Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2004-03513-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Proposición jurídica completa: la conforman el acto inicial y los que deciden los recursos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2004-03513-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2004-03513-02
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
9 de agosto de 2018
PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA – La conforman el acto inicial y los que deciden los recursos / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – No probada porque el acto que resolvió el recurso de reposición no le fue notificado a la demandante, luego no estaba obligada a demandarlo
En cuanto al segundo asunto planteado, relativo a que no se demandó el Auto 0007 del 4 de marzo de 1997, aunque confirmó el referido fallo disciplinario, en primer lugar se observa que se dictó con ocasión del recurso de reposición que presentó la Compañía de Seguros Bolívar, porque fue condenada solidariamente a responder por la suma de $6.494.211, en virtud de la póliza global de manejo N° 0019578. El recurso de reposición tuvo como fundamento que la póliza antes señalada no podía afectarse respecto de la declaratoria de responsabilidad fiscal realizada en el fallo del 3 de diciembre de 1996, argumento que fue plenamente aceptado por la Contraloría General de la República, que modificó la decisión antes señalada en el sentido de exonerar fiscalmente a la compañía de seguros. En segundo lugar resulta necesario destacar, que el mencionado auto, como también lo reconoció la entidad demandada fue notificado personalmente la demandante hasta el 19 de noviembre de 2004, lo cual se corrobora en el acta correspondiente. La anterior circunstancias es relevante, comoquiera que cuando la señora Gloría Sánchez presentó la demanda, esto es, el 17 de septiembre de 2004, aún no se le había notificado el referido auto, de manera tal que el mismo no le era oponible, y por consiguiente, tampoco podía exigírsele que lo demandara, pues no lo conocía, de allí que tampoco resulta razonable predicar que la demanda no fue presentada en forma por una indebida integración de la proposición jurídica objeto de censura (art. 138, inciso 4° del C.C.A.). Con lo anterior no desconoce la Sala que en virtud de los artículos 50 y 138 del C.C.A., la regla general consiste en que si el acto definitivo fue objeto de recursos, también deben demandarse las decisiones que lo confirmen o modifiquen, empero, en esta oportunidad debe considerarse que fue el mal manejo que la Contraloría General de la República le dio al caso de la peticionaria, respecto a la notificación de las decisiones adoptadas, el que ocasionó que aquélla al acudir a la administración de justicia, no conociera la decisión que modificó el fallo de responsabilidad fiscal, dicho de otro modo, fue la conducta de la accionada la que generó la situación que la misma en su momento planteó como inepta demanda.
RESPONSABILIDAD FISCAL – Elementos / FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Motivación / FALTA DE MOTIVACIÓN DE FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Al omitir el análisis de los argumentos de defensa del investigado / DERECHO DE DEFENSA – Garantía / DERECHO DE DEFENSA – Vulneración por Contraloría General de la República al no señalar de manera clara, precisa y pertinente las razones para desestimar los descargos
La omisión en el análisis de las razones de defensa invocadas al interior del proceso de responsabilidad fiscal, a juicio de la Sala denota la insuficiente motivación del acto acusado, y consecuentemente un desconocimiento del derecho al debido proceso de la peticionaria, en tanto la posibilidad que se le brindó a la misma, a través de su defensora de oficio, de exponer sus argumentos, no se limita a que se realizara un traslado para realizar los descargos correspondientes, sino sobre todo, que se analizaran de fondo las razones de hecho y derecho desarrolladas para desvirtuar la atribución de responsabilidad fiscal. En efecto, aunque el otorgar un espacio para el ejercicio del derecho a la defensa constituye un ámbito de protección del derecho al debido proceso, éste no se agota con tal garantía, pues resulta imperativo que el operador jurídico realice un análisis material de las razones que invoca el acusado, a fin de validar o desvirtuar las mismas ofreciendo argumentos suficientes, de lo contrario la decisión por la ausencia de motivación puede resultar arbitraria, infundada y por consiguiente contraria al ordenamiento jurídico. Con lo anterior en manera alguna se está indicado que la motivación de los actos administrativos necesariamente debe ser extensa, pero sí que las razones expuestas en los mismos sean pertinentes y claras frente a las decisiones adoptadas, máxime, cuando éstas implican la atribución de responsabilidad luego de surtido un proceso en el que se le brinda a la parte acusada la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, lo que implica un esfuerzo de la autoridad competente de valorar los argumentos desarrollados, de motivar por qué los mismos son o no acertados a luz del ordenamiento jurídico, de lo contrario tal decisión adolece de la motivación debida y por ende vulnera el derecho al debido proceso.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 50 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 135 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 76001-23-31-000-2004-03513-02
Actor: GLORIA INÉS SÁNCHEZ LONDOÑO
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia de segunda instancia.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 31 de agosto de 2012 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda
El 17 de septiembre de 2004, la señora Gloria Inés Sánchez Londoño, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Contraloría General de la República – Seccional Atlántico, por haberla declarado fiscalmente responsable por la suma de $6.494.211.
1.1. Pretensiones
Primera: Que se declare la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal N° 0872 del 3 de diciembre de 1996 expedido por la Contraloría General de la República – Seccional Atlántico.
Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la demandada a reconocer y pagar en favor de la señora Gloria Inés Sánchez Londoño, los perjuicios morales causados, que asciende a $359.000.000, a título de “daño moral y psicológico”
Tercera: Que “las condenas respectivas serán actualizadas en su valor, y devengarán intereses moratorios, en los términos de los artículos 177 y 178 del C.C.A.”.
2. Hechos
La demandante relató los siguientes:
2.1. Indicó que el 20 de marzo de 1992 se posesionó en el cargo de Profesional Universitario 3020-08 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF), en virtud del cual le correspondía realizar análisis microbiológicos de las materias primas recibas por la entidad e informar sobre aquellas que no reunieran las especificaciones técnica y sanitarias de calidad.
2.2. Señaló que la Fiduciaria La Previsora LTDA, en nombre del ICBF, celebró el contrato de suministro N° 010-017/92 con la Molinera El Dorado LTDA -MOLIDORADO-, a fin de que se entregaran 85 toneladas de harina de arroz.
Aseveró que según el contrato respectivo, si se llegare a encontrar deficiencias en la calidad del producto el mismo sería retirado por el proveedor dentro de los 3 días siguientes al aviso correspondiente por parte del ICBF.
2.3. Destacó que en ejecución del referido contrato, el 5 de mayo de 1992, suscribió el acta de recibo N° 5068, relativa a 640 bultos de harina de arroz, equivalentes a “31.730 kilos”, en la que indicó que “se recibe el producto en perfectas condiciones”.
2.4. Narró que con posterioridad procedió a realizar las pruebas de laboratorio sobre el suministro antes señalado, advirtiendo que no era apto para el consumo humano al estar afectado con el “Bacillus Céreus”, circunstancia de la cual informó mediante oficio del 25 de mayo de 1992 a la Jefe de División de la Planta de Bienestarina de Sabanagrande.
Añadió que su concepto fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud, en el marco del mismo contrato.
2.5. Subrayó que a pesar de la advertencia que realizó, la mencionada fiduciaria pagó la suma de $6.494.211 por el suministro del producto, lo que generó que se iniciaran varias investigaciones, como una de carácter disciplinario adelantada en su contra, que fue archivada según consta en el oficio N° 34193 del 18 de octubre de 1996 de la Jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias del ICBF.
