldes,
ministros, gerentes y presidentes de institutos descentralizados, al tener
a su cargo una organización pública y, por consiguiente, asumir la
titularidad de las obligaciones de orientación, definición de políticas,
control, supervisión, definición y seguimiento, ostentan deberes
jurídicamente exigibles de tal naturaleza que al predicar la posibilidad de
impedir un resultado, la omisión de tales deberes resulta equivalente a
producir un resultado.

(…) al departamento aplica, sin discusión el esquema de Administración
Central integrada por los organismos principales del respectivo nivel; y
de administración descentralizada integrada por entidades
descentralizadas por servicios, que para el caso del Departamento
siempre estarán adscritas o vinculadas al Despacho del Gobernador. Tal
es el sentido del artículo 68 de la Ley 489 de 1998, cuando sujeta a las
entidades descentralizadas por servicios bajo “la suprema dirección del
órgano de la administración a la cual están adscritas”.

En el caso del departamento por mandato del artículo 303, se tiene
establecido que el Gobernador “será el jefe de la administración seccional
y representante legal” del ente territorial. De sus atribuciones
consagradas en el artículo 305 que se acaba de reseñar, se infiere
consonante con tal jefatura, que la dirección suprema y activa de la
Administración central y descentralizada del departamento reside en
cabeza exclusiva del gobernador.

Dirección que se extiende, sin duda a la administración descentralizada
por servicios, respecto de las cuales no solo tiene las funciones ordinarias
de nominación de sus gerentes o directores sino un poder directo si se
considera, que como señala expresamente el numeral 5 del artículo 305
Superior, “los representantes del departamento en las juntas directivas
de tales organismos y los directores y gerentes de los mismos son
agentes del gobernador”.

Se configura de ese modo una modalidad de control de tutela especial
del gobernador sobre la actuación de estas juntas directivas y de estos

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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

gerentes, respecto de los cuales, entonces, tendría precisos deberes de
garantía sobre la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.

En ese orden de ideas, el control de tutela así concedido es un
instrumento que comporta manifestaciones tanto en el plano de la
legalidad (supervisión de legalidad), como de oportunidad (supervisión
de la oportunidad) de la actuación administrativa, pues no solamente
versa y garantiza la conformidad con las decisiones de los organismos
descentralizados con las disposiciones constitucionales legales y
reglamentarias aplicables al sector, sino que estudia y hace seguimiento
de la oportunidad de la actuación administrativa en la ejecución de las
políticas públicas (…).

(…) por mandato constitucional, la relación entre el gobernador y el nivel
directivo de establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del departamento, se define en una relación jurídica de
“agencia”, es decir, de una representación tan estrecha como la
delegación. En efecto, la expresión “agente del gobernador” predicable
de los miembros de juntas directivas y de gerentes o directores de estas
empresas departamentales, establece un nexo de control más estrecho
que el ordinario de control de tutela y no hace más cercano a los
controles propios de la delegación.

(…)

En materia de delegación, si se consultan los lineamientos de la
jurisprudencia constitucional51 y de la contencioso- administrativa52, se
puede afirmar que, en materia de contratación estatal, el ordenador del
gasto no se libera de su responsabilidad porque:

-La relación entre delegante y delegado, entonces, resulta ser más
estrecha que en la desconcentración, puesto que, si en la delegación se
puede asumir en cualquier momento el conocimiento del asunto, resulta
obvio comprender que para ello deba instrumentarse un control activo,
y que “el control se extiende a todos los aspectos del acto”. (C- 497 A
de 1994).

• Al delegar se establece un vínculo funcional especial y permanente
entre delegante y delegatario para el ejercicio de las funciones
delegadas. En especial cuando surge a partir del acto de delegación, de
forma adicional a la relación jerárquica o funcional (Corte Constitucional
C-372 de 2002).

-Es menester, en este sentido, recordar que la autoridad delegante
mantiene, en relación con las facultades delegadas, no solo la
responsabilidad de vigilar y controlar la manera como el delegatario
ejerce las correspondientes competencias, sino también un claro poder
de instrucción en cuanto al alcance, el sentido, los criterios y los
parámetros a los cuales habrá de entender el mencionado delegatario
(…).

• “(…) el delegante siempre debe responder por el dolo o culpa grave en
el ejercicio de las funciones de vigilancia, control y orientación del
delegatario en lo que concierne al ejercicio de la función delegada […]”.
(mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

Corte Constitucional. C-272 de 1998/ C-372 de 2002/ C-036 de 2005.
51
52
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de octubre 31 de 2007. Nro. interno
13503.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

6.3.16. Mediante fallo del 23 de marzo de 2012, expedido por la
Contralora General de la República, se desató el recurso de apelación
interpuesto contra la precitada decisión, la cual fue modificada
parcialmente, en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria
por una cuantía de $40.767.369.586 indexada, en contra, entre otros, del
señor Juan Carlos Abadía Campo53.

6.3.17. Por auto 0193 del 4 de diciembre de 2012, expedido por la
Contralora General de la República, se corrigió el fallo de segunda
instancia en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria, entre
otros, en contra del señor Juan Carlos Abadía Campo, en cuantía de
$39.643.607.48654.

6.4. Análisis de la Sala

En el presente asunto, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia e insiste en que debe declararse
la nulidad de los actos acusados porque considera que incurrieron en los
vicios de falta de competencia y falsa motivación.

Para resolver el recurso la Sala examinará los respectivos reproches.

6.4.1. En cuanto al cargo de falta de competencia

El recurrente reitera que la Industria de Licores del Valle es un ente
descentralizado del orden territorial al cual no podía aplicarse el control
excepcional, y que no se cumplieron los requisitos legales para la solicitud
de control excepcional que hizo el gobernador del Valle del Cauca.

La Sala comparte lo señalado por el a quo, ya que el cargo no está llamado
a prosperar, por cuanto la providencia que cita la parte actora, proferida
el 27 de mayo de 2010 por esta Sección55, en la que se sostuvo que no

53
Ibidem.
54
Ibidem.
55
Expediente con radicación nro. 11001 03 24 000 2003 00053 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

podía ejercerse el control fiscal excepcional para las entidades
descentralizadas, se trata de un criterio que fue rectificado en sentencia
del 5 de marzo de 2015, en la que se explicó que el control fiscal
excepcional procedía no solo respecto de las cuentas de las entidades
territoriales, sino también de las entidades que lo conforman, incluyendo
las del sector descentralizado. En dicha providencia la Sección Primera de
esta Corporación expuso lo siguiente56:

“[…] En vista de que el artículo 267 superior es explícito en señalar, que
el control excepcional recae sobre las cuentas de las entidades
territoriales y que existe un precedente jurisprudencial que con
fundamento en esta directriz, descartó la procedencia del control
excepcional para una entidad descentralizada del orden territorial,
considera la Sala necesario rectificar esta postura, en el sentido de que
el control excepcional no se puede limitar únicamente a la vigilancia de
las cuentas de las entidades territoriales sino que también debe
comprender a las de las entidades que la conforman (…).

(…)

Teniendo de presente que el inciso 6º del artículo 272 de la Constitución
Política, dispone que “los contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268”, la Sala
encuentra válido afirmar que los sujetos de vigilancia y control por parte
de la Contraloría General de la República a nivel nacional que señala el
artículo 4º del Decreto 267 de 2000, resultan ser los mismos que a nivel
territorial o de su jurisdicción le corresponderá entonces vigilar a las
contralorías departamentales, distritales y municipales.

Dejando en claro lo anterior, se rectificará la postura de esta Sala
sentada en la sentencia del 27 de mayo de 2010, en el sentido de que
el control fiscal excepcional lo podrá avocar la Contraloría
General de la República respecto no sólo de las cuentas de las
entidades territoriales sino también de las entidades que las
conforman, incluyendo las del sector descentralizado por
servicios, cuyo control fiscal de manera ordinaria o regular le
corresponde adelantar a las contralorías territoriales según su
jurisdicción. Para los efectos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto
en el artículo 68 de la Ley 498 de 1998.

[…]”. (negrillas originales)

Por ende, resulta ajustado al ordenamiento jurídico que la Contraloría
General de la República ejerciera el control fiscal excepcional para verificar
la gestión fiscal de una empresa industrial y comercial del Estado del orden

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
56

del 5 de marzo de 2015. C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro.
11001 03 24 000 2004 00288 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

departamental, como lo es la Industria de Licores del Valle, por tratarse
de un ente descentralizado que hace parte de la entidad territorial
departamento del Valle del Cauca.

Precisado que no está llamado a prosperar el cargo por la razón que invoca
el recurrente, no sobra mencionar que el control excepcional ejercido en
este caso por la Contraloría General de la República respecto de la
Industria de Licores del Valle cumplió con el procedimiento exigido por las
disposiciones vigentes para ese momento.

