Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00635-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Resolución administrativa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00635-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2007-00635-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
2 de julio de 2021
DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
La demanda en este asunto fue radicada el (…) y admitida el (…) cuando aún la jurisprudencia consolidada aceptaba la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, en los casos en los que, como el presente, la demanda hubiera sido presentada ante el juez institucional sin que la contraparte propusiera excepción basada en lo pactado. A su vez, la Sala ha determinado que, en estos casos, la regla general de la aplicación inmediata de la jurisprudencia no puede ser de válido recibo, porque entrañaría la afectación al derecho a una tutela judicial efectiva o supondría la imposición de una carga desproporcionada al demandante, como sería la de iniciar una nueva actuación procesal, después de un extenso lapso de litispendencia. Por lo tanto, la Sala encuentra de recibo la renuncia tácita que operó de la cláusula compromisoria.
NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de junio de 1997, exp. 10882, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; auto del 19 de marzo de 1998, exp. 14097, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 16 de marzo de 2005, exp. 27934, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 18395, C.P. Enrique de Jesús Gil Botero; entre otras; auto del 14 de septiembre de 2018, exp. 53392, C.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia del 28 de junio de 2019, exp. 44009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
La Resolución (…) que confirmó la Resolución (…) fue notificada a través de edicto fijado por diez (10) días hábiles a partir del (…) por lo que, conforme a los artículos 44, 45 y 62 del CCA, cobró ejecutoria el (…) Por lo tanto, el término bienal para acudir a la jurisdicción a través de la acción de controversias contractuales, establecido en el 136.10 del CCA, no había caducado el (…) cuando fue presentada la demanda.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 44 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 45/ CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 62 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14667, C.P. Myriam Guerrero de Escobar y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación del 1 de agosto de 2019, exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN / CONTRATO ESTATAL / CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN / COMPENSACIÓN / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / AUTONOMÍA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / AJUSTE DE PRECIO / TARIFA / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE LA TASA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL / CONTRATO CONMUTATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / NEGOCIO JURÍDICO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / DECLARACIÓN DE NULIDAD / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA / PRECIO PÚBLICO / COMPENSACIÓN POR USO DE FRECUENCIA RADIOELÉCTRICA / PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR USO DE FRECUENCIA RADIOELÉCTRICA / TELEVISIÓN POR CABLE
El precio de la compensación por la concesión del servicio público de televisión por suscripción, como el que se ordena pagar en los actos demandados, tiene un carácter eminentemente contractual. Como lo precisó esta Corporación al pronunciarse sobre la validez de la tarifa de compensación fijada para los concesionarios del servicio de correspondencia pública vía radio, estos derechos a favor del Estado no son impuestos, tasas ni contribuciones especiales. No son, en definitiva, contribuciones fiscales en sentido general. (…) Pese a que la aceptación del pago del precio de compensación para concesionarios del servicio de televisión por suscripción se definía en el marco de la autonomía negocial, la fijación de su monto concreto no era disponible. El poder constitucional de regulación atribuido a la (…) con sujeción a la ley pero con total autonomía de otras autoridades administrativa, fue desarrollado en los artículos 5 literal g) y 13 de la Ley 182 de 1995 , de conformidad con los cuales, la fijación del monto de la compensación le correspondía a la (…) con la participación de interesados, y tomando en consideración, en ello: la cobertura geográfica; la población total; el ingreso per cápita en el área de cubrimiento; la recuperación de los costos del servicio público de televisión; la participación en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del servicio; y, finalmente, los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, criterios a los que no se hace referencia en el texto de los actos demandados (…) Si bien, la determinación del monto de la tarifa de compensación para concesionarios del servicio de televisión por suscripción no era de libre disposición, ello no significaba que en cuanto contraprestación (precio público) perdiera su carácter contractual; carácter que ha sido reconocido por la jurisprudencia administrativa y constitucional, así como por (…) y la (…) al suscribir el Contrato de Concesión (….) y el Otrosí (…) en los que se fijó y modificó tal precio. El pacto de un precio de compensación diferente al establecido por la (…) podría incidir en la ilicitud del objeto contratado, sin que ello se traduzca en una modalidad de poder de imposición directa de la tarifa mediante acto administrativo general de la (…) con desconocimiento de lo estipulado en los contratos que ya hubiera celebrado y que, conforme al artículo 1602 del CC, tenían fuerza vinculante para ella. Lo contrario, esto es, la imposición directa y coercitiva de la tarifa de compensación por las autoridades, desnaturalizaría este precio público, equiparándolo a una tasa, con el sometimiento al principio de legalidad que ello implica. (…) [L]a jurisprudencia ha precisado que la compensación a cargo de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción requiere, a diferencia de las tasas, la celebración de un contrato conmutativo, en el que, en ejercicio de la autonomía negocial, las partes contratantes regulan sus intereses y deciden si aceptan, o no, el precio prefijado de la compensación por el uso de bienes que permiten la prestación del servicio de comunicaciones concesionado.
La fuente directa de la tarifa de compensación es, pues, de carácter netamente contractual y, en este caso, dicha tarifa fue estipulada en el Contrato de Concesión (…) y en el Otrosí (…) en los que fue fijada en un 10% y 7,5% respectivamente del total de los ingresos brutos provenientes exclusivamente de la prestación del servicio de televisión por suscripción, conforme a lo previsto en los Acuerdos (…) que entonces se encontraban vigentes, al momento de la suscripción del Contrato (…) y del Otrosí (…) sin que la declaración de tales actos afectara aquellos negocios jurídicos, como lo determinó la Sala (…) No puede pasarse por alto, por demás, que en el contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, salvo las concernientes al modo de reclamación en juicio y que establecen penas para la infracción de lo estipulado. En razón a ello, tampoco podrían incorporarse directamente al Contrato de Concesión (…) y al Otrosí (…) los actos que, como el Acuerdo (…) y la Circular (…) modificaron el precio de la compensación. La modificación del precio de compensación requería así la suscripción de un acuerdo modificatorio, como procedieron la (…) y (…) al firmar el Otrosí (…) Conforme a lo convenido en el Contrato de Concesión (…) y a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, la facultad excepcional de modificar unilateralmente el contrato es un medio de la Administración para el cumplimiento de los fines de la contratación y para evitar la paralización o afectación grave del servicio a satisfacer, a través de acto en el que deberá reconocerse el pacto de compensaciones a que hubiera lugar, para el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Sin embargo, la (…) tampoco acudió a dicho mecanismo, para la modificación del precio de compensación. (…) Ahora bien, en las Resoluciones (…) cuya nulidad se depreca, la (…) se basó en las cláusula 7ª del Contrato de Concesión (…) sin hacer referencia alguna al Otrosí (…) así como en el Acuerdo (…) y la Circular (…) con base en los cuales determinó que la tarifa de compensación correspondía al 10% del total de los ingresos brutos provenientes exclusivamente de la prestación del servicio de televisión por suscripción, y no el 7,5%, fijado en la disposición de carácter eminentemente contractual con la que, como tal, había sido estipulado este precio público, que la (…) omitió por completo, incluso ante la advertencia de la empresa recurrente en vía gubernativa. (…) Al ordenar así el pago del reajuste de la tasa de compensación del Contrato de Concesión (…) con una tarifa del 10%, la (…) desatendió a la fijación pactada de dicho precio público en un 7,5%, para basarse en el (…) y la Circular (…) cuya nulidad ha sido, por demás, declarada por esta Subsección.
Por tanto, la Resoluciones (…) infringieron las normas en que deberían haberse fundado, por lo que conforme al artículo 84 del CCA se confirmará la declaración de nulidad de las Resoluciones (…) La Sala advierte que, de conformidad con lo anterior, no está llamada a prosperar la pretensión de declaración de que la tarifa de compensación para los contratos de concesión para el servicio de televisión por cable, en el período comprendido entre el (…) es del 3% de los ingresos brutos mensuales por la prestación del servicio, que fue estimada en la segunda disposición de la parte resolutiva del fallo apelado, al ordenar el reintegro de todas las sumas pagadas por (…) canceladas con fundamento en las Resoluciones (…) Conforme a lo razonado en esta providencia y ante la desestimación de la pretensión segunda, se impone la estimación de la pretensión que en subsidio de esta formuló la demandante, con la que depreca que se declare que la tarifa de compensación del Contrato de Concesión (…) para el período comprendido entre el (…) es de 7,5% de los ingresos brutos mensuales por la prestación del servicio, de conformidad con el Otrosí (…) En consecuencia, la segunda disposición de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia será modificada.
FUENTE FORMAL: LEY 335 DE 1996- ARTÍCULO 8 PARAGRAFO 2 / LEY 182 DE 1995 – ARTÍCULO 43 / LEY 182 DE 1995 – ARTÍCULO 49 / LEY 680 DE 2001 – ARTÍCULO 6 / LEY 355 DE 19956 – ARTÍCULO 8 / LEY 182 DE 1995 – ARTÍCULO 5 LITERAL G / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 158 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 75 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 76 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 77 / LEY 182 DE 1995 – ARTÍCULO 13 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 84
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 22 de mayo de 2008, exp. 25000-23-24-000-2005-01346-02, C.P. Marta Sofía Sanz Tobon; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de octubre de 2016, exp. 25000-23-41-000-2012-00652-01, C.P. Oswaldo Giraldo López; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 27 de marzo de 2003, exp. 11001-03-26-000-2002-00038-01(23410), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 2005, exp. 11001-03-26-000-2004-00019-00 (27727) y 11001-03-26-000-2004-00049-00(28968), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 8 de junio de 2000, exp. 16973, C.P. Héctor Romero; exp. 3827, C.P. Guillermo Chahín Lizcano; exp. 2864, C.P. Jaime Abella Zárate; exp. 3817, C.P. Chahín Lizcano; Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 4 de agosto de 1995, exp. 5681; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de abril de 2021, exp. 44248, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, exp. 23410, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 31649, C.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, exp. 28968, C.P. Enrique de Jesús Gil Botero y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 31648, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C-351 del 20 de abril de 2004, exp. D-4877, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; sentencia C-298 de 1999, M.P. Marta Victoria Sáchica Méndez; sentencia C-047 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; sentencia C-303 de 1999, M.P José Gregorio Hernández; sentencia C-949 de 2001, Clara Inés Vargas Hernández; sentencia C-927 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil y sentencia C-351 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero de estado Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00635-01(52295)
Actor: UNIÓN DE CABLEOPERADORES DEL CENTRO CABLECENTRO S.A.
