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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01503-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01503-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de abril de 2016 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 44 Hoy Código General del Proceso. 24 Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01 Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO : Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2014-01503-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: HEWLETT PACKARD DEVENTER B.V.
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Tema: Principio de tipicidad. Infracción cambiaria por registro
extemporáneo de la sustitución de inversión extranjera en Colombia.
Régimen de transición del Decreto 4800 de 2010.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de 21 de abril de 2016, proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. La sociedad Hewlett Packard Deventer B.V., en adelante parte demandante, por
conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 20112 presentó demanda en la cual solicitó:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 230 – 004439 del 1 de Agosto
de 2013, expedida por la Superintendencia de Sociedades (en adelante y para los
fines de este documento, la “Resolución 230 – 004439”), por la cual se sanciona a HP
Deventer mediante la imposición de una multa de $282.281.264 pesos, por violación
del artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 y sus modificatorios, en concordancia con el
Numeral 7.2.9., punto 1 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de
Noviembre de 2003 del Banco de la República y sus modificaciones.

2.2. Que en desarrollo del artículo 163 de la Ley 1427 (sic) de 2011, se declare la
nulidad de la Resolución No. 301 – 001144 del 12 de marzo de 2014 expedida por la
Superintendencia de Sociedades (en adelante y para los fines de este documento, la
“Resolución 301 – 001144”), por la que se resuelve el recurso de reposición
interpuesto por HP Deventer contra la Resolución 230 – 004439, y en virtud de la cual
se confirma en todas sus partes la Resolución 230 – 004439.

1
Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno principal del tribunal.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” .

2

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

2.3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de
Sociedades la devolución de la suma de $282.281.264 pesos a HP Deventer, la cual
fue pagada por mi representada en desarrollo de lo establecido en la Resolución 230
– 00439. Constancia del mencionado pago y constancia de recibo por parte de la
Superintendencia de Sociedades se adjuntan como Anexo No. 2.

2.4. Que se declare a la Superintendencia de Sociedades responsable por los daños
causados por ésta a HP Deventer como consecuencia directa de su actuación y de la
expedición de la Resolución 230 - 004439 y de la Resolución 301 – 001144.

2.5. Que se condene a la Superintendencia de Sociedades al pago de los daños
probados en el presente proceso, cuya estimación razonada se hace más adelante
en este documento.

2.6. Que se condene a la Superintendencia de Sociedades al pago de los intereses
correspondientes liquidados sobre la suma de $282.281.264 pesos pagada por HP
Deventer el 7 de julio de 2014, intereses a la tasa legal aplicable que se deberán
calcular desde dicha fecha hasta la fecha de devolución de la misma por parte de la
Superintendencia de Sociedades a HP Deventer. […]”. (Subrayado del texto).

I.1.2. Los hechos

2. Antes del 17 de diciembre de 2010, Hewlett Packard Haarlem B.V. tenía
debidamente registrada ante el Banco de la República una inversión extranjera en
la Sociedad Hewlett Packard Colombia Ltda., la cual estaba representada en 1 cuota
social.

3. Para la misma época, Hewlett Packard Edam B.V. tenía registrada ante el Banco
de la República una inversión extranjera en Hewlett Packard Colombia Ltda.,
representada en 40.891.364 cuotas sociales.

4.El 31 de octubre de 2010, se realizó una operación de fusión por absorción en el
exterior, a través de la cual HP Harleem y HP Edam fueron absorbidas por la
sociedad Hewlett Packard Deventer.

5.En atención a lo anterior, el 17 de diciembre de 2010, se realizó una junta de
socios extraordinaria de Hewlett Packard Colombia Ltda., para la inclusión de la
parte demandante como nuevo socio, realizándose la correspondiente reforma
estatutaria.

6.El 20 de diciembre de 2010, el acta referida se elevó a escritura pública,
quedando perfeccionada la cesión de 40.891.365 cuotas.

7. El 29 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4800 de 29
de diciembre de 20103, que previó que la sustitución de la inversión original debía
registrarse en el Banco de la República en un plazo máximo de 12 meses contados
a partir del momento en que se efectuó la sustitución.

3
“[…] Por el cual se modifica el Decreto 2080 de 2000. […]”.

3

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

8.El 18 de abril de 2011, la parte actora solicitó al Departamento de Cambios del
Banco de la República la sustitución de la inversión extranjera de las sociedades
HP Haarlem y HP Edam, por la inversión extranjera de la sociedad HP Deventer en
HP Colombia, en razón a la cesión de cuotas sociales a titulo de fusión por
absorción.

9. El 30 de junio de 2011, por Oficio SIE – 02547, el Banco de la República registró
la sustitución de inversión extranjera.

10. El 26 de diciembre de 2012, mediante auto 230 – 018201, la Superintendencia
de Sociedades formuló cargos en contra de la demandante por la presunta violación
de lo dispuesto en el artículo 8.° literal e) del Decreto 2080 de 18 de octubre de
20004, en concordancia con el numeral 7.2.9. punto 1 de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003, por el registro extemporáneo de la
sustitución de la inversión extranjera contabilizada desde el 2 de noviembre de 2010
y registrada el 18 de abril de 2011.

11. El 3 de abril de 2013, la parte actora presentó sus descargos.

12. El 1.° de agosto de 2013, a través de resolución 230-004439, la Superintendencia
de Sociedades le impuso una multa a la accionante por valor de $282.281.264, por
el registro extemporáneo de la operación de inversión extranjera bajo la modalidad
de sustitución de inversión extranjera.

13. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto por Resolución 301-001144 de 12 de marzo de 2014, confirmando
la decisión inicial.

14. Con el fin de atender las solicitudes de descargos y presentar los recursos
pertinentes, la demandante ha incurrido en el pago de honorarios de abogados por
la suma de $20.000.000.

15. El 9 de julio de 2014, la actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante
la Procuraduría General de la Nación. El 26 de agosto del mismo año, se llevó a
cabo la audiencia de conciliación, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

16. La accionante invocó como infringidas las siguientes normas: los artículos 29
de la Constitución Política; 2.° del Decreto 1746 de 4 de julio de 19915; 8.° del
Decreto 2800; y, 4.° del Decreto 4800; y, las Circulares Reglamentarias DCIN-83 de
21 de noviembre de 2003 y 24 de febrero de 2011.
4
“[…] Por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano
en el exterior. […]”.
5
“[…] Por medio del cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la
Superintendencia de Cambios. […].”.

4

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

Primer cargo. Infracción de las normas en que debía fundarse.

17. Argumentó que la Superintendencia de Sociedades sancionó a la parte
demandante porque realizó el registro de la sustitución de inversión extranjera el 18
de abril de 2011, pese a que el artículo 8.° del Decreto 2080, en concordancia con
el numeral 7.2.9. punto 1 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 21 de
noviembre de 2003, señalaba que debía realizarse hasta el 31 de marzo de 2011.

18. Manifestó que el 18 de abril de 2011, las normas antes mencionadas ya no
estaban vigentes, por cuanto fueron derogadas por el Decreto 4800, motivo por el
cual el registro efectuado en dicha fecha no podía considerarse extemporáneo.

19. Indicó que, no obstante, se inició un proceso sancionatorio en su contra en el
cual resultó sancionada, desconociéndose el artículo 2.° del Decreto 1746 que
habilitó a la administración a imponer una sanción al régimen cambiario con base
en la trasgresión de las normas vigentes al momento de la infracción, que en este
caso era el Decreto 4800.