2.6. Relató que por los mismos hechos, en el año 1994 la Contraloría General de la República, inició en su contra y de la señora Luz Ángela Cortés Casas, una investigación de carácter fiscal.
2.7. Señaló que la investigación antedicha finalizó con el fallo condenatorio N° 0872 del 3 de diciembre de 1996, el cual solo se le notificó personalmente el 20 de mayo de 2004.
Indicó que la anterior decisión la halló responsable, porque supuestamente a simple vista la harina de arroz suministrada se encontraba en mal estado.
Aseveró que el proceso fiscal se adelantó sin su participación y que para su defensa se nombró a un estudiante de derecho.
3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
3.1. Primer cargo: Expedición irregular por desconocimiento del derecho de defensa.
3.1.1. Argumentó que el proceso de responsabilidad fiscal se llevó a cabo sin su comparecencia pues nunca se le notificó en debida forma la existencia del mismo. Sostuvo que dicho trámite se adelantó a partir de edictos y otras formas de notificación que no fueron efectivas y por ende no conoció.
3.1.2. Agregó que de su defensa se responsabilizó a un estudiante de derecho cuyos esfuerzos fueron descalificados de “plano e inopinadamente”.
3.1.3. Reprochó que la decisión cuestionada se haya notificado más de 7 años después de iniciado el proceso de responsabilidad fiscal, lo que a su juicio demuestra la forma irregular y oculta en que se adelantó el mismo.
3.1.4. Alegó que las anteriores circunstancias revelan un claro desconocimiento del debido proceso, en desconocimiento de los artículos 29 de la Constitución, 72 de la Ley 4 de 1993 y 2 de la Ley 610 de 2000.
3.2. Segundo cargo: Existencia de trato discriminatorio manifiesto e injustificado.
3.2.1.1. Afirmó que el acto acusado da cuenta que el acta de entrega N° 5068 del 5 de mayo de 2002 fue firmada por ella y por su compañera de trabajo Luz Ángela Cortés Casas, quien fue exonerada de responsabilidad, en atención a “que efectivamente la complejidad de la situación relacionada con los bultos de harina de arroz, y, teniendo en cuenta la aplicación de sus funciones y procedimiento para detectar alguna deformación en la materia prima de la planta de producción, su estudio físico químico no conceptuaba el detectar orígenes bacterianos en la harina de arroz”.
3.2.1.2. Reprochó que no se le haya dado el mismo trato que a su compañera de trabajo, pues aunque respecto de la misma se consideró que no podía imputársele responsabilidad porque a primera vista no podía precisar la calidad del producto, en su caso se consideró todo lo contrario, y por consiguiente, se le reprochó que de entrada no advirtiera las deficiencias del suministro.
3.2.2. Agregó que firmó la referida acta de entrega en el entendido que se recibieron 640 bultos de harina de arroz, equivalentes a “31.062 kilos”, más no respecto de su calidad, pues para tal efecto se requieren los exámenes de laboratorio pertinentes, en virtud de los cuales con posterioridad advirtió e informó que lo suministrado no era apto para el consumo humano.
3.3. Tercer cargo: Falsa motivación
3.3.1. Subrayó que el acto censurado indicó que contaba con los elementos técnicos y de laboratorio para detectar los orígenes bacterianos de la harina de arroz, pero omitió por completo reconocer y valorar que fue ella, en virtud de los estudios que efectuó, quien informó mediante oficio del 25 de mayo de 1992, acerca de la defectuosa calidad del material recibido.
3.4. Cuarto cargo: “Prescripción de la responsabilidad fiscal”
3.4.1.1. Luego de transcribir el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, según el cual la responsabilidad fiscal prescribirá en 5 años, contados a partir del auto de responsabilidad fiscal, sin que en dicho término no se dicta providencia en firme que la declare, señaló que el acto cuya nulidad se pretende quedó en firme el 27 de mayo de 2004, 5 días hábiles después de habérsele sido notificado personalmente, y que el 26 de febrero de 1996 se le corrió traslado frente a la investigación iniciada en su contra.
3.4.1.2. Lo anterior para ilustrar, que desde la imputación hasta la firmeza del fallo de responsabilidad fiscal, transcurrieron 8 años, 2 meses y 29 días, por lo que claramente tuvo lugar la prescripción.
3.5. Perjuicios reclamados. Precisó que la estimación de los perjuicios morales obedece a la afectación que sufrió su buen nombre y trayectoria profesional con ocasión a la decisión censurada, sobre todo cuando de su trabajo depende la subsistencia de su núcleo familiar. Añadió que trabaja en como bacterióloga en el Instituto Colombiano Agropecuario, “donde percibe mensualmente un ingreso de apenas $1.201.685”.
4. Actuaciones Procesales
4.1. Admisión de la demanda
4.1.1. Inicialmente la demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 14 de octubre de 2004, pero posteriormente la misma autoridad declaró la nulidad de todo lo actuado el 2 de septiembre de 2005, porque a su juicio el asunto debía ser conocido por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
La anterior decisión fue apelada por la demandante ante el Consejo de Estado – Sección Primera, que mediante auto del 15 de febrero de 2007, consideró que la situación de nulidad fue subsanada porque no fue invocada por la Contraloría.
4.1.2. En virtud de lo anterior, mediante auto del 30 de marzo de 2007, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y dispuso su notificación a la Contraloría General de la República – Seccional Atlántico y a la Compañía de Seguros La Previsora S.A.
En cuanto a dicha sociedad, teniendo en cuenta que el acto acusado, el fallo de responsabilidad fiscal N° 0872 del 3 de diciembre de 1996, en su parte resolutiva dispuso:
“PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal contra GLORIA INÉS SÁNCHEZ LONDOÑO, identificada con cédula de ciudanía (….), por la suma de seis millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos once pesos moneda legal colombiana $6.494.211.oo; en consideración a la parte motiva de la presente providencia y, solidariamente a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., fundamentado en la póliza global de manejo N° 0019578, siendo el valor asegurado la suma de cincuenta millones de pesos M.L. ($50.000.000)” (Destacado fuera de texto).
4.1.3. Contra la anterior decisión la mencionada compañía de seguros interpuso recurso de reposición, argumentando que el fallo de responsabilidad fiscal N° 0872 del 3 de diciembre de 1996, fue modificado por el Auto 0007 del 4 de marzo de 1997 de la Contraloría General de la República – División de Juicios Fiscales – Seccional Atlántico, en el sentido de “exonerar fiscalmente a la compañía de seguros LA PREVISORA S.A. por los hechos que responsabilizaron”.
Destacó que el auto antes señalado se dictó en virtud del recurso de reposición que presentó La Previsora S.A. contra el fallo de responsabilidad fiscal.
4.1.4. A través de auto del 4 de abril de 2008, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó del auto admisorio de la demanda del 30 de marzo de 2007, la orden de notificar a la Compañía de Seguros La Previsora S.A.
Lo anterior, debido que “los motivos por los cuales se vinculó de forma oficiosa a la Previsora S.A desaparecieron al proferirse el Auto N° 0007 de marzo 4 de 1997”.
