Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00549-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00549-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2012-00549-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de agosto de 2024
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Radicado: 25000 23 41 000 2012 00549 01
Demandante: TELEFÓNICA S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 25000 23 41 000 2012 00549 01
Actor: Telefónica S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades.
Tesis: No es nulo por falta de competencia el acto administrativo emitido por el
Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control de la
Superintendencia de Sociedades, si a través de éste resolvió un recurso de reposición
interpuesto en contra de una decisión sancionatoria expedida por el Grupo de Inversión
y Deuda Externa de esa entidad.
No son nulos por infracción de normas superiores los actos administrativos que
sancionaron a una empresa extranjera por solicitar de forma extemporánea el registro
de la sustitución en la titularidad de la inversión sobre una sociedad colombiana, si en
el acto de formulación de cargos emitido en el trámite administrativo, la conducta
reprochada fue que no realizó oportunamente dicho registro.
No es cierto que la Carta de Registro SIE01488 debía ser notificada de forma personal
o por edicto.
No son nulos por infracción de normas superiores los actos administrativos que
sancionaron a una empresa extranjera por solicitar de forma extemporánea la
sustitución de la inversión que ésta tenía sobre una sociedad colombiana, si la petición
radicada por la recurrente es posterior al 31 de marzo del año siguiente en que se
cambió la sociedad titular de la inversión.
No es cierto que en las decisiones impugnadas se concluyó sin fundamentación que
la petición inicial que presentó Telefónica S.A. para el registro de la sustitución de la
inversión fue desistida tácitamente.
La infracción cambiaria relacionada con la extemporaneidad en la solicitud de la
sustitución de la inversión de una sociedad extranjera a una colombiana no dejó de
existir al momento en que se profirió el recurso de reposición en contra del acto que
sancionó a Telefónica S.A.
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Radicado: 25000 23 41 000 2012 00549 01
Demandante: TELEFÓNICA S.A.
No es procedente que en el traslado de las excepciones la parte actora proponga un
nuevo cargo no señalado en la demanda.
Es procedente condenar en costas, por concepto de agencias en derecho, a la parte
vencida en proceso adelantado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
si la contraparte ha actuado por intermedio de apoderado.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 17 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.
I. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), Telefónica S.A. interpuso demanda
en contra de la Superintendencia de Sociedades.
1.1. Pretensiones
“1. PRETENSIONES
Primera: Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 230-007086 del 4 de
noviembre de 2009 y 230-002277 del 27 de abril de 2012, todas proferidas por la
Superintendencia de Sociedades; y
Segunda: Que se restablezca el derecho a Telefónica S.A. mediante la declaración
de que no procede la imposición de la sanción por infracción cambiaria en los
términos que establecen los actos administrativos que se demandan” 1
1.2. Actos cuestionados
1.2.1. La Resolución No. 230—007086 del 4 de noviembre de 2009, que dispuso:
1
Visible a folios 179 a 180 del Cuaderno del Tribunal.
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Radicado: 25000 23 41 000 2012 00549 01
Demandante: TELEFÓNICA S.A.
“RESOLUCIÓN 230—007086 del 4 de noviembre de 2009
Por la cual se decide de fondo una actuación
LA COORDINADORA DEL GRUPO DE INVERSION Y DEUDA EXTERNA
En uso de sus facultades legales conferidas a través de la Resolución 100-4359
del 19 de octubre de 2017 y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Superintendencia de Sociedades, organismo de carácter
técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ejerce funciones de
control y vigilancia, sobre el cumplimiento del Régimen Cambiario en materia de
Inversión extranjera realizada en Colombia y colombiana en el exterior, así como
de las operaciones de endeudamiento en moneda extranjera realizadas por
sociedades domiciliadas en Colombia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5, 6, 8 y 9 del Decreto 2116 de 1992, 82 de la Ley 222 de 1995 y numeral
2 del artículo 15 del Decreto 1080 de 1996.
SEGUNDO.- Que la presente investigación administrativa se inició con base en el
oficio DCIN 02506 del 8 de febrero de 2008, suscrito por el Director del
Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, mediante el
cual informa acerca de las personas naturales y jurídicas que realizaron registros
por concepto de inversiones internacionales y actualizaron la información de sus
inversiones, anexando para el efecto a Carta de Registro S1E01488 del 27 de
diciembre de 2007, mediante la cual se registró la sustitución de la inversión
extranjera realizada el 1 de septiembre de 2006, por la suma de
US$143.826.071.58 dólares equivalentes a $344.975.462.251,41, en la que figura
como receptora la sociedad TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S. A. y como
cedente la sociedad TELEFONICA MOVILES S. A. de España y como cesionaria
la sociedad TELEFONICA S. A. de España.
TERCERO.- Que mediante Auto No 230-017398 del 16 de diciembre de 2008 esta
Entidad formuló pliego de cargos a la sociedad TELEFONICA S.A. de España con
Nit 9001402635 en calidad de inversionista y a la sociedad TELEFONICA
MOVILES COLOMBIA S.A., con Nit 830.037.330-7 en calidad de receptora, por
posible violación al literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 modificado por
el Decreto 1844 de 2003, en concordancia con el numeral 7.2.9 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-D 83 del 16 de diciembre de 2004, por el registro
extemporáneo de la sustitución de la inversión extranjera en Colombia, realizada
el 1 de septiembre de 2006, según carta de registro SIE01488 de 27 de diciembre
de 2007.
CUARTO. - Que la citada providencia fue notificada personalmente al doctor
HONORIO CARRENO VANEGAS. en calidad de apoderado de la sociedad
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. el 16 de enero de 2009.
QUINTO. - Que previa citación a la sociedad TELEFONICA S.A. de España para
notificarte personalmente el auto de cargos, se le emplazó, mediante edicto fijado
el 3 y desfijado el 16 de febrero de 2009, y ante su no comparecencia para efectos
de surtir el trámite señalado en el artículo 12 del Decreto 1746 de 1991, mediante
Auto 230-004303 del 27 de febrero de 2009, se nombró a la doctora ILVA MARÍA
SUAREZ DE LEÓN, en calidad de curadora ad-litem de la misma quien se
posesionó y notificó el 3 de marzo de 2009.
SEXTO.- Que mediante escrito radicado en esta Entidad con el No. 2009-01-
050370 del 5 de febrero de 2009, el doctor HONORIO CARREÑO VANEGAS en
calidad de apoderado de la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.,
presentó los descargos realizando un recuento de los hechos y argumentando que
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Radicado: 25000 23 41 000 2012 00549 01
Demandante: TELEFÓNICA S.A.
el 1 de septiembre de 006, la sociedad TELEFÓNICAS MOVILES S.A. efectuó una
sustitución de inversión extranjera en TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.,
correspondiente a 209.851.560 acciones que TELEFÓNICA MÓVILES S.A. poseía
en TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., solicitando el registro el 13 de abril
de 2007 y que el 16 de diciembre de 2008, esta Entidad formula cargos a
Telefónica, por el registro extemporáneo de la sustitución de inversión extranjera
realizada en el año 2006.
Argumenta en relación al auto de cargos que la sustitución de inversión extranjera
realizada por el inversionista TELEFÓNICA S.A. de España en Telefónica Móviles
Colombia S.A., fue registrada el 13 de abril de 2007 y que la Superintendencia en
el acto de formulación de cargos afirma que la solicitud fue presentada el 27 de
diciembre de 2007, aclarando que el Banco de la República solicitó aclaración de
información y algunas correcciones, las cuales se presentaron el 26 de julio de
2007 y el 27 de diciembre de 2007, con lo cual quedó registrada la sustitución.
Reitera que la extemporaneidad en la presentación de la solicitud de registro de
inversión extranjera por esos días (13 de abril de 2007) se presentó por una
equivocada interpretación de las normas, ya que al momento de solicitar el registro,
se entendió que la sustitución de la inversión extranjera se debía efectuar con la
presentación de la solicitud a más tardar a 30 de junio de 2007, según lo dispuesto
en el Decreto 1844 de 2003, por el cual se modifica el Régimen General de
Inversiones a Capital de exterior en Colombia y colombiano en el exterior.
Aduce que TELEFÓNICA MÓVILES S.A., no pretendió infringir el Régimen de
Cambios y por una equivocada interpretación de las normas presentó por pocos
días de diferencia respecto a lo dispuesto en la Circular DCIN 83 del 16 de
diciembre de 2004, el registro de sustitución de inversión extranjera y efectuó igual
las aclaraciones y correcciones pertinentes a dicho registro por solicitud del Banco
de la República.
Solicita que con base en los argumentos expuestos y las pruebas aportadas y que
se recauden en el trámite administrativo se declare que la sociedad TELEFÓNICA
MÓVILES S.A., efectuó el registro de la sustitución de inversión extranjera el 13 de
abril de 2007 y adicionalmente si esta Entidad decide establecer una sanción para
su representada se tengan en cuenta las circunstancias objetivas que rodearon
este caso y que dieron lugar a la formulación de cargos.
SÉPTIMO. – Que mediante escrito radicado en esta Entidad con el No. 2009-01-
073870 del 6 de marzo de 2009, la doctora ILVA MARÍA SUAREZ DE LEÓN en
calidad de curadora ad-litem de la sociedad TELEFÓNICA S.A. de España,
presentó los descargos realizando un recuento de los hechos e invocando la
aplicación de los principios de la buena fe, favorabilidad, presunción de inocencia,
inexistencia de la infracción, desconocimiento del régimen cambiario.
Alega que, ante la inexistencia de la infracción cambiaria, afirmando que se
cumplió el registro, lo que significa que el cumplimiento de la obligación está por
encima de la sanción contempla el artículo 2 del Decreto 1746 de 1991.
Aduce que hay confusión puesto que el Decreto 1844 de 2000 establece un plazo
de seis meses y la Circular Reglamentaria 83 de tres meses, por lo que no existiría
infracción cambiaría por el incumplimiento de reglamentaciones que establezcan
procedimientos internos para la realización del registro ante el Banco de la
República pues la infracción cambiaria, lo es en la medida que se demuestre y
pruebe que se desconoció un deber de consagración legal y no de orden
reglamentario.
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Radicado: 25000 23 41 000 2012 00549 01
Demandante: TELEFÓNICA S.A.
Trae a colación el artículo 4 de la Constitución Nacional remitiéndose al principio
de legalidad para concluir que la jerarquía básica de las normas en el derecho
colombiano por el orden de prelación se aplica con base en la pirámide de Kelsen
y por consiguiente el Decreto referido es de superior jerarquía a la Circular.
OCTAVO. - Que para resolver se considera
SOBRE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR EL APODERADO DE LA
SOCIEDAD TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA S.A.
SOBRE EL IUS POSTULANDI
En el presente caso, mediante escrito radicado en esta Entidad con el No. 2009-
01-050370 del 5 de febrero de 2009, el doctor HONORIO CARREÑO VANEGAS
anexó un poder conferido por el señor JUAN ANTONIO PIZARRO LEÓN GÓMEZ
en calidad de representante legal de la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES
COLOMBIA S.A., el cual carece de presentación personal no reuniendo los
requisitos exigidos en los artículos 65 y 67 del CPC y 22 y 35 del Decreto 196 de
1971, por lo que este Despacho a través de Auto 230-07640 del 11 de septiembre
de 2009, procedió a rechazarle la personería jurídica para actuar en representación
de la citada sociedad y como quiera que a la fecha no subsanó este requisito, no
se tendrá en cuenta sus descargos.
SOBRE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LA CUARADORA AD-LITEM
DE LA SOCIEDAD TELEFÓNICA S.A.
La libelista invoca la aplicación de principios fundamentales de derecho ante lo
cual es pertinente traer a colación lo expresado por el Consejo de Estado en
providencia del 28 de noviembre de 1997 con Ponencia del doctor GERMAN
AVALA MANTILLA,
“El derecho administrativo sancionatorio, por el contrario, tienen finalidades
propias, que en el campo económico, consultan, como se dijo al orden económico
y por lo mismo utiliza mecanismos para hacer cumplir sus preceptos que en
general tienen que ver con sanciones de índole patrimonial. En materia económica,
por ejemplo, no se puede sacrificar el interés superior del Estado so pretexto de
aplicar principios extraños que no cumplen utilidad alguna en el ámbito del derecho
administrativo y si entorpecen actuaciones administrativas, impidiéndoles cumplir
con los objetivos para los cuales se adelantan”
Sin embargo, cabe aclarar que el principio constitucional de la buena fe, lo que
dispone es que en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas
se presume que no actúan movidos por propósitos de engaño o dolo, y en el caso
sub examine, este Despacho al formular cargos por una posible infracción al
régimen de cambios, no está asumiendo que la persona a quien se le atribuye una
posible responsabilidad por este hecho, haya obrado impulsado por estos
propósito.
En relación con la aplicación del principio de la favorabilidad cabe precisar que es
un principio privativo del Derecho Penal y en cuanto a su aplicación en el Derecho
Administrativo Cambiario el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativa Sección Cuarta, en fallo proferido el 3 de diciembre de 1999,
magistrado ponente Dr. Delio Gómez Leyva, expresó lo siguiente:
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“…Respecto del principio de favorabilidad trajo a colación fallos de la Sección en
donde de tiempos atrás se ha precisado que a las infracciones administrativas no
se les pueden aplicar las normas propias del derecho penal porque se persiguen
objetivos diferentes y los intereses tutelados son distintos…”
Posteriormente precisó el Consejo de Estado lo siguiente: “... Ha sido igualmente
reiterada la jurisprudencia de la Sala en el sentido de precisar que la derogatoria
posterior de las normas que sirven de fundamento a un acto administrativo que
imponen una sanción, no conduce a la inexistencia de la conducta infractora, y por
lo mismo a que esta deba quedar sin sanción, dado que tal interpretación es válida
en tratándose de materia penal, en la cual rige el principio de favorabilidad, que en
forma alguna resulta aplicable al campo del derecho administrativo, cuyos
objetivos e intereses tutelados son diferentes..."
En relación con el desconocimiento de las normas cambiarías, según lo expresado
en el artículo 9 del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa.
Al respecto, en sentencia C-651 de diciembre 3 de 1997. la Corte Constitucional
con ponencia del Magistrado Carlos Gavina Díaz, en uno de sus apartes manifestó:
“La necesidad táctica de ese presupuesto se confunde con el carácter fatalmente
heterónomo que ostentan las normas jurídicas, puesto que la convivencia
ordenada (propósito) justificativo del Estado, no es dable si los deberes jurídicos
no son exigibles con independencia de las representaciones cognitivas y de los
deseos de quienes conforman la comunidad política. En otros términos, la
obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de cada uno.
pues si así ocurriera, el término de orden que es presupuesto de la convivencia
comunitaria, se sustituiría la anarquía que la posibilita."
Por lo expuesto, no es posible aplicar estos principios al caso sub examine como
lo solicita la memorialista, para efectos de exonerar a su representada de
responsabilidad frente a la conducta Infractora del régimen de cambios.
Frente al argumento según el cual la Circular Reglamentaria 83 del 16 de diciembre
de 2004, va en flagrante contravía con el Decreto 1844 de 2003, por cuanto éste
establece el término para el registro de la sustitución hasta el 30 de junio del año
siguiente cabe realizar el siguiente análisis jurídico:
La Constitución de 1991, en el artículo 150 numeral 19, literal b) señala que le
corresponde al Congreso dictar normas generales a las cuales debe ajustarse en
gobierno para señalar en régimen legal de cambios internacionales.
Posteriormente, y para adecuar el régimen legal a la nueva constitución, se expidió
la ley 31 de 1992, mediante la cual sin modificar las funciones previstas en la ley 9
de 1991 redistribuyeron las competencias consignadas, radicando, conforme a los
artículos 371 y 372 de la Carta en el Banco de la República las competencias para
regular los cambios Internacionales en la forma prevista en el literal h del artículo
16, y en el Gobierno Nacional conforme a lo previsto en el literal b) del numeral 19
del artículo 150 de la Constitución Nacional.
Corrobora lo expuesto la Corte Constitucional, en sentencia C-564/00 del 17 de
mayo de 2000., Exp. D2642. Magistrado Ponente doctor Alfredo Bertrán Sierra,
cuando expresó:
“… La Constitución asignó una competencia compartida en materia cambiaria a
órganos distintos, tales como el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y
el Banco de la República, originando una interrelación entre unos y otros,
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Como consecuencia de esa función compartida, el régimen de cambios está
constituido hoy por una serie de normas que tienen origen en órganos distintos del
Estado y que integran, en su conjunto, lo que se ha denominado el estatuto de
cambios o régimen de cambios. Normas estas que conforman un sistema
normativo que debe ser aplicado e interpretado en forma sistemática e integral.
Así, las normas que componen este Régimen, prescriben una serie de obligaciones
y deberes que deben observar los sujetos que intervienen en las actividades y
operaciones descritas en ellas. La inobservancia de estos deberes y obligaciones
constituye, precisamente, lo que se ha denominado infracción cambiaria”
En ese orden de ideas el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, señala
que la sustitución de la inversión original, entendiéndose como tal, cambios en los
titulares, en la destinación o en la empresa receptora de la misma, deberá
registrarse en el Banco de la República con la presentación de la solicitud a más
tardar el 30 de junio de cada año en los plazos y forma que éste establezca.
En desarrollo de la anterior disposición el numeral 7.2.9. de la Circular
Reglamentaria DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003 y sus modificaciones señaló:
“La sustitución de la inversión extranjera, deberá registrarse por el inversionista,
su apoderado o quien represente sus intereses ante el Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República, con la presentación de una
comunicación escrita, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de la
realización de la inversión”.
Por lo expuesto se concluye que si bien es cierto que el literal e) del artículo 8 del
Decreto 2080 de 2000, señala como el 30 de junio de cada año, como el término
para el registro de la sustitución de la inversión extranjera en Colombia, también
es cierto que otorga la facultad al Banco de la República, para establecer los plazos
y forma para efectuarlo, el cual en desarrollo de esa competencia lo reglamentó
mediante la expedición de la Circular DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003 y sus
modificaciones, la cual se encargó de precisar estos términos y lo fijó a más tardar
el 31 de marzo del año siguiente al de la realización de la sustitución.
Es de anotar que según el principio de legalidad la administración está sujeta en
su actividad al ordenamiento jurídico, es decir que todos los actos que dicte y las
actuaciones que realice deben respetar las normas jurídicas superiores, lo que
indica que la Circular 83 de 2003, es una norma que aunque de menor jerarquía
que el Decreto 2080 de 2000, se encarga de reglamentarlo y por ser expedida por
el Banco de la República en virtud de la facultad otorgada por expresa disposición
legal también es de imperativo y obligatorio cumplimiento.
Sobre la pretendida inexistencia de infracción cambiaria, por haberse cumplido con
la finalidad de solicitar el registro cabe precisar que el Decreto 1746 de 1991, en
su artículo 2, define el concepto de infracción cambiaria, señalando que “la
infracción cambiaria como trasgresión de la disposiciones constitutivas del régimen
de cambios, es una contravención meramente administrativa de las disposiciones
vigentes al momento de la infracción, a que le corresponde una sanción coercitiva
cuya finalidad es el cumplimiento de tales disposiciones”.
Acorde con lo anterior, el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 200 y sus
modificaciones señala la obligación y el término para registrar la sustitución de la
inversión original, y el numeral 7.2.9. de la Circular Reglamentaria 83 del 21 de
noviembre de 2003 y sus modificaciones señala el término y el procedimiento para
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realizarlo, lo que indica que la obligación del inversionista en esta materia
comprende dos deberes cuales son: el de solicitar el registro y la extemporaneidad
en el mismo, que como tales son violatorias del régimen cambiario y en virtud del
citado artículo 2 del Decreto 1746 de 1991, su contravención es constitutiva de
infracción al régimen de cambios.
Por lo expuesto la solicitud del registro oportuno de la sustitución de la inversión
extranjera inicial es un imperativo legal que debe cumplir el investigado, en los
términos y forma en que éstas lo señalan.
