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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00532-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00532-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de junio de 201470, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 70 Cuaderno Tribunal folio 231 a 336. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.concejodeestado.gov.co 48 Radicado: 250002341000201200532001 Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud IDIPRON. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00532-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

11 de abril de 2024

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-41-000-2012-00532-01
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de la Juventud.
Demandado: Ministerio del Interior, Superintendencia de Notariado y
Registro-Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur Bogotá

Tema: No son aplicables las normas de revocatoria directa a los
actos de registro para la corrección o cancelación o
inscripción de un título, por lo tanto, no se requiere el
consentimiento expreso y escrito del titular.

El Registrador tiene la facultad de hacer las correcciones en
cualquier momento, con el fin de reflejar la verdadera
situación jurídica del inmueble

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia de 5 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda incoada por el Instituto para la Protección de
la Niñez y la Juventud -IDIPRON, en contra de la Superintendencia de
Notariado y Registro.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

EL 27 de noviembre de 2012, el Instituto para la Protección de la Niñez y la
Juventud - IDIPRON en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
formuló demanda contra la Superintendencia de Notariado y Registro, con el
objeto de que se accediera a las siguientes:

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

1.1.1. Pretensiones1

“PRIMERO: Declárese Nula totalmente la Resolución nro. 0450 de 23 de agosto
de 2011, expedida por la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá,
en la que entre otras decisiones, resolvió lo siguiente:

Artículo Primero. “Corríjase la Especificación de la Naturaleza Jurídica del Acto
de la Anotación número 24 del Folio de Matrícula 50S-697630, siendo lo correcto
“COMPRAVENTA DE COSA AJENA”, suprimiendo la X, que indica las personas
que figuran como propietarios”…”2

….Artículo segundo del Resuelve que contempló: “…Déjese sin valor ni efecto
jurídico la apertura de Folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-40517058, como
consecuencia de ello, trasladar sus anotaciones al Folio de Matrícula 50S-
697630, quitando la X de propietario, y corregir especificación de la naturaleza
jurídica del acto de las anotaciones uno y tres, siendo lo correcto COMPRAVENTA
DE COSA AJENA, adecuando el orden cronológico y efectúese la salvedad de
ley…”

Artículo cuarto del Resuelve que determinó:… ..Iniciar actuación Administrativa,
con respecto al Folio de Matrícula 50S-40061235, segregado del predio 50S-
697630 y sus segregados, dentro de estas mismas se tendrán en cuenta los
folios de matrícula de la 50S-40106481 a la 50S-40106491, de acuerdo a la
parte motiva de esta providencia………”

SEGUNDO: Declárase Nula totalmente la Resolución Nro4030 del 8 de mayo de
2012, proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro- a través
del Director de Registro de esta Dependencia, Doctor NÉSTOR RAÚL
SÁNCHEZ ESPITIA, en la que confirmó en todas sus
partes, la Resolución Nro. 450 del 23 de agosto de 2011, emitida por la Oficina
de Instrumentos Públicos Zona Sur Bogotá, cuando la misma fue objeto de
alzada por vía gubernativa.

TERCERO: Que se mantenga con valor y efecto jurídico la anotación Nro 3 de
fecha 26 de enero de 2010- Radicación:20107293 correspondientes a la
Naturaleza Jurídica del Acto de Compraventa realizada por el IDIPRON en
calidad de comprador, compraventa hecha a los vendedores Luz Marina López
Roldán, Álvaro Omar Sánchez López y Jorge Armando Castillo,- mediante
Escritura Pública Nro 7052 de 30 de Diciembre de 2009 de la Notaría Trece de
Bogotá, registrada correctamente en el Folio de Matrícula Inmobiliaria Nro 50S-
40517058. Lote de un Área aproximada de 7.456.53 MTRS2, por valor de $1600
millones de pesos. Predio denominado-La Pachita Usme que está ubicado en la
Carrera 46 Este Nro 91 C-00 cero sur de Bogotá…..,

CUARTO: Que se mantenga con valor y efectos jurídicos válidos, las anotaciones
correspondientes y detalladas en el Folio de Matrícula inmobiliaria Nro 50S-
40517058, anotaciones que se encontraban vigentes hasta el 28 de mayo de

1
Folios 22 a 49 Cuaderno 2 Tribunal.
2
Según el folio de matricula 50S-697630 corresponde a la anotación 25 / cuaderno tribunal
folio 217 a 222.

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

2012 y que por ende NO se declare cerrado el Folio de Matrícula inmobiliaria
Nro 50S- 40517058.

QUINTO: Que hasta tanto no se evacúe un Debido Proceso Administrativo por
parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá y
de la Superintendencia de Notariado y Registro, por ningún motivo se acepte el
acto jurídico de corrección de la especificación de la Naturaleza jurídica del acto
de anotación Nro 24 del Folio de Matrícula inmobiliaria Nro 50S-697630, que
indica que el IDIPRON en calidad de comprador, compraventa hecha a los
vendedores Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez López y Jorge
Armando Castillo, - mediante Escritura Pública Nro 7052 de 30 de Diciembre de
2009 de la Notaría Trece de Bogotá, registrada correctamente en el Folio de
Matrícula Inmobiliaria Nro. 50S- 40517058 en el año 2010, se registre como
una compraventa de cosa Ajena.

B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

(…)

PRIMERA: -Que como consecuencia de no acceder a las pretensiones y a título
de Restablecimiento del Derecho, y en aplicación de los principios mínimos del
Debido Proceso Administrativo, Buena fe, Respeto del Acto Propio, Confianza
Legítima y al no mantener con valor y efecto jurídico la Naturaleza Jurídica del
Acto de Compraventa realizada por el IDIPRON en calidad de comprador a los
vendedores Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez López y Jorge
Armando castillo- por Escritura Pública Nro 7052 de 30 de Diciembre de 2009
de la Notaría 13 de Bogotá, sobre el Inmueble-Lote de terreno, registrado con
matrícula inmobiliaria Nro 50S-40517058 con un Área aproximada de
7.456.53 MTRS2, por valor de $1600 Millones de Pesos. Predio denominado-La
Pachita Usme que está ubicado en la Carrera 46 Este Nro 91 C-00 sur de Bogotá,
se condene a los Demandados a reparar los perjuicios económicos ocasionados
al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON, los
cuales se consideran en principio superiores a los mil seiscientos millones de
pesos ($1600.000.000.) valor del Predio, y por el cual el IDIPRON pagó dicho
dinero a los vendedores Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez López
y Jorge Armando castillo, tal y como consta en la Escritura Pública Nro 7052 del
30 de diciembre de 2009, de la Notaría Trece de Bogotá, sobre el Inmueble-
Lote de Terreno, registrado con Matrícula Inmobiliaria Nro 50S-40517058.

SEGUNDA: Que como consecuencia de no acceder a las anteriores Pretensiones
Principales y a título de Restablecimiento del Derecho, se condene a los
demandados a pagar al IDIPRON, los dineros pagados por el Instituto, a título
de contribuciones, impuestos, con que se gravaron dichos inmuebles y el valor
de todos los servicios públicos, que ha pagado y pagará el Instituto para la
Protección de la Niñez y la Juventud Idipron, lo mismo que el pago por concepto
de Vigilancia de dicho predio, pagos que se demostrarán en el curso del
desarrollo del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante la
Jurisdicción de lo contencioso administrativa, tal, y como lo preceptúa el artículo
138 del Código Contencioso Administrativo vigente.

TERCERA: Que como consecuencia de no acceder a las Pretensiones Principales

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

y a título de Restablecimiento del derecho, se condene a los demandados a
pagar al IDIPRON, la Liquidación de la condena respectiva, la cual se indexará
de acuerdo con lo ordenado por el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor-IPC-
señalado por el DANE, desde el 31 de Diciembre de 2009.

CUARTA: La Sentencia se cumplirá en los términos establecidos en el inciso
segundo del artículo 192 del Código Contencioso Administrativo

QUINTA: Que se condene en costas a la parte demandada.”

1.1.2. Los actos acusados

En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 0450 del
23 de agosto de 2011, expedida por la Registrador de Instrumentos
Públicos de Bogotá Zona Sur3. Específicamente, el texto del acusado es el
siguiente:

”Por la cual se decide una Actuación Administrativa y se establece
la real situación jurídica del inmueble identificado con matrículas
inmobiliarias 50S-697630, 50S-713294, 40061235,
40517058 Exp.AA-174-2010.

EL REGISTRADOR DE LA OFICINA DE REGISTRO INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA SUR

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo
25 de la Resolución No. 4174 de 1984 de la Superintendencia de Notariado y
Registro, el Decreto 0412 de 2007 y el Decreto Ley-1250 de 1.970 y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Mediante solicitud radicada en esta oficina con el consecutivo de
correspondencia 50S2010ER357021 de fecha 18 de los corrientes, el señor
LEONEL PEDRAZA TORRES, quien actúa como representante legal de la
FUNDACIÓN INTERNACIONAL SAN JORGE, solicita la nulidad de las escrituras
1698 de 22-09-2008 Notaria 65 y las 7052 y 0186 de Diciembre de 2009 y
20 de Enero de 2010 respectivamente corridas en la notaría 13 de Bogotá,
además la nulidad de la anotación 25 del folio de matrícula 50S-697630, la
nulidad del folio de matrícula 50S-40517058 respecto al lote denominado San
Antonio, se ordene la devolución del predio la Pachita a su legítimo Poseedor;
ordenar al instituto Distrital para la protección de la niñez y de la Juventud
IDIPRON que se abstenga desarrollar cualquier proyecto Urbanístico dentro
del predio la Pachita y que se proceda a la entrega del predio al verdadero
poseedor la FUNDACIÓN INTERNACIONAL SAN JORGE., de la misma manera
que se disponga que la oficina de planeación Distrital y Catastro se corrija en

3
Cuaderno Pruebas, folios 06 a 17.

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

los registros de incorporación sobre el predio de San Antonio al que
fraudulentamente se le asignó el folio de matrícula 50S-40517058.

Si bien es cierto, una vez analizada la petición del usuario, confrontada con
los documentos que reposan en nuestro expediente, observamos que a este
no le asiste ningún interés jurídico dentro de los folios que aquí nos ocupa,
por cuanto en ninguno de ellos figura como titular del derecho real de dominio,
más cierto es que este despacho encontró inconsistencias en el registro de
algunas escrituras en el folio de matrícula de mayor extensión, razón de más
para haber iniciado actuación administrativa, con el fin de establecer la real y
verdadera situación jurídica del predio identificado con folio de matrícula 50S-
697630.

Con fundamento en lo anterior y mediante Auto del 01 de Diciembre de 2010,
se inició actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50S-697630 y sus segregados 50S-
40061235, 50S-40517058, citándose como terceros determinados a OBRAS
DE INGENIERÍA LTDA o quien haga sus veces, a los señores TRINO GARCÍA
PEÑA (…) LÓPEZ ROLDÁN LUZ MARINA, SÁNCHEZ LÓPEZ ÁLVARO
OMAR,CASTILLO JORGE ARMANDO, al representante legal o quien haga sus
veces del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ IDIPRO
(…)

FUNDAMENTOS LEGALES

Artículos 4, 5, 7, 35, 50, 51, 521 y 82 del decreto 1250 de 1970; artículos
669 y 752 del Código Civil; artículos 14, 28 y subsiguientes del Código
Contencioso Administrativo, Resolución 4174 de 1984 de la Superintendencia
de Notariado y registro, y demás normas concordantes

PRUEBAS

Conforma el acervo probatorio las impresiones de los folios de matrícula
inmobiliaria 50S- 697630, 713294, 40011235,
Copias de las escrituras 807 del 10-10-1985 Notaría 37 de Bogotá.
Escritura 7052 de 30-12-2009 Notaría 13 de Bogotá
Copia de la escritura 3339 de 04-09-1990 Notaría 37 de Bogotá
Copia de la escritura 186 de 20 de Enero de 2010 Notaría 13 de Bogotá
Copia de la escritura 7052 de 30-09-2009 Notaría 13 de Bogotá
Copia de la escritura 1698 de 22-09-2008 Notaría 65 de Bogotá
Copia de la escritura 4619 de 0509 1975

CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS

(…)

Revisada la tradición del folio de matrícula inmobiliaria 50S-697630 se pudo
establecer que a la fecha cuenta con 26 anotaciones, el actual titular del
derecho real de dominio si algo resta después de descontar las segregaciones
sí algo resta de área es OBRAS DE INGENIERÍA LIMITADA INGENIEOBRAS
LTDA- SUCURSAL BOGOTÁ INGENIOBRAS OBRAS DE BOGOTÁ LIMITADA,
adquieren por escritura 7056 de fecha 19-12-1983 Notaría Sexta de Bogotá,

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

registrada en la anotación dos el 24-02-1984 (…); posteriormente OBRAS DE
INGENIERÍA registra un loteo por escritura 807 de fecha 10-10-1985 Notaría
37 de Bogotá, (…); este folio es segregado del predio de mayor extensión
matrícula inmobiliaria 282717.

(…)

Ahora bien con respecto a la tradición que a la fecha refleja el folio de
matrícula 50S-697630, publicita un total de 25 anotaciones, en la segunda
anotación figura la escritura 7056 de 19-12-1983 Notaría Sexta, para el acto
de compraventa este y otros de OBRAS DE INGENIERÍA DE BOGOTÁ LTDA
INGENIOBRAS BOGOTA LTDA A: obras de INGENIERIA LTDA INGENIOBRAS
LTDA SUCURSAL BOGOTA INGENIOBRAS DE BOGOTA LTDA, en la anotación
siete se registró el loteo, por escritura 807 de fecha 10-10-1985 Notaría 37
de Bogotá, en un área aproximada de 28.826.87 Mts, en la anotación diez se
registró la escritura de compraventa de este último a NEGOCIOS MURCIA SA.,
de conformidad con la escritura 5569 de 6-10-1989 Notaría 37 de Bogotá.

Siguiendo la cadena traslaticia del folio en comentó, apreciamos que en la
notación once (11) se registra la escritura 3399 del 04-09-1990 Notaría 37 de
Bogotá, para el acto de compraventa parcial con un área de 16.298.75 mts2,
GARCIA PEGA (sic) TRINO4, (…) a esta compraventa se le segregó el folio
de matrícula 50S-40061235; continuando con el estudio el folio de matrícula
50S-697630, se pudo establecer que en las anotaciones siguientes el señor
GARCIA PEGA (sic) TRINO, realiza una serie de ventas parciales de este
predio de mayor extensión cuando el no figuraba como titular inscrito del
predio identificado con folio de matrícula antes referenciado, si bien es cierto
este señor adquiere un área de 16.298.75Mts2 más cierto es aún, que a esta
compraventa se le segregó su folio de matrícula individual; luego él no podía
realizar las ventas parciales que se registraron en este, por cuanto el titular
en su momento era LTDA OBRAS DE INGENIERÍA LTDA. INGENIOBRAS
LTDA SUCURSAL BOGOTÁ INGENIO OBRAS DE BOGOTÁ

Una vez revisadas las segregaciones del folio de matrícula 50S-697630, se
estableció que en su gran mayoría estas figuran de anotaciones cero, cuando
el folio en mención arranca desde la anotación una, no pudiéndose establecer
en ese momento qué matrícula inmobiliaria se le había segregado al registro
de la anotación once (11) Compraventa parcial a favor del señor GARCIA
PEGA (sic) TRINO, sin embargo una vez estudiada la microficha del folio en
mayor extensión se pudo establecer que la matrícula que se le segregó a esta
compraventa es la 50S-40061235.

