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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00126-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00126-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de febrero de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-00126-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ ESP
Demandada: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 20 de febrero de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (en adelante EAAB
ESP), a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho2, presentó demanda con el propósito de obtener las
siguientes declaraciones y condenas:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de los artículos cuarto y quinto de la
Resolución No. 3431 del 15 de diciembre de 2011 expedida por la Subdirectora
Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, "por la cual
se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan
otras determinaciones”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 1189 de mayo 3 de 2012
expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, "Por la
cual se decide un recurso de reposición dentro de un trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio y se declara agotada la vía gubernativa”.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución 2408 del 12 de octubre de 2012
emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, “Por medio
de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa se adoptan otras
determinaciones”.

1
Cfr. Índice 20 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 20”, folios 156 y siguientes.
2
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se hagan las siguientes o similares declaraciones:

4.1 Que el Distrito Capital, por conducto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP, no infringió los artículos 30 y 208 del
Decreto 1541 de 1978.

4.2 Que el Distrito Capital, por conducto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá - ESP, no está obligado a pagar la multa impuesta mediante Resolución
No. 3431 del 15 de diciembre de 2011 expedida por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR equivalente a QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
($539.884,800) y confirmada posteriormente a través de la Resolución 1189 de mayo
3 de 2012.

QUINTA: Que se condene en costas, gastos y Agencias en Derecho a la parte
demandada. […]”. (Negrilla y mayúscula del texto).

I.1.2. Los hechos

2.Señaló que el Presidente de la República, a través del Decreto 2675 de 9 de
septiembre de 19533, autorizó la cesión al entonces municipio de Bogotá de “[…]
hasta […]” seis metros cúbicos por segundo (6m3/s) de las aguas del Río Bogotá,
por un tiempo ilimitado.

3. Explicó que el Ministerio de Agricultura, en cumplimiento del Decreto 2675, otorgó
a la EAAB ESP, mediante Resolución 123 de 22 de octubre de 1954, la concesión
para el uso ilimitado de las aguas del río Bogotá. Por ello, la empresa construyó la
Planta de Tibitoc, cuya entrada en funcionamiento inició el 8 de febrero de 1958.

4.Anotó que la Ley 141 de 16 de diciembre de 19614 adoptó como ley el Decreto
2675 de 1953.

5. Indicó que, mediante Resolución OPSC 026 de 8 de mayo de 2009, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso a la EAAB ESP las
medidas preventivas de suspensión inmediata de los vertimientos en la cuenca del
río Bogotá y la suspensión de captación de aguas del río Teusacá, cuyo punto de
captación se encuentra ubicado en el Embalse de Aposentos del municipio de Sopó.
Igualmente, inició un procedimiento sancionatorio y formuló cargos contra la
empresa por no contar con el respectivo permiso de vertimientos, ni con las
concesiones de agua.

6.Refirió que la autoridad ambiental, a través de las Resoluciones OPSC 30 y
OPSC 31 de 18 de mayo de 2009, aplazó esas medidas por el término de 15 días.

7.Mencionó que el 22 de mayo de 2009 la empresa presentó descargos ante la
autoridad ambiental. Posteriormente, presentó ante la Sección Cuarta del Tribunal

3
“[…] Por el cual se provee a la construcción del acueducto del río Bogotá y se dictan otras disposiciones […]”.
4
Publicada en el Diario Oficial 30694 de diciembre 23 de 1961.

3

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

Administrativo de Cundinamarca una acción de tutela en su contra, procedimiento
judicial resuelto mediante sentencia de 8 de junio de 2009, en el sentido de ordenar
a la CAR la suspensión de las medidas preventivas impuestas a la EAAB ESP.

8.Expuso que la CAR, mediante Resolución OPSC 39 de 19 de junio de 2009,
cumplió la orden judicial y continúo el procedimiento sancionatorio ambiental.

9. Afirmó que la empresa en el oficio 25310-2011-0877 de 23 de diciembre de
2011, reiteró a la CAR la respuesta dada al requerimiento de 10200-2009-1137 de
29 de diciembre de 2009 y le solicitó resolver de fondo la solicitud de concesión de
aguas del río Teusacá presentada en mayo de 2008. Igualmente, mediante oficio
25310-2011-0878 de 23 de diciembre de 2011, requirió la resolución del permiso de
los vertimientos generados por la Planta de Tibitoc al río Bogotá.

10. Manifestóque, mediante Resolución 3431 de 15 de diciembre de 2011, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca declaró responsable a la EAAB
ESP de los cargos primero y cuarto imputados en la Resolución OPSC 26 de 8 de
mayo de 2009 e impuso una multa, por la infracción del artículo 208 del Decreto
1541 de 28 de julio de 19785. Esa decisión se confirmó mediante Resolución CAR
1189 de 3 de mayo de 2012.

11. Anotó que, por Resolución 1972 de 1.° de agosto de 2012, la CAR otorgó a la
EAAB ESP una concesión de aguas “[…] en un caudal de 1.5 m2/s para ser derivada
del Río Teusacá, teniendo como punto de captación el predio Lote No. 1 Aposentos
ubicado en la vereda Aposentos del municipio de Sopó, Cundinamarca, en las
coordenadas N: 1.010.036 y E: 1.010.472 para el uso doméstico, con la finalidad de
cubrir el déficit generado en el sistema de abastecimiento debido a eventuales
contingencias que se presenten durante mantenimientos programados y/o
suspensiones temporales de los diferentes subsistemas […]”.

12. Aludió que la Car negó la solicitud de revocatoria directa de los aludidos actos
por Resolución 2408 de 12 de octubre de 2012.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

13. La EAAB ESP afirmó que los actos acusados se encuentran falsamente
motivados y transgreden los artículos 1.°, 6.°, 29, 209, 334, 365 y 366 de la
Constitución Política; 1.°, 2.°, 3.°, 40, 42, 44, 103 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 42,
51, 60 y 80 del Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 19746; 28 y 208 del Decreto
1541 de 1978; y 1.° (numeral 5) de la Ley 99 de 22 de diciembre de 19937, por las
siguientes razones:

5
“[…] Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y
parcialmente la Ley 23 de 1973 […]”.
6
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. […]”.
7
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones […]”.

4

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

i) Vulneración del debido proceso por el desconocimiento de los derechos
adquiridos

14. Consideró que la interpretación de la CAR de los artículos 30 y 208 del Decreto
1541 de 1978 vulnera el debido proceso porque esa empresa tenía derechos
adquiridos, en virtud de los cuales no tenía que solicitar los permisos referidos por
la autoridad ambiental.

15. Respecto del permiso de vertimientos, señaló que “[…] desde mucho tiempo
atrás, tenía otorgado el permiso que se cuestiona, toda vez que la concesión para
el uso de las aguas del río Bogotá (se refiere a un uso ilimitado, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 123 […]”.

16. Planteó que el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, “[…] de conformidad con
lo establecido en el artículo 288, entró a regir a partir de su publicación en el Diario
Oficial y para la fecha de su expedición, mi poderdante ya había adquirido derechos
frente al uso de las aguas públicas del río Teusacá, que no pueden ser
desconocidas, como está ocurriendo a través de los actos acusados, con lo que al
pretender otorgar efectos retroactivos a una norma que no los tiene, se vulnera el
debido proceso […]”.

ii) Falsa motivación respecto del permiso de vertimientos

17. Mencionó que la motivación de los actos administrativos debe ser suficiente e
íntimamente relacionada con la decisión que se pretende adoptar, conforme al
principio de publicidad previsto en el artículo 209 de la Constitución Política.

18. Manifestó que la empresa no infringió el artículo 208 del Decreto 1541 porque
el permiso de vertimientos se encontraba implícito en la concesión de aguas
otorgada mediante Resolución 123 de 22 de octubre de 1954. Por eso,
transcurrieron 52 años desde la entrada en funcionamiento de la planta de Tibitoc
sin que la autoridad ambiental requiriera a la EAAB ESP ese permiso.

19. Adujo que: “[…] la CAR expidió la Resolución No. 300 de 1968, mediante la que
se otorga a la Empresa un caudal de 8 m2/seg por una vigencia de veinte (20) años,
incurriendo con su conducta en un error, tal y como lo sostuvo la Sección Primera a
través de providencia proferida el 29 de julio de 2010, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho instaurado por la EAAB-ESP contra la CAR; y en
este acto administrativo ni en la Resolución No. 1288 de 2002, también proferida
por la CAR, […] NUNCA REQUIRIO a mi mandante sobre la necesidad de tramitar
un permiso de vertimientos […]”.

20. Indicó que la EAAB ESP, mediante radicado 10200-2009-0403 de 27 de mayo
de 2009, presentó a la autoridad ambiental el permiso de vertimientos, sin obtener
respuesta oportuna.

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

21. Señaló que, desde la visita técnica de la CAR que originó el procedimiento
sancionatorio, “[…] no se recibió ninguna comunicación de la CAR, ya sea
requiriendo información o aclaración de la información entregada en el marco del
trámite ambiental […]”.

22. Consideró que el permiso de vertimientos no es un trámite de “[…] naturaleza
rogada […] porque no nos encontramos frente a cualquier proyecto ni actividad, sino
ante una situación que es de conocimiento público y por ende, hecho notorio, más
aún por parte de la CAR, que como autoridad ambiental en la jurisdicción del
proyecto, conocía de toda la actividad de mi poderdante y nunca antes hizo nada
como atrás se dijo, no existe ninguna clase de pronunciamiento en el sentido que
no hay evidencia que se le haya efectuado requerimientos previos como
consecuencia de su actividad. […]”.

23. Aclaró que solicitó el permiso de vertimientos el 27 de mayo de 2009, siguiendo
la recomendación del Ministerio Público, lo que no implica que se allane a los
cargos, por las siguientes razones:

“[…] no es cierto que mi poderdante haya advertido la necesidad de solicitar el
permiso de vertimientos a raíz de la formulación de cargos que se le efectuó y por
otra, que desde mucho antes, se había solicitado tal permiso, lo que ocurre, Señor
Magistrado, es que la CAR fue totalmente negligente y trasgredió el término que tenía
para resolver la previa solicitud que le efectuara mi poderdante, sobre el permiso de
vertimientos que nos ocupa. Simplemente, esperó a que se le hiciera una nueva
solicitud, todo ello ocasionado por la presión que ejercieron en su momento las
diferentes entidades administrativas y los actores sociales, que defendían el derecho
fundamental al agua, situación que condujo a mi mandante a radicar una nueva
solicitud de permiso de vertimientos, ante el prolongado silencio para resolver que
presentaba la CAR […]”.

iii) Falsa motivación y transgresión de los artículos 28 y 208 del Decreto 1541
de 1978 respecto de la concesión de aguas

24. Señaló que la empresa no vulneró los artículos 30 y 208 del Decreto 1541 de
1978, porque la afirmación según la cual la empresa usó las aguas públicas del río
Teusacá sin contar con concesión de aguas, es falsa. Ese permiso obra en la
licencia ambiental única conferida para el desarrollo del “[…] programa Santa Fe 1,
[…] mediante Resolución 0692 del 21 de mayo de 1997 […]”.

25. Explicó que ese licenciamiento incluyó “[…] las obras de adecuación del
Embalse de Aposentos, los cuales tuvieron la aprobación y seguimiento por parte
de la CAR a través del Auto No. 0049 del 26 de febrero de 2003 y la Resolución
1330 de agosto de 2000 […]”.

26.Aclaró que “[…] del texto de la Resolución N. 0692 del 21 de mayo de 1997 […]
no se infiere el alcance de los proyectos y permisos otorgados, los que deben
analizarse a partir de los documentos técnicos de las mismas y de los Planes de
Manejo Ambiental para cada fase del Proyecto, resalto (sic) que para la época de
expedición del citado acto administrativo, estaba vigente el Decreto 1753 de 1994,

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

que dispuso que las licencias ambientales PODÍAN SER ÚNICAS U ORDINARIAS,
que las segundas (NO CONTENÍAN LOS PERMISOS PARA EL
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES), las
primeras - las únicas - COMO ES EL CASO DE LA OTORGADA PARA EL
PROYECTO SANTA FE I MEDIANTE RESOLUCION 692 DE 1997 LLEVABAN
IMPLICÍTOS LOS PERMISOS […]”. (Mayúsculas del texto).

27. Adicionó que “[…] Tampoco se estudió en la Resolución 3431 de 2011 lo
relacionado con el alcance del Embalse de Aposentos, estación de bombeo y canal
de aducción que fueron construidos posteriormente a la entrada en operación de la
Planta de Tibitoc en el año 1958, obras denominadas Tibitoc II, ejecutadas a finales
de los años 60 […]”. La empresa construyó esas obras como complemento de la
fuente del río Bogotá y para reducir la vulnerabilidad del sistema. Por ello, el Acta
de reunión de 31 de enero de 2008 demuestra que en los últimos 5 años solo captó
agua por 15 días.

28. Planteó que, “[…] en distintas ocasiones, la Empresa informó a la CAR -
CUNDINAMARCA (a través de la Subdirección de Administración de los Recursos
Naturales y Áreas protegidas) en el marco del Comité Hidrológico, reactivado
mediante la Resolución 0776 del 28 de abril de 2008, sobre la necesidad de captar
agua del río Teusacá, Embalse de Aposentos, debido al deterioro de la calidad del
agua del río Bogotá, que impide su tratamiento en la planta de Tibitoc. Con las
épocas de lluvias (fenómeno de la niña) de los dos últimos años, se autorizó por
parte de la CAR - CUNDINAMARCA en el marco del citado Comité Hidrológico, las
captaciones del río Teusacá Embalse de Aposentos, para reducir los aportes del río
Teusacá al río Bogotá, que tenía grandes afluencias que ocasionaron una serie de
inundaciones en la sabana de Bogotá […]”.

iv) Transgresión de los artículos 2.°, 79, 80 y 209 de la Constitución Política

29. Adujo que los actos demandados son “[…] claramente opuestos a la Constitución
y a la Ley […]”, pese a que “[…] las autoridades públicas han sido establecidas,
entre otros fines, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida y demás derechos y libertades, asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado, el de velar por el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, y que la función administrativa está al servicio de
los intereses generales (artículos 2°, 79, 80, 209 C.P) […]”.

v) Desconocimiento del principio de proporcionalidad de la sanción

30. Sostuvo que la sanción fue “[…] exagerada […]”, sin “[…] sustento fáctico, legal
y probatorio […]”, “[…] en contravía al debido proceso, y afectando gravemente el
derecho de contradicción […]”, porque la dosificación consideró un incumplimiento
de 1008 días, en vez de 156 días.

31. Explicó que el tiempo de la infracción se contabilizó desde el 22 de diciembre
de 2008 “[…] fecha en la que se efectúa la visita a las instalaciones de la Planta de

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Tibitoc, y que originó el informe que propició el inicio de la investigación […]”. Sin
embargo, “[…] Desde mayo 28 de 2009, mi poderdante radicó con el lleno de todos
los requisitos las solicitudes de trámite, para los cargos sancionados sin que hasta
la fecha se haya obtenido respuesta alguna, con lo que solamente podría en gracia
de discusión, alegarse un incumplimiento atribuible a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá ESP, por CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) días, ya que
la inactividad y demora en el trámite de la autoridad ambiental no puede ser
trasladada al usuario […]”.

32. Manifestó que “[…] la CAR, ni valoro (sic), ni examino (sic) las pruebas
solicitadas por mi poderdante de manera contundente y formal, si se tomó casi dos
años para resolver de fondo el procedimiento sancionatorio iniciado mediante
Resolución OPSC 026 de 2009, conducta con la cual, se traslada también la
liquidación de la multa, su inercia y demora en resolver la solicitud presentada por
la EAAB-ESP […]”.

I.2. Trámite del proceso

33. Mediante auto de 11 de marzo de 20138, se rechazó la demanda respecto de la
Resolución 2408 de 12 de octubre de 2012, y se admitió frente a las Resoluciones
3431 de 15 de diciembre de 2011 y 1189 de 3 de mayo de 2012. Además, se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

34. A través de auto de 6 de agosto de 20139, el tribunal negó la medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, solicitada por la
parte demandante; decisión confirmada mediante auto de 16 de septiembre de
201310.

35. En la audiencia inicial de 13 de diciembre de 201311, se fijó el litigio12, se agotó
la etapa de conciliación y se corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión.