Al efecto, para la época en que sucedieron los hechos del presente asunto,
años 2008 a 2010, el texto original del artículo 267 de la Constitución
Política57 facultaba a la Contraloría General de la República para ejercer el
control fiscal posterior excepcional58.

Así mismo, la Ley 42 del 26 de enero de 199359, en el artículo 26, dispuso
que la Contraloría General de la República podía ejercer control posterior,
en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial,
sin perjuicio del control que les correspondía a las contralorías
departamentales, distritales y municipales: a) por solicitud del gobierno
departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente
del Congreso de la República o de la mitad más uno de las corporaciones
públicas territoriales, y b) por solicitud de la ciudadanía a través de los
mecanismos de participación establecidos en la ley.

A su vez, el artículo 49 ibidem preceptuó que la Contraloría General de la
República “excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto en el artículo
26 de la presente ley ejercerá control posterior sobre las cuentas de
cualquier entidad territorial”.

57
Dicho artículo fue modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 04 de 2019.
58
El inciso tercero del artículo 267 preveía “La vigilancia de la gestión fiscal del Estado
incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial”.
59
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que
lo ejercen”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Por su parte, el artículo 6360 de la Ley 610 del 15 de agosto de 200061
dispuso la competencia prevalente de la Contraloría General de la
República para adelantar hasta su culminación los procesos de
responsabilidad fiscal que se originaran como consecuencia del ejercicio
de la facultad excepcional de control establecida por el artículo 267
superior.

Con fundamento en dichas normas, el Contralor General de la República
expidió la Resolución Orgánica nro. 6069 del 26 de agosto 2009 62, que
estableció el procedimiento para el desarrollo del control fiscal posterior
que podía ejercer la Contraloría General de la República en forma
excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, y
específicamente, en el artículo cuarto dispuso que los requisitos que
debían cumplirse eran los siguientes: 1) ser requerido por las autoridades
legalmente autorizadas; 2) la solicitud debía precisar el asunto objeto de
control, e 3) incluir la motivación o eventos en que se presumía la duda
de la imparcialidad o falta de idoneidad de la contraloría territorial.

Acorde con el marco legal aplicable, se observa que en el caso concreto
el control excepcional tuvo el siguiente trámite:

-) Por oficio DG- 0456 del 17 de diciembre de 2010, el gobernador del
Valle del Cauca solicitó a la Contralora General de la República ejercer el
control excepcional a la Industria de Licores del Valle y a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca y para ello expuso63:

60
El artículo 63 de la Ley 610 de 2000 fue derogado por el artículo 166 del Decreto Ley
403 de 2020 “por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
61
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías”
62
“Por la cual se deroga la Resolución 5588 del 8 de junio de 2004, que establece la
competencia para el conocimiento, admisión y trámite para el ejercicio del control fiscal
posterior excepcional en la Contraloría General de la República, y se implementan
acciones de mejora contínua”. Resolución que fue derogada por la Resolución nro. 6506
de 2012 de la Contraloría General de la República.
63
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
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“[…] 1. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (I.L.V.)

1.1. El día siete (7) de abril de dos mil ocho (2008), se suscribió por
parte de la I.L.V. un contrato con la U.T. COMERCIALIZADORA
INTEGRAL, con plazo inicial de tres (3) años, habiéndose efectuado a la
fecha varios 'Otro Sí" modificatorios, incrementando los ingresos del
comercializador.

1.2. El día veintitrés (23) de julio de 2010, esto es, faltando aún nueve
(9) meses para la terminación del contrato según el plazo inicial pactado
(abril de 2011), el mismo es prorrogado por tres (3) años más, es decir,
hasta el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014).

1.3. En el último Otro Sí de prórroga, se reduce en un 8% el precio de
venta al distribuidor, afectándose de esta manera el margen de utilidad
del mismo.

1.4. Por último, se ha fijado en la I.L.V. una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca según la
Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3´000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000.00)
aproximadamente.

(…)

Por último, la Contraloría Departamental no ha emitido pronunciamiento
alguno.

Con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 610 de 2000, solicito
se releve temporalmente de su competencia a la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca respecto de la ejecución de su control
en el caso expuesto y se abrogue dicha competencia a la Contraloría
General de la República.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

-) Por auto nro. 000914 del 20 de diciembre de 2010, el contralor
delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República admitió y autorizó el control
excepcional solicitado por el gobernador del Valle del Cauca, se comisionó
a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la

del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Contraloría General de la República para que adelantara el proceso auditor
“con estricto apego al debido proceso y el respeto al ejercicio del derecho
de defensa”, y se ordenó comunicarle al Contralor departamental del Valle
del Cauca la decisión. Allí se indicó64:

“[…] El suscrito Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva, con fundamento en el artículo 267 de la
Constitución Política, desarrollado por el articulo 26 de la ley 42 de 1993,
numeral 7 del artículo 24 y artículo 81 de la ley 617 de 2000, y la
Resolución Orgánica 6069 de 2009, procede a proferir el presente auto
con base en las siguientes consideraciones:

1. Que mediante oficio SP 80.111.6483 del 17 de diciembre de 2010 la
Secretaria Privada remitió la solicitud de control excepcional
presentada por el Gobernador del Valle del Cauca Doctor Francisco
José Lourido Muñoz sobre: "... La Industria Licorera del Valle y
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca”.

2. Que el Gobernador del Valle del Cauca indicó dentro de su motivación:

“...1. El día 7 de abril de 2008 se suscribió contrato por parte de la I.L.C.
con la U.T. Comercializadora Integral, con un plazo inicial de 3 años
habiéndose efectuado a la fecha varios "Otro Si" modificatorios,
incrementando los ingresos del comercializador.

13. En el último otro sí de prórroga, se reduce en un 8% el precio de
venta al distribuidor, afectándose de esta manera el margen de utilidad
del mismo.

14. Por último, se ha fijado en la L.V. una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca según la
Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3.000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000) aproximadamente”.

[…]”.

Conforme con lo anterior, la solicitud se hizo por la autoridad legalmente
autorizada, esto es, por el gobernador del Valle del Cauca, se precisó el
objeto de control, que era la Industria de Licores del Valle, y se incluyó la
motivación consistente en los ingresos dejados de recaudar por concepto

64
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

de impuestos para el departamento del Valle del Cauca, de manera que
la petición se justificó y razonó en debida forma.

De otro lado, en el expediente está acreditado que, previo a la solicitud
que hizo el 17 de diciembre de 2010 el gobernador del Valle del Cauca
Francisco José Lourido, el Contralor Auxiliar para el control fiscal de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca había remitido el 22 de
noviembre de 2010 a la gerente de la Industria de Licores del Valle el
informe de la visita fiscal allí practicada, en el que afirmó que se verificó
la ejecución del plan comercial vigencia 2009 - 2010 suscrito entre la
Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora
Integral S.A.S. y constató que no se evidenciaba un procedimiento
implementado ni documentado para ejecución y seguimiento de entrega
del Plan Comercial, así65:

“[…] Revisada la información suministrada por la Industria de Licores del
Valle se concluye:

1. El Plan Promocional es un mecanismo comercial utilizado por la
Industria desde vigencias anteriores a la suscripción del contrato de
distribución en el año 2008.

2. El Plan Promocional fue autorizado por la Junta Directiva de la
Industria para cada vigencia fiscal.

3. La Industria determinó las políticas promocionales a aplicar con el
citado plan, de - acuerdo con lo definido en el contrato de distribución
suscrito entre las parles.

4. El contratista ha entregado la información solicitada por la Industria
correspondiente al citado plan promocional.

5. La Industria ha actuado en materia de impuesto conforme a las
disposiciones ordenanzales que regulan el tratamiento del producto
promocional de la Industria.

4. OBSERVACIONES

No se evidencia un procedimiento implementado ni documentado para
ejecución y seguimiento de entrega del Plan Comercial con los soportes
correspondientes, donde se indique de acuerdo a lo pactado a que
herramienta va dirigido, no se hace el cierre del Plan comercial en

65 Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

comento por cada vigencia o por mes, donde se justifiquen los saldos
adeudados en cuanto a las cantidades aprobadas por la ILV.

Se observa deficiencia en los mecanismos de control o interventoría al
Plan comercial que en este tema impide visualizar la gestión o claridad
en las entregas del Comercializador a través de cada herramienta, por
cuanto no queda evidencia física completa de la ejecución del objeto del
plan, impidiendo establecer las obligaciones que de él se derive.