Segundo cargo. Vulneración del derecho al debido proceso

20. Afirmó que no se configuró el elemento de la tipicidad, ya que la
Superintendencia de Sociedades le dio un alcance erróneo al artículo 2.° del
Decreto 1746, dado que consideró que una contravención administrativa se hace
con base en las normas vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos cuando
la norma es clara en establecer que es con las disposiciones vigentes al momento
de la infracción.

21. Adujo que, además, se trasgredió el principio de congruencia, en la medida en
que pese a que en el auto de formulación de cargos se sostuvo que las normas
aplicables eran las que se encontraban vigentes al momento del cambio de socio,
en la Resolución 230 – 004439 se señaló que las normas aplicables son las vigentes
a la fecha en que se debía cumplir con esta obligación.

22. Subrayó que, igualmente, al emitir la resolución a través de la cual se resolvió
el recurso de reposición hubo un cambio en los argumentos expuestos, toda vez
que mencionó: i) que el artículo 8.° literal e) del Decreto 2080 no estaba vigente
para el 31 de marzo de 2011; ii) que la norma aplicable era el Decreto 4800, que
amplió a 12 meses el plazo para solicitar el registro; y, iii) que no obstante, debía
atenderse a lo dispuesto en la Circular Reglamentaria DCIN – 83 de 28 de enero de
2011, como base para establecer la fecha de 31 de marzo de 2011.

23. Advirtió que en el auto de formulación de cargos no se indicaron con precisión
las disposiciones presuntamente vulneradas, razón por la cual no pudo ejercer
correctamente su derecho de defensa y contradicción.

5

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

Tercer cargo. Falsa motivación.

24. Expresó que en la Circular Reglamentaria DCIN – 83 de 24 de febrero de 2011,
simplemente se hizo referencia a un régimen de transición pero no se le dio un
efecto ultractivo al Decreto 2080.

I.2. La contestación de la demanda6

25. La Superintendencia de Sociedades por conducto de apoderado judicial,
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la actora.

26. Adujo que el literal e) del artículo 8.° del Decreto 2080, modificado por el artículo
4.° del Decreto 1844 de 2 de julio de 20037, dispuso que la sustitución de la inversión
original como cambios en los titulares en la destinación o en la empresa receptora
debía registrarse en el Banco de la República con la presentación de la solicitud, a
más tardar, el 30 de junio de cada año, en los plazos y forma que se establezca el
Banco de la República.

27. Mencionó que con base en ello en la Circular Reglamentaria DCIN – 83 de 21
de noviembre de 2003, se sostuvo que la sustitución de inversión extranjera debía
registrarse a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de la realización de la
sustitución y que dicho plazo no era prorrogable.

28. Posteriormente, indicó que el artículo 4.° del Decreto 4800 modificó la norma
antes mencionada, junto con la Circular Reglamentaria DCIN – 83 de 24 de febrero
de 2011, y previó que la sustitución de la inversión extranjera en Colombia debía
informarse por el inversionista dentro de un plazo máximo de 12 meses contados a
partir de la sustitución de la inversión.

29. No obstante, señaló que a pesar de haberse extendido el plazo para el
cumplimiento de la obligación, en dicha circular se previó un régimen de transición
que mencionaba que las inversiones extranjeras en Colombia bajo distintas
modalidades y los movimientos de capital efectuados, con anterioridad al 29 de
diciembre de 2010, se sujetarían a las condiciones y procedimientos previstos en la
Circular Reglamentaria DCIN – 83 de 21 de noviembre de 2003, vigente hasta el 28
de febrero de 2011.

30. Señaló que en el asunto sometido a consideración, dado que la sustitución de
la inversión se realizó el 2 de noviembre de 2010, la sociedad inversionista
extranjera cesionaria tenía hasta el 31 de marzo de 2011 para hacer el respectivo
registro y, sin embargo, este se hizo hasta el 18 de abril del mismo año, es decir,
de manera extemporánea, configurándose la infracción cambiaria establecida en el
artículo 3.° del Decreto 1746. Lo anterior, en virtud del fenómeno de la ultraactividad.

6
Cfr. Folios 377 a 394 del cuaderno principal del tribunal.
7
“[…] Por el cual se modifica el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano
en el exterior. […]”.

6

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

31. Indicó que el artículo 2.° del Decreto 1746 habilitó a la administración para
imponer sanciones sobre las disposiciones vigentes al momento de la ocurrencia
de los hechos, que para este caso era el Decreto 2080 y la Circular Reglamentaria
DCIN – 83 de 21 de noviembre de 2003, las cuales, insistió, señalaban como plazo
máximo para el registro el 31 de marzo siguiente a la fecha en que se realizó la
sustitución.

32. Manifestó que no se vulneró el derecho de defensa, toda vez que contrario a lo
sostenido por la parte demandante, en el auto de formulación de cargos si se
señalaron expresamente las normas que se consideraron trasgredidas.

33. Finalmente, propuso como excepción la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y, como excepciones de mérito: la estimación
de la sanción cambiaria y la responsabilidad objetiva del infractor.

I.3. La fijación del litigio8

34. El 15 de septiembre de 2015, se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo
180 de la Ley 1437, en la cual se resolvió la excepción de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho9 y se fijó el litigio.

I.4. La sentencia de primera instancia10

35. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 21 de abril de 2016, resolvió lo
siguiente:

“[…] PRIMERO.- DECLÁRESE como no probadas las excepciones de fondo
propuestas por el apoderado de la Superintendencia de Sociedades, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones No. 230-004439 de 1° de
agosto de 2013 “por medio del cual se decide de fondo una actuación administrativa”,
proferida por la Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa, y No. 301-
001144 de 12 de marzo de 2014 “por medio de la cual se resuelve un recurso de
reposición”, confirmando en todas sus partes la Resolución 230-004439 de 1° de
agosto de 2013, proferido por la Directora de Supervisión de Sociedades de la
Superintendencia de Sociedades, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

8
Cfr. Folios 435 a 443 del cuaderno principal del tribunal.
9
“[…] En aplicación de Io contemplado en literal d) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el demandante contaba con un
término de 4 meses contados a partir del día siguiente a la notificación del mismo, esto es, a partir del 26 de marzo de 2014
hasta el 26 de julio de 2014 para la interposición de la demanda. Este término fue suspendido el día 9 de julio de 2014, fecha
en la que se presentó el escrito de solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos
Administrativos, tal como se encuentra contenido en la constancia emitida por la misma obrante a folios 148 y 149 del
expediente, faltando así 18 días para que operara el fenómeno de la caducidad. Una vez realizada la audiencia de conciliación,
la cual fue adelantada el 26 de agosto de 2014, sin que hubiese animo conciliatorio por las entidades convocadas, la
Procuraduría emitió constancia de 29 de agosto de 2014. A partir del día siguiente a la fecha de expedición de tal certificación
se reanuda el termino de caducidad, que venció el 16 de septiembre de 2014. Como la demanda fue interpuesta tal como se
observe a folios 1 a 22 del expediente, el día 10 de septiembre de 2014, el Despacho concluye que la misma fue presentada
en tiempo. […]”.
10
Cfr. Folios 477 a 504 del cuaderno principal del tribunal.