8
Cfr. Índice 20 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 20”, folio 200.
9
Cfr. Índice 20 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C02_01 OTROS - CUADERNO 02
MEDIDA CAUTELAR-AUTO NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL (.pdf) NroActua 20”, folio 33 y siguientes.
10
Ibidem, folios 45 y siguientes.
11
Cfr. Índice 20 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 20”, folio 235 y siguientes.
12
“[…] El Despacho le pide a las partes que se pronuncien sobre los hechos de la demanda y aquellos en los cuales se
considera que hay un acuerdo. La parte demandante manifiesta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
planteo diversos hechos; respecto de los hechos 1 al 11 las partes están de acuerdo; respecto al hecho numero 12 existe
discrepancia entre las partes en la medida que la parte demandante señala que hubo actuaciones dilatorias por parte de la
CAR; en el hecho 13 de la demanda hay acuerdo entre las partes; en el hecho 14, en cuanto a la violación al debido proceso
hay discrepancia; en el hecho 15 hay discordia en el tema de captación de aguas; en cuanto al hecho contemplado en el
numeral 16 de la demanda no hay acuerdo entre las partes en cuanto a la proporción de la sanción manifestada por la
demandante; en cuanto al hecho numero 17 la parte demandante aclara que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca para el momento de dosificar la sanción se excedió en el cómputo y tiempo, en consecuencia no hay acuerdo
sobre este punto; en el hecho numero 18 hay discordia entre las partes; en cuanto a los hechos del numeral 19 hay acuerdo
entre las partes; en cuanto a los hechos del numeral 20 no hay acuerdo entre las partes; en cuanto al hecho numero 21 hay
acuerdo entre las partes del proceso; respecto al hecho contenido en el numeral 22 hay acuerdo parcial y por último, respecto
al hecho contenido en el numeral 23 hay desacuerdo entre las partes. Señala el Magistrado que, una vez agotado el examen
de los hechos, fija el litigio a: 1) que hubo actuaciones dilatorias por la CAR, 2) que hubo violación al debido proceso, 3) que
la sanción también se impuso por el tema relativo a la captación de aguas y 4) que, finalmente, hay desacuerdo respecto de
la multa impuesta en razón a que no guarda proporción con la contabilización del tiempo de la infracción. La Corporación

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

36. El 15 de enero de 201413, se celebró audiencia de pruebas con el fin de recibir
el testimonio del señor Carlos Bello, Coordinador Ambiental de la Dirección de
Abastecimiento de la EAAB ESP. En la misma audiencia se ordenó correr el traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

I.3. La contestación de la demanda

37. La CAR, mediante escrito de 6 de septiembre de 201314, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, al considerar que la EAAB ESP no desvirtuó los
motivos que soportaban la legalidad del procedimiento sancionatorio que adelantó
en su contra.

38. Sostuvo que la demandante no presentó el concepto de infracción de los
artículos 1.°, 6.°, 29, 209, 334, 365 y 366 de la Constitución Política. Además, no
cuenta con permiso de vertimientos para descargar las aguas provenientes de la
planta de tratamiento de Tibitoc al río Bogotá, ni con una concesión de aguas
superficiales del río Teusacá al Embalse Aposentos.

39. Explicó que, a partir de la expedición del Decreto 1594 de 1984, surgió la
obligación para los usuarios de cumplir con las normas de protección del recurso
hídrico allí previstas, y de obtener el permiso de vertimientos, la concesión de aguas
y el respectivo plan de cumplimiento.

40. Planteó que el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1594 son normas
nacionales de obligatorio cumplimiento debidamente publicadas que prevén una
obligación a cargo de todas las personas que vierten aguas o residuos líquidos a
los cuerpos de agua.

41. Manifestó que el trámite de vertimientos siguió su curso de conformidad con las
actuaciones administrativas contenidas en el expediente administrativo.
Adicionalmente, “[…] la sanción de multa se impuso de conformidad con lo
establecido en el literal a) del numeral 1° del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 […]”
y en el “[…] Decreto 1594 de 1984, el cual era aplicable, según lo dispuesto en el
parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 […]”.

42. Consideró que la multa no fue exagerada porque “[…] para la época de los
hechos la ley establecía la imposición de sanciones diarias hasta de 300 salarios
mínimos mensuales legales vigentes y en este evento solo se le impuso un salario
mínimo diario por los días de duración de la infracción. […] Esa sanción es el
producto de un trámite administrativo sancionatorio, en el cual previo el agotamiento
de todas las etapas procesales, se declaró infractora de normas sobre protección
ambiental a la hoy accionante y como consecuencia de ello, se le impuso la sanción
de multa en la cuantía antes indicada […]”.

Autónoma Regional de Cundinamarca considera que la multa impuesta a la EAAB se impuso de conformidad con la Ley. […]”.
(Negrilla fuera del texto).
13
Cfr. Índice 20 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 20”, folio 242 y siguientes.
14
Ibidem, folios 217 y siguientes.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

43. Indicó que los actos acusados no están incursos en causal de nulidad alguna,
ya que la EAAB ESP incurrió en dos conductas sancionables al transgredir la
normativa ambiental. El cálculo de esa multa se ajustó a derecho, pues se tasó en
un día de salario mínimo mensual legal vigente por 1008 días de infracción, al ser
los vertimientos una conducta de tracto sucesivo.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

44. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 20 de febrero de 201415, denegó las
pretensiones de la demanda.

45. Aclaró que la EAAB ESP no aportó la Resolución 123 de 22 de octubre de 1954,
expedida por el Ministerio de Agricultura, “[…] lo que impide que se pueda constatar
lo afirmado por la EAAB y en esa medida con tal argumento no se entiende
desvirtuado el cargo número uno formulado en su contra por la CAR mediante la
Resolución OPSC No. 26 de 8 de mayo de 2009 […]”.

46. Explicó que la Resolución 1288 de 24 de octubre de 2000, expedida por la
Subdirección Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
menciona la Resolución 123 de 1954. Sin embargo, a partir de ese extracto
normativo no es posible verificar si esa autorización tenía implícito el permiso de
vertimientos.

47. Señaló que el argumento de la EAAB ESP, conforme al cual la CAR durante 52
años de operación de la planta de Tibitoc no hizo ningún requerimiento, no “[…]
sirve de excusa para evadir la responsabilidad que tenía la EAAB de dar
cumplimiento a las obligaciones previstas en la norma articulo 30 y 208 del Decreto
1541 de 1978 […]”.

48. Manifestó que, si bien “[…] tales disposiciones señalan la palabra requiere
(artículo 30) y requerirá (artículo 208), ello no significa que la entidad demandada
debía requerir a la empresa demandante para que cumpliera sus obligaciones, pues
lo que quiere significar dicha expresión es la necesidad de contar con el respectivo
permiso de vertimientos y la correspondiente concesión de aguas […]”.

49. Explicó que el artículo 208 del Decreto 1541 de 1978 establece que el permiso
de vertimientos debe ser solicitado por el interesado, incluyendo a los actuales
titulares de las concesiones otorgadas para el uso de las aguas, conforme a la
lectura sistémica de los artículos 54 y 213 del Decreto 1541.

50. Planteó que “[…] si bien el artículo 208 del Decreto 1541 de 1978 prevé que el
permiso de vertimientos se tramitará junto con la solicitud de concesión o permiso
para el uso del agua, del inciso final del mismo se observa que podrá tramitarse con
posterioridad, cuando señala que deberán solicitarlo los actuales titulares de

15
Ibidem, folios 271 y siguientes.

10

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

concesión para el uso de las aguas, es decir, deberá solicitarlo a quien se le hubiese
otorgado ya la concesión, como en efecto ocurrió en el presente caso, pues a la
EAAB ya se le había otorgado la concesión de aguas para el río Bogotá; así mismo
debe advertirse que la norma jamás indica que el permiso deba tramitarse
oficiosamente por la autoridad ambiental, pues como ya se indicó en párrafos
anteriores es el interesado el que debe solicitarlo, por ende bien pudo tramitarlo
conjuntamente la EAAB con la solicitud que hizo de la concesión del río Bogotá.
[…]”.

51. Sostuvo que, si bien la EAAB ESP solicitó los permisos objeto de
cuestionamiento, requirió la priorización de esos trámites mediante oficios 25310-
2011-0877 y 25310-2011-0878 de 27 de diciembre de 2011, y obtuvo la respectiva
concesión de aguas mediante Resolución 1972 de 1.° de agosto de 2012, estas
acciones fueron extemporáneas porque ocurrieron después del inicio del
procedimiento sancionatorio ambiental, a través de la Resolución OPSC 26 de 8 de
mayo de 2009.

52. Aclaró que la empresa radicó la solicitud de los permisos el 28 de mayo de 2009
y la concesión se otorgó tras la imposición de la multa mediante Resolución 3431
de 15 de diciembre de 2011, confirmada en la Resolución 1189 de 3 de mayo de
2012. La “[…] EAAB debió solicitar y obtener el permiso de vertimientos y la
concesión de aguas del río Teusacá (Embalse de Aposentos) antes de que se diera
inicio a la investigación administrativa y no con ocasión de esta como en efecto lo
hizo, conducta que corrobora la vulneración de la norma ambiental. […]”.

53. Sostuvo que “[…] independientemente de que el uso del agua del río Teusacá no
fuera permanente, lo relevante es que la norma exige para su uso, sea este
esporádico o no, que se solicite la concesión de aguas superficiales, atendiendo a
lo previsto en el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, por ende, tal argumento no
desvirtúa el cargo cuarto formulado por la CAR contra la EAAB, mediante la
Resolución OPSC No. 26 de 8 de mayo de 2009, por el cual fue declarada
responsable y sancionada en la Resolución No. 3431 de 2011-acto cuestionado-.
[…]”.

54. Sostuvo que, del texto de la Resolución 692 de 1997, de los documentos que
soportaron el trámite de la licencia ambiental única para la ejecución del programa
Santa Fe I, y del expediente 1101-76.1-6777, no se deduce que dicho permiso tenga
implícita la concesión de aguas del río Teusacá para el funcionamiento del embalse
de Aposentos, por las siguientes razones:

“[…] Si bien en el auto citado se reconoce que tanto las obras de adecuación del
Embalse de Aposentos como su consecuente concesión de aguas hacen parte del
Programa Santa Fe I, ello no implica que el otorgamiento de la concesión de aguas
del río Teusacá se encuentre implícito en la Licencia Ambiental Otorgada, más aún si
se tiene en cuenta que esta se otorgó mediante la Resolución No. 0692 de 21 de
mayo de 1997, como ya se aludió, es decir, previo a la expedición del auto 00049 de
26 de febrero de 2003, y en este se indicó que se continuaría con los trámites
administrativos ambientales relacionados con la concesión de aguas para el Embalse
Aposentos dentro del Expediente 13195, en el que se tramitó la licencia, lo que

11

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

significa que este trámite era independiente del de la concesión, aunque se gestionara
en un mismo expediente. […]”.

55. Alegó que el artículo 3.° de la Resolución 1330 de 23 de agosto de 2000 no
indicó que la concesión de aguas hacía parte de esa licencia, sino que ese permiso
debía tramitarse teniendo en cuenta los parámetros señalados en ese acto
administrativo.

56. Adujo que, según el artículo 5.° del Decreto 1753 de 3 de agosto de 1994 16, la
licencia ambiental única “[…] podrá incluir los permisos y concesiones, pero esto
ocurrirá siempre y cuando lo solicite el peticionario, lo que no se observa con
exactitud en el presente caso, pues no se encuentra dentro del expediente una
solicitud formal de la concesión de aguas del río Teusacá, antes de la expedición
de la Resolución OPSC No. 026 de 8 de mayo de 2009, con la que se formularon
los cargos […]”.

57. Con fundamento en lo anterior, explicó que la EAAB ESP “[…] No contaba con
ningún derecho adquirido antes de la expedición del Decreto 1541 de 1978, dado
que la empresa demandante no contaba ni con el permiso de vertimientos, ni con la
concesión de aguas del río Teusacá (Embalse de Aposentos), para el momento en
que se inició la investigación administrativa en su contra […]”. También consideró
que la aplicación del Decreto 1541 de 1978 no fue retroactiva, porque esa norma en
su artículo 286 “[…] consagró la obligación que tienen los usuarios de legalizar su
aprovechamiento […]”.

58. Por otra parte, señaló que “[…] el certificado allegado por el Gerente General de
la EAAB que obra a folio 166 del cuaderno 1, con el que pretende certificar la fecha
en que entró en operación y funcionamiento la Planta de Tibictoc, no es relevante,
pues con el mismo no se logra desvirtuar lo cuestionado en el presente caso, a
saber, la falta de concesión de aguas del río Teusacá (Embalse de Aposentos) y del
permiso de vertimientos para el momento en que se inició la investigación
administrativa -Resolución OPSC No. 26 de 8 de mayo de 2009-. […]”.

59. Frente al argumento relacionado con la proporcionalidad de la sanción, adujo
que:

“[…] En el presente caso pretende la EAAB que la sanción se liquide entre el 22 de
diciembre de 2008 -fecha en la que se efectuó la visita a las instalaciones de la Planta
de Tibitoc- y el 28 de mayo de 2009 -fecha en la que radicó con el lleno de los
requisitos las solicitudes para tramitar el permiso de vertimientos y la concesión de
aguas del río Teusacá, y no como lo hizo la CAR entre el 22 de diciembre de 2008 y
el 30 de septiembre de 2011, argumento que no es de recibo para la Sala por cuanto
la norma exige que se obtenga el permiso y la concesión y no solamente que se
tramiten; en tal sentido resulta necesario reiterar lo expuesto en el sentido de que la
concesión de aguas se obtuvo el 1 de agosto de 2012, después de culminada la
actuación administrativa iniciada en su contra y, aun no cuenta con el permiso de
vertimientos, por ende con tales actuaciones no se podía entender cumplida la
normatividad ambiental. […]”.

16
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales […]”.

12

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

60. Por lo tanto, como las causales de nulidad no prosperaron, el tribunal resolvió:

“[…] PRIMERO. NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho incoada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB
E.S.P. contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.

SEGUNDO.- CONDÉNASE en costas a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, EAAB E.S.P, Por Secretaría liquídense las mismas de conformidad con el
Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A.

TERCERO. Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

CUARTO. En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los
anexos sin necesidad de desglose […]”. (Negrilla del texto).

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

61. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, mediante memorial
de 28 de marzo de 201417, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, al considerar que los fundamentos de hecho de los actos demandados
“[…] son erróneos, no coherentes y por fuera del ordenamiento legal, esta
irregularidad se materializa en la ausencia de la verdad que les sirvió de fundamento
para llegar por una parte a declarar a la EAAB-ESP infractora de los artículos 30 y
208 del Decreto 1541 de 1978, por presuntamente captar las aguas públicas del río
Teusacá, sin la correspondiente concesión del uso de aguas y por efectuar
vertimientos al río Bogotá sin contar al parecer previamente con permiso de
vertimientos […]”.

62. En cuanto a la presunta transgresión del artículo 208 del Decreto 1541 de 1978
debido a la no obtención del permiso de vertimientos al río Bogotá, señaló lo
siguiente:

“[…] de conformidad con el artículo 208 del Decreto 1541 de 1978, la concesión para
la utilización de las aguas al río Bogotá (se refiere a un uso ilimitado, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 123 de 1954 del Ministerio de Agricultura) se otorgó
desde 1954 y la entrada en funcionamiento y operación de la Planta de Tibitoc ocurrió
el día 8 de febrero de 1958), lo que quiere decir que esta actividad se inició desde
antes que se expidiera el Decreto 1541 de 1978, y por otra, que ya habían pasado
más de cincuenta y dos años de estar operando dicha Planta y jamás se recibieron
por parte de la Empresa ningún reparo, lo que permite concluir que el VERTIMIENTO
Y AUTORIZACION, ESTAN IMPLICITOS en la Resolución que otorgó la concesión
de agua al río Bogotá y por ende, se permitía la operación y funcionamiento de la
Planta de Tratamiento, porque se debe decir, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogotá, nunca ha omitido el cumplimiento de sus deberes y no está
comprobado que haya vulnerado los artículos 30 y 208 del Decreto 1541 de 1978.
[…]”.

17
Ibidem, folios 327 y siguientes.

13

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
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63. Reiteró que el Presidente de la República, a través del Decreto 2675 de 195318,
autorizó la cesión al entonces municipio de Bogotá de hasta seis metros cúbicos por
segundo (6m3/s) de aguas del Río Bogotá, por un tiempo ilimitado. Ese decreto
adquirió fuerza legal a través de la Ley 141 de 1961.