Preocupa a este Organismo de Control, las posibles consecuencias que
pueda generar el incumplimiento de los compromisos suscritos entre la
IILV y la UT Comercializadora integral S.A.S., con las entregas del Plan
Comercial por parte de la Industria de Licores, la cual podría llevar a la
Comercializadora a no cumplir las metas de ventas presupuestadas para
la vigencia 2010, que se traduce en un alto riesgo financiero para las
partes y las transferencias para el Departamento, afectando
significativamente la inversión en la salud de los vallecaucanos. […]”

6.4.2. En cuanto al cargo de falsa motivación

Esta Sección ha explicado que la falsa motivación como vicio de nulidad
debe ser entendido desde tres enfoques distintos: (i) la falsa motivación
de hecho, (ii) la falsa motivación en derecho y (iii) la indebida motivación,
aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el contenido
mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance interno, lo que
impone que el análisis haga referencia a lo que expone el acto
administrativo en la parte motiva y en la resolutiva66.

La falsa motivación de hecho supone un juicio de certeza, es decir, el
cuestionamiento acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como
fundamento para expedir la decisión que se cuestiona. Por ello, de
advertir que son falsos, el juez no tiene opción diferente que acoger la
pretensión de nulidad que se funda en la mencionada argumentación, si
ellos son determinantes para la decisión que el acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado
a atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
66

del 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47 001
23 31 000 2012 00414 01.
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sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación emerge cuando no hay
correspondencia entre la parte motiva y la resolutiva del acto, es decir,
hay incongruencia entre una y otra, de tal manera que esta última no
resulta ser la conclusión lógica y consecuencial de la primera.

A partir de las consideraciones precedentes, la Sala verificará si los
reproches aludidos por el recurrente configuran el vicio de falsa
motivación.

6.4.2.1. Sobre la aplicación irregular del trámite verbal en el
proceso de responsabilidad fiscal

-) La parte recurrente fundamentó el cargo de falsa motivación en que la
Contraloría aplicó e interpretó de manera errada el parágrafo 3 del artículo
97 de la Ley 1474 de 2011, en la medida en que, “para la fecha en que
se declaró de impacto nacional los hechos irregulares de la Industria de
Licores del Valle y en que se profirió la resolución orgánica nro. 6397 de
octubre 12 de 2011, incluso para la fecha en que entró en vigencia la Ley
1474 de 2011, es decir para el 12 de Julio de 2011, en el proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 6-007-11 al cual fue vinculado mi cliente
posteriormente, ya se había proferido auto de cierre de Indagación
preliminar y se encontraba aperturado”. Bajo ese escenario, adujo que la
Contraloría debió seguir con el trámite previsto en la Ley 610 de 2000 y
no adecuar el trámite a la Ley 1474 de 2011.

La Sala considera que, según se sustentó, el cargo no está llamado a
prosperar, pues se fundamentó en que se presentó un trámite irregular
en el proceso de responsabilidad fiscal porque debió tramitarse con
aplicación de la Ley 610 de 2000, pero la parte no controvierte los

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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

fundamentos de hecho o de derecho de los actos aquí acusados que lo
declararon fiscalmente responsable. Aquí es claro que el actor confunde
la figura de la expedición irregular del acto con la causal de nulidad por
falsa motivación.

Con todo, frente al argumento de que no había lugar a la aplicación del
procedimiento verbal porque el auto de apertura se había proferido el 7
de abril de 2011, se tiene que la Ley 1474 del 12 de julio de 201167, en
el artículo 97, dispuso que el proceso de responsabilidad fiscal se
continuaría tramitando por el procedimiento verbal creado en dicha ley.

La aludida disposición también previó un régimen de transición en el
parágrafo primero, en el entendido que el procedimiento verbal sería
aplicable al nivel central de la Contraloría General de la República a partir
de la entrada en vigencia de dicha ley, esto es, 12 de julio de 2011, y en
el parágrafo tercero precisó que “(…) en los procesos de responsabilidad
fiscal en los cuales no se haya proferido auto de imputación a la entrada
en vigencia de la presente ley, los órganos de control fiscal competentes,
de acuerdo con su capacidad operativa, podrán adecuar su trámite al
procedimiento verbal en el momento de la formulación de la imputación
(…)”, de manera que, contrario a lo señalado por el recurrente, no se
aplicó retroactivamente la Ley 1474 de 2011, sino que fue precisamente
el régimen de transición el que, en lo sucesivo, posibilitó la aplicación del
procedimiento verbal.

6.4.2.2. En lo concerniente a la declaración de impacto nacional de
los hechos investigados y que la Contralora Intersectorial no tenía
competencia para conocer del proceso porque ya estaba abierto

67
“Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión
pública”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Tampoco le asiste razón al recurrente, toda vez que, además de que ello
no guarda relación con el cargo de falsa motivación, dicha decisión tuvo
como sustento lo siguiente:

La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, con el fin de fortalecer las acciones
en contra de la corrupción, dispuso en el artículo 128 la creación dentro
de la estructura de la Contraloría General de la República de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, encargándola de “(…)
adelantar auditorías especiales o investigaciones relacionadas con hechos
de impacto nacional que exijan la intervención inmediata de la entidad
por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida al patrimonio
público o para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de
responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el
adelantamiento de los procesos correspondientes”.

Mediante la Resolución orgánica nro. 6397 del 12 de octubre de 2011,
“por la cual se determina el funcionamiento interno de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción y se dictan otras
disposiciones”, expedida por la Contralora General de la República, se
determinó que el Contralor General de la República de oficio establecería
los hechos de impacto nacional que exigieran la intervención inmediata a
que se refería el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 (artículo 2).

En cuanto a la competencia para conocer de esa clase de asuntos, el
artículo tercero de la citada resolución dispuso:

“[…] ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. La Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, tendrá autonomía funcional en lo de su
competencia y estará adscrita al Despacho del Contralor General de la
República para efectos administrativos y logísticos. A través de los
Contralores Delegados Intersectoriales, adelantará las auditorías, las
indagaciones preliminares a que haya lugar y conocerá en primera o
única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que conforme al
artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 le sean asignados a dicha Unidad.

Dentro del marco de las reglas de competencia constitucionales y legales
asignadas a la Contraloría General de la República, la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, a través de los
Contralores Delegados Intersectoriales, avocará el conocimiento de los
asuntos determinados como de impacto nacional que exijan la

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54

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

intervención inmediata de la Entidad, cualquiera que sea el tipo o
naturaleza de los entes o sujetos vigilados o implicados.

De estos procesos conocerá en segunda instancia el Despacho del
Contralor General de la República en los términos del artículo 4o de la
Resolución Orgánica 5500 de 2003 […]”. (mayúsculas y negrillas
originales, subrayas ajenas)

A su vez, el artículo sexto de la misma resolución estableció que, “(…) si
ya se encuentra en curso un proceso auditor, de indagación preliminar o
de responsabilidad fiscal, el Contralor Delegado Intersectorial a quien
corresponda el asunto desplazará al Contralor Delegado de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva o al Contralor
Delegado Sectorial que venía conociendo del caso”.

En el caso concreto, la Contralora General de la República, por auto del
21 de octubre de 2011, declaró “hechos de impacto nacional los
relacionados con el Proceso de Responsabilidad Fiscal CD 6-0007-11
Licorera del Valle”, y ordenó que, “en consecuencia, le solicito disponer
todo lo necesario para dar traslado de la totalidad del expediente al Jefe
de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dentro
del término fijado en el artículo 7 de la Resolución Orgánica 6397 del 12
de octubre de 2011”68.

Por auto nro. 00996 de 2011 la Dirección de Investigaciones Fiscales de
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva cumplió la decisión de la Contralora General de la
República y dispuso la remisión del proceso a la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción.

Por oficio nro. 001 del 2011 se asignó el proceso a la Contralora Delegada
Intersectorial.

68
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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Por auto nro. 001 del 28 de octubre de 2011, la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción avocó el conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal y
dispuso la vinculación al proceso del señor Juan Carlos Abadía Campo 69.

De tal manera que no es cierto que la Contralora Delegada Intersectorial
no estuviere facultada para conocer del proceso de responsabilidad fiscal
porque ya estuviera abierto, puesto que la razón por la que asumió su
conocimiento obedeció a que la Contralora General de la República declaró
los hechos como de impacto nacional y como consecuencia de ello fueron
remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

6.4.2.3. Irretroactividad del estatuto anticorrupción para efectos
de aplicar la solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal

El recurrente alega que se aplicó de manera retroactiva el estatuto
anticorrupción en cuanto a la solidaridad en el proceso de responsabilidad
fiscal, para ello, reiteró que la Ley 1474 de 2011 entró en vigor el “12 de
julio de 2012 (sic) de conformidad con lo establecido en el artículo 135”.
Mientras que, el auto por el cual se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal es del 7 de abril de 2011, de manera que, “(…) la
nueva modalidad de responsabilidad que creó el artículo 19 no puede ser
aplicada en el proceso de responsabilidad fiscal”.