EN RELACIÓN A LA INFRACCIÓN
En este caso, la infracción la constituye haber solicitado el registro por fuera del
término legal, de la sustitución de la inversión extranjera en Colombia realizada por
la sociedad TELEFÓNICA S.A. de España en la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES
DE COLOMBIA S.A., el 1 de septiembre de 2006, la cual tenía término oportuno
para solicitar su registro hasta el 31 de marzo de 2007, y la solicitud inicial se radicó
en el Banco de la República con el DER-BOG 23230-2007 del 13 de abril de 2007,
en forma extemporánea (f.15).
Posteriormente el Banco de la República realizó un requerimiento con el oficio
DCIN 12705 del 20 de junio de 2007, el cual fue recibido el 28 de junio de ese
mismo año en el domicilio de la sociedad según el sello obrante en el mismo, con
plazo oportuno para radicar su respuesta en los términos del artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo hasta el 28 de agosto de ese mismo año y la respuesta
se radicó con el DER-BOG47426-2007 del 26 de julio de 2007, oportunamente.
Nuevamente el Banco de la República realizó un nuevo requerimiento mediante
oficio DCIN 20955 del 3 de octubre de 2007, recibido en el domicilio de la sociedad
el 11 de octubre de ese mismo año, según sello obrante en el mismo que reposa
a folio 11, con un plazo oportuno para radicar su respuesta hasta el 11 de diciembre
2007, y ésta se radicó con el DER-BOG 81748-2007 el 27 de diciembre de 2007,
fuera del término legal, operando el desistimiento tácito de que trata el artículo 13
del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual la solicitud de registro se
considera presentada en esa fecha y no en el 13 de abril de 2007, fecha de la
solicitud inicial siendo finalmente otorgada por el Banco de la República la Carta
de Registro SIE01488 de esa misma fecha.
En consecuencia, no existiendo en el expediente prueba alguna que permita
desvirtuar los cargos formulados y atendiendo a la responsabilidad objetiva
resultante de la violación al régimen de cambios, por el cumplimiento
extemporáneo de la solicitud de registro de la sustitución de inversión extranjera,
este Despacho procederá a imponer una sanción de multa a la sociedad
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. solidariamente con la sociedad
TELEFÓNICA S.A. de España de acuerdo con los parámetros señalados en el
artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 y a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, para lo cual se tiene en cuenta, que la extemporaneidad fue de
ocho meses y fracción y que la inversión ascendió a la suma de
US$143.826.071,05 equivalente a $344.975.462.251.00, lo que permite imponer
una multa de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
MONEDA CORRIENTE $2.207.842.958 que corresponde al 0.64 % del total de la
infracción.
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa,
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Demandante: TELEFÓNICA S.A.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1746 de
1991 IMPONER una multa de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.207.842.958.00) que corresponde al 0.64 %
del total de la infracción cambiaria comprobada que ascendió a la suma de
US$143.826.071,58 dólares equivalentes a $344.975.462.251,51.00, a la sociedad
TELEFÓNICA S.A. con NIT 9001402635 y domicilio en España en calidad de
inversionista solidariamente con la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA
S.A. con Nit 830.037.330-7 en calidad de receptora, por la violación a lo dispuesto
en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 del 2000 y sus modificaciones, en
concordancia con el numeral 7.2.9. de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83
del 21 de noviembre de 2003 y sus modificaciones del Banco de la República, por
no haber solicitado el registro dentro del término legal de la sustitución de la
inversión extranjera realizada el 1 de septiembre de 2006, por la suma de
US$143.826.071.58 equivalentes a $344.975.462.251,51, según Carta de Registro
SIE01488 del 27 de diciembre de 2007, por lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: El pago de la multa impuesta deberá hacerse dentro de
los cinco (5) días a la fecha de ejecutoria de la presente providencia a favor de la
Superintendencia de Sociedades, NIT 899.999.086, por el sistema de recaudo
pagacuentas, código de convenio 2205 de BANCOLOMBIA.
Si dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior
no se acredita ante esta Superintendencia el pago de la multa, allegando para el
efecto copia del recibo de consignación, se iniciará el cobro a través del
procedimiento de jurisdicción coactiva
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a
través de la Secretaría del Grupo de Inversión y Deuda Externa a la curadora ad
litem de la sociedad Telefónica S.A. y al apoderado de la Sociedad Telefónica
Móviles Colombia S.A. a la calle 100 No. 7-33 de la ciudad de Bogotá, advirtiendo
que contra la misma procede el recurso de reposición en los términos establecidos
en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo”2.
1.2.2. La Resolución No. 230-002277 del 27 de abril de 2012, prevé:
“RESOLUCIÓN No. 230-002277 del 27 de abril de 2012
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA INSPECCION VIGILANCIA Y
CONTROL
En uso de las facultades legales conferidas mediante Resolución 300-002789
mayo de 2011 y,
CONSIDERANDO:
2
Visible a folios 7 a 13 del Cuaderno del Tribunal
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Demandante: TELEFÓNICA S.A.
PRIMERO. – Que la Superintendencia de Sociedades, organismo de carácter
técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ejerce las funciones
de Control y Vigilancia sobre el cumplimiento del Régimen Cambiario en materia
de inversión extranjera realizada en Colombia y de inversión colombiana realizada
por personas naturales y jurídicas en el exterior, así como las operaciones de
endeudamiento en moneda extranjera realizadas por sociedades domiciliadas en
Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1746 de
1991; los artículos 5, 8, 9 y 10 del Decreto 2116 de 1992; 82 de la Ley 222 de 1995;
y el artículo 2 numeral 15 del Decreto 1080 de 1996.
SEGUNDO. – Que conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Código
Contencioso Administrativo, por regla general, contra los actos que pongan fin a
las actuaciones administrativas procederá, entre otros recursos el de reposición
ante el mismo funcionario que adoptó la decisión, para que la aclare, modifique o
revoque; y que, mediante Resolución 300-002789 del 18 de mayo de 2011, se
asignó al Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control la
facultad de suscribir todo acto administrativo, comunicación, oficio o documento,
correspondiente a los trámites inherentes a dicha Delegatura.
TERCERO. - Que esta Superintendencia, mediante Resolución 230-007086 del 4
de noviembre de 2009, impuso una multa a la sociedad TELEFÓNICA S.A. de
España con Nit 900.140.263-5, solidariamente con la sociedad TELEFÓNICA
MÓVILES DE COLOMBIA S.A. identificada con Nit 830.037.330-7 por valor de
DOS MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
($2.207.842.958), por no haber solicitado el registro dentro del término legal de la
sustitución de la inversión extranjera realizada el 1 de septiembre de 2006, por la
suma de US$143.826.071.58 equivalentes a $344.975.462.251.41, según carta de
registro SIE01488 del 27 de diciembre de 2007.
CUARTO. - Que la citada providencia se notificó personalmente a la doctora ILVA
MARÍA SUAREZ DE LEÓN, en calidad de curadora ad-litem de la sociedad
TELEFÓNICA S.A. el 13 de noviembre de 2009 y al doctor HONORIO CARREÑO
VANEGAS, en calidad de apoderado de la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES
COLOMBIA S.A. el 14 de diciembre de 2009.
QUINTO. – Que mediante escrito radicado en esta Entidad con el No. 2009-01-
0301555 del 20 de noviembre de 2009, la doctora ILVA MARÍA SUAREZ DE
LEÓN, dentro del término legal interpuso recurso de reposición en contra la
Resolución 230-007686 del 4 de noviembre de 2009, solicitando se decrete su
nulidad a partir de la citación a su representada en virtud a que su domicilio es
España y por consiguiente, se ha debido notificar mediante exhorto; y
subsidiariamente solicita modificarla, por considerar la sanción exorbitante.
Reitera que se declare la nulidad por indebida notificación y la ineficacia de los
actos procesales y trae a colación el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo, en relación con las decisiones discrecionales, afirmando que la
decisión reglada es la que está debidamente normada en el ordenamiento jurídico
y la decisión discrecional la que otorga un margen de libertad, para apreciar,
valorar y ejercer sus potestades en casos concretos.
Cita como sustento la sentencia C-734 del 21 de julio de 2000, MP Vladimiro
Naranjo Mesa, para solicitar que se modifique la cuantía de la multa impuesta
teniendo en cuenta los factores objetivos como el cumplimiento del registro de la
sustitución de la inversión extranjera; y que la extemporaneidad fue por un lapso
menor a quince días, porque el tiempo ocurrido de allí en adelante fue asunto del
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Demandante: TELEFÓNICA S.A.
Banco de la República que solicitó documentos adicionales en dos oportunidades
y una equivocada interpretación de las normas puesto que estaban convencidos
que tenían hasta el 30 de junio de 2007 de conformidad con el Decreto 1844 de
junio de 2003 y que la cuantía de la multa impuesta es exorbitante.
SEXTO. - Que mediante escrito radicado en esta Entidad con el No. 2009-01-
374782 del 21 de diciembre de 2009, el doctor HONORIO CARREÑO VANEGAS,
en calidad de apoderado de las sociedades TELEFÓNICA S.A. y TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición contra la Resolución
230-007086 del 4 de noviembre de 2009, realizando un recuento de los hechos y
argumentando los siguientes motivos de inconformidad.
INDEBIDO EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA.
Manifiesta que la potestad sancionadora hace alusión a los preceptos que informan
la actividad de las autoridades al momento de sancionar a los particulares, de tal
modo que cuando ésta se despliega deben seguirse los postulado que
salvaguarden los intereses de los particulares, la legalidad de las actuaciones
administrativas y la seguridad jurídica, analizándolos para efectos de determinar la
inobservancia por parte de esta Superintendencia en relación con el acto que se
demanda y para evidenciar los vicios de nulidad de que adolece, conforme lo
estatuye el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
Afirma que la sanción impuesta transgredió lo señalado en el ordenamiento jurídico
para estos fines en relación a la proporcionalidad que deben guardar las sanciones
en atención a las infracciones compradas, se evidencia una violación al principio
de legalidad para el ejercicio de la potestad sancionatoria.
PRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD
Argumenta que tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia han
precisado que cuando la administración resuelva que debe imponer una sanción,
esta debe ser proporcional a la conducta infractora que se la motiva, es decir que
debe existir equivalencia entre los criterios de gravedad de la conducta violatoria
del ordenamiento jurídico y la consecuencia que se le atribuya, citando apartes de
las sentencias del 10 de noviembre de 2000 y del Consejo de Estado y 18 de
febrero de 2000 de la Corte Suprema de Justicia.
Aduce que dentro de los criterios de proporcionalidad no sólo deben darse los
factores de graduación de las medidas impuestas sino que en el acto que las
ordene se deben explicar las razones con base en las cuales se estima que la
sanción se adecúa a la infracción comprobada afirmando que en este sentido
indicó el Consejo de Estado sentencia 12396 del 16 de noviembre de 2001.
Manifiesta que la Corte Constitucional ha considerado que la naturaleza jurídica de
una sanción está enmarcada dentro de cuatro elementos; a) El titular de la sanción
b) la finalidad de la medida c) El tipo de conducta sancionada y d) El tipo de
derecho afectado, que esta Superintendencia no tuvo en cuenta para imponer la
multa, constatándose la ausencia de análisis, no hay una motivación seria
suficiente que sea capaz de explicar por qué sus representadas son merecedoras
de una sanción que supera los dos mil millones.
Alega que la administración debe actuar con racionalidad cuando cuenta con
márgenes discrecionales para imponer sanciones y debe ejercerse en atención a
la legalidad y respondiendo a los fines que busca su gestión y a los del Estado
mismo, porque de lo contrario estaría superando los límites del ordenamiento
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Demandante: TELEFÓNICA S.A.
jurídico y por ende su tarea estaría lindando con la arbitrariedad, citando como
fundamento la sentencia C-031 de la Corte Constitucional MP Hernando Herrera
Vergara.
Reitera que en el acto que impuso la sanción esta Superintendencia, no indica los
motivos por los cuales determinó que la sanción que superaba los dos mil millones
de pesos es justa frente a la conducta que se reprocha, pues la motivación recayó
exclusivamente en lo tocante con la responsabilidad objetiva y a una
extemporaneidad, omitiendo la justificación que la llevó a concluir que era
conducente, circunstancia que resulta contraria a lo preceptuado en el artículo 36
del Código Contencioso Administrativo.
Afirma que todo lo anterior vicia de nulidad la Resolución 230-007086 conforme a
lo señalado en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que
se desconoció la legalidad de tal forma que infringieron las normas en que debería
fundarse.
SANCION CONCRETA
Argumenta que en la providencia que se recurre se impone una multa teniendo en
cuenta que la extemporaneidad fue de ocho meses, cuando la solicitud fue
presentada el 13 de abril de 2007, a lo cual el Banco de la República solicitó
aclaración de información y algunas correcciones, las cuales se presentaron el 25
de julio y el 27 de diciembre de 2007.
Afirma que la figura del desistimiento tácito no tiene aplicación en el presente caso,
dado que de haber aplicado el artículo 12 Código Contencioso Administrativo el
Banco de la República, no podía haber solicitado más aclaraciones para decidir lo
cual no aconteció en este caso razón por la cual la extemporaneidad fue de tan
solo 13 días.
Aduce que la base para imponer la sanción, corresponde a la sustitución de
inversión extranjera en Telefónica Móviles S.A., con ocasión de la fusión entre
inversionistas extranjeros, por lo que no puede afirmarse que el valor en dólares
de la inversión US$143.826.01,58, porque no está ante el valor de la inversión
como tal por cuanto no existe enajenación entre las sociedades fusionadas, por
tanto, se está ante la formalización de una sustitución de una inversión extranjera
sobre la cual ya se había realizado el registro automático, por lo que se infiere que
para determinar la sanción debe tenerse presente que la sustitución no
corresponde a un valor específico sino que se trata de formalización de una fusión
en el exterior, sobre la cual ya había operado el registro automático el valor en
dólares de la inversión correspondiente a las 209.851.558 es en diferencia
bastante menor al que pretende aplicar esta Superintendencia, por lo que no puede
afirmarse que el valor en dólares sea de US$143.826.071,58.
De otra parte, advierte que no hay explicación que permita al administrador
comprender la razón por la cual TELEFÓNICA S.A., es merecedora de una sanción
equivalente a los doscientos cincuenta millones de pesos mensuales, pues si bien
la administración cuenta con las facultades discrecionales ellas no pueden devenir
en conductas arbitrarias contrarias al estado social de derecho pues hay una clara
violación al artículo 36 del Código Contencioso Administrativo.
SEPTIMO. - Consideraciones del Despacho:
Analizados los argumentos de hecho y derecho, los documentos obrantes en el
expediente y las razones aducidas por el recurrente, este Despacho considera:
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Demandante: TELEFÓNICA S.A.
En relación al recurso de reposición radicado en esta Entidad con el No 2009-01-
0301555 del 20 de noviembre de 2009, por la doctora ILVA MARIA SUAREZ DE
LEON en calidad de curadora ad-litem de la sociedad TELEFONICA S.A, no se
tramitará su estudio en razón a que mediante escrito radicado en esta Entidad con
el No. 2009-01-374782 del 21 de diciembre de 2009, el doctor HONORIO
CARREÑO VANEGAS, en calidad de apoderado de las sociedades TELEFÓNICA
S.A. y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. interpuso el recurso de
reposición.
EN RELACIÓN AL RECURSO PRESENTADO POR EL APODERADO DE
TELEFÓNICA S.A. Y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.
El recurrente centra sus argumentos en la no aplicación de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad en la graduación de la sanción, ante lo cual es
necesario, realizar el siguiente análisis:
El literal e) del artículo 2 de la Ley 9 de 1991, señala como una de las finalidades
del régimen cambiario, el aplicar controles adecuados a los movimientos de capital
y el artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 en concordancia con el numeral 7.2.9. de
la Circular Reglamentaria DCIN 83 de 1991 señala que las sustituciones de
inversión extranjera, la cual acontece, entre otros, casos por cambio en los titulares
de la inversión extranjera por otros inversionistas extranjeros, deben ser
registradas y la forma en que deben hacerlo, previendo que para el efecto debe
presentarse comunicación escrita a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al
de su realización.
De lo expuesto, se colige que las infracciones al régimen de cambios
internacionales tienen un propósito de interés general que esta Superintendencia
no puede desconocer al aplicar las correspondientes sanciones, interés que por
ser de orden público, prima sobre cualquier interés de carácter particular y que no
se puede subestimar respecto a la conducta constitutiva de la infracción cambiaria
que en este caso la constituye el no haber solicitado el registro dentro del término
legal de la sustitución de inversión extranjera realizada el 1 de septiembre de 2006.
En lo que se refiere a la tasación de la sanción impuesta, esta Superintendencia
tiene que sujetarse a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 que le
confiere la facultad de graduar la sanción en un porcentaje que oscila entre el 0 %
hasta el 200 % del monto de la infracción cambiaria comprobada, teniendo en
cuenta las circunstancias objetivas que rodearon su comisión.
Sobre el particular, el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo traído a
colación por el recurrente señala: “En la medida en que el contenido de una
decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los
fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que te sirven de
causa”
Respecto al tema, en sentencia C-31 del 2 de febrero de 1995 con ponencia del
doctor HERNANDO HERRERA VERGARA, la Corte Constitucional se pronunció
en los siguientes términos:
“… De esta manera puede afirmarse que hay competencia discrecional cuando la
autoridad administrativa, en presencia de circunstancia de hecho determinadas, es
libre de (dentro de los límites que fije la ley) de adoptar una u otra decisión; es decir
cuando su conducta no está previamente determinada por la ley”.
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Demandante: TELEFÓNICA S.A.
Según la norma en cita la decisión de carácter discrecional debe ajustarse a dos
elementos, los fines de la norma que la autoriza que en este caso es velar por el
orden económico del Estado y además debe ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa.
En el presente caso, se tomó como base para la imposición de la sanción de multa
el total de la infracción cambiaria comprobada de acuerdo con lo señalado en la
norma en cita, que ascendió a la suma de $344.975.462.251,51, que a su vez el
valor correspondiente al número de acciones que fueron cedidas de la sociedad
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. a la sociedad TELEFÓNICA S.A., ambas de España
en la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. que fue de 209,851,558,
según información contenida en la carta de registro SIE01488 del 27 de diciembre
de 2007 y se le aplicó solamente un porcentaje del 0.64 %, el cual en principio se
ajustó a los parámetros señalados en la norma en cita, resultando la sanción en
esa suma, dado el elevado monto de la infracción.
De otra parte, es preciso tener en cuenta que el Consejo de Estado mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2011, declaró la nulidad de la expresión “(…)
apoderados y las empresas receptoras de la inversión” contenida en el artículo 5
del Decreto 1844 de 2003, que modificó al artículo 15 del Decreto 2080 de 2000 y
como quiera que la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. fue
sancionada en calidad de receptora solidariamente con la sociedad TELEFÓNICA
S.A. de España, en calidad de inversionista, se revocará la sanción en lo que a
ésta se refiere.
En consecuencia, este Despacho procederá a modificar el artículo primero de la
Resolución 007086 del 4 de noviembre de 2009 y se confirmará en todo lo demás.
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para Inspección, Vigilancia
y Control
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. – MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 230-
007086 del 4 de noviembre de 2009, el cual quedará así: “De conformidad con el
artículo 3 del Decreto 1746 de 1991, imponer una multa de DOS MIL
DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
($2.207.842.958.00), que corresponden al 0.64 % del total de la infracción
cambiaria comprobada que ascendió a la suma de US$143.826.071,58
equivalentes a $344.975.462.251,41 a la sociedad TELEFÓNICA S.A. con NIT
9001402635 y domicilio en España en calidad de inversionista por violación a lo
dispuesto en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 y sus
modificaciones, en concordancia con el numeral 7.2.9. de la Circular
Reglamentaria DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003 y sus modificaciones, por no
haber solicitado el registro dentro del término legal de la sustitución de la inversión
extranjera realizada el 1 de septiembre de 2006, según carta de registro SIE1488
del 27 de diciembre de 2007”, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
(…)”
1.3. Normas violadas y concepto de violación
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1.3.1. Como normas infringidas, la demandante señaló los artículos 29 de la
Constitución Política, 6 y 12 del Decreto 1746 de 1991, 1, 12, 13, 44, 45, 48, 50, 62,
80 y 87 del Código Contencioso Administrativo, el literal e) del artículo 8 del Decreto
2080 de 2000, 51 de la Ley 31 de 1992, 7.1. y 7.2.9. de la Circular DCIN 83 del 2003
del Banco de la República y 2 de la Resolución No. 300-002789 del 18 de mayo de
2011.