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN (HOY MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES)
Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)
Tema 1: Renuncia tácita a la cláusula compromisoria. Tema 2: compensación para el servicio público de televisión por suscripción. Subtema 1: Precio público. Subtema 2: Carácter contractual.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Comisión Nacional de Televisión (actualmente Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), que estimó las pretensiones.
I. SÍNTESIS
La Comisión Nacional de Televisión (“CNTV”) y Cablecentro S.A. suscribieron el Contrato de Concesión 208 de 1999, en el que fijaron un precio de compensación por la prestación del servicio público de televisión por suscripción del 10% del total de ingresos brutos por la prestación del servicio, conforme a lo regulado en el Acuerdo 14 de 1997. Atendiendo a la autorización para revisar, modificar o restructurar contratos de concesión que el artículo 6 de la Ley 680 de 2001, esta tarifa fue reducida al 7,5%, mediante el Acuerdo 3 de 2001, que dio lugar a la suscripción del Otrosí 3, el 12 de julio de 2002, con el que el precio de compensación se redujo a ese monto en el Contrato de Concesión 208 de 1999.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Acuerdo 3 de 2001, por medio de auto del 27 de marzo de 2003, confirmado el 24 de julio del mismo año, al considerar que, conforme al inciso final del artículo 6 de la Ley 680 de 2001, se aplicaba el Régimen Unificado para la Fijación de Contraprestaciones a favor del Estado. Sin embargo, en sentencia C-351 de 2004, la Corte Constitucional declaró exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 6 de la Ley 680 de 2001, y la inexequibilidad de su inciso final.
A continuación, la CNTV expidió el Acuerdo 2 de 2004, por medio del cual fijó la tarifa de compensación en un 7,5%, tomando en consideración que, con la sentencia C-351 de 2004, habían desaparecido los fundamentos de la suspensión del Acuerdo 3 de 2004 ordenada por el Consejo de Estado. El Acuerdo 2 de 2004 fue suspendido con Auto del Consejo de Estado del 2 de febrero de 2005, confirmado el 29 de abril del mismo año. Ante ello, la CNTV expidió la Circular 11 del 23 de mayo de 2005, con la que informó que, ante la suspensión del acuerdo 2 de 2004, se aplicaba la tarifa de compensación del 10% prevista en el Acuerdo 14 de 1997. Tras haber agotado el trámite previsto en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, la CNTV emitió el Acuerdo 2 de 2005, con el que adoptó una tarifa de compensación del 10%.
La CNTV remitió facturas, mediante las cuales cobró a Cablecentro S.A. una tarifa de compensación del 10%, para el período comprendido entre el 17 de mayo, cuando fue suspendido el Acuerdo 2 de 2004, y el 30 de septiembre de 2005, cuando entró en vigor el Acuerdo 2 de 2005. Las facturas fueron rechazadas por Cablecentro S.A., que adujo que se aplicaba la tarifa unificada del 3%, del Régimen Unificado para la Fijación de Contraprestaciones a favor del Estado.
En razón a lo anterior, la CNTV profirió las Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007, que se demandan, mediante las cuales ordenó el pago del precio de compensación del 10% entre el 17 de mayo y el 30 de abril de 2005, con fundamento en el Acuerdo 14 de 1997 y el Contrato de Concesión 208 de 1999, principalmente.
II. ANTECEDENTES:
2.1. El diecinueve (19) de julio de dos mil siete (2007), la Unión de Cableoperadores del Centro Cablecentro S.A. (en adelante, “Cablecentro”) presentó demanda contra la Comisión Nacional de Televisión (“CNTV”), en la que formuló las siguientes pretensiones principales: (i) que se declare la nulidad de la resolución núm. 955 del 20 de septiembre de 2006 (“Resolución 955 de 2006”) y de la resolución núm. 86 del 6 de febrero de 2007 (“Resolución 86 de 2007”), con las que ordenó el pago de $3.197’416.530, por el reajuste de la tarifa de compensación con sus intereses en el período comprendido entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre de 2005; (ii) que se declare que la tarifa de compensación para los contratos de concesión para el servicio de televisión por cable, en el período comprendido entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre de 2005, es del 3% de los ingresos brutos mensuales por la prestación del servicio, en razón a la suspensión provisional del Acuerdo 3 de 2001 que se ordenó con auto del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2003; y (iii) que, como restablecimiento del derecho, se declare que Cablecentro no está obligada a efectuar el reajuste de liquidaciones ordenado en los actos demandados, se ordene el reembolso de las sumas pagadas y demás erogaciones que se hubieran producido para darles cumplimiento a la Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007.
Como pretensiones subsidiarias a las anteriores, planteó que: (iv) se declare que la tarifa de compensación a los contratos de concesión para el período comprendido entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre de 2005 es de 7,5% de los ingresos brutos mensuales por la prestación del servicio, de conformidad con el otrosí al contrato de concesión; o (v) que se declare que el competente para dirimir los conflictos relacionados con la tarifa de compensación en los contratos de concesión es un tribunal de arbitramento, que deberá constituirse en virtud de la cláusula compromisoria pactada.
2.1.1. Como asidero fáctica de sus pretensiones, la actora enunció, en síntesis:
2.1.1.1. El servicio de televisión por suscripción fue regulado con el acuerdo núm. 014 del 20 de marzo de 1997 (“Acuerdo 14 de 1997”), que en su artículo 36 estableció una tarifa del 10% del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación del servicio de televisión por suscripción, como compensación por su explotación.
2.1.1.2. La CNTV y Cablecentro suscribieron el contrato de concesión núm. 208 del 20 de diciembre de 1999 (“Contrato de Concesión 208 de 1999”), con el que le otorgó la faculta de explotar el servicio de televisión por suscripción en la zona centro del país y, en su cláusula 7ª, se fijó una tarifa de compensación del 10%, conforme al artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997.
2.1.1.3. Desconociendo el artículo 6 de Ley 680 de 2001, que estableció un régimen unificado de compensaciones para los servicios de telecomunicaciones, la CNTV expidió el Acuerdo 3 de 2001, que modificó el artículo 14 de 1997, para fijar una tarifa de compensación del 7,5%.
2.1.1.4. Cablecentro y la CNTV suscribieron el 12 de julio de 2002 el otrosí núm. 3 al Contrato de Concesión 208 de 1999 (“Otrosí 3”), con el que modificaron la tarifa de compensación, que quedó en un 7,5%.
2.1.1.5. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Acuerdo 3 de 2001, por desconocer que la tarifa compensación del régimen unificado de comunicaciones era del 3%.
2.1.1.6. Como consecuencia de la declaración de inexequibilidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 680 de 2001, la CNTV expidió el Acuerdo 2 de 2004, en el que fijó una tarifa de compensación del 7,5% para los concesionarios de televisión por suscripción.
2.1.1.7. El Acuerdo 2 de 2004 fue suspendido provisionalmente con auto del Consejo de Estado del 2 de febrero de 2005, debido a que no se cumplieron los requisitos para su expedición.
2.1.1.8. Mediante circular núm. 011 del 23 de mayo de 2005 (“Circular 11 de 2005”), la CNTV informó a los concesionarios de televisión por suscripción que la tarifa de compensación vigente era la fijada en un 10% en el Acuerdo 14 de 1997, en razón a la suspensión provisional de los Acuerdos 3 de 2001 y 2 de 2004.
2.1.1.9. La CNTV expidió el acuerdo núm. 003 del 21 de septiembre de 2005 (“Acuerdo 3 de 2005”), que fijó una tarifa de compensación del 10% para los concesionarios de televisión por suscripción, que ha sido acatada por Cablecentro.
2.1.2. Cablecentro formuló los siguientes cargos contra las Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007:
2.1.2.1. Infracción de normas superiores en las que el acto se funda, porque en el período comprendido entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre de 2005 no estaba vigente el artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997, que establecía la tarifa de compensación del 10%, ya que había sido derogado expresamente con el artículo 2º del Acuerdo 3 de 2001 que, a su vez, había sido suspendido por orden judicial, sin que por ello volvieran a la vida las normas derogadas, como lo consideró la Corte Constitucional en sentencia C-069 de 1995, y lo establece el artículo 14 de la Ley 153 de 1887.
El cobro de la tarifa de compensación del 10% carecía así de fundamento jurídico y, conforme al artículo 6 de la Ley 680 de 2001, debía aplicarse un régimen unificado de tarifas de compensaciones en telecomunicaciones, que correspondía al 3% pagado por Cablecentro, como lo ordenó el Consejo de Estado al suspender el Acuerdo 3 de 2001, sin que ello se afectara con la declaración de inexequibilidad del artículo 6 de la Ley 680 de 2001. Esto no podía ser desconocido con la Circular 11 de 2005, que carece de fuerza vinculante.
2.1.2.2. Expedición por funcionario incompetente, debido a que: (i) un tribunal arbitral que debía constituirse conforme a la cláusula 30 del Contrato de Concesión 208 de 1999 era el competente para exigir el cobro de la supuestas sumas adeudadas, porque fueron estipuladas en el Contrato de Concesión 208 de 1999; (ii) la CNTV no es competente para calificar el incumplimiento del contratista e imponerle multas; y, como fundamento de la pretensión subsidiaria primera, (iii) por haber fijado una tarifa que estaba pactada en el Contrato de Concesión 208 de 1999.
2.1.2.3. Falsa motivación por indebida aplicación de la ley, al haber aplicado retroactivamente el Acuerdo 3 de 2005 como fundamento del cobro de intereses moratorios por las sumas que supuestamente debían cancelarse, ya que dicho acto entró en vigor el 21 de septiembre de 2005, pero los intereses se habrían causado entre mayo y septiembre de 2005.
2.1.2.4. Errores en la motivación, por (i) desconocer que la cláusula 7ª del Contrato de Concesión 208 de 1999 había sido modificada con el otrosí del 12 de julio de 2002; (ii) por basarse el Acuerdo 14 de 1997, que había sido derogado con los Acuerdos 3 de 2001 y 3 de 2004, por lo que su existencia jurídica había concluido; y (iii) por pretender darle fuerza vinculante, que no tiene, a la Circular 11 de 2005.