4.2. Contestación de la demanda
4.2.1. La Contraloría General de la República se opuso a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
4.2.1.1. En primer lugar formuló como excepción la ineptitud sustantiva de la demanda por no controvertir el acto complejo, en tanto las pretensiones estuvieron dirigidas contra el fallo responsabilidad fiscal N° 0872 del 3 de diciembre de 1996, pasando por alto que el mismo fue modificado por el Auto 0007 del 4 de marzo de 1997, que no fue demandando.
Indicó que las anteriores decisiones conforman un acto administrativo complejo, por lo que debieron controvertirse en su totalidad, lo cual no ocurrió, lo que impide que la jurisdicción por su carácter rogado dicte fallo de fondo.
4.2.1.2. En cuanto al relato de los hechos de la accionante precisó las siguientes circunstancias:
Que el acta de entrega del producto que suscribió la peticionaria, no contiene aclaración alguna que pueda dar a entender que únicamente se refirió al exterior de lo suministrado.
Que es cierto que la demandante mediante oficio del 25 de mayo de 1992 indicó que la harina de arroz no se encontraba en buenas condiciones, pero también lo es que ella reconoció que tal análisis lo realizó con reactivos vencidos, lo que constituye una conducta irresponsable.
Que además de la anterior situación se tuvo en cuenta para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, que debido a la forma como actuó la demandante los sacos de harina de arroz permanecieron durante mucho tiempo en bodega, generando un riesgo de contaminación para las restantes materias primas.
4.2.1.3. Respecto al presunto desconocimiento del debido proceso, hizo un recuento de las principales actuaciones al interior del trámite de responsabilidad fiscal, destacando que las decisiones adoptadas se intentaron notificar personalmente a la demandante, enviando las citaciones respectivas a las direcciones que se lograron establecer. En tal sentido destacó, que según la declaración de la señora Luz Ángela Cortés, la demandante estaba domiciliada en Buga, por lo que se efectuaron despachos comisorios a la Gerencia de Departamental del Valle del Cauca para lograr la notificación personal, que no pudo lograrse, de manera tal que las determinaciones correspondientes como la apertura del juicio y el fallo, se dieron a conocer por edicto.
Agregó que en representación de la accionante se designó un apoderado de oficio para que velara por sus intereses, quien rindió descargos el 19 de julio de 1996 y solicitó algunas pruebas.
Precisó que al realizarse el cobro ejecutivo del fallo de responsabilidad fiscal, y con el ánimo de velar porque el título ejecutivo esté debidamente notificado, se intentó nuevamente notificar de manera personal aquél y el auto Auto 0007 del 4 de marzo de 1997, lo cual se logró el 20 de mayo y 19 de noviembre de 2004 respectivamente.
En ese orden subrayó que “se debe tener en cuenta que las actuaciones que la administración realizó, como fueron las notificaciones por edicto se dejaron sin efecto, tal como se encuentra escrito en la parte posterior del fallo con responsabilidad fiscal, del cual anexo copia auténtica, todo esto tendiente a garantizar que la interesada se notificara personalmente y ejerciera su derecho a la defensa”.
Lo expuesto para ilustrar que contrario a lo que indicó el libelo introductorio, a la demandante se le garantizó el derecho al debido proceso.
4.2.1.4. En cuanto al presunto trato discriminatorio, sostuvo que “no se puede catalogar el mismo grado de responsabilidad de las dos funcionarias, toda vez que Gloria Inés Sánchez Londoño, se desempeñaba como Profesional Universitario 3020 Grado 08, Jefe de Control de calidad, y tal como se evidencia en el manual de funciones (el cual obra en el proceso de responsabilidad fiscal), Luz Ángela Cortés Casas, era la encargada de la elaboración de análisis físico-químicos a las muestras tomadas, es decir, estaba bajo supervisión de la encargada de control de calidad, quien continuaba los trámites, una vez se obtuviese un resultado de laboratorio defectuoso”.
Añadió que la demandante era la encargada de informar sobre la defectuosa calidad de los productos, lo cual hizo 20 días después de entregados, hecho que impidió “dar cumplimiento a lo señalado en el contrato de suministro cláusula quinta que señalaba, “que el requisito para cancelar el saldo era recibir la harina mediante acta en la planta del Instituto, ubicada en Sabanagrande (Atlántico), lo cual tendría que diligenciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a cada entrega parcial …” por lo tanto el resultado salió en una fecha fuera del término exigido”.
4.2.1.5. Arguyó que la decisión censurada no incurrió en falsa motivación, pues se sustentó en los hechos probados como consecuencia del debido agotamiento de cada una de las etapas del proceso de responsabilidad fiscal, además que se tuvieron en cuenta todos los argumentos expuestos por las partes.
4.2.1.6. Precisó que para la época de los hechos regía la Ley 42 de 1993 y no la 610 de 2000 que estableció un término de prescripción para el juicio de responsabilidad fiscal.
Sostuvo que bajo la Ley 42 de 1993 el proceso de responsabilidad se dividía en 2 etapas, investigación y juicio. Indicó que frente a la primera la ley estableció un término de 2 años desde la ocurrencia de los hechos para dar apertura al proceso, pero frente a la segunda no se previó plazo alguno.
Aseveró que sobre el particular no resultaba aplicable el término de caducidad de 3 años del C.C.A., porque “la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción, se trata de un trámite administrativo con fines resarcitorios”, como lo precisó la Oficina Jurídica de la Contraloría General del República, en el concepto OJ 2392 del 8 de septiembre de 2003.
4.2.1.7. Finalmente, frente a los perjuicios morales afirmó que la demandante en manera alguna los acreditó, y por el contrario dio cuenta que se encontraba ejerciendo su profesión, por lo que no se ha vista afectado su desempeño laboral.
4.3. Providencias relevantes dictadas con posterioridad a la admisión de la demanda.
4.3.1. Por medio de auto del 13 febrero de 2009 se dio apertura a la etapa probatoria, para lo cual se tuvieron como pruebas los documentos aportados por las partes y se decretaron las solicitadas por éstas.
4.3.2. Mediante auto del 13 de julio de 2009 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.
4.4. Alegatos de conclusión
4.4.1. La demandante además de reiterar las razones expuestas en la demanda argumentó lo siguiente:
4.4.1.1. Aseveró que de manera desleal y contraria a la buena fe la Contraloría General de la República alegó la excepción de inepta demanda porque no se solicitó la nulidad del Auto 0007 del 4 de marzo de 1997, a pesar de las siguientes circunstancias:
La Contraloría indicó que la decisión antes señalada supuestamente se notificó el 19 de noviembre de 2004, esto es, después de presentada la demanda objeto de estudio del 17 de septiembre del mismo año, por lo que mal puede reprochar que una decisión fundamental no fue incluida en el libelo introductorio, cuando ni siquiera la había dado a conocer cuando se radicó éste.
La parte accionada al notificar personalmente el fallo de responsabilidad fiscal del 20 de mayo de 2004, debió darle a conocer el referido auto, sobre todo cuando se había dictado con más de 7 años de antelación, pero no lo hizo, por lo que estima fue ocultado deliberadamente y posteriormente ventilado en el proceso judicial, situación que a su juicio revela una vez más la manera irregular en la que ha actuado la Contraloría General de la República.
