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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00652-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00652-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2015 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la parte actora a pagar por concepto de 90 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 73 Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01 Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Contraloría General de la República. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00652-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de agosto de 2024

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: JUAN PABLO MUÑOZ TOBAR
Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tesis: No es nulo por falta de competencia, falsa motivación y
violación del derecho de defensa y contradicción el fallo
que declaró fiscalmente responsable al demandante por
aprobar en calidad de miembro de la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle unos planes promocionales
que dieron lugar a un detrimento patrimonial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 28 de mayo de 2015 por la Sección
Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Juan Pablo Muñoz Tobar, actuando por conducto de apoderado
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA, presentó demanda en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

contra de los Ministerios del Interior y de Justicia y de la Contraloría
General de la República, para lo cual formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERA: Declárese nulo el acto administrativo contenido en el
Fallo de Responsabilidad Fiscal de Primera Instancia No. 001, calendado
el 20 de febrero de 2012, proferido por la Dra. Luz Ángela Martínez Bravo,
Contralora Delegada Intersectorial, dentro del proceso de responsabilidad
fiscal conocido bajo el radicado No. 6- 007-11.

SEGUNDO: Declárese nulo el acto administrativo contenido en el fallo de
Segunda Instancia calendado el 23 de Marzo de 2012 proferido por la
Contraloría General de la República dentro del proceso de Responsabilidad
Fiscal No. 6-007-11.

TERCERO: Declárase nulo el acto administrativo contenido en el Auto No.
19 de abril de 2012 por medio de la cual se decide una solicitud de
corrección aritmética de la decisión de segunda instancia proferida dentro
del proceso de responsabilidad fiscal No. 6-007-11.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, en calidad
de restablecimiento del derecho, ordénese a la NACIÓN - MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE JUSTICIA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
dejar sin efecto los actos administrativos anteriormente mencionados.

QUINTO: Como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos
mencionados, ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE INTERIOR Y DE
JUSTICIA- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA restablezca el
derecho de mi poderdante en el sentido de que se cancelen, las siguientes
sumas de dinero:

POR PERJUICIOS MORALES

1) El Dr. JUAN PABLO MUÑOZ TOBAR, tiene una amplia trayectoria política
y dicha actividad se constituye en su labor principal. Ha ejercido diferentes
cargos públicos, por lo que su nombre se ve afectado material, profesional
y moralmente por la sanción que se impuso con violación de los derechos
fundamentales y con desconocimiento de la norma vigente.

Respecto de los perjuicios morales (…) la suma de CIEN (100) S.M.L.M.V.,
el cual asciende a cincuenta y seis millones seiscientos setenta mil pesos
($ 56.670.000).

(…)

POR PERJUICIOS MATERIALES

2) Que se cancele por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, los costos del proceso de responsabilidad fiscal No. 6-007-11
y honorarios del abogado los cuales ascienden a la suma de CIENTO DIEZ
MILLONES DE PESOS M/CTE ($114.000.000) (sic) y comprenden:

1
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
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2

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

A) Los desplazamientos realizados por el abogado a cada una de las
audiencias en la Procuraduría General de la República ubicada en la ciudad
de Bogotá los cuales ascienden a la suma de CATORCE MILLONES DE
PESOS ($14.000.000) y,

B) Los honorarios pactados por su representación en el proceso de
responsabilidad Fiscal No. 06-007-11, que ascienden a la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000).

C) Los costos de honorarios el presente proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que ascienden a la suma de VEINTICINCO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($34.134.000) (sic).

PARA UN TOTAL DE DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CUATRO MIL PESOS M/CTE ($204.804.000).

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

La parte actora afirmó que, con la expedición de los actos acusados, se
vulneraron los siguientes artículos: 6, 29, 93, 209, 272 y 286 de la
Constitución Política; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 2, 5, 6, 41, 48,
53, 55 y 66 de la Ley 610 de 2000; 8, 83, 84, 93, 97, 98, 101, 102, 104,
112 y 113 de la Ley 1474 de 2011; artículos 36 y 84 del Código
Contencioso Administrativo; 68 y 85 de la Ley 489 de 1998; 26 y 49 de
la Ley 24 de 1993; 4 de la Resolución no. 6069 de 26 de agosto de 2009
y la Resolución orgánica no. 05062 de 24 de abril de 2000.

Luego de hacer una extensa exposición sobre las irregularidades en que
consideró se incurrió en el proceso de responsabilidad fiscal, relacionadas
con la carencia de requisitos formales y sustanciales del control
excepcional; la aplicación irregular del trámite verbal; la falta de
fenecimiento de las cuentas de la Industria de Licores del Valle; la falta
de demostración de la calidad de gestor fiscal del implicado; la falta de
demostración del daño patrimonial; la falta de demostración del nexo
causal; la falta de determinación de la cuantía; la falta de valoración de
las pruebas defensivas en el fallo de primera instancia; que no se le dio
la oportunidad de sustentar la apelación contra el fallo de primera
instancia y que el fallo de segunda instancia carecía de congruencia;
invocó los siguientes cargos de violación:

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Primer cargo: Vicio de nulidad por falta de competencia de la
Contraloría General de la República

Alegó que, atendiendo lo previsto por los artículos 267 de la Constitución
Política, 26 de la Ley 42 de 1993 y la Resolución orgánica nro. 05068 del
24 de abril de 2000 expedida por la Contraloría General de la República,
son sujetos de control fiscal excepcional únicamente las entidades del
orden territorial.

Manifestó que, acorde con la Ley 489 de 1993, la Industria de Licores del
Valle no es un ente territorial sino una empresa industrial y comercial del
Estado, creada mediante la Ordenanza nro. 1041 de 1982, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, bajo la
dirección y administración de una junta directiva y de un gerente quien
tiene la representación legal, razón por la que no está sujeta al control
fiscal excepcional de la Contraloría General de la República.

Sostuvo que el requerimiento elevado por el gobernador del Valle del
Cauca el 17 de diciembre de 2010, a través del cual solicitó el control
excepcional, no cumplió con las formalidades exigidas por la ley, en tanto
que no fue motivado, es decir, que no se sustentó la presunción de
imparcialidad o falta de idoneidad de la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca para adelantar el control fiscal.

Segundo cargo: Vicio de nulidad por falsa motivación de los actos
administrativos cuestionados. En relación con este cargo invocó:

(i) La falsa motivación por indebida notificación de cada uno de los autos
proferidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11:

Alegó que, con fundamento en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, se
notificaron por estado todos los autos expedidos en el proceso, pero que

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

dicha disposición se aplica para los procesos ordinarios, no para los
verbales.
Afirmó que, en este caso, la Contraloría decidió darle al proceso de
responsabilidad fiscal el trámite de proceso verbal y que lo jurídicamente
aceptable era que se hicieran las notificaciones como lo ordena el artículo
104 de la Ley 1474 de 2011 que establece que existen cuatro formas de
notificación de las decisiones adoptadas en el curso del proceso verbal
como son la notificación personal, por aviso, en estrados o por conducta
concluyente, mas no por estado.

(ii) Falsa motivación en el fallo de segunda instancia por la carencia de
fundamento legal de los estándares internacionales:

Expuso que, teniendo como antecedente el control de advertencia dirigido
a los gobernadores y miembros de las juntas directivas de las industrias
de licores por presuntas irregularidades consistentes en que se habían
superado los estándares de degustación que tradicionalmente a nivel
nacional e internacional se manejaban, el apoderado del gobernador del
Valle del Cauca de la época elevó un derecho de petición a la Contraloría
General de la República en el que solicitó se indicaran cuáles eran esos
estándares y cuál era la entidad encargada de llevar la estadística y cómo
se regulaba; no obstante, en la respuesta, la entidad demandada
manifestó que no era posible emitir la información requerida dado que los
estándares los señala directamente el mercado y que además no existe
una entidad encargada de fijarlos.

Indicó que no obra dentro del proceso de responsabilidad fiscal prueba o
actuación procesal que demuestre que existió una gestión antieconómica
o una superación de los estándares de degustación por parte de la
Industria de Licores del Valle y que los supuestos estándares
internacionales de los que habla la Contraloría General no existen. Agregó
que, de existir, no es posible que unos parámetros internacionales de
degustación sirvan de fundamento para emitir un fallo de responsabilidad
fiscal, con desconocimiento de la Ordenanza no. 301 de 2009 expedida

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

por la asamblea departamental que estaba vigente y gozaba de
presunción de legalidad.

(iii) Señaló que se presentó una falta de congruencia entre los autos
proferidos y el fallo nro. 001 del 20 de febrero de 2012, toda vez que no
se determinó la culpa grave en el auto de imputación, ni se tuvo en cuenta
la no asistencia del actor a las juntas controvertidas, debido a que fue
remplazado por un tercero, lo que lo eximía de cualquier responsabilidad.

Reiteró que los delegados del gobernador no ocasionaron con su conducta
daño patrimonial alguno ya que su actuar estuvo ajustado a los preceptos
de la Ley 489 de 1998, resaltando que en este caso concreto no existe un
nexo de causalidad.

Tercer cargo: Vulneración del debido proceso y del derecho de
defensa y contradicción

Consideró que quedó demostrado en el proceso de responsabilidad fiscal
que se desarrolló sin el lleno de los requisitos legales, al margen de los
principios del debido proceso y del derecho de defensa, como se evidenció
con el auto de apertura de investigación, el de imputación de cargos y el
fallo de primera y segunda instancia, en los que no se estimó la cuantía
del detrimento patrimonial de la entidad afectada.

Agregó que se vulneraron normas constitucionales, legales y convenios
internacionales, puesto que el ente de control debía advertir a los
implicados acerca de cada uno de los elementos procesales y sustanciales
para el ejercicio pleno de su defensa, así como de aquellos relacionados
con la interposición de recursos contra el fallo de primera instancia, el
cual debió estar precedido de la cuantificación del presupuesto anual de
la entidad.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

La demanda fue adicionada para añadir nuevos hechos, fundamentos de
derecho, solicitar la práctica de pruebas testimoniales y aportar pruebas
documentales. De lo allí señalado se destaca2:

(i) “La Contraloría Delegada Intersectorial era incompetente para
adelantar el proceso verbal de responsabilidad fiscal en contra de mi
poderdante”

Adujo que con fundamento en lo establecido por el artículo 128 de la Ley
1474 de 2011, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la
Corrupción de la Contraloría General de la República no era competente
para adelantar la investigación, “(…) no obstante, la doctora Luz Ángela
Martínez Bravo conoció de la investigación contra mi poderdante y una
vez remitido el expediente por la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, no solo decretó
las pruebas solicitadas por las partes, sino que resolvió diferentes
solicitudes de los distintos sujetos procesales”.

(ii) “Irretroactividad del Estatuto Anticorrupción para efectos de aplicar la
solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal”

Afirmó que en el fallo de segunda instancia se aplicó la responsabilidad
solidaria; “sin embargo, frente al tema de responsabilidad solidaria, la
Ley 1474 de 2011 entró en vigencia el 12 de julio de 2012 de conformidad
con lo establecido en el artículo 135, mientras tanto y según consta a folio
7 del fallo de responsabilidad fiscal del 20 de febrero de 2012, el auto por
medio del cual se dio apertura al proceso mencionado es del 7 de abril de
2011, motivo por el cual la Contraloría General de la República no podía
aplicar de manera retroactiva dicha disposición”.

2
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado.Carpeta
principal. 105ED_cuaderno6nulidadyrestablecimientodelderecho.Reformademanda.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Contraloría General de la República3

Dicho ente, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda,
en la que se refirió a cada uno de los hechos expuestos y específicamente
frente a los cargos invocados, señaló:

1.2.1.1. En cuanto a la falta de competencia de la Contraloría para
expedir los actos acusados

Manifestó que no le asiste razón a la parte actora, ya que, acorde con los
artículos 286 y 300-7 de la Constitución Política, existe, tanto a nivel
departamental, como a nivel municipal y nacional, una administración
central representada por las secretarías y los departamentos
administrativos, así como también una administración descentralizada
constituida por establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta; y que el ente
territorial se conforma por la administración central y sus entidades
descentralizadas, las cuales manejan recursos públicos y están sometidas
a controles similares, entre otros, el control fiscal.

Por lo tanto, consideró desacertado que, por tratarse de una entidad
descentralizada, no pueda ejercerse el control excepcional de la
Contraloría General de la República, pues una y otra forman parte de la
administración e integran el concepto de ente territorial, por lo que nada
tiene que ver la autonomía administrativa de las entidades
descentralizadas del orden territorial para limitar el ejercicio del control
fiscal.

Agregó que no sería coherente considerar que se excluyan las entidades
descentralizadas territoriales para efectos del control excepcional, como

3
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

si la eventual fiscalización solamente pudiese tener ocurrencia en la
estructura de la administración central y no en sus entes descentralizados
que, además, son los que manejan la mayor parte del presupuesto.

1.2.1.2. En relación con los cargos de falsa motivación y de
violación del derecho de defensa y contradicción

Consideró que no le asiste razón a la parte actora sobre las formas de
notificación surtidas, ya que la ley también previó la notificación por
conducta concluyente, de manera que si, en gracia de discusión, se
hubiera producido algún defecto en la notificación de los respectivos
autos, debe entenderse que fueron notificados por conducta concluyente,
por lo que este cargo tampoco está llamado a prosperar.

En cuanto a la falsa motivación por la “vulneración de los estándares
internacionales de degustación”, por la falta de existencia de una entidad
encargada de fijarlos, o ante la falta de demostración de la existencia de
una gestión antieconómica o una supresión de los estándares de
degustación, manifestó que es posible concluir que tales estándares no
puedan establecerse en los casos concretos o que no tengan límites y
sean incontrolables, pues si así fuera las licoreras podrían gastarse todo
el presupuesto en degustación, sin la existencia de un fundamento legal
para controlarlas.

Advirtió que, acorde con el artículo 44 del CPACA, “(…) en la medida en
que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a las decisiones que le sirven de causa", y que los
procedimientos administrativos son aplicables a las decisiones de la
Licorera del Valle, pues todas sus decisiones son susceptibles de control
y en particular aquellas que comprometen el patrimonio público. Agregó
que una campaña de promoción de licores con grave compromiso de
recursos públicos lógicamente es susceptible de control y en un proceso

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

de responsabilidad fiscal puede establecerse si el patrimonio público sufrió
detrimento, como sucedió en el caso.

Aseguró que la responsabilidad fiscal se deriva de la participación en las
distintas etapas de formación del acto que genera el perjuicio; allí están
comprometidos los actos preparatorios, los definitivos y los de ejecución,
y que está demostrado que el actor participó en las juntas directivas en
donde se planeó y ejecutó la política de promoción que generó el perjuicio.

Añadió que, contrario a lo afirmado por el actor, el debate en el curso del
proceso de responsabilidad fiscal se adelantó con participación de los
implicados, quienes ejercieron sus derechos de defensa e interpusieron
los recursos procesales procedentes, de manera que no puede afirmarse
que se haya vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa.

Además, que desde el principio se fijó la cuantía, lo que condujo a que el
proceso se tramitara en dos instancias.

En cuanto a la aplicación del proceso verbal, afirmó que las normas
procesales y procedimentales son de aplicación inmediata, máxime
cuando la ley ordenó adecuar los procedimientos a la nueva normativa.

Aseveró que los fenecimientos de las cuentas por parte de la contraloría
departamental no pueden ser óbice para adelantar un proceso de
responsabilidad fiscal en aplicación de un control excepcional, ya que ellos
indican que el control fiscal territorial funcionó inadecuadamente.

Indicó que los cargos siempre fueron los de detrimento patrimonial
causados por las decisiones o no decisiones de la junta directiva
relacionados con el contrato investigado y sus otrosíes, por lo que no
podía afirmarse con fundamento en la realidad procesal que los cargos
fueron formulados irregularmente.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Por último, adujo que la parte actora manifestó que las irregularidades
presentadas en el respectivo contrato no tienen relación alguna con las
actuaciones de la junta directiva de la Industria Licorera del Valle, hecho
que no es cierto, ya que fue la misma parte quien reconoció que la
empresa industrial está sujeta a la dirección y administración de una junta
directiva y de un gerente, no siendo razonable el argumento que una
política de promoción que comprometió recursos públicos de la entidad
haya tenido lugar a espaldas de la junta directiva, al punto que ninguno
de los elementos de la responsabilidad haya tenido relación alguna con
sus integrantes.