7

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

SEGUNDO. - En consideración a que se encuentra probado el pago de la suma de
$282.281.284 en cumplimiento de los actos administrativos demandados,
ORDÉNESE su devolución a HP Deventer, debidamente indexado conforme el
artículo 187 de la ley 1437 de 2011.

El page de la sentencia se sujetará al artículo 192 de la ley 1437 de 2011.

CUARTO. - NIEGÁNSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. - CONDÉNASE en costas a la parte demandada; en consecuencia, por
Secretaría, LIQUÍDANSE las costas procesales y agendas en derecho, de
conformidad con la parte motiva de esta decisión.

SEXTO. - Por Secretaría DEVUÉLVASE al actor el remanente de los gastos de
proceso, previa liquidación. […]”. (Negrilla del texto).

36. Señaló que en materia cambiaria la reserva legal se complementa a través de
las facultades de reglamentación que ejerce tanto el Presidente de la República
como el Banco de la República.

37. Indicó que el fundamento del pliego de cargos y los actos administrativos
demandados fue aplicar con efectos ultractivos la Circular Reglamentaria DCIN –
83 de 21 de noviembre de 2003 para indicar que los procedimientos en curso,
anteriores al 29 de diciembre de 2010, estaban sujetos al plazo previsto hasta el 31
de marzo de 2011.

38. Mencionó que la parte demandante no tuvo certeza cuál de las normas era
aplicable para registrar la sustitución de la inversión extranjera, por lo siguiente: i)
la operación cambiaria se efectuó el 2 de noviembre de 2010 y, por lo tanto, debía
ser registrada conforme a la Circular Reglamentaria, esto es, hasta el 31 de marzo
de 2011; ii) el Gobierno Nacional, el 29 de diciembre de 2010, reglamentó la
materia, a través del Decreto 4800, dentro del cual el plazo para dicho registro varió
en un plazo máximo de 12 meses; y, iii) el usuario consideró que el plazo para
registrar su operación cambiaria había sido modificado, dado que dicha circular solo
tuvo vigencia hasta el 29 de diciembre de 2010.

39. Por lo anterior, consideró que la actora no estaba obligada a dar cumplimiento
a una norma restrictiva que establecía un plazo menor, hasta el 31 de marzo de
2011, cuando el Decreto Reglamentario mencionado la había modificado y que, por
lo tanto, la presentación del registro cambiario realizado por la accionante fue
realizado en tiempo.

40.Señaló que como el Decreto Reglamentario mencionado tenía mayor jerarquía
que la Circular Reglamentaria, el plazo contenido en esta dejó de regir.

41. Subrayó que la Superintendencia de Sociedades de manera errónea aplicó la
norma a la fecha de producción de la operación cuando la que debía regir era la
vigente a la fecha de la consumación de la infracción cambiaria, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto 1746.

8

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

42. Concluyó que efectivamente se vulneró el derecho al debido proceso, por
cuanto el término para registrar la sustitución de la inversión extranjera debía
realizarse bajo la aplicación de la norma que regía para el momento en que se
consumó la infracción, es decir, hasta el 2 de noviembre de 2011 y como en este
caso, el registro se llevó a cabo el 18 de abril de 2011, la conducta por la cual fue
sancionada la parte demandada no existió.

43. Respecto al restablecimiento del derecho, advirtió que se accedería a las
pretensiones tercera y sexta, ordenando a la Superintendencia de Sociedades la
devolución de la suma de $282.281.264 a la parte actora, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 187 y 192 de la Ley 1437.

44. Frente a la pretensión cuarta y quinta, adujo que no se accedería a ellas, por
cuanto no se demostraron los daños alegados con ocasión de los actos
administrativos demandados y que el pago de honorarios al abogado hacía parte
de las costas y agencias procesales ya reconocidas.

45. Condenó en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en los
artículos 365 y 366 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201211.

I.5. El recurso de apelación12

46. La Superintendencia de Sociedades presentó recurso de apelación contra la
sentencia proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y en sus alegatos de conclusión y
añadió los siguientes:

47. Afirmó que, pese a que el Decreto 4800 modificó el artículo 8.° del Decreto 2800,
en concordancia con el numeral 7.2.1.4. literal a) de la Circular Reglamentaria DCIN
– 83 de 2011, y dispuso que la sustitución de la inversión extranjera en Colombia
debía informarse por el inversionista o su apoderado dentro del plazo máximo de
12 meses contados a partir de la sustitución de la inversión, dicha circular estableció
un régimen de transición, señalando que las inversiones efectuadas con
anterioridad al 29 de diciembre de 2010 se sujetarían a las condiciones vigentes
hasta el 28 de febrero de 2011.

48. Explicó que en virtud de la Ley 31 de 29 de diciembre de 199213, a través de la
cual se reguló el ejercicio de las funciones del Banco de la República, se asignó a
la junta directiva la función de dictar las regulaciones cambiarias, potestad que
ejerce mediante la expedición de circulares, las cuales tienen fuerza de ley.

11
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
12
Cfr. Folios 512 a 517 del cuaderno principal del tribunal.
13
“[…] Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la
República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición
de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan
las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones. […]”.

9

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

49. Insistió que se configuró el elemento de la tipicidad, por cuanto como la
sustitución de la inversión se efectuó el 2 de noviembre de 2010 y en dicha fecha
no había entrado a regir el Decreto 4800, el término establecido para solicitar el
registro era el 31 de marzo de 2011, siendo esta la fecha a partir de la cual se
incurriría en infracción cambiaria y “[…] bajo la perceptiva del artículo 2 del Decreto
1746 de 1991 la norma aplicable sería el Decreto 4800 de 2010 que amplió el
término a 12 meses. […]”.

50. Señaló que como consecuencia de la ultractividad, la Circular Reglamentaria
DCIN – 83 de 2011 estableció un régimen transitorio para las operaciones
efectuadas con anterioridad al 29 de diciembre de 2010, siendo este el motivo para
considerar que la fecha que tenía la parte demandante para cumplir con su
obligación era hasta el 31 de marzo de 2011 y no después.

51. Argumentó que se encontró que aunque la accionante solicitó el registro de la
operación, esta no se hizo dentro del tiempo, razón por la cual se configuró la
infracción al régimen de cambios, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.° del
Decreto 1746.

52. Finalmente, añadió que no era dable condenar en costas en primera instancia
a la parte demandada, en la medida en que no se comprobó su causación.

I.6. Trámite del proceso en segunda instancia

53. El magistrado sustanciador de la primera instancia, en diligencia llevada a cabo
el 8 de julio de 201614, concedió el recurso de apelación.

54. El Despacho sustanciador mediante providencia de 8 de agosto de 201715
admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes por el término de diez
(10) días para que presentaran los alegatos por escrito y vencido dicho término se
surtiera el traslado al Ministerio Público.

55.En esta oportunidad procesal, la parte demandante reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de la demanda16.

56. La Superintendencia de Sociedades expuso los mismos argumentos señalados
en la contestación de la demanda y el recurso de apelación17.

57. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

14
Cfr. Folios 523 a 526 del cuaderno principal del tribunal.
15
Cfr. Folio 4 del cuaderno de apelación de sentencia.
16
Cfr. Folios 22 a 31 del cuaderno de apelación de sentencia.
17
Cfr. Folios 10 a 20 del cuaderno de apelación de sentencia.