Como el fallo sancionatorio fue dictado en el año 1996 y contra el mismo no interpuso recurso de reposición, no tenía que suponer la existencia de otra decisión que confirmara la sanción, y menos aún que aquélla se había dictado hace 7 años.
En estricto sentido el Auto 0007 del 4 de marzo de 1997 no tiene relación con la declaratoria de su responsabilidad, pues únicamente se pronunció frente a la compañía aseguradora recurrente, en el sentido de exonerarla.
Por las anteriores razones consideró que la referida excepción no tiene vocación de prosperidad.
4.4.1.2. Indicó que en el trámite de responsabilidad fiscal se le debió asignar un defensor de la lista de abogados auxiliares de la justicia, porque la Corte Constitucional en los juicios fiscales avaló (no indicó en qué providencia) la participación de los estudiantes de derecho para los casos de personas con bajos recursos, que no es lo mismo que ausentes.
4.4.1.3. Manifestó que como el fallo de carácter fiscal fue condenatorio, el mismo debió ser consultado a la luz de las leyes 42 de 1993 y 640 de 2000, lo cual no sucedió.
4.4.1.4. Arguyó que la notificación personal de la decisión cuya nulidad se pretende, 7 años después de haber sido dictada, “solo para revivir un acto decaído de acuerdo al C.C.A., constituye dentro del trámite un(a) violación al debido proceso”.
4.4.1.5. Aseveró que en el proceso de responsabilidad fiscal no hubo prueba de su actuar doloso o gravemente culposo, lo que constituye un requisitos para declarar aquélla.
4.4.1.6. Indicó que en virtud de la decisión controvertida se le embargó su automotor que constituye su único patrimonio, se le ha sometido a la zozobra de un nuevo proceso judicial y se le incluyó en el boletín de responsables fiscales, lo cual le ha significado situaciones de angustia y dolor, que deben ser valoradas por el juez conforme a las reglas de la experiencia para establecer el monto de los perjuicios morales.
4.4.2. La Contraloría General de la República alegó de conclusión reiterando las razones que expuso al contestar la demanda:
4.4.3. El Ministerio Público guardó silencio.
4.5. Sentencia impugnada
En sentencia del 31 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto acusado y negó las demás pretensiones de la demanda. Lo anterior, por las siguientes razones:
4.5.1. En cuanto a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda consideró que no tiene vocación prosperidad, “toda vez que, al contrario de lo sostenido por la entidad demandada el Auto N° 007 del 4 de marzo 1997, resuelve un recurso de reposición interpuesto por la Compañía Seguros LA PREVISORA S.A., de suerte que en el caso de la actora, el único acto enjuiciable era el contenido en el Fallo N° 0872 de diciembre 3 de 1996”.
4.5.2. Respecto a la prescripción de la responsabilidad fiscal que la demandante invocó con fundamento en la Ley 610 de 2000, indicó que ésta no podía ser aplicada, pues el juicio fiscal inició y finalizó antes de la vigencia de la norma antes señalada, por lo que se rigió en su integridad bajo la Ley 42 de 1993.
Indicó que pese a que el fallo de responsabilidad fiscal fue notificado a la peticionaria por edicto ante la imposibilidad de darlo a conocer personalmente, lo cierto es que con el fin de adelantar el juicio coactivo correspondiente se procedió a notificarlo de manera personal 8 años después de emitido.
Señaló que el “hecho que se hubiera realizado nuevamente la notificación de la providencia que contenía el fallo con responsabilidad, aunque es una actuación irregular, no implica que hubiera operado el fenómeno de la prescripción, el que por la época en que se adelantó el procedimiento, era recogido por el Código Penal vigente, contenido en el Decreto Ley 100 de 1980, que establecía un plazo de cinco años. La investigación respectiva, en este caso, se inició el 16 de marzo de 1994, por hechos sucedidos en mayo de 2002 (sic), y la misma terminó en diciembre de 1996”.
Agregó “que la referida anormalidad tampoco constituye un vicio que afecte la legalidad del acto que contiene el fallo con responsabilidad, pues lo que derivó como consecuencia fue la habilitación de los términos para que la actora pudiera acudir a controvertir su legalidad ante esta jurisdicción, lo que efectivamente hizo a través de la acción interpuesta”.
4.5.3. En cuanto a la violación del derecho a la defensa aseveró que no se advierte su desconocimiento, pues se adelantaron las gestiones pertinentes para ubicar a la demandante pero las mismas fueron infructuosas, además se procedió a nombrar en su favor un defensor de oficio conforme al artículo 80 de la Ley 42 de 1993, quien se pronunció frente a los cargos formulados.
4.5.4. No obstante lo anterior consideró que sí existió una violación al debido proceso, toda vez que los alegatos que realizó el defensor de oficio mediante el escrito de descargos no fueron analizados por la Contraloría General de la República, quien tampoco tuvo en cuenta que la demandante dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra por el ICBF fue exonerada, en atención a que el pago fue realizado por la entidad fiduciaria sin esperar el diagnóstico de laboratorio sobre el producto entregado.
Añadió que el acto cuya nulidad se pretende no contiene ningún estudio sobre el referido contrato de suministro, que de haberse emprendido habría revelado que en su cláusula segunda estableció que si el producto se entregaba en estado defectuoso sería reemplazado por el proveedor por otro de mejor calidad, de manera tal que el mencionado contrato “permitía deducir que sólo después de practicados los exámenes de laboratorio a los productos entregados, tal como lo establecía la mencionada cláusula SEGUNDA, se procedería al pago en los términos de la cláusula QUINTA”.
En ese orden de ideas consideró que la decisión controvertida “adolece de indebida motivación, y además de una falsa sustentación ya que el detrimento patrimonial investigado no era imputable a la actora”.
4.5.5. Pese que a estimó que debía declarar la nulidad del acto administrativo demandado, precisó que no hay lugar al reconocimiento de indemnización de perjuicios porque no fueron acreditados.
4.6. Recurso de apelación
La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia en cuanto declaró la nulidad del acto administrativo censurado, para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones formuladas. Para tal efecto expuso los siguientes argumentos:
4.6.1. Luego de reiterar las razones por las cuales se declaró la responsabilidad fiscal de la demandante y afirmar que se adelantaron las gestiones pertinentes para notificarle las decisiones adoptadas, reprochó que el A quo considerara que el acto acusado adolece de indebida o falsa motivación sin desarrollar en qué consiste, pues se limitó a indicar que no se estudiaron algunos de los argumentos del defensor de oficio y que no se tuvo en cuenta la investigación disciplinaria adelantada contra la peticionaria.
Sobre el particular cuestionó que el Tribunal indicara que no se estudiaron las razones expuestas por el referido defensor, sin precisar cuáles fueron, y que por el contrario, que del análisis del acto administrativo acusado se advierte que el mismo sí se pronunció sobre el particular, al precisar que la demandante contaba con elementos y conocimientos suficientes para establecer la calidad de la materia prima para la elaboración de la bienestarina, y que la falta imputada estaba estrechamente relacionada con el ejercicio de sus funciones.
A renglón seguido destacó a partir de algunas consideraciones de la sentencia SU-620 de 1996, que la responsabilidad fiscal es distinta a la disciplinaria, por lo que es posible que frente a una misma conducta se configure una y la otra no.
