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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2012-00120-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2012-00120-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: CONDENAR a Aguas y Aguas de Pereira a pagar por concepto de agencias en derecho en segunda instancia, en favor de la entidad demandada, la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-33-000-2012-00120-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de abril de 2025

1

Radicado: 66001 23 33 000 2012 00120 01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 66001 23 33 000 2012 00120 01
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER
Tesis: No es cierto que en la sentencia recurrida no se abordaron los cargos relacionados
con el desconocimiento del Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1541 de 1978 y la Ley 99
de 1993.
El Juez no se encuentra en la obligación de interpretar una demanda cuando se indican
las normas superiores desconocidas por el acto enjuiciado, pero no se expone el
concepto de su violación.
No es nulo el acto administrativo por el cual una autoridad sancionó a una persona por
realizar unas obras sin contar con los permisos ambientales para esos efectos, si no
se probó que la ejecución de esa infraestructura se hayan obtenido los permisos
correspondientes.
No es cierto que la discusión sobre la dosificación de la sanción sea un asunto de mero
derecho.
El Tribunal no valoró indebidamente las pruebas aportadas al plenario ni se encontraba
en la obligación de decretar pruebas de oficio.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la
sentencia del 30 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
sociedad demandante.

I. LA DEMANDA

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2

Radicado: 66001 23 33 000 2012 00120 01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A. E.SP. (en adelante Aguas y Aguas de Pereira), presentó la demanda de
la referencia en la que formuló las siguientes:

1.1. Pretensiones

“II. DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Que son nulas: La Resolución 0019 del 6 enero de 2012, en la que se sanciona
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP e impone una
desproporcionada e injustificada multa por no contar con los permisos y/o
autorizaciones de carácter ambiental; y la Resolución 0930 de 24 de abril de 2012,
que confirmó en todas sus partes la que fue objeto de recurso de reposición, ambas
proferidas por el señor Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER-, en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A. ESP.

2. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, no es infractora de las normas
ambientales que según la CARDER, fueron violadas y tampoco es deudora de
multa alguna impuesta como sanción.

3. Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, dará cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 187 del C.C.A.

4-Que se condene en costas a la demandada”1.

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. La Resolución No. 0019 del 6 de enero de 2012, proferida por la CARDER,
dispone:

“Resolución No. 0019 del 6 de enero de 2012

POR LA CUAL SE CONCLUYE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE
IMPONEN UNAS OBLIGACIONES.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER,
en uso de sus atribuciones, en especial las que le confiere el numeral 17 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, subrogado
por la Ley 1333 de 2009, el acuerdo 02 del 7 febrero del 2011; y

CONSIDERANDO:

1 Visible a folio 79 ibidem.

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Radicado: 66001 23 33 000 2012 00120 01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, mediante Auto
Número 0012 del 08 Febrero de 2010, inició Investigación Administrativa en contra
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas,
identificada con el Nit 816002020-7 y representada legalmente por la Señora María
Irma Noreña, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 24.725.005; por no
contar con los permisos y autorizaciones de carácter ambiental"; entre ellos los
requeridos para la intervención del Río Consota y por la disposición de material
sobrante en el mismo Río entre los barrios poblado y Tanambi en Jurisdicción del
Municipio de Pereira; resaltando que el lugar donde se realizó la intervención
corresponde a zona de protección de un drenaje superficial.

Que mediante Resolución número 3041 del 24 de septiembre de 2010, se formuló
cargos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP Aguas y
Aguas, Nit 816002020-7 y representada legalmente por la Señora María Irma
Noreña, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 24.725.005; por
desarrollar actividades de adecuación en la zona para instalación del interceptor
Consotá, tramo entre la cámara 76 excavaciones en el área de inundación de la
corriente, margen derecha, las cuales generaron un canal de 600 metros de
longitud, ancho entre 7-10 metros y profundidad entre 4-10 metros, utilizar el
material de excavación para conformación de jarillón de 800 metros aguas abajo
del punto de desviación del flujo de agua (X: 1023145 N, Y: 1151533 E), realizar
en la zona forestal protectora de la corriente, margen izquierda, erradicación de
caña brava y guadua en un área de 3000 m² (600*5 metros), realizar en la margen
derecha erradicación de guadua y caña brava (500 m²); lo cual constituye
afectación considerable sobre los Recursos Naturales Renovables y Medio
Ambiente. (Ocupación de cauce, erradicación de Bosque Natural, intervención en
ZFP), dado que las actividades se desarrollaron sin los permisos y/o autorizaciones
de carácter Ambiental pertinentes para la ejecución del proyecto entre los barrios
Poblado y Tanambi en Jurisdicción del Municipio de Pereira.

Que mediante oficio radicado en la CARDER con el número R7760 del 24 de
septiembre de 2010, el abogado Carlos Alberto Torres, Identificado con la cedula
de ciudadanía número 18.500.347 de Dosquebradas y portador de la tarjeta
profesional número 38939 del CSJ, actuando en calidad de gerente suplente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP Aguas y Aguas, Nit
816002020-7, presentó descargos a la resolución número 3041 del 24 de
septiembre de 2010, adjuntando documentos internos producidos por la
subgerencia de ingeniería de la empresa investigada, en los cuales el profesional
en derecho, manifiesta:

“… las obras son el resultado del contrato número 365 de 2009, con ocasión de la
declaratoria de urgencia manifiesta y geotécnica por la pérdida del cauce del Río
Consota en su lecho antiguo lo que redundó en la generación de un empozamiento
agua residual en la madre vieja, la consecuente generación de focos infecciosos
con alto riesgo para la comunidad; lo cual sirvió de soporte para que la nación
asignara recursos del FNR para atender la emergencia sanitaria acontecidas a
mediados del año 2009.

Agrega, que paralelo al cauce de la corriente del río Consota, se produjo en la
región un periodo seco que contribuyó a la generación de vectores infecciosos
como: dengue clásico, dengue hemorrágico y diferentes tipos de enfermedades de
la piel, colocando en alerta a las autoridades de salud. Prueba de ello, son los
anexos relacionados con la declaratoria de emergencia y los comunicados que la
secretaría de salud municipal dirigió a la Empresa que en cumplimiento de su
misión tuvo como prioridad conseguir los recursos para la solución inmediata del
problema sanitario existente.

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Radicado: 66001 23 33 000 2012 00120 01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

Así mismo refiere, que el riesgo geotécnico se tuvo cuando el río Consota cambió
de curso y adquirió un alineamiento recto, aumentando la velocidad del agua y
poniendo en riesgo varias estructuras públicas y privadas asentadas en las
márgenes del río".

Frente a los argumentos anteriores, y muy a pesar de los esfuerzos que realiza el
equipo de trabajo de la Empresa Investigada, para justificar el inicio de las obras
sin haber obtenido los permisos y autorizaciones de carácter ambiental, se tiene lo
siguiente:

Cuando la empresa manifiesta que el riesgo geotécnico se tubo cuando el río
Consota cambio de curso y adquirió un alineamiento recto; este argumento
no es de recibo para la entidad por no ser cierto desde el punto de vista
técnico, por cuanto recordemos que GEOTÉCNICO se refiere a: GEO (Suelo)
y técnico son los aspectos que corresponden al desarrollo de
infraestructura, obras y demás; pero en ningún momento, el aspecto
geotécnico, está referido al aspecto hídrico; LO CUAL CONSTITUYE UN
ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LAS VARIABLES AFECTADAS, y en
consecuencia sin mayor esfuerzo desdibuja el criterio que pretende
sustentar el defensor de la empresa inculpada.

Así mismo, no son de recibo para la Corporación los argumentos expuestos por el
defensor de la Empresa Investigada, en razón a que de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 196 y 198 del Decreto 1541 de 1978, tenemos lo
siguiente:

Artículo 196: Cuando por causa de crecientes extraordinarias u otras emergencias,
los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de predios o las
asociaciones de usuarios, se vieren en la necesidad de construir obras de defensa,
sin permiso del INDERENA, deberán dar aviso escrito al Instituto dentro de los seis
(6) días siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter
provisional, cuidando de no causar daños a terceros, y quedarán sujetas a su
revisión o aprobación por parte del INDERENA.

Artículo 198: Ningún propietario podrá oponerse a que en las márgenes de los ríos
o en los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de agua se realicen obras
de defensa para proteger a otros predios contra la acción de las aguas privadas o
públicas.

Significa lo anterior, que si bien la urgencia Manifiesta decretada por los
mandatarios locales, permite adelantar obras sin el lleno de algunos requisitos y
supeditado a un control posterior; también lo es, que en ejercicio del control
mencionado, dentro de los 6 días siguientes al inicio de las obras, se debe informar
a la Corporación sobre dicha situación.