Formuló como excepción previa la integración del litis consorcio, alegando
que el fallo de responsabilidad fiscal condenó solidariamente a los
integrantes de la junta directiva, por lo que se solicitó la integración del
litis consorcio y se notificara la demanda a los integrantes de la junta por
tener los sancionados intereses en sus resultados, excepción que se
declaró no probada en el desarrollo de la audiencia inicial.

1.2.2. Nación - Ministerio del Interior4

Dicho ente se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como
medio exceptivo la falta de legitimación material en la causa por pasiva,
argumentando que no tenía la representación judicial de la Contraloría
General de la República, ni intervino en el proceso de responsabilidad
fiscal que dio lugar a la expedición de los actos demandados, ni en el fallo
de responsabilidad fiscal objeto de la presente actuación, excepción que
se declaró fundada en la audiencia inicial.

1.2.3. Nación - Ministerio de Justicia5

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
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Igualmente manifestó que se oponía a las pretensiones y formuló como
excepción la falta de legitimación material en la causa por pasiva,
excepción a la que le dio prosperidad en la audiencia inicial y se excluyó
como parte demandada.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 28 de mayo de 2015, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente6:

En cuanto al primer cargo de falta de competencia de la
Contraloría General de la República

Consideró que dicho motivo de censura no era de recibo, dado que el
inciso tercero del artículo 267 de la Constitución Política prevé que la
vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, y que, en
los casos excepcionales previstos por la ley, la Contraloría General de la
República podía ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier
entidad territorial.

Añadió que el artículo 26 de la Ley 42 de 1993 dispuso que la Contraloría
General de la República podrá ejercer control posterior en forma
excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio
del control que le corresponde a las contralorías departamentales,
distritales y municipales: a) por solicitud del gobierno departamental,
distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de
la República o de la mitad más uno de las corporaciones públicas
territoriales, y b) por solicitud de la ciudadanía a través de los
mecanismos de participación que establece la ley.

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radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
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Indicó que el artículo 49 ibidem preceptuó que la Contraloría General de
la República, excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto por el artículo
26, podría ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad
territorial. Ello en concordancia con el artículo 63 de la Ley 610 de 2000,
que dispuso que la Contraloría General de la República tiene competencia
prevalente para adelantar hasta su culminación los procesos de
responsabilidad fiscal que se originen como consecuencia del ejercicio de
la facultad excepcional.

A su vez, que, en la estructura organizacional del Estado Colombiano,
desde el punto de vista del ejercicio de la función administrativa, el
constituyente adoptó un esquema que conjuga tres grandes formas de
organización: de descentralización territorial, de descentralización técnica
funcional o por servicios y la descentralización por colaboración, todos
ellos concebidos bajo un solo sistema de organización política del Estado
de centralización política bajo la forma de República unitaria.

Que, en el caso concreto, como se desprende del proceso de
responsabilidad fiscal y lo manifiesta la parte actora en la demanda, la
Industria de Licores del Valle es una empresa industrial y comercial del
orden departamental, por lo que hace parte de la estructura
administrativa del departamento del Valle del Cauca.

Concluyó que este cargo de nulidad no estaba llamado a prosperar, ya
que la Contraloría General de la República tenía competencia para ejercer
el control fiscal excepcional sobre la Industria de Licores del Valle -
Departamento del Valle del Cauca, y la solicitud de control que se hizo
cumplió con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 4 de la
Resolución nro. 6069 de 2009, ya que se expresó la debida motivación
para sustentar la petición de ejercicio del control fiscal excepcional por
parte de la Contraloría General de la Republica.

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

En cuanto al segundo cargo de falsa motivación

Expuso que este cargo se centraba en señalar que hubo una indebida
notificación de los autos dictados dentro del proceso de responsabilidad
fiscal, por cuanto se hizo en la forma prevista por el artículo 106 de la Ley
1474 de 2011 y no como lo indica el artículo 104 ibidem.

Resaltó que la notificación por estado de los autos se llevó a cabo en
debida forma y dado que no se logró la notificación personal se procedió
a la notificación por edicto en los términos de los artículos 44 y 45 del
entonces Código Contencioso Administrativo.

Añadió que, “(…) en cuanto tiene que ver con los autos relacionados en
los índices viii) a xi) descritos en el literal a) de estas consideraciones, los
que fueron expedidos luego de que se adecuara el proceso de
responsabilidad fiscal al trámite verbal, la Sala observa que el reproche
de la parte actora frente aquellos se centra únicamente en la falencia
formal consistente en que fueron notificados por estado, es decir en parte
alguna del cargo se menciona que esos precisos autos no hayan sido
conocidos por los sujetos procesales, lo que permite inferir que se
notificaron por conducta concluyente, medio de notificación éste último
completamente válido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104
de la Ley 1474 de 2011”.

Por lo anotado, consideró que este motivo de censura no estaba llamado
a prosperar, debido a que la notificación de los autos citados por la parte
actora se efectuó con observancia del trámite de notificación previsto en
la ley.

Acerca del reproche de nulidad referente a que no existe dentro del
proceso de responsabilidad fiscal prueba que demuestre que hubo una
gestión antieconómica o una superación de los estándares de degustación
por parte de la Industria de Licores del Valle, explicó que tampoco estaba

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

llamado a prosperar, dado que, como se desprendía de los actos
acusados, los mismos sí establecieron de manera clara y concreta la
conducta censurada y el daño causado al patrimonio público.

Referente a la cuantía del daño al patrimonio público y su cuantificación,
aseguró que se encontró probada la existencia de un daño patrimonial
para el Estado, consistente en los ingresos dejados de percibir por parte
de la Industria de Licores del Valle y por el departamento del Valle del
Cauca, por concepto del plan de degustaciones aprobado por su junta
directiva que, además, se vieron material y fiscalmente representados en
la disminución de los tributos generados por la distribución del producto
elaborado por la licorera del departamento.

Advirtió que, para el análisis y juzgamiento, debía tenerse en cuenta el
artículo 36 del Decreto 01 de 1984, aplicable al asunto por la fecha de
ocurrencia de los hechos y del momento en que se dio inicio al
procedimiento administrativo de responsabilidad fiscal, que culminó con
los actos cuya legalidad se discute; y que así se trate de decisiones de
carácter discrecional, como lo es la concepción y aprobación de un plan
promocional de ventas y/o de márgenes de degustación de productos
exentos de tributación elaborados por una empresa industrial y comercial
del Estado, debían ser adecuadas a los fines de las normas que las
autorizan y proporcionales a los hechos que les sirven de fundamento,
por lo que el ejercicio de una competencia discrecional nunca podía ser,
en la concepción del Estado de derecho, arbitraria o caprichosa, ni
tampoco ajena o exenta de control por parte de las respectivas
autoridades estatales.

Anotó que la valoración que hizo el órgano de control fiscal resultaba
razonable y soportada probatoriamente, en la medida en que los
márgenes o porcentajes del programa de degustación de los productos
adoptados por la junta directiva de la empresa no fueron ni adecuados ni
mucho menos proporcionales a la relación costo beneficio de los objetivos
buscados, al punto que los índices o niveles de ventas ni siquiera

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

incrementaron y, por el contrario, en los últimos dos años del plan casi
que permanecieron iguales a los registrados a los años anteriores en los
que los márgenes de degustación eran notoriamente inferiores, cuyas
cifras y ponderación analizó adecuadamente la contraloría en el curso de
la investigación y en los actos administrativos que la concluyeron.

Por otra parte, frente al argumento del demandante sobre la existencia
de una falta de congruencia entre los autos proferidos en el proceso de
responsabilidad fiscal y el fallo nro. 001 del 20 de febrero de 2012, por
cuanto no se determinó la culpa grave en el auto de imputación y,
además, porque no se tuvo en cuenta la no asistencia del actor a las
sesiones de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle
controvertidas en los actos acusados, por el hecho de que fue remplazado
por un tercero, el tribunal consideró que no le asistía razón a la parte
actora, dado que la Contraloría había tenido en cuenta todos los
elementos para la configuración de la responsabilidad fiscal.

Anotó que la Contraloría General de la República encontró que en este
caso el demandante no había cumplido con sus deberes y aprobó un plan
promocional para el período comprendido entre los años 2008 a 2010 que
resultó nocivo para los intereses del departamento del Valle del Cauca y
de la misma Industria de Licores del Valle del Cauca, toda vez que generó
una disminución en sus ingresos normales y por concepto de tributos y,
por ende, un uso indebido del ejercicio de la facultad discrecional asignada
a la junta directiva.

Frente al tercer cargo de violación del debido proceso y del
derecho de defensa y contradicción

Analizó que, tanto en los autos de apertura e imputación como en los
fallos de primera y segunda instancias sí se estableció la cuantía del daño
patrimonial al Estado.

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Aseveró que, “(…) como lo expuso la Contraloría General de la República,
en este cargo de nulidad la parte actora se refiere a unas actuaciones del
proceso de responsabilidad fiscal que fueron declaradas nulas mediante
auto 003 de 2012, en donde se ordenó retrotraer el proceso en el
momento en que fue allegada al expediente el acta de defunción del señor
Juan Carlos Rizzetto, motivo por el cual todas las actuaciones
subsiguientes fueron declaradas nulas”, y que “la entidad pública
demandada en su momento preciso que, una vez adelantadas
nuevamente las actuaciones procesales, en la lectura del fallo con
responsabilidad fiscal se determinó, como consta en aquel, que
únicamente procedía del recurso de apelación (fl. 201 cdno. no. 2),
situación que obedeció a que la cuantía determinada en el auto de
imputación excedía la mínima cuantía para contratar, en ese contexto, es
claro que en el proceso de responsabilidad fiscal desde un principio se fijó
la cuantía del daño patrimonial al Estado la cual en aplicación del artículo
110 de la Ley 1474 de 2011”.

Por último, hizo alusión a lo que denominó “otras consideraciones
jurídicas y reproches expuestos en los hechos de la demanda relativos a
la violación del debido proceso”, para concluir que los reproches allí
señalados no tenían prosperidad y que no había sido desvirtuada la
presunción de legalidad que amparaba los actos acusados.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido por el a quo, la parte actora interpuso recurso
de apelación y en sustento aseguró lo siguiente7:

(i) En relación con el cargo de nulidad por falta de competencia de
la Contraloría General de la República

7
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
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-) “La Industria de Licores del Valle es un ente descentralizado del orden
territorial al cual no le aplica el control excepcional de la Contraloría
General tal como lo sostuvo el Consejo de Estado”

Arguyó que, atendiendo lo previsto por los artículos 68, 69 y 85 de la Ley
489 de 1998, la Ley 42 de 1993 y la Resolución orgánica nro. 5068 de
2000, mediante la cual se asignaron competencias a la Contraloría
General de la República, así como lo señalado por el Consejo de Estado
en sentencia del 27 de mayo de 20108, son sujetos de control fiscal
excepcional únicamente las entidades de orden territorial; por lo tanto, la
Industria de Licores del Valle no era sujeto para el ejercicio de control
fiscal excepcional por parte de la Contraloría General de la República.

-) “No se cumplieron los requisitos de ley en la solicitud de control
excepcional elevada por la Gobernación del Valle”

Expuso que los requisitos para elevar una solicitud de control excepcional
están previstos en el artículo 4 numeral 3 de la Resolución Orgánica nro.
6069 de 2009 y que el oficio en el que se solicitó el control excepcional
no atendió lo señalado en dicha disposición.

Que también se desconocieron los postulados contenidos en la citada
resolución al admitirse la solicitud y los presupuestos legales establecidos
en la Ley 42 de 1993, al darle la connotación de entidad territorial a una
empresa industrial y comercial del Estado.

Alegó que la Contraloría, al expedir los actos mediante los cuales admitió
el control excepcional que no cumplía los requisitos de orden legal y
jurisprudencial, violó el derecho fundamental al debido proceso y el
principio de legalidad frente al juez natural, así como también se produjo
el vicio de nulidad por el factor subjetivo de competencia. Insistió en que,
ni el oficio del despacho del gobernador, ni el auto por medio del cual se

8
Expediente radicación nro. 11001 03 24 000 2003 00053 01.
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admitió y comisionó el control excepcional a la Industria de Licores del
Valle, estuvieron debidamente motivados.

(ii) Respecto del segundo cargo de vicio de nulidad por falsa
motivación de los actos acusados – trámite irregular del proceso
de responsabilidad fiscal

-) Reiteró que del acervo probatorio obrante en el expediente se
desprende que se dio una aplicación irregular del trámite verbal en el
proceso de responsabilidad fiscal al expedirse el auto nro. 00032 el 18 de
enero de 2011, en el que se solicitó dar inicio a la diligencia de indagación
preliminar. Que se probó que la Contraloría General de la República, sin
ser juez natural del asunto, en particular debido a la carencia de
competencia para avocar la facultad de control excepcional sobre la
Industria de Licores, que es una EICE y no una entidad territorial, profirió
el auto que aceptó el control excepcional, el auto que ordenó el inicio de
la indagación preliminar, el auto que ordenó abrir el proceso de
responsabilidad fiscal, el auto que imputó responsabilidad fiscal, el auto
que declaró el proceso de impacto nacional y el fallo de segunda instancia
del proceso de responsabilidad fiscal.

-) También adujo que, por auto nro. 006-2011 del 21 de octubre de 2011,
la Contralora General de la República declaró de impacto nacional los
hechos relacionados con las presuntas irregularidades en el Contrato nro.
2008 0035 suscrito entre la Licorera del Valle y la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A., con base en el artículo 128 de la
Ley 1474 de 2011; y a su vez, determinó que el procedimiento a seguir
en el proceso de responsabilidad fiscal era el verbal, en razón a lo
mencionado en la Resolución Orgánica nro. 6397 de octubre 12 de 2011,
sin tener en cuenta que, cuando se declararon de impacto Nacional los
hechos irregulares, el proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11 ya
se encontraba abierto.

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Con base en lo anterior consideró que la Contraloría debía seguir con el
trámite ordinario de responsabilidad fiscal regulado por la Ley 610 de
2000 “(…) y no como caprichosamente lo hizo, que adecuó los trámites al
procedimiento verbal regulado por el artículo 97 y siguientes de la Ley
1474 de 2011, pues no se cumplían con los presupuestos necesarios para
darle aplicación a este artículo”.

Alegó que estando el proceso aperturado, el 12 de julio de 2011 se
promulgó y publicó en el diario oficial la Ley 1474 de 2011, ley que
además de hacer una serie de modificaciones al proceso de
responsabilidad fiscal, creó dentro de la estructura orgánica de la
Contraloría General de la República la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, adscrita al despacho del Contralor
General de la República cuya función especial es adelantar auditorías
especiales o investigaciones relacionadas con hechos de impacto nacional.

Al respecto, expuso que la Resolución orgánica nro. 6397 de 2011
determinó el funcionamiento interno de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción y reguló la competencia para conocer de
los hechos declarados como de impacto nacional, estableciendo en el
artículo 6 “(…) cuando sobre un hecho determinado como de impacto
nacional no se haya adelantado ningún proceso auditor, indagación
preliminar o proceso de responsabilidad fiscal, el Contralor Delegado
Intersectorial a quien corresponda el conocimiento del asunto podrá dar
inicio de inmediato a un proceso auditor, a una indagación preliminar o a
la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal”. Y que en el artículo
8 dispuso “(…) en los casos asignados a la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, en los que se encuentren los elementos
constitutivos de responsabilidad fiscal en los cuales exista mérito, se
procederá de inmediato a proferir auto de apertura e imputación y el
proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal,
conforme con lo previsto en los artículos 97 a 105 de la Ley 1474 de
2011”.