Ahora bien, retomando el estudio del folio de mayor extensión 50S-697630,
se observa que en la anotación 24 se registró la escritura 1698 del 22-09-
2008 Notaria 65 de Bogotá5, para el acto de compraventa parcial, (…) dicha
compraventa es del señor GARCÍA PEÑA TRINO a: LÓPEZ ROLDÁN LUZ
MARINA 37.50%, SÁNCHEZ LÓPEZ ÁLVARO OMAR 37.50% Y CASTILLO

4
Según E.P. 1698 del 10.06.2012. el nombre correcto es TRINO GARCÍA PEÑA/ Cuaderno 7 folios
142 a 147.
5
Según el folio de matrícula 50S-697630 corresponde a la anotación 25 / cuaderno tribunal
folio 217 a 222.

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

JORGE ARMANDO 25%; al registrarse esta compraventa parcial se le segregó
el folio de matrícula 50S-40517058, situación que tampoco es procedente,
por cuanto este señor no ostentaba la titularidad de este predio; en su última
anotación figura la escritura 1003 de 08-04-2008 Notaría 57 de Bogotá, para
el acto de declaratoria de propiedad Pública sobre zonas de cesión obligatoria
gratuita a favor del DISTRITO CAPITAL BOGOTA (…)

Para el caso específico que aquí nos ocupa, entraremos a analizar el folio de
matrícula 50S-40061235, este se segregó del predio de mayor extensión
697630, con un área de 16.298.75 Mts, en su segunda anotación figura la
escritura 3339 de fecha 04-09-1990 Notaría 37 de Bogotá, (…) compra venta
de OBRAS DE INGENIERÍA LTDA INGENIOBRAS LTDA a GARCÍA PEÑA
TRINO, nótese que es la misma escritura que se encuentra inscrita en la
anotación once (11) del folio de matrícula de mayor extensión 50S-697630;
en el folio segregado “50S-40061235” el señor GARCÍA realizó un loteo por
escritura 1482 de 21-05-1981 Notaría 11 de Bogotá, donde se segregaron
aproximadamente 180 matrículas inmobiliarias.

De todo lo anterior se deduce que el registro de las escrituras inscritas en las
anotaciones de la 13 a la 24, “en el folio de matrícula 50S-697630 no era
procedente inscribirlas; máxime sí observamos que en la anotación once el
señor TRINO GARCÍA PEÑA había adquirido un área de 16.298.75 Mts2, y con
la escritura 1698 de 22-09-2008 Notaría 65 de Bogotá, segregándose el folio
de matrícula 50S-40061235, luego no tenía por qué vender nuevamente un
predio con área de 7.456.53 mts2 en el folio de matrícula 50S-697630, que
no era de su propiedad; (…) dicha compraventa es a los señores LÓPEZ
ROLDÁN LUZ MARINA 37.50%, SÁNCHEZ LÓPEZ ÁLVARO OMAR
37.50% Y CASTILLO JORGE ARMANDO 25%, al registrarse esta compra
venta parcial se le segregó el folio de matrícula 50S-40517058.

Verificado de folio magnético se observa que la matrícula inmobiliaria 50S-
40517058, corresponde al inmueble denominado Lote 2 San Antonio y reporta
una extensión superficiaria de 7.456 Mts2, y contiene un total de cuatro (4)
anotaciones, ubicado en la carrera 20 N° 91-12 Sur, segregado del matriz
50S-697630, en su primera anotación figura registrada la escritura 1698 del
22-09-2008 Notaría 65 de Bogotá, compraventa de GARCÍA PEÑA TRINO
a: LÓPEZ ROLDÁN LUZ MARINA 37.50%, SÁNCHEZ LÓPEZ ÁLVARO
OMAR 37.50% Y CASTILLO JORGE ARMANDO 25% (…) por un valor
de $100.000.000 de pesos.

Siguiendo la cadena traslaticia de este, en la anotación dos, se inscribió una
actualización a la nomenclatura, posteriormente en la anotación tres se
registró la escritura 7052 de 30-12-2009 Notaría 13 de Bogotá, (…), para el
acto de compraventa de LÓPEZ ROLDÁN LUZ MARINA 37.50%, SÁNCHEZ
LÓPEZ ÁLVARO OMAR 37.50% Y CASTILLO JORGE ARMANDO 25% a:
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez Y de la Juventud
IDIPROM, por valor de 1.600.000.000

Como quiera que el registro de la escritura 1698 22-09-2008 no era
procedente en el folio de matrícula 50S-697630, por cuanto el señor GARCÍA
PEÑA TRINO, dispuso de un área de terreno que ya no ostentaba como titular
del derecho de dominio, por la época en que se registró la escritura; tampoco

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

era procedente la apertura de un nuevo folio de matrícula de área segregada,
vendida por este mismo, por lo que el acto contenido en esta versa sobre
“cosa ajena”, de conformidad con lo establecido en el artículo 752 del código,
qué dice:” si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega
por él a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos
que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada”

(…)

Continuando con el análisis de las escrituras anexas a este expediente, se
pudo establecer que por escritura 903 de 21 de abril de 1955 Notaria 5 a,
información que se haya reposando en los libros del antiguo sistema de esta
oficina, más exactamente tomo 14 de Usme, página 80 y 83, la señora
RAFAELA CECILIA BURGOS DE ARÉVALO, adquiere de los señores ALBERTO Y
EDUARDO ARÉVALO BURGOS, sus derechos, los cuales todos habían adquirido
en la sucesión del señor ARÉVALO CORREAL JOSÉ DAVID, quedando como
única dueña del predio denominado como potrero Miravalle con un área de 18
fanegadas; por escritura 4619 del 05-09-1975 la SEÑORA RAFAELA CECILIA,
transfiere a la URBANIZADORA DEL SUR DE BOGOTÁ S.A, un globo de terreno,
ubicado en la vereda de Yomasa, de la comprensión Municipal de Usme,
conocido con el nombre de la FLORIDA Y MIRAVALLE (..) con una extensión
de 7.272 mts (siete mil doscientos setenta y dos mts2), dentro de esta venta
se excluyen dos pequeños lotes de propiedad del municipio, sin embargo no
determinan el área de los mismos; la vendedora adquiere una parte por
adjudicación en sucesión de su esposo JOSÉ DAVID ARÉVALO CORRAL, y la
otra parte por compra a EDUARDO Y ALBERTO ARÉVALO BURGOS, por
escritura 903 del 21-04-1995 registrada al folio de matrícula 50S-282717.

En el texto de la escritura 1635 del 21-10-1942 Notaría 30 de Bogotá, la
URBANIZADORA DEL SUR vende a OBRAS DE INGENIERÍA DE BOGOTÁ LTDA
(…) un lote conocido como la MARICHUELA antes FLORIDA Y MIRAVALLE, con
un área de 319.827.95 M2, según plano topográfico, protocolizado con la
escritura 3163 del 19-06-1980, al folio 50S-282717, estos adquieren por
compra que le hicieren a RAFAELA CECILIA BURGOS DE ARÉVALO nótese que
lo que la señora adquiere de la sucesión de su esposo son (…) 7.272 mts2,
que es lo que ella vende a la URBANANIZADORA, dentro del texto de la citada
escritura hacen mención del predio FLORIDA Y MIRAVALLE CITANDO LA
MATRÍCULA 50S-282717 y no citan ningún otro predio, lo que significa que
están vendiendo la totalidad del inmueble.

Por escritura 24 de 14-01-83 se registra un desenglobe parcial por parte de
OBRAS DE INGENIERÍA BOGOTÁ LTDA (…) dónde se segrega el folio de
matrícula 50S-697630; en la escritura 7056 de 1983 de 19 de Diciembre de
1983, se estipula que la SOCIEDAD OBRAS DE INGENIERÍA DE BOGOTÁ LTDA
vende a OBRAS DE INGENIERÍA LTDA SUCURSAL BOGOTÁ, el derecho y la
posesión que tiene sobre dos lotes, el uno que hace parte del predio de la
Marichuela con área de 125.543.50 mts2, denominado como lote dos (2) y el
otro como globo de terreno AUTOPISTA AL LLANO, predios que fueron
adquiridos a la urbanización del sur por escritura 1635 del 21-10-1982, el
primero de ellos registrado en la matrícula 50S-697630 y el otro en el folio
50S-282717.

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IDIPRON.

Dentro del contenido de la escritura 807 de fecha 10-10-1985, OBRAS DE
INGENIERÍA LTDA realiza un reloteo de la urbanización la MARICHUELA sector
VALLE DE CAFAM en un área aproximada de 28.826.87 mts 2; en la escritura
5569 del 06-10-1989 OBRAS DE INGENIERÍA LIMITADA realiza una venta
parcial A: NEGOCIOS MURCIA SA.

Por escritura 5569 de fecha 06-10-1989, Notaría 37 de Bogotá, OBRAS DE
INGENIERÍA LTDA vende a NEGOCIOS MURCIA SA unos lotes del predio de
MARICHUELA Y MIRAVALLE, con un área aproximada de 2.798. MTS2, a los
cuales se segregaron sus respectivos folios de matrícula, citando como folio
de matrícula 50S-697630, escritura que quedó registrada en la notación diez
(10).

Examinada la escritura 3339 del 04-09-1990 Notaría 37 de Bogotá OBRAS DE
INGENIERÍA LTDA vende el derecho de dominio y posesión al señor TRINO
GARCÍA PEÑA, una zona menor de Usme con un área aproximada de
16.298.75 Mts2, (…)

Con respecto a la escritura 3723 de fecha 24 de septiembre de 1990 Notaría
37 de Bogotá, registrada en la anotación doce (12) del folio de matrícula 50S-
697630, corresponde a una escritura de ratificación de desenglobe de los lotes
y con cabidas actualizadas en la escritura 5569 que es materia de aclaración,
dónde adquiere la SOCIEDAD NEGOCIOS MURCIA S.A., donde la oficina debe
ordenar la apertura de matrículas individuales del folio 50S-697630; y a la
vez proceder a aclarar el área y los linderos de la manzana dos que fue
loteado, en su momento la oficina le asignó el folio de matrícula 50S-917225,
como se puede apreciar en ningún momento aclara la escritura 3399 de 04-
09-1990, que es por la cual compra el señor TRINO GARCÍA PEÑA, del
predio de mayor extensión 50S-713294, lo que significa que esta compra
venta parcial de proceder debió registrarse en este último y no en él 50S-
697630.

Ahora bien, verificado el texto de la escritura 1698 de fecha 22-09-2008
Notaría 65 de Bogotá, trata de la compraventa que hace el señor TRINO
GARCÍA PEÑA, a LÓPEZ ROLDÁN LUZ MARINA 37.50%, SÁNCHEZ LÓPEZ
ÁLVARO OMAR 37.50%,Y CASTILLO JORGE ARMANDO 25%, un área de
7.456.53 mts2, reservándose un área de 8.062.32, citando como título
antecedente la escritura 3339 del 04-09-1990 Notaría 37 de Bogotá,
registrada en el folio de matrícula 50S-697630, por un valor de
$100.000.000 “a esta compraventa se le segregó el folio 50S-40517058 al
cotejar el contenido de esta escritura con el folio de matrícula antes
referenciado podemos apreciar que al sumar el área vendida más el área que
se reserva suman 15.518.85 mts2, y al sumar esa área con las ventas
parciales que se registraron en el folio de mayor extensión, de las anotaciones
13 a la 23 suman el área que el señor TRINO GARCÍA PEÑA, había comprado
por escritura 3399 y a la cual ya se le había segregado el folio de matrícula
50S-40061235, lo que significa que vendió dos veces lo que había adquirido,
en el predio de mayor extensión y en él segregado.

De conformidad con lo estipulado en la escritura 7052 de fecha 30-12-2009,
Notaria 13 de Bogotá, esta contine el acto de compraventa de LÓPEZ ROLDÁN
LUZ MARINA 37.50%, SÁNCHEZ LÓPEZ ÁLVARO OMAR 37.50%,Y CASTILLO

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JORGE ARMANDO 25%, a: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE
LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD “IDIPRON”, por un valor de $1600.000.000,
dicho inmueble cuenta con un área de 7.456 Mts, dentro del texto no figuran
los títulos antecedentes, por lo que se aclara esta con la escritura 186 de 20
de Enero de 2010, citando como titulo de adquisición la escritura 1698 de 22-
09-2008 Notaria 65 de Bogotá, registrada en el folio de matrícula 50S-
40517058.

De la confrontación de las escrituras frente a los folios de matrícula,
deducimos que a partir del registro de la anotación once (11) en adelante del
folio de matrícula-697630 hasta la 24, sobre ventas parciales realizadas por
el señor TRINO GARCÍA PEÑA, en su momento no eran procedentes, ya que
este no ostentaba la titularidad por lo que el acto contenido en esta,
reiteramos versa sobre “cosa ajena” de conformidad con lo establecido en
el artículo 752 del código (…).
(…)

De conformidad con lo establecido en el artículo7° del Decreto 1250 de 1970,
“el folio de matrícula inmobiliaria constará de seis secciones o columnas, con
la siguiente destinación:

(…) la sexta columna, para la inscripción de títulos que conlleven la llamada
falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de
derecho incompleto o sin antecedente propio…”

(…)

De acuerdo con las normas antes mencionadas, las escrituras registradas en
las anotaciones de la doce a la veinticuatro (12, 24) al folio de matrícula 50S-
697630, debieron registrarse en la primera columna del folio de matrícula
antes referenciado “ Modo de Adquisición”, con el código 101 y con la
Especificación “COMPRAVENTA PARCIAL”, si no en la sexta columna del folio
“Falsa Tradición”, y con la Especificación “Compraventa Cosa Ajena” Y
como quiera que no se daban los presupuestos legales, de conformidad con
el estatuto registral, no se debió abrir las matrículas inmobiliarias, de la 50S-
40106 a la 40106491 incluyéndola 50S-40517058.

Ahora bien, una vez analizada la situación que presenta el folio de matrícula
tantas veces referenciado, entramos a analizar si es procedente que a raíz de
esas ventas parciales sobre cosa ajena, se diera la apertura de nuevos folios
de matrícula inmobiliaria, entrando a analizar las normas que nos rigen en
este campo, específicamente dcto 1250 de 1970 Estatuto Registral.