En ese orden indicó que si bien en la investigación disciplinaria adelantada contra la demandante se estableció que no había responsabilidad, en el juicio fiscal se concluyó que existió un detrimento patrimonial “por la falta de un control efectivo en las materias primas ingresadas para la fabricación de Bienestarina, cuando la señora SÁNCHÉZ LONDOÑO tenía el deber y la capacidad para determinar el buen estado de estas”.
4.6.2. Consideró que como no se reconocieron los perjuicios invocados por la demandante, al no estar acreditados, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no “era el camino procesal idóneo para que fuese ventilado el derecho presuntamente conculcado”.
4.6.3. Afirmó que aunque la peticionaria estimó que los derechos a la defensa y el debido proceso fueron vulnerados, no expuso de manera clara las razones de tal situación.
Agregó que la protección de tales derechos no implica que deba accederse automáticamente a las pretensiones de la demanda.
4.6.4. Concluyó que “no hay vestigio de falsa motivación, por cuanto se respetó el debido proceso, el derecho de defensa de la demandante, se tuvieron en cuenta los argumentos presentados por su apoderada de oficio y se le respondió y señaló todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad en su contra”.
4.7. Trámite de segunda instancia
4.7.1. Luego de haber sido concedida la apelación por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 21 de enero de 2013, la misma fue admitida a través de auto del 5 de septiembre 2013 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
4.7.2. Posteriormente, el Consejero Ponente el 1° de noviembre de 2013 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión.
4.7.2.1. La Contraloría General de la República reiteró los argumentos del escrito de apelación.
4.7.2.2. La parte demandante alegó de conclusión en los siguientes términos:
Indicó que acertadamente el juez de primera instancia consideró que al interior del proceso de responsabilidad fiscal no se tuvieron en cuenta los argumentos del defensor de oficio que se le asignó, el cual acreditó que el acta de recibido del producto sólo se refería a las condiciones externas del mismo, y que no podía predicarse que hacía alusión a las condiciones microbiológicas, porque ello no puede establecerse a primera vista.
Asimismo destacó que tampoco se valoró el contrato de suministro y por ende, las obligaciones a cargo del proveedor de la mercancía cuando esta era defectuosa.
Indicó que también debe considerarse que no ordenó el gasto ni tampoco tenía la facultad para disponer el pago de la mercancía, por lo que no puede responder por la ligereza de quienes efectuaron éste sin conocer los resultados de las pruebas de laboratorio sobre la calidad del producto. También insistió en que no se valoró adecuadamente el hecho de que fue exonerada en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra.
Afirmó que sólo ella fue declarada responsable fiscalmente, en un juicio en el que estuvo ausente y las decisiones adoptadas se notificaron únicamente a partir de edictos.
Reiteró que el fallo fiscal se le notificó 8 años después de emitido, y que el asunto relacionado con la presente controversia lleva más de 20 años sin que definitivamente se imparta justicia.
Solicitó que se disponga la indemnización por los perjuicios morales causados, o al menos que se le ordene a la Contraloría General de la República excusarse públicamente para que los hechos que dieron lugar al acto acusado no vuelvan a repetirse.
También requirió que se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura, para que investigue “la actitud meramente dilatoria del apoderado de la parte demanda (sic) en este proceso con la presentación de la apelación que puede ser apedillada (sic) de cajonera y que lesiona gravemente el acceso a la justicia de la señora GLORIA INÉS SÁNCHEZ LONDOÑO sometida por más de 21 años al abuso de la Contraloría General de la República”.
4.7.2.3. El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1° del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.
2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la providencia del 31 de agosto de 2012 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:
2.1. ¿Hay lugar a declarar las excepciones de caducidad de la acción, o de ineptitud sustantiva de la demanda porque no se solicitó la nulidad del Auto 0007 del 4 de marzo de 1997?
2.2. ¿El hecho que se haya negado la indemnización de perjuicios solicitada por la parte actora, hace improcedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?
2.3. ¿El fallo de responsabilidad fiscal N° 0872 del 3 de diciembre de 1996 expedido por la Contraloría General de la República – Seccional Atlántico, en garantía del derecho al debido proceso se pronunció sobre los principales motivos de inconformidad que expuso la defensora de oficio en favor de la demandante dentro del trámite administrativo?
Ahora bien, antes de resolver los problemas jurídicos planteados, se estima necesario realizar algunas consideraciones sobre la competencia de esta Sala de decisión como juez de segunda instancia, teniendo en cuenta que el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sólo fue apelado por la Contraloría General de la República, y que la parte accionante en los alegatos de conclusión ante el Ad quem insistió en el reconocimiento de la indemnización de perjuicios que le fue negada y en otros aspectos que fueron desestimados por el A quo.
3. Caso concreto
3.1. Sobre los asuntos susceptibles de análisis en segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “(l)a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
En el presente caso la Contraloría General de la República es apelante único, razón por la cual la Sala se ocupará solamente de los reparos concretos de la alzada.
Se destaca lo anterior, porque la demandante al alegar de conclusión insistió en que se condene a la parte accionada al pago de perjuicios morales con ocasión de los actos demandados, a pesar que dicha pretensión fue negada y contra la misma no presentó el recurso de apelación, motivo por el cual no hizo uso de la oportunidad que le concede la ley para controvertir dicha decisión.
La misma conclusión se predica de la petición subsidiaria que realizó de condenar a la demandada a ofrecer excusas, a lo cual habría que añadir, que tal solicitud ni siquiera fue realizada en la demanda, motivo por el cual no constituye un asunto que se haya ventilado oportunamente en el trámite, ni es susceptible de analizarse al resolver el recurso de apelación, que se insiste, se circunscribe a los reparos expuestos por la Contraloría General de la República, toda vez “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.
En consonancia con lo aquí expuesto, vale la pena destacar que la parte demandante en sus alegatos de conclusión en segunda instancia insistió como motivo de nulidad del acto demandado, en presuntas irregularidades al interior del trámite administrativo en el que se profirió aquél, aspecto que fue desestimado en el fallo del Tribunal Administrativo del Valle de Cauca y contra el cual se reitera la peticionaria no interpuso recurso de apelación, por lo que no resulta válido que insista en el análisis del tal asunto en esta etapa.
Del mismo modo tampoco se advierte mérito alguno para reprochar el hecho de que la Contraloría General de la República apelara la sentencia adversa a sus intereses, pues tal actuación corresponde al legítimo derecho que le asiste de acceder a la administración de justicia en segunda instancia, de manera tal que no se comparten sobre el particular las apreciaciones que realizó la parte demandante atinentes a la interposición del recurso de alzada.
3.2. Resolución del primer problema jurídico – De la oportuna presentación de la demanda y del acto objeto de control
3.2.1. Aunque lo relativo al ejercicio oportuno de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ni la aptitud de la demanda objeto de estudio fueron materia de apelación por la Contraloría General de la República, estima la Sala necesario verificar tales asuntos en atención a que constituyen presupuestos que debe verificar de manera oficiosa el juez administrativo, sobre todo en un caso como el de autos en el que el acto censurado data del 3 de diciembre de 1996 y la parte actora acudió a la jurisdicción en el año 2004, y cuando aquél fue modificado por el Auto 0007 del 4 de marzo de 1997, cuya nulidad no se solicitó.