2.2. La demanda fue admitida, lo que se notificó a la CNTV que, en su contestación, adujo que Cablecentro había incumplido las cláusulas 7ª, 8ª y 12ª del Contrato de Concesión 208 de 1999 al liquidar su tarifa de compensación en un 3% y no en el 10% que le correspondía, como se había informado en la Circular 11 de 2005, por lo que procedió a cobrar el 7% faltante en los actos demandados, con los intereses moratorios pactados. Puso de presente que la demandante entraba en contradicción, al aducir que debía aplicarse la tarifa del 7,5% fijada en el Otrosí 3, que había desconocido al liquidar la compensación con una tarifa del 3%, cuya corroboración suplicaba en el escrito introductorio. Además, la demandada aclaró que la Circular 11 de 2005 no era un acto administrativo, sino un instrumento para instruir a funcionarios y administrados sobre alguna gestión, que el artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997 había sido modificado (no derogado) con el Acuerdo 3 de 2001, y que la potestad constitucional de determinación de las tarifas de compensación era innegociable.
2.3. Las pruebas fueron decretadas por medio de autos del 10 de julio y 29 de agosto de 2008. El período para su práctica concluyó con el traslado para alegar y conceptuar, que se produjo con auto del 26 de febrero de 2009; oportunidad esta que fue aprovechada por la CNTV y la actora.
2.4. Con auto del 29 de octubre de 2009, el proceso fue suspendido conforme al artículo 170.2 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”), debido a que el proceso en el que se resolvería sobre la nulidad de la Circular 11 del 2005 estaba en trámite. La suspensión fue levantada el 16 de diciembre de 2013, al verificar que el asunto había sido resuelto mediante sentencia del 9 de mayo de 2011, con la que se declaró la nulidad de dicho acto administrativo.
2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia del dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), que declaró la nulidad de las Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007, y ordenó el reintegro indexado de las sumas que Cablecentro hubiera pagado con fundamento en tales actos.
El a quo consideró que el Acuerdo 3 de 2001 incrementó del 3% al 7,5% el monto de la compensación que debían pagar los concesionarios por suscripción del servicio de televisión, lo que dio lugar a la suscripción del Otrosí 3. Pero el acuerdo fue suspendido, con auto del Consejo de Estado del 27 de noviembre de 2003, por vulnerar el artículo 6 de la Ley 680 de 2001, que establecía un régimen unificado de fijación de contraprestaciones con una tarifa del 3%, cuyo parágrafo había sido declarado exequible en sentencia C-351 de 2004. Por ende, esa tarifa del 3% estaba vigente cuando fue emitida la Circular 11 de 2005, que determinó que la compensación correspondía al 10%; circular cuya nulidad fue declarada mediante sentencia del Consejo de Estado del 9 de mayo de 2011. Por basarse así en una circular nula, mientras estaba en vigencia una tarifa del 3%, la CNTV no tenía competencia para proferir las Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007, y debe reintegrarse a la actora lo pagado por tal concepto, concluyó el a quo.
2.6. La CNTV interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el que busca su revocación y la desestimación de las pretensiones. En sustento de ello argumentó:
2.6.1. La tarifa de compensación del 10% habría sido fijada en la cláusula 7ª del Contrato de Concesión 208 de 1999 y el artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997, que recobró su vigencia con la suspensión provisional del Acuerdo 2 de 2004, ordenada por el Consejo de Estado, lo que la CNTV explicó a los concesionarios del servicio de televisión por suscripción en la Circular 11 de 2005.
2.6.2. Al declarar la nulidad del Acuerdo 14 de 1997, en sentencia del 19 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado precisó que permanecían incólumes las situaciones concretas y particulares definidas con base en él, como el Contrato de Concesión 208 de 1999, en el que la tarifa del 10% definida en el Acuerdo 14 de 1997 fue adoptada, conforme a su cláusulas 7ª, 8ª y 12ª, y los numerales 1.4, 4.2.1 y 4.2.2 del pliego de condiciones de la licitación pública núm. 3 de 1999, que la demandante aceptó expresamente en su carta de presentación. Por lo tanto, Cablecentro estaría obligada al pago de una tarifa de compensación del 10% de los ingresos brutos recibidos por la prestación del servicio de televisión por suscripción, y no del 3% como lo afirmó en su autoliquidación.
2.6.3. Para determinar el alcance del artículo 6 de la Ley 680 de 2001, debería tenerse en cuenta que, en la sentencia C-351 de 2004, reiterada en la sentencia C-354 del mismo año, la Corte Constitucional juzgó que las contraprestaciones por la prestación del servicio de televisión no pueden ser fijadas por el Gobierno mediante decreto reglamentario, por afectar su autonomía constitucional de la CNTV, por la cual tiene la facultad reservada, exclusiva y excluyente de regular la prestación del servicio público de televisión. En ello coincidió el Consejo de Estado, en providencia de 25 de febrero de 2009, en la que precisó que la CNTV había regulado lo atinente a la concesión del servicio de televisión por suscripción a través del Acuerdo 14 de 1997.
2.6.4. Los actos demandados habrían sido así expedidos con un fundamento válido, en ejercicio las funciones y competencias de la CNTV que, como guardan del patrimonio público, fueron definidas en los artículos 5.g) y 12.b) de la Ley 182 de 1995, el artículo 8 de la Ley 355 de 1996, y los Acuerdos 14 de 1997 y 3 de 2005, cuya nulidad solo vino a ser declarada en sentencia del 19 de noviembre de 2012, contrario a lo considerado por el Tribunal.
2.7. Luego de que se celebrará audiencia fallida de conciliación, el recurso fue concedido, admitido y se corrió traslado para alegaciones y concepto de segunda instancia. En esta oportunidad, la demandada reiteró lo aducido en sustento del recurso. Cablecentro, por su parte, argumentó que los actos demandados eran nulos, debido a que la jurisprudencia había determinado que la nulidad produce efectos ex tunc, es decir, desde el surgimiento del acto, porque el hecho generador se presenta en ese momento, salvo las situaciones concretas en firme, que no se presentaron en este caso por lo que la CNTV tuvo que emitir la Circular 11 de 2005. Agregó que con la nulidad del Acuerdo 3 de 2001, que había derogado el Acuerdo 14 de 1997, no resurge esta norma, sino que, por analogía, debía aplicarse la tasa para operadores de servicios de telecomunicaciones, que entonces era del 3%. El Ministerio Público guardó silencio.
2.8. Mediante auto del 14 de enero de 2020, se tuvo al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (“MINTIC”) como sucesora procesal de la Autoridad Nacional de Televisión (“ANTV”) que, a su vez, había asumido las funciones de la CNTV, con la transferencia de su patrimonio y cesión de contratos, según los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21 y 22 de la Ley 1507 de 2012.
Aparte, se requirió en dicha providencia a Ricardo Arturo Arias Beltrán, para que aportara los documentos que acrediten su facultad para designar apoderados del MINTIC, para el reconocimiento del abogado Oscar Yecid Ibáñez Parra conforme al poder aportado para su representación judicial. En respuesta, el MINTIC aportó la resolución núm. 539 del 19 de marzo de 2019, con la que la ministra del ramo delegó al jefe de la oficina de asesoría jurídica del MINTIC el ejercicio de la representación judicial de la entidad y la constitución de apoderados (art. 1.10), además de la resolución núm. 2779 del 24 de septiembre de 2018, con la que el señor Arias Beltrán fue nombrado jefe de la oficina de asesoría, y el acta de posesión respectiva. En consecuencia, el abogado Ibáñez Parra será reconocido como apoderado del MINTIC.
2.9. Posteriormente, el director jurídico del MINTIC presentó poder con el que designó a la sociedad Abril Gómez Mejía Abogados Asociados S.A.S. (AGM Abogados) como apoderada de la entidad, representada por el abogado Diego Fernando Gómez Giraldo.
Con la resolución núm. 1728 del 8 de septiembre de 2020, artículo 1.10, la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones delegó al director jurídico de este órgano la función de ejercer la representación judicial en los procesos contra el MINTIC y constituir apoderados que la representen (num. 4.3). Mediante la resolución 1420 del 10 de agosto de 2020, la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nombró a Manuel Domingo Abello Álvarez como director jurídico del MINTIC, quien suscribió el poder presentado. Consta, por demás, en certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá que Abril Gómez Mejía Abogados Asociados S.A.S., que dentro de su objeto social se encuentra la prestación de servicios de representación judicial (num. 4.3) y que uno de sus representantes legales es Diego Fernando Gómez Giraldo. En consecuencia, la sociedad Abril Gómez Mejía Abogados Asociados S.A.S. será reconocida como apoderada del MINTIC.
2.10. A través de la anterior apoderada, el MINTIC presentó memorial con el que solicitó que fuera tenida en cuenta la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación el 9 de abril de 2020 (exp. 44248). En dicho asunto, Cablecentro S.A. había demandado la validez de una comunicación que —como lo consideró la Sala— no tenía carácter decisorio, sino meramente informativo, en cuanto la CNTV se limitaba a poner en conocimiento de la actora los resultados de una auditoría contable, que tuvo en cuenta para la liquidación de compensaciones, sin imponer con ello una obligación de pagar, ya que la modificación de la situación jurídica del concesionario se subordinó expresamente a su anuencia, así como a los resultados de las reclamaciones que Cablecentro S.A. formulara. En razón a ello, la Subsección A consideró que esta no era una decisión unilateral y ejecutoria, sino una actuación preliminar preparatoria dentro del procedimiento que concluyó con la imposición de multa, con resolución núm. 1017 del 4 de octubre de 2006 (“Resolución 1017 de 2006”), que había sido demandada oportunamente.
Ahora bien, en la Resolución 1017 de 2006, la CNTV impuso multa al considerar que Cablecentro S.A. no había incluido elementos inherentes al servicio de televisión por suscripción —como los costos de afiliación, reinstalación, extensiones, derivaciones, traslados, reconexiones y paquetes especiales, entre otros—que, al formar parte de la base para la liquidación de las compensaciones, generaba una diferencia de $1.263’084.793 a favor de la entidad, siendo su impago un incumplimiento que justificaba la imposición de multa. La Subsección A consideró que, con ello, el acto demandado había incurrido en falsa motivación, debido a que en el contrato de concesión, en concordancia con los demás documentos contractuales, se especificaba claramente que la base del pago de la tarifa por compensación se determinaba al multiplicar el número de suscriptores por la tarifa de suscripción cobrada al usuario, por lo que confirmó la decisión de primera instancia que declaraba la nulidad el acto por falsa motivación.