10

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

58. La Sala para resolver la presente controversia analizará: i) su competencia; ii)
los actos administrativos acusados; iii) los problemas jurídicos; iv) elementos de
relevancia probatoria; v) el análisis del caso concreto; vi) condena en costas y; vii)
conclusiones.

II.1. Competencia de la Sala

59. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201918, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 202419, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

II.2. Los actos administrativos demandados

60. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

61. La Resolución 230-004439 de 1.° de agosto de 201320 “[…] Por medio de la cual
se decide de fondo una actuación administrativa […]”, expedida por la coordinadora
del Grupo de Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades,
que en su parte resolutiva señaló:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO-. IMPONER una multa, con fundamento en lo previsto en
el artículo 3° del Decreto 1746 de 1991, a la sociedad inversionista extranjera
cesionaria HEWLETT PACKARD DEVENTER B.V. (…) en la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS (282.281.264) MONEDA LEGAL que corresponden al
1.0% del valor total de la infracción cambiaria comprobada que ascendió a la suma
total de USD $15.411.394.38 equivalentes a $28.228.126.396.48, por violación a lo
dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2080 del 18 de octubre de 2000 y sus
modificatorios, en concordancia con el numeral 7.2.9., punto 1° de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003 y sus modificaciones
del Banco de la República POR EL REGISTRO EXTEMPORANEO de la operación
de inversión extranjera en la modalidad de “Sustitución de Inversión Extranjera”,
según se relaciona en el siguiente cuadro y de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

Inversio Inversi Fecha Plazo Accion Valor Valor $ Regist
nistas onista contabili Regist es, usd % ro y
(cedent (cesion zación ro cuotas fecha
es) ario) o
dchos
Hewlett Hewlett 02/11/20 31/03/ 40.891 15.411.3 28.228.126 SIE-
Packard Packar 10 2011 .365 94.76 .396.48 02547

18
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
19
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
20
Cfr. Folios 133 a 145 del cuaderno principal del tribunal.

11

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

Edam d 18/04/
B.V. Devent 2011
Y er B.V
Hewlett
Packard
Haarle
m B.V

PARAGRAFO PRIMERO .-El pago de la multa impuesta deberá hacerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia
a favor de la Superintendencia de Sociedades (…).

PARAGRAFO PRIMERO.- Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento del término anterior, no se acredita ante esta superintendencia el pago
de la multa, allegando para tal efecto copia del respectivo recibo de consignación, se
iniciará el cobro a través del procedimiento de jurisdicción coactiva (Ley 1066 del 29
de julio de 2006).

(…)

[…]”. (Negrilla del texto).

62. La Resolución 301-001144 de 12 de marzo de 201421 “[…] Por medio de la cual
se resuelve un recurso de reposición […]”, expedida por la directora de Supervisión
de Sociedades de la Superintendencia de Sociedades, que dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 230-
004439 del 1 de agosto de 2013, de conformidad con el numeral 1 del artículo 50 del
Código Contencioso Administrativo, por lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia, por lo expuesto en la parte motiva de este proveido (sic).

ARTÍCULO SEGUNDO- NOTIFICAR esta resolución, en los términos de los artículos
44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, a través de la Secretaría Administrativa
del Grupo de inversión y Deuda Externa, al doctor JORGE CASTAÑO ROBLEDO en
calidad de apoderado de la sociedad HEWLETT PACKARD DEVENTER BV (…)
advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno, quedando agotada la vía
gubernativa.

(…)

[…]”. (Negrilla del texto).

II.3 Los problemas jurídicos

63. De acuerdo con los artículos 32022 y 32823 de la Ley 1564, y a partir de los
motivos de alzada planteados en el recurso de apelación, la Sala considera que el
problema jurídico tiene como objeto definir si son nulas o no las Resoluciones 230-

21
Cfr. Folios 173 a 177 del cuaderno principal del tribunal.
22
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión. […]”.
23
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.

12

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

004439 de 1.° de agosto de 2013 y 301-001144 de 12 de marzo de 2014 expedidas
por la coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa y la directora de
Supervisión de Sociedades de la Superintendencia de Sociedades, mediante las
cuales se impuso una multa a la sociedad Hewlett Packard Deventer B.V. y se
resolvió un recurso de reposición, respectivamente. Para ello, debe analizarse si:

i) Se trasgredió el derecho al debido proceso por desconocerse el elemento de la
tipicidad dentro de los actos administrativos demandados, toda vez que las normas
que se tuvieron en cuenta para efectos de imputar la infracción cambiaria no
estaban vigentes y, además, no eran aplicables.

ii) Se debe modificar, revocar o confirmar la sentencia de primera instancia, respecto
a la condena en costas.

II.4. Elementos de relevancia probatoria

64. El 30 de octubre de 201024, se suscribió el acta de fusión, a través de la cual
Hewlett Packard Deventer B.V. absorbió a las sociedades Hewlett Packard Harleem
B.V. y de Hewlett Packard Edam B.V.

65. El 17 de diciembre de 2010, por Acta 3825, se suscribió la reunión extraordinaria
de la Junta de Socios de Hewlett Packard Colombia Ltda., a través de la cual se
autorizó el ingreso de Hewlett Packard Deventer B.V. como socio de Hewlett
Packard Colombia Ltda., como resultado de la fusión referida.

66. El 20 de diciembre de 201026, el acta referida se elevó ante escritura pública en
la notaria 38 de Bogotá.

67. El 18 de abril de 201127, la sociedad Hewlett Packard Deventer B.V. a través de
apoderado judicial solicitó sustituir y registrar a la sociedad como titular de la
inversión extranjera registrada en Hewlett Packard Colombia Ltda., bajo los
siguientes argumentos:

“[…] 1.1. HP Haarlem tiene registrada ante el Banco de la República, y de conformidad
con la regulación vigente aplicable, una inversión extranjera en HP Colombia,
representada en 1 cuota social de dicha sociedad, cuyo valor nominal es de
seiscientos noventa pesos con treinta y dos centavos ($690.32) por cada cuota social.

1.2. HP Edam tiene registrada ante el Banco de la República y de conformidad con la
regulación vigente aplicable, una inversión extranjera en HP Colombia, representada
en 40,891,364,00 cuotas sociales de dicha sociedad, cuyo valor nominal es de
seiscientos noventa pesos con treinta y dos centavos ($690.32) por cada cuota social.

24
Cfr. Folios 61 a 69 del cuaderno principal del tribunal.
25
Cfr. Folios 43 y 44 del cuaderno principal del tribunal.
26
Cfr. Folios 46 a 48 del cuaderno principal del tribunal.
27
Cfr. Folios 194 a 195 del cuaderno principal del tribunal.

13

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

1.3. El pasado 31 de octubre de dos mil diez (2010), HP Edam y HP Harleem cedieron,
a título de fusión por absorción, a HP Deventer, las cuotas sociales de HP Colombia
de las que eran titulares.

1.4. En desarrollo de lo anterior, se hace necesario solicitar la sustitución de la
inversión directa en HP Colombia, conforme a lo establecido en el numeral 1 de la
sección 7.2.9. de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del Banco de la
República. […]”.

68. En la misma fecha28, se registró ante el Banco de la República sustitución de
inversión extranjera en Colombia, cedentes: Hewlett Packard Edam B.V y Hewlett
Packard Harleem B.V y cesionario: Hewlett Packard Deventer B.V.