3.2.2. En cuanto al primer asunto se tiene del análisis del fallo de responsabilidad fiscal del 3 de diciembre de 1996, en especial, de las anotaciones que contiene el mismo sobre su notificación, así como de los antecedentes que dieron lugar al mismo y al proceso coactivo respectivo, que dicha notificación en cuanto a la señora Gloria Inés Sánchez Londoño se intentó realizar en varias oportunidades mediante edicto, pero también que la Contraloría dejó sin efecto tales notificaciones, porque estimó que con anterioridad no se procuró en debida forma realizar la notificación personal (que debe intentarse antes de dar a conocer la decisión por edicto), como también lo reconoció expresamente al contestar la demanda (numeral 4.2.1.3. del acápite de antecedentes).
En ese orden la demandante y la demandada coinciden en que el referido fallo disciplinario se notificó en debida forma en la diligencia de notificación personal del 20 de mayo de 2004, en la que se evidencia se hizo entrega de aquél. Se destaca que del acta correspondientes no se observa que se haya dado a conocer una decisión adicional a la antes señalada.
Por lo tanto, como la decisión controvertida se notificó personalmente el 20 de mayo de 2004, se tiene que la peticionaria presentó la demanda objeto de estudio oportunamente el 17 de septiembre de 2004, esto es, dentro de los 4 meses que concede el numeral 2° del artículo 136 del C.C.A. para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.2.3. En cuanto al segundo asunto planteado, relativo a que no se demandó el Auto 0007 del 4 de marzo de 1997, aunque confirmó el referido fallo disciplinario, en primer lugar se observa que se dictó con ocasión del recurso de reposición que presentó la Compañía de Seguros Bolívar, porque fue condenada solidariamente a responder por la suma de $6.494.211, en virtud de la póliza global de manejo N° 0019578.
El recurso de reposición tuvo como fundamento que la póliza antes señalada no podía afectarse respecto de la declaratoria de responsabilidad fiscal realizada en el fallo del 3 de diciembre de 1996, argumento que fue plenamente aceptado por la Contraloría General de la República, que modificó la decisión antes señalada en el sentido de exonerar fiscalmente a la compañía de seguros.
En segundo lugar resulta necesario destacar, que el mencionado auto, como también lo reconoció la entidad demandada fue notificado personalmente la demandante hasta el 19 de noviembre de 2004, lo cual se corrobora en el acta correspondiente.
La anterior circunstancias es relevante, comoquiera que cuando la señora Gloría Sánchez presentó la demanda, esto es, el 17 de septiembre de 2004, aún no se le había notificado el referido auto, de manera tal que el mismo no le era oponible, y por consiguiente, tampoco podía exigírsele que lo demandara, pues no lo conocía, de allí que tampoco resulta razonable predicar que la demanda no fue presentada en forma por una indebida integración de la proposición jurídica objeto de censura (art. 138, inciso 4° del C.C.A.).
Con lo anterior no desconoce la Sala que en virtud de los artículos 50 y 138 del C.C.A., la regla general consiste en que si el acto definitivo fue objeto de recursos, también deben demandarse las decisiones que lo confirmen o modifiquen, empero, en esta oportunidad debe considerarse que fue el mal manejo que la Contraloría General de la República le dio al caso de la peticionaria, respecto a la notificación de las decisiones adoptadas, el que ocasionó que aquélla al acudir a la administración de justicia, no conociera la decisión que modificó el fallo de responsabilidad fiscal, dicho de otro modo, fue la conducta de la accionada la que generó la situación que la misma en su momento planteó como inepta demanda.
Añádase a lo expuesto, que en lo atinente a la responsabilidad fiscal de la demandante, a las razones que sustentaron la decisión en su contra, que son las controvertidas por aquélla mediante la acción objeto de estudio, el Auto 0007 del 4 de marzo de 1997 no realizó consideración o modificación alguna, pues se limitó a la exigibilidad póliza global de manejo N° 0019578.
Por las anteriores circunstancias, el hecho que dentro de los actos cuya nulidad se pretende no se haya incluido el auto antes señalado, no constituye un impedimento para revisar en segunda instancia la legalidad del fallo de responsabilidad fiscal del 3 de diciembre de 1996, y por consiguiente, para garantizar sobre el particular el derecho de acceso a la administración de justicia de la señora Gloria Inés Sánchez Lodoño.
3.3. Resolución del segundo problema jurídico
En el escrito de apelación la Contraloría General de la República consideró que “resulta improcedente la acción impetrada por la actora como quiera (sic) que no le fuera reconocido ningún resarcimiento, por cuanto no pudo probar la afectación patrimonial por ella alegada”.
Frente a este motivo de inconformidad de la demandada vale la pena recordar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, además de tener como propósito resarcir los daños causados como ocasión de los actos administrativos, constituye un mecanismo para controvertir la legalidad de los mismos, por lo que uno de sus objetivos principales es propiciar la discusión sobre su validez.
En ese orden, acertadamente la demandante planteó como primera pretensión la declaratoria de nulidad del fallo de responsabilidad fiscal dictado en su contra, y en segunda medida, que se le indemnice por los perjuicios morales y psicológicos que estima le causó tal decisión.
Aunque las anteriores pretensiones están relacionadas, cada una de ellas merece un análisis particular, pues como ocurrió en primera instancia en el caso de autos, puede que se acredite la ilegalidad de la decisión de la administración, pero que no se prueben los perjuicios reclamados, sin que esta segunda situación impida el análisis de validez ni haga improcedente la referida acción, pues se insiste, uno de sus propósitos principales es la revisión de la legalidad de las decisiones de la administración.
Dicho de otro modo, que el A quo haya estimado que los perjuicios morales y psicológicos no se probaron, en manera alguna impide que se dicte un pronunciamiento de fondo en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto en primera como en segunda instancia, frente a las razones por las cuales la demandante estima que un acto administrativo de carácter particular y concreto dictado en su contra, resulta contrario al ordenamiento jurídico.
Añádase a lo expuesto, que el fallo de responsabilidad fiscal como acto definitivo que es, pues le pone fin a la actuación administrativa correspondiente, constituye por excelencia la decisión susceptible de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de manera tal que en el caso de autos la señora Gloria Inés Sánchez Londoño, que fue la persona afectada con dicha decisión, acertadamente eligió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la presunción de legalidad de aquélla.
En conclusión, no hay lugar a considerar que el medio de protección antes señalado es improcedente para anular el fallo de responsabilidad fiscal N° 0872 del 3 de diciembre de 1996, como lo sostuvo la demandada, que sobre el particular se limitó a destacar que en primera instancia se negó la pretensión de indemnización contenida en el libelo introductorio.
3.4. Resolución del tercer problema jurídico – sobre la motivación del acto acusado
Esclarecidos los anteriores aspectos, corresponde a la Sala verificar si el fallo de responsabilidad fiscal N° 0872 del 3 de diciembre de 1996 expedido por la Contraloría General de la República – Seccional Atlántico, se pronunció sobre los principales motivos de inconformidad que expuso la defensora de oficio de la demandante dentro del trámite administrativo.