(…)

De todo lo anterior y ya para concluir el asunto que aquí tratamos, es
importante dejar claro que los registros de las anotaciones 11 a la 24 en su
momento no era procedente; sin embargo como las leyes colombianas lo
contemplan, es procedente dejarlas vigentes, cambiando su especificación,
toda vez que todas ellas versan sobre cosa ajena; no sin antes verificar la
procedencia de la anotación once, por cuanto es importante establecer sí a la
fecha el folio de matrícula 50S-713294, actualmente cuenta con un área

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restante, con el fin de que dicha compraventa sea trasladada a éste y su
segregado se desprenda del anterior y no del 50S-697630.

Verificada la escritura 461 de fecha 10-03-1983 Notaría 11 de Bogotá OBRAS
DE INGENIERÍA LTDA INGENIOBRAS LTDA, engloba unos predios con un área
total de 127.000.00 mts2, los cuales en acto seguido dentro de esta misma
le transfiere al INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, para construir 1.550
soluciones bifamiliares populares, a este englobe le generaron el folio de
matrícula 50S-713294, cuya escritura se encuentra registrada en las
anotaciones una y dos; posteriormente el INSTITUTO DE CRÉDITO
TERRITORIAL, por escritura 1139 del 06 de julio de 1983, se constituye un
desenglobe parcial, reservando una zona de terreno para uso de la comunidad
especial de Bogotá, la cual se encuentra inscrita en la anotación tres, en la
anotación cinco del folio de matrícula que aquí nos ocupa se encuentra
registrada la escritura 508 de fecha 10-02-2008 Notaría 72 de Bogotá, para
el acto de DECLARATORIA DE PROPIEDAD PÚBLICA SOBRE ZONAS DE
CESIÓN OBLIGATORIA GRATUITA A FAVOR DEL DISTRITO CAPITAL DE
BOGOTÁ; del análisis de este folio se pudo establecer que no hay lugar a que
la anotación once del folio de matrícula 50S-697630, donde figura la
compraventa a favor del señor TRINO GARCÍA PEÑA, por escritura 3399 de
fecha 04-09-1990, sea trasladada al folio 50S-713294 citado dentro del texto
de la misma por cuanto no hay área restante en este predio.

Este Despacho considera, que por ser este, un caso complejo entrara a decidir
únicamente con respecto a las segregaciones ocasionadas con el registro de
las escrituras 3339 de 04 de septiembre de 1990 anotación once, en un área
de 16.298.75 mts2 y la escritura 1698 del 22-09-2008 Notaría 65 de Bogotá,
registrada en la anotación 24 del folio de matrícula 50S-697630 y la apertura
de folio de matrícula 50S-40517058, por cuanto el área adquirida fue vendida
dos veces, posteriormente iniciar actuación administrativa tendiente a
establecer la real y verdadera situación jurídica del predio con matrícula 50S-
40061235, segregado del folio 50S-697630 a raíz del registro de la
compraventa parcial con escritura 3399 del 04-09-1990 Notaría 37 de Bogotá
y sus respectivos segregados.

En la sentencia del 23-01-1998 el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo sección primera, con respecto a la facultad de corrección de
errores en el Registro de Instrumentos Públicos, acogió el alegato de la
Superintendencia de Notariado y registro cuando se indicó que:

Corresponde a las oficinas de Registro dar publicidad de la tradición y situación
jurídica de los inmuebles, si se detecta por parte de esas oficinas errores en
el registro inmobiliario, no pueden mantenerse indefinidamente en el error y
a sabiendas de él dar publicidad a una circunstancia que no corresponde
realmente a la situación jurídica de los bienes, porque se desvirtúa la razón
de ser del Registro de instrumentos públicos, es así que la ORIP, está
facultada para que por medio de actos administrativos puedan subsanar una
ilegalidad, legitimando la situación anómala del registro de los inmuebles en
concordancia con él art. 82 del Dcto 1250 de 1970.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 35 del Decreto ley 1250 de 1970 que faculta al registrador para

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subsanar los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, y en
el artículo 82 del mismo Estatuto que establece que la matrícula inmobiliaria
debe exhibir en todo momento el estado jurídico del respectivo bien (…)

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corríjase la Especificación de la Naturaleza Jurídica
del Acto de la anotación número 24 del folio de matrícula 50S-6976306, siendo
lo correcto “COMPRAVENTA COSA AJENA”, suprimiendo la X que indica las
personas que figuran como propietarios, de conformidad con la parte motiva
de este proveído, efectúese la salvedad de ley, dejando constancia de la fecha
y número de resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Déjese sin valor ni efecto jurídico la apertura del folio
de Matrícula 50S-40517058, como consecuencia de ello trasladar sus
anotaciones al folio de matrícula 50S-697630, quitándo la X de propietario y
corregir la especificación de la Naturaleza jurídica del acto de las anotaciones
uno y tres, siendo lo correcto COMPRAVENTA DE COSA AJENA, adecuando
el orden cronológico y efectúese la salvedad de ley.

(…)

ARTÍCULO CUARTO: Iniciar actuación administrativa, con respecto al folio
de matrícula 50S-40061235, segregado del predio 50S-697630 y sus
segregados, dentro de estas mismas se tendrán en cuenta los folios de
matrícula de la 50S-40106481 a la 50S-40106491, de acuerdo a la parte
motiva de esta providencia.
(…) “

De igual forma, se pretende la nulidad de la Resolución No. 4030 del 08
de mayo de 20127, expedida por la Superintendencia de Notariado y
Registro, la cual señala:

“Por la cual se resuelve un recurso de Apelación Expediente DR 476-2011”.

(…)

El 7 de septiembre de 2011, Doctor NELSON DE JESÚS ZULUAGA GÓMEZ,
representación del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
IDIPRON (sic), (…) interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra la resolución N°450 del 23 de agosto de 2011.

(…)

B. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.

6
Según el folio de matrícula 50S-697630 corresponde a la anotación 25 / cuaderno tribunal
folio 217 a 222.
7
Cuaderno Pruebas, folios 19 a 28.

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(…)

En la Resolución Nro. 450 de 2011, el operador Administrativo A-quo, infiere
situaciones de tipo virtual, plasmadas posiblemente en algunas fichas
microfilmadas de la Oficina de Registro, pero no prueba, toda vez que no quiso
escuchar a las partes involucradas en esta Actuación Administrativa y no ordenó
siquiera la más elemental prueba, cuál es, oficiar a la Unidad Administrativa de
Catastro Distrital, para que le certificara con destino a este Expediente, el área
real de los Lotes objeto de las Matrículas involucradas en la Actuación
Administrativa Nro 174 de 2010.

Nos dice la Oficina de Registro de instrumentos públicos zona sur, que revisada
la matrícula inmobiliaria número 50S-697630 se pudo establecer que a la fecha
cuenta con 26 anotaciones, y que el actual titular del derecho real de dominio
si algo resta después de descontar las segregaciones es Obras de Ingeniería
Ltda sucursal Bogotá Ingeniobras de Bogotá limitada. (sic).

De esta afirmación (…) el suscrito apoderado judicial de Idipron observa lo
siguiente:

A-El Operador Administrativo A-quo, deduce no prueba. Se limitó a mirar una
ficha. Qué significan las palabras “si algo resta” para de inmediato, existencia
de un título de dominio sobre una persona jurídica como Obras de Ingeniería
Ltda sin corroborar identificación de los predios, linderos y cabidas y haber
obtenido una Certificación de las áreas reales y emitida por la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital.

B- El Operador Administrativo de Primera Instancia, hace ver que el folio de
matrícula inmobiliaria 50S-697630, refleja 25 anotaciones, pero no estudia la
cadena traslaticia en todas las anotaciones.

En los folios 4 y 5 de la Resolución Nro. 450 el 23 de agosto de 2011 el Operador
Administrativo A-quo, hace una descripción extenuante y poco coherente, de
la forma como se dio la Tradición en el inmueble de Mayor extensión descrito
en la Matrícula Inmobiliaria Nro. 50S-282717, dónde la Urbanización del Sur le
vende a Obras de Ingeniería Bogotá Ltda- Ingeniobras de Bogotá Ltda., un Lote
conocido como la Marichuela antes Florida y Miravalle, con un área de
319.827.95 M2.

En estos mismos folios 4 y 5, el Registrador hace una descripción traslaticia,
indicando cómo la Sociedad Obras de Ingeniería Ltda Ingeniobras de Bogotá
Ltda, vende a Obras de Ingeniería de Bogotá sucursal Bogotá – un globo de
terreno- Autopista al llano (Matrículas inmobiliarias 50S-697630 y 50S-
282717). cómo se hace un reloteo en el predio Marichuela-Valle de Cafam- por
parte de Obras de Ingeniería Ltda y una compraventa parcial a la firma Negocios
Murcia SA. Advierte igualmente acá, la forma como Obras de Ingeniería Ltda
vende a Trino García Peña, una zona menor en Usme con un área aproximada
de 16.298.75 M2.

(…)

Porqué (sic) no llamo a los señores TRINO GARCÍA PEÑA, LUZ MARINA LÓPEZ

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ROLDAN, ALVARO OMAR SANCHEZ LOPEZ y JORGE ARMANDO CASTILLO, a los
representantes legales de la Firma INGENIOBRAS LTDA-Sociedad de Obras de
Ingenieria Ltda, y la firma Negocios Murcia Ltda para que depongan sobre los
hechos materia de esa acción administrativa (…).

Por qué no sé oficio a la oficina asesora de control interno y disciplinario de la
oficina de registro de instrumentos públicos zona sur de la ciudad de Bogotá y
a la Superintendencia de Notariado y registro, para que certifique con destino a
su despacho, y más concretamente a esta actuación administrativa, los
pormenores de la investigación Interna, tendiente a establecer cuál fue el
funcionario los funcionarios que autorizaron la segregación o creación de las
matrículas inmobiliarias a partir del Folio de Matrícula Inmobiliaria Nro. 50S-
697630 y más concretamente la Matrícula Inmobiliaria Nro. 50S-40517058, y
con base en qué normatividad realizaron tal actuación a nombre de la Oficina
de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá.

(…) se observa que sin practicar las pruebas de ley, y sin allegar a esta Actuación
Administrativa la verdad procesal correspondiente, el Registrador Principal de la
Zona sur de Bogotá, resuelve dejar sin valor ni efecto jurídico la apertura del
Folio de matrícula inmobiliaria 50S-40517058, según este Despacho,
“corrigiendo” la especificación de la Naturaleza Jurídica del acto de las
anotaciones uno y tres, afirmando que el Acto jurídico a inscribir es
“Compraventa de Cosa Ajena”, y lo curioso de todo, es que no logra establecer
– in situ- las verdaderas áreas de los inmuebles afectados, ni a quienes
correspondería la titularidad de los inmuebles.

Y no logra llegar a la verdad, porque no se tomó la molestia de oficiar a la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital, para que certificara en estricto derecho, la
existencia del área real de los bienes objeto de esta actuación administrativa, y
no quiso escuchar a las personas naturales y a los representantes de las
personas jurídicas, afectadas con su decisión, porque se ampara en una falsa
aplicación del Estatuto Notarial, aplicando someramente, el artículo 37 del
Decreto Ley 1250 de 1970, cuando hace un examen extemporáneo y no juicioso
de las normas extrínsecas del documento, pero no hace un análisis de conjunto
y verdaderamente sustancial de toda la actuación administrativa 174 de 2010”

C. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA INSTANCIA

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur, luego de
confrontar las escrituras que se encuentran en su archivo, frente a los registros
que se llevaron a cabo, concluye que “Como quiera que el registro de la escritura
1698 de 22-09-2008 no era procedente en el folio de matrícula 50S-697630,
por cuanto el señor GARCÍA PEÑA TRINO, dispuso de un área de terreno que ya
no ostentaba como titular del derecho de dominio, por la época en que se
registró la escritura; tampoco era procedente la apertura de un nuevo folio de
matrícula al área segregada, vendida de este mismo, por lo que el acto
contenido en esta venta versa sobre “cosa ajena”, de conformidad con lo
establecido en el artículo 752 del código, (…)

Así mismo manifiesta qué “De acuerdo con las normas antes mencionadas, las
escrituras registradas en las notaciones de la doce a la veinticuatro (12, 24) al
folio de matrícula 50S-697630, debieron registrarse en la primera columna del

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folio de matrícula antes referenciado “Modo de Adquisición”, con el código 101
y con la Especificación “COMPRAVENTA PARCIAL” sino en la sexta columna del
folio “ Falsa Tradición”, y con la Especificación “Compra venta Cosa Ajena”
Y como quiera que no se daban los presupuestos legales, de conformidad con
el estatuto registral, no se debió abrir las matrículas inmobiliarias, de la 50S-
40106 a la 40106491 incluyendo la 50S-40517058”

II. CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION

(…)

2.1 SITUACION FACTICA DEL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA
50S-697630.

Verificada la impresión simple del folio 50S-697630, remitida por la primera
instancia como prueba, se observa que el lote allí identificado se denomina “LA
MARICHUELA”, reporta un área inicial de 125.543.50 Mts 2, ostenta 25
anotaciones y el propietario es la sociedad OBRAS DE INGENIERIA LIMITADA
INGENIOBRAS LTDA-SUCURSAL BOGOTA INGENIOBRAS DE BOGOTA LTDA.

La titular del dominio loteó parte del inmueble, en un área aproximada de
28.826.87 Mts 2, luego vendió otra parte a NEGOCIOS MURCIA SA, y por último
mediante escritura 3399 del 04 de septiembre de 1990 de la Notaría 37 de
Bogotá, vendió un área de 16.298.75 mts2, a favor del señor TRINO GARCÍA
PEÑA.

(…)

A partir de la venta referida, las anotaciones siguientes ostentan una serie de
ventas parciales que hizo el señor Trino García Peña, aún cuando éste no funge
como propietario; su propiedad es la que identifica el folio de matrícula
inmobiliaria 50S-40061235.

Dentro de esas ventas parciales está la inscrita en la anotación 24, donde figura
la escritura 1698 del 22 de septiembre de 2008 otorgada en la Notaría 65 de
Bogotá, por medio de la cual el señor GARCÍA PEÑA vende a LUZ MARINA LÓPEZ
ROLDÁN, ÁLVARO OMAR SÁNCHEZ LÓPEZ y JORGE ARMANDO CASTILLO, el
inmueble denominado Lote 2 SAN ANTONIO, con área de 7.456.53 mts2, predio
al cual se le asignó el folio de matrícula 50S-40517058.