Lo anterior no guarda relación con el presente asunto, en el que —como se determina a más adelante— fueron demandados actos con los que se ordenó el pago de la tarifa de compensación, siendo esta decisión confirmada en reposición. Además, no se trata en este asunto la imposición de multas ni la base de la tarifa de compensación. Por lo tanto, si bien la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad juridicial, no existe identidad fáctica ni jurídica entre el asunto resuelto en la sentencia del el 9 de abril de 2020 y el sub judice que permita tenerla como precedente vinculante.
III. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
3.1. La demanda en este asunto fue radicada el 19 de julio de 2007 y admitida el 13 de diciembre de 2008, cuando aún la jurisprudencia consolidada aceptaba la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, en los casos en los que, como el presente, la demanda hubiera sido presentada ante el juez institucional sin que la contraparte propusiera excepción basada en lo pactado. A su vez, la Sala ha determinado que, en estos casos, la regla general de la aplicación inmediata de la jurisprudencia no puede ser de válido recibo, porque entrañaría la afectación al derecho a una tutela judicial efectiva o supondría la imposición de una carga desproporcionada al demandante, como sería la de iniciar una nueva actuación procesal, después de un extenso lapso de litispendencia. Por lo tanto, la Sala encuentra de recibo la renuncia tácita que operó de la cláusula compromisoria.
Así pues, el presente asunto corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto se plantea una controversia sobre la validez de actos administrativos expedidos con ocasión de un contrato estatal suscrito por una entidad pública, como lo era la CNTV. Esta Subsección, a su vez, es competente en apelación por virtud del recurso interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo (CCA)-.
3.2. La Resolución 86 de 2007, que confirmó la Resolución 955 de 2006, fue notificada a través de edicto fijado por diez (10) días hábiles a partir del dieciséis (16) de marzo de dos mil siete (2007), por lo que, conforme a los artículos 44, 45 y 62 del CCA, cobró ejecutoria el treinta (30) de marzo de dos mil siete (2007). Por lo tanto, el término bienal para acudir a la jurisdicción a través de la acción de controversias contractuales, establecido en el 136.10 del CCA-, no había caducado el diecinueve (19) de julio de dos mil siete (2007), cuando fue presentada la demanda.
3.3. El Contrato de Concesión 208 de 1999, que dio lugar a la expedición de las Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007, fue suscrito por Cablecentro y la CNTV, por lo que se encuentran legitimadas en la causa por activa y pasiva, respectivamente. No obstante, las funciones de la CNTV fueron asumidas por la ANTV, cuya sucesión procesal por el MINTIC fue reconocida en este proceso.
IV. PROBLEMA JURÍDICO
Conforme al artículo 357 del CPC, así como a lo argumentado por la apelante en sustento del recurso y lo alegado en esta instancia, corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente problema jurídico:
¿Es válida la orden de pago de la CNTV por ajuste a un 10% en la tarifa de compensación para la televisión por suscripción, que había sido fijada en un monto inferior en el Contrato de Concesión 208 de 1999, debido a que una acuerdo de la CNTV recobró su vigencia con la suspensión provisional de un acuerdo posterior, habiéndose ello informado en la Circular 11 de 2005?
Para dar respuesta a este problema jurídico, la Sala determinará, en primer lugar, las premisas fácticas del juicio de segunda instancia, cuya connotación jurídica será estudiada a continuación.
V. HECHOS
Con fundamento en la pruebas documentales practicadas en el proceso, sin que fueran reargüidas, y providencias de esta Corporación y de la Corte Constitucional referidas en el proceso que, como tales, son fuente directa de conocimiento de la Sala, se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes.
5.1. La junta directiva de la CNTV emitió el acuerdo núm. 014 del 20 de marzo de 1997 (“Acuerdo 14 de 1997”), por medio del cual reglamentó el servicio de televisión por suscripción. En este acuerdo, la CNTV determinó que la concesión es “el acto jurídico en virtud del cual la Junta Directiva […] autoriza a personas jurídicas públicas o privadas” (artículo 27). El proceso para ello se sujetó a la Ley 80 de 1993 (artículo 34) y se previó el pago de una contraprestación por un sola vez (artículo 35), además de la compensación, regulada de la siguiente manera:
“El concesionario pagará directamente a la Comisión Nacional de Televisión como compensación por la explotación del servicio de televisión por suscripción, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación de este servicio, en la forma que resulta de multiplicar el número de suscriptores durante el período de causación, por la tarifa de suscripción cobrada al usuario.
Así mismo, deberán cancelar el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos mensuales, percibidos por concepto de pauta publicitaria.
En el evento de comprobarse alguna inconsistencia en el número de suscriptores declarado, el concesionario se hará acreedor a la caducidad del respectivo contrato” (artículo 36).
5.2. Por medio de la resolución núm. 0869 del 13 de julio de 1999 del director de la CNTV (“Resolución 869 de 1999”), fue abierta la licitación pública núm. 003 de 1999, para el otorgamiento de contratos de concesión para la operación y explotación del servicio de televisión por suscripción para el nivel zonal.
5.3. En el pliego de condiciones de la licitación pública núm. 003 de 1999, se determinó que la concesión se regiría, entre otros, por el Acuerdo 14 de 1997 y que el pago de la compensación, definido conforme a dicho acto, se cancelaría de la forma en que finalmente fue estipulada en el Contrato de Concesión 208 de 1999, referido más adelante (numerales 1.4, 4.2.1 y 4.2.2).
5.4. Cablecentro presentó su propuesta con escrito del 27 de agosto de 1999, en el que declaró aceptar el valor de la compensación establecida por la CNTV y se obligó a cancelarla conforme al pliego de condiciones.
5.5. A través de la resolución de la CNTV núm. 1082 del 26 de noviembre de 1999 (“Resolución 1082 de 1999”), fue adjudicada la licitación pública núm. 003 de 1999, correspondiéndole a Cablecentro la suscripción de un contrato de concesión para la zona centro.
5.6. El 20 de diciembre de 1999, la CNTV y Cablecentro suscribieron el contrato de concesión No. 208/99 (“Contrato de Concesión 208 de 1999”) para la operación y explotación del servicio de televisión por suscripción, con un plazo prorrogable de 10 años (cláusula 3ª).
5.6.1. En este contrato, el operador se obligó al pago de la compensación (cláusula 12ª, num. 2º) de la siguiente manera:
“CLÁUSULA 7. PAGO DE LA COMPENSACIÓN. El Concesionario, de conformidad con el Artículo 36 del Acuerdo No. 014 de 1997, deberá pagar directamente a la Comisión Nacional de Televisión como compensación por la explotación del servicio de televisión por suscripción, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación de este servicio, en la forma que resulte de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente período de causación por la tarifa de suscripción cobrada al usuario.
Así mismo, deberá cancelar el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos mensuales, percibidos por concepto de pauta publicitaria.
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN. El Concesionario pagará la compensación de la que trata la cláusula anterior trimestralmente a nombre de la Comisión, en la siguiente forma:
A partir del inicio y explotación del servicio de televisión por suscripción correspondiente al primer trimestre del año 2000, de los ingresos causados entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de marzo, dicho pago se efectuará antes o el día quince (15) de mayo; entre el primero (1º) de abril y treinta (30) de junio, dicho pago se efectuará antes o el día quince (15) de agosto; entre el primero (1º) de julio y el treinta (30) de septiembre, dicho pago se realizará antes o el día quince (15) de noviembre y entre el primero (1º) de octubre y el treinta y uno (31) de diciembre, dicho pago se efectuará antes o el día quince (15) de febrero del año 2001 y así sucesivamente hasta el término de duración de la concesión.
El pago deberá estar acompañado por una certificación suscrita por el representante legal y el contador o Revisor Fiscal, según el caso, certificando los ingresos brutos recibidos durante el trimestre en cuestión por el cobro de suscripción mensual (discriminando tarifas y número de usuarios) y la pauta si es del caso.
En caso de que el concesionario incumpla las fechas de pago antes señaladas, deberá cancelar intereses de mora, correspondientes al doble del interés bancario corriente, sin que exceda la tasa máxima permitida por la Ley.
Así mismo, deberá informar mensualmente, dentro de los quince primero días calendario del mes siguiente, el valor de las compensaciones a favor de la entidad, causadas en el mes anterior, debidamente certificadas.
En el evento en que la certificación e informe de que trata el presente numeral, no se alleguen a la Comisión dentro de los términos previstos, el Concesionario se hará acreedor de las sanciones a que haya lugar por incumplimiento”.
5.6.2. Para la liquidación de los pagos por compensación, Cablecentro se obligó así mismo a:
“Enviar a la Comisión una certificación trimestral suscrita por el representante legal y contador o revisor fiscal, según el caso, del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación del servicio. Así mismo deberá informar mensualmente a la Comisión Nacional de Televisión, dentro de los quince (15) primero días calendario del mes siguiente, el valor de las compensaciones a favor de la Entidad, causadas en el mes anterior debidamente certificadas” (cláusula 12, num. 11).
5.6.3. En la cláusula 20 se pactó, por otra parte, que:
“Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la interpretación, modificación y/o terminación unilateral de éste, se dará aplicación a los dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, o a las normas que la modifique, adicionen o aclaren”.
5.6.4. Y, conforme a la cláusula 26ª del Contrato de Concesión 208 de 1999:
“Forman parte integral del contrato de concesión los documentos aportados para la suscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Operadores del Servicio Público de Televisión por Suscripción y las resoluciones de inscripción correspondiente, el pliego de condiciones y las adendas y avisos, la propuesta de EL CONCESIONARIO, incluyendo todos sus anexos, los reglamentos del servicio público de televisión expedidos por LA COMISIÓN, la resolución de adjudicación de la licitación y todos los documentos, actas y resoluciones que se produzcan en desarrollo del objeto contractual”.