Al respecto, la Sala precisa al apoderado del recurrente que no se aplicó
como lo afirma la Ley 1474 de 2011, sino que el fundamento para declarar
la responsabilidad solidaria fue el artículo 2344 del Código Civil en
concordancia con la Ley 222 de 1995, artículo 24 que previó que los
administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios
que por dolo o culpa causen a la sociedad.

Prueba de ello es que el fallo de segunda instancia explicó:

69
Ibídem.
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56

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

“[…] con respecto al tema de la responsabilidad solidaria, por ser
pertinente, este despacho, trae como referente lo citado por el doctrinante
URIEL ALBERTO AMAYA OLAYA, en su libro Teoría de la Responsabilidad
Fiscal, en los siguientes términos: “No se debe olvidar que la concurrencia
de culpas (coautores) origina una responsabilidad civil solidaria, según se
estudiará, de acuerdo con el artículo 2344 del Código Civil, criterio que ha
sido acogido plenamente por la jurisprudencia administrativa: “cuando el
hecho perjudicial ha sido causado por dos o más personas (los sujetos son
su causa eficiente) no se produce una división de la responsabilidad, como
si cada una llevara apenas una parte de la culpa, sino que por mandato
legal surge una obligación solidaria de responder (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera- Sentencia 11 de abril
de 1994- C.P. CARLOS BETANCUR JARAMILLO).

(…)

Es importante acotar que el régimen que le es aplicable a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, y por ende es elemento normativo
que regula la responsabilidad de los gerentes y miembros de la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle – en principio, encuentra su
desarrollo legal en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 222 de 1995[…].”

Por lo tanto, este argumento no tiene vocación de prosperidad, toda vez
que, está fundamentado en un presupuesto que no es cierto.

6.4.2.4. Acerca de los estándares de degustación

En lo referente con los estándares de degustación y la gestión
antieconómica, el recurrente alegó que no se probó que haya existido una
gestión antieconómica o una superación de los estándares de degustación
por parte de la Industria de Licores del Valle, puesto que, “si bien es
cierto, la Contraloría no tiene a su cargo el establecimiento de estándares
de cantidades para la degustación de productos relacionados con el licor,
también es cierto que para efectos de asumir una postura frente al tema
de la superación de los estándares nacionales internacionales tuvo que
tener algún referente, pues no se explica cómo surgió el control de
advertencia”.

Para resolver este punto, la Sala estima pertinente determinar el alcance
de la conducta que el órgano de control reprochó al recurrente, y para
ello, se recuerda lo siguiente:

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(i) En el fallo con responsabilidad fiscal se determinó el nexo de causalidad
en lo concerniente al señor Abadía Campo, así70:

“[…] Se verifica que el Dr. Juan Carlos Abadía con la conducta dolosa
atribuible de conformidad a la valoración probatoria que obra en el
expediente en congruencia con el Auto de imputación de cargos por su
conducta pasiva en la ejecución del Contrato de Distribución No.
20080035, en su suscripción, cesión, prórroga y otrosís.

Y con su conducta se generó detrimento patrimonial por la suma de
$6.879.876.162 […]”.

(ii) En el mismo fallo con responsabilidad fiscal nro. 001 del 20 de febrero
de 2012 se explicó lo siguiente frente al plan promocional71:

“[…] D- PLAN PROMOCIONAL

Este despacho en el auto de Imputación relacionó frente al plan
promocional las siguientes consideraciones que en el transcurso de la
audiencia de imputación de cargos no fueron desvirtuadas, por lo tanto,
este despacho se ratifica en las siguientes irregularidades:

I. Los considerandos del Otrosí N° 007: de Fecha 8 de Julio de 2011
(Anexo 5 carpeta 1 fls. 108 -135 397-413), la U comercializadora
SAS fundamento qué (…) aunque en los años 2008, 2009 y 2010,
la facturación de la ILV hacia el distribuidor ha superado esta cifra.
es debido a que la venta del producto que realiza la ILV difiere del
consumo real del mercado, es decir, que el Contratista y los canales
de distribución han venido soportando unos inventarios de una
vigencia a otra.

II. Mediante comunicación CM EXT (…) de diciembre 30 de 2010,
en donde solicita "revisar la meta contractual de 2011 por cuanto
está en 12.000.000 unidades. 750 cc”, argumentando que su stock
es de 3.000.000 de unidades de 750 cc, lo cual le genera la
obligación de comercializar en el 2011 la cantidad de 15.000.000
de unidades de 750 cc, siéndole imposible físicamente cumplir dicho
objetivo.

III. Complementando este tema en la declaración de Paula Andrea
Martínez Vélez Subgerente comercial y de mercadeo en el momento
en que ocurrieron los hechos, (…) (cuaderno 7 Fls 1249-1255) le
preguntan, qué beneficios tiene la aplicación de un plan
promocional entregando en el mismo aguardiente sin marcar
(prohibida su venta). Dice que como por el tema de impuestos, y
sobre los impuestos no se puede hacer descuentos, implica que

70
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para hacerlo más atractivo se entrega un producto a manera de
incentivo, implica que el distribuidor lo meta en sus inventarios y
así no compre a la competencia. Si lo marcaran (prohibida su venta)
quien organiza el evento no lo percibirá como patrocinio ya que no
lo podría comercializar, desde el 2004 que yo ingresé a la ILV nunca
el aguardiente de promoción se ha marcado.

IV. La UT continúa diciendo (…) la obligación de la inversión
publicitaria quedó estipulada como financiación a cargo del
contratista, y no como pago de la misma, generando libertad
interpretativa sobre la parte obligada al pago efectivo de ésta, tal
como se desprende de la estipulación contractual de la financiación
del plan Comercial Publicitario de Mercadeo, presente en la cláusula
novena del contrato de distribución N° 20080035, modificada por
el otrosí N° 006 de 2010.

V. Durante la entrevista realizada al gerente de la comercializadora,
Dr. José Henry Pereira se recibieron los listados del producto
entregado a cada cliente de enero a agosto de 2010, pero no se
pudo evidenciar cuáles son los clientes y la cantidad de producto
pendiente por entregarles como parte de pago de los acuerdos
firmados ya que el gerente manifestó que no tiene un listado de
pendientes, el control que ellos manejan es la no entrega del
producto a los clientes que les deben facturación y este control se
lleva en el sistema de información de la comercializadora.

Este despacho, igualmente en el auto de imputación enunció los
acuerdos comerciales de la vigencia 2008, que oscilaban entre el 7% al
700 % de plan promocional en los diferentes eventos, y que de acuerdo
a las versiones y testimonios dentro de la audiencia de imputación de
cargos, ratifica que existieron irregularidades al aprobar las
herramientas que entre otros contempla el plan promocional que es
aprobado posterior a la suscripción del Contrato de distribución,
convirtiéndose en una modificación al pliego de condiciones que hace
parte de la minuta del Contrato de distribución.

De otra parte, se desnaturaliza la herramienta promocional al entregar
el producto que hace parte del plan promocional después de realizarse
los eventos que eran la esencia misma del acuerdo comercial y del pian
promocional, que debían satisfacer plenamente al consumidor final.

Este despacho de otra parte encuentra que el plan promocional se
convierte en una ineficacia económica al presentar el Distribuidor un
stock de 3.000.000 de botellas entre venta y plan promocional, logradas
por la compra o entrega del plan promocional por parte de la ILV con el
fin de cumplir metas de ventas al final de cada Vigencia.

Y aún más grave cuando el producto del plan promocional no llevaba la
etiqueta “prohibida su venta o degustación”.

El daño patrimonial fue cuantificado en la etapa de la indagación
preliminar y ratificada en el Auto de imputación de la siguiente manera:

Impacto de acuerdos, actas de acuerdo y $ 59.828.000.000
Otrosí N° 3
Impacto de las cláusulas tercera y cuarta del $ 47.403.000.000
Otrosí N° 6
Posibles deficiencias y regular gestión con $528.000.000.000
línea de exportación
Efectos Otrosí N° 2 $83.751.000

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59

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Pago de intereses del crédito con
Infivalle $40%

TOTAL $107.842.751.000

Este despacho a aplicar el IPC en los impacto (sic) de acuerdos, actas de
acuerdo y Otrosí N° 3, Impacto de las cláusulas tercera y cuarta del
Otrosí N° 6 Posibles deficiencias y regular gestión con línea de
exportación totalizando el detrimento patrimonial en la suma de
$112.018.600.