Por último el predio fue objeto de una Declaratoria de propiedad Pública sobre
zonas de cesión obligatoria gratuita a favor del DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ

2.2 SITUACIÓN FÁCTICA DEL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA
50S-40061235

Como se expuso en el análisis del folio de matrícula inmobiliaria 50S-697630,
el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40061235, surge de aquel con un área de
16.298.75 Mts 2, predio del cual es propietario el señor TRINO PEÑA GARCÍA

El titular de dominio por medio de la escritura 1482 del 21 de mayo de 1991 de
la Notaría 11 de Bogotá, de cuyo texto se extrae que efectuó un loteo con base

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en el cual surgieron aproximadamente 170 matrículas inmobiliarias, sobre un
área aproximada de 11.855.19 Mts 2, es decir el folio en la actualidad tendría
una parte restante de 4.443.56 Mts 2.

2.3 SITUACION FACTICA DEL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIRIA 50S-
40517058.

De la impresión simple del folio, se infiere que la matrícula inmobiliaria 50S-
40517058, corresponde al inmueble denominado Lote 2 San Antonio y reporta
una extensión superficiaria de 7.456 Mts2, y contiene un total de (4)
anotaciones, ubicado en la carrera 20 N° 91-12 Sur, segregado del folio 50S-
697630, fue abierto con fundamento en la escritura 1698 del 22 de septiembre
de 2008 de la Notaria 65 de Bogotá, por compraventa de GARCIA PEÑA TRINO
a: LUZ MARINA LÓPEZ ROLDÁN, ÁLVARO OMAR SÁNCHEZ LÓPEZ y JORGE
ARMANDO CASTILLO.

Estos a su vez enajenaron el inmueble a favor del INSTITUTO DISTRITAL
PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD IDIPRON, por
medio de la escritura N° 7052 del 30 de diciembre de 2009 de la Notaria 13
de Bogotá.

2.4. DE LA ESCRITURA 1698 DEL 22 DE SEPTIEMRE DE 2008.

En esta escritura acorde con sexta copia, y de las manifestaciones de la voluntad
allí plasmada se extrae que, el señor TRINO GARCIA PEÑA, transfiere a título de
venta a favor de LUZ MARINA LOPEZ ROLDAN, ÁLVARO OMAR SÁNCHEZ LÓPEZ
y JORGE ARMANDO CASTILLO, un lote de terreno situado en Bogotá D.C., Zona
de Usme, Urbanización La Marichuela, Lote 2, que para objeto de registro se
llamó San Antonio, adquirido por el vendedor mediante escritura N° 3399 del
04 de septiembre de 1990 otorgada en la Notaria 37 de Bogotá, registrada en
el folio de matrícula inmobiliaria bajo el folio 50S-697630.

Lote con una extensión superficiaria de 7.456.53 Mts 2; advirtiéndose en NOTA,
contenida en la página AA 36194502, que el vendedor se reserva un área de
8.062.32 Mts2.

De las declaraciones del vendedor, implícitas en el texto escriturario,
concatenadas con la situación jurídica de los folios 50S-697630 y 50S-
40061235, se infiere que:

1.- El predio adquirido por el señor Trino García Peña, mediante escritura
N°3399 del 04 de septiembre de 1990 otorgada en la Notaria 37 de Bogotá, se
identifica con la matrícula 50S-40061235, matrícula que no se citó en la
escritura 1698 del 22 de septiembre de 2008, en su defecto cita el folio 50S-
697630.

Si bien es cierto la escritura de adquisición se inscribió en el folio de matrícula
inmobiliaria 50S-697630, es mucho más cierto que con base en esta inscripción
surgió la matrícula inmobiliaria 50S-40061235 que identifica el predio de
propiedad del señor Trino García Peña; lo que significa que la parte restante del
folio 50S-697630, si es que algo resta, la propiedad la ostenta OBRAS DE
INGENIERIA LIMITADA INGENIOBRAS LTDA-SUCURSAL BOGOTA

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INGENIOBRAS DE BOGOTA LTDA.

2-El señor García Peña, enajena 7.456.53 Mts 2, se reserva 8.062.32 Mts 2, la
sumatoria de esta área arroja 15.518.85 Mts 2.

Aún cuando no se citó la matrícula 50S-40061235, se infiere por la cita del título
antecedente que la venta se hace sobre el predio identificado allí, entonces no
se entiende como sí el predio tenía 16.298.75 mts2, y el señor García Peña lotea
un área aproximada de 11.855.19 Mts2 quedándole una parte restante de
4.443.56 Mts2; haya vendido un área que no tenía y fuera de eso se reservara
otro tanto de extensión superficiaria.

Concatenando las circunstancias fácticas referidas, sin necesidad de declaración
de terceros, certificaciones catastrales, y únicamente con base en los folios de
matrícula inmobiliaria y los documentos que constituyen la historia traditicia, se
concluye que el señor TRINO GARCÍA PEÑA, cuando transfirió, el lote de terreno
situado en Bogotá DC., Zona Usme, urbanización la Marichuela, Lote 2, que
para objeto de registro se llamó San Antonio, no era titular del derecho de
dominio, por ende la transferencia versó sobre “cosa ajena”.

Lo anterior denota que los compradores del Lote 2, San Antonio, no efectuaron
un estudio de títulos que les permitiera detectar dicha circunstancia, porque de
haberlo hecho seguramente otra sería la suerte de la contratación, máxime
cuando se trata de un establecimiento público del orden distrital.

No puede pretender el apoderado de IDIPRON, que se indague en Catastro
sobre el área de los predios escritos con folios 50S-697630, 50S-40061235 y
50S-40517058, tratando de justificar que el señor Trino García Peña, tenía área
suficiente, para vender 7.456.53 mts2 y para reservarse un área de 8.062.32
mts2, cuando documentalmente, con escrituras, se ha probado que de
16.298.75 mts2 por él adquiridos, mediante escritura 3399 del 4 de septiembre
de 1990 de la Notaría 37 de Bogotá, tan solo le restaban 4.443.56 Mts2; área
restante que ni siquiera alcanzaba para vender los 7.456.53 metros 2.

Para llegar a esta conclusión no se necesitaba llamar a declarar al señor García
Peña, a Ingeniobras, y demás personas, (…) simplemente en la oficina de
registro de instrumentos públicos de Bogotá zona sur, existe el suficiente
material probatorio como es el documental para determinar que el señor García
Peña no era propietario del área enajenada.

De la misma manera son improcedentes e inconducentes todas aquellas pruebas
solicitadas por el Doctor Zuluaga Gómez, tendientes a demostrar la existencia
del área, cuando de un solo vistazo se PRUEBA, que el señor García Peña, no es
propietario en el folio de matrícula 50S-697630, lo es del predio con matrícula
inmobiliaria 50S-40061235, por cierto solo de lo que allí resta, por ende dispuso
de un predio del cual no era propietario, lo que significa que, se reitera vendió
cosa ajena.

(…)

Sobre la facultad correctiva por parte de las oficinas de registro, el Consejo de
Estado sala de lo Contencioso administrativo sección primera, consejera

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ponente, María Elizabeth García González, en sentencia del 31 de Marzo de
2011, Radicación No. 27001-23-31-000-2003-00457-02, dispuso:

“Del contenido de las normas de registro, antes transcritas, se deduce que para
que el registro refleje la verdadera situación jurídica del inmueble, el Registrador
puede hacer las correcciones en cualquier momento; y conforme se precisó en
la sentencia de 23 de octubre de 2003 (Expediente núm. 5611 Consejera
Ponente doctora Olga Inés Navarrete barrero), que reitero el fallo de 11 de
noviembre de 1999 (Expediente núm. 4106, Consejero ponente doctor Juan
Alberto Polo Figueroa, Actora Gloria del Carmen Rengifo Padilla), el estudio que
corresponde efectuar a las Oficinas de Registro, en modo alguno significa que
su actividad sea meramente mecánica o automática, despojada de toda
valoración jurídica respecto del acto a registrar sino que, por el contrario, ellos
están habilitadas por la ley para efectuar una valoración jurídica previa a la
anotación respectiva con miras a determinar precisamente , “ Sí la inscripción
del título” es “ legalmente admisible”, según preceptúa el artículo 37 del Decreto
Ley 1250 de 1970, así como determinar la naturaleza jurídica del acto con miras
a su ubicación en la clasificación y columnas pertinentes (artículo 25 ibídem),
de modo que la anotación se debe hacer según los resultados de dicha
valoración, que se supone tiene lugar en la tapa de “calificación”, que es una de
las cuatro etapas del procedimiento de inscripción descritas en el artículo 22,
ibidem.

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución N° 450 del
23 de agosto de 2011 proferida por la oficina de registro de instrumentos
públicos de Bogotá, zona sur por las razones expuestas en el presente proveído.
(…)”

1.1.3. Fundamentos de hecho8.

En suma, los descritos por el demandante son los siguientes:

IDIPRON mediante contrato de compraventa elevado a Escritura Pública Nro.
7052 del 30 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Trece (13) de
Bogotá9, adquirió de los señores Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar
Sánchez López y Jorge Armando Castillo, un lote de terreno denominado “La
Pachita”, ubicado en la Carrera 46 Este nro. 91 C-00 sur de la ciudad de
Bogotá, con un área aproximada de 7.456.53 mts2, identificado con folio de
matrícula inmobiliaria nro. 50S-40517058, por valor de $1.600.000.000.

Afirma que, a su vez las anteriores personas habían comprado en el año 2008
a Trino García Peña.

8
Cuaderno 2 folios 22 a 48.
9
Cuaderno Pruebas Folios 246 a 258.

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Señala que el 27 de enero del año 2010, la Oficina de Instrumentos Públicos
Zona Sur, mediante el turno Nro. 2010-7293, realizó la calificación de la
matrícula inmobiliaria 50S-40517058, sin encontrar inconveniente alguno
por parte de los estudios jurídicos de esa dependencia.

Aduce que por Auto del 01 diciembre de 2010, la Oficina de Instrumentos
Públicos Zona Sur de Bogotá ordenó iniciar actuación administrativa tendiente
a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria
50S-697630 y sus segregados 50S-40517058 y 50S-40061235.

Aduce que la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur ordenó la práctica de
pruebas, disponiendo que se allegarán las informaciones que fueran
necesarias para el esclarecimiento de los hechos; no obstante, la entidad no
practicó la totalidad de pruebas necesarias que pidió el apoderado judicial de
IDIPRON.

Manifiesta que el 23 de agosto de 2011, mediante la Resolución Nro. 450,
proferida por la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá, se
resolvió corregir la especificación de la naturaleza jurídica del acto de la
anotación número 24 del folio de matrícula número 50S-69763010, siendo lo
correcto “compraventa de cosa ajena”, suprimiendo la X, que indica las
personas que figuran como propietarios.

Asegura que la resolución enunciada dejó sin valor ni efecto jurídico la
apertura del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40517058 y como
consecuencia de ello, se trasladaron sus anotaciones al folio de matrícula 50S-
697630, quitando la X de propietario, corrigiendo la especificación de la
naturaleza jurídica del acto de las anotaciones uno y tres, como “compraventa
de cosa ajena” y adecuó el orden cronológico efectuando la salvedad de ley.

Alega que inició actuación administrativa frente al folio de matrícula 50S-
40061235, segregado del predio 50S-697630, igualmente con relación a los
folios de matrícula de la 50S-40106481 a la 50S-40106491.

Precisa que mediante Resolución 4030 del 8 de mayo de 2012, se confirmó
en todas sus partes la Resolución 450 del 23 de agosto de 2011, expedida por
la Oficina de Registro de Servicios Públicos Zona Sur de Bogotá.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora los actos acusados infringen “el Preámbulo y
artículos, 1, 2, 4, 6, 29, 58, 83, 90, 92 y 209, 229 de la Constitución Política
de Colombia, artículos, 1,2, 3, 5, Numeral 7, 9 Numeral 14, 10, 97 del
Código de Procedimiento Administrativo General, y, 103 y 138 del Código

10
Según el folio de matrícula 50S-697630 corresponde a la anotación 25 / cuaderno
Tribunal folio 217 a 222.

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Contencioso Administrativo”, en razón a que se expidieron con infracción en
las normas en que debían fundarse, sin competencia, en forma irregular,
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsa motivación
y con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió; lo anterior
lo fundamentó, en suma11:

• Infracción en las normas en que debían fundarse – vulneración de
norma superior. - Principio de buena fe, Principio Confianza legítima,
y Respeto del acto propio.

Señaló que las actuaciones que adelanten los particulares frente a la
administración pública gozan de una presunción legal de buena fe que
ampara a los particulares.

Alegó que acorde a lo expresado en la Sentencia T-465-2009, cuando el
registrador dispone dejar sin efectos una anotación y ordena el cierre de
varios folios de matrícula inmobiliaria, previo traslado de las anotaciones en
ellos contenidos al folio de matrícula de origen o folio matriz, desborda el
ámbito de sus competencias.

Manifestó que no comprende como la demandada, en la Resolución Nro.
4030 del 08 de mayo de 2012, se apoya en la sentencia del 31 de marzo de
2011 del Consejo de Estado, para fundamentar la facultad correctiva de las
oficinas de registro, en la que adicionalmente se menciona que tales
actuaciones se pueden hacer en la etapa de calificación, que es una de las
cuatro etapas del proceso de registro descritas en la Decreto Ley 1250 de
1970, y no un año después, cuando se verificó la calificación definitiva y se
expidió el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Indicó que el procedimiento adelantado por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona Sur, confirmado por la Dirección Nacional de
Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, al expedir las
resoluciones demandadas, desbordan amplia y ostensiblemente el ámbito
de sus competencias, que según el Decreto 1250 de 1970, son de reserva a
la actividad judicial.

Aseveró que las autoridades de la Superintendencia de Notariado y Registro
al no corregir sus actos incurren en vías de hecho.

Aseguró que en la actuación administrativa Nro. 174 de 2010, no se
practicaron la totalidad de las pruebas, pues como se estableció en la
Resolución Nro. 450 de 23 de agosto de 2011, se ordenaron otras pruebas
aclaratorias, que incluso tienen que ver, con el inmueble comprado por el
IDIPRON12, y que hacen referencia al folio de matrícula 50S-697630.

11
Cuaderno 2 folio 30.
12
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IDIPRON.

Afirmó que la Oficina de Instrumentos Públicos, primero realiza la
declaración de venta de cosa ajena y posterior a ello inicia la investigación.

Alegó que el principio de confianza legítima se encuentra ligado al principio
de buena fe, el cual, en términos de la Corte Constitucional establece que,
le está vedado a la administración modificar situaciones jurídicas originadas
en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas en los
ciudadanos.

Resaltó que, según un reciente fallo, la confianza legítima exige la aplicación
de las garantías propias del debido proceso cuando la autoridad persigue la
revocación unilateral de los actos que han creado una situación jurídica
consolidada, o la previsión de mecanismos de transición, cuando se realice
una modificación de situaciones jurídicas, que sí bien, no dieron lugar a un
derecho o posición jurídica consolidada, si generaron en el ciudadano la
confianza en su realización.