5.7. La junta directiva de la CNTV emitió el acuerdo núm. 003 del 13 de noviembre de 2001 (“Acuerdo 3 de 2001”), con el que resolvió modificar el artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997, que quedó de la siguiente manera:
“Los concesionarios de televisión por suscripción y las sociedades autorizadas para prestar el servicio de televisión satelital directa al hogar, pagarán directamente a la Comisión Nacional de Televisión, como compensación por la explotación del servicio, el siete punto cinco por ciento (7.5%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación de estos servicios, en la forma que resulte de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente período de causación, por la tarifa de suscripción cobrada al usuario” (artículo 2).
Sobre la forma de pago de la tasa de compensación, se determinó:
“El valor de la compensación deberá ser pagado mensualmente por aprte de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción y por parte de las sociedades autorizadas para la prestación del servicio de televisión satelital. Para tal fin, deberán presentar dentro de los quince días calendario siguientes al vencimiento del respectivo mes, una autoliquidación sobre los valores causados, la cual contendrá el número de usuarios y el valor de la tarifa cobrada, de conformidad con el formato contenido en el Anexo que forma parte integral del presente acuerdo; la autoliquidación deberá presentarse debidamente firmada por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal de la sociedad, según el caso. El concesionario o la sociedad autorizada, tendrán un plazo máximo de quince días calendario contados a partir de la fecha límite para presentar la correspondiente autoliquidación, para efectuar su pago.
Si el concesionario o la sociedad autorizada no presentan la respectiva autoliquidación dentro del término previsto en el presente artículo, la Comisión Nacional de Televisión, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, procederá a efectuar la correspondiente liquidación oficial, tomando como base la anterior autoliquidación presentada, incrementada en un diez por ciento (10%).
La no cancelación del valor de la compensación dentro del plazo señalado, causará a favor de la Comisión Nacional de Televisión la tasa máxima de interés moratorio certificada por la Superintendencia Bancaria” (artículo 3).
Además, se estableció en este acuerdo que las anteriores tarifas se aplicarían a partir de los valores causados en octubre de 2001 y que los concesionarios de televisión por suscripción con contrato vigente tendrían un plazo para la suscripción del correspondiente otrosí hasta el 26 de diciembre de 2001.
Como fundamento de lo anterior, la CNTV tomó en consideración, principalmente: (i) que conforme al parágrafo 2º del artículo 8 de la Ley 335 de 1996, que modificó el artículo 43 de la Ley 182 de 1995, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción continuarían cancelando la compensación establecida en el artículo 49 de la Ley 182 de 1995, cuyo valor le corresponde fijar a la junta directiva de la CNTV; y que (ii) el artículo 6 de la Ley 680 de 2001 la “autoriza […] para que revise, modifique y restructure, entre otros aspectos, los actuales contratos con los concesionarios de televisión por suscripción, así como los contratistas de otras modalidades del servicio público de televisión, en materia de rebajas de tarifas, forma de pago, adición compensatoria del plazo de los contratos, y otros aspectos que conduzcan a la normal prestación del servicio público de televisión”.
5.8. El pago de la compensación estipulada en el Contrato de Concesión 208 de 1999 fue modificado con el otrosí núm. 3 suscrito el 12 de julio de 2002 (“Otrosí 3”), tomando en consideración, fundamentalmente, que: (i) el artículo 8 de la Ley 355 de 1996, que modificó el artículo 43 de la Ley 182 de 1995, facultó a la CNTV para fijar el valor de la compensación que deben pagar los concesionarios de televisión por suscripción; (ii) el artículo 6 de la Ley 680 autorizó a la CNTV para revisar, modificar y restructurar los contratos de concesión de televisión por suscripción, “en materia de rebaja de tarifas, forma de pago, adición compensatoria del plazo de los contratos y otros aspectos que conduzcan a la normal prestación del servicio publico de televisión”; (iii) en sesión de la Junta Directiva de la CNTV celebrada el 7 de noviembre de 2001, adoptó las decisiones sobre los contratos de televisión por suscripción y expidió el Acuerdo 3 de 2001, con el que se modificó la compensación; (iv) que la celebración de acuerdos de pago había sido regulada en la resolución núm. 424 del 7 de mayo de 2002; (v) que Cablecentro había solicitado la suscripción de un acuerdo de pago el 18 de febrero y el 7 de mayo de 2002; y que (vi) dicho acuerdo había sido aproado por la Junta Directiva, en sesión del 12 de julio de 2002.
En atención a lo anterior, la CNTV y Cablecentro modificaron las cláusulas 7ª y 8ª del Contrato de Concesión 208 de 1999, que quedaron así:
“CLAUSULA 7. PAGO DE LA COMPENSACIÓN. El Concesionario deberá pagar directamente a la Comisión Nacional de Televisión como compensación por la explotación del servicio de televisión por suscripción, el siete punto cinco por ciento (7.5%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación de este servicio, en la forma que resulta de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente período de causación por la tarifa de suscripción cobrada al usuario.
Así mismo deberá cancelar el diez (10%) por ciento de los ingresos brutos mensuales, percibidos por concepto de pauta publicitaria.
[…]
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN. EL CONCESIONARIO pagará la compensación de que trata la cláusula anterior mensualmente. Para tal fin, deberá presentar dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo mes, una autoliquidación sobre los valores causados, la cual contendrá el número de usuarios y el valor de la tarifa cobrada, de conformidad con el anexo que forma parte integral del acuerdo 003 de 2001, o aquel que lo modifique o sustituya, debidamente suscrita por el representante legal y el contador o Revisor Fiscal, según el caso. EL CONCESIONARIO, tendrá un plazo máximo de quince días contados a partir de la fecha límite para presentar la correspondiente autoliquidación, para efectuar su pago.
Si el concesionario no presenta la respectiva autoliquidación dentro del término previsto en la presente cláusula, la Comisión Nacional de Televisión, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, procederá a efectuar la correspondiente liquidación oficial, tomando como base la anterior liquidación presentada, incrementada en un diez por ciento (10%).
La no cancelación del valor de la compensación dentro del plazo señalado, causará a favor de la Comisión Nacional de Televisión la tasa máxima de interés moratorio certificada por la Superintendencia Bancaria.
En el evento en que la autoliquidación de que trata la presente cláusula, no se allegue a LA COMISIÓN dentro del término previsto, EL CONCESIONARIO se hará acreedor a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento” (cláusulas 1ª y 2ª).
En línea con lo anterior, fue modificada asimismo la obligación de concesionario de presentación de liquidaciones pactada en la cláusula 12 núm. 11, previamente referida, de la siguiente manera:
“Enviar a LA COMISIÓN, dentro de los quince (15) primeros días calendario siguientes al vencimiento del respectivo mes, la autoliquidación sobre los valores causados por concepto de compensación, debidamente firmada por el representante legal y el contador o Revisor Fiscal de la sociedad, según el caso, la autoliquidación deberá contener el número de usuarios y el valor de la tarifa cobrada, de conformidad con el formato contenido en el Anexo del Acuerdo 003 de 2001, o de aquel que lo modifique o sustituya” (cláusula 4ª).
5.9. Mediante auto de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2003, se decretó la suspensión de las siguientes expresiones del Acuerdo 3 de 2001:
«De ARTICULO SEGUNDO, la expresión inicial del inciso segundo “Los concesionarios de televisión por suscripción. Y..”
Del ARTICULO TERCERO. DE LA FORMA DE PAGO DE LA COMPENSACION, la expresión del inciso primero: “... por parte de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción y por... El concesionario o ...”
Del mismo ARTICULO TERCERO, la expresión del inciso segundo: “Si el concesionario o ..”
Del ARTICULO QUINTO, la expresión inicial: “Los concesionarios de televisión por suscripción y…”».
5.10. La anterior providencia fue confirmada por medio de auto proferido por la Sección Tercera el 24 de julio de 2003, en el proceso con el mismo número de radicación.
5.11. Mediante sentencia C-351 del 20 de abril de 2004, la Corte Constitucional declaró: (i) la exequibilidad del “parágrafo del artículo 6º de la Ley 680 de 2001, en el entendido de que el mismo sólo se trató de una suspensión temporal, por tres meses, y, por ende, el literal g) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995 se encuentra vigente”; y (ii) la inexequibilidad de la expresión acusada del último inciso del artículo 6º de la Ley 680 de 2001.
5.12. La Junta Directiva de la CNTV adoptó el acuerdo núm. 002 del 18 de mayo de 2004 (“Acuerdo 2 de 2004”). Consideró que el Consejo de Estado había suspendido provisionalmente el Acuerdo 3 de 2004 pero, con la declaración de exequibilidad condicionada e inexequibilidad e incisos del artículo 6 de la Ley 680 de 2001 que se había producido, habían desaparecido los fundamentos legales de su suspensión, por lo que la fijación de tarifas procedía, conforme al literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 y el artículo 158 del CCA. En razón a ello, decidió fundamentalmente:
“ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR. Los concesionarios de televisión por suscripción, cableada y satelital directa al hogar (DTH), pagarán directamente a la Comisión Nacional de Televisión, como compensación por la explotación del servicio, el siete punto cinco por ciento (7.5%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación de estos servicios, en la forma que resulte de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente período de causación, por la tarifa de suscripción cobrada al usuario.
ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO. El valor de la compensación deberá ser pagado mensualmente por parte de los concesionarios des servicio de televisión por suscripción, cableada y satelital directa al hogar (DTH). Para tal fin, deberán presentar dentro de los quince días calendario siguientes al vencimiento del respectivo mes, una autoliquidación sobre los valores causados, la cual contendrá el número de usuarios y el valor de la tarifa cobrada, de conformidad con el formato contenido en el Anexo que forma parte integral del presente acuerdo; la autoliquidación deberá presentarse debidamente firmada por el representante legal y el contador o revisor fiscal de la sociedad, según el caso. El concesionario, tendrá un plazo máximo de quince días calendario contados a partir de la fecha límite para presentar la correspondiente autoliquidación, para efectuar su pago.
Si el concesionario no presenta la respectiva autoliquidación dentro del término previsto en el presente artículo, la Comisión Nacional de Televisión, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, procederá a efectuar la correspondiente liquidación oficial, tomando como base la anterior autoliquidación presentada, incrementada en un diez por ciento (10%).