69. El 26 de octubre de 201129, por auto 230-017295, emitido por el Grupo de
Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades se dio apertura
de investigación administrativa en contra de la Sociedad Hewlett Packard Deventer
B.V., por cuanto del informe remitido por el Banco de la República de 15 de julio de
2011, se derivaba la posible existencia de una infracción al régimen de cambios
internacionales, toda vez que el registro de la sustitución de la inversión extranjera
pudo haberse solicitado extemporáneamente.

70. El 26 de diciembre de 201230, mediante auto 230-018201, el Grupo de Inversión
y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades formuló cargos en contra
de la sociedad antes mencionada, por lo siguiente: i) de conformidad con lo
establecido en el artículo 8.° del Decreto 2080 y el numeral 7.2.9. punto 1 de la
Circular Reglamentaria DCIN-83 de noviembre de 2003, la sustitución de la
inversión extranjera debía registrarse a más tardar el 31 de marzo del año siguiente
a la realización de la sustitución, trámite previsto para las operaciones realizadas
con anterioridad al 29 de diciembre de 2010; ii) el artículo 11 del Decreto 4800,
señaló que la sustitución antes mencionada debía registrarse en un plazo máximo
de 12 meses contados a partir de la realización de la sustitución, trámite previsto
para las operaciones realizadas con posterioridad al 29 de diciembre de 2010; iii) el
artículo 2.° del Decreto 1746 determinó que “[…] la infracción cambiaria como
trasgresión de las disposiciones constitutivas del Régimen Cambiario constituye una
contravención administrativa de las normas vigentes al momento de la ocurrencia
de los hechos a la que corresponde una sanción coercitiva […]”; iv) de acuerdo con
la normativa aplicable, Hewlett Packard Deventer B.V. debió solicitar el registro de
la sustitución de inversión extranjera a más tardar el 31 de marzo de 2011; v)
teniendo en cuenta que dicho registro se efectuó hasta el 18 de abril de 2011, este
se efectuó extemporáneamente y, por lo tanto, no se acreditó el registro de la
sustitución de inversión extranjera, siendo esta la razón para determinar que
posiblemente incurrió en una infracción al régimen de cambios internacionales.

71. El 3 de abril de 201331, la parte demandante rindió sus descargos.

28
Cfr. Folio 193 del cuaderno principal del tribunal.
29
Cfr. Folios 212 a 214 del cuaderno principal del tribunal.
30
Cfr. Folios 251 a 255 del cuaderno principal del tribunal.
31
Cfr. Folios 301 a 313 del cuaderno principal del tribunal.

14

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

72.El 1.° de agosto de 201332, por Resolución 230-004439, expedida por la
coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de
Sociedades, se impuso una sanción en contra de la sociedad Hewlett Packard
Deventer B.V., con base en los argumentos que a continuación se citan:

“[…] Como se puede observar, la norma en cita habilita a la administración para la
imposición de sanciones por violación a la normatividad cambiaria, puesto que prevé
expresamente que la trasgresión debe versar sobre disposiciones vigentes al
momento de la ocurrencia de los hechos, es decir, para la fecha en que debía cumplir
con la obligación de registro, que para el caso en concreto, las normas se
circunscribían al artículo 8°, literal e) del Decreto 2080 del 18 de octubre de 2000 y
sus modificaciones, en concordancia con el numeral 7.2.9., punto 1° de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-83 del 21 de noviembre de 2003 y sus modificaciones
del Banco de la República, las cuales señalaban como plazo máximo para el registro
el 31 de marzo siguiente a la fecha en que se realizó la sustitución.

(…)

Tal previsión ha permitido concluir que a las situaciones reguladas en leyes
sustanciales, debe aplicárseles la ley vigente al momento del acaecimiento del hecho
que la ley sanciona, para este caso, el momento en que se contabilizó la operación,
es decir el día 2 de noviembre de 2010, pues resultaría a todas luces violatorio, el
hecho de que un no residente en Colombia quisiera realizar una inversión extranjera
en el país sin que las normas que sancionan el incumplimiento de una obligación,
intrínsecamente ligada a la operación, estuvieran claras desde el momento en que se
inicia todo el proceso pues de esta manera, si estaríamos frente a una violación
flagrante del debido proceso y a las garantías mínimas de cualquier operación.

(…)

Según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, en concordancia con
el numeral 7.2.9 punto 1, de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del 21 de
noviembre de 2003 y sus modificaciones del Banco de la República, la sociedad
inversionista cesionaria HEWLETT PACKARD DEVENTER B.V. (…) para efectos de
la solicitud de registro de la Sustitución de Inversión Extranjera en Colombia,
contabilizada el 2 de noviembre de 2010, tenía plazo para solicitar el registro a más
tardar el 31 de marzo de 2011 y la solicitud de registro fue radicada con el número
DER-BOG-17016-2011 el 18 de abril de 2011, con una extemporaneidad de 18 días
(…) por lo que se colige que se incurrió en una infracción al régimen de cambios
internacionales (…).

[…]”. (Negrilla del texto).

73. El 16 de agosto de 201333, la parte demandante interpuso recurso de reposición
contra la resolución antes mencionada.

74. El 12 de marzo de 201434, a través de Resolución 301-001144, expedida por la
directora de Supervisión de Sociedades de la Superintendencia de Sociedades, se
resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión inicial, para lo
cual señaló:

32
Cfr. Folios 133 a 145 del cuaderno principal del tribunal.
33
Cfr. Folios 338 a 355 del cuaderno principal del tribunal.
34
Cfr. Folios 173 a 177 del cuaderno principal del tribunal.

15

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

“[…] Ahora bien, el artículo 4 del Decreto 4800 del 29 de diciembre de 2010 que
modificó el artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, en concordancia con el numeral 7.2.1
4 literal a) de la Circular Reglamentaria DCIN 83 del 11 de enero de 2011, dispone
que la sustitución de la inversión extranjera en Colombia debe informarse por el
inversionista o su apoderado al Departamento de Cambios Internacionales del Banco
de la Republica mediante comunicación que deberá presentarse dentro de un plazo
máximo de 12 meses contados a partir de la sustitución de la inversión.

No obstante, haberse extendido el plazo para el cumplimiento de la obligación, en la
citada Circular del 28 de enero de 2011, en su numeral 7.2.6, se estableció un
Régimen Transitorio al Decreto 4800 de 2010, en el que señala expresamente que:
“Las inversiones extranjeras en Colombia bajo modalidades distintas a divisas y los
movimientos de capital efectuados con anterioridad al 29 de diciembre de 2010, se
sujetaran a las condiciones y procedimientos de registro establecidos en la Circular
Reglamentaria Externa DCIN S3 vigente hasta el 28 de enero de 2011", transitoriedad
dentro de la cual se encuentra la operación en cuestión. […]”.

II.5. La solución a los problemas jurídicos

II.5.1. Sobre la trasgresión del derecho al debido proceso y el elemento de la
tipicidad en materia sancionatoria

75. La Superintendencia de Sociedades dentro del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, insistió en que se configuró el
elemento de la tipicidad, en la medida en que la sanción impuesta a la parte
demandante se efectuó teniendo en cuenta las normas aplicables al momento de la
ocurrencia de los hechos.