De igual manera se precisa a la empresa investigada que el Decreto 1541 de 1978,
en sus artículos 196 y 198 sin que se encuentre demostrado el cumplimiento de
los requisitos exigidos por dicha norma, permite es que cuando por causa de
crecientes extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, poseedores,
tenedores o administradores de predios o las asociaciones de usuarios, se vieren
en la necesidad de construir obras de defensa, sin permiso del INDERENA,
deberán dar aviso escrito al Instituto dentro de los seis (6) días siguientes a su
iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter provisional, cuidando de
no causar daños a terceros, y quedarán sujetas a su revisión o aprobación por
parte del INDERENA.

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

Veamos claramente que la investigada no satisface ninguno de los presupuestos
exigidos por la norma antes citada, pues, su afectación grave a los recursos
naturales ocurre con ocasión de la construcción de obras de carácter definitivo, y
sin tener el más mínimo cuidado de causar daños a los recursos naturales. Basta
con analizar los conceptos técnicos ampliamente expuestos en este instrumento
jurídico, los cuales dan cuenta que se desvió el cauce y que los residuos caen al
mismo, lo cual implica que fueron depositados de manera inadecuada.

Se insiste que ante la Corporación no reposa el informe de que trata la norma
anterior en el plazo señalado; pero al contrario si se encuentra demostrado el inicio
de las obras sin contar con los permisos y autorizaciones de carácter ambiental, al
igual que la afectación a los recursos naturales renovables; tal y como en efecto
es aceptado expresamente por el gerente suplente de la empresa investigada; con
lo cual se satisface plenamente lo dispuesto por el Decreto 3930 del 25 de octubre
de 2010.

Que el artículo 40 de la ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 del 4
de octubre de 2010, señala que al responsable de la infracción ambiental, se le
impondrán sanciones de multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, entre otras.

Que conforme a los argumentos presentados por el abogado Carlos Alberto Torres,
Identificado con la cedula de ciudadanía número 18.500.347 de Dosquebradas y
portador de la tarjeta profesional número 38939 del CSJ, actuando en calidad de
gerente suplente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP
• Aguas y Aguas, Nit 816002020- 7, tenemos que la investigación se realizó a dicha
Empresa en razón a que ésta no realizó ningún trámite ante la Entidad para obtener
los permisos y Autorizaciones de Carácter Ambiental, para el desarrollo del
proyecto mencionado.

Que de acuerdo con lo anterior, el proyecto, obra o actividad ejecutado por el
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P Aguas y Aguas; en
consecuencia dicha empresa si debía agotar los trámites tendientes a obtener
previamente los permisos y/o autorizaciones por parte de la CARDER.

Lo anterior, dado que el artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece:

Artículo 31°. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva;

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros

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usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

Que la imposición de sanciones exige a la Entidad competente del conocimiento
del trámite, tener certeza sobre la existencia de la vulneración a una norma de
carácter ambiental, quien o quienes son los infractores y si se puede aplicar en su
favor una causal eximente de responsabilidad; ya que sólo de esta manera se
garantiza la observancia de los principios de legalidad y debido proceso, rectores
de todo tipo de investigación y/o sancionatorio.

Que en el presente caso, se pudo demostrar la violación de las normas de
protección y manejo de los recursos naturales renovables y el medio ambiente
aludidas por la Corporación, al no haber solicitado ante la CARDER los permisos
y/o autorizaciones requeridas para llevar a cabo la ejecución que implica Alcance
de los proyectos, obras o actividades, objeto de ésta investigación; a (Sic) Que
dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, esta
Corporación se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y
reglamentario, así como en algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se desarrolla en el presente Acto
Administrativo.

De conformidad con el Artículo 8 de la Carta Política: Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Así
mismo, la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho
a gozar de un ambiente sano, Así mismo, establece que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 ibidem, señala que corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el
Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. A su turno, el
artículo 95 ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano.

Si bien la Carta Política reconoce en su artículo 58 que la empresa es base del
desarrollo, añade que tiene una función social y que ésta implica obligaciones.
Igualmente, la norma mencionada indica que la ley delimitará el alcance de la
libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2º establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad
pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define
que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales
renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente consagra en su Artículo 1º que, el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que en el presente caso se estima pertinente dar aplicación a lo establecido en el
artículo 4º de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, en virtud del cual la función

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administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de
todos los habitantes, conforme con los principios, finalidades y cometidos
consagrados en la Constitución Política.

Que así mismo, el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993, subrogado por la Ley 1333 de
2009, permite imponer al infractor de las normas sobre protección ambiental o
sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante
resolución motivada y según la gravedad de la infracción, las medidas preventivas
y sanciones previstas en la misma norma; tal y como en efecto aconteció mediante
la Resolución número 2203 del 23 de octubre de 2009.

Que a su vez, mediante la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala
Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro
Martínez Caballero señala:

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como
parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocido
ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen
claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a
diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo."

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales citados se concluye que el medio
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y toda la
sociedad, se encuentran obligados a garantizar su protección pues se deriva de la
efectividad de dicho deber, la posibilidad de permitir a generaciones presentes y
futuras su propia existencia en condiciones de dignidad y seguridad, a través de
un ambiente sano.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009, Reglamentada por el decreto 3678 del 4 de octubre de 2010, tenemos lo
siguiente:

ARTÍCULO 40. SANCIONES: Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales
legales
vigentes.

PARÁGRAFO 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no eximen
al infractor para ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad
ambiental competente ni de restaurar el medio ambiente, los recursos
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

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Que Mediante Informe técnico de Tasación de Multa número 0014 del 7 de junio
del 2011, se tasó la multa por la infracción a las normas de carácter ambiental en
la presente Investigación.

Que así las cosas, sin mayores esfuerzos y consideraciones, es visible y palmario
la afectación al ambiente y los recursos naturales, y por ende la violación a las
normas de carácter ambiental por parte de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A ESP - Aguas y Aguas, lo cual ocasiona la imposición
de una sanción conforme a lo establecido legalmente.

Que en aplicación a la normatividad anteriormente expuesta se encuentra que
existe mérito para la imposición de sanciones de conformidad con lo establecido
en el numeral 1 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993; subrogado por el artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 Reglamentada por el decreto 3678 del 4 de
octubre de 2010; por lo que, en consecuencia se procederá en ésta etapa del
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado a declarar la responsabilidad de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP Aguas y Aguas, Nit
816002020-7.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas, Nit 816002020-7, representada legalmente por
la Señora María Irma Noreña, identificada con la Cédula de Ciudadanía número
24.725.005; con multa de QUINIENTOS CUARENTA UN MILLONES
TRECIENTOS ONCE MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($541.311.307,50$); por los hechos descritos en la parte motiva de la presente
Resolución.

PARÁGRAFO: La suma determinada en este artículo deberá ser cancelada en el
Banco Davivienda, a favor de la CARDER, en la cuenta No.501-103925-8, dentro
de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución y enviar
copia del respectivo recibo de consignación, con destino al expediente Exp-EJ
1856. Transcurrido dicho término, sin que la multa se haya hecho efectiva,
procederá su cobro por Jurisdicción Coactiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones anteriores faculta a
la CARDER para imponer las sanciones dispuestas en el Título V de la Ley 1333
del 21 de Julio de 2009, por la cual se establece el Procedimiento Sancionatorio
Ambiental y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la notificación de la presente Resolución a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP - Aguas y Aguas, Nit
816002020-7 y representada legalmente por la Señora María Irma Noreña,
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 24.725.005, el contenido de la
presente Resolución; para lo cual se enviará oficio citatorio a la Carrera 10 Numero
17-55 Teléfono 3151300 Edificio Torre Central de la ciudad de Pereira Risaralda.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución solo procede el recurso de
reposición ante el Director General de la Carder, el cual habrá de hacerse uso, por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a su comunicación personal,
publicación o de fijación del edicto según el caso”2.

2 Visible a folios 10 a 13 del Cuaderno del Tribunal.

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1.2.2. La Resolución No. 0930 del 24 de abril de 2012:

“RESOLUCIÓN No. 930 del 24 de abril de 2012

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER, en uso de sus atribuciones, en especial las que le confieren los artículos
56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, el numeral 17 del artículo 31 de la
Ley 99 de 1.993, y el artículo 40 de Ley 1333 del 21 de julio de 2009, у

CONSIDERANDO:

Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, mediante
Resolución número 0019 del 6 de enero de 2012, sancionó a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira, S.A. E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA, identificada con el Nit 816.002.020-7, representada legalmente por el
señor: Diego Barragán Correa o quien haga sus veces, con multa de QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE
PESOS MCTE CON CINCUENTA CENTAVOS ($541.311.307,50); por desarrollar
actividades de adecuación en la zona para instalación de interceptor Consota,
tramo entre la cámara 76 – 86, realizar excavación en el área de inundación de la
corriente, margen derecha, las cuales generaron canal de 600 metros de longitud,
ancho entre 7 y 10 metros y profundidad entre 4 y 10 metros, utilizar el material de
excavación para conformación de jarillón de 800 metros aguas abajo del punto de
desviación del flujo de agua (X: 1023145 N, Y: 1151533 E), realizar en la zona
forestal protectora de la corriente, margen izquierda, erradicación de caña brava y
guadua en un área de 3000 metros cuadrados, realizar en la margen derecha
erradicación de caña brava y guadua en un área de 500 metros cuadrados, lo cual
constituye afectación considerable sobre los recursos naturales renovables y
medio ambiente. (Ocupación de cauce, erradicación de bosque natural,
intervención de la zona forestal protectora), dado que las actividades se
desarrollaron sin los permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental pertinentes
para la ejecución del proyecto entre los Barrios el Poblado y Tanambí.