1.3.2. Luego de hacer unas precisiones sobre la normatividad cambiaria vigente
a la fecha de emisión de los actos demandados, en el acápite de “HECHOS
ANTECEDENTES”3, mencionó que el 28 de junio de 2006 se fusionaron las
sociedades españolas Telefónica Móviles S.A. y Telefónica S.A. Dijo que, en tal virtud,
las doscientos nueve millones ochocientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y
ocho (209.851.558) acciones que Telefónica Móviles S.A. poseía en Telefónica
Móviles Colombia, fueron traspasadas a Telefónica S.A. el 1 de septiembre de 2006.
Anotó que el 13 de abril de 2007, mediante escrito radicado DER_BOG23230-2007,
presentó ante el Banco de la República solicitud de sustitución del inversionista
extranjero. Alegó que el 20 de junio de 2007, el Banco de la República, a través de
Oficio No. DCIN-12705, requirió algunas correcciones al certificado de revisión fiscal
que se adjuntó con la citada petición, el cual fue subsanado en escrito del 26 julio de
2007 radicado bajo el número DER-BOG-47426-2007.
Explicó que, posteriormente, el Banco de la República hizo un nuevo requerimiento
mediante el Oficio No. DCIN 20955 del 3 de octubre de 2007. Esta vez, solicitaba
corregir un error de digitación en el NIT incluido en la certificación del revisor fiscal y
hacer una manifestación expresa de revocatoria. Añadió que dio respuesta en escrito
del 27 de diciembre de 2007, fecha en la que el Banco de la República registró la
sustitución del inversionista mediante la Carta de Registro No. SIE01488. Aseguró que
dicha carta le fue notificada por conducta concluyente en el año 2012.
Indicó que, en el Oficio DCIN 02506 del 8 de febrero de 2008, el Banco de la República
informó a la Superintendencia de Sociedades sobre el registro de la sustitución de la
inversión. Con fundamento en dicha información, esta última entidad inició una
3
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Demandante: TELEFÓNICA S.A.
investigación administrativa contra Telefónica S.A., en calidad de inversionista
extranjera, y contra Telefónica Móviles S.A., como receptora de la inversión.
Expresó que, en los actos enjuiciados, se le impuso una multa por un valor de dos mil
doscientos siete millones ochocientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho
pesos ($2.207.842.958), equivalentes al cero coma sesenta y cuatro por ciento (0,64
%) del valor de las acciones registradas ante el Banco de la República a nombre de
Telefónica Móviles S.A. de España y transferidas a Telefónica S.A.
1.3.3. En el concepto de violación de la demanda, expuso los cargos que se sintetizan
enseguida:
1.3.3.1. En la “violación del derecho constitucional al debido proceso – la
Resolución que resolvió el recurso de reposición fue expedida por funcionario
incompetente”4, aclaró que, a través del literal b del artículo 2º de la Resolución No.
300-002789 del 18 de mayo de 2011, se excluyeron de las funciones asignadas al
Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, las relacionadas con
la posibilidad de resolver recursos de reposición contra las decisiones proferidas en
procesos por violación del régimen cambiario.
Anotó que, conforme con el numeral 1 del artículo 50 del CCA, la competencia para
resolver los recursos de reposición contra los actos que ponen fin a la actuación
administrativa recae en el mismo funcionario que tomó la decisión original. Dijo que,
en consecuencia, la potestad para resolver el recurso interpuesto contra la Resolución
Sancionatoria No. 230-007086 del 4 de noviembre de 2009 correspondía a la
Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa, dado que ella fue quien emitió
ese acto.
No obstante, como la mencionada reposición fue absuelta por la Superintendente
Delegada para Inspección, Vigilancia y Control sin que existiera una norma legal que
le asignara esa facultad, era claro que se habían infringido los artículos 28 de la Carta
Política, 50 del CCA y 2 de la Resolución No. 300-002789 del 18 de mayo de 2011.
4
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Radicado: 25000 23 41 000 2012 00549 01
Demandante: TELEFÓNICA S.A.
1.3.3.2. Sobre la “violación del derecho constitucional al debido proceso – la
Superintendencia no formuló cargos por la infracción sancionada”5, luego de aludir al
contenido del artículo 29 Superior y 6 del Decreto 1746 de 1991, indicó que en el Auto
No. 230-017398 del 16 de diciembre de 2008, le fueron formularon cargos por el
registro extemporáneo de la inversión extranjera, cuando la obligación cambiaria del
inversionista en el caso de la sustitución es la de solicitar, conforme a lo establecido
en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, modificado por el Decreto 1844
de 2003. Este último aspecto fue por el que se le sancionó en los actos demandados.
Así, expresó que las decisiones censuradas debieron atender el marco fijado en el acto
de formulación de cargos y, por ende, no era viable que se le multara por no solicitar
oportunamente el registro de la sustitución dentro del término legal, dado que se le
acusó de no registrar dicho cambio en la titularidad de las acciones
1.3.3.3. En la “violación del derecho constitucional al debido proceso – la Carta
de Registro que fundamentó los actos expedidos por la Superintendencia de
Sociedades no había surtido efectos jurídicos”6, aseveró que la mencionada carta no
fue notificada por el Banco de la República a Telefónica S.A. conforme a las reglas
establecidas en el artículo 51 de la Ley 31 de 1994, en concordancia con los artículos
44 y 45 del CCA, relacionados con la notificación personal y por edicto de las
decisiones de la administración. Por lo tanto, ese acto no surtió efectos legales en los
términos dispuestos en el artículo 48 ibidem.
Adujo que, en el Oficio DCIN-25712 del 22 de noviembre de 2012, el citado banco
confirmó que la mencionada carta apenas fue comunicada el 24 de octubre de ese año
por conducta concluyente, por lo que solo a partir de esa fecha produjo efectos
jurídicos. En consecuencia, dijo que la Superintendencia de Sociedades no podía
fundamentar las decisiones demandadas basándose en dicho documento.
1.3.3.4. En la “Falsa Motivación – la Superintendencia sancionó a Telefónica S.A.
por infracción cambiaria inexistente”7, manifestó que en los actos enjuiciados se le
impuso una sanción por el desconocimiento de lo previsto en el literal e) del artículo 8
5
Visible a folio 195 del Cuaderno del Tribunal.
6
Visible a folio 197 del Cuaderno del Tribunal.
7
Visible a folio 200 del Cuaderno del Tribunal.
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del Decreto 2080 de 2000 en concordancia con el numeral 7.2.9. de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, toda vez que no solicitó
el registro de sustitución de la inversión extranjera dentro del término legal.
Anotó que el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 establecía la obligación
de presentar la solicitud de registro de sustitución a más tardar el 30 de junio de cada
año. Indicó que, aunque esa norma facultaba al Banco de la República para establecer
los plazos y las formas del régimen de inversiones internacionales, dicha potestad
reglamentaria estaba limitada al término allí señalado.
Reprochó que, a pesar de ello, el Banco de la República excedió sus competencias al
emitir la Circular Reglamentar DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, dado que allí
alteró el término inicialmente fijado por el Decreto 2080 de 2000 y en su lugar indicó
que la sustitución de la inversión extranjera deberá registrarse a más tardar al 31 de
marzo del año siguiente.
Tras referirse a la diferencia entre plazo y término legal, indicó que el límite para el
cumplimiento de la presentación de la solicitud de registro de la sustitución de inversión
extranjera era hasta el 30 de junio del año siguiente a la realización del hecho que la
origina, toda vez que éste fue el fijado por el Gobierno Nacional en el Decreto 2080 de
2000.
Arguyó que sí cumplió con lo dispuesto en esa disposición normativa, toda vez que,
mediante escrito del 13 de abril de 2007, con radicado número DER_BOG23230-2007,
solicitó oportunamente la sustitución de la inversión ocurrida el 1 de septiembre de
2006.
1.3.3.5. Frente a la “violación del derecho al debido proceso – indebida aplicación
de la figura del desistimiento tácito de la solicitud de registro de sustitución de inversión
extranjera”8, expresó que la Superintendencia de Sociedades, en las decisiones
enjuiciadas, consideró que la solicitud de registro de la sustitución de la inversión
extranjera, inicialmente presentada por Telefónica S.A. ante el Banco de la República
el 13 de abril de 2007, fue tácitamente desistida en aplicación de lo previsto en el
8
Visible a folio 202 del Cuaderno del Tribunal.
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artículo 13 del CCA, y consideró que el oficio radicado 27 de diciembre de 2007 por
Telefónica era extemporáneo.
Afirmó que, contrario a lo señalado por la accionada, el Banco de la República nunca
sustentó su decisión en un desistimiento tácito y que, en la Carta de Registro
SIE01488, sin motivación alguna se expuso como fecha del registro el 27 de diciembre
de 2007 y no el 13 de abril de ese año.
Argumentó que la demandada presumió que la aludida entidad bancaria aplicó un
desistimiento tácito al trámite de solicitud de registro, lo cual no era viable porque no
se siguió el procedimiento legal del artículo 12 del CCA. Según esta normativa, el
Banco de la República solo podía requerir información necesaria para el registro una
vez. Sin embargo, lo hizo en dos (2) ocasiones, solicitando documentos diferentes
cada vez, lo cual no estaba permitido. Por lo tanto, al no seguir el procedimiento legal
establecido, no podía declararse el desistimiento.
En todo caso, argumentó que, según lo establecido por la Corte Constitucional en las
sentencias C-529 de 1993 y C-489 de 1997, las actuaciones del Banco de la República
se guían por un régimen jurídico especial. Por lo tanto, no son aplicables las
disposiciones del Código Contencioso Administrativo relacionadas con el desistimiento
tácito. En su lugar, deben seguirse las reglas definidas en la Circular Externa DCIN 83
de 2003 y en el Decreto de 2003, las cuales no contemplan esa figura.
1.3.3.6. Sobre la “Violación del derecho constitucional al debido proceso - Falta
de aplicación del principio de favorabilidad al desaparecer en el año 2010 la infracción
sancionada”9, mencionó que si, en gracia de discusión, se aceptara la ocurrencia de
la infracción cambiaria, la Superintendencia de Sociedades, de oficio, al resolver el
recurso de reposición, debió aplicar el principio de favorabilidad. Ello en razón a que
la conducta sancionada desapareció con la expedición del Decreto 4800 de 2010,
norma que limitó la infracción únicamente al incumplimiento del registro de la inversión
inicial o adicional, excluyendo los eventos en los que se produce la sustitución de dicha
inversión.
9
Visible a folio 212 del Cuaderno del Tribunal
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Aseveró que de esa circunstancia daba cuenta el Oficio No. 220-086177 del 7 de
agosto de 2011, emitido por el Comité de Integración Jurídica y Doctrinal de la
Superintendencia de Sociedades.
1.3.3.7. Finalmente, en la “Violación del derecho constitucional al debido proceso
• La Superintendencia violó los principios de legalidad de la infracción y de la
sanción”10, destacó que, en caso de considerarse que sí existió una infracción, la
demandada vulneró el principio de legalidad de las sanciones como consecuencia de
la indebida determinación de la extemporaneidad. Esto se debe a que el elemento
objetivo de la conducta fue distorsionado, ya que se calculó la presentación
extemporánea de la solicitud en doscientos setenta y un (271) días, contados a partir
del 31 de marzo de 200. Sin embargo, se ignoró que, en realidad, la solicitud fue
radicada el 13 de abril de 2007, por lo que la extemporaneidad sería de solo once (11)
días.
Resaltó que el cálculo de extemporaneidad llevó a una tasación equivocada de la
multa, la cual debió reducirse considerablemente.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La Superintendencia de Sociedades respondió el libelo introductorio solicitando
que se nieguen sus pretensiones, bajo los siguientes argumentos11:
2.1.1. Tras aludir de manera general al régimen que dio lugar a la emisión de los actos
enjuiciados, se pronunció respecto del concepto de violación de la demanda. Indicó
que el Superintendente de Inspección, Vigilancia y Control sí tenía facultades para
emitir la Resolución No. 230-00227 del 27 de abril de 2012, en ejercicio de las
competencias que le fueron conferidas en el literal B) de la Resolución 300-002789 del
18 de mayo de 2011.
10
Visible a folio 215 del Cuaderno del Tribunal.
11
Visible a folios 235 a 261 del Cuaderno del Tribunal.
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Asimismo, resaltó que el Coordinador del Grupo de Inversión y Deuda Externa de esa
entidad no tenía prerrogativas para resolver el recurso de reposición en contra del acto
definitivo, dado que esa función no se encontraba dispuesta en el literal D) ibidem.
2.1.2. De otro lado, argumentó que en el Auto No. 230-017398 del 16 de diciembre de
2008 se formularon cargos contra la actora por el registro extemporáneo de la
sustitución de la inversión extranjera. Además, en la Resolución 230-007086 del 4 de
noviembre de 2009, que impuso la multa, se detalló la infracción al régimen cambiario
derivada de esta conducta. Por lo tanto, no era adecuado interpretar dichas decisiones
de manera diferente a lo establecido en ellas, como se intentó hacer en la demanda
2.1.3. Resaltó que no se vulneró el derecho al debido proceso, pues, conforme con al
artículo 7 del Decreto 1746 de 1991, la actuación sancionatoria se inicia de oficio, por
informes o visitas administrativas, por traslado de otras autoridades, o por quejas e
informes. Por lo tanto, señaló que la actuación llevada a cabo por esa entidad se ajustó
plenamente a la ley, toda vez que se inició por el aviso contenido en el oficio DCIN
02506 del 8 de febrero de 2008, emitido por el Banco de la República.
Mencionó que, si bien la notificación del registro de sustitución de inversión extranjera
No. SIE01488 del 27 de septiembre de 2007, realizada por el Banco de la República,
se efectuó por conducta concluyente el 24 de octubre de 2012, lo cierto es que el
fundamento para iniciar la actuación administrativa en el presente asunto fue el Oficio
DCIN 02506 del 8 de febrero de 2008, emitido por el Banco de la República. En este
oficio, esa entidad informó al Grupo de Inversión y Deuda Externa sobre el registro
extemporáneo de la sustitución de la inversión extranjera en la sociedad Telefónica
Móviles Colombia S.A.
2.1.4. Dijo que no era cierto que se haya sancionado a Telefónica S.A. por una
infracción cambiaria inexistente, toda vez que la Circular Reglamentaria DCIN-83 exige
que la solicitud de registro de la sustitución de la inversión se presente en debida forma
a más tardar el 31 de marzo del año siguiente del cambio del titular de la misma.
Asimismo, adujo que dicha Circular goza de presunción de legalidad que no ha sido
desvirtuada judicialmente.
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2.1.5. Alegó que la petición radicada por la demandante al Banco de la República el
13 de abril de 2007 fue allegada sin la totalidad de documentos exigidos para esos
efectos, ni con el consentimiento expreso para que esa institución bancaria pudiera
revocar el registro conforme a lo ordenado por el literal e) del artículo 8 del Decreto
2080 de 2000. Por lo tanto, al no subsanar oportunamente esas falencias, la solicitud
fue desistida tácitamente.
Arguyó que las actuaciones del Banco de la República son de naturaleza privada y
pública, de modo que estas últimas se encuentran sujetas a los procedimientos
administrativos establecidos en el ordenamiento jurídico; de ahí que la aludida figura
sí aplique respecto a la solicitud de desistimiento de inversión extranjera.
2.1.6. Anotó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado en su
jurisprudencia que el principio de favorabilidad no es aplicable en materias de
sanciones administrativas, por ser propio del derecho penal. Además, dicho principio
no rige para situaciones consolidadas, las cuales deberán ceñirse a lo previsto por la
norma anterior.
Mencionó que el artículo 2 del Decreto 1746 de 1991 define la infracción cambiaria
como todas las transgresiones a las disposiciones vigentes del Régimen Cambiario al
momento de ocurrencia de la conducta.
2.1.7. Por último, resaltó que la estimación de la sanción cambiaria atendió al margen
de discrecionalidad previsto en el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 y a que se
acreditó la responsabilidad objetiva del infractor.
III. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES
3.1. Mediante escrito presentado del 14 de enero de 2014, Telefónica S.A. descorrió el
traslado de las excepciones propuestas por la Superintendencia de Sociedades.
Particularmente, adicionó un nuevo cargo de ilegalidad a las decisiones enjuiciadas.
Al respecto, indicó que se vulneró lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991,
que limita la sanción imponible por las infracciones cambiarias comprobadas a una multa
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de hasta el doscientos por ciento (200%) del valor de la conducta objeto de reproche,
dado que el trámite del registro de sustitución del inversionista no tiene cuantía, ya que
simplemente busca registrar al nuevo titular de la inversión previamente registrada ante
el Banco de la República.
IV. AUDIENCIA INICIAL.
4.1. En audiencia del 10 de junio de 2014, la Subsección “A” del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca fijó el litigo en los siguientes términos:
“El Magistrado entiende que la controversia consiste en que en opinión de la
Superintendencia de Sociedades se produjo un registro extemporáneo de la
sustitución de inversión, por su parte la demandante considera que la
determinación que se adoptó por la demandada se encuentra afectada de
ilegalidad, tanto por razones de competencias como por otras razones que en
criterio de la demandante conllevaron a la extemporaneidad del registro”12
V. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 17 de julio de 2014, la Subsección “A” de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
bajo las siguientes razones:
5.1. En cuanto al argumento relacionado con que la Resolución que resolvió el recurso
de reposición fue emitida por funcionario incompetente, sostuvo que no era posible
aplicar lo dispuesto en el artículo 50 del CCA, toda vez que frente a la materia objeto
de controversia existía una norma especial aplicable, esto es, la Resolución No. 300-
002789 del 18 de mayo de 2011.
Señaló que, conforme con el literal b) del artículo segundo ibidem, el Superintendente
Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control está habilitado para emitir todo acto
administrativo relacionado con los trámites inherentes a dicha delegatura.
12
Visible a folio 268 del Cuaderno del Tribunal
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5.2. Por otro lado, expresó que la demandante tiene razón al afirmar que en el acto de
formulación de cargos la infracción consistió en el registro extemporáneo de la
sustitución de la inversión extranjera en Colombia. Sin embargo, en el acto definitivo
se le sancionó por no haber solicitado dicho registro oportunamente.
A pesar de ello, consideró que no se vulneró el derecho al debido proceso pues no se
trató de dos (2) infracciones distintas, ya que, tanto en el auto de formulación de
cargos, como en el acto sancionatorio, la Superintendencia de Sociedades se refirió a
la conducta contenida en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000,
modificado por el Decreto 1844 de 2003, en concordancia con el numeral 7.2.9.
previsto en las Circulares DCIN 83 de 21 de noviembre de 2003 y DCIN 83 del 16 de
diciembre de 2014, ambas expedidas por el Banco de la República, esto es, la
relacionada en no haber solicitado el registro de la inversión extranjera.
De este modo, expuso que no era cierto que existieran dos obligaciones relativas a
solicitar y registrar la sustitución de la inversión, sino que se trataba de una sola, de
modo que el hecho de que no se hubiera usado la palabra “solicitud” en el auto de
formulación de cargos, no implicaba que su hubiera formulado cargos por una
conducta distinta de la que finalmente fue sancionada.
5.3. En cuanto a que la Carta de Registro No. SIE01488 de 2008, emitida por el Banco
de la República, no había surtido efectos jurídicos, mencionó que en el Auto No. 230-
003295 de marzo de 2008 se indicó que la investigación cambiaria contra Telefónica
S.A. comenzó con base en el Oficio DCIN 02506 del 8 de febrero de 2008, del cual
tuvo conocimiento la actora, y no con fundamento en la citada carta.
Indicó que, pese a ello, no desconocía que la mencionada carta fuera uno de los
soportes documentales anexados por el Banco de la República con el Oficio DCIN
02506 del 8 de febrero de 2008. No obstante, adujo que los reproches en este punto
en realidad se dirigían a cuestionar la legalidad de dicha carta sin que la misma hiciera
parte de la litis.