Se acepta certificación presentada por el contador del ILV respecto a
Infivalle la suma de $ 83.000.000, por lo tanto, se dedujo la suma.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 222 de 1995 y la Ley 489 de
1998 en lo relacionado con la responsabilidad solidaria, en este caso
frente a los miembros de la Junta Directiva el valor anteriormente
expuesto será distribuido en partes iguales. entre quienes intervinieron
en la toma de decisiones. Gerente, Junta Directiva y los distribuidores.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

(iii) Acorde con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que el
plan promocional aprobado en marzo de 2008 fue de quinientas mil
unidades de botellas de 750 cc; en agosto del mismo año se amplió a un
millón de unidades de botellas; en marzo del año 2009 a dos millones
quinientas unidades de botellas y en marzo del año 2010 se amplió a tres
millones de unidades de botellas; sin embargo, el mayor valor asumido
por la Industria de Licores del Valle derivado del plan comercial ejecutado
entre los años 2008 y 2010 no se vio reflejado ni en las cifras de ventas
ni en los resultados esperados.

(iv) En consonancia con lo dicho, se acredita en el expediente que la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle aprobó los siguientes
acuerdos, algunos de ellos firmados por el señor Juan Pablo Muñoz Tobar
en calidad de presidente de la junta directiva y delegado del gobernador
ante dicha junta, así72:

72
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Mediante el Acuerdo nro. 05 del 27 de marzo de 2008 suscrito por el señor
Muñoz Tobar como presidente73, aprobó un plan promocional de 500.000
unidades de botellas de 750 cc con productos de la industria para el
período mayo a diciembre de 200874, el cual, según se lee en el mismo,
lo expidió la junta “en uso de sus atribuciones legales, en especial las
contenidas en el artículo 17 del Acuerdo nro. 26 de octubre 03 de 1994
“Por el cual se dicta el Estatuto de la Industria de Licores del Valle” 75 y
tuvo como propósito: “(…) una recuperación de mercado de sus productos
empezando por el Valle del Cauca (…) y “(…) crear mecanismos de
promoción a través de los diferentes canales (…) con la utilización de
500.000 unidades de producto en presentación de 750 c.c.(…)”.

A través del Acuerdo nro. 10 del 5 de agosto de 200876 también suscrito
por el señor Muñoz Tobar como presidente, quien actuaba en la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle como delegado del
gobernador, amplió el plan promocional a un millón (1.000.000) de
unidades de botellas de 750 cc77; allí se lee: “(…) durante el primer
semestre de la vigencia 2008 se ha logrado una importante recuperación
del mercado de Aguardiente en el departamento Valle del Cauca. // “(…)
dicha recuperación es producto de las estrategias y planes promocionales,
como el aprobado mediante Acuerdo No.05 de marzo 27 de 2008 (…)”.

En el año 2009, la junta directiva de la Industria de Licores del Valle,
presidida por el señor Juan Pablo Muñoz Tobar, delegado del gobernador,
expidió el Acuerdo nro. 3 del 5 de marzo78 que aprobó “(…) el Plan

73
“Por medio del cual se aprueba un plan promocional con producto, se otorga una
herramienta promocional para el impulso de los productos de la industria y se autoriza
una delegación para contratar”
74
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
en disco duro externo Verbatím Serial CL209Z190216.
75
Ibidem.
76
“por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008”.
77
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
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78
“por medio del cual se aprueba un plan promocional para el impulso de los productos
de la Industria de Licores del Valle”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Comercial para entregar en la vigencia 2009 hasta 2.500.000 unidades
de 750 cm3, adicionales al saldo de la vigencia del 2008 de 556.267
unidades de 750 cc3 (…)79; en igual sentido, dicho acuerdo fijó unos
planes promocionales motivado en un supuesto incremento de utilidades
y posicionamiento en el mercado; allí se indicó:

“[…] Que durante la vigencia 2008 se recuperó parte del mercado
perdido, especialmente en la zona norte del Valle del Cauca e igualmente
se logró una mayor cobertura, lo que se tradujo en cifras de variación
positiva en ventas con un aumento del 18% en el consolidado, pasando
de 9.191.240 unidades en el 2007 a 10.858.344 unidades en el 2007 a
10.858. 344 unidades en el 2008.

Que con las diferentes estrategias promocionales que se realizaron
durante la vigencia 2008, se logró el liderazgo con la marca Aguardiente
Blanco del Valle sin Azúcar, lo cual permitió el crecimiento en ventas a
nivel departamental en un 21% en el 2008, frente al 2007.

(…)

Que conforme con lo expresado por la Subgerencia Comercial y de
Mercadeo, para la vigencia 2009, se proyectan diferentes actividades
tanto a nivel Departamental como Nacional, a fin de obtener las ventas
y penetración de mercado esperado.

Que el costo beneficio de esta estrategia está representado en la
generación de $104.364 millones para el departamento y otras entidades
en la vigencia 2008, registrándose un incremento del 22% frente a los
recursos generados en el 2007, que fueron de 85.676 millones. […]”

(v) Los soportes que figuran como sustento para ampliar los planes
promocionales son los siguientes:

El primero se trata de un documento denominado “análisis de mercado
para la implementación de actividades promocionales por medio de un
producto en promoción” firmado por la subgerente comercial de la
Industria de Licores del Valle, Paula Andrea Martínez del que se extrae80:

“[…]

V. ACTIVIDADES PROMOCIONALES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2008
PARA EL PRODUCTO

79
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
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80 Antecedentes proceso de responsabilidad fiscal.

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62

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

De acuerdo al análisis anterior, se propone para la Industria de Licores
del Valle aprovechar el recurso de producto para vincularse de la
siguiente forma a los canales de distribución y eventos:

Bonificación al canal mayorista: (…)

Vinculación a supermercados: (…)

Acuerdos con puntos de consumo: (…)

Vinculación a eventos de gran magnitud: (…)

Degustaciones: (…).

VI. VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL

. Llena los inventarios de los clientes obligándolos a comercializar las
marcas de la industria.

. Para la Empresa Estatal resulta más económico el pago en producto ya
que en el momento de realizar el pago se liquida al precio de canal

. Permite dar a conocer los nuevos productos del portafolio de la ILV por
medio de los canales de distribución

. Fideliza los canales de distribución construyendo relaciones comerciales
a largo plazo

. Ofrece la oportunidad de dar promoción y publicidad en los diferentes
eventos en que se genere consumo y se promuevan las marcas de la
Industria.

. Apoya la labor comercial del distribuidor. […]”

El segundo, de donde se deriva la continuación de los planes
promocionales en el año 2009, es el documento en donde se informó81:

“[…] PRODUCTO EN PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE
MERCADEO PARA EL AÑO 2009

Teniendo en cuenta que la Industria de Licores del Valle debe seguir los
parámetros establecidos en el Plan Estratégico del Cuatrienio 2008-
2011, en donde se estipulan para el área de mercadeo es el aumento de
las ventas del 21%.

La Gerencia General y la Subgerencia Comercial y de Mercadeo
establecen un plan comercial para el año 2009 con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos planteados basado en la situación actual
del mercado, la competencia y los canales de distribución.

81 Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

1. Resultados vigencia 2008:

Para el año 2008 la Industria de Licores del Valle aprobó 1.000.000
unidades de 750 cm3 entre aguardiente y ron, obteniendo resultados que
impactaron las ventas departamentales y construcción y desarrollo
canales de distribución de la siguiente manera:

1.1. Ventas departamentales

Durante el año 2008 la Industria de Licores del Valle recuperó parte del
mercado perdido en especial en la zona norte del Valle, igualmente logró
una mayor cobertura del mercado lo que se tradujo en cifras en una
variación positiva del 21% frente al año 2007.

(…)

1.2. Participación por canal de distribución en ventas Valle 2008:

Teniendo en cuenta que la distribución numérica se fortaleció durante el
año 2008, es posible decir que la presencia del producto es total a nivel
departamental incluyendo el Norte del Valle. (…)

a. ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2009

Teniendo en cuenta el panorama anterior, la INDUSTRIA DE LICORES DEL
VALLE para el año 2009 debe desarrollar diferentes actividades tanto a
nivel departamental como nacional a fin de obtener las ventas y
penetración del mercado esperadas.

1. Vinculación a productos de consumo (…)

2. Bonificaciones al distribuidor (…)

3. Codificación de producto (…)

4. Vinculación a eventos (…)

5. Exclusividad en ferias (…)

6. Degustaciones (…)

Para el año 2009 la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE debe contar con
2.500.000 unidades de 750 cm3 para cumplir con este fin. Es importante
tener en cuenta que se deben adicionar 556.267 unidades de 750 cm3
que se encuentran pendientes del año 2008.

Para dar cumplimiento al plan anteriormente estipulado es de vital
importancia el compromiso del Distribuidor Comercializadora Logística
Integral como actor estratégico quien debe cumplir con los objetivos de
venta y distribución estipulados aprovechando el poder de negociación
con los canales de distribución, para lo cual se firma el presente plan con
vigencia al 31 de diciembre de 2009 […].”