Que mediante oficio radicado en la CARDER con el número R 1675 del 7de marzo
de 2012, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, S.A. E.S.P.
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA, identificada con el Nit 816.002.020-7, dentro del
término legal, interpuso y sustentó recurso de reposición en contra de la resolución
anterior, manifestando lo siguiente:

"...La empresa inculpada descorrió el pliego de cargos mediante escrito en
el que aclara que la solicitud para obtener el permiso de ocupación de cauce
y erradicación de cobertura vegetal, fue presentada a la Corporación con la
documentación soporte, el día 24 de noviembre del 2009: reconoce que los
trabajos de adecuación del Rio Consota se iniciaron antes de obtener el
permiso porque eran necesarios para adelantar las labores de localización
de la línea de ubicación del interceptor, en los tramos en los que ésta se
ubica sobre el Rio Consota y precisa que no se realizó ningún trabajo
adicional hasta la obtención de los permisos correspondientes, anexando
como prueba el acta de suspensión del contrato respectivo No. 365 de 2009,
indica además que las obras no requerían permiso ambiental ya que estaban

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concluidas. Estos hechos fueron corroborados por los funcionarios de la
Carder en la visita practicada el 3 de diciembre del 2009, como quedó
consignado en el concepto técnico: “Al momento de la visitar se encontró
personal encargado, se presume que las actividades han sido suspendidas
temporalmente”.

INFORME TÉCNICO DE TASACIÓN, El informe técnico 0014 del 7 de junio del
2011 que tiene por objeto la liquidación del valor de la multa, se apoya en la visita
referenciada en el concepto técnico 3220 de diciembre 15 del 2009. No obstante
aparecen a lo largo de su contenido aspectos ajenos a los planteados en dicho
concepto y sin respaldo probatorio alguno o en contra de lo probado, de los cuales
vale la pena resaltar:

Costos Evitados: Se calcula el valor de los trámites administrativos
correspondientes a otorgamiento del permiso que fueron cancelados por la
empresa antes del inicio del proceso, tal como consta en el considerando B) de la
Resolución 1236 del 23 de abril del 2010, por la cual se otorgó el permiso de
ocupación de cauce y la autorización para erradicación de cobertura vegetal.

Grado de Afectación Ambiental: La infracción se configura a partir de la violación
de las normas ambientales, pues si bien en el concepto técnico 3220 del 15 de
diciembre del 2009 se afirma que se presentó afectación considerable sobre los
recursos naturales renovables y el medio ambiente, ésta afectación no fue
demostrada por la Corporación a lo largo del proceso...

Circunstancias Agravantes:

-Incumplimiento de medidas preventivas, la medida preventiva de suspensión de
actividades se cumplió y la presentación de la solicitud se había llevado a cabo
antes de la expedición de la Resolución 2851 del 21 de diciembre del 2009, que
impone dichas medidas.

-Infringir varias disposiciones legales, Artículos 83 y 132 del Decreto 2811 de 1974
y 4 de la Resolución Carder 567 de 1.997, no se formularon cargos por violación a
éstas normas. Artículo 20 del Decreto 1791 de 1.996: No aplica debido a que se
trata de aprovechamientos domésticos.

-Circunstancias Atenuantes: No se consideró ausencia del daño.

Costos Asociados: Se valoraron tres visitas de control y seguimiento efectuadas
después del inicio del proceso sancionatorio de las que no hay constancia en el
expediente.

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. No es de recibo para la Corporación el
argumento dado por la Empresa en los descargos, relacionado con el proceso de
declaratoria de urgencia sanitaria y geotécnica que antecedió al inicio de las obras
en el río Consota, en razón a que si bien la urgencia manifiesta decretada por los
mandatarios locales, permite adelantar obras sin el lleno de algunos requisitos y
supeditado al control posterior, de conformidad con el artículo 196 del Decreto
1541 de 1.978; también lo es que en ejercicio del control mencionado, dentro de
los seis días siguientes al inicio de las obras, se debe informar a la Corporación
sobre dicha situación, presupuestos que no fueron satisfechos.

Se encuentra demostrado el inicio de las obras sin contar con los permisos y
autorizaciones de carácter ambiental, al igual que la afectación de los recursos
naturales renovables…

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MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. No se aplicaron las disposiciones que se
enuncian a continuación, acompañadas del concepto de violación:

1. Ley 1333 de 2009

Artículo 9 Causales de cesación del Procedimiento en materia ambiental: (…)
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada

Artículo 23. Cesación de Procedimiento. Cuando aparezca plenamente
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9 del proyecto de Ley,
así será declarada mediante acto administrativo….

En el presente caso, el proceso sancionatorio se adelantó hasta su culminación
con la imposición de la multa, a pesar de que el 23 de abril de 2010, se expidieron
los respectivos permisos y autorizaciones con la resolución 1236.

PROPORCIONALIDAD. La cuantía de la multa impuesta en la resolución recurrida
es desproporcionada, ya que no guarda correspondencia con la levedad de los
hechos si tenemos en cuenta que se trata de obras de interés público que hacen
arte del PSMV aprobado por la Carder, cuya ejecución se inició en razón a una
declaratoria de urgencia sanitaria y geotécnica por arte de los mandatarios locales,
que posteriormente fueron aceptadas por dicha Entidad en virtud del permiso
expedido antes del inicio de la formulación de cargos, sin que se derivara impactos
ambientales significativos..

PETICIÓN. Solicito que se revoque la resolución 0019 de 2012, teniendo en cuenta
la infracción de las normas en que debería apoyarse, la inobservancia de los
principios del proceso sancionatorio y la falsa motivación.

Subsidiariamente, pido que se reliquide la cuantía de la sanción, con base en las
pruebas que obran en el expediente y aplicando la metodología adoptada por el
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para éste fin.

Analizadas las consideraciones del recurrente, las pruebas y el expediente 1856,
que reposa en ésta entidad, podemos considerar que no le asiste razón al
recurrente, por cuanto no esgrime ninguna causal eximente de responsabilidad
que determine la no responsabilidad del inculpado, se limita en sus
consideraciones a esbozar razones sin justificaciones legales, por el contrario
reconoce expresamente la violación de las normas de carácter ambiental, cuando
manifiesta: "... la solicitud para obtener el permiso de ocupación de cauce y
erradicación de cobertura vegetal, fue presentada a la Corporación con la
documentación soporte, el día 24 de noviembre del 2009; reconoce que los
trabajos de adecuación del Rio Consota se iniciaron antes de obtener el permiso
porque eran necesarios para adelantar las labores de localización de la línea de
ubicación del interceptor, en los tramos en los que ésta se ubica sobre el Rio
Consota y precisa que no se realizó ningún trabajo adicional hasta la obtención de
los permisos correspondientes, anexando como prueba el acta de suspensión del
contrato respectivo No. 365 de 2009". Habida cuenta que antes de iniciarse
cualquier actividad que requiera de permisos y/o autorizaciones de carácter
ambiental éstos deben ser tramitados con antelación a la iniciación de las obras,
excepto en el caso de artículo 196 del Decreto 1541 de 1.978; que dentro de los
seis días siguientes al inicio de las obras, se debe informar a la Corporación sobre
dicha situación, presupuestos que no fueron satisfechos; propendiendo por la
protección del medio ambiente, los recursos naturales y la salud humana.

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CONSIDERACIONES DE ESTA ENTIDAD. Tal y como se expuso en la
Resolución 0019 del 6 de enero del 2012, protestada por este medio de defensa,
es claro que el argumento presentado por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira, S.A. E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA,
identificada con el Nit 816.002.020-7, una vez analizado el recurso de reposición
impetrado por el recurrente se desprende que no se tiene ninguna causal eximente
de responsabilidad, para no tramitar oportunamente los permisos de ocupación de
cauce, erradicación de bosque natural e intervención de zona forestal protectora,
más aún cuando la ley es muy clara y establece que los permisos y/o
autorizaciones deben ser obtenidos con anterioridad a la ejecución de la actividad
que lo requiera; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, S.A.
E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA, identificada con el Nit 816.002.020-7, por
el contrario reconoce la afectación a los recursos naturales, no teniendo en cuenta
que el medio ambiente es de interés general; y el interés general prima sobre el
interés particular; además las autoridades ambientales están instituidas para
garantizar el buen manejo de los recursos ambientales, es así como en el caso
concreto debió solicitar el permiso y/o autorización correspondiente para realizar
las obras proyectadas; con lo anterior se tiene certeza jurídica de la infracción de
las normas de carácter ambiental.