5.4. Sobre la indebida aplicación del desistimiento tácito de la solicitud de registro,
expresó que el 13 de abril de 2007, la representante legal de Telefónica Móviles
Colombia S.A. radicó, bajo el número DER-BOG-23230-2007, la solicitud de
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sustitución del registro de inversión extranjera. Sin embargo, a través del Oficio DCIN-
12705 del 20 de junio de 2007, el Banco de la República indicó que la mencionada
petición no había sido presentada en debida forma e hizo algunos requerimientos.
Anotó que el 26 de julio de 2007, en el oficio con número de radicado DER-BOG-
47426/2027, Telefónica subsanó las deficiencias señaladas por el Banco de la
República. Sin embargo, esta solicitud fue nuevamente rechazada por no haber sido
presentada correctamente, según el Oficio DCIN-20955 del 3 de octubre de 2007,
emitido por esa entidad bancaria.
Dijo que el 27 de diciembre de 2007, bajo el escrito con radicado No. DER-BOG-81748-
2007, Telefónica allegó correctamente su petición, lo que condujo a que se emitiera la
Carta de Registro SIE01488 de esa misma fecha.
Indicó que, de la lectura de ninguno de los oficios suscritos por el Banco de la
República, era posible deducir que éstos hicieran referencia a la figura de desistimiento
tácito. Según afirmó, dicha figura fue utilizada exclusivamente por la Superintendencia
de Sociedades al referirse a las actuaciones llevadas a cabo por la actora ante dicho
banco, sin ningún fundamento para ello; lo anterior, con miras a sustentar las
decisiones impugnadas.
Sin embargo, consideró que esa circunstancia no era suficiente para declarar la
ilegalidad de las decisiones recurridas, ya que no se desvirtuó el hecho de que la actora
haya incurrido en la infracción cambiaria que se le atribuyó. En efecto, sostuvo que las
comunicaciones radicadas por la accionante, posteriores al 13 de abril de 2007, fueron
nuevas peticiones, y solo hasta el 27 de diciembre de 2007 se allegó la solicitud de
sustitución de la inversión con todos los requisitos exigidos. Esta circunstancia quedó
registrada en la Carta de Registro SIE01488, acto que, precisó, se presume legal.
Anotó que, inclusive en el evento en el que se tenga en cuenta la fecha de 13 de abril
como la de presentación la citada petición, ésta igualmente resultaría extemporánea,
dado que el plazo máximo para esos efectos era el 31 de marzo de 2007, de
conformidad con lo dispuesto en la Circular Reglamentaria DCIN-83 del 21 de
noviembre de 2003, expedida por el Banco de la República
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5.5. Por otro lado, expuso que esta Corporación ha señalado que el principio de
favorabilidad no es aplicable en actuaciones administrativas.
5.6. Frente a la vulneración de los principios de legalidad de la infracción y de la
sanción, mencionó que la entidad demandada tasó la sanción de acuerdo con los
principios de proporcionalidad y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto
1746 de 1991.
5.7. En cuanto a los reproches relacionados con la Circular Reglamentaria DCIN-83
del 21 de noviembre de 2003, emitida por el Banco de la República, concernientes a
que esa entidad no podía modificar el término legal para el cumplimiento de la
obligación de presentar la solicitud de registro de la sustitución de la inversión
extranjera, destacó que ese cargo no podía ser resuelto, pues en la demanda no se
pidió inaplicar ese acto administrativo, ni dicha decisión fue objeto de controversia.
5.8. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 392 del Código de
Procedimiento Civil (en adelante CPC). La parte resolutiva de la sentencia apelada es
la siguiente:
“FALLA
PRIMERO. NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho incoada por la sociedad Telefónica S.A. contra la Superintendencia de
Sociedades.
SEGUNDO.- CONDÉNASE en costas a la sociedad Telefónica S.A., por
Secretaría liquídense las mismas de conformidad con el Código de Procedimiento
Civil, aplicable por remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A.
TERCERO. Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.
CUARTO. En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los
anexos sin necesidad de desglose.”13
VI. El RECURSO DE APELACIÓN
13
Visible a folios 339 y 340 del Cuaderno del Tribunal.
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Telefónica S.A. interpuso oportunamente recurso de apelación en contra de la
sentencia del 17 de julio de 201414. Los fundamentos se sintetizan así:
6.1. En cuanto a la emisión del acto que resolvió el recurso de reposición por
funcionario sin competencia, indicó que el A quo ignoró que el artículo 6 del Decreto
1746 de 1991 remite a las disposiciones del CCA para el procedimiento administrativo
cambiario.
Expuso que la función asignada al Superintendente Delegado para la Inspección,
Vigilancia y Control se limita a los trámites inherentes a dicha delegatura, lo que
excluye las investigaciones administrativas.
Indicó que, incluso, esa entidad ha determinado el alcance de sus funciones, dentro
de las cuales no se encuentra la de resolver recursos de reposición frente a actos
sancionatorios, aspecto que fundamentó con el documento denominado “Trámites de
la Superintendencia de Sociedades”, extraído de la página WEB de esa entidad. Por
ende, aseveró que debió darse aplicación a lo previsto en el artículo 50 del CCA, que
determina que el encargado de resolver esa clase de recursos es el funcionario que
emitió la decisión.
6.2. Entre tanto, alegó que la Superintendencia demandada formuló cargos por
registrar extemporáneamente la sustitución de la inversión, pero impuso la sanción por
solicitar inoportunamente el registro de la sustitución. De este modo, aseveró que
registrar y solicitar eran acciones distintas que se ejecutan por sujetos diferentes, pues
la primera la realiza el funcionario público competente y la segunda el inversionista.
Dijo que “se equivocó el Tribunal al concluir que, si bien las conductas descritas los
dos actos administrativos eran diferentes, la infracción es una sola, la descrita en el
literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, por cuanto la conducta es la infracción
misma cuando dicha conducta transgrede el régimen legal, de manera que sí se trató
de dos infracciones diferentes”15
14
Visible a folio 346 a 373 de Cuaderno del Tribunal.
15
Visible a folio 534 del Cuaderno del Tribunal.
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6.3. Aseveró que la validez de la Carta de Registro No. SIE01488 del 27 de diciembre
de 2007 no está en discusión en el presente asunto. No obstante, su ineficacia por su
falta de notificación sí tenía implicaciones directas en este proceso, toda vez que dicho
documento fue el acto en que se fundamentó la Superintendencia de Sociedades para
la imposición de la sanción en las decisiones censuradas, sin que ésta se hubiera
comunicado en los términos de los artículos 44 y 45 del CCA, esto es, de manera
personal o por edicto.
6.4. Resaltó que la solicitud de registro de sustitución de la inversión fue presentada
dentro del plazo legal establecido en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de
2000, esto es, antes del 30 de junio de 2007, de modo que la multa se le impuso por
una conducta que no existió.
6.5. Arguyó que, contrario a lo señalado por el Tribunal, el desistimiento tácito fue una
de las razones en las que se fundamentaron las resoluciones enjuiciadas, ya que se
consideró que la petición efectuada el 13 de abril de 2007 había sido desistida en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del CCA, sin que existiera ningún
fundamento legal para adoptar dicha decisión. Indicó que en la sentencia recurrida se
"inventó" la motivación de la Carta de Registro, al considerar que cada una de las
respuestas a los requerimientos de información que realizó esa empresa eran nuevas
solicitudes, sin que existiera alguna norma legal que atribuyera esos efectos.
Por ende, pidió que se anule el acto enjuiciado, pues en su criterio esto supone una
vulneración a su derecho al debido proceso, ya que no existía ninguna prueba que
permitiera inferir que la petición del 13 de abril de 2007 fue desistida. Además, expuso
que ello era relevante pues implicó que la Superintendencia de Sociedades
contabilizara el término de la extemporaneidad de manera errónea, esto es, desde el
27 de diciembre de ese año.
6.6. De otro lado, solicitó que, en virtud de lo dispuesto en la sentencia C-922 de 2000,
se considere el principio de favorabilidad, toda vez que la infracción por la
extemporaneidad en la solicitud de registro de la sustitución extranjera desapareció
con la emisión del artículo 8 del Decreto 4800 de 2010.
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6.7. Sobre el principio de legalidad de la infracción y de la sanción, dijo que el artículo
3 del Decreto 1746 de 1991 establece que las multas se graduarán de acuerdo con las
circunstancias objetivas que rodearon la conducta objeto de reproche. Indicó que, en
ese sentido, como la entidad demandada estableció incorrectamente que la
extemporaneidad se contaba hasta el 27 de diciembre de 2007, cuando en realidad la
solicitud fue allegada el 13 de abril de 2007, era claro que la sanción debió reducirse,
dado que apenas había transcurrido un lapso de trece (13) días y no de ocho (8)
meses, como se señalaba en las Resoluciones censuradas.
6.8. Aseveró que el Tribunal no se pronunció frente al cargo que propuso en el trámite
del traslado de las excepciones, relacionado con que en el trámite de registro de la
sustitución inversionista no tiene cuantía, de ahí que no pudiera calcularse el monto
de la multa.
6.9. Por último, pidió que se revoque la condena en costas, toda vez que su conducta
no fue temeraria ni de mala fe, por lo que su causación no fue probada en el proceso,
al no cumplirse con los requisitos dispuestos para esos efectos en el artículo 392 del
CPC. Agregó que esa clase de condenadas desestimula el acceso a la administración
de justicia y el ejercicio del derecho de acción.
VII. TRÁMITE DE LA APELACIÓN
6.1. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión, la Superintendencia de
Sociedades y Telefónica S.A. reiteraron los argumentos que expusieron en sus
respectivas intervenciones16.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.
16
Visible a folios 44 a 67 del Cuaderno del Tribunal.
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VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 34 y 36, de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Hechos
7.2.1. El 28 de junio de 2006, las empresas españolas Telefónica Móviles S.A. y
Telefónica S.A. se fusionaron. En consecuencia, el 1 de septiembre de 2006, las
doscientos nueve millones ochocientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y ocho
(209.851.558) acciones que la primera poseía en Telefónica Móviles Colombia S.A.
fueron traspasadas a Telefónica S.A.
7.2.2. A través de Acto de formulación de cargos No. 230-017398 del 16 de diciembre
de 2008, la Superintendencia de Sociedades inició investigación y formuló cargos en
contra de Telefónica S.A.
7.2.3. Mediante Resolución No. 230-007086 del 4 de noviembre de 2009, la entidad
demandada sancionó con multa de dos mil doscientos siete millones ochocientos
cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos ($2.207.842.958) a Telefónica
S.A. por la extemporaneidad en el registro de la sustitución de la inversión extranjera.
Dicho acto fue confirmado por la Resolución No. 230-002277 del 27 de abril de 2012.
7.2.4. En contra de esas decisiones, la actora interpuso la demanda de la referencia.
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7.2.5. A través de sentencia calendada el 17 de julio de 2014, la Subsección “A” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones
de la demanda.
7.2.6. Inconforme con esa decisión la parte actora interpuso recurso de alzada.
7.3. Planteamiento
Así las cosas, se observa que las partes concuerdan en que, a través de los actos
enjuiciados, la Superintendencia de Sociedades multó a Telefónica S.A. por incurrir en
la infracción cambiaria consistente en la solicitud extemporánea de la sustitución de la
inversión extranjera sobre Telefónica Móviles Colombia S.A.
No obstante, discrepan en cuanto a si la Resolución No. 230-002277 del 27 de abril de
2012 fue emitida por un funcionario sin competencia. En efecto, Telefónica S.A.
sostiene que dicho acto no podía ser proferido por el Superintendente Delegado para
Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, ya que, como
se trataba de un recurso de reposición interpuesto contra el acto definitivo, éste debía
ser resuelto por el mismo funcionario que lo emitió, es decir, por la Coordinadora del
Grupo de Inversión y Deuda Externa, conforme a lo señalado en el artículo 6 del
Decreto 1746 de 1991 y el artículo 50 del CCA. Por otro lado, el Tribunal afirma que la
anotada Delegatura sí tenía la facultad para expedir ese acto enjuiciado, basándose
en el literal B) de la Resolución 300-002789 del 18 de mayo de 2011.
De otro lado, difieren respecto a si se vulneró el derecho al debido proceso en los
siguientes puntos: (i) formular cargos por una conducta distinta a la que finalmente fue
sancionada, (ii) la carta en que se fundamentaron los actos demandados no producía
efectos jurídicos, (iii) no existió la conducta infractora, (iv) la indebida aplicación del
desistimiento tácito, (v) la procedencia del principio de favorabilidad, y (vi) el
desconocimiento del principio de legalidad de la infracción y de la sanción.
En relación con el primer punto de este grupo, la recurrente cuestiona que la entidad
demandada le formuló cargos por registrar extemporáneamente la sustitución de la
inversión, a pesar de que dicha obligación recaía en el funcionario competente del
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Banco de la República, y, sin embargo, la sancionó por solicitar extemporáneamente
dicho registro, de modo que la conducta por la que se le formuló cargos no coincidía
con aquella por la que fue multada. Por otro lado, el Tribunal considera que, aunque la
entidad demandada cometió un error al señalar que formulaba cargos por el registro
extemporáneo, no vulneró el debido proceso de Telefónica S.A., toda vez que en las
normas que se indicaron como infringidas en el acto de formulación, a saber, el literal
e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, modificado por el Decreto 1844 de 2003, y
el numeral 7.2.9. de las Circulares DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003 y DCIN 83
del 16 de diciembre de 2014, ambas expedidas por el Banco de la República, se
referían a una única conducta: la solicitud extemporánea del registro de la sustitución
de la inversión, esto es, por la que se impuso la multa a la actora.
Sobre el segundo punto de este grupo, la demandante refiere que, aunque la validez
de la Carta de Registro No. SIE01488 del 27 de diciembre de 2007, emitida por el
Banco de la República, no está en discusión en este asunto, su ineficacia sí tiene
implicaciones en el presente caso. Esto se debe a que, en el momento en que se
emitieron las decisiones demandadas, estas se fundamentaron en dicha carta, a pesar
de que no había sido comunicada conforme a las reglas definidas en los artículos 44
y 45 del CCA, esto es, de forma personal o por edicto. Por su parte, el Tribunal
considera que los actos censurados se basaron en lo dispuesto en el Oficio DCNI
02506 del 8 de febrero de 2008, del cual la actora sí tuvo conocimiento. Además,
señala que los cuestionamientos se dirigían a controvertir la legalidad de la referida
carta, sin que la misma hiciera parte del objeto de la litis.
En relación con el tercer punto de este grupo, la recurrente afirma que la solicitud de
sustitución de la inversión en Telefónica Móviles Colombia S.A. fue presentada dentro
del plazo establecido en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, es decir,
antes del 30 de junio de 2007, por lo que no incurrió en la infracción cambiaria por la
que fue multada. Sin embargo, el A quo considera que la citada petición fue presentada
de forma extemporánea, ya que fue entregada después del 31 de marzo de 2007, lo
cual está fuera del plazo definido en la Circular Reglamentaria DCIN-83 del 21 de
noviembre de 2003, emitida por el Banco de la República.
En relación con el cuarto punto de este grupo, Telefónica S.A. argumenta que la
Superintendencia de Sociedades vulneró su derecho al debido proceso al concluir que
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la solicitud de registro incoada ante el Banco de la República el 13 de abril de 2007 fue
desistida. Esto condujo a un conteo erróneo del término de la extemporaneidad a partir
del 27 de diciembre de ese año. Por otro lado, el Tribunal sostiene que, aunque la
entidad demandada utilizó la figura del desistimiento sin justificación, esto no invalida
las decisiones impugnadas, ya que no se desvirtúa que Telefónica S.A. incurrió en la
infracción cambiaria atribuida. En ese sentido, argumentó que las respuestas a los
requerimientos del Banco de la República fueron consideradas como nuevas
solicitudes, por lo que era procedente contabilizar la extemporaneidad desde el 27 de
diciembre de 2007, fecha en la que la demandante presentó su última petición con el
cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.
Del cuarto punto de este grupo, la actora sostiene que la conducta por la que fue
multada dejó de ser sancionable con la emisión del Decreto 4800 de 2010,
circunstancia de la que daba cuenta el Oficio No. 220-086177 del 7 de agosto de 2011,
emitido por el Comité de Integración Jurídica y Doctrinal de la Superintendencia de
Sociedades, de modo que debió aplicarse de oficio el principio de favorabilidad dentro
del trámite administrativo. Sin embargo, el Tribunal argumenta que no era posible
aplicar dicho principio, ya que solo procede en procesos penales.
Respecto del quinto punto de este grupo, la actora sostiene que se desconoció el
principio de legalidad de la infracción y de la sanción, toda vez que la multa se tasó
con base en una extemporaneidad de ocho (8) meses cuando en realidad era de trece
(13) días, dado que la solicitud de sustitución de la inversión se presentó el 13 de abril
de 2007 y no el 27 de diciembre de ese año. Entre tanto, el Tribunal refiere que dicho
principio no se vulneró dado que la multa se estimó de acuerdo con los principios de
proporcionalidad y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1746 de
1991.
De otro lado, la recurrente afirmó que el Tribunal no se pronunció respecto del cargo
propuesto en su escrito de traslado de las excepciones, relacionado con que el trámite
de registro de la sustitución de la inversión no tenía cuantía, de ahí que no pudiera
calcularse el monto de la multa en el presente asunto.
Finalmente, Telefónica S.A. solicitó la revocatoria de la condena en costas,
argumentando que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 392 del
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CPC, ya que su conducta no fue temeraria ni de mala fe. Por otro lado, el Tribunal
consideró que sí procedía imponer esa condena, basándose en lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA y en el numeral 1 del artículo 392 del CPC.
7.4. Del cargo de falta de competencia
En este punto, se deberá establecer si es nulo, por falta de competencia, el acto
administrativo emitido por el Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia
y Control de la Superintendencia de Sociedades, si a través de éste resolvió un recurso
de reposición interpuesto en contra de una decisión sancionatoria expedida por el
Grupo de Inversión y Deuda Externa de esa entidad.
Con miras a absolver dicho interrogante, es menester indicar que, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1º de la Resolución No. 300-002790 del 18 de mayo de 2011,
vigente para el momento de emisión del acto objeto de controversia, el referido Grupo
de Inversión y Deuda Externa estaba adscrito a la Delegatura Para la Inspección,
Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades. La aludida disposición
prevé:
“Artículo 1º. Grupos internos de trabajo asignados a la delegatura de inspección,
vigilancia y control. La Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control estará
conformada por los siguientes grupos internos de trabajo:
1. CONTROL
2. CONGLOMERADOS
3. CONFLICTOS SOCIETARIOS
4. TRÁMITES SOCIETARIOS
5. SUPERVISIÓN ESPECIAL
6. SOCIEDADES EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA
7. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
8. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
9. INVERSIÓN Y DEUDA EXTERNA” (Subrayas y negrillas de la Sala).
A su vez, conforme con el artículo 3º ibidem, ese grupo, entre otras, está encargado
de “adelantar los procesos y actuaciones administrativas relacionadas con el
cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, inversión
colombiana en el exterior y endeudamiento externo.”
Igualmente, en el artículo 14 ibidem se indicó que el Superintendente Delegado para
la Inspección, Vigilancia y Control, podría reasumir las funciones que les fueron
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asignadas a los mencionados grupos internos de trabajo adscritos a esa delegatura,
sin que se estableciera ninguna excepción para esos efectos; veamos:
“Artículo 13. Funciones del superintendente delegado para la inspección,
vigilancia y control. El Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y
Control podrá reasumir, en cualquier momento, las funciones que le asigna el
Decreto 1080 de 1996 y todas las demás que por medio de la presente resolución
se asignan a los grupos de trabajo de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y
Control (...).
(...).”
En concordancia con lo anterior, en el literal B) del artículo segundo de la Resolución
300-002789 del 18 de mayo de 2011, se determinó que el Superintendente Delegado
para la Inspección, Vigilancia y Control podría emitir todos los actos asociados con los
trámites inherentes a dicha delegatura, dentro de los cuales, como se vio, se
encuentran los encargados al Grupo de Inversión y Deuda Externa.