76. Sostuvo que, en atención a que la sustitución de la inversión extranjera
realizada entre las sociedades Hewlett Packard B.V de Holanda cesionaria y Hewlett
Packard Colombia Ltda. receptora se realizó el 2 de noviembre de 2010, la norma
aplicable para efectos del registro de dicha sustitución era el Decreto 2080 y las
Circulares Reglamentarias DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003 y de 11 de enero
de 2011, las cuales preveían que como la operación se había llevado a cabo antes
del 29 de noviembre de 2010 el registro debía realizarse a más tardar el 31 de marzo
del siguiente año y que, como en este caso, ello se realizó hasta el 18 de abril de
2011, se había incurrido en una infracción cambiaria por el registro extemporáneo.

77. El a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por
considerar que la norma aplicable al momento del registro de la sustitución de la
inversión extranjera era el Decreto 4800 y que, por lo tanto, como éste se realizó el
18 de abril de 2011, fue realizado dentro del término previsto.

78. Al respecto, el artículo 29 de la Constitución Política señala que el debido
proceso se aplica a actuaciones judiciales y administrativas, mandato según el cual
nadie puede ser juzgado, sino según las leyes preexistentes del acto imputado, ante
el juez competente y observando las ritualidades propias de cada juicio.

16

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

79. La Corte Constitucional35 al igual que el Consejo de Estado han señalado que
forman parte de las garantías del debido proceso, las siguientes:

“[…] (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y
la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de
todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un
proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el
proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del
juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni
prevenciones, presiones o influencias ilícitas”36.

80. Por su parte, el principio de tipicidad, como una manifestación del principio de
legalidad, comprende los siguientes componentes: i) que la conducta sancionable
esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la
remisión a otras normas jurídicas; ii) que la sanción esté previamente definida en la
ley, el término o la cuantía de esta y, iii) que esté previsto el procedimiento que debe
seguirse para su imposición.

81. Esta Sección37 en materia del principio tipicidad que debe existir en materia
cambiaria ha señalado:

“[…] 65. Por su parte, el principio de tipicidad implícito en el de legalidad hace
referencia a la obligación que tiene el legislador de definir con claridad y especificidad
el acto, hecho u omisión constitutivo de la conducta reprochada por el ordenamiento,
de manera que le permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer
con anterioridad a la comisión de la misma las implicaciones que acarrea su
transgresión. […]”.

82. Ahora bien, el Decreto 1746 en su artículo 2.° prevé que “[…] La infracción
cambiaria como transgresión de las disposiciones constitutivas del Régimen de
Cambios, es una contravención meramente administrativa de las disposiciones

35
Corte Constitucional. Sentencia C- 341 de 2014, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
36
Corte Constitucional. Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, Magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2019.
Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicado núm.: 25000 23 24 000 2004 00813 01.

17

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

vigentes al momento de la infracción, a la que corresponde una sanción coercitiva
cuya finalidad es el cumplimiento de tales disposiciones. […]”.

83. La Corte Constitucional38 al analizar la exequibilidad de dicha norma, sostuvo
que la infracción cambiaria es la trasgresión de las disposiciones constitutivas del
régimen de cambios, cuya finalidad es el cumplimiento de tales disposiciones.

84. En el asunto sometido a consideración, teniendo en cuenta que la
Superintendencia de Sociedades, al expedir las resoluciones acá cuestionadas,
señaló que la parte demandante incurrió en una infracción cambiaria por haber
efectuado un registro extemporáneo de la sustitución de inversión extranjera con
base en las normas antes mencionadas, la Sala deberá analizar cuál norma era la
que debía aplicarse en dicho momento para definir si, efectivamente, se incurrió o
no en la infracción referida.

85. A través del Decreto 2080, se adoptó el Régimen General de Inversiones de
Capital Exterior en Colombia. En su artículo 8.° se estableció, entre otras cosas, que
el inversionista debía registrar ante el Banco de la República las inversiones
extranjeras realizadas en el país, así como la sustitución del titular de la inversión
original si ello llegaba a ocurrir, registro que debía hacerse a más tardar el 30 de
junio de cada año en los plazos y forma establecidos por el Banco de la República.
Igualmente, en el parágrafo 6.° dispuso que el desconocimiento de alguna de las
obligaciones señaladas en dicha norma constituía infracción cambiaria.

86. Para el efecto, es oportuno mencionar que el registro de inversión extranjera
constituye un instrumento informativo del mercado cambiario, en tanto hace constar
la existencia de una operación cambiaria previamente realizada, esto es, la de la
inversión foránea, para que pueda surtir efectos ante terceros y acceder a los
beneficios y derechos cambiarios39 establecidos en el régimen de inversiones40.

87. En cumplimiento de la disposición normativa antes mencionada, el Banco de
la República emitió la Circular Reglamentaria DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003,
que dispuso:

38
Sentencia de la Corte Constitucional. C- 430 de 2001, Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
39
La reinversión de utilidades o la retención en el superávit de las utilidades no distribuidas con derecho a giro; la capitalización
de las sumas con el mismo derecho y que fueren producto de obligaciones derivadas de la inversión; la remisión al exterior,
en moneda libremente convertible, de las utilidades netas comprobadas que generen periódicamente sus inversiones con
base en los balances finales de cada ejercicio social, o en estos y el acto o contrato que rige el aporte, cuando se trata de
inversión directa, o en el cierre de cuentas del respectivo administrador, cuando se trate de inversión de portafolio; la remisión
al exterior, en moneda libremente convertible, de las sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión dentro del
país, de la liquidación de la empresa o portafolio o de la reducción de su capital a reinversión de utilidades o la retención en
el superávit de las utilidades no distribuidas con derecho a giro; la capitalización de las sumas con el mismo derecho y que
fueren producto de obligaciones derivadas de la inversión; la remisión al exterior, en moneda libremente convertible, de las
utilidades netas comprobadas que generen periódicamente sus inversiones con base en los balances finales de cada ejercicio
social, o en estos y el acto o contrato que rige el aporte, cuando se trata de inversión directa, o en el cierre de cuentas del
respectivo administrador, cuando se trate de inversión de portafolio; la remisión al exterior, en moneda libremente convertible,
de las sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión dentro del país, de la liquidación de la empresa o portafolio
o de la reducción de su capital (Art. 10 del Decreto 2080 de 2000, modificado por los Decretos 4210 de 2004, 1940 de 2006,
1801 de 2007, 3913 del 2008 y 1068/2015 (arts. 2.17.2.2.1.1, 2.17.2.2.4.1 y 2.17.2.2.4.2.)
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/reg-inv-internal-2017.pdf
40
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto, Bogotá D.C.
diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020). Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00171-00 (21191).

18

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

“[…] 7.2.9. Movimientos de capital

1. Sustitución
Se entiende por sustitución cualquiera de los siguientes cambios:

• Cambio de los titulares de la inversión extranjera por otros inversionistas extranjeros
• Cambio en la destinación
• Cambio en la empresa receptora de la inversión

La sustitución de la inversión extranjera deberá registrarse por el inversionista,
su apoderado o quien represente sus intereses ante el Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República, con la presentación de una comunicación
escrita, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de la realización de la
sustitución. Este plazo no es prorrogable. […]”. (Negrilla fuera del texto).