64. Explicó que “[…] la Planta de Tibitoc empezó a operar el 8 de febrero de 1958,
precisamente, haciendo uso de la concesión que le fue legal y válidamente otorgada
mediante la Resolución 123 de 1954, por la autoridad que en ese momento tenía la
competencia para hacerlo (Ministerio de Agricultura) […]”. Sin embargo, el tribunal
no valoró el certificado que demostraba que la planta opera desde esa fecha en el
marco de ese permiso de vertimientos.

65. Adujo que la empresa siguió la recomendación del Ministerio Público relacionada
con la presentación del permiso de vertimientos, pero esto no significa que acepte
los cargos por las siguientes razones:

“[…] a lo largo de más de 30 años, la autoridad ambiental conociendo plenamente el
alcance del Proyecto, efectuándole seguimiento ambiental y conociendo y teniendo a
su alcance la información técnica necesaria para la adopción de decisiones, NO
EVALUÓ NI TRAMITÓ DENTRO DE LOS PERMISOS DE CONCESIÓN DE AGUAS,
EL RESPECTIVO PERMISO DE VERTIMIENTOS, de acuerdo con lo normado en el
artículo 208 del Decreto 1541 de 1978 […]”.

66. En segundo lugar, argumentó que la decisión del tribunal de no evaluar la
Resolución 123 de 1954 debido a que la EAAB ESP no presentó ese documento,
va en contra del principio de buena fe, previsto en el artículo 83 de la Constitución
Política. Explicó que la Resolución 1288 de 24 de octubre de 2000 reconoce que el
22 de octubre de 1954, el Ministerio de Agricultura otorgó, a través de la Resolución
123, a la empresa una concesión para el uso ilimitado de las aguas del río Bogotá.

67. En tercer lugar, consideró que el a quo debía aplicar el criterio jurisprudencial
expuesto en la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 29 de
julio de 2010; decisión que reconoce la existencia de la Resolución 123 y da cuenta
del actuar legal de la EAAB ESP, por las siguientes razones:

“[…] Nótese como la concesión de agua del río Bogotá fue resuelta en favor de la
Empresa dentro del citado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
2003 - 00167, iniciado por la EAB ESP contra la CAR, juicio en el que en sentencia
del 29 de julio de 2010, emitida por la Sección Primera - Sala de lo Contencioso
Administrativo del H. Consejo de Estado, se declaró a favor de la Empresa, la nulidad
del artículo primero y parágrafo segundo de dicho artículo, contenidos en la
Resolución 1288 del 24 de octubre de 2002. […]

Tampoco tuvo en cuenta el Despacho a quo, que con la expedición de la Resolución
300 de 1968, la CAR, otorga a la EAB ESP un caudal de 8 m2/seg por veinte años,
incurriendo en un error, lo que fue reconocido por el H. Consejo de Estado mediante
fallo del 29 de julio de 2010, (Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la
EAAB-ESP contra la CAR); y ni en dicha Resolución, ni en la 1288 de 2002, también
de la CAR, pese a haber regulación del artículo 208 del citado Decreto y señalado
como vulnerado por mi representada, y no obstante que la CAR conocía el Proyecto

18
“[…] Por el cual se provee a la construcción del acueducto del río Bogotá y se dictan otras disposiciones […]”.

14

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

en su integridad lo que quiere decir que la actividad relacionada con el efluente no
sobrevino al permiso de concesión, y se reitera, que nunca se requirió a mi
poderdante para que tramitara permiso de vertimientos el que en aplicación de la
norma en mención, debió adelantarse por la autoridad ambiental conjuntamente con
la concesión. […]”.

68. En cuarto lugar, mencionó que la EAAB ESP presentó nuevamente la solicitud
de permiso de vertimientos de la planta de Tibitoc al río Bogotá el 18 de mayo de
2009, como lo demuestra “[…] el oficio que contiene la solicitud, así como el
formulario diseñado por la CAR para el efecto […]”. Sin embargo, la CAR no actuó
“[…] de manera inmediata y oportuna […]”, ni fijó plazos para adelantar las
actuaciones. Por lo tanto, “[…] no es válido que la CAR se haya demorado algo así
como más de tres (3) años en resolver la solicitud efectuada […]”.

69. Adujo que la CAR inició el procedimiento sancionatorio, impuso una medida
preventiva de suspensión de actividades y sancionó a la empresa, aun cuando la
evaluación de los permisos cuestionados estaba en curso. A su juicio, dicha
autoridad ambiental desconoció los principios de eficacia y eficiencia de la
administración pública porque actuó de forma ineficiente en la evaluación ambiental.

70. Solicitó que “[…] de acuerdo con las reglas de la sana critica, se valoren las
diferentes peticiones mediante las cuales se le reiteró a la Entidad demandada, que
impulsara el correspondiente trámite, esto a pesar de que el a quo expresa que
dichas reiteraciones se realizaron con posterioridad al inicio del trámite
administrativo y de todas formas, consideramos que no es válido que la CAR se
haya demorado algo así como más de tres (3) años en resolver la solicitud efectuada
[…]”.

71. En quinto lugar, alegó que la autoridad ambiental autorizó la concesión de aguas
necesaria para el funcionamiento del Embalse San Rafael en la licencia ambiental
única del programa Santa Fe I, otorgada mediante Resolución 0692 de 1997, como
se evidencia en “[…] los documentos técnicos de las mismas y de los Planes de
Manejo Ambiental para cada Fase del Proyecto […]”.

72. En sexto lugar, consideró que el a quo omitió aplicar el principio previsto en el
numeral 5 del artículo 1.° de la Ley 99 de 1993, según el cual “[…] en la utilización
de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro
uso […]”. En su criterio, “[…] si no se retira del ordenamiento jurídico los actos
administrativos atacados, se pone en peligro el interés para la comunidad en
general, que se materializaría en que un amplio sector de la población dejaría de
recibir un servicio público fundamental […]”.

73. Sobre el cómputo de la sanción, adujo que:

“[…] También nos apartamos de lo manifestado sobre la manera de efectuar el
cómputo para la dosificación de la multa que se le impuso a mi mandante, así como
sobre el total de días que endilgan a la Empresa duró su incumplimiento, ya que de
acuerdo con la prueba documental que obra en el expediente, por vía de discusión,
no corresponde a un total de MIL OCHO DIAS, sino CIENTO CUARENTA Y SIETE

15

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

(147) DIAS, lo que sin duda materializa un argumento más de la causal de falsa
motivación que se imputa a los actos administrativos cuestionados, obteniendo los
1008 días, luego de efectuar la suma desde el 22 de diciembre de 2008 hasta el 30
de septiembre de 2011, ya que la manera correcta de calcular el tiempo para dosificar
la el (sic) valor de la multa, debe ir solamente, hasta el momento en que la EAB ESP
presentó nuevamente la solicitud, esto es, hasta el 18 de mayo de 2009, lo que sin
duda arroja un total de CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) DIAS, o por lo menos,
hasta cuando la CAR expide los autos de inicio del trámite, es decir, el 8 de junio de
2009. […]”.

74. Solicitó que “[…] se tenga en cuenta, que para la dosificación de la sanción, en
el lejano evento en que se mantenga incólume la decisión del a quo, debemos partir
del 22 de diciembre de 2008, que corresponde a la fecha en que se realiza la visita
a la Planta de Tibitoc, y que originó el informe que propicio la investigación; - según
el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 […]”. Por lo tanto, “[…] la manera correcta de
calcular el tiempo para dosificar el valor de la multa, debe ir solamente, hasta el
momento en que la EAB ESP presentó nuevamente la solicitud, esto es, hasta el
18 de mayo de 2009 […] o por lo menos, hasta cuando la CAR expide los autos de
inicio del trámite, es decir, el 8 de junio de 2009. […]”. (Negrilla y subrayado del
texto).

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

75. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de
30 de abril de 201319, concedió el recurso de apelación y remitió el expediente al
Consejo de Estado.

76. Esta autoridad judicial, a través de auto de 6 de julio de 201520, admitió el
recurso de apelación.

77. A través de auto de 20 de octubre de 201521, se corrió traslado a los sujetos
procesales para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

78. En la oportunidad procesal, la EAAB ESP reiteró en escrito de 6 de noviembre
de 201522, los argumentos del recurso de apelación.

79.La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante memorial de
27 de octubre de 201523, insistió en los argumentos de la contestación de la
demanda y solicitó confirmar la decisión apelada.

19
Cfr. Índice 20 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 20”, folio 404 y siguientes.
20
Cfr. Índice 20 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12
APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 20”, folio 5.
21
Ibidem, folio 11.
22
Ibidem, folio 16 y siguientes.
23
Ibidem, folio 24.

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

80. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el planteamiento del problema jurídico;
(iii) los actos administrativos demandados; y (iv) el análisis del caso concreto.

V.1. Competencia

81. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1324 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201925, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

V.2. El planteamiento del problema jurídico

82. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
20 de febrero de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

83. En la decisión cuestionada, el a quo negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la EAAB ESP no solicitó oportunamente el permiso de vertimientos
ni la concesión de aguas necesarias para el funcionamiento de la planta de Tibitoc
y del embalse de Aposentos antes de iniciar la investigación administrativa en su
contra. Explicó que, aunque la EAAB ESP obtuvo esos permisos posteriormente,
las acciones correctivas fueron extemporáneas. Además, consideró que las
sanciones impuestas fueron proporcionales porque el cumplimiento de las
normativas requiere no solo la tramitación de permisos, sino también su obtención
efectiva antes de la investigación.

84. La demandante afirmó en el recurso de apelación que el la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca valoró de forma
inadecuada las pruebas que acreditaban que las Resoluciones 3431 de 2011 y 1189
de 2012 se encuentran falsamente motivadas.

85. Concretamente, sostuvo que el permiso de vertimientos estaba implícito en la
Resolución 123 de 1954, y que la autoridad ambiental autorizó la concesión de
aguas en la Resolución 0692 de 1997. Además, criticó la demora de la CAR en
resolver su solicitud presentada en mayo de 2009, lo que evidenció ineficacia
administrativa. También solicitó aplicar el principio de prioridad del consumo
humano sobre otros usos, y cuestionó el cálculo de la multa impuesta.

24
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
25
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.

17

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
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V.3. Los actos administrativos demandados

86. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de los artículos cuarto y quinto
de la Resolución 3431 de 15 de diciembre de 201126. En ese acto administrativo la
CAR declaró responsable a la EAAB ESP, al interior del trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio iniciado mediante Resolución OPSC 26 de 8 de
mayo de 2009, por la comisión de los cargos primero y cuarto:

“[…] PRIMER CARGO.- Incorporar al rio Bogotá las aguas residuales provenientes
de las lagunas de oxidación ubicadas en las instalaciones de la concesionaria Tibitoc
S.A. vereda Tibitoc, del municipio de Tocancipá Cundinamarca, en donde se trata los
lodos generados en el proceso de potabilización de las aguas, sin que se haya
tramitado y obtenido el correspondiente permiso de vertimientos, con cuya conducta
se estaría presuntamente violando lo dispuesto en el artículo 208 del Decreto 1541
de 1978.

[…] CUARTO CARGO.⁃ Hacer uso de las aguas públicas del río Teusacá, mediante
la captación de las mismas en el punto ubicado en el embalse de Aposentos, sin
contar con la correspondiente concesión de aguas otorgada por la CAR por no haber
requerido ni obtenido, con lo cual estaría violando presuntamente lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 […]” (Negrilla del texto original).

87. Los artículos cuestionados son del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO CUARTO.- Declarar responsable a la EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ- E.S.P, - EAAB - E.S.P. identificada con NIT
899999094-1 de los cargos primero y cuarto imputados en la Resolución OPSC No.
26 de 8 de mayo de 2009, por la infracción del artículo 208 del Decreto 1541 de 1978
y del artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- Imponer a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P. - EAAB- E.S.P. identificada con NIT
899999094-1 una sanción pecuniaria consistente en multas diarias en cuantía
equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente para el año 2011, arrojando un
monto diario de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
($535.600.oo) M/CTE., que multiplicado por 1008 días deriva un monto total de
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($539.884.800.00
M/CTE.), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta resolución. […]” (Negrilla
del texto original).

88. También se demandó la Resolución 1189 de 3 de mayo de 201227, cuya parte
resolutiva señala:

“[…] ARTÍCULO 1: No reponer y en su lugar confirmar en todas sus partes la
Resolución No. 3431 de diciembre 15 de 2011, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto.

ARTÍCULO 2: Advertir a la EAAB - ESP que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales deben estar precedidos de la obtención previa de los permisos
correspondientes y que el incumplimiento a lo establecido en la normativa vigente
26
“Por la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras determinaciones”
27
“Por la cual se decide un recurso de reposición dentro de un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y
de declara agotada la vía gubernativa”.

18

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

para tal efecto generará la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias
determinadas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 3: Advertir a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ - E.S.P. - EAAB - E.S.P., que los actos administrativos que imponen
sanciones pecuniarias proferidas por esta Corporación prestan mérito ejecutivo.

ARTÍCULO 4: Una vez ejecutoriada la presente resolución, por la Oficina Sabana
Centro de la Corporación deberá remitirse copia de la presente decisión a la
Subdirección de Recursos Económicos y Apoyo Logístico de la Corporación para lo
de su competencia. […]” (Negrilla del texto original).

V.4. Análisis del caso concreto

89. La demandante sostiene que los actos cuestionados se encuentran falsamente
motivados porque: (i) la Resolución 123 de 1954 tenía implícito el permiso de
vertimientos reprochado, de conformidad con el Decreto 2675 de 1953 y la Ley 141
de 1961; (ii) el a quo vulneró el principio de buena fe, cuando no evaluó la
Resolución 123 de 1954, si se tiene en cuenta que ese acto administrativo no obraba
en el plenario, pero su contenido se infiere de la Resolución 1288 de 2000; (iii) se
debe aplicar el criterio jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que reconoce la legalidad de las concesiones de agua otorgadas a la EAAB ESP;
(iv) la CAR autorizó la concesión cuestionada en las Resoluciones 0692 de 1997 y
3431 de 2011; (v) la demora de la CAR en resolver la solicitud de permiso de
vertimientos, presentada en mayo de 2009, demuestra ineficacia en la
administración pública; (vi) el principio de prioridad del consumo humano sobre otros
usos, previsto en el artículo 1.° de la Ley 99 de 1993, debe prevalecer para
garantizar el acceso al servicio público de acueducto; y (vii) la multa no fue
proporcional porque el cálculo basado en un periodo de 1008 días, es incorrecto.

90. Para resolver los referidos planteamientos, la Sala pone de presente que la
motivación de los actos administrativos es un elemento necesario para su validez,
según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1437.

91. Como la motivación debe ser “[…] clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que
justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de
hecho y de derecho que inspiraron la producción de los mismos […]” 28, la Sala
estudiará cada argumento en acápites independientes.

V.4.1. La Resolución 123 de 1954 tiene implícito el permiso de vertimientos
reprochado

92. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP argumentó que los
actos demandados se encuentran falsamente motivados, porque esa entidad no
quebrantó el artículo 208 del Decreto 1541 de 28 de julio de 197829. Indicó que el

28
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 13 de junio de 2013, número
único de radicado: 25000-23-27-000-2007-00169-01 (17495), actor: Constructora los Hayuelos S.A., demandado: DIAN,
Magistrada Ponente: Carmes Teresa Ortiz de Rodríguez.
29
“[…] Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y
parcialmente la Ley 23 de 1973 […]”.

19

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

permiso de vertimientos al río Bogotá estaba implícito en la concesión otorgada por
el Ministerio de Agricultura, a través de la Resolución 123 de 1954.

93. Señaló que el Presidente de la República autorizó mediante Decreto 2675 de
1953 al entonces municipio de Bogotá, la cesión ilimitada de las aguas del río
Bogotá. Esa decisión se materializó en la Resolución 123 de 1954 y adquirió fuerza
legal a través de la Ley 141 de 1961.

94. Planteó que al momento de la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974 contaba
con derechos adquiridos. Por ello, transcurrieron 52 años de operación de la planta
de tratamiento de agua potable denominada “Tibitoc”, sin que la CAR requiriera a la
empresa que tramitara un nuevo permiso de vertimientos, como lo demuestra el
certificado obrante en el plenario.

95. Para resolver lo anterior, la Sala pone de presente que el artículo 58 de la
Constitución Política señaló los parámetros de interpretación de los derechos
adquiridos, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores.

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés
público o social. […]”. (Negrilla fuera del texto).

96. De conformidad con el segundo inciso de ese precepto, aquellas situaciones
particulares que envuelven un contexto de conflicto asociado a la utilidad pública o
al interés social, como ocurre en materia ambiental, no son propiamente derechos
adquiridos, “[…] pues en el derecho público la doctrina y la jurisprudencia
consideran que es más apropiado hablar de situaciones jurídicas
consolidadas. […]”30.