Como quiera que la imposición de sanciones exige a la Entidad competente del
conocimiento del trámite, tener certeza sobre la existencia de la vulneración a una
norma de carácter ambiental, quien o quienes son los infractores y si se puede
aplicar en su favor una causal eximente de responsabilidad; ya que sólo de ésta
manera se garantiza la observancia de los principios de legalidad y debido proceso,
rectores de todo tipo de investigación y/o sancionatorio, aparece probado dentro
del expediente que el usuario no tiene los permisos y/o autorizaciones de carácter
ambiental; revisado el expediente se confirma que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira, S.A. E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA,
identificada con el Nit 816.002.020-7, no tiene, ninguna causal eximente de
responsabilidad, para no tramitar oportunamente los permisos de ocupación de
cauce y erradicación de bosque natural, intervención de zona forestal protectora,
de acuerdo a las normas legales.

QUE DEL ANÁLISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE ÉSTA CORPORACIÓN. La
ley 99 de 1993, al referirse a las sanciones y medidas de policía estableció: "Art.
84.- sanciones y Denuncias. Cuando ocurriere violación de las normas sobre
protección ambiental o sobre el manejo de recursos naturales renovables, el
Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán las sanciones que se prevean en el artículo siguiente, según el tipo de
infracción y la gravedad de la misma.

Que de acuerdo a la norma transcrita el legislador facultó a las autoridades
ambientales para sancionar a los administrados que incurrieren en violación de las
normas ambientales o sobre el manejo de los recursos naturales.

Que entre otros aspectos, Titulo XII de la Ley 99 de 1993, artículo 85 numeral 1,
subrogado por la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala el tipo de medidas
preventivas y las sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables;
igualmente, precisa que la imposición de la sanción no exime al infractor de la
ejecución de las obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental
responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los
recursos naturales renovables afectados.

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Que mediante la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se establece el Procedimiento
Sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones; y en consecuencia como
a la entrada en vigencia de la presente ley no se había formulado cargos, será éste
el procedimiento aplicable a la consabida investigación.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 3º de la Ley 1333
del 21 de julio de 2009, tenemos que el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones administrativas y judiciales.

Nadie podrá ser juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa; lo cual indica, que al existir violación de las normas de protección y manejo
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente aludidas por la
Corporación.

Igualmente la presente sanción se fundamenta en el Principio de la
proporcionalidad, que dispone: Como quiera que el principio de proporcionalidad,
Responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que
conllevan una privación o una restricción de la libertad, para ello se limita su uso a
lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas
exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos; el Principio de
proporcionalidad tenga rango constitucional. Por lo tanto, la proporcionalidad
engloba tres exigencias:

1. La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el legislador tiene
que elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que la
justifica. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La pena
óptima ha de ser cualitativa y cuantitavamente adecuada al fin.

2. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria se
comete una injusticia grave, para que la pena sea necesaria tiene que darse 3
requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador, al juez solo en la
medida en que tiene que individualizar)

a. La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: es decir, la
sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de las que tengamos a
disposición. Este requisito ha de exigirse tanto en el momento de la culminación
de la pena abstracta como en la fijación de la pena en concreto.

b La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador penal no le
compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que vayan contra bienes
jurídicos susceptibles de protección penal y que solo se recurre al DP frente a los
ataques más graves e intolerables.

c. La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal solo ha de
intervenir de manera residual, cuando se demuestre que el resto de los
mecanismos del orden jurídico han fracasado en la tutela de un bien jurídico
agredido. En 1ª instancia nunca debe intervenir el Derecho Penal, sólo en última.

3. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para que
este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o gravedad
de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados indicios: gravedad
conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que persigue con esa pena.

Mediante Sentencia C-616 del 2002- M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA,
la Honorable Corte Constitucional, dijo lo siguiente:

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3.3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de
sanciones administrativas

3.3.1. La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas
oportunidades sobre la naturaleza, las características y los requisitos de la
facultad de la administración para imponer sanciones.

3.3.2. En uno de los primeros fallos en los que abordó el tema, esta
Corporación reiteró la jurisprudencia de la Corte Suprema en la que se había
puesto de presente que el ius punendi del Estado es un género que cubre
varias especies entre las que se cuentan el derecho penal y el derecho
administrativo sancionador3.

En razón a su condición de actividad punitiva del Estado, la imposición de
sanciones administrativas se encuentra sujeta al artículo 29 de la
Constitución que consagra el derecho al debido proceso. De esta manera
"los principios del derecho penal –como forma paradigmática de control de
la potestad punitiva– se aplican, con ciertos matices, a toda las formas de
actividad sancionadora del Estado4"5. El debido proceso, por su parte
"comporta una serie de garantías como la publicidad y celeridad del
procedimiento, el derecho de defensa y contradicción, el principio de
legalidad del ilícito y de la pena, la garantía del juez competente, etc., que
sólo tienen sentido referidas a la actividad sancionadora del Estado. Es decir
son garantías aplicables al proceso de imposición de sanciones"6.

3.3.3. Sin embargo, la potestad sancionadora administrativa se diferencia
cualitativamente de la potestad punitiva penal. Con la potestad punitiva
penal, además de cumplirse una función preventiva, se protege "el orden
social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la
concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio,
eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente",
mientras que con la potestad administrativa sancionatoria se busca
garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades
sociales7. La Corte ha resaltado que la potestad sancionadora de la
administración es un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se
ha trazado en el ejercicio de sus funciones. En efecto, "[l]a fracción de poder
estatal radicada en cabeza de la administración, se manifiesta a través de
una gama de competencias o potestades específicas (de mando, ejecutiva o
de gestión, reglamentaria, jurisdiccional y sancionadora), que le permiten a
aquella cumplir con las finalidades que le son propias"8.

Por ello, "se ha expresado, en forma reiterada, que i) la potestad
sancionadora como potestad propia de la administración es necesaria para

3 Sentencia C-214 de 1994; M.P. Antonio Barrera Carbonell (En esta sentencia, en la que la Corte

Constitucional conoció de una demanda contra una norma que establece una multa en el ámbito del
control vehicular, se realiza uno de los primeros estudios por parte de esta Corporación en materia de
potestad sancionatoria de la administración).
4Al respecto pueden consultarse las sentencias C-599 de 1992, C-390 de 1993, C-259 de 1995, C-244

de 1996, entre otras.
5 Sentencia C-690 de 1996; M.P. Alejandro Martínez Caballero.
6 Sentencia C-506 de 2002; M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra (En esta sentencia, la Corte

Constitucional declaró la exequibilidad de varias normas relativas a sanciones tributarias. Consta allí un
resumen de la jurisprudencia proferida por esta Corporación sobre dicha materia).
7 Sentencia C-214 de 1994. En este punto, la Corte se apoyó en: Eduardo García de Enterría, Tomás

Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Editorial Civitas, Madrid, 1986
8 Ibídem.

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el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines9,
pues ii) permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante
la asignación de competencias a la administración que la habilitan para
imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento,
inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia propende
indudablemente a la realización de sus cometidos10 y iii) constituye un
complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el
cumplimiento de las decisiones administrativas11."12

3.3.4. La Corte también ha resaltado que, en materia sancionatoria
administrativa, las garantías del debido proceso no tienen el mismo alcance
que en el ámbito penal. Por ello, reiteró que "La no total aplicabilidad de las
garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras
en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue
fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria
de la administración se orienta más a la propia protección de su organización
y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de
estas garantías –quedando a salvo su núcleo esencial– en función de la
importancia del interés público amenazado o desconocido"13.

3.3.5. Esta Corporación considera que "la imposición por la Administración
de sanciones por el incumplimiento de deberes tributarios es una actividad
típicamente administrativa y no jurisdiccional"14. Ello obedece a que "el
legislador en ejercicio de la potestad constitucional de imponer la
colaboración de los coasociados con la administración tributaria, se
encuentra indiscutiblemente autorizado para regular deberes tributarios
materiales y formales que constriñen la esfera jurídica de los derechos
individuales, de tal forma que resulta legítimo que el legislador regule la
manera como se debe cumplir una determinada obligación tributaria"15.
Corresponde así al legislador determinar las condiciones para el
cumplimiento por los ciudadanos del deber de contribuir al financiamiento del
Estado. Puede también el legislador "consagrar las sanciones para quienes
incumplan esos deberes tributarios, que tienen claro sustento constitucional
(CP art. 95 ord. 9º) pues es 'lógico que el ordenamiento dote a las
autoridades de instrumentos que permitan hacer exigible a los particulares
esa obligación constitucional, de cuyo cumplimiento depende la eficacia
misma del Estado social de derecho'16"17.