La no cancelación del valor de la compensación dentro del plazo señalado, causará a favor de la Comisión Nacional de Televisión la tasa máxima de interés moratorio certificada por la Superintendencia Bancaria”.
5.13. La Sección Tercera del Consejo de Estado profirió autos del 2 de febrero de 2005, con el que suspendió provisionalmente el Acuerdo 2 de 2004.
5.14. En autos del 28 de abril de 2005, la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió no reponer el auto de 2 de febrero de 2005, con el que había suspendido el Acuerdo 2 de 2004.
5.15. El 23 de mayo de 2005, el director de la CNTV expidió la circular núm. 11 (“Circular 11 de 2005”), con la que informó a los concesionarios del servicio de televisión por suscripción cableada que, por la suspensión de las modificaciones que se produjeron con el Acuerdo 2 de 2004, la tarifa a pagar por compensación sería del 10%, prevista en el artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997, que no había sido derogado, y que se preveía en la cláusula 7ª de los contratos de concesión. Agregó que en caso de que no fuera pagado oportunamente, tendría lugar el cobro los intereses moratorios estipulados.
5.16. La Junta Directiva de la CNTV expidió el acuerdo núm. 03 del 21 de septiembre de 2005 (“Acuerdo 3 de 2005”), en la que manifestó haber agotado el trámite previsto en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995 y adoptó una tarifa de compensación del 10% de los ingresos brutos mensuales, para los concesionarios del servicio de televisión por suscripción(artículo 2º), con el cobro de intereses moratorios máximos certificados por la Superintendencia Bancaria en caso de que no se pagara oportunamente (artículo 3º).
5.17. El 17 de mayo de 2006, la CNTV remitió facturas por concepto de ajuste en la tarifa de compensación más intereses causados por lo dejado de reportar y cancelar por tal concepto entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre de 2005, cuando entró en vigor el Acuerdo 3 de 3005, “con sus respectivas notas debito de intereses causados al corte 30 de abril de 2006”, en las que se cobraba un capital total de $2.770’181.495, más intereses de mora de $427’235.035, para un gran total de $3.197’416.530.
5.18. El 5 de junio de 2006, Cablecentro manifestó que no reconocía la deuda que la CNTV pretendía cobrar con las facturas enviadas, debido a que la Circular 11 de 2005 no tenía carácter vinculante y, al ordenarse la suspensión provisional del Acuerdo 2 de 2004, se aplicaría la tarifa del 3% indicada por el Consejo de Estado.
5.19. La junta directiva de la CNTV emitió la resolución núm. 955 del 20 de septiembre de 2006 (“Resolución 955 de 2006”), en la que ordenó principalmente:
“Ordenar a la sociedad UNIÓN DE CABLEOPERADORES DEL CENTRO – CABLECENTRO S.A., el pago a LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN de las siguientes sumas: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.770’181.495) y como intereses de mora la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($427’235.035) para un total de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($3.197’416.530), por concepto de ajuste en la tarifa de compensación, con sus respectivas notas débito de intereses causados al corte 30 de abril de 2006, las cuales se originaron de los valores dejados de reportar y cancelar, durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2005. Lo anterior, conforme a las facturas Nos. 16200, 16179, 16184, 16189 y 16194, expedidas por la Comisión Nacional de Televisión, las cuales forma parte integral de la presente resolución”.
Como fundamento de su decisión, la CNTV tomó en consideración que: (i) en el Contrato de Concesión 208 de 1999 se había pactado el pago por compensación del 10% del total de los ingresos brutos mensuales provenientes de la prestación del servicio de televisión por suscripción; (ii) el Acuerdo 14 de 1997, en el que se definía dicha tarifa, fue modificado por los Acuerdos 3 de 2001 y 2 de 2004; (iii) en la Circular 11 de 2005, la CNTV informó a los concesionarios que, en acatamiento de la orden de suspensión de los Acuerdos 3 de 2001 y 2 de 2004, la tarifa de compensación sería del 10%, conforme al artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997 y la cláusula 7ª de los contratos de concesión; (iv) el Acuerdo 3 de 2005 facultó a la CNTV para realizar la liquidación oficial de la compensación, con intereses moratorios, cuando el concesionario hubiera incumplido; y que (vi) había remitido facturas para el cobro del ajuste de la tarifa de compensación, con intereses moratorios, que habían sido desconocidas por Cablecentro.
5.20. La junta directiva de la CNTV profirió la resolución núm. 0086 del 6 de febrero de 2007 (“Resolución 86 de 2007”), con la que desestimó el recurso de reposición contra el anterior acto, interpuesto por Cablecentro, y lo confirmó íntegramente, al considerar que: (i) el Acuerdo 14 de 1997 no había sido derogado, sino que recobró vigencia por la suspensión de los Acuerdos 3 de 2001 y 2 de 2004, como lo había precisado en la Circular 11 de 2005, por lo que el cobro se apoya en aquel acuerdo y en la cláusula 7ª del Contrato 208 de 1999, lo que Cablecentro omitió al presentar autoliquidaciones con una tarifa del 3%; (ii) “al tenor literal de la cláusula séptima del Contrato de Concesión 208 de 1999, […] no establece una tarifa de compensación en un 7,5%, como lo afirma el recurrente, sino en un 10%”; (iii) no aplicó retroactivamente el Acuerdo 3 de 2004, ya que la tarifa de compensación se fijó en un 10% inicialmente y en el momento de la liquidación, lo que había puesto en conocimiento de Cablecentro con la remisión de facturas; (iv) la Resolución 955 de 2006 había sido proferida en ejercicio de las competencias que a la CNTV le confieren los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución y el literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, conforme a lo considerado en la sentencia C-298 de 1999; y que (v) no era un asunto dirimible por vía arbitral, ya que la legalidad de actos administrativos no era transigible, como lo consideró la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 8 de junio de 2000 (exp. 16973).
VI. SOBRE LA VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES 955 DE 2006 Y 86 DE 2007, POR BASARSE LAS LEYES 186 DE 1995, 355 DE 1996, EL ACUERDO 14 DE 1997 Y EL CONTRATO DE CONCESIÓN 208 DE 1999
6.1. El precio de la compensación por la concesión del servicio público de televisión por suscripción, como el que se ordena pagar en los actos demandados, tiene un carácter eminentemente contractual. Como lo precisó esta Corporación al pronunciarse sobre la validez de la tarifa de compensación fijada para los concesionarios del servicio de correspondencia pública vía radio, estos derechos a favor del Estado no son impuestos, tasas ni contribuciones especiales. No son, en definitiva, contribuciones fiscales en sentido general. En consideración a ello y atendiendo a sus pronunciamientos previos, la Corte Constitucional, al decidir sobre la exequibilidad de la fijación de tarifas para los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, precisó que:
«[…] ese tipo de “contraprestaciones” se reconocen en la teoría de la Hacienda Pública con el nombre de “precios públicos”, los cuales se predican de los ingresos no tributarios del Estado que surgen como erogación pecuniaria de contrapartida directa, personal y conmutativa a cargo de los beneficiarios, cuya causa jurídica es -como ya se señaló- la autorización para acceder al uso temporal de bienes y servicios de propiedad estatal.
Tanto las tasas como los precios públicos parten en principio del mismo supuesto, esto es, el Estado entrega bienes o presta servicios frente a los cuales es posible obtener a cambio una retribución. Sin embargo, mientras que en el caso de los “precios públicos” la obligación surge de una relación eminentemente contractual o voluntaria fundada en el postulado de la autonomía de la voluntad (origen ex contractu); en tratándose de las tasas dicha obligación emana de la potestad tributaria del Estado que se ejerce mediante ley (origen ex lege).
En este sentido, mientras que el contribuyente en el caso de las tasas a partir de su solicitud, se compromete de manera coercitiva con el pago de una suma de dinero en la recuperación del costo que le implica al Estado la prestación de una actividad, bien o servicio de interés público o general; el beneficiario en el caso de los precios públicos asume el compromiso de pagar una remuneración como contraprestación conmutativa por un bien o servicio que se demanda siempre de forma voluntaria, en aras de obtener una ventaja o utilidad económica frente al resto de la población como beneficio derivado de la cancelación de dicha erogación pecuniaria.
[…]
En conclusión, las contraprestaciones que surgen por el permiso para el uso del espectro electromagnético, por la autorización para la instalación de redes de telecomunicaciones y por las concesiones que legitiman la prestación de los servicios de transmisión de datos, tienen la naturaleza de ingresos no tributarios del Estado, cuyo origen es la expedición de un título habilitante de raigambre voluntario o contractual, sujeto a la previa y expresa aprobación del Estado. No se trata de obligaciones tributarias pues lejos de tener su fuente en un acto legal impositivo, proceden de la libre iniciativa de un particular que pretende beneficiarse o lograr un margen de utilidad por el uso o la explotación de un bien de propiedad exclusiva del Estado, el cual, en este caso, son los canales radioeléctricos y demás medios de transmisión.
En este mismo sentido, el Estatuto General de la Contratación Administrativa, en el artículo 33, como desarrollo del postulado de autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 32 la Ley 80 de 1993, señala que los servicios y actividades de las telecomunicaciones se someten a un régimen contractual. El citado precepto legal en cuanto a la posibilidad de ser incorporado en la ley general de contratación de la administración pública fue declarado exequible en sentencia C-949 de 2001» (subrayado añadido).
Esta posición fue acogida por la Sala en sentencia del 19 de noviembre de 2012, en la que, al resolver sobre la validez del Acuerdo 14 de 1997 en el que la CNTV fijó la tarifa de compensación del 10% por la prestación del servicio de televisión por suscripción, consideró que “se trata de precios públicos, que son eminentemente voluntarios o contractuales y que, por tanto, no pueden considerarse tributos […] que proceden de la libre iniciativa de un particular que pretende beneficiarse por el uso o explotación de un bien de propiedad exclusiva del Estado, y obedecen a una remuneración obvia por la utilización de un bien público”.