97. La Corte Constitucional, en la sentencia C-192 de 2016, aclaró que: “[…] el
Estado puede, a través de las autoridades competentes y bajo la condición de que
existan motivos altamente valiosos vinculados al cumplimiento de la función social
de la propiedad o a la realización de intereses comunes, configurar el ejercicio de
los derechos […]”. Para la Corte, “[…] cuando se trata de situaciones particulares y
concretas que nacen y se desarrollan en el marco de relaciones que tienen o llegan
a tener un vínculo con la utilidad pública o el interés social, surge un derecho que,
si bien protege la posición o relación jurídica, no resulta intangible […]”.

98. Esta Sección ha sostenido en su jurisprudencia que las situaciones jurídicas
particulares consolidadas, en el marco de ciertos regímenes de derecho público
relacionados con el interés general, se pueden revocar, modificar o complementar.
Por tal razón, los derechos concedidos a través de permisos, licencias, concesiones

30
Sentencia C-604 de 2000.

20

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

o autorizaciones en materia ambiental, urbanística, de ordenamiento territorial y de
servicios públicos, entre otras31, no implican la inmutabilidad de la situación jurídica.

99. Concretamente, la Sección Primera del Consejo de Estado estudió en la
sentencia de 28 de abril de 202232 si la autorización para aprovechamiento de aguas
otorgada a la EAAB ESP a través del Decreto 431 de 10 de abril de 190633,
continuaba vigente con ocasión de la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974. En
otras palabras, se analizó si la empresa demandante contaba con una situación
jurídica consolidada que precedía al Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

100. En ese antecedente, se explicó que el citado código marcó un cambio sustancial
en la gestión de los recursos naturales en Colombia, especialmente en lo
relacionado con las aguas de dominio público. Dicho marco legal, reforzado
posteriormente por la Constitución de 1991, estableció estándares claros para
equilibrar el desarrollo sostenible con la protección de los ecosistemas.

101. También se aclaró que, de conformidad con los artículos 53, 86, 8734, 8835,
8936, 9037, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 163 del Decreto Ley 2811 de 1974, el
derecho de uso de las aguas puede ser adquirido a través de la ley, permisos,
concesiones y asociaciones.

102. Específicamente,para las aguas de dominio público, se reconocieron dos
formas principales. La primera es el uso por ministerio de la ley, limitado a
necesidades básicas. La segunda las concesiones, sujetas a condiciones
específicas y bajo un control riguroso por parte del Estado. Estas concesiones

31
Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de diciembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés; radicación núm.: 15001-23-33-000-2014-00223-02; y sentencia de 14 de marzo de 2019, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, radicación núm.: 17001-23-00-000-2011-00337-01; sentencia de 10 de mayo de 2007, C.P. Ostau De Lafont
Pianeta, radicación núm.: 11001032400020030033401; sentencia de 23 de marzo de 2000, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa,
radicación núm.: 5924; sentencia de 2 de diciembre de 1999, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa, Radicación núm.: 5692;
sentencia de 23 de febrero de 2006, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, radicación núm. 11001-03-24-000-2003-00048-
01; sentencia de 14 de mayo de 2015, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación núm.: 11001-03-24-000-2008-00044-
00; y sentencia de 16 de marzo de 2012, radicación número: 25000-23-24-000-2002-00631-01.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.: 25000 23 24 000 2001 01030 02,
acumulado con el proceso 11001 23 24 000 2002 00147 01.
33
“[…] Por el cual se dictan algunas medidas de utilidad pública […]”.
“Artículo 1°. Cédase al Distrito Capital el aprovechamiento de todas las aguas de uso público nacionales de los ríos San
Cristóbal, San Francisco, el Arzobispo y demás ríos, arroyos, vertientes públicas y de uso público que corran dentro del
territorio del Distrito Capital, o en sus cercanías, y que sean necesarias para satisfacer las necesidades domésticas de agua,
luz, higiene y locomoción de los habitantes de la ciudad.
Parágrafo. El Gobernador del Distrito Capital dictará todas las disposiciones conducentes para que queden satisfechas
eficazmente las necesidades de que trata el artículo anterior; y en consecuencia, podrá adquirir voluntariamente, o por vía de
expropiación, los terrenos o predios y demás elementos que fueran necesarios para la construcción de edificios y estanques,
paso de las aguas, etc, etc.
Artículo 2° El Ministerio de Obras Públicas y Fomento procederá a celebrar con la Compañía del Acueducto de Bogotá los
arreglos que sean necesarios, o a terminar los que esta compañía tenía pendientes con la Municipalidad de Bogotá, a fin de
incluir los derechos de la compañía en la nueva organización que se dará al servicio de agua de Bogotá.
Artículo 3°. El Ministerio de obras Públicas y Fomento, de acuerdo con la Gobernación del Distrito Capital, procederá a la
mayor brevedad posible a organizar la empresa o empresas que tomará a su cargo el servicio de agua, alumbrado público,
construcción de fuentes públicas, alcantarillas, desagües y demás servicios que reglamenten la salubridad e higiene pública.
Parágrafo. En las empresas de que habla el artículo anterior, serán accionistas el Gobierno nacional, el Distrito Capital y las
demás entidades y particulares que quieran presentar su cooperación”.
34
“Artículo 87. Por ministerio de la leyes se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, para consumo doméstico
exclusivamente”.
35
“Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.
36
“Artículo 89. La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina”.
37
“Artículo 90. La prelación para otorgar concesiones de aguas se sujetará a las disposiciones de este Código”.

21

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

contemplaron restricciones que garantizan la preservación del recurso y su
aprovechamiento sostenible.

103. En la sentencia de 28 de abril de 2022 se mencionó que el código de recursos
naturales estableció el procedimiento, los requisitos y los criterios a verificar a
efectos de otorgar una concesión de aguas. También incorporó mecanismos para
modificar las condiciones de las concesiones por razones de utilidad pública, y las
sanciones procedentes en caso de incumplimiento. Dicho enfoque contrastó con lo
reglado en el Decreto 431 de 1906, que otorgaba derechos de uso de recursos
hídricos de manera amplia y sin limitaciones.

104. Bajo este marco normativo, la Sección Primera concluyó que la EAAB ESP
debió ajustarse a los lineamientos del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, y solicitar la respectiva concesión
de aguas del río Bogotá cuando entró en vigencia la nueva normativa, para
garantizar que el uso del agua cumpliera con los criterios de sostenibilidad y
protección ambiental.

105. De la referida providencia se destacan los siguientes apartados:

“[…] Aunado a lo anterior, de la revisión de las disposiciones del Decreto 2811 de 1974,
se observa que previó que el único escenario válido para hacer uso de los recursos
naturales por ministerio de la ley está dado en la satisfacción de las necesidades
elementales de las personas, las de su familia y la de sus animales de uso doméstico,
en los términos de los artículos 53 y 86, lo que también pone en evidencia la
incompatibilidad entre una y otra disposición legal, dado que el Decreto 431 de
1906, al efectuar la mencionada cesión tuvo en consideración que la misma
tendría como objeto la satisfacción de las necesidades domésticas de agua, luz,
higiene y locomoción de los habitantes de Bogotá, contexto distinto al que se
encuentra en el Decreto 2811 de 1974, en el que se busca ponderar la preservación
del medio ambiente con el desarrollo sostenible; de ahí que para la ejecución de
actividades económicas y las de prestación de servicios públicos, deba cumplirse
con las disposiciones ambientales previstas para esos efectos.

En ese orden de ideas, la Sala es del criterio que la cesión para aprovechamiento
dispuesta en el Decreto 431 de 1906, a favor de la EAAB, ha sido derogada por
el Decreto 2811 de 1974, Código que reguló de manera integral la materia,
habida cuenta que deviene en incompatible con el espíritu de las disposiciones
de este último, toda vez que se trata de una cesión absoluta y sin restricciones
para el uso del agua de los afluentes allí determinados y todas las demás que
resultaran necesarias en el marco de la prestación del servicio de acueducto en
el Distrito Capital, cuando la nueva filosofía normativa del Decreto 2811 de 1974,
está dirigida a hacer riguroso el control sobre los recursos naturales
renovables, definiendo para ello reglas claras de la manera de acceder su uso
y aprovechamiento, en perspectiva de la necesidad de lograr su conveniente y
racional utilización.

Bajo tal entendimiento, la CAR solicitó entonces a la Empresa de Acueducto
que tramitara las respectivas concesiones y esta última accedió a presentar las
solicitudes que eran requeridas, precisamente para cumplir con los requisitos
que exige el nuevo modelo de desarrollo y hacer uso de las aguas siguiendo los
preceptos atrás descritos. […]”. (Negrilla fuera del texto).

22

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

106. Este criterio jurisprudencial aplica análogamente al caso concreto. El Decreto
2675 de 1953 en su artículo 5.°, según lo mencionado en la demanda, otorgó la
siguiente merced de aguas a la EAAB ESP de forma ilimitada:

“[…] Artículo 5: Cédese (sic) al Municipio de Bogotá, con destino al acueducto de la
ciudad capital, hasta seis (6) metros cúbicos de agua por segundo del caudal del rio
Bogotá en la zona de su confluencia con el rio Neusa, quedando obligado a dejar
pasar de dicha confluencia para abajo, el flujo natural mínimo del rio […]

El Ministerio de Agricultura reformará la merced de aguas concedida por Resolución
doce (12) de agosto de 1951, en el sentido de ajustarla a la concesión que por tiempo
ilimitado se otorga en el presente artículo […]”.

107. En el proceso también se acreditó, conforme a la parte motiva38 de la Resolución
1288 de 24 de octubre de 2000, que el 22 de octubre de 1954 el Ministerio de
Agricultura expidió la Resolución 123, mediante la cual otorgó a la EAAB ESP una
concesión por el mismo caudal para el uso ilimitado de las aguas del rio Bogotá.

108. Con fundamento en ese permiso, la EAAB ESP construyó la planta de
tratamiento de agua potable Tibitoc, cuya operación inició el 8 de febrero de 1958,
en los términos de la certificación obrante en el plenario.

109. Posteriormente, a través del artículo 1.° de la Ley 141 de 1961, el mandato
previsto en el Decreto 2675 de 1953 adquirió fuerza de ley, en los siguientes
términos:

“[…] ARTÍCULO 1º Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con
invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el nueve (9) de noviembre de
mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil
novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas
o modificadas por leyes posteriores. […]”.

110. Estosignifica que el Ministerio de Agricultura otorgó a la EAAB ESP una
concesión para el uso ilimitado de las aguas del rio Bogotá a través de la Resolución
123 de 1954, en virtud de lo reglado por el Decreto 2675 de 1953, norma con fuerza
de Ley.

111. Sin embargo, los artículos 53 y 86 del Decreto Ley 2811 de 1974 determinaron,
de forma razonable y en procura del interés general que el único escenario válido para
hacer uso del agua por ministerio de la ley es la satisfacción de las necesidades
elementales de las personas, su familia y animales de uso doméstico. Por ello, no es
posible considerar que la empresa gozara de una situación jurídica inmodificable.

38
“Que mediante Resolución 12 del 29 de agosto de 1951, el Ministerio de Agricultura concedió a Bogotá permiso para derivar
del rio Bogotá hasta la cantidad de 1.500 litros de agua por segundo con destino al Acueducto Urbano de Bogotá; Resolución
que fue modificada por la No. 123 de 1954 en el sentido de otorgar a Bogotá, hasta la cantidad de 6.0 m3/s derivados de la
corriente rio Bogotá cuya captación y bombeo se efectuarían en los alrededores de la zona de confluencia del rio Neusa, con
el rio Bogotá.”

23

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

112. El artículo 13439 y la parte III del libro II del Decreto Ley 2811 de 1974, sobre
“los modos de adquirir derecho al uso de las aguas”, establecieron un marco
normativo riguroso orientado hacia el desarrollo sostenible. Esas reglas claras para
el manejo de los vertimientos fueron reglamentadas por el gobierno nacional a
través del artículo 208 del Decreto 1541 de 1978 así:

“[…] ARTÍCULO 208. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en
cualquiera de los usos previstos por el artículo 36 de este Decreto se han de
incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento
el cual se tramitará junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso
del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del
permiso o concesión.

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión
para el uso de las aguas. […]”. (Negrilla fuera del texto).

113. El Decreto 1541, en sus artículos 19340, 21141, 21342, 21443, 21544, 21645, 21746,
22047, 22448 y 28149, estableció los requisitos técnicos y normativos exigibles al
tratamiento de efluentes, así como los aspectos procesales aplicables al
procedimiento de evaluación del permiso de vertimiento, junto con el periodo
máximo de duración de esos permisos y los criterios especiales previstos para los
vertimientos derivados de la prestación del servicio de acueducto.

114. Esto significa que la EAAB ESP, a pesar de la concesión de aguas otorgada en
la Resolución 123, tenía el deber de solicitar el permiso de vertimientos a la CAR a
partir del 28 de julio de 1978, conforme a lo reglado en el artículo 208 del Decreto
1541 en materia de vertimientos, y lo reglado en los artículos 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94 y 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 y en los artículos 30 y 36 del Decreto 1541,
sobre el deber de toda persona natural o jurídica, pública o privada de obtener una
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para el “[…]
Abastecimiento en los casos que requiera derivación […]”.

115. Por lo tanto, la empresa demandante no desvirtuó la falsedad de los motivos
indicados en la Resolución 3431 de 15 de diciembre de 2011, en relación con la
transgresión del artículo 208 del Decreto 1541 de 1978, acto que señala:

39
“ARTÍCULO 134.- Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano, y en general, para las
demás actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines deberá: (…)
e.- Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en que debe prohibirse, condicionarse o permitirse el
vertimiento de residuos, basuras, desechos y desperdicios en una fuente receptora”.
40
Establece los requisitos técnicos y descriptivos para las obras de tratamiento de efluentes, incluyendo memoria descriptiva,
cálculos y diseños técnicos.
41
Prohíbe el vertimiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos sin tratamiento que puedan contaminar o eutroficar las
aguas, y establece el grado de tratamiento según el uso del agua y sus implicaciones ecológicas y de salud.
42
Detalla la información requerida para obtener un permiso de vertimiento, como datos del solicitante, localización y
características del vertimiento.
43
Exige un proyecto técnico elaborado por especialistas para el tratamiento de afluentes como parte de la solicitud de permiso
de vertimiento.
44
Describe el procedimiento de las solicitudes de permiso de vertimiento.
45
Define las condiciones para otorgar permisos de vertimiento.
46
Limita la duración de los permisos de vertimiento a cinco años, con posibilidad de prórroga bajo revisión.
47
Regula las concesiones para servicios de acueducto, incluyendo condiciones especiales relacionadas con tratamientos y
obras necesarias.
48
Define las características del efluente de las plantas de tratamiento con base en la capacidad de autopurificación de las
fuentes receptoras.
49
Asigna al Inderena la administración y supervisión de permisos para diversas actividades relacionadas con el recurso
hídrico, como vertimientos y exploración de aguas subterráneas.

24

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

“[…] Consideraciones de la CAR al cargo primero:

Obedece al hecho de incorporar al rio Bogotá aguas residuales provenientes de las
lagunas de oxidación ubicadas en las instalaciones de la concesionaria Tibitoc S.A.
ubicada en la vereda Tibitoc jurisdicción del municipio de Tocancipá (Cundinamarca),
donde se tratan los lodos generados en el proceso de potabilización de las aguas sin
el permiso de vertimientos, con lo cual presuntamente se vulnera el artículo 208
del Decreto 1541 de 1978 "por el cual se reglamenta la parte Ill del libro Il del
Decreto Ley 2811 de 1974; de las aguas no marítimas y parcialmente la Ley 23 de
1973” que al tenor literal determina:

[…] Del análisis textual de la norma transcrita que soporta el cargo primero enunciado
se colige que la esencia de la misma es que para arrojar a las aguas cualquier clase
de vertimiento, independientemente que se denomine sustancia, desecho, lodo o
agua pura, se requiere contar con el permiso de vertimiento otorgado por la autoridad
ambiental correspondiente.

Para el caso tratado es claro que la EAAB - E.S.P. no cuenta con permiso de
vertimientos, afirmación contenida en el Informe Técnico No. 529 de 2009.