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Que, según los artículos transcritos, a pesar de haberse declarado de
impacto nacional un hecho determinado sobre el cual ya se había
adelantado un proceso auditor o una indagación preliminar, dicho proceso
no podía ser adelantado por la Contraloría General.
-) “Irretroactividad del estatuto anticorrupción para efectos de aplicar la
solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal”

Adujo que la Ley 1474 de 2011 entró en vigor el 12 de julio de 2012, de
conformidad con lo establecido por el artículo 135, y el 7 de abril de 2011
se profirió el auto por medio del cual se dio apertura al proceso, motivo
por el que la Contraloría General de la República no podía aplicar de
manera retroactiva dicha disposición.

Que el artículo 135 de la Ley 1474 de 2011 dispuso que ésta regía a partir
de su expedición, por lo que, si el auto de apertura se dictó antes de la
vigencia de dicha ley, es decir, antes del 12 de julio de 2011, la nueva
modalidad de responsabilidad que creó el artículo 19 referido no podía ser
aplicada en el proceso de responsabilidad fiscal controvertido, so pena de
violentar el principio de irretroactividad de la ley.

-) “Consideraciones del despacho frente a los estándares de degustación”

Frente a este punto de la sentencia de primera instancia, aseguró que el
tribunal se limitó a repetir los argumentos expuestos por la Contraloría
sin hacer intervención propia y que éstos carecían de sustento legal y
probatorio.

Insistió en que, si la Contraloría emitió un control de advertencia
partiendo de la base de que se habían superado los estándares de
degustación que tradicionalmente a nivel nacional e internacional se
manejaban, es porque tuvo que efectuar un estudio previo mínimo que le
permitiera llegar a dicha conclusión.

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Alegó que en el fallo con responsabilidad fiscal o en el auto de imputación
no hay un estudio de mercado que sustente la superación de los
estándares de degustación por parte de la Industria de Licores del Valle y
que no existe dentro del proceso de responsabilidad fiscal ninguna prueba
o actuación procesal que demuestre que efectivamente existió una
gestión antieconómica o una superación de los estándares de degustación
por parte de esta.

Añadió que, si bien es cierto, la Contraloría no tiene a su cargo el
establecimiento de estándares de cantidades para la degustación de
productos relacionados con el licor, también lo es que, para efectos de
asumir una postura frente al tema de la superación de los estándares
nacionales e internacionales, debió tener algún referente.

Expuso que, si la Contraloría emitió un control de advertencia partiendo
de la base de que se habían superado los estándares de degustación que
tradicionalmente a nivel nacional e internacional se manejan, es porque
tuvo que efectuar un estudio previo mínimo que le permitiera llegar a
dicha conclusión; sin embargo, mediante respuesta al derecho de petición
presentado, la Contralora arguyó que no le era posible emitir la
información requerida por el actor por cuanto dichos estándares los señala
directamente el mercado y que además no existe una entidad encargada
de fijarlos.

-) “Consideraciones del despacho frente a la presunción de legalidad de
la Ordenanza 301 de 2009”

Adujo que “la Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental se
encontraba vigente para la época de los hechos y por lo tanto gozaba de
presunción de legalidad. Las supuestas irregularidades del contrato y sus
modificaciones tienen que ver entre otras con la fijación de una política
de promociones obsequiando unidades de degustación, las cuales se
encontrabas exentas del pago de impuestos al Departamento del Valle del
Cauca, según la mentada Ordenanza, que como se probó en el proceso,

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está aún vigente, pero según la Contralora, basa sus fallos en que se
superan estos estándares internacionales”.

Añadió que “los supuestos estándares internacionales en los que
supuestamente se basó la señora Contralora General de la República
Sandra Morelli para sancionar a mi cliente, solo existen en la mente de la
funcionaria, porque nadie los conoce y en el fallo ni siquiera los desarrolla.
Entonces ¿Cómo es posible que unos parámetros internacionales de
degustación sirvan de base para producir un fallo de responsabilidad
fiscal, desconociendo un acto administrativo, como lo es la Ordenanza
301 de 2009 de la Asamblea Departamental, que como se probó en el
proceso se encontraba vigente y gozaba de la presunción de legalidad,
según nuestro ordenamiento jurídico?”.

-) “Consideraciones del despacho frente a la asistencia a juntas directivas
– gestor fiscal – elementos de la responsabilidad fiscal”

Señaló que, contrario a lo argüido en la providencia cuestionada, la
Industria de Licores del Valle no fungió como gestor fiscal para la época
de los hechos investigados dentro del proceso de responsabilidad fiscal.

Alegó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado9, el gestor
fiscal se trata de una definición que comprende las actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción
de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de
los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes
públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, escenario
dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de
planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el
pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y los particulares

9
Para el efecto hizo la siguiente cita: “Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso,
Sentencia 2002-00444 de abril 29 de 2010, Expedientes acumulados: 11001-03-24-
000-2002-00444-01 y 11001-03-24-000-2004-00192-01”.
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que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario
público puestos a su cargo.

Que, en el caso concreto, el señor Juan Pablo Muñoz actuaba para la época
de los hechos como delegado del gobernador, más no como ordenador
del gasto o gestor fiscal, y que en el proceso se logró demostrar que éste
no asistió a las juntas en las cuales supuestamente se concretó el daño
patrimonial a la empresa, por lo que, ni el gobernador, ni mucho menos
sus delegados, actuaban en la junta como ordenadores del gasto.

Aseveró que en el presente proceso no existe un nexo causal entre Los
miembros de la junta directiva y el daño, ni con su proceder ocasionaron
un detrimento patrimonial a la Industria de Licores del Valle, por lo que
no se configura el nexo causal ni la condición de gestor fiscal de dicho
ente.

Anotó que, para el caso concreto, el señor Muñoz ni siquiera asistió a las
juntas directivas de la Industria de Licores del Valle, por lo que no se
estableció cuál fue la conducta que ocasionó el daño patrimonial a la
Industria de Licores del Valle.

(iii) “De las otras consideraciones jurídicas del despacho”

Expuso las siguientes inconsistencias:

-) No se levantó el fenecimiento de las cuentas como lo ordena el artículo
17 de la Ley 42 de 1993; alegó, en síntesis, que el ente de control no
puede adelantar el juicio fiscal sin antes haber levantado el fenecimiento
de la cuenta respectiva. Añadió que para este caso “(…) dichos
fenecimientos fueron declarados por la Contraloría luego de los Informes
Consolidados de Auditorías con Enfoque Integral para las vigencia[s] dos
mil ocho (2.008 y 2009), no obstante, no fueron levantados como lo
ordena la norma”.

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-) Que la legalidad del acto de fenecimiento de cuentas de la Industria de
Licores del Valle debe ser despojada mediante el mecanismo excepcional
de impugnación de revocatoria directa.

-) Que las irregularidades durante el proceso de responsabilidad fiscal que
dan como resultado la nulidad de los actos administrativos demandados,
se concretan en:

• Las irregularidades configuradas en el fallo de primera instancia ante la
falta de análisis de fondo de las pruebas aportadas y que el recurso de
apelación interpuesto contra dicho fallo podía ser sustentado con base en
el artículo 101 de la Ley 1474 de 2011 dentro de los 10 días siguientes; -
las vías de hecho del fallo de primera instancia por la falta de valoración
de las pruebas defensivas; - no se cumplió con el principio de
investigación integral; hechos irregulares relacionados con el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, ya que, en
este caso, la contralora delegada claramente determinó que la
sustentación podría hacerse por escrito dentro de los 10 días siguientes
al fallo, “tal como se puede probar con los audios de las audiencias que
se solicitarán como prueba de oficio”; - el fallo de segunda instancia
reiteró que, la contralora delegada claramente determinó que la
sustentación podría hacerse por escrito dentro de los 10 días siguientes
al fallo; - que el fallo de segunda instancia carece de congruencia pues no
existe armonía entre el auto de imputación de cargos y la sanción
finalmente impuesta; - ruptura de requisitos ante la ausencia de los
requisitos del auto de imputación de cargos; - los testimonios obrantes
en el plenario que no fueron tenidos en cuenta por el despacho al
momento de emitir la sentencia que hoy se recurre.

Recalcó que “(…) todas estas pruebas, sumado a los hechos que fueron
aceptados como ciertos por la parte demuestran precisamente, de forma
clara y diáfana la configuración de las diversas y groseras vulneraciones,
falencias de tipo sustancial y procedimental que desconocen y
transgreden los postulados ampliamente estudiados, tratados DEBIDO

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PROCESO de mi cliente”, motivos por los cuales solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia.

El recurso fue concedido por auto del 2 de julio de 201510.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 10 de septiembre de 201511 y admitido en proveído del 28 de
septiembre de 201512.

5.2. En proveído del 29 de junio de 2016 el despacho de conocimiento
resolvió sobre la solicitud de “prueba sobreviniente” formulada en
segunda instancia por la parte actora, en el sentido de denegarla13, lo que
fue objeto de recurso de súplica, el cual fue decidido por la Sala por auto
del 13 de octubre de 2016, que confirmó lo resuelto por el ponente14.

5.3. Por auto del 8 de julio de 2016 se corrió traslado de la solicitud de
medida cautelar15 y se denegó mediante providencia del 4 de octubre de
201616, decisión que fue recurrida en reposición, el cual fue decidido por
auto del 17 de noviembre de 2016 que la confirmó17.

5.4. Por escrito del 28 de marzo de 2017 el Consejero de Estado
encargado del despacho de conocimiento, Carlos Enrique Moreno Rubio,

10
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
11
Visto en los índices 1 y 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
12
Visto en los índices 4 y 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
13
Visto en los índices 16 y 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
14
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizad.
15
Visto en los índices 21 y 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
16
Visto en los índices 31 y 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
17
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado
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26

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

manifestó impedimento para intervenir en el medio de control por haber
conocido del proceso en instancia anterior cuando se profirió la sentencia
cuestionada en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca18; no obstante, por auto del 28 de noviembre de 2017, el
Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez ordenó que por
Secretaría de la Sección se devolviera el expediente al despacho de
conocimiento, sin ser necesario dar trámite al impedimento, por cuanto a
dicha fecha el titular del mismo era el Consejero de Estado Oswaldo
Giraldo López19.

5.5. Por auto del 2 de abril de 2018 el despacho de conocimiento corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al señor Agente del
Ministerio Público para rendir concepto20.

5.5.1. El apoderado de la parte actora, al descorrer el traslado, reafirmó
los argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación 21, frente
a la carencia de requisitos para el control excepcional; la falta de
competencia de la Contraloría para proferir los actos administrativos
cuestionados; la aplicación irregular del trámite verbal del proceso de
responsabilidad fiscal; que cuando el proceso fue declarado de impacto
nacional ya estaba aperturado y los hechos que calificó de irregulares
frente al auto de imputación; así mismo, reiteró las irregularidades que
consideró tiene el fallo de primera instancia; la falta de levantamiento de
fenecimiento de las cuentas; hechos irregulares relacionados con el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia
y la falta de congruencia entre el auto de imputación y la sanción
impuesta; la falsa motivación de los actos acusados; el cuestionamiento
de los estándares de degustación, y la violación de los derechos de
defensa y contradicción.

18
Visto en los índices 50 y 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
19
Visto en los índices 52 y 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
20
Visto en los índices 55 y 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
21
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
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27

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

5.5.2. El apoderado de la Contraloría General de la República solicitó que
se confirme la sentencia de primera instancia22. Para ello, consideró que
está demostrado en el plenario que los actos acusados no tienen ningún
vicio de nulidad, puesto que fueron expedidos en el marco de
competencias y atribuciones de la Contraloría General de la República,
respetando en todas las instancias el debido proceso y el derecho de
defensa y contradicción.

Acotó que se demostró en el proceso que los planes promocionales
implementados en la Industria de Licores del Valle no obedecieron a una
estrategia promocional cuidadosamente diseñada, con lo cual se produjo
un detrimento al erario. Por último, estimó que los demás cargos
invocados tampoco debían prosperar, toda vez que los actos cuestionados
fueron debidamente proferidos.

5.5.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

5.6. El expediente ingresó para fallo el 15 de mayo de 201823.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201924, expedido por la Sala Plena de la
Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.

6.2. Los actos acusados

22
Ibidem.
23
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado.
24
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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28

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Corresponden a los siguientes:
6.2.1. El Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 0001 del 20 de febrero de
2012, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General
de la República, que dispuso25:

“[…] QUINTO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, conforme
lo previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en contra de JUAN
PABLO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía (…) en su calidad
de Delegado del Gobernador del Valle del Cauca, para la época de los
hechos en cuantía de $6.879.876.162. […]”

6.2.2. El fallo de segunda instancia emitido el 23 de marzo de 2012 por
la Contralora General de la República que modificó parcialmente el fallo
de primera instancia y ordenó26:

“[…] ARTICULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, modificar parcialmente el fallo
con responsabilidad fiscal emitido el día 20 de febrero de 2012, por la
Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, en el sentido de fallar con
responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía
de $ 40.767.369.586 indexado a febrero de 2012 contra las siguientes
personas (…).

(…) MUÑOZ JUAN PABLO, identificado con cédula de ciudadanía (…)”.

6.2.3. El auto nro. 0193 del 4 de diciembre de 2012, expedido por la
Contralora General de la República, que dispuso27:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Corregir el fallo de segunda instancia
proferido el 23 de marzo de 2012 dentro del Proceso de Responsabilidad
Fiscal 6-007-11, en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal
solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía de $
39.643.607.486,00, TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS indexado a febrero de 2012 […]”.

25 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25. Archivo nro. 304633.MARIBEL CAVANZO.PDF.
26 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25. Archivo nro. 942816.MARIBEL CAVANZO.PDF
27 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25.MARIBEL CAVANZO.PDF.
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29

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

6.3. Hechos probados

En el proceso se encuentra acreditado lo siguiente:

6.3.1. Mediante Decreto nro. 0159 del 11 de febrero de 2008 expedido
por el gobernador del departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos
Abadía Campo, se dispuso28:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Designase como Delegado y
Representantes Personales del Gobernador ante la Junta Directiva de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, así29:

Delegado del señor Gobernador, doctor JUAN PABLO MUÑOZ TOBAR,
asesor de mi Despacho.
SUPLENTES
SECRETARIO DE HACIENDA CLARA INES PEREZ VELA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN JAIRO EDUARDO MIRANDA MURILLO

REPRESENTANTES PERSONALES

RAYMUNDO ANTONIO TELLO BENITEZ HERIBERTO ARRECHEA B.
ROBERTO VILLAMIZAR
HECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

6.3.2. Acorde con el acta nro. 01 del 14 de febrero de 2008 de la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle, el gerente general como
invitado permanente, hizo “una presentación general por ser la primera
junta de esta nueva administración”.

En el punto 4. Invitación para distribución de Licores en el Valle consta
que “luego de que el Gerente General hiciera un recuento de la
experiencia de la distribución de licores que ejecutó la licorera desde el
año 2006, la Junta Directiva recomienda lo siguiente: 1. Para la
contratación de la distribución en 2008 se hace necesario que la ILV

28
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 7. Archivo 149820. MARIBEL CAVANZO.PDF.
29
Visto en el índice de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 7. Archivo 149820. MARIBEL CAVANZO.PDF.
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30

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

expida su Manual de Contratación Directa acorde con la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 066 de 2008; 2. Hacer una invitación para seleccionar un
distribuidor que atienda el Valle en 2008. 3. Antes de suscribirse el
Contrato de Distribución se debe convocar a reunión a la Junta Directiva
para conocer en detalle los términos del proceso de selección y
contratación” (…) 6. Plan de Mercadeo. La junta analizará este tema una
vez se tenga definido el nuevo distribuidor (…)”30.

6.3.3. En el Acta nro. 02 del 27 de marzo de 2008 de la reunión ordinaria
de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, presidida por el
señor Juan Pablo Muñoz Tobar en calidad de delegado del gobernador del
Valle del Cauca, consta que el gerente general de la Industria de Licores
del Valle informó cuál era la firma idónea para suscribir el contrato de
distribución y que la junta directiva autorizó al gerente general acometer
acciones en materia de promoción y mercadeo con la utilización del
producto, así31:

“[…] 3. Contrato de Distribución de Licores:

El Gerente General, manifiesta que, en acatamiento y cumplimiento de
las directrices trazadas en la reunión anterior por la junta directiva, que
permitiera contratar de manera adecuada y ajustada a derecho la
distribución para el departamento del Valle, la Gerencia General procedió
a expedir el Manual de Contratación por medio de la Resolución No. (sic)
de 5 de marzo de 2008 de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 06 de 2008, el cual contempla entre las modalidades de
selección la invitación abierta, la invitación cerrada y la contratación
directa.