Indicó, frente al respeto del acto propio, que este comporta el deber de
mantener una coherencia en las actuaciones desarrolladas a lo largo del
tiempo, de manera que es contrario al mismo, toda actividad de los
operadores jurídicos que, no obstante ser lícita, vaya en contravía de
comportamientos precedentes que hayan tenido entidad suficiente para
generar en los interesados la expectativa de que, en adelante aquellos se
comportarían consecuentemente, con la actuación original.

Destacó que, la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá,
expidió una resolución declarando venta de cosa ajena un inmueble
comprado por IDIPRON de buena fe exenta de culpa y sin verificar la real
situación del inmueble, ni demostrar actuaciones fraudulentas, violando el
debido proceso, se apresuró a dicha decisión, la cual fue confirmada.

• Debido proceso administrativo

Argumentó que en la actuación administrativa se vulneró el debido proceso
comoquiera que no se practicaron las pruebas legalmente solicitadas por el
apoderado de IDIPRON13, ni se desataron en debida forma como lo establece
el código contencioso vigente y el Código de Procedimiento Civil.

Afirmó que la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur en violación
flagrante del debido proceso deniega por improcedente el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución 450 del 23 de agosto de 2011
sin realizar pronunciamiento sobre el incidente de nulidad interpuesto el 7
de septiembre de 2011, aclarando que el registrador a través de la
Resolución número 0573 de 8 de noviembre de 2011 decide sobre un
incidente de nulidad, pero en su parte resolutiva no se pronuncia al respecto.

13
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1.1.5 En escrito separado se acompañó la solicitud de medida cautelar de
suspensión de los actos demandados14, la cual fue negada por el Tribunal
de instancia mediante auto del 11 de febrero de 201415, decisión que el
actor impugnó mediante recurso de reposición y en subsidio de apelación y
que fue resuelto en la audiencia inicial llevada a cabo el 28 de febrero de
201416.

1.2. Contestación de la demanda. La Superintendencia de Notariado y
Registro contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, con
fundamento en las siguientes razones de defensa:

Indicó que el IDIPRON17 compró mediante Escritura Pública número 7052
del 30 de diciembre de 2009 otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, un lote
de terreno identificado con folio de matrícula 50S-40517058, con un área
aproximada de 7.456.53 mts2.

Señaló que, con relación al folio de matrícula 50S-69763018, el mismo
registra 25 anotaciones, de las cuales identificó algunas, realizando una
descripción, en síntesis, así:

Cuaderno de pruebas Folio de Matrícula 50S-697630 -Folio 217 a 223

Afirmó que el señor García Peña hizo unas ventas parciales derivadas del
folio de matrícula 50S-697630, cuando no figuraba como titular inscrito,
dentro de las cuales está la registrada en la anotación número 25, que
corresponde a la inscripción de la Escritura Pública 1698 del 22 de
septiembre de 2008 otorgada en la Notaría 65 de Bogotá, por medio del
cual el señor García Peña vende a Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar
Sánchez López y Jorge Armando Castillo el inmueble denominado Lote 2 San
Antonio con un área de 7.456.53 mts2, que dio origen al folio de matrícula
50S-40517058.

14
CMC, folio 1 a 7.
15
CMC folio 35 a 45.
16
Cuaderno 2 Folio 143 a 161.
17
Instituto para la protección de la niñez y la juventud.
18
Folio matriz del cual segrego el folio matrícula 50S-40517058.

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IDIPRON.

Mencionó que mediante la Escritura Pública 7052 del 30 de diciembre de
2009 otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, los últimos compradores 19,
enajenaron el inmueble antes identificado al IDIPRON.

Con relación al folio de matrícula 50S-40061235, argumentó:

Afirmó que el señor García Peña mediante la Escritura Pública 1482 del 21
de mayo de 1981 otorgada en la Notaría 11 de Bogotá; según indica que del
contenido que de la misma, éste efectuó un loteo con base en el cual se
segregaron cerca de 170 matrículas inmobiliarias, sobre un área aproximada
de 11.855.19 mts2, lo que en su criterio conlleva a determinar que de los
16.298.75 mts2 iniciales y luego de efectuar el loteo, le restaría un área de
4.443.56 mts2, por lo que no se entiende como pudo vender 7.456.53 mts2
a través de la Escritura Pública 1698 del 22 de septiembre de 2008 y
adicionalmente en este mismo acto reservarse un área de 8.062.32 mts2.

Aseguró que el registro de las escrituras públicas inscritas en las anotaciones
13 a 24 del folio de matrícula 50S-69763020 no eran procedentes, toda vez
que Trino García Peña había adquirido 16.298.75 mts2, lo cual originó el
folio de matrícula 50S-40061235, por lo que no podía vender 7.456 mts2,
del folio de mayor extensión 50S-697630; en consecuencia, dicha
transferencia versó sobre cosa ajena.

Resaltó que la oficina de registro instrumentos públicos ordenó la práctica
de pruebas y solicitó particularmente las copias de las escrituras registradas
en las anotaciones 13 a la 24 del folio de matrícula 50S-697630, así como
la 7052 del 30 de diciembre de 2009 otorgada en la Notaría 13 de Bogotá,
razón por la cual el accionante no puede manifestar que no se practicaron
la pruebas como habían sido ordenadas, aunado al hecho que, no indicó qué
prueba dejó de practicarse.

Precisó que la buena fe debe probarse y que si el demandante hubiese
realizado un correcto estudio de títulos sobre el folio de matrícula 50S-
40517058, se hubiese detenido en la Escritura Pública nro. 3399 del 4 de
septiembre de 1990 y en el folio de matrícula 50S-697630, situación que
hubiese alertado antes de hacer la negociación.

En cuanto a las excepciones presentadas por el IDIPRON, en síntesis,

19
Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez López y Jorge Armando castillo.
20
Cuaderno pruebas 217 a 222 Folio matriz.

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manifestó:

La argumentación del demandante se limita a manifestar que la oficina de
registro de instrumentos públicos declaró la venta de cosa ajena del
inmueble comprado en derecho, sin determinar en realidad a quién
pertenece, tratando de atribuir responsabilidad a la oficina de registro de
instrumentos públicos y/o Superintendencia de Notariado y Registro, por un
hecho que pudo ser evitado si el demandante hubiese actuado con diligencia
y cuidado toda vez que el daño en cuestión no guarda relación con una
supuesta falla del servicio, sino con la conducta del demandante y de quien
le vendió un predio del cual no tenía el derecho de dominio.

En cuanto a los cargos de nulidad presentados por el accionante:

Aseguró que la oficina de registro de instrumentos públicos fundamentó los
actos administrativos acusados en los artículos 4, 5, 7, 35, 50, 51, 52 y 82
del Decreto 1250 de 1970, artículos 669 y 752 del Código Civil, artículos 14,
28 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, Resolución 4174 de
1984 de la Superintendencia de Notariado y Registro y que, por el contrario,
el demandante indica la violación de unas normas sin indicar en qué consiste
la violación en cada caso.

Afirmó que la oficina de registro instrumentos públicos de Bogotá zona sur,
consideró suficiente la prueba documental que sustenta la decisión adoptada
en la Resolución 450 de 23 de agosto de 2011, teniendo en cuenta que hizo
un estudio de los folios de matrícula i) 50S-697630, 50S-713294 y 50S-
461235 y de las Escrituras Públicas identificadas como: 807 del 10 de
octubre de 1985, 1482 del 21 de mayo de 1991, 7052 del 30 de diciembre
de 2009, 3399 del 4 de septiembre de 1990, 186 del 20 de enero de 2010,
7052 del 30 de septiembre de 2009, 1698 del 22 de septiembre de 2008, y
4619 del 5 de febrero de septiembre de 1975.

Explicó que, al analizar las escrituras antes descritas, la oficina de registro
de instrumentos públicos de Bogotá Zona Sur, pudo concluir que Trino
García Peña vendió dos veces lo que había adquirido por Escritura Pública
número 3399 del 4 de septiembre de 1990, no siendo necesaria la
práctica de otras pruebas.

Adujo que el Registrador estimó que no se presentaba un vicio de nulidad
por no llamar a declarar a unas personas, en razón a que, en la función
registral la prueba es documental.

Resaltó, frente a los principios de la buena fe, confianza legítima y respeto
por el acto propio, que Trino García Peña indujo en error a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, al vender dos veces
lo que había adquirido en el predio de mayor extensión 21 y en el segregado,

21
50S-697630.

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por lo tanto, es quien debe responderle al demandante, aunado al hecho
que, la entidad actora estaba en la obligación de hacer un estudio de títulos
juicioso y completo sobre todas las escrituras que precedían el negocio que
estaba a punto de realizar, configurándose entonces dos causales de
exoneración de responsabilidad, como lo son el hecho exclusivo de la víctima
y el hecho de un tercero.

Aseguró que, frente a la facultad de la revocatoria de un acto que tiene
efectos particulares sin que medie el consentimiento del afectado, se pudo
constatar que la oficina de registro instrumentos públicos fue inducida a
error por Trino García Peña, razón por la cual estaba facultada para revocar
el acto administrativo particular.

Reiteró, con relación a la violación del debido proceso administrativo por la
no práctica de las pruebas solicitadas, que la prueba dentro de la actividad
registral es documental, y que, del estudio de las 8 escrituras arriba
enunciadas, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá pudo
concluir que Trino García Peña vendió dos veces lo que había adquirido
mediante Escritura Pública 3399 del 4 de septiembre de 1990.

Destacó, frente al argumento de no haberse resuelto el incidente de nulidad,
que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a través de la Resolución
573 del 8 de noviembre de 2011, exactamente en la hoja número 3, incisos
4 y 6, manifestó que no consideraba la existencia de causal de nulidad
alguna, toda vez que el registrador era competente, no había decidido sobre
asunto ejecutoriado por parte del superior, se respetaron los términos y
concedió los recursos para impugnar la decisión.

Concluyó que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá no
incurrió en ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo
137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo por lo que el despacho deberá negar las pretensiones de la
demanda.

Asimismo, frente a la responsabilidad patrimonial de la Superintendencia de
Notariado y Registro, precisó que las resoluciones objeto de nulidad, se
originaron como consecuencia de las actuaciones de Trino García Peña,
quién pese a haber adquirido mediante Escritura Pública 3399 del 04 de
septiembre de 1990 otorgada en la Notaria 37 del Bogotá un lote identificado
con el folio de matrícula 50S-4006135 con un área de 16.298.75
mts2, posteriormente realiza los siguientes actos:

i) Con Escritura Pública 1482 del 21 de mayo de 1981, relotea el predio
identificado con folio de matrícula 50S-4006135 en un área aproximada
de 11.855.19 mts2, ii) con Escritura Pública 1698 del 22 de septiembre de
2008 vende a favor de Jorge Armando castillo, Álvaro Omar Sánchez y Luz
Marina López Roldán 7.456.53 mts reservándose, adicionalmente, un área

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de 8.062.32 mst2, dejando constancia que el lote que vendía se identificaba
con el folio de matrícula 50S-697630- no siendo el propietario de este
lote, dado que su inmueble se identificaba con el folio matrícula 50S-
4006135.

Por lo anterior, afirmó que no existe hecho dañoso generado por la
Superintendencia de Notariado y Registro como tampoco falla en la
prestación del servicio que origine el pago de perjuicios aunado al hecho que
los mismos no fueron probados.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, mediante
sentencia de 5 de junio de 2014 negó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en las siguientes consideraciones22:

Señaló que para resolver la controversia planteada debía estudiar
previamente lo relativo a la revocatoria directa de los actos administrativos y
la facultad del registrador de instrumentos públicos para la corrección y
cancelación de los registros de inscripciones en el folio de matrícula
inmobiliaria.

Manifestó que procede la revocatoria directa de un acto administrativo de
carácter particular cuando ha sido obtenido por medios ilegales, como cuando
la voluntad del Estado está viciada por violencia, error o por dolo, para
enmendar esta situación antijurídica, se requiere prueba que acredite que el
acto ocurrió por medios fraudulentos, garantizando el debido proceso, con el
fin de que el administrado ejerza su derecho de defensa y contradicción.

Aclaró que, acorde con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Ley 1250 de
1970, la cancelación de las inscripciones de un registro contenidas en un folio
de matrícula proceden cuando i) se presente la prueba de la cancelación del
respectivo título o acto, y ii) cuando medie orden judicial en tal sentido.

Indicó que, interpretando la demanda y los fundamentos jurídicos de los
cargos propuestos, los procedió a agrupar en i) vulneración a los principios de
buena fe, confianza legitima y respeto por el acto propio y ii) violación al
debido proceso administrativo.

Aseveró que cada bien inmueble debe tener un solo folio de matrícula
inmobiliaria que reflejen anotaciones de los títulos que conlleven el modo de
adquisición, los gravámenes, las limitaciones y afectaciones al dominio, las
medidas cautelares, los títulos de tenencia y los títulos que conlleven a la falsa
tradición, tales como la enajenación de la cosa ajena o transferencia del

22
Cuaderno de pruebas, folios 231 a 336.

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derecho incompleto o sin antecedente propio, todo con el fin de garantizar
que sea pública la real situación jurídica del bien.

Afirmó que, en el caso concreto, se observa que el bien inmueble adquirido
por García Peña es un lote que hace parte de un inmueble de mayor extensión
que pertenece a la sociedad Ingeniobras Ltda, razón por la cual se generó el
folio de matrícula número 40061235.

Aseguró que, el mismo dueño del predio efectuó un loteo, creando 176 nuevos
folios de matrícula segregados del inmueble adquirido, y que acto seguido
efectúo varias compraventas, las cuales son registradas en el folio de
matrícula 50S-697630, segregando del mismo, el folio 50S-40517058
contentivo de la compraventa del área de 7.456.53 mts2, efectuada por los
adquirientes, quienes luego le venderían el predio al IDIPRON23.

Expuso que, resulta evidente el error en el que incurrió la oficina de registro
de instrumentos públicos, al no percatarse qué el bien inmueble de García
Peña ya tenía un folio de matrícula inmobiliaria, asignando un nuevo folio, en
el cual se registraron las compraventas que obran en las anotaciones 13 y
siguientes del folio de matrícula número 50S-697630 y para el caso
concreto, el titulo traslaticio de dominio que posteriormente generó el folio
nro. 50S-40517058.

Explicó que, el bien inmueble que pertenecía a García Peña corresponde a la
inscripción descrita en el folio de matrícula número 50S-40061235, del cual
se agregaron 176 lotes, dando lugar a la apertura de la misma cantidad de
nuevos folios de matrícula, por lo que las compraventas registradas en las
anotaciones números 13 y siguientes del folio de matrícula número 50S-
697630, se realizaron sobre un inmueble que no pertenecía a esta persona.

Precisó que, en virtud del artículo 5 del Decreto Ley 1250 de 1970, a cada
inmueble se le debe asignar un único folio de matrícula, y que, con relación al
bien perteneciente a García Peña no le corresponde el folio sobre el cual se
registraron los mencionados títulos traslaticios de dominio y por ello, estos
negocios jurídicos surgieron con base en un bien ajeno y, en consecuencia, se
presentó un caso de enajenación con falsa tradición.