Afirma la empresa en el escrito de descargos que en el punto de descarga de la
laguna de oxidación no se vierten lodos y el agua de mejor calidad de las
captadas y en todo de mejor calidad que las que lleva la fuente en el punto de
descarga el Informe Técnico No. 529 de 2009 enunciado y que dio origen a la
apertura del proceso sancionatorio, conceptúa textualmente lo siguiente:

"Igualmente se pudo comprobar que la empresa de acueducto y alcantarillado de
Bogotá - EAAB a través de la concesionaria Tibitoc S.A. E.S.P., está realizando un
vertimiento al rio Bogotá proveniente de las lagunas de oxidación en donde se tratan
los lodos generados en el proceso de potabilización del agua”.

Así las cosas, el vertimiento al rio Bogotá por parte de la EAAB - E.S.P. se alla
comprobado y en consecuencia el argumento expuesto en los descargos,
relacionado con que se remitieron los análisis físicos, químicos y
bacteriológicos del no tanto en el punto de captación como en el efluente no
puede acogerse positivamente toda vez que el cargo imputado obedece al
hecho de no contar con el permiso de vertimientos correspondiente. Además,
los análisis no se remitieron como parte de la solicitud del permiso de
vertimientos, ni hacen parte del proceso de potabilización de las aguas
residuales provenientes de las lagunas de oxidación, los análisis se remitieron
en la documentación correspondiente al trámite de concesión de aguas y como
parte del proceso de tutela que se adelantó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

[…] Al respecto, debe reiterarse y aclararse a la EAAB - E.S.P. que en el primer cargo
no se censura la calidad del efluente resultado de un proceso de potabilización, ni las
características físico químicas del recurso agua en el punto de descarga, sino la
ausencia de una solemnidad exigida por la norma ambiental para cuyo otorgamiento
debe promoverse y agotarse el procedimiento previsto en la ley, con miras a la
expedición del permiso de vertimientos, el cual debía tramitarse y obtenerse de la
autoridad ambiental competente para que esta pudiera controlar y legalizar el
vertimiento, teniendo en cuenta además que de conformidad con la ley y las normas
que regulan la materia, los trámites permisivos ambientales son expresos, es
decir, no existen autorizaciones ambientales tácitas ni opera el silencio
administrativo positivo al respecto, además, los permisos ambientales son de
naturaleza rogada, lo que reafirma la obligación que tienen los particulares y no
solo el Estado de concurrir a la protección del medio ambiente por ser

25

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

patrimonio común, tal y como lo establece el artículo segundo de la Ley 23 de
1973. […]” (Negrilla fuera del texto).

116. Como puede apreciarse la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
ESP realizó vertimientos al río Bogotá desde 1958, provenientes de las lagunas de
oxidación de la planta de potabilización Tibitoc, sin contar con el permiso ambiental
requerido, lo cual vulnera las normas legales y procedimientos establecidos para la
protección del medio ambiente en el Decreto Ley 2811 de 1974.

117. En el proceso no se acreditó la existencia de un error en los motivos
relacionados con el quebrantamiento del artículo 208 del Decreto 1541 de 1978.
Incluso, el hecho que la CAR no requiriera previamente a la empresa para que
tramitara ese permiso no subsana dicha irregularidad legal. Las normas ambientales
son de orden público y no pueden ser objeto de transacción o de renuncia a su
aplicación por las autoridades o por los particulares, en los términos del artículo 107
de la Ley 99 de 1993. Por lo tanto, los planteamientos no prosperan.

V.4.2. La presunta vulneración del principio de buena fe porque el a quo no
valoró el contenido de la Resolución 123 de 1954

118. La EAAB ESP afirmó en el recurso de apelación que el a quo vulneró el principio
de buena fe establecido en el artículo 8350 de la Constitución Política, porque no
estudió de fondo el contenido de la Resolución 123 de 1954, debido a que ese acto
administrativo no obraba en el plenario.

119. Sobre el particular, en la sentencia de 20 de febrero de 2014 la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo
siguiente:

“[…] Para resolver lo argumentado por la EAAB resultaría pertinente verificar el
contenido de la Resolución No. 123 de 22 de octubre de 1954, expedida por el
Ministerio de Agricultura, sin embargo, debe advertirse que la misma no fue allegada
al proceso, lo que impide que se pueda constatar lo afirmado por la EAAB y en esa
medida con tal argumento no se entiende desvirtuado el cargo número uno formulado
en su contra por la CAR mediante la Resolución OPSC No. 26 de 8 de mayo de 2009.

Además resulta del caso señalar que el único documento del que se observa la
concesión de aguas del rio Bogotá, es la Resolución No. 1288 de 24 de octubre de
2000 “(Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a la EAAB y se
toman otras determinaciones)”, expedida por el Subdirector Jurídico (E) de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en la que se alude a la
Resolución No. 123 de 1954, pero de la misma no se puede observar con total claridad
el contenido de esta, para verificar que dentro de ella estuviere implícito el permiso
de vertimientos. […]”.

120. Al respecto, es pertinente mencionar que la Corte Constitucional51 definió el
principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades

50
El artículo 83 de la Constitución Política señala que: “[…] las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas […]”.
51
Al respecto, ver las sentencias T-475 de 29 de julio de 1992, C-836 de 2001 y T-021 de 2007, entre otras.

26

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)” 52.

121. En el escenario judicial, tal prerrogativa acarrea el cumplimiento de las cargas
probatorias encomendadas a los sujetos procesales que acuden a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

122. De conformidad con el artículo 164 del Código General del Proceso, que regula
la necesidad de la prueba, “[…] Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso […]”. En el mismo sentido, el artículo
167 ibidem contempló el principio de la carga de la prueba, conforme al cual al actor
le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión.

123. Respecto de la omisión probatoria del caso concreto, la Sala pone de presente
que el artículo 17753 del Código General del Proceso, al regular la prueba de las
normas jurídicas, indicó que las resoluciones que no tengan alcance nacional se
aducirán al plenario, en el evento en que dicho acto no este publicado en la página
web de la entidad.

124. Así las cosas, como lo sostuvo el tribunal de primera instancia, era un deber de
la EAAB ESP demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos que
fundamentaban sus argumentos. En esta jurisdicción ninguna de las partes goza de
un privilegio especial que permita tener por ciertos los argumentos enunciados en
su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones54.

125. Por lo tanto, como la empresa incumplió su deber y no acreditó cuál era el
contenido de la Resolución 123, el cargo no prospera, máxime teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas en el anterior acápite.

V.4.3. La relación entre la sentencia de 29 de julio de 201055 y el caso concreto

126. La EAAB ESP solicitó la aplicación del criterio jurisprudencial establecido en la
sentencia de 29 de julio de 2010, porque la Sección Primera del Consejo de Estado
en ese antecedente además de reconocer la existencia de la Resolución 123 de
1954, estudió el alcance de la concesión de aguas conferida a la empresa
demandante por ese acto administrativo.

52
Al respecto, ver las sentencias T-475 de 1992 y C-790 de 2011.
53
“Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las
leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte.
La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de
ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país.
También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o
experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar
como abogado allí.
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de origen o
mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente.
Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será
necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente”.
54
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, C.P. Enrique Gil Botero Bogotá D.C., radicación número: 05001-23-
26-000-1994-02376-01(18048).
55
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001032400020030016701.

27

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

127. En la citada providencia esta Sección evaluó si los actos administrativos que
concedieron en el año 2002 a la EAAB ESP una concesión para derivar hasta seis
metros cúbicos por segundo (6 m3/s) de agua del Río Bogotá durante un año, eran
nulos por violar normas superiores y tener falsa motivación, dado que el plazo de
dicho permiso y la cantidad de metros cúbicos autorizados no eran suficientes para
satisfacer la prestación del servicio público de acueducto a cargo de la empresa.

128. Para resolver tal interrogante, se consideró que, en cumplimiento de lo
ordenado en el Decreto Legislativo 2675 de 1953, el entonces Ministerio de
Agricultura, a través de la Resolución 123 de 22 de octubre de 1954, otorgó una
concesión al municipio de Bogotá para derivar aguas del Río Bogotá hasta por seis
metros cúbicos por segundo (6 m3/s).

129. Se mencionó que el 29 de agosto de 1967, la EAAB ESP solicitó a la entonces
Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté
y Chiquinquirá ampliar la citada concesión en dos metros cúbicos por segundo (2
m3/s), para así poder derivar hasta ocho metros cúbicos por segundo (8 m3/s). Dicha
concesión se otorgó en la Resolución 300 de 1968 por un término de 20 años.

130. Por lo anterior, la Sección encontró que la Resolución 1288 de 24 de octubre de
2002, se encontraba falsamente motivada e infringía el artículo 5.º del Decreto
Legislativo 2675 de 1953 y la Ley 151 de 1961, debido a que la autoridad
demandada había interpretado erróneamente el alcance de la Resolución 300 de
1968.

131. Se indicó que, aunque la EAAB tenía permiso para derivar aguas del Río Bogotá
en la planta Tibitoc por seis metros cúbicos por segundo (6 m3/s) por un periodo de
tiempo indefinido, esto no implicaba que fuera concedido de manera permanente.
La autoridad ambiental podía definir un plazo específico siempre y cuando justificara
adecuadamente la decisión, algo que no ocurrió en dicho trámite.

132. Aunado a lo expuesto, esta Sección consideró que la concesión por seis metros
cúbicos de agua (6m3/s) que fue otorgada a la EAAB en las disposiciones
demandadas era contraria a los distintos informes técnicos y testimonios que
mencionaban que la necesidad del recurso hídrico por parte de esa empresa era de
mínimo entre ocho y diez metros cúbicos por segundo (8 m3/s y 10 m3/s).

133. Dichas circunstancias llevaron a declarar la nulidad del artículo 1.° y del
parágrafo segundo del artículo 1.° de la Resolución 1288 del 24 de octubre de 2002.

134. Como puede apreciarse, la controversia planteada en el proceso 11001-03-24-
000-2003-00167-01 no estaba circunscrita a determinar si la EAAB tenía o no una
concesión de aguas y un permiso de vertimientos por ministerio de ley, como se
sostiene en el presente caso.

135. Elobjeto de dicho asunto se limitó a identificar si eran nulos los actos
administrativos allí demandados, al determinar un plazo y monto autorizado para

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

derivar aguas del Río Bogotá, el cual resultó ser insuficiente para la prestación del
servicio público de acueducto a través de la planta Tibitoc.

136. En tal contexto, es claro que la citada providencia no puede servir de precedente
en el presente asunto, en la medida que los hechos y fundamentos de derecho en
ambos casos son disímiles.

V.4.4. La demora de la CAR en resolver la solicitud de permiso de vertimientos

137.La EAAB ESP indicó que el 18 de mayo de 2009 presentó la solicitud de
permiso de vertimiento para el funcionamiento de la planta Tibitoc al río Bogotá, y
que ese trámite demoró más de tres años debido a la ineficiencia de la autoridad
ambiental.

138. Agregó que, durante la evaluación del permiso, la CAR inició el respectivo
procedimiento sancionatorio y adoptó medidas preventivas contra la empresa, lo
que vulnera los principios de eficacia y eficiencia en la administración pública.

139. Frente a dicho reparo la CAR explicó en la Resolución 1189 de 2012, lo
siguiente:

“[…] CARGO PRIMERO. NO SE CONCRETA VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 208
DEL DECRETO 1541 DE 1978. LA AUTORIDAD AMBIENTAL NO EVALUÓ NI
TRAMITÓ DENTRO DE LOS PERMISOS DE CONCESIÓN DE AGUAS EL
CORRESPONDIENTE PERMISO DE VERTIMIENTOS. INACTIVIDAD DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL TRÁMITE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES.

[…] Como bien se aprecia, se censura en el cargo primero la ausencia de permiso de
vertimientos respecto de la descarga de las aguas residuales provenientes de las
lagunas de oxidación ubicadas en las instalaciones de la concesionaria Tibitoc S.A.
vereda Tibitoc, del municipio de Tocancipá Cundinamarca, que son incorporadas al
Rio Bogotá.

Al respecto, debe notarse que no le asiste razón a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P. cuando aduce que la inactividad de la Car
en el trámite conjunto del permiso de concesión de aguas y del permiso de
vertimientos constituye el hecho generador del cargo formulado. Lo anterior, por
cuanto los trámites ambientales de carácter permisivo son de naturaleza rogada y en
ese orden de ideas, es claro que el ordenamiento jurídico en materia ambiental exige
la solicitud previa del usuario como requisito para el trámite de los diferentes permisos
ambientales, entre ellos el permiso de vertimientos, como quiera que la autoridad
ambiental no está facultada legalmente para otorgar de oficio los permisos o
autorizaciones ambientales que requiera una determinada obra, proyecto o actividad,
como tampoco para promover en nombre de terceros el inicio de dichos permisos
pues la iniciativa para tal efecto ha sido radicada en cabeza de los usuarios.

En otros términos, en tratándose del inicio de los trámites permisivos ambientales, la
carga le corresponde a la persona natural o jurídica que hace uso o aprovechamiento
de los recursos naturales.

Así las cosas, ni el conocimiento por parte de la Corporación del proyecto
adelantado por la EAAB E.S.P. como tampoco el seguimiento y control que
realiza la autoridad ambiental le imponen a ésta la obligación de expedir los

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

permisos y autorizaciones ambientales sin más, o de tenerlos por implícitos
cuando la ley exige que éstos sean expresos y contengan en forma clara la
descripción de las obligaciones y términos que condicionan el ejercicio de los
respectivos permisos ambientales, pues resulta indispensable que el usuario o el
interesado manifieste en forma previa por escrito la intención de obtenerlos, con el
propósito de que allegue la documentación respectiva que pretenda hacer valer y se
proceda a determinar la viabilidad de su otorgamiento.

Por lo expuesto, si bien el artículo 208 del Decreto 1541 de 1978 impone como
una de las diferentes modalidades el trámite conjunto de los permisos de
concesión de aguas y de vertimientos, también lo es que la norma no establece
que sea función de la Corporación promover de oficio dicha actuación, con
miras al otorgamiento del permiso de vertimientos.

Ahora bien, tal y como se desprende de la documental obrante en el expediente y se
corrobora con la relación cronológica expuesta en el escrito impugnación, el trámite
del permiso de vertimientos sólo fue promovido por la EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTRARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P, posterioridad al inicio del presente
trámite sancionatorio.

En efecto, mediante la Resolución OPSC No. 26 de 8 de mayo de 2009 (fls.5 a 8
Tomo 1) se dio inicio al presente trámite sancionatorio y se formuló pliego de cargos
a la citada empresa, con ocasión del cual la EAAB advirtió su obligación legal de
acudir a la CAR en solicitud del permiso de vertimientos, la cual materializó sólo
cuando la Procuraduría General de la Nación intervino para enfatizarle la
necesidad de agotar el trámite ambiental, petición que radicó el 28 de mayo de
2009 (Rad. 20091107815), dando lugar al trámite permisivo que cursa
actualmente dentro del Expediente 33866.

De otra parte, es de notar que con la entrada en vigor del Decreto 3930 de 2010, las
condiciones de otorgamiento del permiso de vertimientos han variado
consustancialmente, de suerte que no es de recibo para la Corporación que se
aduzca la mora de la entidad en el otorgamiento del mismo, pues la ausencia
del permiso de vertimientos que se censura en este cargo no atiende
únicamente a la falta de un requisito documental que simplemente se expida.

Por el contrario, se trata de un permiso que debe agotar un minucioso análisis
técnico en el que se determine la norma de vertimientos a cumplir, de cara a los
objetivos de calidad del Rio Bogotá y a las condiciones establecidas en la
prenotada normativa; y en tal sentido, la sola presentación de la solicitud del
permiso de vertimientos no implica per se el otorgamiento del mismo.

Por las razones antes vistas, se advierte que no es procedente reponer el artículo
cuarto de la Resolución No. 3431 de 2011 y en su lugar confirmar la decisión objeto
de impugnación en lo relativo al primer cargo, esto es, por infracción del artículo 208
del Decreto 1541 de 1978 […]” (Negrilla fuera del texto).

140. Al respecto, la Sala advierte que el análisis de la legalidad del procedimiento
que inició con ocasión de la solicitud de vertimientos presentada por la EAAB ESP
en el 2009 excede el objeto del presente debate judicial porque refiere a una
actuación administrativa independiente.

141. Como lo mencionó la CAR en la parte motiva del acto acusado, los trámites
ambientales de carácter permisivo son de naturaleza rogada. Esto significa que las
autoridades ambientales no pueden otorgar de oficio los permisos necesarios, ni
para promover el inicio de dichos trámites en nombre de los usuarios. La iniciativa

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

debe recaer exclusivamente en la persona natural o jurídica responsable de cumplir
la normativa ambiental.