En desarrollo de ese marco jurídico, y dada la magnitud de la
contratación, de 10 de marzo a 3 de abril de 2008 se procedió a efectuar
una invitación abierta a través de la página web www.ilvalle.com a todas
aquellas empresas que reunieran los requisitos requeridos para la
distribución.

(…)

Cumplidos todos los procedimientos y habiéndose efectuado las
evaluaciones previstas en el Manual de Contratación y en la ley se
consideró que la firma idónea para realizar la distribución es la Unión
Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. y teniendo en cuenta
que la junta había pedido que antes de suscribirse el Contrato de

30
Ibídem.
31
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 1. Archivo 489908. MARIBEL CAVANZO.PDF.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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31

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Distribución se convocara a reunión de Junta Directiva, el Gerente
General expone algunos aspectos en la contratación que considera
relevantes.

(…)

5. Proposiciones y varios

(…)

Otras autorizaciones

(…)

5. Por último el Gerente plantea la necesidad de acometer acciones en
materia de Promoción y Mercadeo con la utilización de producto que
permite en algunos casos permite (sic) negociar eventos con producto
que tiene un beneficio económico para la industria en el costo y permite
la rotación de producto por los diferentes canales.

La junta aprueba el Plan Promocional adjunto […]”. (negrillas originales)

6.3.4. Entre el gerente de la Industria de Licores del Valle y el
representante legal de la Unión Temporal Comercializadora Logística
Integral S.A. se celebró el 7 de abril de 2008 el contrato nro. 20080035,
con el objeto de realizar “(…) la distribución y comercialización de
productos de consumo masivo, que garantice la distribución y venta de
los productos que fabrique, comercialice y/o distribuya LA INDUSTRIA
LICORERA DEL VALLE, referidos en todo caso a la categoría de licores en
el Departamento del Valle del Cauca” (cláusula primera del contrato), con
un término de duración de tres (3) años, prorrogables (cláusula décimo
séptima, plazo del contrato)32.

En la cláusula novena del citado contrato se estableció en relación con la
promoción y publicidad de los productos de la Industria Licorera33:

“[…] Corresponde a la INDUSTRIA fijar y desarrollar las políticas de
promoción y publicidad, así como la ejecución presupuestal del Plan
Estratégico de Promoción y Publicidad de Mercadeo.

La ejecución del Plan Estratégico de Promoción y Publicidad de
mercadeo, corresponde a las partes en forma conjunta, para lo cual se
adelantarán Comités semanales de Mercadeo, previa convocatoria
realizada por el Subgerente Comercial y de Mercadeo de la empresa

32 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 2. Archivo 540527. MARIBEL CAVANZO.PDF.
33
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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32

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

estatal, entre funcionarios y asesores externos de la Subgerencia
Comercial y de Mercadeo de LA INDUSTRIA y los Jefes Comerciales y de
Mercadeo del CONTRATISTA […]”.

[…]”. (mayúsculas originales)

6.3.5. La Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle expidió los
siguientes actos34:

(i) El Acuerdo 05 del 27 de marzo de 2008, “por medio del cual se aprueba
un plan promocional con producto, se otorga una herramienta
promocional para el impulso de los productos de la industria y se autoriza
una delegación para contratar”, suscrito por el señor Juan Pablo Muñoz
Tobar en calidad de presidente de la junta.

(ii) El Acuerdo nro. 10 del 5 de agosto de 2008, “por medio del cual se
modifica el Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008” y se autoriza ampliar
el plan promocional aprobado mediante el acuerdo nro. 5 de 2008,
suscrito por el señor Juan Pablo Muñoz Tobar en calidad de presidente de
la junta.

(iii) El Acuerdo nro. 3 del 5 de marzo de 2009, “por medio del cual se
aprueba un plan promocional para el impulso de los productos de la
Industria de Licores del Valle”.

(iv) Por Acta nro. 003 del 1 de marzo de 2010 se aprobó el plan
promocional para el impulso de los productos.

6.3.6. En desarrollo de las anteriores determinaciones, entre el gerente y
representante legal de la Industria de Licores del Valle y el representante
legal de la unión temporal Comercializadora Logística Integral S.A.
suscribieron las siguientes actas de acuerdo dentro del contrato de
distribución nro. 2008003535:

34
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 2. Archivo 540527. MARIBEL CAVANZO.PDF. Carpeta principal 1. Archivo 323160.
35
Ibidem.
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33

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

(i) Nro. 1 del 7 de agosto de 2008, por medio de la cual la Industria
Licorera reconoce un estímulo en producto equivalente hasta el 4% del
total del producto comprado y comercializado por la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A. durante la vigencia 2008.

(ii) Nro. 2 del 5 de mayo de 2009, por medio de la cual se definen las
políticas para el plan publicitario comercial 2009-2011, entre otras
disposiciones.

iii) Nro. 3 del 3 marzo de 2010, por medio de la cual se ratifican como
políticas del plan publicitario y comercial para el período 2009-2011, las
contenidas en el acta del 5 de mayo de 2009, entre otras disposiciones.

6.3.7. Con fundamento en lo aprobado por la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle, se suscribieron al contrato de distribución
nro. 20080035 los otrosíes nro. 01 del 10 de diciembre de 2008 donde se
cambió la forma de pago al contratista36; el número 02 del 13 de abril de
200937, allí también se cambió la forma de pago de manera temporal
hasta el 31 de diciembre de 200938; nro.3 del 6 de marzo de 2009,
mediante el cual se modificó la cláusula novena del contrato y se adicionó
un parágrafo39; nro. 4 del 29 de enero de 2010 que amplió el objeto del

36 En el sentido que el valor del producto, el impuesto al consumo, el IVA y demás cargos

debían ser pagados por el contratista en las cuentas que la Industria designara en
efectivo, transferencia electrónica o cheque de gerencia dentro de los 8 días siguientes
a la facturación.
37
En el sentido que el valor del producto, la participación al departamento, y demás
cargos, debían ser cancelados por el contratista en las cuentas que la Industria
designara, en efectivo, transferencia electrónica o cheque de gerencia dentro de los 30
días siguientes a la facturación.
38
En el sentido que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de
mercadeo correspondía a las partes de forma conjunta.
39
La modificación de la cláusula novena consistió en que correspondía a la Industria de
Licores del Valle fijar y desarrollar las políticas de promoción y publicidad de mercadeo
y que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de mercadeo
correspondía a las partes en forma conjunta, para lo cual se debían adelantar comités
mensuales de mercadeo, previa convocatoria realizada por el Subgerente Comercial y
de Mercadeo. Así como un parágrafo según el cual el contratista se comprometía a
ejecutar el plan comercial y publicitario 2009 entregado por la Industria de Licores del
Valle, el cual comprendía las ferias en los diferentes municipios, estímulos a canales de
distribución, conciertos, material publicitario y eventos que promocionaran el consumo
de licores.
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34

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

contrato a la distribución y venta de los productos que fabrique,
comercialice y/o distribuya la Industria, referidos a la categoría de licores,
toda clase de bebidas destiladas o fermentadas, las no destiladas, las
espirituosas, esencias y demás componentes y subproductos de licores;
nro. 05 del 8 de marzo de 201040 y 6 del 23 de julio de 201041, por medio
de los cuales nuevamente se modificó la cláusula 9 del contrato 20080035
de 2008.

6.3.8. El 3 de junio de 2009 se aprobó la cesión del contrato nro.
20080035 suscrito entre la Industria de Licores del Valle y la Unión
Temporal Comercializadora Logística S.A., a la sociedad por acciones
simplificada UT Comercializadora Integral SAS42.

6.3.9. La directora de vigilancia fiscal de la Contraloría Delegada Sector
Infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo
regional de la Contraloría General de la República abrió la indagación
preliminar nro. 6-007-11 del 18 de enero de 2011, lo que sustentó así43:

“[…] La presente indagación preliminar tiene como fundamento la
solicitud de control excepcional tramitada ante la Contraloría General de
la República por el señor Gobernador del Departamento del Valle del
Cauca, en el que solicita un control fiscal excepcional al contrato
20080035 suscrito en la Industria Licorera del Valle y la Unión Temporal
“Comercializadora Logística Integral S.A”.

Dicha solicitud fue estudiada por la Contraloría Delegada de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República quien, en tal virtud, expide el auto No. 000914
del 20 de diciembre de 2010, mediante el cual se admite y comisiona un
control excepcional a la Industria Licorera del Valle.

Los hechos brevemente narrados por el señor Gobernador del
Departamento del Valle del Cauca en su solicitud de control excepcional,
son descritos a continuación:

40
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 00287 04. Expediente digital
41
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 00287 04. Expediente digital
42Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 2. Archivo 540527. MARIBEL CAVANZO.PDF.
43
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 1. Archivo 552083. MARIBEL CAVANZO.PDF.
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35

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

"El día 7 de abril de 2008 se suscribió contrato por parte de I.L.C con la
U.T. Comercializadora Integral, con un plazo inicial de 3 años habiéndose
efectuado a la fecha varios "Otro Si” modificatorios, incrementando los
ingresos del comercializador.

El último otro sí de prorroga se reduce a un 8% el precio de venta al
distribuidor afectándose de esta manera el Margen de utilidad del mismo.

Por último, se ha fijado en la L.V, una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca, según la
ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3.000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($ 25.000.000.000)
aproximadamente”.

Que en virtud del control fiscal excepcional aprobado según lo dispuesto
en el auto 000914 del 20 de diciembre de 2010, el Contralor Delegado
de Infraestructura, se dirigió a la ciudad de Cali donde fue enterado
personalmente por el Gobernador de los hechos materias de
investigación en la Industria Licorera del Valle, y recibió de manos de
éste los documentos pertinentes de la subdirección de rentas del
Departamento según el cual se practicó diligencia de Inspección ocular a
un local ubicado en la zona industrial las DELICIAS bodega 23 ubicada
en la carrera 7 #34-341 de Cali encontrando que en dicho lugar se
encontraban guardadas una cantidad de 56 cajas que según factura No.
VD 04652 de la Industria de licores del valle, exhibida por el depositario
del licor adquirida a un precio de costo, con la finalidad de ser
exportadas; no obstante, el licor no fue sacado del país y al parecer fue
comercializado al interior del Departamento, con las consecuentes
repercusiones a nivel de ingresos tributarios para el departamento y de
ventas para la Fábrica de Licores del Valle del Cauca.

Fundamentos de Derecho

Constituye fundamento jurídico de la presente actuación preliminar, los
siguientes:

Artículos 267, y 268 numeral 5 y artículo 271 de la Constitución Política
de Colombia, los cuales preceptúan que la vigilancia de la Gestión Fiscal
de la Administración corresponde a la Contraloría General de la
República.

Artículo 26 de la Ley 42 de 1993, que establece el mecanismo del control
fiscal excepcional y quienes se encuentran legitimados para su solicitud.

Sentencia C-403 de 1999 por la cual la Honorable Corte Constitucional
establece las facultades que encarna el ejercicio del control fiscal
excepcional por parte de la Contraloría General de la República, la cual
incluye el ejercicio de la facultad de iniciar procesos de responsabilidad
fiscal e indagaciones preliminares.

[…]”. (subrayas originales)

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36

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

La referida indagación preliminar fue cerrada por auto del 22 de marzo de
2011, en donde se determinó que existía mérito para iniciar proceso de
responsabilidad fiscal en contra del gerente general y los miembros de la
junta directiva de la Industria de Licores del Valle y la cuantía se
estableció en la suma de ciento siete mil doscientos treinta y un millones
($107.231.000.000)44.

6.3.10. Por auto nro. 00302 del 7 de abril de 2011 proferido por el director
de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República, se ordenó abrir el proceso de responsabilidad
fiscal nro. 6-007-11. Entidad afectada: Industria de Licores del Valle.
Presuntos responsables fiscales: Doney Ospina; Ruth Sofía Triviño; Juan
Pablo Muñoz, Raimundo Tello Benítez, Roberto Villamizar; Juan Carlos
Rizzeto; Luis Telmo Rojas Perea; Luis Alfredo García; Héctor Fabio Useche
de la Cruz; Ezequiel Lenis Ramírez; Luis Humberto Castrillón; Edgar
Salazar Rivera; Edgar Doronsoro Tenorio; Empresa Agropecuaria Los
Robles S.A.; Empresa Encargo Logística Integral; Empresa Salazar
Transportes Unidos; Empresa Comercializadora Logística Integral S.A; UT
Comercializadora Integral SAS Sociedad por acciones simplificada;
Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora
Logística Integral S.A. La cuantía inicial del daño se estimó en la suma de
sesenta mil trescientos cincuenta y seis millones de pesos45. (se destaca)

6.3.11. Por auto del 14 de diciembre de 2011, la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República le imputó
responsabilidad fiscal, entre otros, al señor Juan Pablo Muñoz, en

44 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 5. Archivo 973958. MARIBEL CAVANZO.PDF.
45 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 5. Archivo 618381. MARIBEL CAVANZO.PDF.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

condición de delegado del gobernador ante la Junta Directiva de la
Industria de Licores del Valle del Cauca46.

6.3.12. Mediante Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 0001 del 20 de
febrero de 2012 proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la
Contraloría General de la República, se falló con responsabilidad fiscal,
entre otros, en contra del señor Juan Pablo Muñoz47.

6.3.13. En el fallo del 23 de marzo de 2012 expedido por la Contralora
General de la República, se desató el recurso de apelación interpuesto
contra la precitada decisión, la cual fue modificada parcialmente, en el
sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria por una cuantía de
$40.767.369.586 indexada, en contra, entre otros, del señor Juan Pablo
Muñoz Tobar48.

6.3.14. Por auto 0193 del 4 de diciembre de 2012, expedido por la
Contralora General de la República, se corrigió el fallo de segunda
instancia en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria, entre
otros, en contra del señor Juan Pablo Muñoz Tobar, en cuantía de
$39.643.607.48649.

6.4. Análisis de la Sala

En el presente asunto, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia e insiste en que debe declararse

46
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00425 01. Expediente digitalizado. Carpetas
principales nro. 11. Archivo nro. 747694. Y 13 Archivo 212592.MARIBEL CAVANZO.PDF
47 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25. Archivo nro. 304633.MARIBEL CAVANZO.PDF.
48 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25. Archivo nro. 942816.MARIBEL CAVANZO.PDF
49 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25..MARIBEL CAVANZO.PDF.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

la nulidad de los actos acusados porque considera que incurrieron en los
vicios de falta de competencia y falsa motivación.

Para resolver el recurso la Sala examinará los respectivos reproches.

6.4.1. En cuanto al cargo de falta de competencia

El recurrente reitera, en síntesis, que la Industria de Licores del Valle es
un ente descentralizado del orden territorial al cual no podía aplicarse el
control excepcional, y también consideró que no se cumplieron los
requisitos legales para la solicitud de control excepcional que hizo el
gobernador del Valle del Cauca.

Al respecto, la Sala comparte lo señalado por el a quo, ya que el cargo no
está llamado a prosperar; ello, por cuanto la providencia que cita la parte
actora, proferida el 27 de mayo de 2010 por esta Sección 50, en la que se
sostuvo que no podía ejercerse el control fiscal excepcional para las
entidades descentralizadas, se trata de un criterio que fue rectificado en
sentencia del 5 de marzo de 2015, en la que se explicó que el control fiscal
excepcional procedía no solo respecto de las cuentas de las entidades
territoriales, sino también de las entidades que lo conforman, incluyendo
las del sector descentralizado. En dicha providencia la Sección Primera de
esta Corporación expuso lo siguiente51:

“[…] En vista de que el artículo 267 superior es explícito en señalar, que
el control excepcional recae sobre las cuentas de las entidades
territoriales y que existe un precedente jurisprudencial que con
fundamento en esta directriz, descartó la procedencia del control
excepcional para una entidad descentralizada del orden territorial,
considera la Sala necesario rectificar esta postura, en el sentido de que
el control excepcional no se puede limitar únicamente a la vigilancia de
las cuentas de las entidades territoriales sino que también debe
comprender a las de las entidades que la conforman (…).