Manifestó que, comparte el criterio de la ORIP, en el sentido de que dado el
loteo efectuado por García Peña obrante en la Escritura Pública Nro. 1482 del
21 de mayo de 1981, el área restante una vez hecho este procedimiento fue
menor al área vendida, y a la que se reservó en la Escritura Pública Nro. 1698
del 22 de septiembre de 2008, por lo que no hay lugar a duda a establecer
que el negocio jurídico se realizó sobre un bien del cual García Peña no era
propietario y, por tanto, no podía trasladarse su derecho real de dominio a
quienes le vendieron al IDIPRON.

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Planteó qué, el negocio jurídico por medio del cual el IDIPRON, adquirió el
bien inmueble del que alega el respeto del principio de buena fe, confianza
legítima y el acto propio, está afectado por esta misma circunstancia, puesto
que los vendedores no eran efectivamente los propietarios del mismo, dada
la ruptura de la cadena de títulos que se generó a partir de la situación
descrita.

Resaltó que era obligación de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá
Zona Sur corregir el folio de matrícula inmobiliario 50S-697630 en su
anotación número 25, en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 82 del Decreto 1250 de 1970, esto es, de exhibir en todo momento la
situación jurídica real del inmueble, por lo que tal actuación se encuentra
ajustada a derecho.

Aclaró que, la Resolución Nro. 450 de 2011 dispuso corregir la especificación
de la Naturaleza Jurídica del Acto de la anotación número “24” del folio de
matrícula 50S-697630; sin embargo, que el Tribunal entendía que se
refería a la anotación nro. 25, lo cual consta en el folio de matrícula
Nro. 50S-697630, impreso el 09 de julio de 2012.

Dijo que, no se encuentra probado que, García Peña indujo en error a la oficina
de registro, dado que, el registrador debió revisar que de la compraventa
efectuada entre García Peña y la Sociedad Ingeniobras Ltda, se había
segregado el folio de matrícula número 40061235, el cual reflejaba la
situación real del inmueble; sin embargo, su actuación consistió en registrar
la compraventa entre esta persona y quienes posteriormente venderían el
predio al IDIPRON24, inscribiéndola en el folio de matrícula 50S-697630 el cual
fue segregado al folio número 50S-40517058.

Aseveró que más que la inducción en error por parte de García Peña en la
inscripción del acto, esta situación fue producto de la falta de diligencia de la
oficina de registro quien procedió a registrar por segunda vez el mismo bien
inmueble siendo indudable consecuencia de esta descripción la configuración
de una compraventa de cosa ajena; no obstante lo anterior, precisó que sobre
un mismo bien inmueble se encontraban vigentes dos folios de matrícula
inmobiliaria contradiciendo lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1250 de
1970.

Destacó que en el caso concreto el cierre de los folios de matrícula de los
bienes inmuebles, previo traslado de sus anotaciones al folio de matrícula
matriz, no equivale propiamente a la cancelación de un registro o inscripción,
sino a la aplicación del procedimiento dispuesto por la norma que regula la
materia, tendiente a hacer efectivas las decisiones, bien sea de corrección o
de cancelación de las inscripciones, en aras de garantizar que sea reflejada la
real situación jurídica de los bienes inmuebles.

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Precisó que la oficina de registro instrumentos públicos válidamente adelantó
el procedimiento de corrección del folio de matrícula inmobiliaria 50S-
697630 sin tener la posibilidad de dejar abierto el folio de matrícula 50S-
40517058 el cual se segregó directamente de aquel, por cuanto pese a la
corrección, en realidad en el folio de matrícula 50S-40517058 continuarían
surtiéndose los efectos jurídicos con respecto a la situación del inmueble
manteniéndose entonces las situaciones de falsa tradición y doble registro de
la matrícula inmobiliaria en el mismo predio.

Expuso que no era posible entender el cierre de un folio de matrícula
inmobiliaria que se destine a un bien inmueble que ya cuenta con esa
inscripción, y el traslado de todas sus anotaciones al folio del cual fue
segregado como un acto de cancelación de registro, por el contrario, es una
potestad que le confiere el ordenamiento jurídico al registrador de
instrumentos públicos para hacer efectiva una corrección o cancelación
válidamente realizada, en aras de garantizar que el inmueble tenga un solo
folio de matrícula inmobiliaria y se refleje la situación jurídica del bien; en
consecuencia, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona
Sur estaba facultada legalmente para cerrar el folio de matrícula inmobiliaria
50S-40517058 y trasladar sus anotaciones al folio de matrícula 50S-
697630 con las correcciones que fueran del caso en la forma que válidamente
las efectuó.

Indicó que el hecho dañoso proviene de la omisión de la oficina de registro al
no percatarse en el proceso de registro descrito en el artículo 22 y siguientes
del Decreto Ley 1250 de 1970, de que el inmueble que se pretendía registrar
producto de la Escritura Pública Nro. 1698 del 22 de septiembre de 2008 ya
había sido registrado en otro folio de matrícula inmobiliaria y que esta
situación correspondía a una compraventa de cosa ajena; más no de la
expedición de los actos administrativos acusados que corrigieron este yerro.

Frente a la primera pretensión subsidiaria, relacionada con la reparación del
daño antijurídico causado al IDIPRON25, manifestó que no era posible resolver
el cuestionamiento, en razón a que, el escrito de la demanda no contiene una
debida acumulación de pretensiones acorde a lo señalado por el artículo 165
de la Ley 1437 de 2011, dado que el demandante propone pretensiones
consistentes en la indemnización de perjuicios causados por la posible
responsabilidad patrimonial atribuida a los demandados, pero lo hace a título
de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad que
pretende, más no en virtud del ejercicio del medio de control de reparación
directa.

Con relación a la vulneración del debido proceso, por la no practica de pruebas
por parte de la oficina de registro de instrumentos públicos señaló que para
que se pueda alegar la vulneración del mismo, es necesario que estas pruebas
que no fueron decretadas ante la administración sean solicitadas en sede

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jurisdiccional, para así determinar que su trascendencia resultaba
imprescindible para fundamentar la decisión administrativa.

Precisó que, en la audiencia inicial llevada a cabo el 28 de febrero de 2014,
resolvió negar algunas de las pruebas solicitadas por innecesarias e
impertinentes a excepción de la actuación administrativa surtida en la Alcaldía
Menor de Usme y el certificado de catastro; aclarando que, no todas las
pruebas que el demandante alegó que no fueron decretadas en la actuación
administrativa, tenían la conducencia y pertinencia para desvirtuar la legalidad
de los actos administrativos acusados ante esta jurisdicción, luego no eran
imprescindibles o trascendentales para que la decisión administrativa
controvertida fuese otra.

Frente a que, no se desató el incidente de nulidad propuesto por el IDIPRON
el 7 de noviembre de 2011, afirmó que no le asistía razón al demandante,
dado que mediante Resolución 573 del 8 de noviembre de 2011, el registrador
de instrumentos públicos sí se pronunció en la parte motiva de su decisión,
resolviendo el mismo, por lo que aun cuando en la parte resolutiva de la
resolución no haga referencia expresa de la negación del incidente de nulidad
si se advierte claramente que la administración negó esta solicitud.

Finalmente, condenó en costas a la parte vencida, esto es, al IDIPRON.

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN

El IDIPRON interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones
de la demanda.

Argumentó que la causa petendi se fundamentó en los antecedentes de la
compra de un terreno, que se fundamentó en el certificado de tradición y
libertad expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro previo a
la negociación, en el que aparecían los vendedores como titulares del
derecho de dominio sin salvedad, ni limitación.

Afirmó que, hecha la compra, la demandada registró y certificó por más de
2 años qué el IDIPRON26 era el propietario, por cuanto no podía mediante
una actuación administrativa en la que se violó el debido proceso, al no
atender las pruebas solicitadas, ni resolver el incidente de nulidad, proceder
a modificar las anotaciones y los folios de matrícula inmobiliaria que
resultaron afectados, por cuanto con ellos se vulneraron los derechos ya
reconocidos, registrados e inscritos a favor de la demandante quien actuó
siempre de buena fe.

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Aseguró que, la entidad demandada solo podía revocar el acto con la
autorización de IDIPRON, o demandar su propio acto mediante la acción de
lesividad.

Manifestó que, una cosa es que la norma faculte para corregir errores y otra
muy distinta que la misma se utilice para desconocer derechos de terceros
de buena fe dejando de lado los requisitos obligatorios de la revocatoria
directa y de la exigencia de demandar su propio acto cuando ese tercero no
lo autoriza.

Resaltó que la competencia no se puede aplicar por analogía, tiene que ser
expresa y el Decreto 1250 de 1970 jamás otorga competencia para
desconocer derechos que durante cerca de 2 años y medio reconoció y
certificó.

Destacó que la exposición que hace el Tribunal no es clara, por cuanto
sugiere o da a entender que se debió demandar en ejercicio de reparación
directa, como consecuencia de una omisión de la demandada y no, mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; argumento que
cuestiona en el sentido de que, si la anotación constituyó un hecho, como
se habla de revocatoria directa, si la revocatoria está dada para actos y no
para hechos.

Respecto de lo anterior, consideró que resultaría imposible demandar en
reparación directa cada vez que la oficina de registro cometiera un error al
efectuar una anotación, dado que este medio de control debe ser ejercido
dentro de los 2 años contados a partir del acaecimiento del hecho.

Arguyo qué, el daño, el perjuicio, la violación, la lesión de los derechos de
IDIPRON, surgen de los actos administrativos que, bajo el escudo de una
simple corrección, ordena sin el consentimiento o anuencia del tercero de
buena fe afectar un derecho ya reconocido, puesto que pasó de ser titular
de un derecho a calificarlo como venta de cosa ajena.

Señaló que, la anterior situación la califica el Tribunal de instancia, como
ajustada a derecho, dado que en un caso de características distintas el
Consejo de Estado dijo que cuando se abren dos folios sobre el mismo
inmueble la Superintendencia tiene el deber de unificarlos; pues no se trata
simplemente de demandar unos actos por el hecho de haber ordenado
unificar dos folios que existían sobre el mismo inmueble, comoquiera que se
ordenó dejar sin efecto una anotación que tenía al IDIPRON como
propietario de un predio.

Dijo que, era el mismo Tribunal quien aceptaba que no se demostró que el
señor García Peña hubiese inducido en error a la administración, menos aún
de haber obrado de mala fe, como tampoco se mencionó que el IDIPRON
hubiera actuado de esa manera.

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Afirmó que, se pretende aducir que lo que se debió fue demandar un hecho
de la administración que califica como yerro u omisión, a través de la
reparación directa, sin tener en cuenta que no existió daño durante más de
2 años y que, el daño solo se causa cuando se expide un acto en mayo de
2012 que confirmó otro expedido en el año 2011 y que lesionó un derecho
de un tercero que obró de buena fe, quien no manifestó su consentimiento
previo a la revocatoria.

Argumentó que, el Decreto 1250 en 1970, no establece que los actos de
registro puedan ser revocados sin la observancia plena de los requisitos que
trae el código, menos aún que no sea el objeto de la acción de lesividad,
todo lo contrario, exige que medie una decisión judicial.

Reiteró qué, en la actuación administrativa se presentó una situación
particular relacionada con una nulidad planteada a su interior que no fue
resuelta, por cuánto deben resolverse de manera concreta dando la
oportunidad de ser impugnadas, al punto que deben informarse los recursos
que contra esa decisión proceden, situación que no ocurrió.

Indicó que, le llama la atención la circunstancia de que el Tribunal, sí
estimaba que la acción estaba equivocada no la adecuará o decidiera lo
pertinente en la admisión de la demanda.

Concluyó qué, los criterios en que se fundamenta el Tribunal, no son de
recibo pues, no debe demandarse en reparación directa, ante la
imposibilidad fáctica y jurídica que ella comporta, como tampoco se podían
afectar los derechos del demandante a través de la revocatoria directa por
ser un tercero de buena fe, al que jamás se le pidió su consentimiento, quien
estuvo siempre amparada en la confianza legítima, en la buena fe propia,
en la buena fe de la administración, en el debido proceso y en el respeto por
el acto propio, entre otros.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Mediante auto de 21 de abril de 201527, se admitió el recurso de apelación
formulado por la parte demandante.

Por medio de providencia de 29 de septiembre de 201528, se ordenó correr
traslado a las partes para que alegaran de conclusión.

La Superintendencia de Notariado y Registro reiteró los argumentos
esgrimidos en el escrito de contestación de la demanda, insistiendo que no

27
Cuaderno de segunda instancia, folio 4.
28
Ibidem, folio 9.

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fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados29.

La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación, e insiste en que i) la acción de reparación directa no era el medio
procedente para obtener las pretensiones de la demanda; ii) la demandada
no podía afectar derechos adquiridos a través de la revocatoria directa, por
considerarse un tercero que obro de buena fé, aunado al hecho que no se
le solicitó autorización para revocar el acto; y iii) siempre se encontró
amparado en los principios de confianza legitima, buena fe, debido proceso
y respeto por el acto propio30.

V.- CONSIDERACIONES

5.1 Competencia

El Consejo de Estado, Sección Primera es competente para conocer en
segunda instancia del recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la Sentencia de cinco (05) de junio de 2014, proferida por Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, atendiendo
lo previsto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del
Acuerdo nro. 80 del 12 de marzo de 2019 proferido por la sala de esta
Corporación.

5.2 Hechos Probados.

El Instituto para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON,
mediante contrato de compraventa elevado a Escritura Pública Nro. 7052
del 30 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Trece (13) de
Bogotá31, adquirió de los señores Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar
Sánchez López y Jorge Armando Castillo un lote de terreno denominado Lote
2 San Antonio, con un área aproximada de 7.456.53 mts, ubicado en la
Carrera 46 Este nro. 91 C-00 sur de la ciudad de Bogotá por valor de
$1.600.000.000.32

El anterior inmueble se identificó con el folio de matrícula 50S-
4051705833, en el cual se encuentra inscrita la Escritura Pública Nro.
7052 del 30 de diciembre de 2009, dejando constancia en la anotación
nro. 1, que el mismo se había abierto con base en el folio de matrícula 50S-
697630.

En el folio de matrícula 50S-40517058, se registra la siguiente

29
Cuaderno segunda instancia, folio 13 a 24.
30
Cuaderno segunda instancia, folios 26 a 40.
31
Cuaderno Pruebas Folios 246 a 258.
32
Cuaderno Tribunal folios 105 a 115 / E. P nro. 7052/ 30.12.2009.
33
Cuaderno Tribunal /folio de matrícula/ anotación 03 / folio 134 y folio 108.