Lo anterior, porque mientras ésta y el A quo estiman que la demandada incurrió en falta de motivación al no pronunciarse sobre las razones expuestas por la defensora de oficio, la Contraloría en la apelación interpuesta sostiene todo lo contrario, y por ende, que el acto acusado se encuentra debidamente motivado.
Para resolver el problema planteado, resulta necesario precisar cuáles fueron las razones que expuso la defensora de oficio de la accionante al interior del proceso de responsabilidad fiscal y qué dijo sobre el particular el fallo cuya nulidad se pretende, a fin de establecer a quién le asiste la razón.
Comenzando por los argumentos de la defensora de oficio, del escrito de descargos del 19 de julio de 1996, se destaca que aquélla argumentó:
1. La señora Gloria Inés Sánchez Londoño no es sujeto de responsabilidad fiscal, en la medida en que no se advierte que administre o maneje recursos públicos, en ese orden consideró que la Contraloría carecía de competencia para investigarla y responsabilizarla fiscalmente. Añadió que si existió alguna irregularidad en los hechos materia de análisis, tal le correspondía verificarla a la autoridad disciplinaria.
En tal sentido hizo énfasis que la señora Sánchez sólo debía realizar exámenes físicos y químicos de la materia prima que llegaba al ICBF.
2. Argumentó que el acta de recibido a satisfacción que suscribió la señora Sánchez tiene carácter provisional, pues por cuestiones de tiempo era imposible tomar muestras y revisar cerca de 640 bultos de harina de arroz.
En ese orden alegó que se debía realizar una aplicación lógica de las cláusulas del contrato de suministro, por lo que no resulta exigible que al momento de la entrega del producto se certificara plenamente la calidad del mismo, pues tal aspecto “encierra una actividad seria y compleja, por lo tanto no puede estar sujeto a la escasez de tiempo con que se cuenta, cuando llega el camión de 640 bultos”.
3. Afirmó que “analizando el contrato de suministro suscrito entre la previsora y el proveedor, encontramos que en caso de encontrarse irregularidades en algunas de las entregas, deberá dejarse constancia mediante acta para proceder al retiro de la correspondiente mercancía por el proveedor, después de 5 días de la notificación. Además el proveedor tiene la obligación de constituir una garantía en la cual avala el control de calidad por el 50% del producto y con vigencia de dos meses a partir de cada entrega. La funcionaria imputada por presunta responsabilidad, notifica al respectivo funcionario competente del daño en las materias primas, en un lapso de 20 días, apenas el prudente para realizar estudios y obtener resultados, en ese entonces ya se había presentado reclamación de pago, ante la Previsora, apenas con soporte en un acta de recibo, que como se ha explicado tenía el carácter de provisional por razones de tiempo, modo y lugar. Es decir se hizo reclamación de pago, casi en forma inmediata, teniendo un plazo de dos meses para hacer válida la garantía de control de calidad al proveedor; no se esperó un resultado efectivo de control de calidad”.
En ese orden indicó que la señora Gómez lo único que hizo fue cumplir con las obligaciones a su cargo, y que no pueden imputársele los hechos relacionados con la manera apresurada en la que se exigió el pago de la mercancía entregada.
4. Indicó que sería responsable si no hubiera notificado que la harina de arroz se encontraba en mal estado, y que aún bajo tal hipótesis que no tuvo lugar, sería responsable disciplinaria más no fiscalmente.
Agregó que en el caso de que la mercancía se hubiere dañado en la bodega, “se trata de un caso fortuito y la función de control de calidad es realizar exámenes que determinen precisamente las condiciones del producto“.
Por su parte, el acto acusado, además de indicar que durante la investigación efectuada se determinó que las señoras Luz Ángela Cortés Casas y Gloria Inés Sánchez Londoño, certificaron el recibo de 640 bultos de harina de arroz en buenas condiciones, y que posteriormente se estableció que el producto no era apto para el consumo humano, respecto de los argumentos arriba expuestos simplemente indicó:
“En relación con los argumentos jurídicos fiscales de la apoderada de oficio de Gloría Inés Sánchez Londoño, Dra. Mónica Vásquez Alfaro, dentro de su dicho, no se logra desvirtuar probatoriamente la no responsabilidad en contra de su defendida, toda vez que dentro del procedimiento y desarrollo de funciones de la exfuncionaria, contaba con los elementos técnicos y de laboratorio para detectar los origen bacterianos de la harina de arroz que ingresaban a la Planta de Bienestar en el cumplimiento por parte de la empresa molinera el dorado ltda., de la fiducia que manejó el pago, como fue La Previsora S.A., y, en consecuencia, la providencia fiscal así lo señala”.
El anterior párrafo, constituye la única referencia concreta contenida en el acto acusado frente a los argumentos expuestos por la defensora de oficio de la señora Gloria Inés Sánchez Londoño, del cual no se advierte análisis alguno frente asuntos como la condición de sujeto pasivo de responsabilidad fiscal que se controvirtió, en atención a que la exfuncionaria no manejaba ni administraba recursos públicos; ni tampoco respecto a las razones que se expusieron para considerar que el recibido de la mercancía entregada era provisional y no definitivo, por lo que a partir del mismo no podía considerarse que incumplió con sus funciones, sobre todo cuando fue ella quien con posterioridad dio cuenta de que la harina de arroz no era apta para el consumo humano.
La omisión en el análisis de las razones de defensa invocadas al interior del proceso de responsabilidad fiscal, a juicio de la Sala denota la insuficiente motivación del acto acusado, y consecuentemente un desconocimiento del derecho al debido proceso de la peticionaria, en tanto la posibilidad que se le brindó a la misma, a través de su defensora de oficio, de exponer sus argumentos, no se limita a que se realizara un traslado para realizar los descargos correspondientes, sino sobre todo, que se analizaran de fondo las razones de hecho y derecho desarrolladas para desvirtuar la atribución de responsabilidad fiscal.
En efecto, aunque el otorgar un espacio para el ejercicio del derecho a la defensa constituye un ámbito de protección del derecho al debido proceso, éste no se agota con tal garantía, pues resulta imperativo que el operador jurídico realice un análisis material de las razones que invoca el acusado, a fin de validar o desvirtuar las mismas ofreciendo argumentos suficientes, de lo contrario la decisión por la ausencia de motivación puede resultar arbitraria, infundada y por consiguiente contraria al ordenamiento jurídico.
Con lo anterior en manera alguna se está indicado que la motivación de los actos administrativos necesariamente debe ser extensa, pero sí que las razones expuestas en los mismos sean pertinentes y claras frente a las decisiones adoptadas, máxime, cuando éstas implican la atribución de responsabilidad luego de surtido un proceso en el que se le brinda a la parte acusada la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, lo que implica un esfuerzo de la autoridad competente de valorar los argumentos desarrollados, de motivar por qué los mismos son o no acertados a luz del ordenamiento jurídico, de lo contrario tal decisión adolece de la motivación debida y por ende vulnera el derecho al debido proceso.
Sobre la relación que existe entre el derecho ante señalado y la motivación de los actos administrativo, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del concepto del 4 de julio de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que a su vez, tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la materia:
“La nulidad de los actos administrativos por falta de motivación y violación del debido proceso.