De esta manera, "en materia tributaria la actividad sancionatoria de la
Administración persigue lograr unos fines constitucionales específicos: a la
Administración Pública compete recaudar los tributos destinados a la
financiación de los gastos públicos con los cuales se logra en gran medida
cumplir los fines del Estado, cometido en el cual debe observar no sólo los

9 Sentencia C-597 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
10 Ibídem.
11 Sentencia C-214 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
12 Sentencia C-827 de 2001; M.P. Álvaro Tafur Galvis (En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró

la exequibilidad de una norma en la que se dispone que corresponde a la Junta Directiva del Banco de
la República establecer "el encaje de las distintas categorías de establecimientos de crédito y en general
de todas las entidades que reciban depósitos a la vista, a término o de ahorro, señalar o no su
remuneración y establecer las sanciones por infracción a las normas sobre esta materia". Los
magistrados Jaime Araujo Rentería y Rodrigo Escobar Gil salvaron el voto).
13 Sentencia T-145 de 1993; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Sentencia C-506 de 2002; Marco Gerardo Monroy Cabra.
15 Sentencia C-690 de 1996; Alejandro Martínez Caballero.
16 Sentencia C-597 de 1996; M.P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 9.
17 Sentencia C-690 de 1996; M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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principios generales que gobiernan el recto ejercicio de la función pública, es
de decir los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad a que se refiere el artículo 209 de la Carta, sino
también y especialmente los de equidad, eficiencia y progresividad del
sistema tributario que menciona el canon 363 constitucional. De todos estos
principios, los de celeridad y efectividad de la función pública y el de
eficiencia del sistema tributario obligan al legislador a diseñar mecanismos
adecuados de recaudación de los tributos, de tal manera que las cargas
tributarias se impongan verdaderamente a los contribuyentes con el peso de
la potestad soberana. […]. Establecido por el legislador el deber de tributar y
radicada la función recaudadora en manos de la Administración, la
posibilidad de sancionar de manera directa a los renuentes es el instrumento
adecuado para lograr la efectividad y eficiencia del sistema tributario"18.

3.3.6. Uno de los instrumentos de los cuales dispone la administración de
impuestos para lograr la efectividad de las normas tributarias,
particularmente en materia de aduanas, es la de decomisar de manera
permanente los bienes que se encuentren en el territorio aduanero nacional
en violación al régimen que reglamenta esta materia. Este tema ha sido
analizado por la Corte en fallos adoptados con salvamentos de voto de sus
magistrados.

El siguiente resumen acerca de la jurisprudencia proferida por esta
Corporación respecto de la constitucionalidad de la facultad de la
administración de decomisar de manera definitiva los bienes de los
administrados permite mostrar que la Corte ha aceptado la constitucionalidad
de la condición para la imposición de la sanción establecida en la norma
acusada, v.gr. el cierre de establecimiento donde fueron aprehendidos los
bienes.

3.3.7. En la Sentencia C-194 de 1998, la Corte declaró la exequibilidad del
artículo 20 de la Ley 383 de 1997 según el cual es responsabilidad de la
DIAN adoptar las decisiones referentes a la aprehensión, carácter, valor
aduanero, decomiso y disposición de las mercancías por violación al régimen
aduanero. Si bien dicho artículo hacía parte de la legislación penal en materia
de evasión y contrabando, éste fue demandado con el cargo de que el
decomiso definitivo era una facultad reservada a las instancias
jurisdiccionales y no a las administrativas. En esa oportunidad, la Corte
declaró que: "El decomiso aduanero constituye una herramienta de
aplicación inmediata, de carácter efectivo en la lucha contra la evasión y el
contrabando, con el fin de evitar que se lesione gravemente la economía
nacional, así como la competencia leal, lo cual garantiza la prevalencia de
los bienes colectivos y supraindividuales"19.

En ese mismo fallo se indicó que "el ámbito de competencias de las
mencionadas autoridades, es decir, de la administrativa de un lado, y la
judicial del otro, en relación con las faltas cometidas, para la aplicación de
las respectivas sanciones, es totalmente diferente, sin perjuicio de que el
funcionario administrativo pueda remitir las diligencias procesales al
funcionario judicial competente, a fin de determinar la responsabilidad penal
del comerciante inculpado, que en el evento de su exoneración, puede

18 Sentencia C-506 de 2002; M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
19 Sentencia C-194 de 1998; M.P. Hernando Herrera Vergara. En esa oportunidad salvaron el voto los

magistrados Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero
quienes consideraron, entre otras, que el decomiso permanente era una decisión reservada a los jueces
y no a la administración.

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ejercer las acciones encaminadas a la reparación directa por los perjuicios
que haya sufrido, consagradas en las normas vigentes"20.

3.3.8. En la Sentencia C-674 de 1999, la Corte sostuvo que la facultad de la
administración de imponer la sanción de decomiso, en ciertas circunstancias,
era contraria a la Carta Política. En este fallo, se declaró la inexequibilidad
del artículo 77 de la Ley 488 de 1998 que confería a la DIAN la facultad de
aprehender y eventualmente decomisar las mercancías de quien fuera
sorprendido sin contar con la correspondiente factura o con un documento
equivalente. Esta Corporación se cuestionó "si el castigo por el
incumplimiento de ese deber fiscal [conservar la factura de compra] puede
ser el decomiso del bien decretado por una autoridad administrativa como la
DIAN. Para la Corte, la respuesta a la anterior pregunta es claramente
negativa, pues el texto del artículo 34 de la Constitución es inequívoco: la ley
puede prever la extinción de dominio sobre bienes adquiridos en una forma
que configure enriquecimiento ilícito, se haga en perjuicio del Tesoro Público
o con grave deterioro de la moral social"21.

Más adelante sostuvo que según "[...] reiterada jurisprudencia de esta
Corporación al respecto22, la extinción de dominio sólo puede ser declarada
por una autoridad judicial. Esto significa que existe una reserva judicial para
la declaración de extinción de dominio, por lo cual no puede la ley atribuir a
una autoridad administrativa la facultad de privar de un bien a una persona,
como consecuencia del incumplimiento de un determinado deber legal, pues
eso equivale a una extinción de dominio decretada por una autoridad
administrativa"23.

Para justificar este punto, señaló que "[....] el decomiso definitivo de un bien
y la extinción de dominio son figuras conceptualmente diversas. Así, la
extinción de dominio es una sanción patrimonial, que no tiene
obligatoriamente connotaciones penales, aunque pueda imponerse como
consecuencia de actividades ilícitas, mientras que el decomiso es un instituto
típicamente penal, por medio del cual se priva al autor de un hecho punible
de los bienes que se utilizaron para cometer un ilícito, o del producto del
mismo"24.

No obstante, en esta misma sentencia la Corte sostuvo que "[...] si ese
decomiso permanente, derivado del incumplimiento de una obligación legal,
es considerado una sanción puramente administrativa, entonces es válido
que pueda ser decretado por una autoridad administrativa. Pero si tal sanción
tiene indudables connotaciones penales, entonces inevitablemente sólo
podrá ser impuesto por un funcionario que reúna las garantías de
independencia y autonomía de los funcionarios judiciales"25.

3.3.9. La afirmación final de la Sentencia C-674 de 1999 fue reiterada por la
Sentencia C-329 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), por la cual se
declaró la exequibilidad de una norma en la que se faculta al Ministerio de

20 Ibídem
21 Sentencia C-674 de 1999; Ms.Ps. Alejandro Martínez Caballero y Álvaro Tafur Galvis. En esa
oportunidad salvaron el voto los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Fabio Morón Díaz, Vladimiro
Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis, quienes consideraron, entre otras, que en el fallo mayoritario se
confundía la extinción de dominio con el decomiso.
22 Ver, entre otras, las sentencias C-176 de 1994, C-374 de 1997 y C-404 de 1999.
23 Sentencia C-674 de 1999; Ms.Ps. Alejandro Martínez Caballero y Álvaro Tafur Galvis.
24 Ibídem.
25 Ibídem.

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Comunicaciones y a las autoridades militares para decomisar las redes de
telecomunicaciones que operen sin autorización previa26.