142. Por lo tanto, el cargo no prospera porque la demora y complejidad del
procedimiento de evaluación ambiental no afecta la presunción de legalidad que
cobija a las decisiones sancionatorias adoptadas por una autoridad ambiental que
advierte la comisión de una conducta transgresora del entorno natural.

V.4.5. La CAR autorizó la concesión cuestionada en la Resolución 0692 de
1997

143. La demandante afirmó que no quebrantó el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978
porque la CAR autorizó la concesión de aguas del río Teusacá en la licencia
ambiental única del programa Santa Fe I, otorgada mediante la Resolución 0692 de
1997.

144. Frente a ese reparo, la Resolución 1189 de 2012, en su parte motiva, explica lo
siguiente:

“[…] CARGO CUARTO. LA SOLICITUD DEL PERMISO DE CONCESION DE
AGUAS DEL RÍO TEUSACA EN EL EMBALSE APOSENTOS HACE PARTE DE LA
LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA SANTAFE I, POR SER LICENCIA
ÚNICA.

Respecto de este argumento de impugnación, como primera medida debe reiterarse
lo consignado en la Resolución No 3431 de 15 de diciembre de 2011 (fis. 1692 a
1717 - Tomo 9), en cuanto la captación que ha venido realizando la EAAB E.S.P.
del Rio Teusacá en el punto localizado en el Embalse Aposentos, no está
amparada por el respectivo permiso de concesión de aguas, permiso que – al
igual que en el cargo anteriormente analizado -, solo fue solicitado a esta
Corporación hasta el 28 de mayo de 2009 (Radicado 20091107815), esto es, con
posterioridad al inicio del presente tramite ambiental de carácter sancionatorio
(Resolución OPSC No. 26 de 8 de mayo de 2009 -fls. 5 a 8 Tomo 1 -), dando lugar al
trámite permisivo que cursa dentro del expediente 33869.

Ahora bien, no acierta la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA E.S.P. cuando afirma en su escrito de impugnación que la concesión de
aguas para ser derivada del Rio Teusacá en el punto de captación del Embalse
Aposentos está inmersa en la licencia para el Programa Santafé 1, a través de la
Resolución 0592 de 1997.

En efecto, del tenor literal de la Resolución 0692 de 1997 que otorgo Licencia
Ambiental al Programa Santafé no se desprende que la Corporación haya
otorgado un permiso de concesión de aguas a la EAAB E.S.P. para derivar de
la fuente denominada Rio Teusacá en el punto de captación del Embalse
Aposentos, pues se reitera que los permisos ambientales son expresos y no
tácitos, no pudiendo deducirse simplemente aspectos particulares determinantes que
son evaluados en forma previa y de manera técnica para conceder el permiso de
concesión de aguas, tales como: la fuente que será autorizada para la captación, su
georreferenciación, la oferta hídrica de la fuente, el sistema de captación y las
condiciones de construcción de las obras, el caudal concesionado, el término de la
concesión otorgada y las obligaciones del concesionario, entre otras.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

Por el contrario, la Licencia Ambiental para el Programa Santafé I tuvo como
soportes para su otorgamiento el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, el
Programa Básico de Monitoreo, el Plan de Educación Ambiental, el Manual de
Guías Ambientales, la Participación Comunitaria y los Informes Técnicos que
fueron expedidos en el curso de dicho trámite, por lo que es claro que no hace
parte de dicha Licencia Ambiental ninguna decisión referente al permiso de concesión
de aguas que requiere la EAAB para derivar del Rio Teusacá en el punto de captación
del Embalse Aposentos.

De otro lado, se reitera tal y como se mencionó en la resolución No. 3431 de 15 de
diciembre de 2001, que de la resolución 1330 de 23 de agosto de 2000 (fis. o a
Tomo 2), no se infiere tampoco que la Corporación haya otorgado permiso a la
EAAB E.S.P. para captar aguas superficiales del Rio Teusacá en el Embalse
Aposentos, contrario a lo expresado por la apoderada de la EAAB E.S.P. cuales son
los permisos ambientales que son necesarios para adelantar esa obra o proyecto y
que harán parte del instrumento de manejo que es la Licencia Ambiental.

Más aún, el Decreto 2150 de 1995 en su artículo 132 reafirma lo expresado en la Ley
99 de 1993, en tanto la Licencia Ambiental lleva implícitos todos los permisos,
autorizaciones, concesiones, de carácter ambiental necesarios para la construcción,
desarrollo y operación de la obra industria o actividad.

Así las cosas, es claro que a través de la Resolución 0692 de 1997 la Corporación
otorgó Licencia Ambiental para la ejecución del Programa Santafé I en la
comprensión territorial-del Distrito Capital, pero no hace parte de ella el permiso
de concesión de aguas para derivar de la fuente denominada Rio Teusacá, en
el punto de captación del embalse Aposentos, el cual no fue impulsado por la
EAAB E.S.P. sino hasta con posterioridad al inicio de la presente actuación
sancionatoria.

Es de notar además, que respecto de la mención de la apoderada de la EAAB E.S.P.
según la cual en el acto recurrido no se hizo ningún análisis respecto del alcance del
Embalse de Aposentos, la estación de bombeo y el canal de aducción como parte de
las obras denominadas Tibitoc lI, debe enfatizarse que el cargo cuarto censura la
inexistencia de una solemnidad exigida por la ley como lo es el permiso de captación
de aguas superficiales que permitiera a la autoridad ambiental el control de la oferta
hídrica de la zona en el marco de su función constitucional y legal de administración
de los recursos naturales, de suerte que resulta descontextualizado un análisis en
torno a las obras de captación referidas.

Por otra parte, al analizar el cargo cuarto en la resolución recurrida no se ha
desconocido que la Corporación tiene pleno conocimiento de que la captación
en el embalse Aposentos no es permanente o habitual, como se ha advertido al
interior del Comité Hidrológico para la Cuenca del Rio Bogotá, - creado por
Resolución No. 0776 de 28 de abril de 2008 -, pero que en todo caso ocurre,
como lo ha sido en estas últimas temporadas invernales y en especial cuando
Ios porcentajes de sólidos suspendidos en el Rio Bogotá se han registrado
elevados como se infiere de los soportes documentales correspondientes al
Expediente 8009-76.1-72, siendo necesaria su regulación y control a través del
permiso de concesión de aguas, con el lleno de los requisitos legales establecidos
en la ley.

Por los motivos ampliamente debatidos, se concluye que no se accederá a la
reposición del artículo cuarto de la Resolución No. 3431 de 2011, pues en su lugar
debe reafirmarse la procedencia de declaratoria de responsabilidad ambiental y de
imposición de sanción por infracción del artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, de
acuerdo con el cargo cuarto de la Resolución OPSC No. 026 de mayo 8 de 2009.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

32

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145. En este contexto, para resolver la controversia planteada, la Sala pone de
presente que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en la acción de
nulidad y restablecimiento con radicación núm. 25000 23 24 000 2001 01030 02
acumulada con el proceso 11001 23 24 000 2002 00147 01, solicitó la nulidad de
las Resoluciones 0656 de 19 de abril de 2000 y 0574 del 11 de abril de 2001, a
través de las cuales la CAR sancionó a esa empresa por captar aguas de los ríos
Teusacá, Bogotá, Tunjuelito, San Cristóbal y San Francisco sin las concesiones
correspondientes, entre el 1 de mayo de 1988, hasta el 19 de abril de 2000 fecha
de expedición de la resolución sancionatoria.

146. En ese medio de control, esta Sección en la sentencia de 28 de abril de 202256
revisó el expediente administrativo 13195 y concluyó que, desde su inicio, la
solicitud de la EAAB de la licencia ambiental única para ejecutar el programa Santa
Fe I, no incluyó el permiso de captación de aguas del río Teusacá para el
funcionamiento del Embalse Aposentos.

147. La Sala verificó que dicho programa tenía como propósito ampliar la cobertura
y reducir la vulnerabilidad del sistema de acueducto y alcantarillado del Distrito
Capital. Por lo tanto, “la solicitud que dio origen a éste no estuvo referida a una
solicitud de concesión de aguas, sino exclusivamente al requerimiento de una
Licencia Ambiental Única para la ejecución del programa Santa Fe I, la cual, de
acuerdo con el “Documento de Solicitud”57 que se allegó en calidad de anexo del
oficio de fecha 24 de abril de 1995, que se menciona en el numeral (i) de este
acápite, tenía como propósito la ampliación de cobertura y reducción de
vulnerabilidad del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad, a través de
los componentes allí descritos”. (Negrilla y subrayado del texto).

148. Dicho precedente compiló la siguiente relación probatoria de las actuaciones
surtidas en el expediente administrativo 13195:

“[…] En el expediente nro. 13195, lo que encuentra probado la Sala es lo que pasa
a reseñarse:

(i) El 24 de abril de 1995, la EAAB presentó ante la CAR solicitud de Licencia
Ambiental Única para el programa Santa Fe I58, en los siguientes términos:

56
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.: 25000 23 24 000 2001 01030 02,
acumulado con el proceso 11001 23 24 000 2002 00147 01.
57
Folios 6 a 24 ibidem.
58
Folios 1 a 24 del expediente administrativo 13915.

33

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
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(ii) Posteriormente, la EAAB solicitó al Ministerio de Ambiente definir la autoridad
ambiental a la que le correspondía expedir la Licencia Ambiental Única para el
proyecto denominado Santa Fe I, cuyo propósito era fortalecer los sistemas de
acueducto y alcantarillado del Distrito Capital. El citado Ministerio, mediante Auto
518 del 11 de agosto de 199559, entre otras determinaciones, avocó conocimiento
de la petición y, por medio de la Resolución 1652 del 26 de diciembre de 1995,
ordenó la remisión del expediente a la CAR para que continuara con el trámite
correspondiente60.

(iii) En Auto DRL – 495 del 21 de marzo de 1996, la CAR declaró formalmente
abierto el expediente 1319561.

(iv) A través de la Resolución 1418 del 5 de julio de 1996, “Por la cual se
aprueban unos Estudios Ambientales, se otorga una Viabilidad Ambiental, se
Impone un Plan de Manejo y se toman otras determinaciones”, se resolvió: (i)
aprobar los estudios ambientales presentados por la EAAB para los componentes
de redes de acueducto, alcantarillado e interceptores del proyecto Santa Fe I, (ii)
otorgar a la EAAB viabilidad ambiental para las anteriores obras, y (iii) se impuso la
obligación de presentar, dentro de los dos (2) meses siguientes, un Plan de Manejo
Ambiental del Componente de Vulnerabilidad y de residuos sólidos generados,
especialmente respecto del proceso de dragado de los cuerpos hídricos localizados
en la Planta Tibitoc, cargue, transporte y disposición sanitaria de lodos62.

(v) La EAAB, en comunicaciones del 14 de agosto de 1996 y 17 de septiembre
de 1996, solicitó a la CAR la ampliación del plazo otorgado en la anterior resolución,
ante la necesidad de contratar una empresa especializada que apoyara los
requerimientos realizados63, peticiones que fueron resueltas por la CAR a través del
Auto DRL 2202 del 23 de octubre de 1996, en el sentido de otorgar un plazo
adicional de dos (2) meses64.

(vi) En comunicación recibida por la CAR el 31 de junio de 1997, la EAAB
manifestó dar cumplimiento a lo ordenado mediante Resolución nro. Nro. 1418 del
5 de julio de 199665.

(vii) Por Resolución 0373 del 7 de marzo de 1997, la CAR convocó a “las
organizaciones No Gubernamentales denominadas FUNDACIÓN AVP PARA EL
DESARROLLO SOCIAL, CORPORACIÓN ECOFONDO Y FUNDACIÓN ARCOS y
a los interesados, las autoridades competentes, los expertos, las organizaciones

59
Folios 30 a 31 ibidem.
60
Folios 28 a 29 ibidem.
61
Folio 74 a 75 ibidem.
62
Folios 218 a 219 ibidem.
63
Folios 222 y 227 ibidem.
64
Folio 293 a 294 ibidem.
65
Folios 296 a 430 ibidem.

34

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

sociales no gubernamentales, a la comunidad de la Localidad de Suba y en general
de Santa Fe de Bogotá”66 a una audiencia pública para ser realizada el 11 de abril
de 199767, como efectivamente aconteció68.

(viii) La División de Calidad Ambiental de la CAR emitió Concepto Técnico D.C.A.
– E 115 del 2 de mayo de 1997, en el cual consignó un gran número de
recomendaciones, entre ellas, la de aprobar el Plan de Manejo Ambiental propuesto
por la EAAB69.

(ix) Por Auto DRL – 421 (fecha ilegible) la CAR declaró reunida la información
de carácter técnico ambiental para decidir la solicitud de Licencia Ambiental Única
presentada por la EAAB respecto del programa Santa Fe I70.

(x) Mediante Resolución 692 del 21 de mayo de 1997, “Por la cual se otorga una
Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”, la CAR resolvió “Otorgar
Licencia Ambiental Única a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTÁ E.S.P., para ejecutar el PROGRAMA SANTA FE I en la comprensión
territorial del Distrito Capital Santa Fe de Bogotá, condicionado a lo dispuesto en la
parte motiva de esta Resolución y en especial de los componentes y exigencias de
orden técnico ambiental, los cuales hacen parte integral del presente acto
administrativo”71.

(xi) A través de la Resolución 0608 del 18 de abril de 2000, se modificó la
Resolución nro. 0692 del 21 de mayo de 1997, aduciendo en su parte considerativa
que el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1999, la EAAB solicitó la ampliación
de la cobertura territorial de la Licencia Ambiental Única que había sido concedida
en el último de los mencionados actos. Expresamente decretó “Modificar el artículo
primero de la Resolución No. 0692 del 21 de mayo de 1997, el cual quedará así:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental única a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., para ejecutar el Programa Santafé I,
en la comprensión territorial de los Municipios de La Calera, Sopó y Chía
(Cundinamarca) y, del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.”72.

(xii) Posteriormente, por medio de comunicación 2000-000003300-1 del 6 de
junio de 2000, la EAAB solicitó nuevamente la ampliación de la cobertura de la
Licencia Ambiental Única del programa Santa Fe I, en el sentido de incluir los
municipios de Tocancipá y Cajicá73.

(xiii) La anterior solicitud fue resuelta por medio de la Resolución 1917 del 23 de
noviembre de 2000, que en lo pertinente dispuso: “ARTÍCULO PRIMERO: Modificar
el artículo primero de la Resolución No. 0608 del 18 de abril de 2000, el cual quedará
así: ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental única a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., para ejecutar el Programa Santafé I,
en la comprensión territorial de los Municipios de La Calera, Sopó, Chía, Tocancipá
y Cajicá (Cundinamarca) y, del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.”74.

De lo hasta aquí expuesto y de la revisión integral del expediente administrativo en
estudio, lo que se advierte es que la solicitud que dio origen a éste no estuvo referida
a una solicitud de concesión de aguas, sino exclusivamente al requerimiento de una
Licencia Ambiental Única para la ejecución del programa Santa Fe I, la cual, de

66
Folio 343 vuelto ibidem.
67
Folios 343 a 344 ibidem.
68
Folios 363 a 414 ibidem.
69
Folios 432 a 437 ibidem.
70
Folio 445 ibidem.
71
Folios 449 a 452 ibidem.
72
Folio 1442 ibidem.
73
Folio 1504 ibidem.
74
Folio 1966 ibidem.

35

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

acuerdo con el “Documento de Solicitud”75 que se allegó en calidad de anexo del
oficio de fecha 24 de abril de 1995, que se menciona en el numeral (i) de este
acápite, tenía como propósito la ampliación de cobertura y reducción de
vulnerabilidad del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad, a través de los
componentes allí descritos.

Adicionalmente, la Sala observa que en comunicación 0710-2002-944 (sin fecha),
vista en el folio 3327 del Cuaderno nro. 8 del expediente administrativo 13195, la
EAAB suministró información a la CAR sobre los avances en la ejecución de las
obras del programa Santa Fe I y, además, pidió en los siguientes términos, ampliar
el uso de aprovechamiento de las aguas del Río Teusacá, que le había sido
concedido mediante la Resolución 4663 de 3 de septiembre de 1990; veamos:

Al respecto, debe indicarse que tal pedimento, aun cuando se formuló dentro del
expediente 13195, versaba sobre aquel en el que se ventiló la solicitud de concesión
de aguas del Río Teusacá – Embalse San Rafael, que se tramitó dentro de la
actuación con radicado 3546 (14464-4502)76 y se resolvió a través de la Resolución

75
Folios 6 a 24 ibidem.
76
Información contenida en la parte considerativa de la Resolución nro. 0656 de 2009. Igualmente, se constata en la parte
motiva de la Resolución nro. 4663 de 1990, que la solicitud que allí se resolvió estaba referida a la “concesión de aguas de la
fuente Río Teusacá con destino al sistema de Chingaza – Embalse San Rafael”.