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Sin embargo, en el concepto técnico financiero dirigido el 31 de enero de
2011 por el asesor de gestión de la Contraloría Delegada Sector
Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional a la Contraloría Delegada para Infraestructura Física
y Telecomunicaciones Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la
Contraloría General de la República, se determinó frente al impacto que
tuvieron dichos acuerdos, lo siguiente82:

“[…] 1. Impacto de Los Acuerdos83, Actas de Acuerdo y el Otrosí
No. 384, Firmados entre los años 2008 y 2010.

A través de Acuerdos, Actas de Acuerdo y Otrosíes posiblemente se
cambiaron las condiciones inicialmente establecidas en el Contrato y en
los Pliegos de Condiciones en relación con el Plan Publicitario y Comercial,
generando el 20% de descuento en términos de unidades de producto con
respecto a la meta de ventas para el periodo comprendido entre los años
2008 y 2010.

(…)

En efecto, la incidencia del Otrosí 3 de marzo 6 de 2009 en conjunto con
los Acuerdos de la Junta Directiva genera mayores valores de recursos a
asumir por dicha Entidad, así:

El Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008 autoriza la aprobación de un plan
promocional de 500.000 unidades de botellas de 750 cc, para el período
de mayo a diciembre de 2008. Posteriormente con el Acuerdo No. 10 de
agosto 5 de 2008, se amplía el plan promocional a 1.000.000 (un millón)
de unidades de botellas de 750 cc, del cual, de conformidad con el
Considerando del Acuerdo No. 03 de marzo 5 de 2009, sólo se utilizaron
686.779 unidades. En consecuencia, el valor adicional para el año 2008,
derivado de los Acuerdos 5 y 10 de 2008, sería de $10.741 millones.

Es importante anotar que la lLV, con comunicación 1400.1020 de
noviembre 25 de 2010, reporta 621.191 unidades de producto dentro del
plan comercial ejecutado en el año 2008, por lo que el valor adicional
ascendería a $9.715 millones.

El acuerdo No. 003 de marzo 5 de 2009 autoriza la aprobación de un plan
comercial para la vigencia del año 2009 3.056.267 unidades de 750 cc.,
mientras que con el Otrosí No. 3 del 6 de marzo de 2009 se genera un
plan de estímulos y herramientas promocionales, que a través del Acta de
Ejecución del Plan Comercial y Publicitario de la Vigencia 2009 de mayo 5

82
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
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83
Nro.03 del 5 de marzo de 2008 (sic), nro.10 del 5 de agosto de 2008, nro. 03 del 5
de marzo de 2009, acuerdo nro. 5 del 1 de marzo de 2010.
84
Realmente se trata del otrosí nro. 2 del 6 de marzo de 2009.
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65

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

de 2009 se acuerda entre las partes del Contrato. La incidencia, como
valor adicional para el año 2009, derivado del Otrosí No. 3, del Acuerdo
No. 03 y del Acta de Ejecución del Plan Comercial del año 2009, sería de
$47.800 millones.

Es pertinente precisar que La lLV, con comunicación 1400.1020 de
noviembre 25 de 2010, reporta 1.903.675 unidades de producto dentro
del plan comercial ejecutado en el año 2009, por lo que el valor adicional
ascendería a $29.773 millones.

Mediante el Acuerdo No. 03 de marzo 1 de 2010 se aprobó un plan
promocional de tres millones de unidades de botellas de 750 cc para la
vigencia del año 2010. Como resultado, el valor adicional para el año
2010, derivado del Otrosí No. 3 de 2009, del Acuerdo No. 03 y del Acta
de Acuerdo No. 03 de 2010, sería de $46.920 millones.

Cabe resaltar que la ILV, con comunicación 1400.1020 de noviembre 25
de 2010, reporta 1.958.289 unidades de producto dentro del plan
comercial ejecutado en el año 2010, por lo que el valor adicional
ascendería a $30.628 millones.

Es decir, el mayor valor asumido por la ILV derivado del plan comercial
ejecutado entre los años 2008 y 2010, ascendería a $70.117 millones,
correspondientes a 4.483.155 unidades de producto de 750 cc, tal como
lo reporta la Entidad mediante comunicado 1400.1020 de noviembre 25
2010.

Cabe anotar que para el año 2008 las ventas reales fueron de 10.500.000
unidades, superior en 2.9% a la meta contractual de 10.200.575
unidades, es decir, con respecto a la meta contractual se vendieron
299.425 unidades adicionales. Dado que, como se mencionó
anteriormente, el plan comercial ejecutado para ese año fue de 621.191
unidades, un análisis costo-beneficio arroja que por cada unidad adicional
vendida por encima de la meta contractual se emplearon 2 unidades para
promoción comercial.

Para el año 2009 las ventas reales fueron de 11.491.015 unidades,
superior en 2,6% a la meta contractual de 11.200.000 unidades. Es decir,
con respecto a la meta contractual se vendieron 291.015 unidades
adicionales. Dado que, como se mencionó anteriormente, el plan
comercial ejecutado para ese año fue de 1.903.675 unidades, el análisis
costo-beneficio da como resultado que, por cada unidad adicional vendida
por encima de la meta contractual, se utilizaron 7 unidades para
promoción comercial.

Es importante recordar la cláusula cuarta del contrato sobre la
remuneración del contratista que en el parágrafo establece:

“… La remuneración incorpora el costo total por la ejecución plena y
completa del objeto del contrato, incluyendo todos aquellos gastos que se
requieran para el desarrollo idóneo y calificado de la labor de
intermediación que sea necesario para la venta del volumen de productos
y para el nivel de penetración de mercado que establece el presente
contrato, durante la vigencia del mismo.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Por lo tanto, LA INDUSTRIA no estará en obligación de pagar al
CONTRATISTA ninguna otra suma adicional a la establecida”.

Se observa también que, que en el numeral cinco de la cláusula décima
tercera del contrato se estipuló que la ILV “… reconocerá al CONTRATISTA,
la suma de doscientos pesos ($200) por cada unidad de 750 cc, vendida
por encima de la meta anual.

Por consiguiente, las unidades adicionales vendidas, por encima de la
meta de ventas, tiene un reconocimiento dentro del contrato, por lo que
los estímulos y herramientas promocionales adicionales, podrían estar por
fuera del mismo, y representarían una posible asignación ineficiente de
recursos.

En efecto, al valorar económicamente las incidencias de los Acuerdos para
los planes de promoción, mercadeo y publicidad, con base en el reporte
de noviembre 25 de 2010 de la ILV se encuentra que ascendería a $70.117
millones entre los años 2008 y 2010, como se anotó anteriormente.

Si se descuenta el valor de promoción de referencia para esta industria,
no obstante, este aspecto no estar explícito en el contrato inicial, estaría
causándose un posible impacto económico neto de $47.603 millones.

[…]”.

Conforme con lo anotado, el recurrente reprocha que está configurado el
cargo de falsa motivación porque no existió prueba de una gestión
antieconómica o que se hayan superado los estándares de degustación;
sin embargo, lo que la Contraloría le endilgó fue “su conducta pasiva en
la ejecución del Contrato de Distribución No. 20080035, en su suscripción,
cesión, prórroga y otrosís”, y que tal conducta generó un detrimento
patrimonial.

En consecuencia, lo que se advierte es que el recurrente se limitó a
cuestionar el detrimento patrimonial que se estableció en el proceso de
responsabilidad fiscal con ocasión de los planes promocionales aprobados
por la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, sin presentar
ningún soporte para desvirtuarlo, carga que tenía en los términos del
artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual “incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”; por lo tanto, este cargo tampoco prospera.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

6.4.2.5. Frente a la presunción de legalidad de la Ordenanza 301
de 2009

El recurrente alegó que la Ordenanza nro. 301 de 2009 estaba vigente
para la época de los hechos y, por ende, gozaba de presunción de
legalidad, y que las supuestas irregularidades del contrato y sus
modificaciones tienen que ver con la fijación de una política de
promociones obsequiando unidades de degustación, las cuales se
encontraban exentas del pago de impuestos al departamento del Valle del
Cauca según lo previsto por la mencionada ordenanza.

Al respecto, la Sala considera que dicho cuestionamiento tampoco tiene
la virtualidad de desvirtuar la declaratoria de responsabilidad fiscal que le
hizo la Contraloría, puesto que, como quedó visto, la conducta que se le
reprochó fue su pasivo actuar en la ejecución del contrato de distribución
nro. 20080035, en la suscripción, cesión, prórroga y otrosíes, puesto que,
como primera autoridad del departamento, tenía el deber de velar porque
los intereses del ente territorial no se vieran afectados con unos planes
promocionales que iban en desmedro de los ingresos que debía recibir,
incluso el departamento por concepto de impuestos, cuando tenía para el
efecto delegados suyos en la junta directiva. Tales conductas no pueden
atribuirse a la ordenanza ni a las presunciones de que goza.