En ese fallo la Corte sostuvo que "El decomiso no requiere necesariamente
de una sentencia judicial, e incluso puede ser decretado por una autoridad
administrativa, como lo admitió la Corte en la sentencia C-194/9827. Por
consiguiente, el decomiso administrativo es diferente de la extinción del
dominio y es el resultado de una sanción típicamente administrativa que no
requiere, por consiguiente, de la intervención judicial"28.
Más adelante agregó que "[...] es posible el decomiso permanente como
sanción administrativa, originada en el incumplimiento de una obligación
legal; pero cuando la sanción tenga connotaciones penales 'entonces
inevitablemente sólo puede ser impuesto por un funcionario que reúna las
garantías de independencia y autonomía de los funcionarios judiciales'."29

3.3.10. Los antecedentes referidos permiten extraer las siguientes
conclusiones: i) El decomiso permanente puede ser, según el régimen
aplicado, una sanción de carácter administrativo permitida por el
ordenamiento constitucional colombiano; ii) Las normas vigentes conceden
a la DIAN la facultad de imponer esta sanción por violación del régimen
aduanero; iii) El procedimiento administrativo que se adelante para el efecto
es independiente del proceso penal al que eventualmente pueda haber lugar;
iv) El decomiso de un bien a una persona no supone necesariamente que
éste haya cometido algún delito.

3.3.11. Sintetizada la jurisprudencia, que contiene los criterios proferidos por
esta Corporación en materia de sanciones administrativas, una de las cuales
es el decomiso permanente, la Corte pasa a juzgar la norma acusada.

(...). En cuanto a la proporcionalidad, En cuanto a la proporcionalidad, también
se aprecia una tendencia a exigir un respeto a este principio en la imposición de
sanciones administrativas. Sin embargo, se constatan diferencias relativas a los
criterios para su aplicación. En este sentido, pueden ser distinguidos cuatro grupos:
Primero, se observan países que establecen como elementos de la
proporcionalidad la gravedad de la infracción y los daños causados, junto con el
elemento subjetivo y la reincidencia. Segundo, algunos sistemas adoptan criterios
relacionados con la finalidad de estas sanciones, v.gr. que "las sanciones
administrativas, a diferencia de las sanciones penales, no son concebidas como
instrumentos de defensa de los valores esenciales del sistema”. Tercero, están los
países en los que se tiene en cuenta principalmente la gravedad de la infracción.
Por último, se observan los casos en los cuales se deja al criterio de los jueces la
consideración de los parámetros de proporcionalidad en cada caso.

En cuanto a la carga de la prueba de hechos generadores de sanciones
administrativas, no se observa una sola tendencia. Algunos países aplican el
principio de la asignación de la carga probatoria al Estado a plenitud. El Tribunal
Constitucional español ha sido claro al respecto. No obstante, ha aceptado que la

26 Se trata del artículo del artículo 50 del Decreto 1900 de 1990, según el cual: "Cualquier red de

telecomunicaciones que opere sin autorización previa será considerada como clandestina y el Ministerio
de Comunicaciones y las autoridades militares y de policía procederán a suspenderla y a decomisar los
equipos, sin perjuicio de las sanciones de orden administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a
las normas legales y reglamentarias vigentes"
27 M.P. Hernando Herrera Vergara.
28 Sentencia C-329 de 2000; M.P. Antonio Barrera Carbonell. Esta decisión contó con el voto unánime

de los magistrados de la Corte Constitucional.
29 Ibídem.

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ley confiera una presunción de veracidad a las apreciaciones de los funcionarios,
que puede ser desvirtuada por el sancionado. De otra parte, el Consejo
Constitucional francés ha estimado que la represión administrativa es "difícilmente
compatible" con la presunción de inocencia.

Finalmente, a manera de resumen, se constata que hay una amplia gama de
alternativas de configuración legislativa respecto del tipo de elemento subjetivo
requerido y de la distribución de la carga probatoria, en materia de infracciones
administrativas. A título meramente ejemplificativo, caben las siguientes variantes
atendiendo a las especificidades de cada caso, según los países mencionados: (1)
En un extremo, el legislador puede disponer iguales exigencias a las que rigen el
derecho penal para la imposición de ciertas sanciones administrativas; no
obstante, también puede (ii) prescribir que la administración cumpla con una carga
probatoria inicialmente predeterminada y suficiente, sin que sea necesario de
manera específica la culpa, la cual se deduce de lo ya probado, ni permitir que el
investigado demuestre que obró diligentemente o de buena fe, (iii) concluir que el
comportamiento del que cometió un error es prueba de un grado de imprudencia
como la simple inobservancia, pero suficiente para imponer la sanción; (iv)
presumir la culpabilidad respecto de la comisión de ciertas infracciones y
reglamentar las condiciones en las que se puede presentar prueba en contrario; y
(v) en el otro extremo, el legislador puede permitir la imposición excepcional, bajo
estrictas condiciones, de sanciones por responsabilidad objetiva, caso en el cual
no cabe que el investigado pruebe su diligencia ni su buena fe.

De otro lado en la SENTENCIA C-1161 DE 2000, con ponencia del Magistrado
Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional, frente al Principio de
Proporcionalidad en las sanciones administrativas, dijo lo siguiente:

Principios de legalidad y proporcionalidad, derecho sancionador e
inconstitucionalidad del artículo 52 del EOSF.

9- Esta Corporación tiene bien establecido que si bien el derecho penal no es más
que una de las especies del derecho sancionador, sin embargo los principios
penales se aplican, mutatus mutandi, a los distintos ámbitos en donde opera el
derecho sancionador. En efecto, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha
establecido que los principios del derecho penal como forma paradigmática de
control de la potestad punitiva- se aplican, con ciertos matices, a todas las formas
de actividad sancionadora del Estado. Y es que la Constitución es clara en señalar
que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas (CP art. 29). Por consiguiente, el actor tiene razón en que la
definición de una infracción debe respetar los principios de legalidad y
proporcionalidad que gobiernan la actividad sancionadora del Estado.

10- Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la
legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas
en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal,
por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa
Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe
estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la
sanción a ser impuesta pues, como esta Corporación ya lo había señalado, las
normas que consagran las faltas deben estatuir "también con carácter previo, los
correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas".

11- Las sanciones administrativas deben entonces estar fundamentadas en la ley,
por lo cual, no puede transferirsele al Gobierno una facultad abierta en esta
materia, como lo hace el artículo 52 del EOSF. En efecto, esa norma traslada al

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Ejecutivo la facultad de señalar las sanciones por la infracción de las disposiciones
que dicte en ejercicio de su función de regulación de las actividades financiera y
aseguradora y de las relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de
los recursos captados del público. Es cierto que la norma establece un límite, pues
indica que las sanciones sólo pueden ser pecuniarias. Sin embargo, a pesar de
ese límite, la facultad conferida al Gobierno es abierta, por lo cual, como bien lo
destaca la Procuraduría, esa disposición desconoce el principio de legalidad en
este campo. El artículo 52 del EOSF será entonces retirado del ordenamiento.

Con fundamento en lo anterior, y con las garantías al debido proceso que le asiste
al investigado; éste despacho (Sic)

En conclusión, aparece probado dentro del expediente que el usuario no tramitó
oportunamente los permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental para el
desarrollo de la obra; revisado el expediente se confirma que la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira, S.A. E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA, identificada con el Nit 816.002.020-7, no tiene ninguna causal eximente
de responsabilidad, para no tramitar oportunamente los permisos de ocupación de
cauce y erradicación de bosque natural, intervención de zona forestal protectora,
de acuerdo a las normas legales; o para haber avisado dentro de los seis (6) días
siguientes a la ocurrencia de los hechos, como lo consagra la Ley.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución CARDER No.
0019 del 6 de enero del 2012, en contra de la Empresa de Acueducto y,
Alcantarillado de Pereira, S.A. E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA,
identificada con el Nit 816.002.020-7, representada legalmente por el señor: Diego
Barragán Correa o quien haga sus veces, por los hechos expuestos en la ate
motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer que contra la presente resolución no procede
recurso alguno, y se agota la vía gubernativa.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolución a de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, S.A.
E.S.P. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA, identificada con el Nit 816.002.020-7,
representada legalmente por el señor: Diego Barragán Correa o quien haga sus
veces, para lo cual se enviará oficio citatorio a la carrera 10 No. 17-55, Edificio
Torre Central, Pereira”30.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invocó como vulnerados los artículos 13, 29 y 83 de la Carta Política,
18, 26, 27 y 40 de la Ley 1333 de 2009, los Decretos 2081 de 1974, 1541 de 1978,
3678 de 2010, la Ley 99 de 1993, los principios de tipicidad, favorabilidad, presunción

30 Visible a folios 15 a 20 del Cuaderno del Tribunal.

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de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad y la Resolución 2086 de 2010, emitida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS)

1.3.1. Como sustento de lo anterior, expresó que en cumplimiento de su objeto
social, suscribió el Contrato No. 365-2009 con el Consorcio Geotecnia Consola, cuyo
objeto era la construcción de obras de infraestructura en el Río Consota para mitigar
el riesgo sanitario y geotécnico en el tramo comprendido entre los barrios El Poblado I
y la desembocadura de la Quebrada Bedoya, en Pereira. El negocio jurídico tenía un
plazo de ejecución de seis (6) meses, contados a partir del 26 de octubre de 2009 y
un valor inicial de tres mil quinientos treinta y ocho millones quinientos noventa mil
setecientos veintidós pesos ($3.538.590.722).