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información:34

“DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS:

Contenidos en la E.P 1698 de fecha 22-09-2008 en Notaria 65 de BOGOTÁ D.C.
LOTE 2 SAN ANTONIO con área de 7.456.53 MTS (…)

COMPLEMENTACION:
GARCIA PEÑA TRINO ADQUIRIO POR COMPRA A OBRAS DE INGENIERIA LTDA,
INGENIOBRAS LTDA., POR E. 3399 DEL 04-09-90 NOTARIA 37 DE BOGOTA,
ESTA LOTEO POR E. 807 DEL 10-10-85 NOTARIA 37 DE BOGOTA, ADQUIRIO
POR COMPRA A OBRAS DE INGENIERIA DE BOGOTA LTDA, INGENIOBRAS DE
BOGOTA LTDA., POR E. 7056 DEL 19.12.1983 NOTARIA 6 DE BOGOTA, CON
REGISTRO AL FOLIO 050-697630.”

Mediante Escritura Pública 1698 del 22 de septiembre de 2008, los
vendedores adquirieron de Trino García Peña, el lote que entregaron en
venta; esto es, el terreno denominado Lote 2 San Antonio, con un área
aproximada de 7.456.53 mts, y que en esta escritura se identificó con el
folio de matrícula nro. 50S-697630.

De igual forma, en el parágrafo de la cláusula primera-objeto de contrato y
una vez finalizó el alinderamiento del inmueble, se dejó la siguiente nota:”
El vendedor se reserva un área OCHO MIL SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS
(8.062.32 mts)” (subraya propia).

Así mismo, en dicha escritura, en la parte relacionada con la tradición del
inmueble se expresó:

“Que el inmueble determinado en la cláusula anterior y que es materia de la
presente venta fue adquirido por la parte vendedora en su actual estado civil
por compra efectuada a la sociedad OBRAS DE INGENIERIA LTDA,
INGENIOBRAS LTDA, tal como consta en la escritura pública número TRES
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (3.399) de fecha CUATRO (4) de
septiembre del año de mil novecientos noventa (1990), otorgada en la Notaria
Treinta y siete (37) del círculo de Bogotá, debidamente registrada en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, bajo el folio de matrícula
50S-697630.35”

La Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur al registrar la anterior
escritura pública abrió el folio de matrícula nro. 50S-40517058 y dejó
constancia que se hacía con base en el folio de matrícula nro. 50S-
69763036.

Por su parte, en la Escritura Pública nro. 3399 del 04 de septiembre

34
Cuaderno Tribunal folios 73 a 107.
35
Cuaderno Tribunal folios 123 a 128.
36
Cuaderno Tribunal folio 134.

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IDIPRON.

de 1990, otorgada en la Notaría 37 del Círculo de Bogotá, Trino García
Peña, celebró una compraventa parcial con la sociedad Obras de
Ingeniería Ltda, “Ingeniobras Ltda”, sobre un lote de terreno ubicado
en la ciudad de Bogotá, zona de Usme, con un área aproximada de
16.298.75 mts2; en este mismo instrumento público, se solicitó a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur del Círculo De Bogotá, la
apertura del folio individual producto de esta venta con base en el folio de
mayor extensión37.

Acode con lo anterior, al lote segregado le fue asignado el folio de matrícula
50S-40061235, el cual se abrió con base en el folio de matrícula de
mayor extensión 50S-697630, según documento expedido por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur, en el que se deja la
constancia de las matrículas abiertas con base en aquel38 y acorde a lo
descrito en el mismo folio de matrícula 050-40061235.39

Cuaderno Tribunal folio 232

37
Cuaderno Tribunal folios 86 a 90.
38
Cuaderno Tribunal folio 81.
39
Cuaderno Tribunal folio 232.

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36

Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

Mediante Escritura Pública nro. 1482 del 21 de mayo de 199140, Trino
García Peña, titular del derecho de dominio, realizó un loteo del “lote de
terreno denominado “Área de Reserva Lote de Cafam” ubicado en Bogotá,
zona de Usme, identificado con folio de matrícula 50S-4006123541,
derivándose 176 folios de matrícula, colocándole una nomenclatura
provisional a cada predio; loteo que quedó estipulado en la forma y términos
en la escritura en mención.42

Cuaderno Tribunal folio 337

40
Cuaderno Tribunal folio 296 a 342.
41
Cuaderno Tribunal folios 296 a 337.
42
Cuaderno Tribunal folio 337.

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37

Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

El Folio de matrícula 50S-697630, consta de 25 anotaciones, fue segregado
del folio de mayor extensión nro. 28717, cuya denominación inicial
correspondió a Marichuela Globo 2, con un área de 125.543.50 mts2 y del
cual se extrae:

i) El folio se apertura con la adquisición realizada por Obras de Ingeniera de
Bogotá Ltda, - Ingeniobras de Bogotá Ltda, quien a su vez adquirió por
compraventa en mayor extensión, a la Urbanizadora del Sur de Bogotá,

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38

Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

mediante Escritura 1635 del 21 de Octubre de 1982, otorgada en la Notaria
30 de Bogotá, ii) La Urbanizadora del Sur de Bogotá, adquirió por
compraventa efectuada a Rafaela Cecilia Burgos de Arévalo, mediante
Escritura Pública 4619 del 15 de septiembre de 1975 de la Notaria 1 de
Bogotá, quien adquirió el derecho de dominio por adjudicación en sucesión de
de José David Arevalo Correal, según sentencia del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Bogotá, del 05 de mayo de 1953.43

La Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá, con Auto del 01
diciembre de 2010, ordenó iniciar actuación administrativa tendiente a
establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50S-
697630, y sus segregados 50S-40517058 y 50S-4006123544.

El 23 de agosto de 2011, mediante la Resolución Nro. 450, proferida por
la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá, se resolvió corregir
la especificación de la naturaleza jurídica del acto de la anotación número 25
del folio de matrícula número 50S-69763045, reemplazando la misma por
“compraventa de cosa ajena”, suprimiendo la X, que indica las personas que
figuran como propietarios.

Dejó sin valor ni efecto jurídico la apertura del folio de matrícula inmobiliaria
50S-40517058 y como consecuencia de ello, se trasladaron sus anotaciones
al folio de matrícula 50S-697630, quitando la X de propietario; con la que se
había calificado a IDIPRON46, y corrigió la especificación de la naturaleza
jurídica del acto de las anotaciones uno y tres, como “compraventa de cosa
ajena”

Inició actuación administrativa frente al folio de matrícula 50S-40061235,
segregado del predio 50S-697630, igualmente con relación a sus
segregados, los folios de matrícula de la 50S-40106481 a la 50S-
4010649147.

Con Resolución nro. 0573 del 08 de noviembre de 2011, la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Sur, dio respuesta a la
solicitud de nulidad interpuesta por el IDIPRON48 y decide un recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nro. 450 del 23
de agosto de 201149.

Mediante Resolución 4030 del 8 de mayo de 2012, se confirmó en todas
sus partes la Resolución 450 del 23 de agosto de 2011, emitida por la Oficina

43
Cuaderno Tribunal folios 217 a 222.
44
Cuaderno Tribunal folios 8 a 11.
45
Según el folio de matrícula 50S-697630 corresponde a la anotación 25 / cuaderno
Tribunal folio 217 a 222.
46
Instituto para la Protección de la Niñez y de a Juventud.
47
Cuaderno Tribunal folios 38 a 49.
48
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud.
49
Cuaderno Tribunal folios 53 a 62.

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39

Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

de Registro de Servicios Públicos Zona Sur de Bogotá50.

5.3. Caso en concreto

En el presente caso, la parte actora cuestiona las actuaciones surtidas por
el Registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá,
consistentes en la expedición de unos actos administrativos 51 que
corrigieron la especificación de la naturaleza jurídica del acto de registro
nro. 25 del folio de matrícula S50-697630, que dejó sin valor ni efecto
jurídico la apertura del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40517058 y
como consecuencia de ello trasladó las anotaciones allí registradas al folio
de matrícula 50S-697630, eliminando la X de propietario con la que
figuraba IDIPRON, corrigiendo la especificación de la naturaleza jurídica de
las anotaciones uno y tres, por compraventa de cosa ajena.

Lo anterior, en su criterio, conlleva a una revocatoria directa de un acto de
contenido particular y concreto sin el consentimiento del titular del derecho
del dominio, pues no se trató de una simple corrección. En consecuencia,
estima la parte demandante que el Registrador actuó sin competencia y
vulneró normas superiores, pues trasgredió los principios de buena fe,
confianza legítima, respeto del acto propio, así como vulneró el debido
proceso.

Así las cosas, la Sala deberá determinar, i) si la actuación del Registrador
de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá, consistió en un acto de
revocatoria directa que requería el consentimiento del titular del derecho, y
como no lo obtuvo debe declararse su nulidad, ii) establecer si como lo
argumentó la Superintendencia de Notariado y Registro, Trino García Peña,
realizó unas ventas parciales derivadas del folio de matrícula 50S-
697630, cuando no figuraba como titular inscrito del mismo y en
consecuencia, este acto versó sobre cosa ajena; y iii) finalmente determinar,
si cómo lo decidió el Tribunal, la ORIP tenía la competencia, para corregir
los actos de registro, en razón a que cada bien inmueble debe contar con un
único folio de matrícula inmobiliaria, que refleje la real situación jurídica del
mismo.

5.3.1. Frente a la resolución de los problemas planteados, y con relación, a
si las actuaciones del Registrador consistieron en una revocatoria de los
actos administrativos, que debían contar previamente con el consentimiento
del particular, y por ello los actos demandados deben declararse nulos, se
tiene que el servicio registral tiene normas especiales a partir de las cuales
cuando se realiza una corrección en folios de matrículas inmobiliarias no se
requiere el consentimiento previo del titular, como se pasa a explicar.

50
Cuaderno Tribunal folios 65 a 74.
51
Resoluciones 450 del 23.08.2011 y 4030 del 08.05.2012.

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40

Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

En un caso similar al que hoy nos ocupa52 esta Corporación, expresó lo
siguiente53:

“(…) Sea del caso aclarar que si bien esta Corporación ha sostenido que el
procedimiento de registro está regulado por el Decreto Ley 1250 de 1970,
razón por la cual no le es aplicable la primera parte del C.C.A., salvo en lo
no previsto en tal ley y que resulte compatible con los respectivos
asuntos, también lo es que los actos de registro constituyen verdaderos
actos administrativos en la medida en que contienen una manifestación
de la voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos

En efecto, en anteriores oportunidades esta Sección ha manifestado que
como quiera que el Decreto 1250 de 1970 contiene sus reglas propias
en materia de corrección o cancelación del registro o inscripción de un
título, acto o documento, diferentes de las que gobiernan el
procedimiento administrativo general de la revocación directa, esta
última no es aplicable para los actos de registro y, por lo tanto, no se
requiere el consentimiento expreso y escrito del titular, como si lo exige
el artículo 73 del C.C.A. para la revocatoria de los actos de carácter
particular y concreto. (…)”

En razón de lo anterior, y tal como lo expreso esta Corporación, dado que
el Decreto 1250 de 197054 contiene sus reglas propias en materia de
corrección o cancelación del registro o inscripción de un título, acto o
documento, diferentes de las que gobiernan el procedimiento administrativo
general de revocatoria directa, no le son aplicables los temas regulados por
el estatuto registral y, por lo tanto, en el trámite de corrección no se requiere
el consentimiento expreso y escrito del titular, como si lo exige el artículo
73 del C.C.A, norma vigente para el momento de la expedición del Auto del
52
Resolución Nro. 1265 de 21 de julio de 1999, por medio de la cual el Registrador de Instrumentos
Públicos de Bogotá, Zona Sur, resolvió excluir la anotación 01 del folio de matrícula inmobiliaria 050-
163368; modificar la inscripción realizada en la anotación 2 del mismo folio de matrícula inmobiliaria
y las inscripciones realizadas en las anotaciones 01 de los folios de matrícula inmobiliaria 050-
40113848 a la 050-40113866, correspondientes a la Escritura Pública 5144 del 28 de agosto de 1992;
reconstruir el folio de matrícula inmobiliaria núm. 050-163368 con base en los documentos
microfilmados para esta matrícula; y adecuar la especificación del acto, insertando la palabra falsa
tradición, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio.
53
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO,
Providencia de 31 de enero de 2003, Radicación número: 25000-23-24-000-2000-00127-02(6551),
Actor: COMPAÑÍA URBANIZADORA LÓPEZ Y SUÁREZ LTDA., Demandado: LA NACIÓN –
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE BOGOTÁ- ZONA SUR.
54
ARTÍCULO 36. Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán
subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o
insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deben agregarse y salvando a final lo corregido,
reproduciendo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la
corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que
se haga. Las salvedades serán firmadas por el Registrador o su delegado. Sin dichos requisitos no
valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las expresiones originales.
ARTÍCULO 37. Los registradores podrán rectificar por si, bajo su responsabilidad, los errores
instrumentales cometidos al asentar las inscripciones. La corrección la harán teniendo a la vista el
título o documento objeto de la inscripción, y dejando constancia en el folio bajo su firma o la de su
delegación y la fecha.
Las correcciones que impliquen alteración de la sustancia del registro solo podrán hacerse con el
asentimiento de todos los interesados o por mandato judicial.

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41

Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

01 de diciembre de 201055, y las Resoluciones 450 del 23 de agosto de 2011
y 4030 del 08 de mayo de 2012; en consecuencia, el primer argumento
expuesto por el demandante en el recurso de apelación no está llamado a
prosperar.

5.3.2. Ahora bien, establecido que no se necesita del consentimiento previo
del titular durante el trámite de corrección, la Sala debe determinar sí como
lo argumentó la Superintendencia de Notariado y Registro, Trino García
Peña, realizó unas ventas parciales derivadas del folio de matrícula 50S-
697630, cuando no figuraba como titular inscrito del mismo y en
consecuencia, este acto versó sobre cosa ajena; para ello se estudiará la
historia traditicia que finalizó con la venta en la que participó como
compradora la entidad demandante.

Se encuentra probado que Trino García Peña, realizó unas ventas parciales
derivadas del folio de matrícula 50S-697630, cuando no figuraba como
titular inscrito del mismo y, en consecuencia, este acto versó sobre venta
cosa ajena, teniendo en cuenta lo siguiente:

Acorde al material probatorio, en síntesis, la cadena traditicia de los folios
de matrícula 50S-697630, 50S-40061235 y 50S-40517058, fue la
siguiente.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra acreditado que Trino García Peña,
mediante Escritura Pública 3399 del 04 de septiembre de 1990, realizó
una compraventa parcial a la sociedad Negocios Murcia S.A, un área de
terreno de 16.298.75 mts2, segregado del folio de matrícula 50S-

55
Por la cual se inicia Actuación Administrativa tendiente a establecer la real y verdadera situación,
jurídica y verdadera situación jurídica, del folio de matrícula 50S-697630

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42

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Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

697630; porción de terreno al cual se le asignó el folio de matrícula 50S-
40061235 denominado Área de Reserva Valle de Cafam.