6.2. Pese a que la aceptación del pago del precio de compensación para concesionarios del servicio de televisión por suscripción se definía en el marco de la autonomía negocial, la fijación de su monto concreto no era disponible. El poder constitucional de regulación atribuido a la CNTV, con sujeción a la ley pero con total autonomía de otras autoridades administrativa, fue desarrollado en los artículos 5 literal g) y 13 de la Ley 182 de 1995, de conformidad con los cuales, la fijación del monto de la compensación le correspondía a la CNTV, con la participación de interesados, y tomando en consideración, en ello: la cobertura geográfica; la población total; el ingreso per cápita en el área de cubrimiento; la recuperación de los costos del servicio público de televisión; la participación en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del servicio; y, finalmente, los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, criterios a los que no se hace referencia en el texto de los actos demandados. En definitiva, como autoridad administrativa de carácter técnico y con facultades regulatorias, la CNTV, al fijar la compensación para el servicio de televisión por suscripción, debía tener en cuenta “ciertos parámetros que le permiti[eran] hacer un análisis del impacto social y económico de sus decisiones, en atención a las características propias del servicio público que estaba regulando, dada su importancia y trascendencia para el interés público”.
6.3. Si bien, la determinación del monto de la tarifa de compensación para concesionarios del servicio de televisión por suscripción no era de libre disposición, ello no significaba que en cuanto contraprestación (precio público) perdiera su carácter contractual; carácter que ha sido reconocido por la jurisprudencia administrativa y constitucional, así como por Cablecentro y la CNTV, al suscribir el Contrato de Concesión 208 de 1999 y el Otrosí 3, en los que se fijó y modificó tal precio. El pacto de un precio de compensación diferente al establecido por la CNTV podría incidir en la ilicitud del objeto contratado, sin que ello se traduzca en una modalidad de poder de imposición directa de la tarifa mediante acto administrativo general de la CNTV, con desconocimiento de lo estipulado en los contratos que ya hubiera celebrado y que, conforme al artículo 1602 del CC, tenían fuerza vinculante para ella. Lo contrario, esto es, la imposición directa y coercitiva de la tarifa de compensación por la autoridades, desnaturalizaría este precio público, equiparándolo a una tasa, con el sometimiento al principio de legalidad que ello implica.
Como se mencionó anteriormente, la jurisprudencia ha precisado que la compensación a cargo de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción requiere, a diferencia de las tasas, la celebración de un contrato conmutativo, en el que, en ejercicio de la autonomía negocial, las partes contratantes regulan sus intereses y deciden si aceptan, o no, el precio prefijado de la compensación por el uso de bienes que permiten la prestación del servicio de comunicaciones concesionado.
La fuente directa de la tarifa de compensación es, pues, de carácter netamente contractual y, en este caso, dicha tarifa fue estipulada en el Contrato de Concesión 208 de 1999 y en el Otrosí 3, en los que fue fijada en un 10% y 7,5% —respectivamente— del total de los ingresos brutos provenientes exclusivamente de la prestación del servicio de televisión por suscripción, conforme a lo previsto en los Acuerdos 14 de 1997 y 3 de 2001 que entonces se encontraban vigentes, al momento de la suscripción del Contrato 208 de 1999 y del Otrosí 3, sin que la declaración de tales actos afectara aquellos negocios jurídicos, como lo determinó la Sala.
6.4. No puede pasarse por alto, por demás, que en el contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, salvo las concernientes al modo de reclamación en juicio y que establecen penas para la infracción de lo estipulado. En razón a ello, tampoco podrían incorporarse directamente al Contrato de Concesión 208 de 1999 y al Otrosí 3, los actos que, como el Acuerdo 2 de 2004 y la Circular 11 de 2005, modificaron el precio de la compensación. La modificación del precio de compensación requería así la suscripción de un acuerdo modificatorio, como procedieron la CNTV y Cablecentro al firmar el Otrosí 3.
6.5. Conforme a lo convenido en el Contrato de Concesión 208 de 1999 y a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, la facultad excepcional de modificar unilateralmente el contrato es un medio de la Administración para el cumplimiento de los fines de la contratación y para evitar la paralización o afectación grave del servicio a satisfacer, a través de acto en el que deberá reconocerse el pacto de compensaciones a que hubiera lugar, para el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Sin embargo, la CNTV tampoco acudió a dicho mecanismo, para la modificación del precio de compensación.
6.6. Ahora bien, en las Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007, cuya nulidad se depreca, la CNTV se basó en las cláusula 7ª del Contrato de Concesión 208 de 1999 —sin hacer referencia alguna al Otrosí 3—, así como en el Acuerdo 14 de 1997 y la Circular 11 de 2005, con base en los cuales determinó que la tarifa de compensación correspondía al 10% del total de los ingresos brutos provenientes exclusivamente de la prestación del servicio de televisión por suscripción, y no el 7,5%, fijado en la disposición de carácter eminentemente contractual con la que, como tal, había sido estipulado este precio público, que la CNTV omitió por completo, incluso ante la advertencia de la empresa recurrente en vía gubernativa.
Al ordenar así el pago del reajuste de la tasa de compensación del Contrato de Concesión 208 de 1999 con una tarifa del 10%, la CNTV desatendió a la fijación pactada de dicho precio público en un 7,5%, para basarse en el Acuerdo 14 de 1997 y la Circular 11 de 2005, cuya nulidad ha sido, por demás, declarada por esta Subsección. Por tanto, la Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007 infringieron las normas en que deberían haberse fundado, por lo que —conforme al artículo 84 del CCA— se confirmará la declaración de nulidad de las Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007.
6.7. La Sala advierte que, de conformidad con lo anterior, no está llamada a prosperar la pretensión de declaración de que la tarifa de compensación para los contratos de concesión para el servicio de televisión por cable, en el período comprendido entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre de 2005, es del 3% de los ingresos brutos mensuales por la prestación del servicio, que fue estimada en la segunda disposición de la parte resolutiva del fallo apelado, al ordenar el reintegro de todas las sumas pagadas por Cablecentro canceladas con fundamento en las Resoluciones 955 de 2006 y 86 de 2007.
Conforme a lo razonado en esta providencia y ante la desestimación de la pretensión segunda, se impone la estimación de la pretensión que en subsidio de esta formuló la demandante, con la que depreca que se declare que la tarifa de compensación del Contrato de Concesión 208 de 1999 para el período comprendido entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre de 2005 es de 7,5% de los ingresos brutos mensuales por la prestación del servicio, de conformidad con el Otrosí 3. En consecuencia, la segunda disposición de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia será modificada.
VII. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el caso concreto, actuación temeraria por parte del demandante, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), por las razones expuestas en esta providencia, y MODIFICAR la disposición segunda de su parte resolutiva, que quedará de la siguiente manera:
“SEGUNDO. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá reintegrar a la Unión de Cableoperadores del Centro Cablecentro S.A., debidamente indexadas, las sumas que, en exceso de la tarifa de compensación del 7,5%, esta hubiera cancelado en cumplimiento las resoluciones núm. 955 del 20 de septiembre de 2006 y 0086 del 6 de febrero de 2007, si a ello hubiera lugar”.
SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica a Oscar Yecid Ibáñez Parra, como apoderado judicial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los términos del poder otorgado.
TERCERO: SIN CONDENA en costas.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaro voto
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Folio 27 (anverso) del cuaderno 1. Folios 1 a 27 del cuaderno 1. Auto del 13 de diciembre de 2008, folio 43 del cuaderno 1. Folio 45 del cuaderno 1. Folios 46 a 127 del cuaderno 1. Folios 141, 142, 154 y 155 del cuaderno 1. Folio 171 del cuaderno 1. Folios 172 a 197 del cuaderno 1. Folios 198 a 207 del cuaderno 1. Folios 216 y 217 del cuaderno 1. Folio 253 del cuaderno 1. Exp. 31571. Folios 255 a 265 del cuaderno principal.
“PRIMERO: Declárese la nulidad de las Resoluciones Nos. 955 del 20 de septiembre de 2006 y 0086 del 6 de febrero de 2007, proferidas por la Comisión Nacional de Televisión, por concepto de ajustes a la tarifa de compensación. || SEGUNDO. La Comisión Nacional de Televisión deberá reintegrar a la Unión de Cableoperadores del Centro Cablecentro S.A., debidamente indexadas, las sumas que esta haya cancelado con fundamento [sic] en las resoluciones Nos. 955 del 20 de septiembre de 2006 y 0086 del 6 de febrero de 2007. || TERCERO: Cúmplase la sentencia en los términos del artículo 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. CUARTO: Expídanse por la Secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del C. de P. C. y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. QUINTO: Sin condena en costas. Sexto: Por la Secretaría líbrese las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de este fallo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 177 del C.C.A. y 362 del C.P.C.”. Autoridad Nacional de Televisión (“ANTV”) en ese momento. Folios 267 a 306 del cuaderno principal. Que sólo sería derogado posteriormente con el Acuerdo 10 de 2006. Folios 361 y 362 del cuaderno principal. Auto del 26 de agosto de 2014, folio 363 del cuaderno principal. Auto del 5 de noviembre de 2014, folio 367 del cuaderno principal. Auto de 3 de noviembre de 2014, folio 370 del cuaderno principal. Folios 371 a 384 del cuaderno principal. Folio 384 a 388 del cuaderno principal. Folio 389 del cuaderno principal. Folios 433 a 435 del cuaderno principal. Folio 432 del cuaderno principal. Folios 441 a 448 del cuaderno 1. Hechos 2.19 y 2.20. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. || La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2018, exp. 55972, fundamento jurídico 3.2.2. Folio 43 del cuaderno 1. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 16 de junio de 1997, exp. 10882; auto del 19 de marzo de 1998, exp. 14097; sentencia del 16 de marzo de 2005, exp. 27934; y sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 18395, entre otras. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, auto del 14 de septiembre de 2018, exp. 53392; y sentencia del 28 de junio de 2019, exp. 44009. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 82. “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”. LEY 182 DE 1995. “Artículo 3º. El organismo al que se refieren los artículos 76 y 77 de la Constitución Política se denominará: Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Dicha entidad es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y con la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos”. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 132.
Modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 597 de 1988 y por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998. “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. [Modificado por el artículo 1 del Decreto 2269 de 1987]. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. En la demanda (f. 25 c. 1) la cuantía fue estimada en $3.297’416.530, suma superior a los 500 SMMLV exigidos, que en el año 207 equivalía a $ 216’850.000, según el Decreto 1580 de 2006. Copia auténtica a folios 29 y 30 del cuaderno 2. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14667, FJ 2.1.1. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. “Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación del 1º de agosto de 2019, exp. 62009. Folio 27 (anverso) del cuaderno 1. Folios 38 a 53 del cuaderno 2. Aptado. 2.8.
“Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, autos del 22 de mayo de 2008, rad. núm. 25000-23-24-000-2005-01346-02; y del 13 de octubre de 2016, rad. núm. 25000-23-41-000-2012-00652-01. Copia auténtica a folios 451 a 461, y copia simple a folios 83 a 120 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 222 a 224 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 230 a 353 del cuaderno 2. Hecho 5.6. Copia auténtica a folios 356 a 358 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 389 a 415 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 416 a 432, y copia simple a folios 38 a 53 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 462 y 463 del cuaderno 1. Rad. núm. 11001-03-26-000-2002-00038-01(23410). Expediente D-4877. Subrayado añadido.
“Parágrafo. Para efectos de la reestructuración de las tarifas prevista en este artículo derogase el literal g) del artículo quinto (5°) de la Ley 182 de 1995”. Copia auténtica a folios 468 y 469 del cuaderno 2. Rad. núm. 11001-03-26-000-2004-00019-00 (27727) y 11001-03-26-000-2004-00049-00(28968). Rad. núm. 11001-03-26-000-2004-00019-00 (27727) y 11001-03-26-000-2004-00049-00(28968). Copia auténtica a folios 494 y 495 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 472 a 477 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 510 a 535 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 536 y 537 del cuaderno 2. Copia auténtica a folios 538 a 543 del cuaderno 2.
Copia auténtica a folios 548 a 566 del cuaderno 2.
«Es evidente que el pago de los derechos a que hace referencia la norma demandada, en relación con los concesionarios del servicio de correspondencia pública por vía radio, es adicional a los derechos previstos en el artículo 11 del Decreto 224 / 88, para ese mismo tipo de servicios, no obstante lo cual, no puede considerarse ilegal su cobro por cuanto el Decreto 129 de 1976, en parte alguna restringió los conceptos que daban lugar a los derechos que deben pagar los concesionarios, motivo éste que lleva a la conclusión de que el Gobierno estaba facultado para prever dentro de los derechos ese “cobro adicional”. || Ahora bien, respecto del argumento de que el Presidente de la República no tenía facultad para expedir el acto acusado, pues la facultad impositiva recae específicamente en el Congreso, se precisa que los derechos previstos en el acto acusado no son impuestos, tasas, ni contribuciones especiales, tal como los califica el actor, ya que no reúnen los requisitos de ninguno de los gravámenes en mención. || En efecto, no son impuestos, por cuanto de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Corporación, dicho gravamen tiene como característica primordial el que su pago, de carácter obligatorio, no tiene una destinación específica sino que corresponde a la “retribución genérica por la prestación en abstracto de servicios estatales”(Expediente 3827, Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano), y los derechos que se cuestionan no se asemejan siquiera a la noción en mención, máxime si se tiene en cuenta que sólo deben pagarlos quienes deseen utilizar los canales radioeléctricos de propiedad exclusiva del Estado. || Tampoco nos encontramos en presencia de una tasa, pues la misma según la jurisprudencia obedece a una relación económica expresada en el pago del costo que hace el usuario de un servicio público prestado, caracterizado por existir una contraprestación y el factor de voluntariedad (Expediente No. 2864, Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate), ni se trata de una contribución especial, es decir del ingreso con destinación específica y retribución percibible (Expediente 3817, Consejero Ponente: Dr. Chahín Lizcano), pues los derechos que se causan a favor del Ministerio de Comunicaciones, se cancelan como contraprestación por el uso o la explotación de un bien de propiedad exclusiva del Estado (los canales radioeléctricos para telecomunicaciones según lo prevé el decreto 3418 de 1954), con características de inenajenable e imprescriptible, y no a título de costo, sino como remuneración obvia por la utilización de un bien público. || Así la cosas, y al no corresponder los derechos que se pagan a favor del Ministerio de Comunicaciones a la noción de contribución fiscal en sentido general, si podía el Gobierno, previa y debidamente autorizado por el legislador (extraordinario, en el presente caso), fijar los derechos correspondientes a los servicios de radiocomunicaciones». CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, sentencia del 4 de agosto de 1995, rad. núm. 5681. DECRETO 224 DE 1988. “Articulo 14. Los concesionarios del servicio de correspondencia pública vía radio, pagarán al Ministerio de Comunicaciones, como compensación por la utilización y explotación de los canales radioeléctricos del Estado, el cinco por ciento (5%) de los ingresos provenientes, exclusivamente de la operación y prestación del servicio, en la forma que resulte de multiplicar el número de abonados durante el periodo de casación por la tarifa total cobrada al abonado en el mismo período, la cual no podrá desagregarse para ningún efecto. || Cada seis (6) meses el concesionario enviará al Ministerio de Comunicaciones una relación detallada de los ingresos percibidos en el período correspondiente certificada por Contador Público y pagar la suma a que se refiere el presente articulo dentro de los quince (15) días siguientes al semestre de su casación. || Parágrafo.
Se exceptúan de este cobro las empresas telefónicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal”. En este sentido: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2021, exp. 44248, párr. 48. Sentencias C-047 de 1994 y C-303 de 1999. LEY 72 DE 1989. “Artículo 7º. Las concesiones podrán otorgarse por medio de contratos o en virtud de licencias, según lo disponga el Gobierno, y darán lugar al pago de derechos, tasas o tarifas que fije el Ministerio de Comunicaciones, a excepción las que corresponda fijar a Inravisión y a las organizaciones regionales de Televisión”. DECRETO-LEY 1900 DE 1990. “Artículo 59. Todas las concesiones, autorizaciones, permisos y registros de que trata el presente Decreto darán lugar, sin excepción alguna, al pago de derechos, tasas o tarifas a la entidad otorgante. Su fijación la hará el Ministerio de Comunicaciones, en los términos señalados en la Ley 72 de 1989. || Estos cobros podrán ser fijos o tomar la forma de participaciones porcentuales, o establecerse según el número de usuarios o por unidad de volumen de tráfico u otra medida técnica que se considere apropiada, o una combinación de las anteriores”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-927 de 2006. Exp. 31648. Hecho 5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (Artículos derogados y modificados, respectivamente, con los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 2 de 2011). “Artículo 76. La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. || Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior. || Artículo 77. La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo mencionado. || La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al director. Los miembros de la Junta tendrán período fijo. El gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-351 de 2004. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, exp. 23410; y Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 31649. LEY 182 DE 1995. “Artículo 5º. En desarrollo de su objeto, corresponde a la Comisión Nacional de Televisión: […] g) Fijar los derechos, tasas y tarifas que deba percibir por concepto del otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio de televisión, y las que correspondan a los contratos de concesión de espacios de televisión, así como por la adjudicación, asignación y uso de las frecuencias. || Al establecerse una tasa o contribución por la adjudicación de la concesión, el valor de la misma será diferido en un plazo de dos (2) años.
Una vez otorgada la concesión la Comisión Nacional de Televisión reglamentará el otorgamiento de las garantías. || Los derechos, tasas y tarifas deberán ser fijados por la Comisión Nacional de Televisión, teniendo en cuenta la cobertura geográfica, la población total y el ingreso per cápita en el área de cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, así como también la recuperación de los costos del servicio público de televisión; la participación en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del servicio; así como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolística s en el uso del espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio. || Lo dispuesto en este literal también deberá tenerse en cuenta para la fijación de cualquier otra tasa, canon o derecho que corresponda a la Comisión. || Las tasas, cánones o derechos aquí enunciados serán iguales para los operadores que cubran las mismas zonas, áreas, o condiciones equivalentes; […]. Artículo 13. Para la adopción de los actos de carácter general que sean de competencia de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, deberá seguirse siempre el siguiente procedimiento: || a) La Junta Directiva deberá comunicar a través de medios de comunicación de amplia difusión la materia que se propone reglamentar; || b) Se concederá un término no mayor de dos (2) meses a los interesados, para que presenten las observaciones que consideren pertinentes sobre el tema materia de regulación; || c) Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en la información disponible, se adoptará la reglamentación que se estime más conveniente; || d) Dicha reglamentación será comunicada de la manera prevista por la Ley 58 de 1985 o en las normas que la modifiquen o sustituyan”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, exp. 28968. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 31648. Hechos 5.6 y 5.8. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1519. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 9 de mayo de 2011, exp. 31571; y del 19 de noviembre de 2012, exp. 31648.
“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Aptado. 6.1. Hechos 5.6 y 5.8. Hechos 5.1 y 5.7. En la sentencia del 19 de noviembre de 2012 (exp. 31648), esta Subsección declaró la nulidad del Acuerdo 14 de 1997 y, al final, precisó la Sala que han coexistido dos corrientes que sostienen, por un lado, que los efectos de la declaración de nulidad del acto se retrotraen hasta el momento en el que nació a la vida jurídica (ex tunc) o que, por el otro, se producen a partir de la ejecutoria de la providencia declarativa (ex nunc). Agregó que, si bien esta Corporación había acogido mayoritariamente la primera tesis, “[…] no resulta menos cierto que la misma Corporación ha considerado que ello no significa que la declaratoria de nulidad afecte situaciones concretas e individuales que se hayan producido en vigencia del acto que fue declarado nulo.
Dicho de otra forma, sólo las situaciones no definidas son afectadas por la decisión anulatoria; por lo tanto, aquellas situaciones consolidadas deben mantenerse en aras de garantizar la seguridad jurídica y la cosa juzgada. || En consecuencia, la presente decisión no surtirá efectos sobre los contratos de concesión que hayan sido suscritos por la CNTV antes de la ejecutoria de esta sentencia, por tratarse de situaciones concretas y particulares ya definidas”. LEY 153 DE 1887. “Artículo 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. || Exceptúanse de esta disposición: || 1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y || 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo á la ley bajo la cual se hubiere cometido”. Hecho 5.6.3. Hechos 5.19 y 5.20. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 9 de mayo de 2011, exp. 31571; y del 19 de noviembre de 2012, exp. 31648.
“Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. || Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió” (subrayado añadido). Aptado. 2.1.(ii). Aptado. 2.5. Aptado. 2.1.(iv).
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