Mencionó que, una vez iniciadas las obras, estas fueron suspendidas debido a la falta
de los permisos ambientales necesarios para su ejecución. Posteriormente, tras
obtener la autorización requerida, estas se reanudaron el 30 de julio de 2010.

Refirió que, dentro de las obras pactadas, se encontraba el Interceptor del Consota en
el tramo C76-C125, cuyo propósito era captar las aguas residuales para impedir su
descarga directa en el Río Consota, como ocurría en ese momento. Sostuvo que, para
ejecutar la obra de estabilización, era indispensable construir un canal de desvío en el
tramo C76-C98, con una longitud aproximada de quinientos ochenta (580) metros.
Esto permitiría realizar los trabajos sin la presencia constante de agua, minimizar el
impacto en el cauce ante posibles derrames de materiales de construcción y evitar la
intervención directa en el lecho del citado afluente por parte de la maquinaria, los
equipos y el personal de la obra.

Aseveró que la ejecución de dicha obra era indispensable ante el riesgo de una posible
amenaza hidrológica y geotécnica. Además, destacó que el proyecto beneficiaría a
más de cinco mil ciento cuarenta y dos (5.142) habitantes, al mitigar los problemas
sanitarios que afectan la zona.

Cuestionó que la CARDER no otorgara oportunamente los permisos necesarios para
la ejecución de la obra, pese a su importancia para la comunidad y a que su objetivo
era desarrollar una medida de mitigación y prevención ante la fuerte ola invernal de la
época. En contraste, señaló que la entidad solo mostró diligencia para adelantar la

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investigación sancionatoria en su contra. Agregó que para esa autoridad ambiental “es
más importante la erradicación de unas matas de cañabrava (que finalmente fue
autorizada) y de guadua (que crecen silvestre y desmesuradamente), y que al fin y al
cabo se pueden restituir o sembrar nuevamente, que la vida y más, la vida sana de los
habitantes de Pereira”31.

1.3.2. En el acápite de “Falsa motivación como causal de nulidad de los actos
atacados”32, dijo que las siguientes razones plasmadas en el acto enjuiciado eran
erróneas: (i) en el Concepto Técnico 3220 que dio origen a la investigación se señaló
que existió una afectación considerable a los recursos naturales, (ii) desde la
formulación de cargos se omitió considerar que ya se habían otorgado los permisos y
autorizaciones, (iii) el Informe Técnico 14/11 en el que se tasó la multa, tiene soportes
contrarios a la realidad, lo que implicó que la sanción sea desproporcionada y
desatienda lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, (iv) en el acto
sancionatorio se invocan normas que no fueron tenidas en cuenta en los cargos, tales
como el Decreto 3930 de 2010 y los artículos 196 y 198 del Decreto 1541 de 1978, (v)
se citaron normas en blanco para llenar el tipo sancionatorio en el que subsume la
conducta, como el artículo 2 de la Ley 23 de 1973 y el artículo 1 del Código de
Recursos Naturales Renovables, (vi) se indicó que las obras tenían un carácter
definitivo a pesar de que eran temporales, (vii) se aseveró incorrectamente que no
había efectuado ninguna gestión para obtener los respectivos permisos, (ix) se citó la
Resolución 2203 de 2009, sin que haga parte del expediente.

Destacó que la presunción de culpa o dolo del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333
de 2009, no eximía a la administración de demostrar que hubo daño ambiental. En
consecuencia, dijo que se la multó por un daño ambiental presunto, en contravía de lo
previsto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y de lo contemplado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-595 de 2010.

1.3.3. En relación con la “violación al principio de tipicidad”33, indicó que el auto
de inicio de investigación era más bien un pliego de cargos, dado que no se decretó
ninguna prueba para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las

31 Visible a folio 84 del Cuaderno del Tribunal.
32 Visible a folio 85 del Cuaderno del Tribunal.
33 Visible a folio 89 del Cuaderno del Tribunal.

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normas ambientales, lo que llevó a que el auto de formulación de cargos replicara esa
misma decisión sin aportar nada nuevo.

Dijo que en el acto enjuiciado no se indicaron las normas vulneradas por las que se le
impuso la multa, pues simplemente se citó el Decreto 3930 de 2010, norma que, en su
criterio, tampoco era adecuada.

Mencionó que, tampoco fue tenida en cuenta la causal de atenuación de
responsabilidad dispuesta en el numeral 3 del artículo 6º de una norma que no
identificó, referida a la no existencia del daño ambiental y que fue multada con base
en cargos inexistentes o disposiciones que no vulneró, dado que la única conducta que
al parecer infringió, es que no contaba con los permisos o autorizaciones ambientales.

1.3.4. Frente al desconocimiento al principio de proporcionalidad, sostuvo que la
actividad sancionatoria de la CARDER era arbitraria, pues se tenían en cuenta
conceptos que ella misma emitía, en detrimento de su derecho a la defensa. Dijo que
el solo hecho de no contar con permisos ambientales, no la podía hacer merecedora
de una multa, máxime cuando no existió un daño ambiental y la zona fue saneada para
el beneficio humano y el Río Consota, de ahí que no se la pudiera sancionar.

Anotó que el principio de proporcionalidad aplicado a la planeación urbana exige
contrastar los intereses públicos con los medios empleados para ello, atendiendo a su
adecuación y necesidad. Refirió que en el presente asunto no se afectó ni el interés
particular ni el público, pues la finalidad de las obras era la protección del derecho a la
vida.

1.3.5. En cuanto al desconocimiento del principio de razonabilidad, señaló que,
aunque el Legislador haya establecido un cuadro de dosimetría punitiva, ello no exime
a la autoridad administrativa de la obligación de aplicar dicho principio. Por lo tanto, no
se pueden imponer multas de manera arbitraria, como ocurrió en el presente caso.

1.3.6. Respecto al principio de la mensurabilidad, dijo que, conforme con el artículo
4 de la Ley 1333 de 2009, la función sancionatoria en materia ambiental era preventiva
correctiva y compensatoria. En ese orden, criticó que a pesar de que solicitó el
respectivo permiso ambiental, se siguió la investigación y se le impuso una sanción

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por la ejecución de unas obras en materia de saneamiento que representaron una
solución inmediata a los problemas de la comunidad.

1.3.7. Adujo que se vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que nunca se
cumplieron los plazos fijados en el artículo 16, 18, 26 y 27 de la 1333 de 2009 y de
hecho, criticó que la CARDER haya excedido en gran medida los términos
establecidos en esas disposiciones.

1.3.8. Aseveró que si una actuación administrativa carece de una justificación
suficiente, razonable y proporcionada, esta vulnera el principio de buena fe y resulta
contraria a la Constitución Política y al Estado de Derecho.

1.3.9. Expresó que se desconoció el numeral 4 del artículo 9 y los artículos 23 y 27
de la Ley 1333 de 2009, toda vez que antes de la imposición de la multa se expidieron
los respectivos permisos y autorizaciones para la realización de la obra. En
consecuencia, la CARDER antes de formular cargos e imponer la sanción, debió
prever que se había configurado una causal de cesación del procedimiento
administrativo.

Refirió que se configuró una purga de legalidad o convalidación del acto administrativo,
toda vez que dentro del trámite sancionatorio le fueron otorgados los permisos de
ocupación del cauce y de erradicación de la cobertura vegetal.

1.3.10. Destacó que la CARDER se equivocó al imponer como sanción por la
infracción ambiental, la derivada del valor de las medidas compensatorias por el
presunto daño ambiental y no una de las taxativamente expuestas en el artículo 40 de
la Ley 1333 de 2009.

1.3.11. Finalmente, pidió que se aplique el precedente judicial previsto en la
sentencia C-539 de 2009, emitida por la Corte Constitucional.

II.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La CARDER contestó la demanda manifestando su oposición a todas y cada una de
las pretensiones.

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Adujo que el procedimiento sancionatorio en contra de la actora se inició por no contar
con los permisos y autorizaciones de carácter ambiental, para la intervención del Río
Consota y la disposición del material sobrante en la rivera de ese afluente. Refirió que
el área en la se produjo la intervención corresponde una zona de protección de un
drenaje natural. Alegó que en el procedimiento sancionatorio siempre garantizó el
derecho de defensa y contradicción de la empresa Aguas y Aguas S.A E.S.P.