6.4.2.6. En cuanto a la asistencia a la junta directiva y la
responsabilidad endilgada al gobernador

La parte recurrente sostuvo, en síntesis, que no procedía declararlo
fiscalmente responsable porque: (i) como gobernador no tenía un control
jerárquico sobre la Industria de Licores del Valle y sobre esa premisa falsa
se sustentó el fallo; (ii) no fungió como gestor fiscal, y (iii) que los
miembros de la junta directiva no son gestores fiscales, por lo que no
existió un nexo de causalidad entre la conducta que se le imputó y el
presunto daño patrimonial.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00425 01
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Para resolver la Sala se detendrá en lo siguiente:

(i) Sobre el primer reproche, se observa que las razones por las cuales se
declaró fiscalmente responsable al señor Juan Carlos Abadía Campo, en
el fallo con responsabilidad fiscal nro. 0001 del 20 de febrero de 2012
proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción, se sustentaron
fundamentalmente85, en que:
“(…) tenía bajo la responsabilidad el ejercicio del control jerárquico y la
tutela sobre las actividades desarrolladas por la Industria de Licores del
Valle”; -) ”(…) como señala expresamente el numeral 5 del artículo 305
Superior, “los representantes del departamento en las juntas directivas
de tales organismos y los directores y gerentes de los mismos son
agentes del gobernador” y -) que no obstante, la delegación hecha
ante la junta directiva, “(…) la autoridad delegante mantiene, en relación
con las facultades delegadas, no solo la responsabilidad de vigilar y
controlar la manera como el delegatario ejerce las correspondientes
competencias, sino también un claro poder de instrucción en cuanto al
alcance, el sentido, los criterios y los parámetros a los cuales habrá de
entender el mencionado delegatario (…)”.

En lo atinente al control jerárquico, le asiste razón al recurrente en que
es desacertado atribuirle al gobernador dicho control86 respecto de una
empresa industrial y comercial del Estado, como es la Industria de Licores
del Valle87; sin embargo, tampoco puede inferirse que éste haya sido el
fundamento determinante de la imputación de responsabilidad fiscal,

85
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Copia auténtica
del expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11, contenida
en disco duro externo Verbatím Serial CL209Z190216. Páginas 82 a 89 del fallo.
86
El control jerárquico implica subordinación y es propio de la centralización, mientras
que el control de tutela es propio de las autoridades descentralizadas e implica más
libertad de acción. Corte Constitucional. Sentencia C- 497 A de 1994. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
87
Consulta realizada el 29 de julio de 2024 en la página https://ilvalle.com.co. La
Industria de Licores del Valle es una empresa industrial y comercial del Estado del orden
departamental, creada mediante la ordenanza 025 de 1945 por la asamblea
departamental del Valle.
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69

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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

como lo alega, pues también se le atribuyó el control de tutela y la
responsabilidad en la delegación en calidad de miembro de la junta
directiva.

En lo que concierne al control de tutela, es claro que sí tenía el deber de
ejercerlo, en calidad de gobernador del departamento, el cual, como lo ha
definido esta Corporación88, es “(…) aquel que ejerce el poder central
sobre las entidades y autoridades descentralizadas, tanto
territorialmente, como por servicios (…)” ya que “(…) fue la misma Ley
489 de 1998, la que determinó el grado de control de tutela no jerárquico
al que se encuentran sometidas las entidades descentralizadas, razón por
la que, respecto de las empresas industriales y comerciales y las
sociedades de economía mixta, dispuso que lo estarían bajo la modalidad
de vinculación”.

Al respecto, el artículo 41 de la Ley 489 de 199889 previo que “(…) la
orientación, control y evaluación general de las actividades de los
organismos y entidades administrativas corresponde al Presidente de la
República y en su respectivo nivel, a los ministros, los directores de
departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, los
alcaldes y los representantes legales de las entidades descentralizadas y
sociedades de economía mixta de cualquier nivel administrativo”. (se
destaca).

En el mismo sentido, el artículo 68 ibidem, refiriéndose a las entidades
descentralizadas, señaló que, como órganos del Estado, aun cuando
gozan de autonomía administrativa, están sujetas al control político y a
la suprema dirección del órgano de la administración al cual están
adscritas.

88
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección
C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. C.P. Enrique Gil Botero. Expediente
radicación nro. 73001 23 31 000 2001 01509 01 (25.909).
89
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
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70

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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

Por lo tanto, tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma que el
nombramiento y remoción del gerente de las empresas industriales y
comerciales del Estado, conforme al artículo 91 de la Ley 489 de 1998, le
corresponde al presidente de la República, pues en el caso de los
departamentos dicha función está a cargo del gobernador.

Adicionalmente, conforme con lo previsto por el artículo 305 Superior90,
“los representantes del departamento en las juntas directivas de tales
organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del
gobernador”.

En relación con la calidad de agentes del gobernador, la Corte
Constitucional ha explicado que se trata de una atribución que91 “(…)
constituye una manifestación del régimen democrático y participativo en
la medida en que los gobernadores y alcaldes, encargados por la
Constitución para dirigir la acción administrativa de las entidades
territoriales, de las cuales hacen parte las entidades descentralizadas,
deberán cumplir el mandato popular otorgado por los ciudadanos a través
del voto programático. De ahí que el constituyente haya previsto que los
representantes de la entidad territorial en las juntas o consejos directivos
y los gerentes, directores o presidentes de las aludidas entidades
descentralizadas, sean agentes del gobernador o del alcalde, como
mecanismo de articulación, coordinación y dirección administrativa del
departamento, distrito o municipio. Y, el carácter de agentes del
mandatario seccional o local lleva consigo la facultad para designarlos”.

En el caso concreto, según el Decreto 1041 de 1982, estatuto orgánico de
la Industria de Licores del Valle, el gobernador era miembro de la junta
directiva y entre las atribuciones de la junta estaba la de formular la

90
El artículo 305 de la Constitución Política dispuso en el numeral quinto, entre las
atribuciones del gobernador: “5. Nombrar y remover libremente los gerentes o directores
de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del
departamento”.
91
Corte Constitucional. Sentencia C-1258 del 29 de noviembre de 2001. M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

política general de la empresa, aprobar las inversiones y operaciones
comerciales y reglamentar la promoción y venta de los productos de la
empresa, las cuales guardan consonancia con lo establecido por el artículo
90 de la Ley 489 de 199892.

También se acreditó que, mediante el Decreto nro. 0159 del 11 de febrero
de 2008, el señor Juan Carlos Abadía, en calidad de gobernador del
departamento del Valle del Cauca, designó a sus delegados y
representantes personales ante la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle; y que el señor Juan Pablo Muñoz Tobar, como su
delegado, presidió las juntas en las que se expidieron los acuerdos que
aprobaron los planes promocionales en la Industria de Licores del Valle,
que condujeron a la disminución de los tributos en el departamento y al
detrimento patrimonial.

La delegación, según lo dicho por esta Corporación93, se trata de una
técnica de manejo administrativo que supone el traslado de determinada
competencia en favor de otro, sin que ello implique la pérdida de la
titularidad de la función para el delegante94; por lo tanto, el hecho que el
gobernador haya actuado por conducto de su delegado no lo exoneraba
de las responsabilidades que, en calidad de miembro de la junta, tenía
sobre las decisiones adoptadas por la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle.

Así mismo, la Sala destaca que, en materia contractual, como lo ha
señalado la Corte Constitucional, haciendo una lectura sistemática de los

92
Que establece las funciones de las juntas directivas de las empresas industriales y
comerciales del Estado.
93
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 5 de noviembre de 2015. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Expediente radicación nro. 44001 23 31 000 2010 00005 01. Que a su vez, citó sentencia
del 26 de septiembre de 2013. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Expediente radicación
nro. 1044-2012.
94
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 5 de noviembre de 2015. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Expediente radicación nro. 44001 23 31 000 2010 00005 01. Que a su vez, citó sentencia
del 26 de septiembre de 2013. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Expediente radicación
nro. 1044-2012.
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artículos 21195 de la Constitución Política y 21 de la Ley 1150 de 200796,
“la función de vigilancia, orientación y control de la que no se desprende
el delegante por el hecho de la delegación implica que, respecto de ella,
siempre conserve una responsabilidad subjetiva”.

En consecuencia, no puede excusarse en señalar que, como el gobernador
tiene delegados “en más de un centenar de entidades”, deposita la
confianza en los servidores que los representaron y no responde por sus
actos, puesto que, se reitera, según lo dispuesto por el artículo 305
Constitucional, “los representantes del departamento en las juntas
directivas de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos
son agentes del gobernador”.

De contera, no es de recibo para la Sala que el recurrente asegure que
otorgó un mandato a sus representantes ante la junta directiva, puesto
que no otorgó un mandato, sino que delegó en servidores públicos de su
despacho las funciones legales que tenía como miembro de la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle.