(…)

Expediente con radicación nro. 11001 03 24 000 2003 00053 01.
50

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
51

del 5 de marzo de 2015. C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro.
11001 03 24 000 2004 00288 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Teniendo de presente que el inciso 6º del artículo 272 de la Constitución
Política, dispone que “los contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268”, la Sala
encuentra válido afirmar que los sujetos de vigilancia y control por parte
de la Contraloría General de la República a nivel nacional que señala el
artículo 4º del Decreto 267 de 2000, resultan ser los mismos que a nivel
territorial o de su jurisdicción le corresponderá entonces vigilar a las
contralorías departamentales, distritales y municipales.

Dejando en claro lo anterior, se rectificará la postura de esta Sala
sentada en la sentencia del 27 de mayo de 2010, en el sentido de que
el control fiscal excepcional lo podrá avocar la Contraloría
General de la República respecto no sólo de las cuentas de las
entidades territoriales sino también de las entidades que las
conforman, incluyendo las del sector descentralizado por
servicios, cuyo control fiscal de manera ordinaria o regular le
corresponde adelantar a las contralorías territoriales según su
jurisdicción. Para los efectos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto
en el artículo 68 de la Ley 498 de 1998.

[…]”. (negrillas originales)

En ese contexto, resulta ajustado al ordenamiento jurídico que la
Contraloría General de la República ejerciera el control fiscal excepcional
para verificar la gestión fiscal de una empresa industrial y comercial del
Estado del orden departamental, como lo es la Industria de Licores del
Valle, por tratarse de un ente descentralizado que hace parte de la entidad
territorial departamento del Valle del Cauca.

Ahora bien, precisado que no está llamado a prosperar el cargo por la
razón que invoca el recurrente, no sobra mencionar que el control
excepcional ejercido en este caso por la Contraloría General de la
República respecto de la Industria de Licores del Valle cumplió con el
procedimiento exigido por las disposiciones vigentes para ese momento.

Al efecto, para la época en que sucedieron los hechos del presente asunto,
años 2008 a 2010, el texto original del artículo 267 de la Constitución
Política52 facultaba a la Contraloría General de la República para ejercer el
control fiscal posterior excepcional53.

52
Dicho artículo fue modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 04 de 2019.
53
El inciso tercero del artículo 267 preveía “La vigilancia de la gestión fiscal del Estado
incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Así mismo, la Ley 42 del 26 de enero de 199354, en el artículo 26, dispuso
que la Contraloría General de la República podía ejercer control posterior,
en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial,
sin perjuicio del control que les correspondía a las contralorías
departamentales, distritales y municipales: a) por solicitud del gobierno
departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente
del Congreso de la República o de la mitad más uno de las corporaciones
públicas territoriales, y b) por solicitud de la ciudadanía a través de los
mecanismos de participación establecidos en la ley.

A su vez, el artículo 49 ibidem preceptuó que la Contraloría General de la
República “excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto en el artículo
26 de la presente ley ejercerá control posterior sobre las cuentas de
cualquier entidad territorial”.

Por su parte, el artículo 6355 de la Ley 610 del 15 de agosto de 200056
dispuso la competencia prevalente de la Contraloría General de la
República para adelantar hasta su culminación los procesos de
responsabilidad fiscal que se originaran como consecuencia del ejercicio
de la facultad excepcional de control establecida por el artículo 267
superior.

Con fundamento en dichas normas, el Contralor General de la República
expidió la Resolución Orgánica nro. 6069 del 26 de agosto 200957, que

excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial”.
54
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen”.
55
El artículo 63 de la Ley 610 de 2000 fue derogado por el artículo 166 del Decreto Ley
403 de 2020 “por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
56
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías”
57
“Por la cual se deroga la Resolución 5588 del 8 de junio de 2004, que establece la
competencia para el conocimiento, admisión y trámite para el ejercicio del control fiscal
posterior excepcional en la Contraloría General de la República, y se implementan
acciones de mejora continua”. Resolución que fue derogada por la Resolución nro. 6506
de 2012 de la Contraloría General de la República.
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41

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

estableció el procedimiento para el desarrollo del control fiscal posterior
que podía ejercer la Contraloría General de la República en forma
excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, y
específicamente, en el artículo cuarto dispuso que los requisitos que
debían cumplirse eran los siguientes: 1) ser requerido por las autoridades
legalmente autorizadas; 2) la solicitud debía precisar el asunto objeto de
control, y 3) incluir la motivación o eventos en que se presumía la duda
de la imparcialidad o falta de idoneidad de la contraloría territorial.

Teniendo en cuenta el marco legal aplicable, en el caso concreto, se
observa que el control excepcional tuvo el siguiente trámite:

-) Por oficio DG- 0456 del 17 de diciembre de 2010, el gobernador del
Valle del Cauca solicitó a la Contralora General de la República ejercer el
control excepcional a la Industria de Licores del Valle y a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, y para ello expuso58:

“[…] 1. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (I.L.V.)

1.1. El día siete (7) de abril de dos mil ocho (2008), se suscribió por
parte de la I.L.V. un contrato con la U.T. COMERCIALIZADORA
INTEGRAL, con plazo inicial de tres (3) años, habiéndose efectuado a la
fecha varios 'Otro Sí" modificatorios, incrementando los ingresos del
comercializador.

1.2. El día veintitrés (23) de julio de 2010, esto es, faltando aún nueve
(9) meses para la terminación del contrato según el plazo inicial pactado
(abril de 2011), el mismo es prorrogado por tres (3) años más, es decir,
hasta el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014).

1.3. En el último Otro Sí de prórroga, se reduce en un 8% el precio de
venta al distribuidor, afectándose de esta manera el margen de utilidad
del mismo.

1.4. Por último, se ha fijado en la I.L.V. una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca según la
Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3´000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por

58
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. Carpeta principal
1. MARIBEL CAVANZO PRF 6-007-11 LICORES DEL VALLE.PDF.

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42

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000.00)
aproximadamente.

(…)

Por último, la Contraloría Departamental no ha emitido pronunciamiento
alguno.

Con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 610 de 2000, solicito
se releve temporalmente de su competencia a la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca respecto de la ejecución de su control
en el caso expuesto y se abrogue dicha competencia a la Contraloría
General de la República.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

-) Por auto nro. 000914 del 20 de diciembre de 2010, el contralor
delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República admitió y autorizó el control
excepcional solicitado por el gobernador del Valle del Cauca, se comisionó
a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la
Contraloría General de la República para que adelantara el proceso auditor
“con estricto apego al debido proceso y el respeto al ejercicio del derecho
de defensa”, y se ordenó comunicarle al Contralor departamental del Valle
del Cauca la decisión. Allí se expuso59:

“[…] El suscrito Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva, con fundamento en el artículo 267 de la
Constitución Política, desarrollado por el artículo 26 de la ley 42 de 1993,
numeral 7 del artículo 24 y artículo 81 de la ley 617 de 2000, y la
Resolución Orgánica 6069 de 2009, procede a proferir el presente auto
con base en las siguientes consideraciones:

1. Que mediante oficio SP 80.111.6483 del 17 de diciembre de 2010 la
Secretaria Privada remitió la solicitud de control excepcional
presentada por el Gobernador del Valle del Cauca Doctor Francisco
José Lourido Muñoz sobre: "... La Industria Licorera del Valle y
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca”.

2. Que el Gobernador del Valle del Cauca indicó dentro de su motivación:

“...1. El día 7 de abril de 2008 se suscribió contrato por parte de la I.L.C.
con la U.T. Comercializadora Integral, con un plazo inicial de 3 años
habiéndose efectuado a la fecha varios "Otro Si" modificatorios,
incrementando los ingresos del comercializador.

59
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 1. Archivo 861083. MARIBEL CAVANZO.PDF.
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43

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

13. En el último otro sí de prórroga, se reduce en un 8% el precio de
venta al distribuidor, afectándose de esta manera el margen de utilidad
del mismo.

14. Por último, se ha fijado en la L.V. una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca según la
Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3.000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000) aproximadamente”.

[…]”.

Conforme con lo anterior, se observa que la solicitud se hizo por la
autoridad legalmente autorizada, esto es, por el gobernador del Valle del
Cauca, se precisó el objeto de control, que era la Industria de Licores del
Valle, y se incluyó la motivación consistente en los ingresos dejados de
recaudar por concepto de impuestos para el departamento del Valle del
Cauca, de manera que la petición se justificó y razonó en debida forma.

De otro lado, en el expediente está acreditado que, previo a la solicitud
hecha el 17 de diciembre de 2010 por el gobernador del Valle del Cauca
Francisco José Lourido, el Contralor Auxiliar para el control fiscal de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca había remitido el 22 de
noviembre de 2010 a la gerente de la Industria de Licores del Valle el
informe de la visita fiscal allí practicada, en el que afirmó que se verificó
la ejecución del plan comercial vigencia 2009 - 2010 suscrito entre la
Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora
Integral S.A.S. y se constató que no se evidenciaba un procedimiento
implementado ni documentado para ejecución y seguimiento de entrega
del Plan Comercial, así60:

“[…] Revisada la información suministrada por la Industria de Licores del
Valle se concluye:

60 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 3. Archivo 224934. MARIBEL CAVANZO.PDF.
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44

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1. El Plan Promocional es un mecanismo comercial utilizado por la
Industria desde vigencias anteriores a la suscripción del contrato de
distribución en el año 2008.

2. El Plan Promocional fue autorizado por la Junta Directiva de la
Industria para cada vigencia fiscal.

3. La Industria determinó las políticas promocionales a aplicar con el
citado plan, de - acuerdo con lo definido en el contrato de distribución
suscrito entre las parles.

4. El contratista ha entregado la información solicitada por la Industria
correspondiente al citado plan promocional.

5. La Industria ha actuado en materia de impuesto conforme a las
disposiciones ordenanzales que regulan el tratamiento del producto
promocional de la Industria.

4. OBSERVACIONES

No se evidencia un procedimiento implementado ni documentado para
ejecución y seguimiento de entrega del Plan Comercial con los soportes
correspondientes, donde se indique de acuerdo a lo pactado a que
herramienta va dirigido, no se hace el cierre del Plan comercial en
comento por cada vigencia o por mes, donde se justifiquen los saldos
adeudados en cuanto a las cantidades aprobadas por la ILV.

Se observa deficiencia en los mecanismos de control o interventoría al
Plan comercial que en este tema impide visualizar la gestión o claridad
en las entregas del Comercializador a través de cada herramienta, por
cuanto no queda evidencia física completa de la ejecución del objeto del
plan, impidiendo establecer las obligaciones que de él se derive.

Preocupa a este Organismo de Control, las posibles consecuencias que
pueda generar el incumplimiento de los compromisos suscritos entre la
IILV y la UT Comercializadora integral S.A.S., con las entregas del Plan
Comercial por parte de la Industria de Licores, la cual podría llevar a la
Comercializadora a no cumplir las metas de ventas presupuestadas para
la vigencia 2010, que se traduce en un alto riesgo financiero para las
partes y las transferencias para el Departamento, afectando
significativamente la inversión en la salud de los vallecaucanos. […]”

6.4.2. En cuanto al cargo de falsa motivación

Esta Sección ha explicado que la falsa motivación como vicio de nulidad
debe ser entendido desde tres enfoques distintos, a saber: la falsa
motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el
contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance

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45

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interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el
acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva61.

El primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento acerca
de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el
juez no tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se
funda en la mencionada argumentación, si ellos son determinantes para
la decisión que el acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado
a atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto a partir
de la congruencia que debe existir entre la motivación y la resolución, de
tal manera que aquella debe ser el fundamento lógico y consecuencial de
ésta.

A partir de las consideraciones precedentes, la Sala verificará si los
argumentos aludidos por el recurrente configuran el vicio de falsa
motivación.

6.4.2.1. Sobre la aplicación irregular del trámite verbal en el
proceso de responsabilidad fiscal

La parte actora fundamentó el cargo de falsa motivación en que la
Contraloría aplicó e interpretó de manera errada el parágrafo 3 del artículo

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
61

del 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47 001
23 31 000 2012 00414 01.
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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

97 de la Ley 1474 de 2011, en la medida en que, “para la fecha en que
se declaró de impacto nacional los hechos irregulares de la Industria de
Licores del Valle y en que se profirió la resolución orgánica nro. 6397 de
octubre 12 de 2011, incluso para la fecha en que entró en vigencia la Ley
1474 de 2011, es decir para el 12 de Julio de 2011, en el proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 6-007-11 al cual fue vinculado mi cliente
posteriormente, ya se había proferido auto de cierre de Indagación
preliminar y se encontraba aperturado”. Bajo ese escenario, adujo que la
Contraloría debió seguir con el trámite previsto en la Ley 610 de 2000 y
no adecuar el trámite a la Ley 1474 de 2011.

La Sala considera que el cargo no está llamado a prosperar. En efecto,
frente al argumento de que no había lugar a la aplicación del
procedimiento verbal porque el auto de apertura se había proferido el 7
de abril de 2011, se tiene que la Ley 1474 del 12 de julio de 201162, en
el artículo 97, dispuso que el proceso de responsabilidad fiscal se
continuaría tramitando por el procedimiento verbal creado en dicha ley.

La aludida disposición también previó un régimen de transición en el
parágrafo primero, en el entendido que el procedimiento verbal sería
aplicable al nivel central de la Contraloría General de la República a partir
de la entrada en vigencia de dicha ley, esto es, 12 de julio de 2011, y en
el parágrafo tercero precisó que “(…) en los procesos de responsabilidad
fiscal en los cuales no se haya proferido auto de imputación a la entrada
en vigencia de la presente ley, los órganos de control fiscal competentes,
de acuerdo con su capacidad operativa, podrán adecuar su trámite al
procedimiento verbal en el momento de la formulación de la imputación
(…)”, de manera que, contrario a lo señalado por el recurrente, no se
aplicó retroactivamente la Ley 1474 de 2011, sino que fue precisamente
el régimen de transición el que, en lo sucesivo, posibilitó la aplicación del
procedimiento verbal.

62
“Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión
pública”.
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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

De otro lado, en lo concerniente a la declaración de impacto nacional de
los hechos investigados y el cuestionamiento relacionado con que la
Contralora Intersectorial no tenía competencia para continuar conociendo
del proceso porque ya estaba abierto, tampoco le asiste razón al
recurrente, toda vez que, además de que ello no guarda relación con el
cargo de falsa motivación, dicha decisión tuvo como sustento lo siguiente:

La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, con el fin de fortalecer las acciones
en contra de la corrupción, dispuso en el artículo 128 la creación dentro
de la estructura de la Contraloría General de la República de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, encargándola de “(…)
adelantar auditorías especiales o investigaciones relacionadas con hechos
de impacto nacional que exijan la intervención inmediata de la entidad
por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida al patrimonio
público o para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de
responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el
adelantamiento de los procesos correspondientes”.

Mediante la Resolución orgánica nro. 6397 del 12 de octubre de 2011,
“por la cual se determina el funcionamiento interno de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción y se dictan otras
disposiciones”, expedida por la Contralora General de la República, se
determinó que el Contralor General de la República de oficio establecería
los hechos de impacto nacional que exigieran la intervención inmediata a
que se refería el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 (artículo 2).

En cuanto a la competencia para conocer de esa clase de asuntos, el
artículo tercero de la citada resolución dispuso:

“[…] ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. La Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, tendrá autonomía funcional en lo de su
competencia y estará adscrita al Despacho del Contralor General de la
República para efectos administrativos y logísticos. A través de los
Contralores Delegados Intersectoriales, adelantará las auditorías, las
indagaciones preliminares a que haya lugar y conocerá en primera o

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que conforme al
artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 le sean asignados a dicha Unidad.

Dentro del marco de las reglas de competencia constitucionales y legales
asignadas a la Contraloría General de la República, la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, a través de los
Contralores Delegados Intersectoriales, avocará el conocimiento de los
asuntos determinados como de impacto nacional que exijan la
intervención inmediata de la Entidad, cualquiera que sea el tipo o
naturaleza de los entes o sujetos vigilados o implicados.