El artículo en cuestión dispone:
“Artículo 2º. Asignación de funciones de suscripción. A los siguientes funcionarios
se les asignarán las funciones de suscripción de documentos que a continuación
se describen:
(…)
.Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control. El
Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control tendrá la
facultad de suscribir todo acto administrativo, comunicación, oficio o
documento, correspondiente a los trámites inherentes a dicha delegatura, los
recursos interpuestos contra los actos administrativos que expidan los intendentes
regionales y las disminuciones de capital que proyecten las mismas intendencias.”
(Subrayas y negrillas de la Sala).
Así, concuerda la Sala con el a quo respecto a que el Superintendente Delegado para
la Inspección, Vigilancia y Control podía, en ejercicio de las facultades mencionadas,
reasumir las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Inversión y Deuda Externa,
y por ende, absolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.
230—007086 del 4 de noviembre de 2009. En efecto, de acuerdo con la normativa en
contexto, el citado Superintendente tenía la autoridad para emitir cualquier acto
relacionado con los procedimientos inherentes a dicha delegatura, lo que, en criterio
de la Sala, incluye la posibilidad de resolver las reposiciones interpuestas en contra de
las decisiones emitidas por los grupos de trabajo interno adscritos a esa delegatura.
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Lo expuesto permite descartar la aplicación de los artículos 6 del Decreto 1746 de
199117 y 50 del CCA 18, ya que, según el artículo 1º ibidem, los procedimientos
administrativos regulados por leyes especiales deben regirse por estas últimas. Esto
significa que, dado que la competencia para emitir los actos enjuiciados está
establecida en las Resoluciones No. 300-002790 y 300-002789 del 18 de mayo de
2011, dichas disposiciones eran aplicables específicamente en este caso, no así las
normas generales definidas en la CCA.
Ahora, no se pasa por alto que en el recurso de alzada se presentó un documento
titulado “Trámites de la Superintendencia de Sociedades”, extraído de la página Web
de esa entidad, en el cual se detallan ciertos procedimientos que ciudadanos y
empresas deben seguir ante la misma. No obstante, esto no invalida lo expuesto
anteriormente, ya que se trata de un documento informativo que tiene un carácter
eminentemente orientativo. De lo anterior da cuenta la simple revisión del citado oficio:
17
“Artículo 6o. El término de caducidad de la acción de las infracciones cambiarias será de dos (2)
años contados a partir de la ocurrencia de los hechos.
El anterior término se interrumpirá con la notificación del acto de formulación de cargos y correrá por un
(1) año más a partir de dicha notificación. La vía gubernativa se regirá por las disposiciones del Código
Contencioso Administrativo.
El término de prescripción de la sanción que imponga la Superintendencia de Cambios será de tres (3)
años contados a partir de la ejecutoria de la providencia que la impuso.
En las infracciones continuadas, el término de caducidad de la acción se contará a partir de la ocurrencia
del último acto constitutivo de la infracción” (Subrayas de la Sala).
18
“Artículo 50. recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a
las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o
revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo,
Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades
administrativas especiales que tengan personería jurídica.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que
dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado
el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que
sea del caso.
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan
imposible continuarla.”
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“
”19
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
7.5. De la controversia sobre la vulneración del derecho al debido proceso
7.5.1. De la imputación de cargos
En este punto, se deberá determinar si son nulos, por infracción de normas superiores,
los actos administrativos que sancionaron a una empresa extranjera por solicitar de
forma extemporánea el registro de la sustitución en la titularidad de la inversión que
ésta tenía una sociedad colombiana, si en el acto de formulación de cargos emitido en
el trámite administrativo, la conducta reprochada fue que no realizó oportunamente
dicho registro.
19
Visible a folio 374 del Cuaderno del Tribunal.
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Para resolver ese interrogante, debe señalarse que, a través de Auto Número 230-
017398 del 16 de diciembre de 2008, el Grupo de Inversión y Deuda Externa de la
Superintendencia de Sociedades formuló cargos en contra de Telefónica S.A. por el
registro extemporáneo de la inversión. Igualmente, advirtió que esa circunstancia
podía derivar en la posible vulneración de lo dispuesto en el literal e) del artículo 8 del
Decreto 2080 de 2000, en concordancia con lo definido en el numeral 7.2.9. de la
Circular Reglamentaria 83 del 16 de diciembre de 2004, emitida por el Banco de la
República.
Posteriormente en el acto definitivo, es decir, la Resolución No. 230-007086 del 4 de
noviembre de 2009, la Superintendencia de Sociedades impuso la multa objeto de
controversia a Telefónica S.A. Esto debido a que solicitó el registro de la sustitución
de manera extemporánea. Ello, en criterio de esa entidad, constituyó la infracción de
las mismas normas señaladas en el auto de formulación de cargos que, se itera, fueron
el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 y el numeral 7.2.9. de la Circular
Reglamentaria 83 del 16 de diciembre de 2004.
En ese orden, es claro que la discrepancia surge frente a las palabras usadas en el
auto de formulación de cargos y la decisión sancionatoria, dado que las disposiciones
infringidas en ambos eventos eran las mismas. Vista así las cosas, es importante
indicar que, al revisar el acto de formulación de cargos, se observa que la
Superintendencia de Sociedades consideró el registro y la solicitud de sustitución
como sinónimos, ambos referidos a la misma conducta: la extemporaneidad en la
presentación de la petición de registro de la sustitución de la inversión por parte de
Telefónica ante el Banco de la República.
Lo anterior puede evidenciarse enseguida:
“ASUNTO A DECIDIR:
Por medio del cual la Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa ( e )
formula cargos en la investigación administrativa cambiaría adelantada en el
expediente 230- 14800.
(…)
CONCLUSIONES
De los documentos que obran en el expediente se observa:
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1.- El Banco de la República reportó la sustitución de inversión extranjera en
Colombia realizada el 1 de septiembre de 2006, siendo la sociedad TELEFONICA
MOVILES COLOMBIA S.A. receptora, cedente la sociedad TELEFONICA
MOVILES S.A. y cesionaria la sociedad TELEFONICA S.A. de España.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080
de 2000 modificado por el artículo 4 del Decreto 1844 de 2003, en concordancia
con el numeral 7.2.9 de la Circular Reglamentaria DCIN- 83 del 16 de diciembre
de 2004 del Banco de la República, la sociedad TELEFONICA S.A. de España en
calidad de inversionista, y la sociedad TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A.
en calidad de receptora debieron registrar la sustitución de la inversión a más
tardar el 31 de marzo del año siguiente al de la realización de la sustitución.
3.- En el presente caso la sustitución se realizó el 1 de septiembre de 2006, el
término oportuno para solicitar el registro era hasta el 31 de marzo de 2007 y se
radicó la solicitud de registro de la sustitución el 27 de diciembre de 2007, en
forma extemporánea.
4. – Al no cumplir con la solicitud de registro dentro del plazo establecido por
la ley, se incurrió en una posible infracción al Régimen de Cambios
Internacionales.
5. Que el incumplimiento de la obligación estaba a cargo del inversionista, toda vez
que el artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 modificado por el artículo 4 del Decreto
1844 de 2003, establece que la responsabilidad de efectuar el registro de inversión,
corresponde al inversionista o a quién represente sus intereses y en concordancia
el artículo 15 ibídem, señala que los inversionistas, sus representantes legales o
apoderados y las empresas receptoras de la inversión responderán solidariamente
por el incumplimiento de las obligaciones de registro.
Por todo lo anterior, se concluye que la sociedad inversionista TELEFÓNICA S.A.
de España solidariamente con la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA
S.A. en calidad de receptora, incurrieron en una posible infracción al Régimen de
Cambios Internacionales.
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa:
RESUELVE
PRIMERO.- Aceptar como pruebas los documentos allegados al expediente por
parte del Banco de la República mediante oficio radicado en esta Entidad con el
No 2008-01- 032415 del 25 de febrero de 2008 y 2008-01- 089123 del 6 de mayo
de 2008.
SEGUNDO.- Formular cargos a la sociedad TELEFONICA S.A. de España con Nít
9001402635 en calidad de inversionista y a la sociedad TELEFONICA MOVILES
COLOMBIA S.A. con Nit 830.037.330-7 en calidad de receptora, por posible
violación al literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 modificado por
el artículo 4 del Decreto 1844 de 2003 en concordancia con el numeral 7.2.9
de la Circular Reglamentaria 83 del 16 de diciembre de 2004, por el registro
extemporáneo de la sustitución de la inversión extranjera en Colombia,
realizada el 1 de Septiembre de 2006 según SIE01488 del 27 de diciembre de
2007 de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO.- De conformidad con los artículos los artículos 12,13 y 14 del Decreto
1746 de 1991, correr traslado al inversionista y a la sociedad receptora, o a sus
apoderados o curador ad-litem, mediante entrega de copia íntegra, auténtica y
gratuita de esta providencia, para que dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación de la misma puedan solicitar la práctica de pruebas,
objeten las obtenidas antes de la formulación de cargos, presenten los descargos
que consideren pertinentes o se allanen expresa y totalmente a ellos siempre y
cuando no se encuentren dentro de las previsiones del Artículo 94 del Código de
Procedimiento Civil”20 (Subrayas y negrillas de la Sala).
A pesar de la anterior imprecisión, pues, como se sostiene en la alzada, el registro es
realizado por el Banco de la República y la solicitud del registro por parte del inversor
interesado, lo que se observa con total claridad es que, en el auto de formulación de
cargos, la conducta que fue censurada a Telefónica S.A. fue una sola, esto es, el
incumplimiento de este último deber, como quiera que la petición del cambio de la
titularidad en la inversión sobre Telefónica Móviles Colombia S.A. radicada por la
actora ante el citado banco era extemporánea y por consiguiente se había infringido lo
dispuesto en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 y el numeral 7.2.9. de
la Circular Reglamentaria 83 del 16 de diciembre de 2004.
Inclusive, fue en ese marco que Telefónica S.A., ya sea a través de su curador ad litem
o actuando directamente a través de su apoderado, intervino en el procedimiento
administrativo, argumentando que no radicó la solicitud de registro de la sustitución del
titular de la inversión de forma extemporánea, lo que pone en evidencia que esa
sociedad sí conoció la conducta que le fue reprochada y, por ende, pudo ejercer
adecuadamente su derecho a la defensa. Lo anterior se refuerza si se tiene en
consideración que en el trámite administrativo esa sociedad no presentó ningún reparo
respecto a la diferencia entre las palabras registro y solicitud.
Pero, es más, si, como lo argumenta el demandante, el registro corresponde al
funcionario público y la solicitud a la empresa, no cabe duda alguna de que el reproche
se formula sobre la solicitud, y no sobre el registro, pues el vinculado a la investigación
fue precisamente la empresa y no el funcionario público.
Así, a juicio de la Sala, no se vulneró el derecho al debido proceso de la demandante,
pues, como se vio, en la formulación de cargos se expuso el marco suficiente que
permitió que Telefónica ejerciera su derecho de contradicción frente a la conducta que
20
Visible a folios 27 y 28 del Cuaderno del Tribunal.
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le era reprochada y las normas que se sindicaban como desconocidas. Además, la
emisión de la decisión sancionatoria no varió ese escenario, por lo que no se vio
sorprendida por lo adoptado.
En definitiva, el cargo no prospera.
7.5.2. De la notificación de la Carta de Registro emitida por el Banco de la
República
En este punto, se tendrá que definir si son nulos, por infracción de normas superiores,
los actos administrativos que sancionaron a una empresa por solicitar de forma
extemporánea el registro de la sustitución del titular de la inversión extranjera sobre
una sociedad colombiana, si la demandante alega que esas decisiones se basaron en
una Carta de Registro que no le fue notificada de forma personal o por edicto según
las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente para la época de su emisión,
por lo que no producía efectos.
En ese orden, es pertinente indicar que Telefónica S.A. adelantó un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Carta de Registro No. SIE01488 del 27
de diciembre de 2007, expedida por el Banco de la República. Dicho proceso se
encuentra identificado con el número de radicado 11001 03 24 000 2014 00171 00 y
fue fallado en segunda instancia por la Sección Cuarta de esta Corporación en
sentencia del 19 de febrero de 2020.
Particularmente, en ese proceso se esbozó un cargo similar al expuesto en esta sede,
pues se indicó que la citada carta no produjo efectos debido a que no se agotó trámite
de notificación personal o por edicto, lo que impedía que la misma fuera remitida a la
Superintendencia de Sociedades para que ésta iniciara el correspondiente
procedimiento sancionatorio, que es objeto de controversia en el trámite de la
referencia. Ahora, en la citada providencia se negó ese reproche al advertir que la
anotada carta era un acto de registro y que, por ende, no necesitaba ser notificada de
manera personal o por edicto; veamos:
“Finalmente, los efectos sancionatorios derivados de la infracción cambiaria
tipificada por la extemporaneidad en la presentación de la comunicación de registro
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de sustitución, habrán de ser analizados por el juez natural del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra las resoluciones
expedidas por el organismo de control encargado de sancionar dicha falta 21.
La regla legal de notificación de los actos de registro se encuentra prevista en
el artículo 44 del CCA, aplicable para el caso, según el cual, “los actos de
inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos
se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.” 22
Al examinar la constitucionalidad de la norma anteriormente citada, la Corte
Constitucional señaló que “si bien la disposición exime al acto de registro de
la notificación personal a los interesados, ello no tiene el alcance de vulnerar
el derecho al debido proceso de éstos, por cuanto las normas generales que
regulan las actuaciones administrativas que involucran intereses particulares
contienen diversas previsiones que aseguran la vinculación de tales personas
interesadas y su intervención dentro del proceso que culmina con el acto objeto de
registro, por lo cual no llegan a verse sorprendidas por la anotación final. Además,
los registros, por ser públicos, pueden ser consultados por cualquier persona, de
manera que esta forma de comunicación de la decisión no les resulta oculta o
secreta. En efecto, la publicidad es justamente la razón de ser del registro, por lo
cual ni siquiera hay que acreditar un interés jurídico para enterarse del contenido
de los asientos o inscripciones. Asimismo ha señalado que “el sólo acto de
inscripción realizado por las entidades encargadas de llevar los registros públicos
no se puede entender como una notificación personal y que, de cualquier manera,
constituye una carga de la Administración Pública (o de los particulares que ejerzan
funciones públicas de tipo registral) la de informar, mediante la comunicación de la
inscripción, a todos los que en el mismo registro figuren como interesados”.
A la luz de la anterior perspectiva jurisprudencial en relación con la interpretación
del inciso cuarto del artículo 44 del CCA, correspondía al Banco de la República
informar de la inscripción a quienes figuraban en el registro demandado, como acto
expedido dentro de un trámite especial carente de norma específica sobre
21
Según el reporte del sitio web “consulta de procesos” de la rama judicial y el software de gestión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se trata de las Resoluciones 230-007086 del 4 de noviembre
de 2009, por la cual la Superintendencia de Sociedades sancionó a Telefónica S.A. con multa de
$2.207.842.958 equivalente al 0,64% del valor de las acciones registradas ante el Banco de la República
en cabeza de Telefónica Móviles S.A. de España y traspasadas a Telefónica S.A. en virtud de la fusión,
y de la resolución que confirmó tal decisión, esto es, la 230-002277 de 27 de abril de 2012.
El medio de control contra dichos actos se tramitó en primera instancia dentro del expediente
250002341000201200549-00, en el que se profirió sentencia del 17 de julio de 2014, contra la cual se
interpuso el recurso de apelación que actualmente se tramita ante la sección primera del Consejo de
Estado.
22
La sentencia C-640 de 2002 declaró exequible el inciso transcrito desde dos puntos de vista: el
primero, partió de una interpretación literal y sistemática que consideró a la norma como parte de un
conjunto normativo general referente a actuaciones administrativas y a la notificación personal de los
actos administrativos de contenido particular que ponen fin a una actuación administrativa. En ese
sentido concluyó que el inciso introduce una excepción a dicha norma general frente a la notificación
de los actos administrativos objeto de registro, de modo que si la actuación administrativa culmina
con una decisión que no puede ser registrada, tendría que notificarse personalmente, conforme a la
norma general sobre notificación de decisiones que finalizan actuaciones administrativas particulares.
El segundo, advirtió que el inciso en comentario podía aplicarse aisladamente del contexto normativo
en el que se encuentra insertado y entenderse referido a la comunicación de actos de registro, sin
consideración a que los mismos fueran producto de una actuación administrativa previa “e igualmente
considerarse una norma aplicable dentro de los trámites de registro regidos por leyes especiales que
no contengan normas específicas sobre notificación de la inscripción. En estos casos, el tenor literal de
la norma indicaría que, incluso en esos eventos, no sería necesaria la notificación personal de la
anotación en el registro a los interesados.”
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notificación de la inscripción. Y no estaba obligado a agotar el trámite de
notificación aducido por la actora para reportar la infracción cambiaria que
se configuró conforme al parágrafo 6 del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000,
sino que podía hacerlo una vez expedido el acto de registro, en orden a que
la Superintendencia de Sociedades ejerciera la correspondiente facultad
sancionatoria”23 (Subrayas y negrillas de la Sala).
Aunque lo expuesto sería suficiente para desechar el cargo, pues pone en evidencia
que parte de un fundamento incorrecto, es oportuno aclarar que, en todo caso, de la
documentación obrante en el procedimiento sancionatorio, es posible colegir que
dentro este procedimiento, la actora sí tuvo conocimiento de la citada carta, de modo
que pudo ejercer su derecho a la defensa.
En efecto, de la revisión de los antecedentes administrativos de los actos demandados,
obra una copia del Oficio DCIN-02506 del 8 de febrero de 2008, por medio del cual el
Banco de la República comunicó a la Superintendencia de Sociedades varios reportes
de personas naturales y jurídicas que realizaron registros por concepto de inversiones
extranjeras. Igualmente, junto con dicho oficio aportó copia de la Carta de Registro No.
SIE01488 del 27 de diciembre de 2007, la cual, valga señalar, también se encuentra
en el citado expediente administrativo, tal y como se puede observar en la siguiente
imagen:
“
”24
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de
febrero de 2020. Proceso con radicado número: 11001 03 24 000 2014 00171 00.
24
Visible a folio 3 del expediente administrativo de emisión de los actos enjuiciados.
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Con base en ese oficio y carta, la Superintendencia de Sociedades dio apertura al
procedimiento sancionatorio, formuló cargos y emitió las decisiones enjuiciadas,
decisiones estas de las cuales tuvo conocimiento la accionante en debida forma.
De hecho, en el recurso de reposición interpuesto por Telefónica S.A. en contra del
acto definitivo, esa empresa reconoció que la prueba de la extemporaneidad en la
solicitud del trámite de sustitución de la inversión derivaba de las comunicaciones
efectuadas por el Banco de la República, sin controvertir su ejecutoriedad. En el
mencionado recurso indicó:
“4. Hechos y Antecedentes administrativos
4.1 El 1 de septiembre de 2006 Telefónica Móviles S.A. de España se fusionó con
la sociedad Telefónica S.A. de España y esta última sociedad adquirió las
209.851.560 acciones que Telefónica Móviles S.A. poseía en Telefónica Móviles
Colombia S.A, las cuales habían sido registradas oportunamente ante el Banco de
la República.
4.2 El 13 de abril de 2007 se presentó la solicitud de sustitución de inversión
extranjera ante el Banco de la República y sus posteriores correcciones, como
consecuencia del proceso de fusión entre las compañías Telefónica Móviles S.A y
Telefónica S.A. llevado a cabo en España.
4.3 El 16 de diciembre de 2008, la Coordinación Grupo de Inversión y Deuda
Externa de la Superintendencia de Sociedades formula Cargos a Telefónica, por
el registro extemporáneo de la sustitución de inversión extranjera realizada en el
año 2006, correspondiente a 209.851.560 acciones que Telefónica Móviles S.A.
poseía en Telefónica Móviles Colombia S.A. Lo anterior con base en reporte
enviado por el Banco de la República a esa entidad.