88. En atención a los anteriores preceptos normativos, el registro de una
sustitución de una inversión extranjera en Colombia debía efectuarse a más tardar
el 31 de marzo del año siguiente a que se llevara a cabo la sustitución, registro que,
se insiste, constituye una obligación cambiaria a cargo del inversionista y que se
cumple con la presentación de una comunicación escrita ante el Departamento de
Cambios Internacionales del Banco de la República.

89. Con posterioridad a ello, se expidió el Decreto 4800, que entró en vigencia el
29 de diciembre de 2010, a través del cual se modificó el artículo 8.° del Decreto
2080, señalando en su artículo 4.°, entre otras cosas, que “[…] e) La sustitución
de la inversión original, entendiéndose por tal, cambios en los titulares, en la
destinación o en la empresa receptora de la misma, deberá registrarse en el Banco
de la República. El registro se efectuará dentro de un plazo máximo de doce
(12) meses contados a partir del momento en que se efectúe la sustitución.
Este registro se hará en los términos y condiciones que establezca el Banco de la
República. […]”. (Negrilla fuera de texto).

90. A su turno, si bien en el parágrafo 5.° de esa norma se mencionó que el
incumplimiento del registro de inversión extranjera en la oportunidad o condiciones
señaladas constituía infracción cambiara, esta Corporación ha señalado que dicho
precepto abarca todas las operaciones, incluyendo la sustitución de inversiones41.

91. En cumplimiento de esa norma, el Banco de la República expidió la Circular
Reglamentaria DCIN-83 de 24 de febrero de 2011, en la que se indicó “[…] La
presente Circular rige a partir del 1 de marzo de 2011 y reemplaza en su totalidad
la Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83 y sus modificaciones (vigente hasta el
28 de febrero de 2011) […]” y dentro de la cual se dispuso:

“[…] 7.2.1.4. Movimientos de capital- Inversión directa

a) Sustitución

41
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, Bogotá D.C. veintinueve
(29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Radicación número: 25000-23-41-000-2012-00549-01.

19

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

Se entiende por sustitución el cambio de los titulares de la inversión extranjera
por otros inversionistas extranjeros, así como el cambio en la destinación o en
la empresa receptora de la inversión.

La sustitución de la inversión extranjera deberá registrarse por el
inversionista o su apoderado ante el DCIN del BR, con la presentación de una
comunicación, dentro de un plazo máximo de 12 meses contados a partir
de la realización de la sustitución. […]”. (Negrilla fuera de texto).

92. Esto quiere decir que estas normas cambiaron el plazo para realizar el registro
de la sustitución de inversión extranjera, pues ya no sería hasta el 31 de marzo del
año siguiente al que se llevara a cabo la sustitución sino dentro del plazo máximo
de 12 meses.

93. En el sub examine se observa que tanto Hewlett Packard Haarlem B.V. como
Hewlett Packard Edam B.V. tenían registradas ante el Banco de la República, una
inversión extranjera en Hewlett Packard Colombia Ltda.

94. El 30 de octubre de 2010, dichas sociedades cedieron, a título de fusión por
absorción, las cuotas sociales de las cuales eran titulares de Hewlett Packard
Colombia Ltda. a Hewlett Packard Deventer B.V.

95. Así, la operación de sustitución de inversión extranjera, por el cambio de los
titulares se entendió efectuada el 2 de noviembre de 201042, por lo que en
consideración a las normas vigentes para ese momento, esto es, el Decreto 2080 y
la Circular Reglamentaria DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003, el registro de dicha
operación debía efectuarse el 31 de marzo de 2011.

96. Si bien el 29 de diciembre de 2010 se expidió el Decreto 4800, a través del
cual se modificó el plazo para registrar la sustitución de inversión extranjera, en
tanto que se señaló que debía realizarse dentro de un plazo máximo de 12 meses
contados a partir de la realización de la sustitución, también lo es que, se insiste, la
inversión se efectuó antes de que dicha norma entrara en vigencia y, por lo tanto,
lo relacionado con el registro que expide el Banco de la República como autoridad
nacional cambiaria, a solicitud del inversionista, su apoderado o quien represente
sus intereses, con el fin de oficializar las operaciones de inversión extranjera en
Colombia y con el cual empieza a surtir efecto esa operación en el país, debía
atender las normas que se encontraban vigentes al momento en que se realizó la
operación, es decir, la sustitución de la inversión extranjera.

97. Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que en el Decreto 4800 como en la
Circular Reglamentaria DCIN-83 de 24 de febrero de 2011 se estableció un régimen
transitorio de las inversiones extranjeras directas, de portafolio e inversiones
colombianas en el exterior, con base en el cual se reafirmaba la aplicabilidad del
término máximo hasta el 31 de marzo de 2011 para realizar el registro.

42
Dado que fueron días inhábiles el 30 y 31 de octubre y el 1.° de noviembre de 2010.

20

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

98. Dicho régimen se estableció con el fin de respetar el principio de seguridad
jurídica, el cual ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, así43:

“[…] En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble dimensión.
De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la
administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean
sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el
momento en el cual ocurrirá la solución del asunto sometido a consideración del
Estado. En el plano constitucional ello se aprecia en la existencia de términos
perentorios para adoptar decisiones legislativas (C.P. arts. 160, 162, 163, 166, entre
otros) o constituyentes (C.P. Art. 375), para intentar ciertas acciones públicas (C.P.
art. 242 numeral 3), para resolver los juicios de control constitucional abstracto (C.P.
art. 242 numerales 4 y 5). En el ámbito legal, las normas de procedimiento establecen
términos dentro de los cuales se deben producir las decisiones judiciales (Códigos de
Procedimiento Civil, Laboral y de seguridad social, penal y Contencioso
Administrativo), así como en materia administrativa (en particular, Código
Contencioso Administrativo) // 4. La existencia de un término para decidir garantiza a
los asociados que puedan prever el momento máximo en el cual una decisión será
adoptada. Ello apareja, además, la certeza de que cambios normativos que
ocurran con posterioridad a dicho término no afectará sus pretensiones. En
otras palabras, que existe seguridad sobre las normas que regulan el conflicto jurídico
o la situación jurídica respecto de la cual se solicita la decisión. […]”. (Negrilla fuera
de texto).

99. En tal sentido, es oportuno mencionar que el Decreto 4800, en su artículo 11
previó lo siguiente:

“[…] a) El registro de las inversiones extranjeras en Colombia efectuadas bajo la
modalidad de importación de divisas cuya declaración de cambio se haya presentado
con anterioridad a la vigencia del presente decreto para las siguientes operaciones:

i) La adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante
contrato de fiducia mercantil bien sea como medio para desarrollar una empresa o
para la compra, venta y administración de participaciones en empresas que no estén
registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

ii) Los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los
de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que
impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente una participación en
una sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las
utilidades de la empresa;

Se efectuará así:

i) Si el término para la solicitud de registro se encuentra vigente o tiene una prórroga
autorizada y no se ha radicado la solicitud de registro ante el Banco de la República,
la inversión se entenderá registrada a la fecha de presentación de la declaración de
cambio correspondiente a su canalización a través del mercado cambiario.

ii) Si se ha radicado la documentación en el Banco de la República o el término para
la solicitud de registro se encuentra vencido, los inversionistas de capital del exterior,
podrán efectuar el registro siempre que en el momento del ingreso de las divisas se
haya declarado el capital del exterior como inversión extranjera y se haya invertido

43
Sentencia de la Corte Constitucional C-250 de 2012, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.

21

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

efectivamente en el país, de acuerdo con los términos y condiciones que establezca
el Banco de la República.

b) El registro de los aportes efectuados a través de las demás modalidades de
inversión de capital del exterior bien sean directas o de portafolio y de las
inversiones colombianas en el exterior con anterioridad a la vigencia del
presente decreto, se efectuará de acuerdo con los términos y procedimientos
que establezca el Banco de la República. […]” (negrilla y subrayado fuera del texto).