De estos procesos conocerá en segunda instancia el Despacho del
Contralor General de la República en los términos del artículo 4o de la
Resolución Orgánica 5500 de 2003 […]”. (mayúsculas y negrillas
originales, subrayas ajenas)

A su vez, el artículo sexto de la misma resolución estableció que, “(…) si
ya se encuentra en curso un proceso auditor, de indagación preliminar o
de responsabilidad fiscal, el Contralor Delegado Intersectorial a quien
corresponda el asunto desplazará al Contralor Delegado de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva o al Contralor
Delegado Sectorial que venía conociendo del caso”.

En el caso concreto, la Contralora General de la República, por auto del
21 de octubre de 2011, declaró “hechos de impacto nacional los
relacionados con el Proceso de Responsabilidad Fiscal CD 6-0007-11
Licorera del Valle” y “en consecuencia, le solicito disponer todo lo
necesario para dar traslado de la totalidad del expediente al Jefe de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dentro del
término fijado en el artículo 7 de la Resolución Orgánica 6397 del 12 de
octubre de 2011”63.

Por auto nro. 00996 de 2011 la Dirección de Investigaciones Fiscales de
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva cumplió la decisión de la Contralora General de la
República y dispuso la remisión del proceso a la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción.

63
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 30. Archivo 195122. MARIBEL CAVANZO.PDF
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Por oficio nro. 001 del 2011 se asignó el proceso a la Contralora Delegada
Intersectorial.
Por auto nro. 001 del 28 de octubre de 2011, la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción avocó el conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal64.

De tal manera que no es cierto que la Contralora Delegada Intersectorial
no estuviere facultada para conocer del proceso de responsabilidad fiscal
porque ya estuviera abierto, puesto que la razón por la cual asumió su
conocimiento obedeció a que la Contralora General de la República declaró
los hechos como de impacto nacional y, como consecuencia de ello, fueron
remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

6.4.2.2. “Irretroactividad del estatuto anticorrupción para efectos
de aplicar la solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal”

La parte actora alega que se aplicó de manera retroactiva el estatuto
anticorrupción en cuanto a la solidaridad en el proceso de responsabilidad
fiscal; para ello, reiteró que la Ley 1474 de 2011 entró en vigor el “12 de
julio de 2012 (sic) de conformidad con lo establecido en el artículo 135”,
mientras que el auto por el cual se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal es del 7 de abril de 2011, de manera que “(…) la
nueva modalidad de responsabilidad que creó el artículo 19 no puede ser
aplicada en el proceso de responsabilidad fiscal”.

Al respecto, la Sala precisa al apoderado de la parte actora que no se
aplicó, como lo afirma, la Ley 1474 de 2011, sino que el fundamento para
declarar la responsabilidad solidaria fue el artículo 2344 del Código Civil,
en concordancia con la Ley 222 de 1995, artículo 24, que previó que los
administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios
que por dolo o culpa causen a la sociedad.

64
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 10. Archivo 647569. MARIBEL CAVANZO.PDF
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Prueba de ello es que el fallo de segunda instancia explicó:
“[…] con respecto al tema de la responsabilidad solidaria, por ser
pertinente, este despacho, trae como referente lo citado por el doctrinante
URIEL ALBERTO AMAYA OLAYA, en su libro Teoría de la Responsabilidad
Fiscal, en los siguientes términos: “No se debe olvidar que la concurrencia
de culpas (coautores) origina una responsabilidad civil solidaria, según se
estudiará, de acuerdo con el artículo 2344 del Código Civil, criterio que ha
sido acogido plenamente por la jurisprudencia administrativa: “cuando el
hecho perjudicial ha sido causado por dos o más personas (los sujetos son
su causa eficiente) no se produce una división de la responsabilidad, como
si cada una llevara apenas una parte de la culpa, sino que por mandato
legal surge una obligación solidaria de responder (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera- Sentencia 11 de abril
de 1994- C.P. CARLOS BETANCUR JARAMILLO).

(…)

Es importante acotar que el régimen que le es aplicable a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, y por ende es elemento normativo
que regula la responsabilidad de los gerentes y miembros de la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle – en principio, encuentra su
desarrollo legal en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 222 de 1995 (…).

[…].”

Por lo tanto, este argumento no tiene ninguna vocación de prosperidad,
toda vez que está fundamentado en un presupuesto que no corresponde
con la realidad.

6.4.2.3. “Frente a los estándares de degustación”

En lo referente con los estándares de degustación y la gestión
antieconómica, el recurrente alegó que no se probó que haya existido una
gestión antieconómica o una superación de los estándares de degustación
por parte de la Industria de Licores del Valle, puesto que, “si bien es
cierto, la Contraloría no tiene a su cargo el establecimiento de estándares
de cantidades para la degustación de productos relacionados con el licor,
también es cierto que para efectos de asumir una postura frente al tema
de la superación de los estándares nacionales internacionales tuvo que
tener algún referente, pues no se explica cómo surgió el control de
advertencia”.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Para resolver este punto, la Sala estima pertinente determinar el alcance
de la conducta que el órgano de control reprochó a la parte actora, y para
ello, se recuerda que:

(i) En el fallo con responsabilidad fiscal se determinó el nexo de causalidad
en lo concerniente al señor Muñoz Tobar, así65:

“[…] JUAN PABLO MUÑOZ, (…) en su calidad de delegado del
Gobernador del Valle del Cauca en la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle, para la época de los hechos.

El Decreto 1041 de junio de 30 de 1982, expedido por el Gobernador del
Departamento del Valle del Cauca mediante el cual se dicta el Estatuto
Orgánico de la Industria de Licores del Valle (folio 1322) establece lo
siguiente:

Artículo 10

Son atribuciones de la Junta Directiva

k) formular la política general de la empresa y los planes y
programas que deba desarrollar

l) aprobar las inversiones u operaciones comerciales e industriales
que ha de realizar directamente la entidad con miras al mejor
rendimiento de sus ingresos.

vi)reglamentar la promoción y venta de los productos de la empresa

Artículo 6: la dirección y administración de la ILV estará a cargo de una
Junta Directiva, de un Gerente y los demás funcionarios que se
determinen en consonancia con lo dispuesto en el presente Estatuto
Orgánico.

Se verifica una conducta dolosa atribuible de conformidad a la valoración
probatoria que obra en el expediente en congruencia con el auto de
imputación de cargos por su conducta pasiva en el desarrollo del
Contrato de Distribución No. 20080035, en su suscripción, cesión,
prórroga y otrosí. Y con su conducta se generó detrimento patrimonial
por la suma de $6.879.876.1562.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

65
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25. Archivo 304633. MARIBEL CAVANZO.PDF
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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

(ii) En el mismo fallo con responsabilidad fiscal nro. 001 del 20 de febrero
de 2012 se explicó lo siguiente frente al plan promocional66:

“[…] D- PLAN PROMOCIONAL

Este despacho en el auto de Imputación relacionó frente al plan
promocional las siguientes consideraciones que en el transcurso de la
audiencia de imputación de cargos no fueron desvirtuadas, por lo tanto,
este despacho se ratifica en las siguientes irregularidades:

I. Los considerandos del Otrosí N° 007: de Fecha 8 de Julio de 2011
(Anexo 5 carpeta 1 fls. 108 -135 397-413), la U comercializadora
SAS fundamento qué (…) aunque en los años 2008, 2009 y 2010,
la facturación de la ILV hacia el distribuidor ha superado esta cifra.
es debido a que la venta del producto que realiza la ILV difiere del
consumo real del mercado, es decir, que el Contratista y los canales
de distribución han venido soportando unos inventarios de una
vigencia a otra.

II. Mediante comunicación CM EXT (…) de diciembre 30 de 2010,
en donde solicita "revisar la meta contractual de 2011 por cuanto
está en 12.000.000 unidades. 750 cc”, argumentando que su stock
es de 3.000.000 de unidades de 750 cc, lo cual le genera la
obligación de comercializar en el 2011 la cantidad de 15.000.000
de unidades de 750 cc, siéndole imposible físicamente cumplir dicho
objetivo.

III. Complementando este tema en la declaración de Paula Andrea
Martínez Vélez Subgerente comercial y de mercadeo en el momento
en que ocurrieron los hechos, (…) (cuaderno 7 Fls 1249-1255) le
preguntan, qué beneficios tiene la aplicación de un plan
promocional entregando en el mismo aguardiente sin marcar
(prohibida su venta). Dice que como por el tema de impuestos, y
sobre los impuestos no se puede hacer descuentos, implica que
para hacerlo más atractivo se entrega un producto a manera de
incentivo, implica que el distribuidor lo meta en sus inventarios y
así no compre a la competencia. Si lo marcaran (prohibida su venta)
quien organiza el evento no lo percibirá como patrocinio ya que no
lo podría comercializar, desde el 2004 que yo ingresé a la ILV nunca
el aguardiente de promoción se ha marcado.

IV. La UT continúa diciendo (…) la obligación de la inversión
publicitaria quedó estipulada como financiación a cargo del
contratista, y no como pago de la misma, generando libertad
interpretativa sobre la parte obligada al pago efectivo de ésta, tal
como se desprende de la estipulación contractual de la financiación
del plan Comercial Publicitario de Mercadeo, presente en la cláusula
novena del contrato de distribución N° 20080035, modificada por
el otrosí N° 006 de 2010.

V. Durante la entrevista realizada al gerente de la comercializadora,
Dr. José Henry Pereira se recibieron los listados del producto
entregado a cada cliente de enero a agosto de 2010, pero no se
pudo evidenciar cuáles son los clientes y la cantidad de producto

66
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25. Archivo nro. 304633.MARIBEL CAVANZO.PDF.
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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

pendiente por entregarles como parte de pago de los acuerdos
firmados ya que el gerente manifestó que no tiene un listado de
pendientes, el control que ellos manejan es la no entrega del
producto a los clientes que les deben facturación y este control se
lleva en el sistema de información de la comercializadora.

Este despacho, igualmente en el auto de imputación enunció los
acuerdos comerciales de la vigencia 2008, que oscilaban entre el 7% al
700 % de plan promocional en los diferentes eventos, y que de acuerdo
a las versiones y testimonios dentro de la audiencia de imputación de
cargos, ratifica que existieron irregularidades al aprobar las
herramientas que entre otros contempla el plan promocional que es
aprobado posterior a la suscripción del Contrato de distribución,
convirtiéndose en una modificación al pliego de condiciones que hace
parte de la minuta del Contrato de distribución.

De otra parte, se desnaturaliza la herramienta promocional al entregar
el producto que hace parte del plan promocional después de realizarse
los eventos que eran la esencia misma del acuerdo comercial y del pian
promocional, que debían satisfacer plenamente al consumidor final.

Este despacho de otra parte encuentra que el plan promocional se
convierte en una ineficacia económica al presentar el Distribuidor un
stock de 3.000.000 de botellas entre venta y plan promocional, logradas
por la compra o entrega del plan promocional por parte de la ILV con el
fin de cumplir metas de ventas al final de cada Vigencia.

Y aún más grave cuando el producto del plan promocional no llevaba la
etiqueta “prohibida su venta o degustación”.

El daño patrimonial fue cuantificado en la etapa de la indagación
preliminar y ratificada en el Auto de imputación de la siguiente manera:

Impacto de acuerdos, actas de acuerdo y $ 59.828.000.000
Otrosí N° 3
Impacto de las cláusulas tercera y cuarta del $ 47.403.000.000
Otrosí N° 6
Posibles deficiencias y regular gestión con $528.000.000.000
línea de exportación
Efectos Otrosí N° 2 $83.751.000
Pago de intereses del crédito con
Infivalle $40%

TOTAL $107.842.751.000

Este despacho a aplicar el IPC en los impacto (sic) de acuerdos, actas de
acuerdo y Otrosí N° 3, Impacto de las cláusulas tercera y cuarta del
Otrosí N° 6 Posibles deficiencias y regular gestión con línea de
exportación totalizando el detrimento patrimonial en la suma de
$112.018.600

Se acepta certificación presentada por el contador del ILV respecto a
Infivalle la suma de $ 83.000.000, por lo tanto, se dedujo la suma.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 222 de 1995 y la Ley 489 de
1998 en lo relacionado con la responsabilidad solidaria, en este caso
frente a los miembros de la Junta Directiva el valor anteriormente
expuesto será distribuido en partes iguales. entre quienes intervinieron
en la toma de decisiones. Gerente, Junta Directiva y los distribuidores.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

(iii) Acorde con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que el
plan promocional aprobado en marzo de 2008 fue de quinientas mil
unidades de botellas de 750 cc; en agosto del mismo año se amplió a un
millón de unidades de botellas; en marzo del año 2009 a dos millones
quinientas mil unidades de botellas y en marzo del año 2010 se amplió a
tres millones de unidades de botellas; sin embargo, el mayor valor
asumido por la Industria de Licores del Valle derivado del plan comercial
ejecutado entre los años 2008 y 2010 no se vio reflejado ni en las cifras
de ventas ni en los resultados esperados.

(iv) En consonancia con lo dicho, se acredita en el expediente que la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle aprobó los siguientes
acuerdos, algunos de ellos firmados por el hoy demandante Juan Pablo
Muñoz Tobar en calidad de presidente de la junta directiva, así67:

Mediante el Acuerdo nro. 05 del 27 de marzo de 2008, suscrito por el
señor Muñoz Tobar como presidente68, aprobó un plan promocional de
500.000 unidades de botellas de 750 cc con productos de la industria para
el período mayo a diciembre de 200869, el cual, según se lee en el mismo,
lo expidió la junta “en uso de sus atribuciones legales, en especial las
contenidas en el artículo 17 del Acuerdo nro. 26 de octubre 03 de 1994
“Por el cual se dicta el Estatuto de la Industria de Licores del Valle”70 y
tuvo como propósito: “(…) una recuperación de mercado de sus productos
empezando por el Valle del Cauca (…) y “(…) crear mecanismos de
promoción a través de los diferentes canales (…) con la utilización de
500.000 unidades de producto en presentación de 750 c.c.(…)”.

67
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta
principal nro. 2. Archivo nro. 540527.MARIBEL CAVANZO.PDF.
68
“Por medio del cual se aprueba un plan promocional con producto, se otorga una
herramienta promocional para el impulso de los productos de la industria y se autoriza
una delegación para contratar”
69
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta
principal nro. 2. Archivo nro. 540527.MARIBEL CAVANZO.PDF
70
Ibídem.
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55

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

A través del Acuerdo nro. 10 del 5 de agosto de 200871, también suscrito
por el señor Muñoz Tobar como presidente, la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle amplió el plan promocional a un millón
(1.000.000) de unidades de botellas de 750 cc72; allí se lee: “(…) durante
el primer semestre de la vigencia 2008 se ha logrado una importante
recuperación del mercado de Aguardiente en el departamento Valle del
Cauca. // “(…) dicha recuperación es producto de las estrategias y planes
promocionales, como el aprobado mediante Acuerdo No.05 de marzo 27
de 2008 (…)”.

En el año 2009, la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, en
cabeza de su presidente Juan Pablo Muñoz Tobar, expidió el Acuerdo nro.
3 del 5 de marzo73, que aprobó “(…) el Plan Comercial para entregar en
la vigencia 2009 hasta 2.500.000 unidades de 750 cm3, adicionales al
saldo de la vigencia del 2008 de 556.267 unidades de 750 cc3 (…) 74; en
igual sentido, dicho acuerdo fijó unos planes promocionales motivado en
un supuesto incremento de utilidades y posicionamiento en el mercado;
allí se indicó:

“[…] Que durante la vigencia 2008 se recuperó parte del mercado
perdido, especialmente en la zona norte del Valle del Cauca e igualmente
se logró una mayor cobertura, lo que se tradujo en cifras de variación
positiva en ventas con un aumento del 18% en el consolidado, pasando
de 9.191.240 unidades en el 2007 a 10.858.344 unidades en el 2007 a
10.858. 344 unidades en el 2008.