El folio segregado 50S-40061235, con un área de terreno de 16.298.75
mts2, fue objeto de división material, aproximadamente en 176 folios de
matrícula, lo que tuvo como efecto que un área superior a 11.680 mts2,
se utilizara para este acto56; restándole a Trino García Peña, un área
aproximada de 4.618 mts2, por cuanto, no podía en un acto posterior de
venta disponer de un área mayor a esta.

En razón de lo anterior, la compraventa contenida en la Escritura Pública
1698 del 22 de septiembre de 2008, por parte de Trino García Peña a
favor de Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez López y Jorge
Armando Castillo, sobre el lote de terreno denominado Lote 2 San Antonio,
con un área aproximada de 7.456.53 mts, correspondió a una venta de
cosa ajena.

Obsérvese que en este negocio Trino García Peña entregaba en venta un
predio identificado con folio de matrícula 50S-697630, cuando no era el
titular del derecho de dominio del mismo, dado que, la sociedad Obras de
Ingeniería Ltda, “Ingeniobras Ltda, mediante una compraventa parcial,
contenida en la Escritura Pública 3399 del 04 de septiembre de 1990, le
vendió a García Peña un área de 16.298.75 mts257, a la cual se le asignó
un nuevo folio de matrícula, esto es el folio 50S-4006123558.

En el folio de la matrícula 50S-697630, se registró la compraventa
parcial contenida en la Escritura Pública 3399 del 04 de septiembre de 1990;
en consecuencia, de restar algún área de terreno de este negocio, le
correspondía a la sociedad “Ingeniobras Ltda, quien obró como
vendedora.

Cualquier acto de venta realizado por García Peña, debería identificar el folio
de matrícula 50S-40061235, que era su predio y no el folio de matrícula
50S-697630, el cual era de propiedad Obras de Ingeniería Ltda,
“Ingeniobras Ltda”, como quiera que, Trino García Peña, solo adquirió una
porción del terreno del folio matrícula 50S-697630 y del que fue segregado
el folio 50S-40061235.

En consecuencia, la compraventa contenida en la Escritura Pública Nro.
7052 del 30 de diciembre de 2009, y con la cual se apertura el folio de
matrícula 50S-40517058, celebrada entre Luz Marina López Roldán,
Álvaro Omar Sánchez López y Jorge Armando Castillo, y el Instituto para la
Protección de la Niñez y de Juventud IDIPRON, sigue la misma suerte

56
Escritura 1482 del 24.05.1991, división material folios 296 a 337
57
según la anotación 11 del mismo folio 50S-697630
58
área aproximada de 16.298.75 mts2

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43

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Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

que la Escritura Pública 1698 del 22 de septiembre de 2008 59, en
razón a que, quien vendió no tenía la capacidad de transferir el derecho real
de dominio sobre el predio identificado con folio matrícula 50S-697630,
configurándose así una falsa tradición 60.

Ahora bien, si la compraventa contenida en la Escritura Pública 1698 del
22 de septiembre de 2008, fue inscrita en el folio de matrícula 50S-
697630 y a su vez, con base en la misma se abrió el folio de matrícula 50S
4051705861, segregado de aquel, tal situación se derivó de un incorrecto
análisis jurídico por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur,
del título sometido a calificación; situación que una vez advertida no podía
continuar en el tiempo, dado que se afectaría el principio de publicidad de
la función registral, como lo seria, en este caso, informar quien es el titular
del derecho de dominio.

En razón de lo anterior, las actuaciones adelantadas por el Registrador de
Instrumentos Públicos Zona Sur correspondieron a una verdadera corrección
del acto de registro, pues cada bien inmueble debe contar con un único folio
de matrícula inmobiliaria.

Ahora bien, frente a las facultades de corrección y de cancelación de los folios
de matrícula, se tiene que esta última procede según establece el artículo 40
del Decreto 1250 de 197062, cuando se presente la prueba del respectivo
título o la orden judicial en tal sentido.

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur a fin
de que el folio de matrícula inmobiliaria 50S-697630, exhibiera el estado
jurídico del bien respectivo, mediante los actos acusados corrigió en este
folio, la especificación de la naturaleza jurídica del acto de la anotación
número 25, por compraventa de cosa ajena, dejó sin efecto jurídico la
apertura del folio de matrícula 50S-40517058, trasladó las anotaciones
contendidas en este último al folio 50S-697630, y quitó la X de propietario
con la que se había calificado a IDIPRON; esto es, adecuó unas anotaciones,
trasladó otras, y dejó sin efecto el folio abierto erróneamente, sin que pueda
decirse que dichas actuaciones constituyen una cancelación del registro que
deba cumplir los requisitos señalados en el artículo 40 del Decreto 1250 de
1970, pues acorde a todo lo probado, las compraventas contenidas en la

59
Compraventa entre Trino García Peña a favor de Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez
López y Jorge Armando castillo.
60
ARTÍCULO 7. El folio de matrícula inmobiliaria constará de seis secciones o columnas, con la
siguiente destinación:
La Sexta columna, para la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como
la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio.
61
Compraventa celebrada entre Trino García Peña y Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez
López y Jorge Armando castillo.
62
Artículo 40 <Decreto derogado por el artículo 104 de la Ley 1579 de 2012> El Registrador
procederá a cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del
respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido.

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44

Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

Escritura Pública 1698 del 22 de septiembre de 200863 y la Escritura
Pública Nro. 7052 del 30 de diciembre de 200964, correspondieron a
una venta de cosa ajena, la cual debió ser calificada así en el momento
en que los instrumentos fueron sometidos a registro.

En el actual caso, se reitera que la oficina de instrumentos públicos cometió
un yerro al abrir el folio de matrícula 50S 40517058, segregado del acto
de registro nro. 25 inscrito en el del folio de matrícula S50-697630,
correspondiente a la inscripción de la Escritura Pública 1698 del 22 de
septiembre de 2008, contentiva de la compraventa celebrada entre Trino
García Peña, y Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez López y Jorge
Armando Castillo; pues como se indicó supra quien entregó en venta no tenía
la virtud de transmitir el derecho real de dominio, es por ello que el
Registrador de Instrumentos Públicos de Zona Sur Bogotá, procedió de
conformidad a lo señalado en el Decreto 1250 de 1970, corrigiendo estas
inscripciones incorrectamente calificadas y plasmó la real situación del bien,
al dejar sin valor ni efecto jurídico la apertura del folio de matrícula
inmobiliaria 50S-40517058 y como consecuencia de ello trasladó las
anotaciones allí registradas al folio de matrícula 50S-697630, quitando la
X de propietario con que figuraba IDIPRON, corrigiendo la especificación
de la naturaleza jurídica de las anotaciones uno y tres, por compraventa de
cosa ajena.

Precisado lo anterior, se tiene que, los actos demandados, fueron expedidos
en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 25 de la Resolución
nro. 4174 de 1984 proferida por la Superintendencia de Notariado y
Registro, el Decreto 0412 de 2007 y el Decreto Ley 1250 de 1970, es decir,
no hay lugar a declarar su nulidad, pues se expidió conforme al
ordenamiento jurídico superior, por el funcionario competente para ello y
debidamente motivado65.

63
Compraventa celebrada entre Trino García Peña y Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez
López y Jorge Armando castillo.
64
Compraventa celebrada entre Luz Marina López Roldán, Álvaro Omar Sánchez López y Jorge
Armando castillo y el IDIPRON.
65
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Maria Elizabeth García Gonzalez, 31 de marzo de 2011
Radicación número: 27001-23-31-000-2003-00457-02, Actor: KAMAL CARIUTY ASPRILLA
Demandado: REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SECCIONAL. ISTMINA “(…) Del contenido
de las normas de registro, antes transcritas, se deduce que para que el registro refleje la verdadera
situación jurídica del inmueble, el Registrador puede hacer las correcciones en cualquier momento;
y conforme se precisó en la sentencia de 23 de octubre de 2003 (Expediente núm. 5611, Consejera
ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), que reiteró el fallo de 11 de noviembre de 1999
(Expediente núm. 4106, Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Actora, Gloria del
Carmen Rengifo Padilla), el estudio que corresponde efectuar a las Oficinas de Registro, en modo
alguno significa que su actividad sea meramente mecánica o automática, despojada de toda
valoración jurídica respecto del acto a registrar sino que, por el contrario, ellas están habilitadas por
la ley para efectuar una valoración jurídica previa a la anotación respectiva, con miras a determinar
precisamente “Si la inscripción del título” es “legalmente admisible”, según preceptúa el artículo 37
del Decreto Ley 1250 de 1.970, así como determinar la naturaleza jurídica del acto con miras a su
ubicación en la clasificación y columnas pertinentes (artículo 25 ibídem) y, si procede su registro,
según los términos del artículo 52 ibídem, de modo que la anotación se debe hacer según los
resultados de dicha valoración. (...)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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45

Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

En consecuencia, no se encuentran probado el cargo alegado por el
recurrente relacionado con la falta de competencia del registrador para
expedir las Resoluciones 450 del 23 de agosto de 2011 y 4030 del 08 de
mayo de 2012 y consecuente corrección de los errores en el registro de los
folios de matrícula 50S-697630 y su segregado 50S-40517058.

En este punto, resulta pertinente recordar la diferencia entre el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y el de reparación directa.
En el primero, el origen de la reparación es la expedición de un acto
administrativo ilegal, es decir, que incurra en alguna de las causales de
nulidad, a saber, expedición irregular, falsa motivación, infracción de las
normas en que se debe fundar, expedición por funcionario u organismos
incompetente, violación al debido proceso y desviación de poder. En el
segundo caso, el origen de la reparación es en la prueba de un daño
antijurídico imputable por acción u omisión a una autoridad pública.

Es decir, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho debe necesariamente existir un acto nulo, por el contrario, en el de
reparación directa se debe probar la existencia de un daño antijurídico,
imputable a una autoridad pública, bajo alguno de los títulos de imputación
o regímenes de responsabilidad que se han reconocido por la doctrina y
jurisprudencia, a saber, falla en el servicio, daño especial y riesgo
excepcional.

5.3.3. Respecto del argumento relacionado con la vulneración al principio
de buena fe y respeto por el acto propio, resulta pertinente recordar lo que
la jurisprudencia de esta Sección ha dispuesto sobre el particular.

En una decisión reciente se expuso lo siguiente:

“124. Como puede observarse, en virtud del principio de buena
fe, nadie puede contravenir válidamente sus propios actos,
cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible
con su conducta precedente.

125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares mantener
una coherencia en sus actos, respetar los compromisos adquiridos
y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas, cuando no
se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio 66”.

En igual sentido, se pronunció así la Sala:

66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo

de 2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

“Al respecto, en reciente decisión de esta Sección67, de 20 de
febrero de 2020, esta Sala analizó los presupuestos requeridos
para identificar en una situación la confianza legítima susceptible
de protección jurídica y concluyó que se debe tratar de i) una
expectativa legítima; ii) la expectativa debe estar basada en
hechos o circunstancias objetivas atribuibles a la actuación del
Estado; iii) Dichas circunstancias objetivas son modificadas de
manera súbita e inesperada, lo cual afecta la situación jurídica del
administrado, y iv) El Estado omite la implementación de medidas
encaminadas a que el administrado pueda adaptarse a la nueva
situación. En la sentencia referida, se expresó en los siguientes
términos:

«la identificación de situaciones de confianza legítima
susceptibles de protección jurídica suponen la concurrencia de
los siguientes presupuestos fundamentales: que se trate de
una expectativa legítima, fundada en hechos o circunstancias
objetivas atribuibles a la actuación del Estado, y que, de
manera súbita e inesperada, las autoridades modifiquen la
situación jurídica del administrado, omitiendo la
implementación de medidas encaminadas a que el
administrado se pueda adaptar a la nueva situación» 68.

Frente al primer punto, es necesario precisar que la confianza
legítima implica demostrar que quien actúa amparado bajo dicho
principio, actúa de buena fe, bajo el error invencible de que su
actuación está acorde con el ordenamiento jurídico, en la medida
en las autoridades han sido consistentes en afirmar que tal
actuación es correcta.

En síntesis, al momento de analizar la procedencia de amparar
derechos con base en la confianza legítima, debe tenerse en cuenta
la validez de la actuación de la administración para realizar su
conducta, pues ella debe ser válida y legítima de conformidad con
la ley y los reglamentos. Pues, de lo contrario, si resulta evidente
que su actuación desconoce los preceptos en que debe fundarse,
el ciudadano no puede ampararse en ella alegando que la suya fue
de “buena fe”, pues el ordenamiento jurídico está estructurado
para la protección del interés público; y el cumplimiento de los
requisitos para el ejercicio de una profesión se inspira
precisamente en el interés de la colectividad de contar con
profesionales idóneos para el ejercicio de la misma”69.

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de

febrero de 2020, rad. 25000-23-24-000-2011-00529-01, MP. Oswaldo Giraldo López.
68 Ibídem.
69 CP Oswaldo Giraldo López; radicado 2008-00475-01 22 de octubre de 2020.

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Radicado: 250002341000201200532001
Demandante: Instituto para la Protección de la Niñez y de Juventud
IDIPRON.

Como se puede apreciar, los conceptos de buena fe y confianza legítima van
de la mano, y para que eventualmente se pueda acceder a unas
pretensiones sustentadas en estos, se requiere que la actuación de la
administración no corresponda con el trámite legal correspondiente y la
modificación de la situación jurídica sea de manera súbita.

En el caso concreto, como quedó ampliamente explicado en los dos puntos
anteriores, la ORIP actuó conforme el ordenamiento jurídico y con la
finalidad de cumplir con el principio inherente a la función registral, esto es,
brindar información veraz y fidedigna a la sociedad, que no es otra cosa que
para proteger el interés público.

Así mismo, la modificación de la situación jurídica no se realizó de manera
súbita, comoquiera que estuvo precedida de una actuación administrativa
en la que la entidad fue vinculada y ejerció su derecho de defensa.

En consecuencia, no resulta procedente el argumento del recurrente en
tanto que se vulneró el principio de buena fe y confianza legítima y que con
ello sufrió un daño porque inicialmente se registró de manera indebida su
condición de propietario del inmueble objeto de la presente controversia,
para después modificarla.

Ahora bien, se reitera este argumento podría, ser el sustento para un
proceso en ejercicio del medio de control de reparación directa, comoquiera
que el actor alega la ocurrencia de un daño, que en principio tendría la
apariencia de antijurídico, pues tiene como causa una aparente falla en la
prestación del servicio público registral.

5.3.4. Finalmente, en relación al cargo alegado por vulneración al debido
proceso, tampoco se encuentra acreditado, puesto que, como se advierte
de los considerandos de los actos acusados, en la actuación administrativa
que se surtió se citó a los terceros interesados, las pruebas y el incidente de
nulidad fueron objeto de pronunciamiento.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de junio de 201470, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

70
Cuaderno Tribunal folio 231 a 336.

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Radicado: 250002341000201200532001
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IDIPRON.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SANCHEZ
GARZON
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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