100. El Banco de la República, en desarrollo del régimen de transición previsto en
la norma citada supra, expidió la Circular Reglamentaria DCIN-83 de 24 de febrero
de 2011 en la que resolvió:

“[…] 7.2.6. Régimen transitorio - Decreto 4800 de 2010

a) Las inversiones extranjeras en Colombia efectuadas bajo la modalidad de divisas
destinadas a la adquisición de derechos en patrimonios autónomos y actos o
contratos, soportadas en declaraciones de cambio por inversiones internacionales
(Formulario No. 4), con fecha anterior al 29 de diciembre de 2010 (fecha de expedición
del Decreto 4800 de 2010), se entenderán registradas en la fecha de la presentación
de la declaración de cambio correspondiente a su canalización a través del mercado
cambiario, si el término para la solicitud de registro se encuentra vigente o tiene una
prórroga autorizada y no se ha radicado la solicitud de registro ante el BR.

b) El registro de las inversiones extranjeras en Colombia efectuadas bajo la modalidad
de divisas destinadas a la adquisición de derechos en patrimonios autónomos y actos
o contratos, soportadas en declaraciones de cambio por inversiones intel1lacionales
(Formulario No. 4) con fecha anterior al 29 de diciembre de 2010, cuya documentación
esté radicada en el BR o el término para la solicitud del registro se encuentre vencido,
se sujetará a las condiciones y procedimiento establecido en la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 vigente hasta el28 de enero de 2011.

c) Las inversiones extranjeras en Colombia bajo modalidades distintas a divisas
y los movimientos de capital efectuados con anterioridad al 29 de diciembre de
2010, se sujetarán a las condiciones y procedimientos de registro establecidos
en la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 vigente hasta el 28 de enero de
2011. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

101. De conformidad con dicha norma, las inversiones extranjeras en Colombia
bajo cualquier modalidad, entendiéndose dentro de estas, las sustituciones de
inversión de capital extranjero realizadas con anterioridad al 29 de diciembre de
2010, quedarían sujetas a las condiciones y procedimientos de registro señalados
en la Circular Reglamentaria DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003.

102. En consecuencia, se resalta que como el Decreto 4800 señaló la existencia de
un régimen transitorio y dispuso, además, que las condiciones y procedimientos las
reglamentaría el Banco de la República, circunstancia que se efectuó a través de la
Circular Externa DCIN-83 de 24 de febrero de 2011, la parte demandante, en su
calidad de inversionista, estaba sometida a dicha reglamentación, la cual, se insiste,
dispuso que las inversiones extranjeras en Colombia realizadas con anterioridad al
29 de diciembre de 2010, es decir, antes de la entrada en vigencia del Decreto 4800,

22

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

mantendrían las condiciones y procedimientos de registro que eran aplicables al
momento en que esta operación se surtió, esto es, el Decreto 2080 y la Circular
Reglamentaria DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003, y no con la norma posterior.

103. En similar sentido, la Superintendencia de Sociedades indicó:

“[…] Tal previsión ha permitido concluir que a las situaciones reguladas en leyes
sustanciales, debe aplicárseles la ley vigente al momento del acaecimiento del hecho
que la ley sanciona, para éste caso, el momento en que se contabilizó la operación,
es decir el día 2 de noviembre de 2010, pues resultaría a todas luces violatorio, el
hecho de que un no residente en Colombia quisiera realizar una inversión extranjera
en el país, sin que las normas que sancionan el incumplimiento de una obligación,
intrínsecamente ligada a la operación, estuvieran claras desde el momento en que se
inicia todo el proceso, pues de ésta manera, si estaríamos frente a una violación
flagrante del debido proceso y a las garantías mínimas de cualquier operación. […]”.

104. En ese orden de ideas, es dable concluir que no se vulneró el derecho al
debido proceso y, en consecuencia, no se configuró la atipicidad de la conducta, por
cuanto:

105. La norma que se encontraba vigente al momento que se surtió la sustitución
de la inversión extranjera, esto es, el 2 de noviembre de 2010, era el Decreto 2080
y la Circular Reglamentaria DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003, las cuales
preveían un término para el registro hasta el 31 de marzo del año siguiente a la
operación.

106. La Circular Externa DCIN-83 de 24 de febrero de 2011, que, además, fue
expedida antes de que se venciera el término antes mencionado, se estableció con
claridad un régimen transitorio con base en el cual las inversiones extranjeras en
Colombia llevadas a cabo antes de la entrada en vigencia del Decreto 4800, esto
es, el 29 de diciembre de 2010, continuarían bajo los procedimientos y condiciones
vigentes al momento en que se efectuó la operación, que en este caso estaban
previstas en las normas antes mencionadas.

107. En atención a que la parte demandante efectuó el registro hasta el 18 de abril
de 2011, este fue efectuado de manera extemporánea y, por lo tanto, era dable la
imposición de la infracción cambiaria contenida en el artículo 3.° del Decreto 1746.

II.5.2. Sobre la condena en costas en primera instancia

La Superintendencia de Sociedades refiere que como no se encontró
108.
demostrada la causación de costas y agencias en derecho, debe revocarse la orden
dada en tal sentido.

109. El artículo 188 de la Ley 1437 establece que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya

23

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil44.

110. El artículo 361 de la Ley 1564 dispone que “[…] Las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho […]”.

El numeral 4.° del artículo 365 ibídem señala que cuando la sentencia de
111.
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.

112.El numeral 8.° ibidem prevé que solo existirá condena en costas cuando se
acredite que se causaron y en la medida de su comprobación dentro del proceso
respectivo.

113.Por las razones expuestas, la Sala revocará la condena en costas, toda vez que
al haber prosperado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la
Superintendencia de Sociedades dejó de ostentar la condición de parte vencida
dentro de este proceso.

II.6. Condena en costas en segunda instancia

114. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con el
numeral 8.° del artículo 365 de la Ley 1564, y atendiendo al criterio objetivo-
valorativo, la Sala no condenará en costas en esta instancia a la parte demandada,
por cuanto las mismas no se encuentran probadas.

II.7. Conclusiones

115. La Sala considera que los reproches formulados en el recurso están llamados
a prosperar, puesto que se demostró que no se trasgredió el derecho al debido
proceso y no se desconoció el principio de tipicidad, en la medida en que la
infracción cambiaria relacionada con el registro extemporáneo de la sustitución de
la inversión extranjera se configuró, toda vez que este se efectuó por fuera del
término establecido en las normas que le eran aplicables. Por lo tanto, se revocará
la sentencia proferida en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de abril de 2016 proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
44
Hoy Código General del Proceso.

24

Radicación: 25000-23-41-000-2014-01503-01
Demandante: Hewlett Packard Deventer B.V.

En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO : Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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