Que con las diferentes estrategias promocionales que se realizaron
durante la vigencia 2008, se logró el liderazgo con la marca Aguardiente
Blanco del Valle sin Azúcar, lo cual permitió el crecimiento en ventas a
nivel departamental en un 21% en el 2008, frente al 2007.

(…)

Que conforme con lo expresado por la Subgerencia Comercial y de
Mercadeo, para la vigencia 2009, se proyectan diferentes actividades
tanto a nivel Departamental como Nacional, a fin de obtener las ventas
y penetración de mercado esperado.

71
“por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008”.
72
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta
principal nro. 2. Archivo nro. 540527.MARIBEL CAVANZO.PDF
73 “por medio del cual se aprueba un plan promocional para el impulso de los productos

de la Industria de Licores del Valle”.
74
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Que el costo beneficio de esta estrategia está representado en la
generación de $104.364 millones para el departamento y otras entidades
en la vigencia 2008, registrándose un incremento del 22% frente a los
recursos generados en el 2007, que fueron de 85.676 millones. […]”

Por último, mediante acta nro. 003 del 1 de marzo de 2010 se aprobó el
plan promocional para el impulso de los productos para la vigencia 2010
en tres millones de unidades de botellas de 750 cc.75, decisión de la que
ya no hizo parte el señor Muñoz Tobar.

(v) Los soportes que figuran como sustento para ampliar los planes
promocionales son los siguientes:

El primero se trata de un documento denominado “análisis de mercado
para la implementación de actividades promocionales por medio de un
producto en promoción” firmado por la subgerente comercial de la
Industria de Licores del Valle, Paula Andrea Martínez del que se extrae76:

“[…]

V. ACTIVIDADES PROMOCIONALES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2008
PARA EL PRODUCTO

De acuerdo al análisis anterior, se propone para la Industria de Licores
del Valle aprovechar el recurso de producto para vincularse de la
siguiente forma a los canales de distribución y eventos:

Bonificación al canal mayorista: (…)

Vinculación a supermercados: (…)

Acuerdos con puntos de consumo: (…)

Vinculación a eventos de gran magnitud: (…)

Degustaciones: (…).

VI. VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL

. Llena los inventarios de los clientes obligándolos a comercializar las
marcas de la industria.

. Para la Empresa Estatal resulta más económico el pago en producto ya
que en el momento de realizar el pago se liquida al precio de canal

75
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta
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76 Antecedentes proceso de responsabilidad fiscal.

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57

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

. Permite dar a conocer los nuevos productos del portafolio de la ILV por
medio de los canales de distribución

. Fideliza los canales de distribución construyendo relaciones comerciales
a largo plazo

. Ofrece la oportunidad de dar promoción y publicidad en los diferentes
eventos en que se genere consumo y se promuevan las marcas dela
Industria.

. Apoya la labor comercial del distribuidor. […]”

El segundo, de donde se deriva la continuación de los planes
promocionales en el año 2009, es el documento en donde se informó77:

“[…] PRODUCTO EN PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE
MERCADEO PARA EL AÑO 2009

Teniendo en cuenta que la Industria de Licores del Valle debe seguir los
parámetros establecidos en el Plan Estratégico del Cuatrienio 2008-
2011, en donde se estipulan para el área de mercadeo es el aumento de
las ventas del 21%.

La Gerencia General y la Subgerencia Comercial y de Mercadeo
establecen un plan comercial para el año 2009 con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos planteados basado en la situación actual
del mercado, la competencia y los canales de distribución.

1. Resultados vigencia 2008:

Para el año 2008 la Industria de Licores del Valle aprobó 1.000.000
unidades de 750 cm3 entre aguardiente y ron, obteniendo resultados que
impactaron las ventas departamentales y construcción y desarrollo
canales de distribución de la siguiente manera:

1.1. Ventas departamentales

Durante el año 2008 la Industria de Licores del Valle recuperó parte del
mercado perdido en especial en la zona norte del Valle , igualmente logró
una mayor cobertura del mercado lo que se tradujo en cifras en una
variación positiva del 21% frente al año 2007.

(…)

1.2. Participación por canal de distribución en ventas Valle 2008:

77 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

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Teniendo en cuenta que la distribución numérica se fortaleció durante el
año 2008, es posible decir que la presencia del producto es total a nivel
departamental incluyendo el Norte del Valle. (…)

a. ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2009

Teniendo en cuenta el panorama anterior, la INDUSTRIA DE LICORES DEL
VALLE para el año 2009 debe desarrollar diferentes actividades tanto a
nivel departamental como nacional a fin de obtener las ventas y
penetración del mercado esperadas.

1. Vinculación a productos de consumo (…)

2. Bonificaciones al distribuidor (…)

3. Codificación de producto (…)

4. Vinculación a eventos (…)

5. Exclusividad en ferias (…)

6. Degustaciones (…)

Para el año 2009 la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE debe contar con
2.500.000 unidades de 750 cm3 para cumplir con este fin. Es importante
tener en cuenta que se deben adicionar 556.267 unidades de 750 cm3
que se encuentran pendientes del año 2008.

Para dar cumplimiento al plan anteriormente estipulado es de vital
importancia el compromiso del Distribuidor Comercializadora Logística
Integral como actor estratégico quien debe cumplir con los objetivos de
venta y distribución estipulados aprovechando el poder de negociación
con los canales de distribución, para lo cual se firma el presente plan con
vigencia al 31 de diciembre de 2009 […].”

Sin embargo, en el concepto técnico financiero dirigido el 31 de enero de
2011 por el asesor de gestión de la Contraloría Delegada Sector
Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional a la Contraloría Delegada para Infraestructura Física
y Telecomunicaciones Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la
Contraloría General de la República, se determinó frente al impacto que
tuvieron dichos acuerdos, lo siguiente78:

78
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“[…] 1. Impacto de Los Acuerdos79, Actas de Acuerdo y el Otrosí
No. 380, Firmados entre los años 2008 y 2010.

A través de Acuerdos, Actas de Acuerdo y Otrosíes posiblemente se
cambiaron las condiciones inicialmente establecidas en el Contrato y en
los Pliegos de Condiciones en relación con el Plan Publicitario y Comercial,
generando el 20% de descuento en términos de unidades de producto con
respecto a la meta de ventas para el periodo comprendido entre los años
2008 y 2010.

(…)

En efecto, la incidencia del Otrosí 3 de marzo 6 de 2009 en conjunto con
los Acuerdos de la Junta Directiva genera mayores valores de recursos a
asumir por dicha Entidad, así:

-El Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008 autoriza la aprobación de un plan
promocional de 500.000 unidades de botellas de 750 cc, para el período
de mayo a diciembre de 2008. Posteriormente con el Acuerdo No. 10 de
agosto 5 de 2008, se amplía el plan promocional a 1.000.000 (un millón)
de unidades de botellas de 750 cc, del cual, de conformidad con el
Considerando del Acuerdo No. 03 de marzo 5 de 2009, sólo se utilizaron
686.779 unidades. En consecuencia, el valor adicional para el año 2008,
derivado de los Acuerdos 5 y 10 de 2008, sería de $10.741 millones.

Es importante anotar que la lLV, con comunicación 1400.1020 de
noviembre 25 de 2010, reporta 621.191 unidades de producto dentro del
plan comercial ejecutado en el año 2008, por lo que el valor adicional
ascendería a $9.715 millones.

-El acuerdo No. 03 de marzo 5 de 2009 autoriza la aprobación de un plan
comercial para la vigencia del año 2009 de 3.056.267 unidades de 750
cc., mientras que con el Otrosí No. 3 del 6 de marzo de 2009 se genera
un plan de estímulos y herramientas promocionales, que a través del Acta
de Ejecución del Plan Comercial y Publicitario de la Vigencia 2009 de mayo
5 de 2009 se acuerda entre las partes del Contrato. La incidencia, como
valor adicional para el año 2009, derivado del Otrosí No. 3, del Acuerdo
No. 03 y del Acta de Ejecución del Plan Comercial del año 2009, sería de
$47.800 millones.

Es pertinente precisar que La lLV, con comunicación 1400.1020 de
noviembre 25 de 2010, reporta 1.903.675 unidades de producto dentro
del plan comercial ejecutado en el año 2009, por lo que el valor adicional
ascendería a $29.773 millones.

-Mediante el Acuerdo No. 03 de marzo 1 de 2010 se aprobó un plan
promocional de tres millones de unidades de botellas de 750 cc para la
vigencia del año 2010. Como resultado, el valor adicional para el año
2010, derivado del Otrosí No. 3 de 2009, del Acuerdo No. 03 y del Acta
de Acuerdo No. 03 de 2010, sería de $46.920 millones.

79
Nro.03 del 5 de marzo de 2008 (sic), nro.10 del 5 de agosto de 2008, nro. 03 del 5
de marzo de 2009, acuerdo nro. 5 del 1 de marzo de 2010.
80
Realmente se trata del otrosí nro. 2 del 6 de marzo de 2009.
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Cabe resaltar que la ILV, con comunicación 1400.1020 de noviembre 25
de 2010, reporta 1.958.289 unidades de producto dentro del plan
comercial ejecutado en el año 2010, por lo que el valor adicional
ascendería a $30.628 millones.

Es decir, el mayor valor asumido por la ILV derivado del plan comercial
ejecutado entre los años 2008 y 2010, ascendería a $70.117 millones,
correspondientes a 4.483.155 unidades de producto de 750 cc, tal como
lo reporta la Entidad mediante comunicado 1400.1020 de noviembre 25
2010.

Cabe anotar que para el año 2008 las ventas reales fueron de 10.500.000
unidades, superior en 2.9% a la meta contractual de 10.200.575
unidades, es decir, con respecto a la meta contractual se vendieron
299.425 unidades adicionales. Dado que, como se mencionó
anteriormente, el plan comercial ejecutado para ese año fue de 621.191
unidades, un análisis costo-beneficio arroja que por cada unidad adicional
vendida por encima de la meta contractual se emplearon 2 unidades para
promoción comercial.

Para el año 2009 las ventas reales fueron de 11.491.015 unidades,
superior en 2,6% a la meta contractual de 11.200.000 unidades. Es decir,
con respecto a la meta contractual se vendieron 291.015 unidades
adicionales. Dado que, como se mencionó anteriormente, el plan
comercial ejecutado para ese año fue de 1.903.675 unidades, el análisis
costo-beneficio da como resultado que, por cada unidad adicional vendida
por encima de la meta contractual, se utilizaron 7 unidades para
promoción comercial.

Es importante recordar la cláusula cuarta del contrato sobre la
remuneración del contratista que en el parágrafo establece:

“… La remuneración incorpora el costo total por la ejecución plena y
completa del objeto del contrato, incluyendo todos aquellos gastos que se
requieran para el desarrollo idóneo y calificado de la labor de
intermediación que sea necesario para la venta del volumen de productos
y para el nivel de penetración de mercado que establece el presente
contrato, durante la vigencia del mismo.

Por lo tanto, LA INDUSTRIA no estará en obligación de pagar al
CONTRATISTA ninguna otra suma adicional a la establecida”.

Se observa también que, que en el numeral cinco de la cláusula décima
tercera del contrato se estipuló que la ILV “… reconocerá al CONTRATISTA,
la suma de doscientos pesos ($200) por cada unidad de 750 cc, vendida
por encima de la meta anual.

Por consiguiente, las unidades adicionales vendidas, por encima de la
meta de ventas, tiene un reconocimiento dentro del contrato, por lo que
los estímulos y herramientas promocionales adicionales, podrían estar por
fuera del mismo, y representarían una posible asignación ineficiente de
recursos.

En efecto, al valorar económicamente las incidencias de los Acuerdos para
los planes de promoción, mercadeo y publicidad, con base en el reporte

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

de noviembre 25 de 2010 de la ILV se encuentra que ascendería a $70.117
millones entre los años 2008 y 2010, como se anotó anteriormente.

Si se descuenta el valor de promoción de referencia para esta industria,
no obstante, este aspecto no estar explícito en el contrato inicial, estaría
causándose un posible impacto económico neto de $47.603 millones.
[…]”.

Conforme con lo anotado, se recuerda que la parte actora reprocha que
está configurado el cargo de falsa motivación porque no existió prueba de
una gestión antieconómica o que se hayan superado los estándares de
degustación; sin embargo, lo que la Contraloría le endilgó es que, como
miembro de la junta directiva, aprobó los precitados acuerdos que dieron
lugar a la ejecución de un plan promocional para que se distribuyeran
unas unidades promocionales sobre las cuales no había la etiqueta de
“prohibida su venta” que indicara tal carácter, y respecto de las que
tampoco se pagaron impuestos.

A lo dicho se agrega, que los planes promocionales no tuvieron una
incidencia en el aumento de las ventas, por lo que está acreditado que la
aprobación de los acuerdos en mención sí implicó una gestión
antieconómica que condujo a un detrimento patrimonial, que el actor no
desvirtuó, como quiera que se distribuyeron gratuitamente unidades que
no representaron ingresos para la entidad ni ingresos por concepto de
impuestos, a la vez que no hay prueba alguna que acredite la eficiencia
en el incremento en las ventas y las utilidades que habrían de percibirse.

En este punto, es importante indicar que el recurrente se limitó a
cuestionar el detrimento patrimonial que se estableció en el proceso de
responsabilidad fiscal con ocasión de los planes promocionales aprobados
por la junta directiva de la Industria de Licores del Valle sin presentar
ningún soporte para desvirtuarlo y así concluir que la cuantificación del
daño no corresponde a la suma establecida, carga que tenía, en los
términos del artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”; por lo tanto, este cargo
tampoco prospera.

6.4.2.4. “Frente a la presunción de legalidad de la Ordenanza 301
de 2009”

El recurrente alegó que la Ordenanza nro. 301 de 2009 estaba vigente
para la época de los hechos y, por ende, gozaba de presunción de
legalidad, a lo que agregó que las supuestas irregularidades del contrato
y sus modificaciones tienen que ver con la fijación de una política de
promociones obsequiando unidades de degustación, las cuales se
encontraban exentas del pago de impuestos al departamento del Valle del
Cauca según lo previsto por la mencionada ordenanza.

Sobre el particular, la Sala considera que dicho cuestionamiento tampoco
tiene la virtualidad de desvirtuar la declaratoria de responsabilidad fiscal
que le hizo la Contraloría al actor, dado que, como quedó visto en
precedencia, la conducta que se le reprocha es que aprobó los acuerdos
para la ejecución de un plan promocional, pese a que el mismo no estaba
dando los resultados económicos que se perseguían y, por el contrario,
produjeron un detrimento patrimonial por cuanto iban en aumento las
unidades promocionales, que además de todo, en su presentación no
advertían tener tal carácter. Detrimento que, por supuesto, no le es
atribuible a la ordenanza, pues es evidente que ella por sí misma no tiene
tal alcance.

6.4.2.5. En cuanto al argumento que el actor no era gestor fiscal

Afirma la parte recurrente que, contrario a lo señalado, no fungió como
gestor fiscal en la Industria de Licores del Valle, por cuanto “los miembros
de junta no son gestores fiscales”.

Añadió que “(…) actuaba para la época de los hechos como delegado del
Dr. Juan Carlos Abadía, quien era el gobernador de la época, mas no como

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

ordenador de gasto o gestor fiscal en razón a que (…) la Industria de
Licores del Valle es una empresa que tiene autonomía administrativa y
presupuestal”. Recalcó que, “(…) como se logró demostrar en el proceso
de responsabilidad fiscal 6-007-11, no asistió a las juntas en las cuales
supuestamente se concretó el daño patrimonial a la empresa y en cabeza
de éste asistía el señor Luis Telmo Rojas Perea, quien de antemano
manifiesto tampoco cometió conducta anti fiscal, toda vez que (…) los
miembros y delegados del gobernador, dentro de la junta no son gestores
fiscales (…)”.