4.4 El 4 de noviembre del año en curso, la Coordinación Grupo de Inversión y
Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades, profirió resolución mediante
la cual impone multa a mis representadas por el registro extemporáneo de
sustitución de inversión extranjera.”25 (Subrayas de la Sala)
Además, en sede administrativa, la defensa de Telefónica S.A. señaló que la
extemporaneidad no fue de ocho meses (que deben entenderse contados a partir de
la emisión de la anotada Carta de Registro), sino de trece (13) días, correspondientes
al momento de radicación la petición elevada el 13 de abril de 2007; veamos:
“La Superintendencia de Sociedades en la resolución que se recurre, impone la
multa teniendo en cuenta que la extemporaneidad fue ocho meses y fracción y que
la inversión ascendió a la suma de US $143.826.071,05 equivalentes a
25
Visible a folio 84 del Cuaderno del Tribunal
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$344.975.462.251,41. Al respecto es importante insistir que el registro de la
sustitución de la inversión extranjera correspondiente a la fusión entre
inversionistas extranjeros, fue registrada en el Banco de la República mediante la
solicitud de sustitución de inversionistas presentada el 13 de abril de 2007, a dicha
solicitud el Banco de la República solicitó aclaración de información y algunas
correcciones las cuales se presentaron el 26 de julio de 2007 y el 27 de diciembre
de 2007, con lo cual quedo registrada la sustitución.
(…)
Por lo anterior la extemporaneidad en la presentación de la solicitud del registro de
sustitución de inversión extranjera fue de 13 días, ya que la solicitud inicial de
registro se efectúo el 13 de abril de 2007.
Frente al valor base que toma la Superintendencia para aplicar la multa, es
importante hacer las siguientes aclaraciones:
(…)
Además, es preciso advertir que en el presente caso no hay una explicación,
cuando menos sumaria, que permita al administrado comprender por qué,
conforme a los hechos materia de controversia, es Telefónica merecedora de una
sanción equivalente a los aproximadamente Doscientos Cincuenta Millones
mensuales (Esto si se acepta la teoría de la Superintendencia sobre la
extemporaneidad de 8 meses y fracción). No debe perderse de vista que si bien la
Administración cuenta con facultades discrecionales, ellas no pueden devenir en
conductas arbitrarias contrarias a un sistema jurídico como el colombiano fundado
en un estado social de derecho, pues de lo contrario, y por lo pronto conforme al
contenido al acto que se impugna, se evidencia una clara violación al artículo 36
del Código Contencioso Administrativo y por ende hace que la resolución 230-
007086 de 2009 sea anuladle por estar viciada en su motivación, toda vez que la
decisión adoptada no es “adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que le sirven de causa”26 (Subrayas de la Sala).
De este modo es claro que, aún en el evento de que el Banco de la República no haya
informado a Telefónica sobre la citada Carta de Registro, lo cierto es que ello de modo
alguno vulnera su derecho al debido proceso, toda vez que en el procedimiento
sancionatorio objeto de controversia, sí se le informó respecto de su existencia y se le
indicó cuáles eran sus implicaciones para determinar la extemporaneidad de su
solicitud.
En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
7.5.3. De la infracción cambiaria
26
Visible a folio 91 del Cuaderno del Tribunal.
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En este punto, se tendrá que definir si son nulos, por infracción de normas superiores,
los actos administrativos que sancionaron a una empresa por solicitar de forma
extemporánea el registro de la sustitución del titular de la inversión extranjera sobre
una sociedad colombiana, si la recurrente alega que presentó la citada petición antes
del 30 de junio del año siguiente en que se modificó la sociedad inversora, pero fue
multada dado que la allegó después del 31 de marzo de ese mismo periodo.
A efectos de resolver el anterior interrogante, es menester indicar que el literal e) del
Decreto 2080 de 2000 define que el cambio del titular de la inversión extranjera, deberá
registrarse a más tardar el 30 de junio de cada año en los plazos y formas que
establezca el Banco de la República. La norma en cuestión es del siguiente tenor:
“Artículo 8. El inversionista de capital del exterior, o quien represente sus
intereses, deberá registrar las inversiones iniciales o adicionales en el Banco de la
República de acuerdo con el procedimiento que establezca dicha entidad y
conforme a los siguientes términos:
(…)
e) La sustitución de la inversión original, entendiéndose por tal, cambios en los
titulares, en la destinación o en la empresa receptora de la misma, deberá
registrarse en el Banco de la República. El registro se efectuará con la
presentación de la solicitud a más tardar el 30 de junio de cada año en los
plazos y forma que establezca el Banco de la República.” (Subrayas y negrillas
de la Sala).
De la norma en contexto, es posible colegir que el Banco de la República es
responsable de emitir la regulación que contenga el procedimiento para la inscripción
de la sustitución de la inversión extranjera. En dicho trámite, también deberá establecer
el plazo máximo para realizar dicha solicitud, siempre que este no supere el 30 de junio
de cada año.
En cumplimiento de ello, el Banco de la República emitió la Circular Reglamentaria 83
del 16 de diciembre de 2004, en cuyo numeral 7.2.9 se fijaron los requisitos que deben
cumplir las correspondientes solicitudes para su registro. Asimismo, se precisó que
dichas solicitudes debían realizarse a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al
que se realizó el cambio del titular de la inversión, sin que dicho término sea
prorrogable. Lo anterior puede evidenciarse en la siguiente transcripción:
“7.2.9. 1. Movimientos de capital
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Sustitución
Se entiende por sustitución cualquiera de los siguientes cambios:
-Cambio de los titulares de la inversión extranjera por otros inversionistas
extranjeros.
• Cambio en la destinación
• Cambio en la empresa receptora de la inversión.
La sustitución de la inversión extranjera deberá registrarse por el
inversionista, su apoderado o quien represente sus intereses ante el
Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, con la
presentación de una comunicación escrita, a más tardar el 31 de marzo del
año siguiente al de la realización de la sustitución. Este plazo no es
prorrogable.
La comunicación escrita que debe enviarse al Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República para la sustitución del inversionista
deberá contener NIT de la empresa receptora, nombre y NIT o código del cedente,
nombre y NIT o código y país del cesionario, número de acciones o cuotas
sociales, la fecha de la cesión y el siguiente texto: El inversionista, su apoderado
o quien represente sus intereses quien suscriba esta comunicación manifiesta su
consentimiento expreso para que el Banco de la República pueda revocar el
registro de que trata el artículo 8, literal e) del Decreto 2080 de 2000 y sus
modificaciones, cuando la solicitud no se presente en debida forma.
A la comunicación escrita se deberán anexar los siguientes documentos, cuando
se trate de:
• Cambio de titular de la inversión por venta, fusión o escisión en el exterior:
certificado del revisor fiscal o contador público de la empresa receptora en el que
conste los nombres de los inversionistas registrados, y el número de acciones o
cuotas canceladas en libros si a ello hay lugar; NIT (si ya lo obtuvo), nombre y país
de los nuevos inversionistas, el número de acciones o cuotas recibidas, si a ello
hay lugar, y la nueva composición de capital.
• Cambio de empresa receptora, incluidas las fusiones o escisiones en el país:
Formulario No. 11 “Registro de inversiones internacionales” debidamente
diligenciado que refleje la inversión en la nueva empresa. Adicionalmente, en el
caso de fusión o escisión, la escritura pública mediante la cual se perfeccione el
acto.
Esta operación dará lugar a la cancelación parcial o total del registro y a un nuevo
registro.
• Cambio en la razón social del inversionista del exterior: comunicación del
inversionista, su apoderado o el representante legal de la empresa receptora
informando sobre tal hecho.
El registro se realizará con la presentación de la comunicación en debida forma
con los anexos antes mencionados.” (Subrayas y negrillas de la Sala).
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En ese orden, una lectura armónica de las normas que regulan el citado trámite permite
concluir que el plazo máximo para presentar la mencionada petición era el definido en
la Circular Reglamentaria 83 del 16 de diciembre de 2004, acto que, cabe señalar,
goza de presunción de validez y cuya legalidad no fue objeto de discusión en este
asunto.
De este modo, es evidente que la petición efectuada por Telefónica S.A. es
extemporánea, ya que, incluso si el término se contara desde la fecha en la que
presentó su primera petición de inscripción de la sustitución ante el Banco de la
República, esto es, desde el 13 de abril de 2009, lo cierto es que aún estaría fuera del
plazo señalado en la mencionada Circular Reglamentaria. Esto se debe a que el
cambio en la titularidad de la inversión extranjera se realizó el 1 de septiembre de 2006,
por lo que tenía hasta el 31 de marzo de 2007 para presentar la correspondiente
solicitud de sustitución de la inversión ante el Banco de la República, lo cual no hizo.
En todo caso, es pertinente aclarar que, como se verá en el punto siguiente, la citada
petición no fue allegada el 13 de abril de 2007, sino el 27 de diciembre de ese año,
como acredita la Carta de Registro No. SIE01488 del 27 de diciembre de 2007.
En consecuencia, el cargo no prospera.
7.5.4. Del desistimiento tácito
Se absolverá si son nulos, por infracción de normas superiores, los actos
administrativos que sancionaron a una empresa por solicitar de forma extemporánea
el registro de la sustitución de la inversión extranjera sobre una sociedad colombiana,
si la recurrente argumenta que en las decisiones impugnadas se concluyó sin
fundamentación que su petición inicial fue desistida tácitamente, lo que llevó a un error
en el cómputo del plazo de la extemporaneidad.
Para resolver este reparo es importante señalar que, en las Resoluciones impugnadas,
la Superintendencia de Sociedades concluyó que la petición radicada el 13 de abril de
2007 por Telefónica S.A. ante el Banco de la República fue desistida tácitamente,
conforme al artículo 13 del CCA. Lo anterior debido a que no respondió oportunamente
a los requerimientos exigidos por la aludida entidad bancaria.
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En efecto, en el acto sancionatorio, esto es, la Resolución 230-007086 del 4 de
noviembre de 2009, se indicó:
“EN RELACIÓN A LA INFRACCIÓN
En este caso, la infracción la constituye haber solicitado el registro por fuera del
término legal, de la sustitución de la inversión extranjera en Colombia realizada por
la sociedad TELEFÓNICA S.A. de España en la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES
DE COLOMBIA S.A., el 1 de septiembre de 2006, la cual tenía término oportuno
para solicitar su registro hasta el 31 de marzo de 2007, y la solicitud inicial se
radicó en el Banco de la República con el DER-BOG 23230-2007 del 13 de
abril de 2007, en forma extemporánea (f.15).
Posteriormente el Banco de la República realizó un requerimiento con el
oficio DCIN 12705 del 20 de junio de 2007, el cual fue recibido el 28 de junio
de ese mismo año en el domicilio de la sociedad según el sello obrante en el
mismo, con plazo oportuno para radicar su respuesta en los términos del
artículo 13 del Código Contencioso Administrativo hasta el 28 de agosto de
ese mismo año y la respuesta se radicó con el DER-BOG47426-2007 del 26
de julio de 2007, oportunamente.
Nuevamente el Banco de la República realizó un nuevo requerimiento
mediante oficio DCIN 20955 del 3 de octubre de 2007, recibido en el domicilio
de la sociedad el 11 de octubre de ese mismo año, según sello obrante en el
mismo que reposa a folio 11, con un plazo oportuno para radicar su
respuesta hasta el 11 de diciembre 2007, y ésta se radicó con el DER-BOG
81748-2007 el 27 de diciembre de 2007, fuera del término legal, operando el
desistimiento tácito de que trata el artículo 13 del Código Contencioso
Administrativo, razón por la cual la solicitud de registro se considera
presentada en esa fecha y no en el 13 de abril de 2007, fecha de la solicitud
inicial siendo finalmente otorgada por el Banco de la República la Carta de
Registro SIE01488 de esa misma fecha.
En consecuencia, no existiendo en el expediente prueba alguna que permita
desvirtuar los cargos formulados y atendiendo a la responsabilidad objetiva
resultante de la violación al régimen de cambios, por el cumplimiento
extemporáneo de la solicitud de registro de la sustitución de inversión extranjera,
este Despacho procederá a imponer una sanción de multa a la sociedad
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. solidariamente con la sociedad
TELEFÓNICA S.A. de España de acuerdo con los parámetros señalados en el
artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 y a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, para lo cual se tiene en cuenta, que la extemporaneidad fue de
ocho meses y fracción y que la inversión ascendió a la suma de
US$143.826.071,05 equivalente a $344.975.462.251.00, lo que permite imponer
una multa de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
MONEDA CORRIENTE $2.207.842.958 que corresponde al 0.64 % del total de la
infracción.” 27 (Subrayas de la Sala)
27
Visible a folios 7 a 13 del Cuaderno del Tribunal
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Ahora, es menester señalar que la discusión relacionada a si la petición efectuada por
la actora el 13 de abril de 2007 fue desistida tácitamente ya fue ventilada por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro del procedimiento identificado con
número de radicado 11001 03 24 000 2014 00171 00 que Telefónica S.A. instauró en
contra de la Carta de Registro No. SIE01488 del 27 de diciembre de 2007, expedida
por el Banco de la República.
En efecto, en el resumen de los cargos de la demanda contenidos en la sentencia del
19 de febrero de 2020, emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se indicó:
“Señaló que la carta de registro no indicó los hechos y normas que fundamentaron
la decisión de modificar la fecha en que se presentó la solicitud de registro de
sustitución de inversión extranjera, de modo que carece de motivación. Al margen
de ello, estimó que el artículo 35 del CCA no se aplica a los actos que expide el
Banco de la República en ejecución de políticas cambiarias.
Adujo que dicha carta constituía un abuso de autoridad que vulnera el debido
proceso y el derecho de defensa porque, además de que la Circular DCIN 83
de 2003 no previó el desistimiento tácito del registro de sustitución por
retraso en la respuesta de los requerimientos previos para expedirlo, lo cierto
es que los expedidos en el presente caso tampoco anunciaron dicha
consecuencia, ni fijaron plazo de respuesta.
Anotó que, a la luz del artículo 80 del CCA, el Banco de la República podía pedir
pruebas e informaciones sin requisitos ni términos especiales y que, de ser
aplicable el artículo 12 ib., solo podía expedir un requerimiento de información,
para luego decidir la solicitud de registro, con base en lo que tuviera a su alcance.
Adicionalmente, dicha entidad tampoco aceptó expresamente el
desistimiento por acto expreso motivado y debidamente notificado, en el que,
además, ordenara archivar la solicitud.
Adujo que la eventual aplicación del artículo 13 ib., conllevaría la del artículo 8
ejusdem, que preveía la continuación oficiosa de la petición en interés particular,
de modo que la mención del 27 de diciembre de 2007 como fecha de radicación
de la solicitud de registro desconoce ese mandato y, en todo caso, al no haberse
ordenado el archivo previsto en el referido artículo 13, la única solicitud de registro
a la que podía referirse la carta de registro demandada era la radicada el 13 de
abril de 2007”28 (Subrayas y negrillas de la Sala).
Ahora, la citada Sección concluyó que sí había operado el desistimiento de la solicitud
del 13 de abril de 2007, en aplicación de lo previsto en el artículo 13 del CCA, por los
siguientes argumentos que la Sala prohíja en esta sede:
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de
febrero de 2020. Proceso radicado número 11001 03 24 000 2014 00171 00. Consejera Ponente: Stella
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“Las actuaciones cambiarias de registro por sustitución de inversionista extranjero
constituyen actuaciones administrativas regidas por las normas especiales sobre
la materia y, subsidiariamente, por las normas de procedimiento administrativo que
regían al momento de iniciarse las mismas.
A la luz del ordenamiento especial29, dicho registro constituye una obligación
cambiaria a cargo del inversionista, su apoderado o quien represente sus
intereses, que se cumple con la presentación de una comunicación escrita sobre
la sustitución, ante el Departamento de Cambios Internaciones del Banco de la
República.
En sí misma, esa presentación abre una actuación administrativa iniciada en
cumplimiento de un deber legal, regida por las normas vigentes para ese momento,
esto es, el artículo 4 del CCA, en concordancia con el artículo 27 ib.30 Que ordenó
aplicar a las mismas los artículos 5 (dos últimos incisos), 11, 12, 13, 14 y 15
ejusdem los cuales, para todos los efectos y, con carácter subsidiario, son
disposiciones generales que suplen los vacíos normativos del ordenamiento
especial (Decreto 2080 de 2000, art. 8, lit. e), Circular DCIN 83 de 2003, num.
7.2.9.).
Ahora bien, de las pruebas aportadas se constata que la demandante presentó la
comunicación escrita para registro de sustitución trece (13) días después de vencer
el plazo previsto por la normativa especial para ese efecto 31. No obstante, el
Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República simplemente
la consideró “no presentada en debida forma” en dos oportunidades (el 20 de junio
y el 3 de octubre de 2007), en cada una de las cuales requirió aclaraciones y
correcciones a la solicitante.
Como se precisó, si bien el procedimiento especial no contempla ese tipo de
requerimientos previos por falta de requisitos formales, tal medida resulta
pertinente y adecuada a la luz del principio de eficacia de las actuaciones
administrativas, según el cual, los procedimientos deben cumplir su finalidad,
removiéndose todos los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias
(CCA, art. 1) y, en todo caso, procedente desde la perspectiva del artículo 12 ib.,
que establecía:
“ARTÍCULO 12. Solicitud de informaciones o documentos adicionales.
Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar
una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá,
por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en
que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento
interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan.
Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o
informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán
otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán
29
Decreto 2080 de 2000 y Circular DCIN-83 del 21 de noviembre de 2003, numeral 7. 2. 9.
30
“Cuando una norma imponga a una persona el deber de presentar una solicitud, una declaración
tributaria o de otra clase o una liquidación privada, o el de realizar cualquier otro acto para iniciar una
actuación administrativa, las autoridades no podrán impedirlo ni negarse a recibir el escrito con el que
se pretenda cumplir el deber. Ello no obsta para que se adviertan al interesado las faltas en que incurre,
o las que aparentemente tiene su escrito…”.
31
31 de marzo del año siguiente al de la sustitución del inversionista por razón de la fusión del 28 de
junio de 2006 (numeral 7.2.9. de la Circular 83 de 2003 y solicitud visible en el folio 84) y dado que el
último día de ese plazo fue sábado, el término de extemporaneidad comenzó a correr a partir del
siguiente día hábil.
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pedir más complementos, y decidirán con base en aquello de que
dispongan.”
La información suministrada el 13 de abril de 2007 por Telefónica S.A. no era
suficiente para expedir el registro de sustitución, porque generaba una duda
razonable en cuanto a la existencia del nuevo inversionista frente al hecho mismo
de la fusión realizada el 28 de junio de 2006 y el reporte de accionistas del
certificado del revisor fiscal, a 31 de marzo de 2007.
Ese hecho ameritaba la expedición de un requerimiento aclaratorio, como en efecto
lo es el del 20 de junio de 2007; sin embargo, como el nuevo certificado adjunto el
26 de julio siguiente, incurrió en un error en el NIT de la nueva inversionista, se
configuró otra falencia que le permitía al Banco volver a ejercer la facultad otorgada
por el citado artículo 12 del CCA, a través de un requerimiento independiente al
del 20 de junio de 2007, pues el defecto formal que lo motivaba no recaía sobre la
comunicación inicial del 13 de abril, sino sobre la respuesta del 26 de julio de 2007;
así pues, no se trata de un segundo requerimiento para enmendar la comunicación
del 13 de abril, sino de un requerimiento autónomo para corregir la información
suministrada con dicha respuesta.
Desde esa perspectiva y contrario a lo expresado por la demandante, no existe
vulneración del artículo 12 del CCA en cuanto a la expedición del requerimiento
“por una sola vez”, ni a la prohibición de “pedir más complementos” ni a la
obligación de decidir “con base en aquello de que dispongan”, máxime cuando, a
la luz del numeral 7.2.9. de la Circular DCIN-83 de 2003, el error en el NIT de la
nueva inversionista conduciría a revocar el registro expedido, en la medida en que
la solicitud del 13 de abril de 2007 ya contenía el consentimiento expreso para tal
efecto.
Por lo demás, el artículo 13 ejusdem32 contemplaba un término perentorio para
responder el requerimiento previsto en el artículo 12 ib., so pena de entenderse
desistida la petición o solicitud respecto de la cual se expide aquel, acorde con el
cual el plazo para responder el requerimiento del 3 de octubre de 2007 precluía el
3 de diciembre de 2007. En consecuencia, la respuesta del 27 de diciembre se
entiende extemporánea y, por lo mismo, desistida la petición del 13 de abril
del mismo año”33 (Subrayas y negrillas de la Sala).