Sobre los motivos del acto y la forma en que deben presentarse, ha señalado la jurisprudencia que cuando la ley exija que un acto administrativo se motive, dicha motivación se convierte en un elemento esencial del mismo, cuya omisión lo haría anulable por la causal de expedición en forma irregular. Al respecto, recientemente la Sección Primera del Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:
“La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos.
Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario, las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción de los mismos.
En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo. (…)”
La importancia de la motivación ha sido desarrollada también por la jurisprudencia constitucional, en la cual se ha señalado claramente que en el estado social de derecho, tal exigencia de motivación tiene relación directa con los principios constitucionales de publicidad, debido proceso y defensa:
“La motivación de los actos administrativos responde a la garantía de los principios de legalidad y de publicidad y al respeto al derecho al debido proceso, toda vez que dicha motivación permite el ejercicio del derecho a la defensa, lo cual evita la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas. Por lo tanto, la motivación de los actos administrativos asegura la garantía constitucional al derecho fundamental al debido proceso”
Debe decirse además, que la motivación de los actos administrativos, si bien no necesariamente extensa, si debe ser pertinente y suficiente desde el punto de vista de la carga argumentativa que tiene la administración de hacer públicos los motivos que determinan la aplicación e interpretación de las normas jurídicas que regulan el caso concreto:
“4.2. Ahora bien, para que una autoridad cumpla con las exigencias de motivación de sus actos no basta con que exponga determinadas proposiciones, de hecho y de derecho, aunque luego extraiga una conclusión congruente con ellas. Esa es una condición necesaria pero insuficiente de una debida justificación, y obedece en parte a lo que en la teoría jurídica se conoce como justificación interna.[8] Además de eso es indispensable que la autoridad pública explicite las razones por las cuales concluyó que las premisas jurídicas y fácticas usadas por él eran aceptables de acuerdo con la realidad probatoria y con el ordenamiento jurídico. En otras palabras, la decisión también debe contar con una justificación externa.[9] En consecuencia, por ejemplo las autoridades no pueden simplemente afirmar que el Derecho positivo ordena, prohíbe o permite determinada solución y a continuación tan sólo citar algunos artículos.[10]El órgano encargado de aplicar el derecho en los casos concretos está en la obligación de exponer por qué esas referencias normativas autorizan una conclusión interpretativa como la que expone en su acto. En todo caso, deberá basarse en una evaluación que contenga razones y argumentos fundados no sólo en reglas de “racionalidad”, sino también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, y con la “razonabilidad” se pretende evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son adecuadas.”
De modo que cuando la ley exige la motivación del acto administrativo -como sucede con los actos de carácter particular y concreto (artículo 42 del CPACA) o con actos generales como el analizado en esta consulta- dicho requisito deja de ser un asunto irrelevante o de menor valía frente a la validez de la decisión administrativa; la relación directa entre motivación y debido proceso, determinan entonces la nulidad de la respectiva decisión cuando no se cumple con ella”.
En ese orden de ideas, se estima que le asiste razón al A quo al destacar que el acto acusado no realizó un análisis juicioso de las razones que expuso la defensora de oficio de la demandante en vulneración de su derecho al debido proceso, a pesar de que ésta controvirtió asuntos de significativa importancia como que no era sujeto pasivo del proceso de responsabilidad fiscal o que la referida acta de recibido a la luz del contrato de suministro tenía carácter provisional, entre otros aspectos que en manera alguna fueron abordados por la Contraloría General de la República, que a pesar de conceder la oportunidad de rendir descargos, no dio cuenta de manera clara, precisa y pertinente de las razones por las cuales desestimó los mismos.
En el análisis que antecede no pasa por alto la Sala que lo relativo a la existencia de un proceso disciplinario en el que fue exonerada la accionante no fue una de las razones del escrito de descargos, inclusive, del cargo de violación de la demanda objeto de estudio, por lo que no se comparte que el A quo haya traído tal asunto a consideración, máxime cuando la responsabilidad fiscal es autónoma a la disciplinaria, sin embargo, tal aspecto en la argumentación del juez de primera instancia no afecta la razón principal por la que se declaró la nulidad del acto acusado, esto es, la deficiente motivación frente a las razones de defensa que se desarrollaron en el trámite administrativo, con la consecuente vulneración del derecho al debido proceso, lo que resulta suficiente para confirmar la declaratoria de nulidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de agosto de 2012 del Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Ausente con excusa
Folios 24 reverso, cuaderno N° 1.
Folios 10-24, cuaderno N° 1.
Folios 27-28, cuaderno 1.
Folio 44-46, cuaderno 1.
Folio 16-20, cuaderno 1A.
Folios 23-27 del cuaderno No. 1A.
Folios 56-58 del cuaderno 1A.
Folios 67-69 del cuaderno 1A.
Folios 118-128 del cuaderno N° 1A.
Folio 130-131, cuaderno N° 1A.
Folio 136 del cuaderno N° 1A.
Folios 137-145, cuaderno N° 1.
Folios 167-174, cuaderno N° 1A.
Folios 56-73, cuaderno N° 1.
Folios 75-79, cuaderno N°1.
Folio 88, cuaderno N° 1.
Folio 4, cuaderno N° 3.
Folio 7 del cuaderno N° 3.
Folios 17-20, cuaderno N° 3.
Aplicable al presente asunto teniendo en cuenta que el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y el traslado de los alegatos de conclusión ante el A quem tuvieron lugar antes de la vigencia del Código General del Proceso para la jurisdicción de lo contencioso administrativo (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero).
Cuaderno N° 1 A, folios 80-83, en especial el reverso de este último.
Sobre el particular pueden apreciarse las actuaciones contenidas en el cuaderno N° 2 de antecedentes administrativos, del cual se destacan los documentos visibles a folios 42-44, 75-78, 100-101 y 119.
Artículo 45 del C.C.A
El acta correspondiente se encuentra visible a folio 154 del cuaderno N° 2.
Folios 24 reverso, cuaderno N° 1.
Folios 236-237 del cuaderno N° 2A.
Folio 166 del cuaderno N° 2.
Folios 155-158 del cuaderno N° 2A.
“Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado la expresión de las razones justificativas se convierte en un elemento formal cuya omisión lo hace anulable por expedición en forma irregular” Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia del 30 de agosto de 1977.
“La insuficiencia de los motivos es causal de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal también de anulación del acto pero por vicio de forma, es decir por expedición irregular del mismo” Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia del 4 de julio de 1984.
Sentencia 16090 del 23 de junio de 2011, C.P. Doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 31 de marzo de 2012. Expediente radicado: 11001-03-24-000-2005-00334-00(15895)
Sentencia de Unificación 917 de 2010, de la Corte Constitucional, con base, a su vez en Sentencia de Unificación SU 250 de 1998 de la misma corporación judicial.
Sentencia T-472 de 2011.
Corte Constitucional, Sentencia SU-250 de 1998.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 4 de julio de 2013, C.P. William Zambrano Cetina, Rad. 11001-03-06-000-2013-00005-00(2138).
Sobre el particular puede consultarse entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 10 de mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, Rad. 25000-23-41-000-2012-00425-01.
Demandante: Gloria Inés Sánchez Londoño
Demandado: Contraloría General de la República
Radicado: 76001-23-31-000-2004-03513-02
Sentencia de segunda instancia
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