Al respecto la Sala destaca que, acorde con lo previsto por el artículo 3
de la Ley 610 de 2000, se entiende por gestión fiscal “el conjunto de
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos tendientes a la adecuada y
correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado,
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración
de los costos ambientales”. (se destaca)

En el caso concreto está demostrado que (i) mediante el Decreto nro.
0159 del 11 de febrero de 2008, expedido por el gobernador del
departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo81, el señor
Juan Pablo Muñoz Tobar fue designado como delegado del gobernador
ante la junta directiva de la Industria de Licores del Valle; (ii) que en la
sesión del 27 de marzo de 2008 la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle, presidida por el señor Juan Pablo Muñoz Tobar, aprobó
el plan promocional para la utilización del producto en diferentes eventos,

81
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

y (iii) que mediante el acuerdo número 05 del 27 de marzo de 2008, la
junta directiva aprobó un plan promocional con producto; por el acuerdo
número 10 del 5 de agosto de 2008 la junta directiva autorizó ampliar el
plan promocional aprobado mediante el acuerdo nro. 5 de 2008; por el
Acuerdo nro. 3 del 5 de marzo de 2009 se aprobó un plan promocional
para el impulso de los productos de la Industria de Licores del Valle, y
todas estas sesiones fueron presididas por el señor Juan Pablo Muñoz
Tobar, acuerdos que condujeron a las firmas de los respectivos otrosíes
en el contrato de distribución nro. 20080035.

Por consiguiente, se comprobó que el señor Juan Pablo Muñoz Tobar, no
solo asistió a las aludidas juntas, sino que también las presidió, de manera
que, en su calidad de delegado del gobernador, hizo parte en la adopción
de decisiones que fueron determinantes en las rentas de la Industria de
Licores del Valle, que igualmente tuvieron incidencia en las arcas del
departamento, puesto que, como miembro de la junta directiva, aprobó
los acuerdos a los que se ha hecho mención que permitieron a través del
distribuidor la ejecución de un plan promocional para que se distribuyeran
unas unidades promocionales, los cuales se tradujeron en una gestión
antieconómica y en la disminución de los tributos del departamento, que
conllevaron al detrimento patrimonial establecido en el proceso de
responsabilidad fiscal y que, se itera, la parte actora no desvirtuó.

Frente a la gestión de los miembros de la junta directiva de la Industria
de Licores del Valle, la Sala, en un asunto similar, en sentencia del 20 de
febrero de 202082, reiterada en sentencia del 21 de enero de 202183,
precisó que “(…) los miembros de la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle basándose solamente en unas estrategias de mercado
que no fueron suficientemente analizadas, en particular sobre los
resultados que arrojaban año a año, aprobaron unos planes

82
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de febrero de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25
000 23 41 000 2013 01700 01.
83
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 21 de enero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
25000 23 41 000 2012 00534 01.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

promocionales que afectaron las finanzas públicas, pues la respuesta que
da la subgerente de mercadeo a la relación costo - beneficio no explica
suficientemente la persistencia en una estrategia que arroja un balance
negativo, ni hay observación alguna de la junta sobre el particular”.

Por ende, “la junta directiva de la Industria de Licores del Valle no solo
tenía la competencia para formular la política general de la empresa, así
como fijar los planes y programas a desarrollar con miras al rendimiento
de sus ingresos y reglamentar la promoción y venta de los productos, sino
que era su deber para la aprobación de los acuerdos y otrosíes al Contrato
de Comercialización nro. 20080035 comprobar si éstos beneficiaban a la
Industria de Licores del Valle”84.

Vale la pena acotar que, en este punto, el fallo de responsabilidad fiscal
destacó85:
“[…] el Decreto 1041 de junio 30 de 1982, expedido por el gobernador del
Departamento del Valle del Cauca mediante el cual se dicta el Estatuto
Orgánico de la Industria de Licores del Valle (folio 1322) establece lo
siguiente:

Artículo 9: La Junta directiva estará integrada por

a) El gobernador del departamento o su suplente personal

Artículo 10:

Son atribuciones de la Junta directiva

a) Formular la política general de la Empresa y los planes y programas
que deba desarrollar

b) Aprobar las inversiones u operaciones comerciales e industriales que
ha de realizar directamente la Entidad con miras al mejor rendimiento de
sus ingresos.

(…)

i) Reglamentar la promoción y venta de productos de la empresa.

84
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de febrero de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25
000 23 41 000 2013 01700 01.
85
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25. Archivo 304633. MARIBEL CAVANZO.PDF.
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66

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Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

Artículo 6: La dirección y administración de la ILV estará a cargo de un
Junta Directiva, de un Gerente y los demás funcionarios que se
determinen en consonancia con lo dispuesto en el presente Estatuto
Orgánico.

(…)

De otra parte, la Junta Directiva en cesión del 5 de agosto de 2008, según
consta en el acta o4, a la que asistió JUAN PABLO MUÑOZ TOVAR (sic)
como delegado del gobernador del departamento se aprobó ofrecer un
3% adicional a la Comercializadora Logística Integral modificando de esta
manera las condiciones iniciales del contrato de distribución en perjuicio
de los ingresos tributarios del departamento del Valle del Cauca.

[…]”.

De lo anterior se desprende que las funciones de la junta directiva
implicaban gestión fiscal, comoquiera que debían aprobar las inversiones
u operaciones comerciales e industriales que adelantaría directamente la
Industria de Licores del Valle para el mejoramiento de sus ingresos y, con
fundamento en dicha facultad, la junta directiva modificó las condiciones
iniciales del contrato de distribución.

Cabe agregar que, conforme a lo señalado por esta Sección en la
sentencia del 20 de febrero de 2020 ya citada86, “(…) comprende la Sala
que los resultados de los planes promocionales no fueran conocidos de
antemano por los miembros de la junta directiva durante el año 2008,
pues hay un riesgo implícito en ello; pero sí tenían el deber y la
responsabilidad de hacer el correspondiente seguimiento durante los años
subsiguientes, es decir, 2009 y 2010, en aras de determinar si era
procedente desde el punto de vista del costo beneficio mantenerlos, o
cuál era su incidencia en las cifras de la entidad y del departamento. Es
decir, si bien no puede atribuirse negligencia por la aprobación de un plan
promocional que, en el primer año, tiene un resultado incierto, sí es
atribuible tal conducta si se insiste en el mismo plan sin revisar las cifras
de lo acontecido, para determinar las bondades o los problemas que él
presenta”.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
86

del 20 de febrero de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25
000 23 41 000 2013 01700 01.
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67

Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00652 01
Demandante: Juan Pablo Muñoz Tobar

6.4.3. “De las otras consideraciones jurídicas del despacho”

6.4.3.1. La parte actora alegó que la Contraloría declaró el fenecimiento
de cuentas de la Industria de Licores del Valle para los períodos
relacionados con los años 2008 - 2009, y que si bien ello no tiene el
carácter de cosa decidida, el artículo 17 de la Ley 42 de 1993 estableció
que, si con posterioridad aparecieran pruebas de operaciones
fraudulentas o irregulares, debe expedirse un acto administrativo para
levantar el fenecimiento, por lo que concluyó que la Contraloría no podía
adelantar el juicio fiscal sin levantar el fenecimiento de la respectiva
cuenta, a lo que agregó que lo que procedía era la revocatoria directa del
acto administrativo que declaró el fenecimiento conforme con el artículo
69 del Código Contencioso Administrativo.

Para resolver, la Sala pone de presente que lo que dispone el artículo 17
de la Ley 42 de 1993 es que: “si con posterioridad a la revisión de cuentas
de los responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones
fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el
fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal”.

Por lo tanto, le asiste razón al a quo cuando señaló que la norma no
establece que, para adelantar un proceso de responsabilidad fiscal, se
deba previamente levantar el fenecimiento de la cuenta a través de un
acto administrativo o proceder a la revocatoria directa del acto que
declaró el fenecimiento. En otras palabras, el procedimiento que señala el
actor debió seguirse con fundamento en el artículo 17 ibidem, no está
previsto expresamente en dicha disposición.

6.4.3.2. De otra parte, el recurrente expuso que, “(…) dentro de la
audiencia de lectura de fallo de primera instancia del 20 de febrero de
2012, el apoderado del señor JUAN PABLO MUÑOZ interpuso oralmente
el recurso de apelación como (sic), el cual debía ser sustentado según lo
manifestado por la misma Contralora Intersectorial (…) dentro de los diez

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(10) días siguientes, así mismo lo establece el artículo 101 de la Ley 1474
de 2011”.

Alegó que dentro de los diez días siguientes presentó por escrito
ampliación del recurso de apelación y que el 5 de marzo de 2012, sin
mediar auto que concediera los recursos interpuestos y mucho menos sin
proferirse una providencia que citara a las partes se instaló la audiencia
de sustentación de recursos, y para su sorpresa, en el fallo de segunda
instancia no se tuvieron en cuenta tales recursos. Añadió que, “como
supuestamente no se estaría agotando la vía gubernativa, mi cliente no
podría acceder a la justicia contenciosa tal como lo consagra el artículo
135 del Código Contencioso Administrativo, con lo cual se le estaría
vulnerando el derecho de acceso a la justicia”.

Para resolver, la Sala precisa que el artículo 101 de la Ley 1474 de 2011
regula el trámite de la audiencia de decisión. El literal d) ibidem prevé
que: “Terminadas las intervenciones el funcionario competente declarará
que el debate ha culminado, y proferirá en la misma audiencia de manera
motivada fallo con o sin responsabilidad fiscal. Para tal efecto, la audiencia
se podrá suspender por un término máximo de veinte (20) días, al cabo
de los cuales la reanudará y se procederá a dictar el fallo correspondiente,
el cual se notificará en estrados. El responsable fiscal, su defensor,
apoderado de oficio o el tercero declarado civilmente responsable,
deberán manifestar en la audiencia si interponen recurso de reposición o
apelación según fuere procedente, caso en el cual lo sustentará dentro de
los diez (10) días siguientes”. (se destaca)

En consonancia con lo anterior, el artículo 102 de la Ley 1474 de 2011
establece que, “contra el fallo con responsabilidad fiscal proferido en
audiencia proceden los recursos de reposición o apelación dependiendo
de la cuantía determinada en el auto de apertura e imputación” y precisó
que “estos recursos se interpondrán en la audiencia de decisión y serán
resueltos dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir del día
siguiente a la sustentación del mismo”. (Se destaca)

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De las aludidas normas, se desprende que en la audiencia de decisión la
parte interesada interpondrá el recurso de apelación y la sustentación
tendrá lugar dentro de los diez días siguientes, a lo que se agrega que la
Ley 1474 de 2011 introdujo un procedimiento verbal para el proceso de
responsabilidad fiscal, tal y como se desprende del artículo 97 y siguientes
de la mencionada ley,

En el caso concreto está probado que la audiencia de sustentación de los
recursos se programó y practicó el 5 de marzo de 2012 e incluso que la
apoderada del señor Muñoz Tobar intervino en la audiencia87, por lo que
era en dicha oportunidad que debía sustentar de manera oral el recurso
de apelación. En ese sentido, la Sala comparte lo analizado por el a quo,
quien explicó que, “(…) la norma no estableció que la sustentación sea
escrita por lo que atendiendo la naturaleza del proceso verbal de
responsabilidad fiscal era claro que el recurso de apelación debía
sustentarse verbalmente en la audiencia precisamente convocada para
ese fin y no sustentarse por escrito como finalmente ocurrió”.

Cabe resaltar que en el fallo de segunda instancia del proceso de
responsabilidad fiscal se indicó lo siguiente frente al recurso de
apelación88:

“[…] considera esta instancia que los recursos de apelación radicados
bajo los números (…) todos ellos del 5 de marzo de 2012, no fueron
sustentados de manera oral por parte de los apoderados de los
implicados en la audiencia de sustentación realizada el día 05 de marzo
de 2012, y por lo tanto, no se tendrán en cuenta los escritos presentados
como sustentación del recurso, pues el trámite del proceso de
responsabilidad fiscal regulado en la Ley 1474 de 2011 es verbal y en
este sentido la totalidad de las actuaciones procesales deberán ser orales
bajo el principio rector de oralidad aplicable a dicho proceso […]”.

Por lo anotado este reproche tampoco prospera.

87
Antecedentes proceso de responsabilidad fiscal.
88
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00652 01. Expediente digitalizado. carpeta principal
nro. 25. Archivo nro. 942816.MARIBEL CAVANZO.PDF.
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6.4.3.3. En cuanto a las demás “irregularidades” que se afirma se
produjeron en el proceso de responsabilidad fiscal.

(i) El recurrente alegó la falta de análisis de fondo de las pruebas
aportadas en el sentido que no se valoraron las pruebas relacionadas con
“los informes y fenecimientos de la Contraloría Departamental de Cali” ni
de “la estructura de la Gobernación, mediante oficio HM-2012-166 del 6
de febrero de 2012, en la cual consta que la Gobernación como Empresa
Industrial y Comercial del Estado si bien, hace parte de la entidad, esta
no se encuentra adscrita al despacho del gobernador”, sin embargo, no
explicó cómo tales pruebas tenían la virtualidad de cambiar la decisión
sobre la declaratoria de responsabilidad fiscal.

(ii) También alegó que no se cumplió con el principio de investigación
integral, pero en el recurso de apelación, más allá de afirmarse que dicho
principio fue desconocido, no se explicaron las razones de ello.

Al respecto, vale la pena traer a colación la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia sobre el principio de investigación integral al que
alude el recurrente. En ella se ha precisado que el mismo no implica que
el funcionario se vea compelido a recaudar todas las pruebas imaginables,
sino solo aquellas necesarias para acreditar la existencia del
comportamiento reprochable o las que demuestren la inocencia; además
ha sostenido que, cuando se alega el incumplimiento de dicho deber, al
interesado no solo le corresponde relacionar las pruebas que se dejaron
de practicar, sino también especificar el poder suasorio de las mismas y
a demostrar de manera concreta la trascendencia de las pruebas omitidas
en la decisión89.

Una vez ilustrado el contenido del principio de investigación integral, la
Sala observa que, en el recurso de apelación, el recurrente no sustentó

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de julio de 2013.
89

Expediente radicado nro. 31244.
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las razones por las cuales los medios probatorios recaudados tenían la
virtualidad de cambiar el sentido de la decisión.

(iii) Adujo que existe falta de congruencia entre el auto de imputación de
cargos y la sanción finalmente impuesta. Para sustentar lo anterior,
sostuvo que “en el caso concreto no se cumplen los requisitos del examen
de tipicidad subjetiva y objetiva para establecer la existencia de
responsabilidad fiscal por parte de la Junta Directiva”, de manera que lo
que se advierte es que, frente a este punto, el recurrente pretende
desvirtuar que no estaban cumplidos los elementos para declararlo
responsable fiscalmente; sin embargo, no expuso los motivos para
fundamentar su dicho y, adicionalmente, tampoco desvirtuó los motivos
por los que fue declarado fiscalmente responsable.

(iv) Alegó que los testimonios obrantes en el plenario no fueron tenidos
en cuenta por el despacho al momento de emitir la decisión; no obstante,
el recurrente, más allá de plantear esta afirmación, no expuso las razones
por las cuales las declaraciones recibidas permitían concluir que no había
lugar a declararlo fiscalmente responsable. Además, lo que se observa es
que la Contraloría hizo una valoración de las pruebas que recaudó para
proferir la respectiva decisión.

Corolario de lo explicado, será confirmada la decisión de primera
instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, por no estar
desvirtuada la legalidad de los actos acusados en cuanto atribuyeron
responsabilidad fiscal a la parte actora.

6.4.4. Costas procesales en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA prevé que salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas y para su liquidación se tendrán en cuenta las normas del Código
General del Proceso.

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A su turno el artículo 365 del Código General del Proceso previó que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso, las cuales proceden cuando
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

En el caso concreto, no se condenará en costas en esta instancia, en la
modalidad de gastos procesales por cuanto no se demostró su causación.
Lo anterior de acuerdo con el numeral octavo del citado artículo 365
ibidem.

En lo concerniente a las agencias en derecho, comoquiera que la
Contraloría General de la República actuó por conducto de apoderado
debidamente constituido, se dará aplicación a lo previsto por el numeral
primero del artículo quinto del Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del 5 de
agosto de 201690 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que
estableció las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
declarativos en general, y se impondrá a su favor y a cargo de la parte
actora el pago de la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2015
por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la parte actora a pagar por concepto de

90
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente a favor de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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