36

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

nro. 4663 de 1990, lo que significa que se trata de dos (2) actuaciones diferentes,
cada una de ellas con un objeto específico. Así, como se viene explicando, en el
primero de ellos correspondía a la CAR proveer, como en efecto lo hizo, sobre la
Licencia Única Ambiental del Programa Santa Fe I, y en el segundo sobre la petición
de concesión de aguas de la fuente Río Teusacá con destino al sistema de Chingaza
– Embalse San Rafael.

Adicionalmente, se constata que, si bien el último de los expedientes en mención
trató sobre la autorización para la captación de aguas sobre el Río Teusacá y éste
fue uno de los afluentes por los que se impuso la sanción, lo cierto es que ésta se
circunscribió a la captación ilegal de aguas para el sistema Tibitoc y no sobre el
Embalse San Rafael, en razón a que para éste se contaba con la debida autorización
legal otorgada a través de la Resolución 4663 de 3 de septiembre de 1990.

Bajo tales premisas, colige la Sala que los argumentos expuestos frente a este
trámite administrativo para sustentar el cargo de falsa motivación que ahora ocupa
su atención no son de recibo, pues la premisa sobre la cual se funda no es cierta.
En otras palabras, el trámite 13195 no versó sobre una solicitud de concesión de
aguas sobre alguno de los afluentes que fueron objeto de captación sin autorización
por parte de la EAAB y que cimentaron la sanción que se impugna en sede judicial
y, además, tampoco quedó demostrado que con anterioridad a que se expidieran
los actos administrativos enjuiciados, se hubiese formulado petición en ese sentido
dentro del expediente administrativo en cuestión. […]“. (Negrilla y subrayado del
texto).

149. Nótese que los actos administrativos estudiados en la acción de nulidad y
restablecimiento con radicación núm. 25000-23-24-000-2001-01030-02 acumulada
con el proceso 11001-23-24-000-2002-00147-01, no corresponden con los
demandados en el proceso de la referencia, razón por la que el fenómeno de cosa
juzgada no se configura. Sin embargo, esos argumentos se prohijarán en esta
providencia a efectos de negar la prosperidad del presente cargo.

150. En la sentencia de 28 de abril de 2022 se fijó la postura de esta Sección respecto
del objeto y los componentes de la licencia ambiental única otorgada a través de la
Resolución 0692 de 1997, en el sentido de precisar que el licenciamiento aprobó
varios estudios ambientales, otorgó la viabilidad para las obras propuestas y
estableció exigencias técnicas específicas, como la presentación de un Plan de
Manejo Ambiental para los residuos sólidos generados en el proceso.

151. También se estudió la actuación administrativa de la licencia ambiental única
del programa Santa Fe I surtida hasta el momento de expedición de las
Resoluciones 0656 de 19 de abril de 2000 y 0574 de 11 de abril de 2001, advirtiendo
que dicha licencia no contempló la evaluación de la respectiva concesión de aguas.

152. Cabe agregar que, posteriormente, según lo acreditado en este proceso, la
autoridad ambiental en el Auto 00049 de 26 de febrero de 200377 reconoció que las
obras de adecuación del embalse de Aposentos y la respectiva concesión de aguas
debían hacer parte del Programa Santa Fe I. Sin embargo, como esas

77
“Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente",

37

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
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autorizaciones no se encontraban implícitas en la licencia ambiental otorgada en la
Resolución 0692 de 1997, se resolvió lo siguiente:

“[…] Que revisado el expediente 20940, se encuentra que las obras propuestas para
el Embalse Aposentos y su consecuente concesión de aguas hacen parte del
programa Santa Fe l, amparado por la Licencia Ambiental otorgada desde el año de
1995 dentro del expediente 13195. En consecuencia, se ordenará continuar los
trámites pertinentes en el citado expediente.
DISPONE:

ARTICULO SEGUNDO.- Continúese los trámites administrativos Ambientales
relacionados en la concesión de aguas para el Embalse Aposentos dentro del
expediente 13195. […]". (Negrilla fuera del texto).

153. En el año 2007, el gerente general de la CAR insistió a la empresa que debía
tramitar dicho permiso en los siguientes términos:

“[…] Referencia: Radicación 07304-1 del 30/05/2007
Concesión de Aguas Sistema Tibitoc

En respuesta a su escrito de la referencia y teniendo en cuenta que para la
Corporación constituye un factor de sumo interés, mantener vigentes los diferentes
trámites administrativos de concesiones de aguas, especialmente el proceso
relacionado con el sistema de Tibictoc, debido a la vital importancia que representa el
suministro de agua potable para un amplio sector de la ciudad de Bogotá y los
municipios circunvecinos, me permito destacar los siguientes aspectos, luego de
revisar la documentación acumulada en el expediente 1101-76 1-72.

Se considera oportuno iniciar un nuevo trámite de concesión de aguas provenientes
del río Bogotá, para el sistema Tibictoc, teniendo en cuenta que las Resoluciones
mediante las cuales se otorgó inicialmente la respectiva concesión con su
correspondiente prórroga, fueron asignadas para periodos de un (1) año.

Se debe anexar a la solicitud de concesión de aguas, además de la
documentación relacionada en el 'Formulario Único Nacional de Solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales", el cual se anexa a la presente comunicación, la
siguiente información:
IV. Concesión de aguas Río Teusacá: Adicionalmente se debe solicitar la
correspondiente concesión de aguas rio Teusacá, teniendo en cuenta que sus
aguas se conducen ocasionalmente a la planta de Tibitoc, para reforzar el
caudal derivado del rio Bogotá.

Finalmente, le reitero la voluntad de la Corporación en agilizar el proceso adelantado
en el expediente 1101-76.1-72 (antes 360), para decidir de fondo las solicitudes de
concesión de aguas provenientes del río Bogotá y río Teusacá (Embalse de
Aposentos), que abastecen la planta de potabilización de Tibitoc […]". (Negrilla fuera
del texto).

154. En el plenario además obra el informe técnico 529 de 6 de marzo de 2009,
basado en la visita realizada el 22 de diciembre de 2008 por los funcionarios de la
CAR a esa empresa de servicios públicos domiciliarios, en el que se precisó que:

“[…] La EAAB-ESP, a través de la "Concesionaria Tibitoc", se encuentra derivando
las aguas del Rio Bogotá, mediante dos captaciones laterales localizadas sobre la
margen izquierda de la fuente, que permiten a conducción del caudal derivado por
gravedad, hacia una dársena, de donde se bombea hacia la planta de potabilización,

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
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diseñada para un caudal máximo de 10.5 m³/s. Existe una tercer bocatoma
denominada Bocatoma Sur que eventualmente se utiliza en contingencias.

Adicionalmente existe infraestructura instalada para la derivación de las aguas
del Río Teusacá, captadas en el Embalse Aposentos, con el propósito de
conducirlas por bombeo y por canal hacia la misma dársena.

Los funcionarios de la EAAB-ESP y de la Concesionaria Tibitoc, que
participaron en la visita, informaron conocer la solicitud de información
requerida por la CAR a las empresas, mediante el oficio 8834-2 del 21/06/2007,
encargándose de recopilar solicitada, a más tardar durante la segunda semana
de enero de 2009.

Una vez obtenida la información solicitada en el mencionado oficio, esta será
evaluada por parte del área técnica y se procederá a definir si se inicia el trámite
sancionatorio por captación ilegal de las aguas de los ríos Bogotá y Teusacá, o en
caso contrario se dará continuidad al trámite de concesión de estas fuentes.

Se informó que en promedio se captan 6.5 m³/seg y cuando se presentan
inconvenientes en la planta Wiesner la captación sube a 7.5 m³/seg. La regulación del
caudal de captación se realiza desde el río Bogotá mediante la operación de las
compuertas del Espino. […]"78. (Negrilla fuera del texto).

155. Como puede apreciarse, la EAAB ESP no demostró que hubiese continuado
con el trámite respectivo en el expediente 13195, ni que la CAR hubiese modificado
la Resolución 0692 de 1997. Por lo tanto, no se acreditó que la CAR autorizó la
concesión de aguas del río Teusacá en la licencia ambiental única del programa
Santa Fe I, otorgada mediante la Resolución 0692 de 1997, de manera que el cargo
de falsa motivación por las razones estudiadas no prospera.

V.4.6. El principio de prioridad del consumo humano sobre otros usos

156. La EAAB ESP señaló que el juez omitió aplicar el principio previsto en el artículo
1.º de la Ley 99 de 1993, que prioriza el consumo humano sobre otros usos del
recurso hídrico. Explicó que “[…] si no se retira del ordenamiento jurídico los actos
administrativos atacados, se pone en peligro el interés para la comunidad en
general, que se materializaría en que un amplio sector de la población dejaría de
recibir un servicio público fundamental […]”.

157. Para resolver este planteamiento, es oportuno mencionar que los instrumentos
ambientales tienen un propósito preventivo, pues buscan garantizar que las
intervenciones en el entorno natural sean evaluadas previamente para evitar daños
irreparables. El procedimiento administrativo de evaluación de una concesión de
aguas y de un permiso de vertimientos promueve la protección de los recursos
hídricos y su uso sostenible. En esos escenarios la autoridad ambiental analiza
aspectos técnicos, ambientales y sociales relacionados con el uso del recurso, y
previene la contaminación y los efectos adversos que puedan derivarse de cualquier
actividad antrópica, incluida la prestación del servicio de acueducto.

78
Cfr. Expediente administrativo cuaderno 1 físico, folios 4 y reverso.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

158. Esto significa que aceptar la tesis de la EAAB ESP según la cual, sus
actuaciones no deben ser sancionadas, ya que presta el servicio de acueducto,
implicaría sugerir que el cumplimiento de la regulación ambiental es opcional, lo que
desvirtuaría el principio de prevención que rige la gestión ambiental 79. Además, la
demandante en el presente medio de control no solicitó la nulidad del artículo 2.° 80
de la Resolución 3431 de 15 de diciembre de 2011, por lo que un pronunciamiento
sobre el particular desconocería el objeto del litigio.

V.4.7. La proporcionalidad de la multa

159. La empresa demandante argumentó que la CAR no aplicó correctamente el
principio de proporcionalidad al calcular la multa impuesta en las Resoluciones 3431
de 2011 y 1189 de 2012, ya que los días considerados por la autoridad no
correspondían al período real de incumplimiento.

160. Planteó que, según la prueba documental presentada, el cálculo iniciaba el 22
de diciembre de 2008, fecha del informe de investigación tras la visita a la planta de
tratamiento denominada Tibitoc, hasta el 18 de mayo de 2009, cuando la Empresa
presentó nuevamente la solicitud, o hasta el 8 de junio de 2009, cuando la CAR
expidió los autos para iniciar el trámite. Por lo tanto, el número total de días debía
ser 147 y no 1008, conforme a lo estipulado en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

161. En la Resolución 3431 de 2011 la CAR tasó la multa atendiendo a los siguientes
parámetros:

“[…] teniendo en cuenta los hechos objeto de investigación, los descargos
presentados por la empresa presunta infractora y el material probatorio obrante en el
expediente, el cual demuestra la existencia de las infracciones imputadas a la EAAB
E.S.P. en los cargos primero y cuarto de la Resolución OPSC No. 26 de 8 de mayo
de 2009, de conformidad con lo establecido en el numeral primero del artículo 85 de
la Ley 99 de 1993, podrán imponerse multas diarias hasta por una suma equivalente
a 300 salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva
providencia.

Por tanto, para efectos de la tasación de la sanción consistente en multa, se tendrá
como referencia el 22 de diciembre de 2008, fecha en la cual se efectuó la visita que
dio lugar a la presente actuación, de suerte que han transcurrido dos (2) años (365
días por cada año), nueve meses y 8 días a 30 de septiembre de 2011, lo que arroja
un total de 1008 días. Se impondrá sanción pecuniaria consistente en multas diarias
en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente para el año 2011,
arrojando un monto diario de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
PESOS ($535.600.00) M/CTE., que multiplicado por 1008 días deriva un monto total
de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTÒS OCHENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($539.884.800.oo

79
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, sentencia de 3 de abril de 2025, radicación núm.: 66001
23 33 000 2012 00120 01.
80
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- Mantener la suspensión de las medidas preventivas impuestas a la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P. - EAAB - E.S.P. en los numerales 1 y 3 del artículo primero de la
Resolución OPSC No. 26 de 8 de mayo de 2009, suspensión que fuera ordenada mediante la Resolución OPSC No. 39 de
19 de junio de 2009, respecto de las medidas impuestas consistentes en la suspensión inmediata de los vertimientos que
actualmente la EAAB al Río Bogotá, los cuales provienen de las lagunas de oxidación en donde se tratan los lodos generados
en el proceso de potabilización del agua (municipio de Tocancipá), y en la suspensión inmediata de la captación de aguas del
Río Teusacá cuyo punto de captación se encuentra ubicado en el Embalse de Aposentos (municipio de Sopó), conforme a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. […]”.

40

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
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M/CTE.), monto que corresponde a la sanción pecuniaria que se impondrá a la EAAB
-E.S.P. por su responsabilidad frente a los cargos primero y cuarto, advirtiendo que el
incumplimiento del plazo y cuantía para el pago a señalarse en la presente resolución
dará lugar a su exigibilidad por vía coactiva, tal y como lo establece la normativa
ambiental. […]”.

162. Sobre el mismo punto, en la Resolución 1189 de 2012, se consideró que:

“[…] ARTÍCULO QUINTO DE LA RESOLUCIÓN 3431 DE 2011 IMPONE UNA
SANCIÓN PECUNIARIA TOMANDO COMO REFERENTE UN PERÍODO DE
TIEMPO QUE SOSLAYA LA GESTIÓN DE LA EAAB E.S.P. EN LA SOLICITUD DE
LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS Y DE CONCESIÓN DE AGUAS.

Aduce la apoderada de la EAAB E.S.P. que como consecuencia de la declaratoria de
responsabilidad por los cargos primero y cuarto formulados en la Resolución OPSC
No. 026 de mayo 8 de 2009, en el artículo quinto de la Resolución No. 3431 de 2011
se impuso una sanción consistente en multas diarias a razón de $535.600, monto
equivalente al salario mínimo mensual legal vigente al momento de la tasación,
respecto de 1008 días, correspondientes al período transcurrido entre el 22 de
diciembre de 2008 y el 30 de septiembre de 2011, es decir, entre la fecha de la visita
técnica que dio lugar a la presente actuación sancionatoria y aquella en la cual se
efectuó el cálculo de la multa.

Partiendo de lo anterior, la EAAB E.S.P. censura el hecho de que los cargos primero
y cuarto que dieron lugar a la sanción pecuniaria tienen relación con la falta del
permiso de concesión de aguas del Río Teusacá en el punto de captación del
Embalse Aposentos y del permiso de vertimientos al Rio Bogotá, para cuyo trámite
radicó las respectivas solicitudes el 28 de mayo de 2009 (Rad. 20091107815), por lo
que solicita que de no ser acogidas las razones de impugnación, se proceda a
revisar la liquidación de la multa impuesta en el artículo quinto de la Resolución
No. 3431 de 2011, tomando en su lugar como referencia el periodo de 156 días
transcurrido entre el 22 de diciembre de 2008 y el 28 de mayo de 2009, esto es,
entre la fecha de la visita técnica que dio paso a la actuación sancionatoria y aquella
en la cual se radico la solicitud de los permisos de concesión de aguas y de
vertimientos por parte de la EAAB E.S.P. (…)

Para tal efecto, conviene precisar que en principio se constata que la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. radicó hasta el 28 de
mayo de 2009 las respectivas solicitudes encaminadas al otorgamiento del
permiso de concesión de aguas para derivarla de la fuente denominada Rio
Teusacá en el punto de captación del Embalse Aposentos y del permiso de
vertimientos al Rio Bogotá, que actualmente cursan en los expedientes
permisivos 33866 y 33869. Sin embargo, debe enfatizarse que la sola radicación de
las solicitudes de permiso de vertimientos y de concesión de aguas no otorga derecho
alguno al usuario ni obliga a la Corporación a conceder los permisos, pues se trata de
decisiones administrativas que no se producen de plano, sino que deben contar con
un adecuado soporte técnico que permita determinar la viabilidad de su otorgamiento,
así como las condiciones y plazos a los cuales quedan sujetos. Lo anterior, teniendo
en cuenta además que en materia ambiental las decisiones administrativas
constituyen por naturaleza actos condicionados. En el mismo sentido, debe advertirse
que la legislación colombiana ha establecido que las licencias, permisos
autorizaciones ambientales son previos.