En consecuencia, es evidente que el cargo parte de un fundamento equivocado, pues
no es cierto que la Superintendencia de Sociedades haya concluido sin fundamento
legal que la petición realizada el 13 de abril de 2007 fue desistida tácitamente.
Lo expuesto también permite descartar el cargo concerniente al desconocimiento del
principio de legalidad de la infracción y de la sanción, pues éste parte del supuesto de
que la tasación de la multa debió realizarse desde la petición del 13 de abril de 2007 y
32
“ARTÍCULO 13. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el
requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos
artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el
expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud.”
33
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no desde el 27 de diciembre de ese año, sin que ello sea posible dado que, se insiste,
ésta primera solicitud fue desistida tácitamente debido a que Telefónica S.A. no
cumplió oportunamente con los requerimiento efectuados por el Banco de la
República.
7.5.5. Del principio de favorabilidad
En este punto deberá establecerse si son nulos por vulneración del debido proceso los
actos administrativos mediante los cuales se multó a una empresa por incurrir en una
infracción cambiaria, relacionada con la extemporaneidad en la solicitud del registro
de la sustitución de la inversión de una sociedad extranjera a una colombiana, si la
actora alega que esa infracción ya no existía al momento en que se profirió el recurso
de reposición en contra del acto que la sancionó.
7.5.1. Al respecto, debe señalarse que, en proveído del 4 de agosto de 2016, esta
Sección unificó su criterio en el sentido de señalar que el principio de favorabilidad sí
era aplicable en los procedimientos sancionatorios adelantados por conductas
relacionadas con infracciones al régimen cambiario; veamos:
“5.3.1.2. Unificación del criterio jurisprudencial.
La anterior reseña de la evolución jurisprudencial pone en evidencia que hay dos
posiciones distintas y enfrentadas sobre la procedencia de la aplicación del
principio de favorabilidad en materia cambiaria, razón por la cual se hace necesario
que la Sección Primera unifique su jurisprudencia en torno a este tema.
Para el efecto tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
a.- La Constitución Política en su artículo 29 consagra como derecho fundamental
el debido proceso y prevé que éste “se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”, señalando, además, una serie de garantías y
principios mediante los cuales dicho derecho se materializa, entre los que se
encuentran el principio de legalidad de la falta y de la sanción, el principio de
favorabilidad de la ley posterior, el principio de publicidad, el derecho de defensa y
especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, la
presunción de inocencia, el principio de la doble instancia, el principio de non bis
in idem, y la prohibición de la reformatio in pejus.
b.- La jurisprudencia de la Corte Constitucional34 ha señalado que el derecho al
debido proceso, además de ser un derecho, está instituido en la Carta Política
como uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho, en la medida en
que opera no sólo como una garantía para las libertades ciudadanas, sino como
34
Sentencias C-980 de 2010, C-331 de 2012 y C-034 de 2014, entre otras.
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un contrapeso al poder del Estado, en particular al derecho de sanción o ius
puniendi -reconocido a éste para reprimir las conductas consideradas contrarias a
Derecho-, al someter las actuaciones judiciales y administrativas a los
procedimientos y requisitos previamente establecidos en la legislación, bajo el
amparo del principio de legalidad.
En consideración a lo anterior, dicha corporación ha definido este derecho como
“el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia”35.
c.- En el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración -modalidad de
ius puniendi estatal- también deben operar las reglas propias del debido proceso.
En efecto, el Constituyente hizo extensivo el debido proceso a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas, de modo tal que las garantías mínimas del
debido proceso penal resultan aplicables a las actuaciones administrativas
sancionatorias, aunque en algunas situaciones particulares tal aplicación deba
hacerse con ciertos matices, por tratarse de la protección de bienes jurídicos
diferentes, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional 36.
Ciertamente, aunque las dos son manifestaciones del ius puniendi del Estado, la
potestad sancionatoria penal del Estado es distinta a la potestad sancionatoria
administrativa: La potestad sancionatoria penal propende por la garantía del orden
social en abstracto, tiene una finalidad principalmente retributiva -eventualmente
correctiva o resocializadora- y se ocupa de manera prevalente de conductas que
implican un alto grado de afectación de los intereses jurídicamente protegidos, por
lo que puede dar lugar a sanciones tan severas como la privación de la libertad 37.
La potestad sancionatoria administrativa, por su parte, busca garantizar
primordialmente los principios constitucionales que gobiernan la función pública y
cumplir los cometidos estatales, y para ello emplea sanciones por el
incumplimiento de deberes, prohibiciones y mandatos preestablecidos, aunque no
implica sanciones tan severas como la privación de la libertad, siendo la multa la
sanción prototípica del derecho administrativo sancionatorio.
Estas diferencias suponen que exista en determinados aspectos del derecho
administrativo sancionatorio una aplicación menos estricta de las reglas del debido
proceso penal. Esa aplicación menos severa de las garantías del debido proceso
se puede observar, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional sobre los
principios de legalidad y tipicidad en materia administrativa sancionatoria, o sobre
los principios de presunción de inocencia y culpabilidad38.
35
Sentencia C-980 de 2010.
36
Entre otras muchas, ver la Sentencias C-948 de 2002, C-769 de 2009, C-742 de 2010, C-713 de
2012, C-083 de 2015, C-699 de 2015 y C-135 de 2016.
37
Corte Constitucional, Sentencia C-742 de 2010.
38
En la citada Sentencia C-742 de 2010, la Corte Constitucional precisó al respecto: “La Corte ha
precisado que el principio de legalidad en el ámbito administrativo sancionatorio solamente exige la
existencia de una norma con fuerza material de ley que contenga una descripción genérica de las
conductas sancionables, sus tipos y las cuantías máximas de las sanciones, norma cuyo desarrollo
puede ser remitido a actos administrativos expedidos por la administración; es decir, no se requiere que
cada conducta sancionable esté tipificada de manera detallada en una norma de rango legal, como sí
lo exige el derecho penal. El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio, por otra
parte, no demanda una descripción pormenorizada de las conductas sancionables; permite recurrir a la
prohibición, la advertencia y el deber, es decir, a descripciones más generales de las conductas
sancionables. […] Los principios de presunción de inocencia y de culpabilidad, de aplicación ineludible
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En la jurisprudencia contencioso administrativa también se ha aceptado una
aplicación más flexible del principio de reserva de ley en materia de tipificación de
faltas administrativas, v.gr. en materia de servicios públicos domiciliarios o en
asuntos de tránsito automotor39.
Sin embargo, tal realidad no implica en modo alguno que en las actuaciones
administrativas sancionatorias seguidas por la Administración no se apliquen las
garantías mínimas del debido proceso, pues éste es un imperativo constitucional
exigible en todos aquellos escenarios en que los ciudadanos puedan verse
afectados por las actuaciones de las autoridades públicas, sean éstas judiciales o
administrativas40. Por lo tanto, por regla general las garantías del debido proceso
son aplicables en el derecho penal y en todas las demás manifestaciones del
derecho sancionador, entre ellas, el derecho administrativo sancionatorio, aunque
con distinta intensidad, en consideración a la naturaleza, objeto y fines de cada
uno de tales regímenes, salvo en los casos en que el legislador haya consagrado
expresamente alguna excepción, como sería por ejemplo en tratándose del
derecho administrativo cambiario en el que se consagró un régimen de
responsabilidad objetiva41.
d.- Ahora bien, la Sala debe precisar que aunque en algunos casos el legislador
ha ratificado expresamente la procedencia de los principios y garantías del debido
proceso en actuaciones administrativas sancionatorias reconocidos por la
en el derecho penal, también adquieren otros matices en el derecho administrativo sancionatorio. […]
Como una manifestación de la atenuación de los principios de presunción de inocencia y de culpabilidad,
la jurisprudencia constitucional también ha avalado, de manera excepcional y en atención a las
características de casos específicos, la existencia de regímenes”.
Ejemplo de la aplicación de este criterio lo constituye la Sentencia C-564 de 2000, en la que la Corte
Constitucional declaró exequible el artículo 3º del Decreto 1746 de 1991 (Por medio del cual se
establece el Régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la
Superintendencia de Control de Cambios), norma que prevé que “[l]as personas naturales y jurídicas
que no sean intermediarios del mercado cambiario, que infrinjan el régimen cambiario, serán
sancionados con la imposición de multa a favor del Tesoro Nacional hasta del 200% del monto de la
infracción cambiaria comprobada”, y que “[la] multa se graduará atendiendo las circunstancias objetivas
que rodearon la comisión de la infracción”, al considerar que “la fórmula según la cual “[el] que infrinja
el régimen de cambios”, sin señalar en qué consisten estas violaciones, por si misma no puede
considerarse contraria al principio de legalidad, específicamente en cuanto a la precisión en la
descripción del hecho que genera la sanción, por cuanto si bien en la misma norma en que se establece
la sanción, no se señala concretamente la conducta objeto de ésta, puede remitirse a otras en las se
puedan describir estas conductas o hechos, preceptos que se convierten, entonces, en el fundamento
de la sanción y que permiten determinar su contenido”.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencias de 28 de agosto de 2014 (Expediente núm. 25000
23 24 000 2008 00369 01) y 18 de septiembre de 2014 (Expediente núm. 11001-0324-000-2013-00092-
00), ambas con ponencia del Consejero de Estado, Guillermo Vargas Ayala.
40
Corte Constitucional, Sentencia C- 083 de 2015.
41
Los artículos 24 y 30 del Decreto 1092 de 1996 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el
procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN” prevén, respectivamente, que “[l]as pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de
la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción cambiaria, la índole objetiva de
la responsabilidad correspondiente y los propósitos perseguidos por el Régimen de Cambios”, y que
“[e]n todos los casos la responsabilidad resultante de la violación al régimen de Cambios es objetiva”.
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Constitución Política (por ejemplo en los regímenes aduanero 42 y disciplinario43),
el hecho de que en otras materias no exista esa consagración expresa no significa
que los distintos elementos que informan el debido proceso no sean aplicables en
otros asuntos, pues, como antes se dijo, éste es un imperativo constitucional
exigible en todas las actuaciones de las autoridades públicas que puedan afectar
los derechos de los particulares.
e.- Entre las citadas garantías mínimas que integran el debido proceso se
encuentra el principio de favorabilidad, en virtud del cual una situación de hecho
puede someterse a la regulación de disposiciones jurídicas no vigentes al momento
de su ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de aquellas, su aplicación se
prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los mismos hechos. La Corte
Constitucional se refirió al concepto y alcance del principio de favorabilidad en
materia disciplinaria e hizo las siguientes consideraciones que, mutatis mutandi,
son aplicables también respecto de otras manifestaciones del derecho punitivo
estatal:
“En materia sancionatoria, el principio de que la ley rige las situaciones
de hecho que surgen durante su vigencia se traduce en la máxima
jurídica nullum crimen, nulla poena sine lege, cuya consagración
constitucional se encuentra en el artículo 29 de la Carta que dispone:
“nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
se le imputa” (art. 29, C.P.). El claro mandato que se incluye en la carta
señala que, por regla general, la norma aplicable en un caso determinado es
aquella que se encuentra vigente al momento de la comisión del hecho
imputado, lo que en otros términos significa que los efectos de la norma
jurídica no son retroactivos.
[…]
Ahora bien, el principio del que se viene hablando, aquél que prescribe que
la ley aplicable a una situación fáctica es la vigente al momento de su
acaecimiento, tiene como fin primordial la protección del principio de la
seguridad jurídica, pilar fundamental del orden público. No obstante, la
tradición jurídica ha reconocido la posibilidad de establecer una
excepción a tal precepto para permitir que situaciones de hecho
acaecidas bajo la vigencia de una ley sean reguladas por otra.
La Corte se refiere en estos términos al principio de favorabilidad,
según el cual, una situación de hecho puede someterse a la regulación
de disposiciones jurídicas no vigentes al momento de su ocurrencia
cuando, por razón de la benignidad de aquellas, su aplicación se
prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los mismos hechos. El
artículo 29 de la Constitución Política ha consagrado dicho principio en los
siguientes términos “en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable”.
42
Decreto 2685 de 1999: “Articulo 520. Disposición más favorable. Si antes de que la autoridad
aduanera emita el acto administrativo que decide de fondo, se expide una norma que favorezca al
interesado, la autoridad aduanera deberá aplicarla obligatoriamente, aunque no se haya mencionado
en la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero.”
43
Ley 734 de 2002 “Artículo 14. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige
también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política.”
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Para efectuar la aplicación favorable de la norma y dar entidad al principio
mismo se recurre generalmente a dos vías: la de la retroactividad de la ley,
fenómeno en virtud del cual la norma nacida con posterioridad a los hechos
regula sus consecuencias jurídicas como si hubiese existido en su momento;
y la de la ultraactividad de la norma, que actúa cuando la ley favorable es
derogada por una más severa, pero la primera proyecta sus efectos con
posterioridad a su desaparición respecto de hechos acaecidos durante su
vigencia.
En materia penal y, actualmente, en el campo del derecho disciplinario, el
principio de favorabilidad se aplica también a las normas procesales, a pesar
de que se mantiene el principio general de la aplicación inmediata. Así lo ha
reconocido reiteradamente la Corte Constitucional, uno de cuyos fallos se
cita a continuación: “…la norma general que fija la ley es el efecto general
inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los
términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que
ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua.
Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues
no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones
jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58
superior. Sin embargo, su aplicación debe respetar el principio de
favorabilidad penal” (Sentencia C-619 de 2001)”44 (Negrillas ajenas al texto
original)
Así mismo, la Corte Constitucional al abordar el tema de la favorabilidad desde la
perspectiva del principio de legalidad precisó que “[como] la potestad sancionadora
de la administración no es ajena a los principios que rigen el debido proceso en
materia penal, concretamente a la exigencia de que una ley previa deberá
determinar con claridad y precisión tanto la infracción como la pena que habrá de
imponerse a quienes incurran en ella, es dable concluir que abolida una falta tienen
que desaparecer los efectos sancionatorios que la misma estuviere
produciendo”45.
La aplicación del principio de favorabilidad en materia cambiaria también ha sido
reconocida expresamente por esa Corporación. En la Sentencia C- 010 de 2003,
en la que se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 24 (parcial) y 30 del
Decreto 1092 de 1996 (Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el
procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN), precisó que “[…] la circunstancia de que las sanciones
impuestas a los infractores del régimen cambiario excluyan la prueba de factores
subjetivos propios de las conductas delictivas, como son el dolo y la culpa, no
significa el desconocimiento del debido proceso, pues la imposición de las
condignas sanciones no se hace de plano y sin procedimiento alguno sino previo
el agotamiento de un debido proceso en el que la administración le debe demostrar
al investigado la comisión de una infracción al estatuto de cambios, que de ser
cierta conlleva la formulación de cargos al posible infractor con el fin de que una
vez notificado de ella exponga las razones de su defensa”, y que “en la aplicación
de tales sanciones se deben respetar otros principios generales propios del
derecho penal, como por ejemplo el principio de la legalidad nullum crimen sine
lege, nulla poena sino lege; o el principio de la favorabilidad, según el cual la ley
posterior se aplica de preferencia a la ley anterior cuando es favorable al
inculpado”46.
44
Sentencia C-181 de 2002.
45
Sentencia T-1087 de 2005.
46
Negrillas ajenas al texto original.
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Igualmente, en la Sentencia C-922 de 2001, a cuyos fundamentos se ha remitido
esta Sala en algunas de sus providencias sobre la materia 47, la Corte consideró
procedente la aplicación del principio de favorabilidad en la materia examinada y
declaró exequible el artículo 2º del Decreto 1047 de 1999 (Por el cual se establece
el régimen sancionatorio aplicable a infracciones cambiarias en las materias de
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN) 48,
condicionado a que su aplicación se restrinja a las normas procedimentales que
regulan los juicios de responsabilidad cambiaria, o que respecto de las normas
sustanciales, se condicione su aplicación a que las infracciones del Régimen
Sancionatorio Cambiario, cometidas bajo la vigencia del Decreto 1092 de 1996,
sean sancionadas conforme a la norma más favorable, háyanse o no formulado
cargos.
f.- Estas mismas consideraciones que hizo la Corte tratándose del régimen
sancionatorio aplicable a infracciones cambiarias en las materias de competencia
de la DIAN deben también ser aplicadas en los asuntos sancionatorios cambiarios
de competencia de la Superintendencia de Sociedades, pues no existe razón
alguna que justifique ese trato diferente. Lo contrario, claramente constituiría un
agravio al principio constitucional de igualdad ante la ley49.
g.- En el anterior contexto, en esta providencia la Sección Primera unifica su
criterio en el sentido de señalar que el principio de favorabilidad es aplicable
en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al
régimen cambiario, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso,
el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en
las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones
administrativas”50 (Subrayas y negrillas de la Sala).
En consecuencia, en aplicación del mencionado criterio, se procederá a determinar si
en el presente asunto se debió aplicar el principio de favorabilidad en favor de
Telefónica S.A., para lo cual es menester referirse al marco normativo que dio lugar a
la emisión de las decisiones enjuiciadas.
7.5.2. Pues bien, es pertinente indicar que, a través del Decreto 2080 de 2000, se
adoptó el Régimen General de Inversiones de capital exterior en Colombia.
47
Citadas en el numeral 5.3.1.1. de esta providencia, en el que se hizo un recorrido por la jurisprudencia
de la Sección Primera en la materia estudiada.
48
Decreto 1047 de 1999 “Por el cual se establece el régimen sancionatorio aplicable a infracciones
cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”:
“Artículo 2°. Régimen transitorio. Los procedimientos administrativos cambiarios adelantados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en los cuales se haya proferido y notificado acto de
formulación de cargos a los presuntos infractores con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de
este decreto, continuarán tramitándose hasta su culminación conforme a lo previsto en el Decreto-ley
1092 de 1996”.
49
Constitución Política, art. 13.
50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Fallo del 4 de agosto de
2016. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2013 00701 01. Consejero Ponente: Guillermo
Vargas Ayala.
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Particularmente, en el artículo 8º ibidem, se determinó que, entre otras, se debían
registrar ante el Banco de la República las inversiones extranjeras realizadas en el
país, así como la sustitución del titular de la inversión original, cuando ello ocurra. De
otro lado se previó que el inversor debía actualizar su información cuando así lo
requiera el Banco de la República para realizar el control del capital y de las
obligaciones cambiarias.
Por su parte, en el parágrafo 6 ibidem se determinó que el desconocimiento de alguna
de las obligaciones dispuestas en esa norma constituiría infracción cambiaria.
El artículo en cuestión dispone:
“Artículo 8. El inversionista de capital del exterior, o quien represente sus
intereses, deberá registrar las inversiones iniciales o adicionales en el Banco de la
República de acuerdo con el procedimiento que establezca dicha entidad y
conforme a los siguientes términos:
Las inversiones directas y las inversiones de portafolio en divisas se registrarán
con la presentación de la declaración de cambio correspondiente a su canalización
a través del mercado cambiario.
Se exceptúan de lo dispuesto en este literal las inversiones en divisas de que tratan
los ordinales ii) y iv) del literal a) del artículo 3º de este decreto, los cuales se
sujetan al literal c) del presente artículo.
b) Las inversiones directas y las inversiones de portafolio mediante la modalidad
de sumas con derecho a giro, de que trata el literal d) del artículo 5º del presente
decreto, se registrarán con la presentación de la solicitud correspondiente.
Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar el 30 de junio de cada año, en los
plazos y forma que establezca el Banco de la República;
c) Las inversiones directas en otras modalidades distintas de las señaladas en los
literales anteriores se registrarán una vez se presente la solicitud correspondiente
y se acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en este decreto y en la
reglamentación del Banco de la República. La solicitud deberá presentarse dentro
de un plazo de tres (3) meses contado a partir de:
2. La fecha de la nacionalización o del levante, según el caso, de las importaciones
ordinarias no reembolsables;
ii) La fecha en que se convierten las importaciones temporales en importaciones
ordinarias;
iii) La fecha de contabilización de intangibles en el capital de la empresa;
iv) La fecha de la presentación de la declaración de cambio correspondiente a su
canalización a través del mercado cambiario en el caso de inversiones en divisas
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destinadas a la adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos
mediante contrato de fiducia mercantil, de que trata el presente decreto;
v) La fecha del perfeccionamiento de la adquisición de las acciones, en caso de
inversión extranjera directa realizada con recursos en moneda legal provenientes
de operaciones locales de crédito celebradas con establecimientos de crédito.
d) En el caso de inversión suplementaria al capital asignado de la sucursal, el
registro se efectuará con la presentación de la solicitud correspondiente, dentro de
los tres (3) meses siguientes, contados a partir del cierre del período de realización
de la inversión que para tal efecto determine el Banco de la República;
e) La sustitución de la inversión original, entendiéndose por tal, cambios en los
titulares, en la destinación o en la empresa receptora de la misma, deberá
registrarse en el Banco de la República. El registro se efectuará con la
presentación de la solicitud a más tardar el 30 de junio de cada año en los plazos
y forma que establezca el Banco de la República.