(ii) Por las mismas razones antes señaladas, no tiene sustento su
argumento en el sentido que no fungió como gestor fiscal, pues, como lo
afirmó la parte demandada, las entidades descentralizadas del nivel
territorial son gestores y titulares de recursos de las entidades
territoriales a las cuales pertenecen.

(iii) Por último, también queda desvirtuada la afirmación del recurrente
según la cual los miembros de la junta directiva no son gestores fiscales

95
Según el inciso segundo del artículo 211 superior “la delegación exime de
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos
actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la
responsabilidad consiguiente”.
96
El inciso segundo declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-693 de 2008 establece que “en ningún caso, los jefes y representantes
legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de
sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.

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y que no existe un nexo de causalidad entre la conducta que se le imputó
y el daño patrimonial.

Ello teniendo en cuenta que, a través de su delegado ante la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle, se adoptaron decisiones que
fueron determinantes en las rentas de la Industria de Licores del Valle y
que tuvieron incidencia en las arcas del departamento, al aprobar unos
acuerdos que permitieron la ejecución de un plan promocional para que
se distribuyeran unas unidades promocionales que ni siquiera tenían la
etiqueta de “prohibida su venta”, que se tradujeron en una gestión
antieconómica y en la disminución de los tributos del departamento, que
conllevaron al detrimento patrimonial establecido en el proceso de
responsabilidad fiscal y que la parte actora no desvirtuó, de manera que
se demostró el nexo entre la conducta imputada y el daño patrimonial.

Por ende, “la junta directiva de la Industria de Licores del Valle no solo
tenía la competencia para formular la política general de la empresa, así
como fijar los planes y programas a desarrollar con miras al rendimiento
de sus ingresos y reglamentar la promoción y venta de los productos, sino
que era su deber para la aprobación de los acuerdos y otrosíes al Contrato
de Comercialización nro. 20080035 comprobar si éstos beneficiaban a la
Industria de Licores del Valle”97.

Cabe agregar que, conforme a lo señalado por esta Sección en un caso
similar98, “(…) comprende la Sala que los resultados de los planes
promocionales no fueran conocidos de antemano por los miembros de la
junta directiva durante el año 2008, pues hay un riesgo implícito en ello;
pero sí tenían el deber y la responsabilidad de hacer el correspondiente
seguimiento durante los años subsiguientes, es decir, 2009 y 2010, en
aras de determinar si era procedente desde el punto de vista del costo

97
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de febrero de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25
000 23 41 000 2013 01700 01.
98
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de febrero de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25
000 23 41 000 2013 01700 01.
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beneficio mantenerlos, o cuál era su incidencia en las cifras de la entidad
y del departamento. Es decir, si bien no puede atribuirse negligencia por
la aprobación de un plan promocional que, en el primer año, tiene un
resultado incierto, sí es atribuible tal conducta si se insiste en el mismo
plan sin revisar las cifras de lo acontecido, para determinar las bondades
o los problemas que él presenta”.

6.4.3. En cuanto a las otras consideraciones jurídicas del despacho

6.4.3.1. El recurrente alegó que se presentó una falla en el servicio por
parte de la Contraloría porque el proceso de responsabilidad fiscal se
desarrolló sin el lleno de los requisitos legales y al margen de los principios
del debido proceso y derecho a la defensa; sin embargo, no probó que no
se haya respetado el trámite procesal previsto en la ley para esta clase
de juicios, y por el contrario, se determinó que fue debidamente vinculado
al proceso y ejerció el derecho de defensa y contradicción; prueba de ello
es que, por auto nro. 2011 del 5 de diciembre de 2011, se ordenó la
práctica de las pruebas que como implicado solicitó.

6.4.3.2. También sostuvo que se presentaron vías de hecho en el fallo de
primera instancia, porque se omitió la valoración de las pruebas
defensivas; pero tampoco demostró que no hayan sido valoradas las
pruebas practicadas que solicitó.

6.4.3.3. Adujo que no se respetó el principio de investigación integral; sin
embargo, más allá de dicha afirmación, no demostró que dicho principio
fuera desconocido.

Al respecto, vale la pena traer a colación la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia sobre el principio de investigación integral al que
alude el recurrente. En ella se ha precisado que el mismo no implica que
el funcionario se vea compelido a recaudar todas las pruebas imaginables,
sino solo aquellas necesarias para acreditar la existencia del
comportamiento reprochable o las que demuestren la inocencia; además

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ha sostenido que, cuando se alega el incumplimiento de dicho deber, al
interesado no solo le corresponde relacionar las pruebas que se dejaron
de practicar, sino también especificar el poder suasorio de las mismas y
a demostrar de manera concreta la trascendencia de las pruebas omitidas
en la decisión99.

6.4.3.4. En lo referente al argumento que se presentaron hechos
irregulares relacionados con la apelación del fallo de primera instancia
porque no se tuvieron en cuenta los recursos de apelación debido a que
no fueron sustentados de manera oral, la Sala precisa que el artículo 101
de la Ley 1474 de 2011 regula el trámite de la audiencia de decisión. El
literal d) ibidem prevé que: “Terminadas las intervenciones el funcionario
competente declarará que el debate ha culminado, y proferirá en la misma
audiencia de manera motivada fallo con o sin responsabilidad fiscal. Para
tal efecto, la audiencia se podrá suspender por un término máximo de
veinte (20) días, al cabo de los cuales la reanudará y se procederá a dictar
el fallo correspondiente, el cual se notificará en estrados. El responsable
fiscal, su defensor, apoderado de oficio o el tercero declarado civilmente
responsable, deberán manifestar en la audiencia si interponen recurso de
reposición o apelación según fuere procedente, caso en el cual lo
sustentará dentro de los diez (10) días siguientes”. (se destaca)

En consonancia con lo anterior, el artículo 102 de la Ley 1474 de 2011
establece que, “contra el fallo con responsabilidad fiscal proferido en
audiencia proceden los recursos de reposición o apelación dependiendo
de la cuantía determinada en el auto de apertura e imputación”, y precisó
que “estos recursos se interpondrán en la audiencia de decisión y serán
resueltos dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir del día
siguiente a la sustentación del mismo”. (Se destaca)

De las aludidas normas, se desprende que en la audiencia de decisión la
parte interesada interpondrá el recurso de apelación y la sustentación

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de julio de 2013.
99

Expediente radicado nro. 31244.
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tendrá lugar dentro de los diez días siguientes, a lo que se agrega que la
Ley 1474 de 2011 introdujo un procedimiento verbal para el proceso de
responsabilidad fiscal, tal y como se desprende del artículo 97 y siguientes
de la mencionada ley.

En el caso concreto está probado que la audiencia de sustentación de los
recursos se programó y practicó el 5 de marzo de 2012 e incluso que el
apoderado del señor Abadía Campo intervino en la audiencia 100, por lo
que, era en dicha oportunidad que debía sustentarse de manera oral el
recurso de apelación, de manera que este reproche tampoco prospera.
6.4.3.5. Por último, sostuvo el recurrente que no se levantó el
fenecimiento de las cuentas como lo ordena el artículo 17 de la Ley 42 de
1993; sin embargo, como lo señaló el a quo, lo que dispone el artículo 17
de la Ley 42 de 1993 es que: “si con posterioridad a la revisión de cuentas
de los responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones
fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el
fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal”.

Por lo tanto, dicha disposición no establece que, para adelantar un
proceso de responsabilidad fiscal, se deba previamente levantar el
fenecimiento de la cuenta a través de un acto administrativo o proceder
a la revocatoria directa del acto que declaró el fenecimiento

En conclusión, estima la Sala que la parte recurrente no desvirtuó la
legalidad de los actos acusados, razones por las que será confirmada la
decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

6.4.4. Costas procesales en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA prevé que salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas y para su liquidación se tendrán en cuenta las normas del Código
General del Proceso.

100
Antecedentes proceso de responsabilidad fiscal.
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Demandante: Juan Carlos Abadía Campo

A su turno el artículo 365 del Código General del Proceso previó que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso, las cuales proceden cuando
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

En el caso concreto, no se condenará en costas en esta instancia, en la
modalidad de gastos procesales, por cuanto no se demostró su causación.
Lo anterior acorde con el numeral octavo del citado artículo 365 ibídem.

En lo concerniente a las agencias en derecho, comoquiera que la
Contraloría General de la República actuó por conducto de apoderado
debidamente constituido, se dará aplicación a lo previsto por el numeral
primero del artículo quinto del Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del 5 de
agosto de 2016101 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que
estableció las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
declarativos en general, y se impondrá a su favor y a cargo de la parte
actora el pago de la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015
por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la parte actora a pagar por concepto de

101
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente a favor de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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