En otros términos, el hecho de la presentación de las solicitudes tendientes al
otorgamiento de los permisos de concesión de aguas y de vertimientos el 28 de mayo
de 2009 (Rad. 20091107815 - Exp. 33866 y 33869), genera para la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P EAAB-E.S.P. sólo una
mera expectativa más no consolida una situación jurídica concreta, a partir de

41

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
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la cual se pudiera advertir la suspensión de la conducta reprochada en el sub
examine, relativa a la captación que ha venido realizando la EAAB E.S.P. del Río
Teusacá en el punto localizado en el Embalse Aposentos sin contar previamente con
el respectivo permiso de concesión de aguas, y a la descarga de las aguas residuales
provenientes de las lagunas de oxidación ubicadas en las instalaciones de la
concesionaria Tibitoc S.A. vereda Tibitoc, del municipio de Tocancipá Cundinamarca,
que son incorporadas al Rio Bogotá, sin previamente haber obtenido el permiso de
vertimientos, por el hecho de la presentación de la solicitud.

Así entonces, no es acertado el argumento del recurrente en torno a que el periodo
de liquidación que se consideró para la tasación de la sanción de multa a partir del 22
de diciembre de 2008, encuentra su límite el día 28 de mayo de 2009, fecha de
radicación de las respectivas solicitudes para el otorgamiento de los permisos, pues
como se explicó, la petición genera una mera expectativa para el usuario.

(…) A lo anterior se agrega que el periodo de liquidación tomado en referencia,
comprendido entre el 22 de diciembre de 2008 y el 30 de septiembre de 2011, es
decir, entre la fecha de la visita técnica que dio lugar a la presente actuación
sancionatoria y aquella en la cual se efectuó el cálculo de la multa, constituye
un periodo objetivo dentro del trámite sancionatorio, por fuera del cual debe
estimarse por la EAAB el amplio y considerable lapso transcurrido
históricamente décadas atrás, en que se han perpetuado tanto la descarga de
aguas residuales provenientes de las lagunas de oxidación ubicadas en las
instalaciones de la concesionaria Tibitoc S.A., del municipio de Tocancipá
Cundinamarca, que son vertidas al Rio Bogotá, como la captación – aunque
esporádica - del Rio Teusacá en el punto localizado en el Embalse Aposentos,
sin haber mediado los respectivos permisos de la autoridad ambiental.

Ahora bien, distinto es que la Oficina Provincial Sabana Centro de la CAR mediante
la Resolución OPSC No. 39 de 19 de junio de 2009 (fl. 547- Tomo 3), y en
cumplimiento al artículo tercero del fallo de tutela de 8 de junio de 2009 proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, haya suspendido las
medidas preventivas impuestas en el artículo primero de la Resolución OPSC No. 26
de 8 de mayo de 2009, entre ellas las relativas a la suspensión de la captación de
aguas del Rio Teusacá en el punto del Embalse Aposentos y de los vertimientos al
Río Bogotá, lo que significó que la Corporación atendiendo el fallo de una acción
constitucional, debía permitir la continuidad de la captación y del vertimiento en
comento aún sin que mediaran los respectivos permisos ambientales, como ocurre
en los actuales momentos. […]”. (Negrilla fuera del texto).

163. En el marco de las anteriores consideraciones, para determinar si la CAR
trasgredió el principio de proporcionalidad al imponer la multa objeto de
controversia, es pertinente considerar que, en virtud de ese principio, las sanciones
impuestas por las autoridades ambientales deben ser consecuentes con la
gravedad de la infracción y los daños ocasionados, y considerar factores como la
naturaleza del daño, las circunstancias atenuantes o agravantes, y el impacto
ambiental generado. Este principio no solo pretende castigar a los infractores, sino
también desalentar futuras violaciones y fomentar el respeto por las normas
ambientales teniendo en cuenta la gravedad de la conducta81.

164. El artículo 85 de la Ley 99 de 1993, vigente al momento de la expedición de los
actos enjuiciados, facultó a las corporaciones autónomas regionales para que
impusieran multas diarias de hasta 300 SMLMV, según la gravedad de la infracción

81
Corte Constitucional. Sentencia C-703 del 6 de septiembre de 2010. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

42

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
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ambiental. Esas multas debían ser liquidadas al momento de dictar la respectiva
resolución que impone la sanción en los siguientes términos:

“[…] Artículo 85. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y
medidas preventivas:

1) Sanciones:

a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos
mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;

b) Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización;

c) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y
revocatoria o caducidad del permiso o concesión;

d) Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin
permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio
ambiente o a los recursos naturales renovables;

e) Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos
o implementos utilizados para cometer la infracción. […]” (Negrilla fuera del texto).

165. Frente al alcance del numeral a) del literal 1.° del artículo 85 de la Ley 99 de
1993, esta corporación señaló en sentencia de 24 de agosto de 200682 que,
tratándose de conductas continuadas, es posible que las autoridades ambientales
apliquen diariamente una multa de hasta 300 SMLMV mientras no cese la comisión
de la infracción.

166. En la sentencia de 28 de abril de 202283, la Sección Primera agregó que la
facultad allí prevista lleva un margen de discrecionalidad en favor de la
administración que, una vez defina la gravedad de la conducta objeto de reproche,
puede resolver cuál es el monto diario que debe ser impuesto como sanción al
infractor, siempre que el mismo no supere los 300 SMLMV. Ello con miras a que la
graduación de la multa sea acorde y proporcional con los hechos que fueron objeto
de investigación.

167. Se explicó que, de conformidad con el artículo 209 de la Carta Política, la función
administrativa debe guiarse, entre otros principios rectores, por los de eficacia y
proporcionalidad. En esas actuaciones discrecionales el contenido de la decisión
debe ser acorde con los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos
que sirven a la causa.

82
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 de agosto de 2006. Proceso
radicado número: 25000 23 24 000 2000 00774 01. Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón.
83
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.: 25000 23 24 000 2001 01030 02,
acumulado con el proceso 11001 23 24 000 2002 00147 01.

43

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

168. La Sección Primera consideró que la autoridad administrativa se encuentra en
la obligación de evaluar la gravedad en el incumplimiento de las normas, los efectos
lesivos que dichas conductas pudieron haber ocasionado en el medio ambiente, y
los factores atenuantes relacionados con el interés del sancionado en corregir la
infracción.

169. Por ello, en la sentencia de 28 de abril de 2022 se declaró la nulidad parcial de
los actos demandados al advertir que la multa impuesta no tuvo en cuenta las
gestiones realizadas por la EAAB ESP para obtener las concesiones de agua objeto
de esos procesos, ni las demoras injustificadas de la CAR que afectaron
negativamente la aplicación de los criterios de gravedad de la infracción84.

170. En el caso concreto se demostró que, mediante solicitud 20094107815 de 28
de mayo de 200985, la EAAB ESP solicitó “[…] permiso de vertimientos para realizar
a la fuente hídrica conocida como Rio Bogotá la descarga de las aguas residuales
provenientes del proceso de potabilización del recurso hídrico tratado en la planta
Tibitoc y captado para el abastecimiento de las necesidades hídricas de la población
de la ciudad de Bogotá. D.C. y los municipios de Chía, Sopó, Cajicá, Gachancipá y
Tocancipá […]”.

171. En la misma fecha, a través de oficio 20091107815 de 28 de mayo de 2009, la
empresa solicitó “[…] concesión de aguas superficiales de la fuente de uso público
denominada Río Teusacá con destino a abastecer las necesidades hídricas de la
población de la ciudad de Bogotá. D.C. y los municipios de Chía, Sopó, Cajicá,
Gachancipá y Tocancipá indicando como sitios de captación el Embalse Aposentos
en las coordenadas X:1.008.318.98 y Y: 1.038.540.69 […]”86.

172. En consecuencia, la CAR profirió el Auto OPSC 000607 de 8 de junio de 2009 87,
en el que resolvió lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de
permiso de vertimientos a nombre de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. […] para realizar a la fuente hídrica
conocida como Río Bogotá la descarga de las aguas residuales provenientes del
proceso de potabilización del recurso hídrico tratado en la planta de Tibitoc y captado

84
De dicha providencia se extrae el siguiente apartado: “[…] tal como lo sostiene la recurrente en el recurso de alzada, la
autoridad ambiental no consideró que, a través de los expedientes 14990 y 360, cuyo estudio se acometió en párrafos
anteriores, la EAAB realizó todas las gestiones necesarias para legalizar su conducta por lo menos respecto de dos (2) de los
cinco (5) afluentes objeto de la sanción, esto es, obtener las concesiones que la habilitaran para el aprovechamiento de las
aguas de los ríos Bogotá y Tunjuelito, actuaciones en la que se logró establecer, conforme al material probatorio recaudado,
que la CAR incurrió en demoras injustificadas que redundaron en la indebida aplicación de los criterios de gravedad de la
infracción, tales como la temporalidad, el volumen de la captación y el valor económico del uso del agua, entre los cuales, sin
duda, se definió una correlación, dado que, entre mayor es el período de captación, mayor es el volumen de agua aprovechada
y su impacto económico en la actividad comercial ejecutada por la demandante.
En tal perspectiva, considera la Sala que, aun cuando la autoridad ambiental hizo un esfuerzo por fundamentar su decisión,
lo cierto es que en el caso sub examine la forma en que se valoraron y aplicaron los criterios antes reseñados implican la
transgresión del principio de proporcionalidad, toda vez que, se insiste, las dilaciones en la resolución de las solicitudes de
concesión a que se ha hecho referencia le son atribuibles a ella y no a la empresa de servicios públicos demandante, quien,
como se constató, atendió cada uno de los requerimientos que se le formularon.
Así las cosas, con base en los anteriores razonamientos, resulta procedente, a la luz de los principios de discrecionalidad y
proporcionalidad y, en el marco de los reparos concernientes a la transgresión de estos postulados, modificar la tasación de
la multa […]”.
85
Cfr. Expediente administrativo físico tomos 7 y 8.
86
Ibidem.
87
“[…] Por el cual se inicia el trámite administrativo del permiso de vertimientos y se procede a realizar el cobro por el servicio
[…]”.

44

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

para el abastecimiento de las necesidades hídricas de la población de la ciudad de
Bogotá D.C. y los municipios de Chía, Sopó, Cajicá, Gachancipá y Tocancipá. En
consecuencia, ábrase el expediente N° 8009-761-13306 […]”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como interesado a cualquier persona que desee
intervenir en las actuaciones administrativas ambientales que por este proveído se
inician de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 99/93.

[…] ARTÍCULO OCTAVO: Advertir a la interesada que el uso, manejo y/o obtención
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin la
obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes
conlleva la imposición de las sanciones establecida en el artículo 85 de la Ley 99 de
1993. […]”88.

173. Además, en el Auto OPSC 000607 de 8 de junio de 2009 89 esa autoridad
ambiental dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de
concesión de aguas superficiales de la fuente de uso público denominada río Teusacá
a nombre de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
E.S.P. […] con destino a abastecer las necesidades hídricas de la población de la
ciudad Bogotá D.C. y los municipios Chía, Sopó, Cajicá, Gachancipá y Tocancipá,
recurso hídrico a captar en el Embalse Aposentos en las coordenadas X:1,008.318.98
S Y: 1.038.540.69. En consecuencia, ábrase el expediente N' 8009-76.1.- 33866.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como interesado a cualquier persona que desee
intervenir en las actuaciones administrativas ambientales que por este proveído se
inician de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 99/93.

[…] ARTÍCULO OCTAVO: Advertir a la interesada que el uso, manejo y/o obtención
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin la
obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes
conlleva la imposición de las sanciones establecida en el artículo 85 de la Ley 99 de
1993. […]”90.

174. Se
probó que el 23 de junio de 2009 la empresa remitió los respectivos
comprobantes de pago de esas evaluaciones ambientales91.

175. Posteriormente, la CAR ordenó el desarrollo de una visita técnica el 18 de
agosto de 2009 con el propósito de evaluar la solicitud de vertimientos, en los
siguientes términos:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Remitir el expediente 8009-76.1-33866, para que por
funcionarios del área técnica de la Corporación se practique visita ocular al predio
"Lote # 3 Zona A" identificado con matrícula inmobiliaria N 176-31660, ubicado en
la vereda Verganzo en jurisdicción del municipio de Tocancipá, Cundinamarca y
demás sitios de interés, a fin de que se rinda .er informe correspondiente
conceptuándose sobre la procedencia del permiso de vertimientos a la fuente de
uso público denominada "Rio Bogotá" solicitada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. para la descarga de las aguas
residuales provenientes del proceso de potabilización del recurso hídrico tratado en

88
Cfr. Expediente administrativo físico tomo 9, folios 1757 y siguiente.
89
“[…] Por el cual se inicia el trámite administrativo del permiso de vertimientos y se procede a realizar el cobro por el servicio
[…]”.
90
Cfr. Expediente administrativo físico tomo 9, folios 1765 reverso.
91
Ibidem, folio 1761.

45

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

la planta Tibitoc y captado para el abastecimiento de las necesidades hídricas de la
población de la ciudad de Bogotá. D.C. y los municipios de Chía, Sopó, Cajicá,
Gachancipá y Tocancipá, la necesidad de solicitar permiso de ocupación de cauce
y lo demás que crea conveniente y pertinente respecto de los recursos naturales y
del medio ambiente […]”92.

176. También se probó que la EAAB ESP, en los oficios 1137 de 29 de diciembre de
2009 y 25310-20110533 de 22 de julio de 2011, requirió a la autoridad ambiental
que adoptara una decisión definitiva frente al otorgamiento del permiso de
vertimientos y la concesión de aguas, respectivamente93.

177. Sin embargo, en el proceso judicial no obran los expedientes administrativos
completos de ambas evaluaciones ambientales, por lo que no es posible concluir
que existieran demoras injustificadas de la CAR en ambos trámites que hayan
afectado negativamente la aplicación de los criterios de gravedad de la infracción
en el caso concreto, como ocurrió en el proceso con radicación núm. 25000 23 24
000 2001 01030 02, acumulado con el proceso 11001 23 24 000 2002 00147 01.

178. La Sala reconoce que el testigo Carlos Bello Blanco, coordinador ambiental de
la Dirección de Abastecimiento de la Gerencia Corporativa de la EAAB ESP, en la
audiencia de pruebas de 15 de enero de 2014, puso de presente que esa empresa
al momento de dicha audiencia aún no contaba con los aludidos permisos94. Sin
embargo, las demás pruebas obrantes en el proceso no son suficientes para
verificar si la demora es atribuible a la autoridad ambiental, a la empresa prestadora
de servicios públicos domiciliarios, al cambio normativo relacionado con la
expedición de Decreto 3930 de 25 de octubre de 201095, o a la dificultad técnica
propia de esas evaluaciones.

179. Para la Sala la demandante no demostró que la multa cuestionada fuera
inadecuada, innecesaria o carente de equilibrio 96, en tanto no existe certeza sobre
cuáles fueron las actuaciones surtidas al interior de los expedientes 13306 y 33866
hasta la fecha de la expedición de los actos demandados. Por el contrario, se tiene
que la sanción responde a la importancia del recurso hídrico, el tiempo prolongado
en la comisión de la contravención, al considerable volumen de agua vertida, y al
impacto ocasionado al entorno natural.

180. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
2012, sobre condena en costas en esta instancia.

92
Auto OPSC 008961 de 22 de julio de 2009.
93
Cfr. Expediente administrativo físico tomo 9, folios 1767 y siguiente.
94
Cfr.carpeta zip denominada “ED_C01_CD3 FOLIO 162-VIDEOGRABACIÓN AUDIENCIA DE PRUEBAS (.zip) NroActua
20”. Minuto 23 y siguientes de la audiencia.
95
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III-
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. […]”.
96
El principio de proporcionalidad busca garantizar que las medidas adoptadas sean adecuadas, necesarias y equilibradas
en relación con la infracción cometida La adecuación refiere a que la sanción sea apropiada para corregir la conducta
infractora y proteger el medio ambiente. La necesidad implica que las autoridades ambientales imponen las sanciones
imprescindibles para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. El equilibrio significa que las sanciones deben
evitar ser excesivas o insuficientes.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00126-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de febrero de 2014, proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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