Parágrafo 1º. Deberán registrarse como inversión extranjera las sumas que el
inversionista pague a la empresa receptora por prima en colocación de acciones.
Si la sociedad decide hacer reparto de estas sumas recibidas como prima en
colocación de acciones, deberá informar de ello al Banco de la República.
Parágrafo 2º. A petición del interesado, y con la debida justificación, el Banco de
la República podrá prorrogar hasta por un término que no exceda de tres (3)
meses, el plazo establecido en los literales c) y d) del presente artículo. Vencido el
término sin que se haya solicitado el registro, podrá solicitarse su registro
extemporáneo en los términos previstos en el presente decreto, sin perjuicio de lo
dispuesto por la Junta Directiva del Banco de la República sobre inversiones no
perfeccionadas.
Parágrafo 3º. Para efectos del ordinal v) del artículo 3º del presente decreto, las
sucursales de sociedades extranjeras podrán registrar como inversión extranjera
directa las disponibilidades de capital en forma de divisas que permanezcan en la
cuenta corriente que mantengan con la casa matriz durante la vigencia anual a la
que correspondan sus utilidades, previa demostración de esta circunstancia ante
el Banco de la República, conforme a la documentación que este exija. El valor en
divisas de estas disponibilidades deberá ser incluido en una cuenta especial que
se denominará en el balance de la sucursal como inversiones suplementarias al
capital asignado y quedará sujeta al régimen cambiario que se aplica a dicho
capital asignado. En ningún caso las sucursales podrán tener saldos negativos por
concepto de inversión suple 60entaría al capital asignado.
Se exceptúan de lo anterior, las sucursales de sociedades extranjeras de que trata
el artículo 48 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República, las cuales podrán contabilizar como inversión suplementaria al
capital asignado, además de las disponibilidades de divisas, las disponibilidades
de capital en forma de bienes o servicios. Estas sucursales podrán tener saldos
negativos por concepto de inversión suplementaria al capital asignado.
Parágrafo 4º. El Banco de la República, de conformidad con lo previsto en este
decreto, podrá establecer procedimientos especiales de registro teniendo en
cuenta los mecanismos de transacción utilizados.
Parágrafo 5º. El Banco de la República se abstendrá de registrar las inversiones
que se realicen en contravención de lo dispuesto en el presente decreto.
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Tampoco se registrarán las inversiones cuando el interesado no presente la
declaración de cambio correspondiente a su canalización como inversión a través
del mercado cambiario.
Parágrafo 6º. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se
considerará como una infracción cambiaria.
Parágrafo 7º. El Banco de la República solicitará, dentro del plazo que estime
pertinente, la actualización de la información que considere necesaria para efectos
del seguimiento al registro de las inversiones y del control de las obligaciones
cambiarias que genere la inversión extranjera en Colombia.” (Subrayas de la Sala).
Posteriormente, con la expedición del Decreto 4800 de 2010, se modificó el artículo 8
del Decreto 2080 de 2000, así:
“Artículo 8. Registro. El inversionista de capital del exterior, o quien represente
sus intereses, deberá registrar las inversiones iniciales o adicionales en el Banco
de la República de acuerdo con el procedimiento que establezca esta entidad y
conforme a los siguientes términos:
a)Las inversiones directas y las inversiones de portafolio en divisas se registrarán
con la presentación de la declaración de cambio correspondiente a su canalización
a través del mercado cambiario.
b) En el caso de las inversiones de capital del exterior de portafolio, los pagos
asociados a las mismas podrán ser objeto de neto, sin perjuicio de que las
inversiones deban registrarse por su monto total, en los plazos y condiciones que
establezca el Banco de la República.
El Banco de la República podrá establecer los plazos y condiciones del registro de
la inversión extranjera que se realice con ocasión de la implementación o
funcionamiento de carteras colectivas bursátiles locales o extranjeras,
denominadas internacionalmente como “Exchange Traded Funds -ETF’s-“, y de
programas sobre certificados de depósitos negociables representativos de valores,
incluido el registro de las operaciones de inversión extranjera necesarias para la
constitución y redención de los valores o participaciones emitidos por las
mencionadas carteras o por dichos programas.
c) Las demás modalidades de inversión de capital del exterior se registrarán dentro
de un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir del momento en que se
efectúe la inversión. Este registro se hará en los términos y condiciones que
establezca el Banco de la República.
d) En el caso de la inversión suplementaria al capital asignado de sucursales de
los sectores de hidrocarburos y minería sujeta al régimen cambiario especial
establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, el registro se
efectuará con la presentación de la solicitud correspondiente, dentro de los seis (6)
meses siguientes, contados a partir del cierre contable del período de realización
de la inversión que para tal efecto determine el Banco de la República.
e) La sustitución de la inversión original, entendiéndose por tal, cambios en los
titulares, en la destinación o en la empresa receptora de la misma, deberá
registrarse en el Banco de la República. El registro se efectuará dentro de un plazo
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máximo de doce (12) meses contados a partir del momento en que se efectúe la
sustitución. Este registro se hará en los términos y condiciones que establezca el
Banco de la República.
Parágrafo 1. Deberán registrarse como inversión extranjera las sumas que el
inversionista pague a la empresa receptora por prima en colocación de aportes. Si
la sociedad decide hacer reparto de estas sumas recibidas deberá informar de ello
al Banco de la República en los términos y condiciones que él establezca,
Parágrafo 2. Para efectos del ordinal v) del literal a) del artículo 3 de este decreto,
las sucursales de sociedades extranjeras podrán registrar como inversión
extranjera directa las disponibilidades de capital en forma de divisas que
permanezcan en la cuenta corriente que mantengan con la casa matriz durante la
vigencia anual a la que correspondan sus utilidades, previa demostración de esta
circunstancia ante el Banco de la República, conforme a la documentación que
éste exija. El valor en divisas de estas disponibilidades deberá ser incluido en una
cuenta especial que se denominará en el balance de la sucursal como inversiones
suplementarias al capital asignado y quedará sujeto al régimen cambiario que se
aplica a dicho capital asignado. En ningún caso las sucursales podrán tener saldos
negativos por concepto de inversión suplementaria al capital asignado.
Se exceptúan de lo anterior, las sucursales de sociedades extranjeras de los
sectores de hidrocarburos y minería sujetas al régimen cambiario especial
establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, las cuales podrán
contabilizar como inversión suplementaria al capital asignado, además de las
disponibilidades de divisas, las disponibilidades de capital en forma de bienes o
servicios. Estas sucursales podrán tener saldos negativos por concepto de
inversión suplementaria al capital asignado.
Parágrafo 3. El Banco de la República, de conformidad con lo previsto en este
decreto, podrá establecer procedimientos especiales de registro teniendo en
cuenta los mecanismos de transacción utilizados.
Parágrafo 4. El Banco de la República se abstendrá de registrar las inversiones
que se realicen en contravención de lo dispuesto en el presente decreto.
Tampoco se registrarán las inversiones cuando el interesado no presente la
declaración de cambio correspondiente a su canalización como inversión a través
del mercado cambiario.
Parágrafo 5. El incumplimiento del registro de la inversión extranjera, en la
oportunidad y en las condiciones en que deba efectuarse, constituye
infracción cambiaria.
Parágrafo 6. El Banco de la República podrá solicitar, dentro del plazo que estime
pertinente, la actualización de la información que considere necesaria para efectos
del seguimiento al registro de las inversiones extranjeras en Colombia.” (Subrayas
y negrillas de la Sala).
Ahora bien, aunque en el citado Decreto 4800 de 2010 se establece que únicamente
la falta de registro de la inversión sería considerada una infracción cambiaria, en
criterio de la Sala dicha alusión debe abarcar a las operaciones relacionadas en la
primera parte de esa norma, dado que allí se indica que: “El inversionista de capital
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del exterior, o quien represente sus intereses, deberá registrar las inversiones
iniciales o adicionales en el Banco de la República de acuerdo con el
procedimiento que establezca esta entidad y conforme a los siguientes
términos”, los cuales se encuentran referidos en los literales a) hasta e), lo que, valga
señalar, incluye las sustituciones de inversiones.
En otras palabras, no es posible fraccionar el entendimiento de esa norma, toda vez
que, al referirse al procedimiento y términos para registro de las inversiones
extranjeras, esa disposición incluye, entre otras, en el numeral e), lo concerniente a la
sustitución de la inversión.
De hecho, como se desprende de la lectura de esa disposición, en los casos de
sustitución de la inversión, el Gobierno Nacional estableció un plazo para su
cumplimiento y previó que el Banco de la República regularía los procedimientos para
la presentación del registro correspondiente. En cumplimiento de esta disposición, el
Banco resolvió modificar la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 y estableció un
nuevo procedimiento para la sustitución de la inversión y fijó un plazo límite para la
observancia de esa obligación:
“7.2.1.4. Movimientos de Capital-Inversión Directa
a) Sustitución Se entiende por sustitución el cambio de los titulares de la inversión
extranjera por otros inversionistas extranjeros, así como el cambio en la
destinación o en la empresa receptora de la inversión.
La sustitución de la inversión extranjera deberá registrarse por el inversionista o su
apoderado ante el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la
República, con la presentación de una comunicación, dentro de un plazo máximo
de 12 meses contados a partir de la realización de la sustitución. La comunicación
deberá contener el NIT de la empresa receptora, nombre y NIT o código del
cedente, nombre y NIT o código y país del cesionario, número de acciones o cuotas
sociales, la fecha de la cesión y el valor en pesos de la operación.
Cuando se trate de inversión extranjera directa en inmuebles, la comunicación que
debe enviarse para la sustitución del inversionista deberá contener el nombre y la
identificación del inversionista cedente y cesionario, el valor y la fecha de la cesión.
El registro se realizará una vez el Banco de la República establezca el
cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 2080 de 2000 y sus
modificaciones y en esta circular.
A la comunicación se deberán anexar los siguientes documentos:
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(i) Cambio de titular de la inversión por venta, fusión, escisión o, en general,
reorganizaciones empresariales internacionales: certificado del revisor fiscal o
contador público de la empresa receptora en el que conste los nombres de los
inversionistas registrados, y el número de acciones o cuotas canceladas en libros;
NIT o código, nombre y país de los nuevos inversionistas, el número de acciones
o cuotas recibidas, y la nueva composición de capital.
(ii) Cambio de titular de la inversión extranjera directa en inmuebles: certificado de
tradición y libertad o copia de la cesión del contrato respectivo en el que conste los
nombres de los inversionistas registrados, el nombre de los nuevos inversionistas
y el valor de la venta o cesión.
(iii) Cambio en la destinación o en la empresa receptora, incluidas las
fusiones, escisiones o, en general, reorganizaciones empresariales nacionales o
internacionales: Formulario No. 11 “Registro de inversiones internacionales”
debidamente diligenciado que · refleje las características de la nueva inversión,
anexando los documentos que correspondan según el destino de la inversión.
Adicionalmente, en el caso de fusión, escisión o en general reorganizaciones
empresariales, el documento mediante el cual se perfeccione el acto, que contenga
la información sobre los accionistas y su participación en el capital.
Esta operación dará lugar a la cancelación parcial o total del registro y a un nuevo
registro.
(iv) Cambio en la razón social del inversionista del exterior: comunicación
del inversionista, su apoderado o el representante legal de la empresa receptora
informando sobre tal hecho.”
De este modo es claro que la falta de registro de la sustitución de la inversión extranjera
continuaba siendo una infracción cambiaria, inclusive a la luz de lo señalado en el
Decreto 4800 de 2010.
Ahora bien, aunque la parte actora menciona que la Superintendencia de Sociedades,
en el Oficio No. 220-086177 del 7 de agosto de 2011, señaló que dicha conducta ya
no constituía una infracción cambiaria, al revisar dicho acto se observa que el
pronunciamiento se limitó a referirse a la obligación de actualizar la información
requerida por el Banco de la República, sin aludir de manera concreta al registro de la
sustitución de la inversión, de tal forma que lo allí expuesto, de modo alguno puede
ser vinculante. En el anotado oficio se dijo:
“Sobre el particular, me permito manifestarles que el Comité de Integración Jurídica
y Doctrinal de la Superintendencia de Sociedades, reunido el 22 de marzo del
:presente año (Acta No 1-2011), en relación con la inquietud planteada, fijo su
posición de la siguiente manera:
(…)
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3. LA OBLIGACIÓN CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CABEZA DE LA RECEPTORA
DE LA INVERSIÓN DESAPARECIÓ DE LA LEGISLACIÓN COMO INFRACCIÓN
CAMBIARIA
El artículo Parágrafo 6 del Decreto 2080 de 2000, tipificó como infracción cambiaría
el incumplimiento de una cualquiera de las conductas exigibles al inversionista,
descritas todas en ese mismo artículo 8º al señalar que “…es infracción cambiaria
el incumplimiento a lo dispuesto en este dispuesto en este artículo”
La principal obligación prevista en el artículo mencionado, consiste en que el
inversionista de capital del exterior debe registrar en el Banco de la República las
inversiones iniciales y las adicionales de acuerdo con el procedimiento, términos y
condiciones que se establecen, obligación cuyo incumplimiento es constitutivo de
infracción cambiaría, según lo dicho.
Adicionalmente, el Parágrafo 7 del mismo artículo, en la anterior regulación,
estableció una obligación consecuencial para la receptora de la inversión, que
consistió en la obligación de realizar la correspondiente actualización del registro,
previa solicitud del Banco de la República, constituyéndose así también como
infracción cambiaría el incumplimiento de dicha obligación.
En efecto, el artículo 8, Parágrafo 6, del Decreto 2080 de 2000, modificado por el
parágrafo s del artículo 4^ del Decreto 4800 de 2010, delimitó expresamente como
infracción cambiaría el “ Incumplimiento del registro de la inversión extranjera, en
la oportunidad y en las condiciones en que deba efectuarse.
Circunscribió entonces como obligación cuyo incumplimiento es considerado como
infracción cambiaría únicamente la obligación principal del inversionista de capital
del exterior consistente en registrar la operación en el Banco de la República, de
manera que dejó de constituir infracción cambiaría el incumplimiento de TODO lo
dispuesto en el referido artículo.
Así las cosas, la obligación de hacer consistente en actualizar el registro de la
inversión dejó de ser infracción cambiaría, porque sencillamente desapareció el
tipo legal.
La nueva norma habla simplemente del registro de la inversión extranjera, de
manera que una vez efectuado el mismo en la oportunidad y condiciones exigidas
queda agotado el tipo normativo.
Así las cosas, aun cuando el Parágrafo 6 de la nueva disposición faculta
discrecionalmente al Banco de la República para solicitar, dentro del plazo que
estime pertinente, la actualización de la información que considere necesaria para
efectos del seguimiento al registro de las inversiones extranjeras en Colombia, la
norma no le asignó al incumplimiento de dicha solicitud la condición de infracción
cambiaría.
En conclusión, la actualización del registro de la inversión extranjera ha
dejado de ser una infracción al Régimen de Cambios en materia de inversión
extranjera, simplemente porque no está tipificada como tal en la norma”51.
(Subrayas y negrillas de la Sala).
51
Visible a folios 221 a 223 del Cuaderno del Tribunal.
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En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
7.6. De la controversia sobre la cuantía del registro de la sustitución de la
inversión extranjera
De manera previa a absolver la controversia propuesta por el demandante, deberá
definirse si es procedente que en el traslado de las excepciones la parte actora
proponga un nuevo cargo no señalado en la demanda.
En este punto, debe indicarse que la accionante acepta que en citado traslado amplió
las razones por las que consideraba en la demanda que las decisiones enjuiciadas
eran ilegales. Prueba de ello es que en el recurso de alzada señaló:
“En relación con el cargo de inexistencia de cuantía de la INFRACCIÓN
SOBRE LA CUAL SE PUEDA CALCULAR LA MULTA IMPUESTA
3.8.1. Formulación de cargo
Tal como se expuso en el escrito de traslado de las excepciones propuestas
por la Demandada, el Régimen Sancionatorio Cambiario previsto en el Decreto
1746 de 1991 establece que las multas que impone la Superintendencia de
Sociedades corresponden a porcentaje máximo del 200% sobre el monto de la
infracción.
La Superintendencia al imponer la sanción desconoció el texto del artículo 3° del
Decreto 1746 de 1991^ toda vez que esta norma exige la existencia de una cuantía
de la infracción sobre la cual sea posible calcular el monto de la sanción.
La Superintendencia no consideró que el trámite de registro de sustitución del
inversionista no tiene cuantía, toda vez que el trámite consiste en registrar al nuevo
titular de la inversión previamente registrada ante el Banco de la República.
Ante la ilegalidad de la sanción impuesta, las resoluciones demandadas deben
anularse.
Argumentos del Tribunal
El Tribunal no se pronunció sobre este cargo.
Argumentos en contra de la decisión del Tribunal
Ante la ausencia de pronunciamiento sobre el cargo solicito que se analizado en
los términos en que fue formulado.”52 (Subrayas y negrillas de la Sala).
52
Visible a folio 370 del Cuaderno del Tribunal.
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Por ende, es claro que dicho memorial no es un mero traslado de excepciones, sino
que, por el contrario, en éste se modificó la causa petendi, circunstancia que involucra
una reforma al escrito demandatorio, en los términos del artículo 173 del CPACA, cuyo
tenor literal se transcribe a continuación:
“Artículo 173. Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o
modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:
La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al
traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante
notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a
nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les
notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.
La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos
en que estas se fundamentan o a las pruebas.
No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni
todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán
cumplirse los requisitos de procedibilidad.
La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial.
Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo
documento con la demanda inicial.” (Subrayas de la Sala).
De la lectura de la anotada disposición se desprende que la demanda podrá reformarse
por una única vez hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado del
respectivo libelo introductorio.
Siendo ello así, lo que se observa es que, a través de memorial del 12 de diciembre
de 2013, la actora reformó el libelo introductorio, conforme se evidencia a folio 178 del
Cuaderno del Tribunal, por lo que no podía realizar una nueva petición en ese sentido.
Sin embargo, como el 14 de enero de 2014, Telefónica descorrió el traslado de las
excepciones proponiendo nuevos cargos de ilegalidad en contra de las decisiones
censuradas, es claro que este último escrito era improcedente, en los términos del
artículo 173 ibidem.
En consecuencia, no procede estudiar el mencionado cargo en esta instancia, ya que
hacerlo implicaría desconocer el derecho al debido proceso y a la defensa de la parte
demandada, quien no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto.
7.7. De la condena en costas
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Vistos los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP , en especial su numeral 8 y a lo
expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala considera que no hay lugar a
imponer una condena en costas a la parte actora, en la medida que si bien se
confirmará la sentencia apelada en cuanto que negó las súplicas de la demanda, no
se acreditó probatoriamente su causación, a excepción de lo atinente a las agencias
en derecho, toda vez que a este respecto se comprueba que la accionada compareció
a este proceso por conducto de apoderado debidamente constituido; por lo tanto, se
dará aplicación al Acuerdo nro. 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, y se impondrá a su favor por este concepto y a cargo de Telefónica, la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica : i) objetivo porque no resulta de un
obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es
resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto y ii) valorativo
porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en
la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del proceso .
Por ende, se modificará el numeral segundo de la sentencia recurrida en ese sentido.
7.8. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia recurrida, el cual que
dará así:
“ORDENAR a Telefónica S.A., pagar por concepto de agencias en derecho en
favor de la entidad demandada, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.
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TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 29
de agosto de 2024
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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