Indicó que, en el procedimiento sancionatorio, la empresa actora no logró desvirtuar
las razones que dieron lugar a la sanción, pues argumentó que la intervención se
realizó debido al riesgo geotécnico generado por el cambio de curso del Río Consota,
que adquirió un alineamiento recto. Sin embargo, dicho argumento resultaba impreciso
desde el punto de vista técnico, ya que el término “GEOTECNICO se refiere a; GEO
(Suelo) y técnico son los aspectos que corresponden al desarrollo de infraestructura,
obras y demás; pero en ningún momento, el aspecto geotécnico, esta referido al
aspecto hídrico; Io cual constituye un error en la apreciación de las variables afectadas,
y en consecuencia sin mayor esfuerzo desdibuja el criterio que pretende sustentar la
empresa inculpada”34

Indicó que mediante Informe Técnico No. 0014 de 2011, se tasó la multa. Dijo que de
ese informe se corrió traslado con oficio 7315 de 21 de junio de 2011, a fin de que la
actora solicitara la aclaración, complementación u objeción por error grave. No
obstante, una vez concluido el plazo legal para ello, la demandante guardó silencio.
Agregó que el anotado informe técnico apenas vino a ser discutido por Aguas y Aguas
de Pereira con la interposición del recurso de reposición en contra del acto
sancionatorio, esto es, cuando el plazo dispuesto para esos efectos ya había fenecido.

Alegó que en el presente asunto sí se acreditó una conducta contraria al ambiente,
toda vez que se ejecutaron unas obras, sin que, de manera previa, se hayan solicitado
los permisos de ocupación de cauce, erradicación de bosque natural e intervención de
la zona forestal protectora, lo que constituye una infracción a la luz del artículo 5 de la
Ley 1333 de 2009.

34 Visible a folio 136 del Cuaderno del Tribunal.

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III. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 30 de mayo de 201335, el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la sociedad
demandante, con base en los siguientes argumentos:

4.1. En primer lugar, indicó que, si bien se reseñaron como desconocidos el Decreto
2811 de 1974, el Decreto 1541 de 1978 y la Ley 99 de 1993, en el concepto de
vulneración de la demanda no se concretaron las razones por las que se consideraban
desconocidas esas normas, de modo que no las consideró al momento de realizar el
juicio de legalidad de los actos enjuiciados, en aplicación del principio de justicia
rogada.

4.2. De otro lado, luego de hacer un análisis general de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y de las pruebas que reposaban en el plenario, señaló que, estaba
probado que la actora incurrió en la infracción ambiental consagrada en el artículo 5
de la Ley 1333 de 2009. Agregó que, además la conducta de la demandante había
ocasionado un impacto ambiental considerable como quedó en evidencia en el
Concepto Técnico 3220 de 2009.

4.3. Arguyó que desde el punto de vista formal no constituye una vulneración al
principio de tipicidad, el hecho que en la decisión sancionatoria no se haya reiterado
la trascripción de las normas consideradas vulneradas en el auto de formulación de
cargos, como quiera que la conducta y la imputación efectuada en contra de la
demandante siempre fue la misma.

4.4. Señaló que la presunción de culpa o dolo establecida en el artículo 1º de la Ley
1333 de 2009 es iuris tantum, por lo que la parte actora debía desvirtuarla. No obstante,
no lo logró, pues no aportó pruebas que demostraran que no causó daños al medio
ambiente.

Agregó que no era de “recibo la crítica realizada por la empresa accionante a la
actividad probatoria desplegada por la CARDER durante el procedimiento

35 Folios 728 a 744 ibídem.

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sancionatorio, al señalar que la misma se limitó al Concepto Técnico con el que se dio
inicio a la investigación administrativa, por cuanto la Ley 1333 de 2009 es clara en
indicar en su artículo 26 que la entidad que adelanta la investigación, ordenará pruebas
de oficio sólo cuando las considere necesarias, es decir, partiendo de la noción de
prueba como aquél elemento que permite producir certeza de la existencia o
inexistencia de un hecho, en el presente asunto, si tal Concepto Técnico de fecha 15
de diciembre de 2009 le aportó la formación de la concepción adecuada frente a las
acciones del presunto infractor y el daño que las mismas produjeron en el medio
ambiente, no sería lógico imponer a la entidad titular de la potestad sancionatoria, la
obligación de recaudar un número determinado de pruebas, ya que esto sería coartar
su discrecionalidad en el proceder investigativo y más aún cuando, se reitera, es al
presunto infractor a quien le corresponde desvirtuar su posible responsabilidad en la
infracción ambiental”36.

Señaló que, aunque las obras se llevaron a cabo en beneficio de la comunidad, ello no
eximía a la actora de su obligación de solicitar los permisos correspondientes,
especialmente tratándose de intervenciones con un alto impacto ambiental. Precisó
que la expedición de los permisos durante el curso del procedimiento sancionatorio no
convalidaba la actuación de la actora ni justificaba la cesación del procedimiento,
conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009.

En cuanto a la proporcionalidad en la tasación de la sanción, sostuvo que no se
presentó prueba idónea que desvirtuara el Informe Técnico No. 14 emitido por la
CARDER. Argumentó que, si bien con la demanda se aportó un documento titulado
“Concepto Técnico Aplicación Fórmula para Cálculo de Multas (MAVDT) por Daño
Ambiental” y se presentaron varios testimonios de los funcionarios que elaboraron
dicho concepto, sus declaraciones evidenciaban falta de experiencia en la aplicación
de la metodología utilizada para la tasación de la sanción. De hecho, era la primera
vez que analizaban y evaluaban las matrices empleadas para determinar el valor real
de la multa.

Resaltó que, aunque dichos funcionarios realizaron una visita al lugar donde ocurrió la
infracción ambiental, a efectos de elaborar el anotado informe, no se precisó la fecha

36 Visible a folio 262 del Cuaderno del Tribunal.

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en que esta se llevó a cabo, lo que impedía establecer si fue concurrente con el
procedimiento sancionatorio objeto de debate. Por ende, negó las pretensiones de la
demanda dado que el accionante no cumplió con la carga probatoria que le asistía de
conformidad con lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y 306
del CPACA.

Finalmente, condenó en costas a la actora y multó al apoderado de la CARDER por
no asistir a la audiencia inicial.

La parte resolutiva de la sentencia apelada se transcribe enseguida:

“VII. FALLA

1. Se niegan las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

2. Se condena en costas a la parte demandante vencida. Liquídense por la
Secretaría de esta Corporación.

3. Sancionar con multa de un millón ciento setenta y nueve mil pesos
($$1.179.000$$), equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al abogado Isaías Moreno Aricapa identificado con la cédula de
ciudadanía número 15.922.830 expedida en Riosucio, Caldas y portador de la
tarjeta profesional número 124.331 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, a favor de la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Dicho
monto será cancelado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de esta providencia en la cuenta DTN multas y cauciones efectivas No.
3-0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia.

4. Ejecutoriada esta decisión y vencido el plazo para cancelar la multa sin que se
haya procedido con lo pertinente, por Secretaría envíese copia auténtica de esta
providencia, con las constancias de que trata el parágrafo 2º del artículo 3º del
Acuerdo PSAA10-6979 de 2010, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Risaralda - Oficina de Cobro Coactivo, para lo de su
competencia.

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota de gastos
si a ello hubiere lugar, y archívese el expediente”37

IV. El RECURSO DE APELACIÓN

37 Visible a folio 264 del Cuaderno del Tribunal.

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La parte actora38, por intermedio de apoderado judicial, interpuso oportunamente
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, utilizando los
siguientes argumentos:

5.1. Mencionó que la CAR inició la actuación administrativa con base en un
fundamento erróneo, pues no era cierto que la intervención que dio lugar a las
sanciones se hubiera realizado sin la solicitud de los permisos correspondientes.

Mencionó que, ante la actitud poco diligente de la CARDER, se vio obligada a adelantar
las obras y que nunca obtuvo un beneficio por su ejecución, pues estas se realizaron
en favor del ambiente y la comunidad. Asimismo, reprochó que no se ponderaran las
razones que motivaron el inicio de esa infraestructura, las cuales respondían a una
situación de real apremio.

5.2. Cuestionó que en la decisión recurrida se haya declarado la legalidad de las
decisiones censuradas, por la mera formalidad de no haber solicitado los permisos
ambientales de manera previa a la realización de la obra contenida en el Contrato 365
de 2009. Lo anterior, sin que existiera una clara afectación de los recursos naturales
renovables. Así, destacó que se desconoció el principio de tipicidad pues las normas
y sustento para sancionar no eran indicadores de la sanción en términos y magnitud
realizados en el acto enjuiciado.

5.3. De otro lado, refirió que la prueba testimonial no fue valorada por el Tribunal a
pesar de que se desarrolló con los criterios de idoneidad. Dijo que la experiencia de
los testigos para la tasación de la multa no era relevante, pues la importancia radicaba
en la manera cómo realizaron la aplicación efectiva de la norma y del método que
usaron, circunstancia que no mereció ningún pronunciamiento por parte del Tribunal.

Destacó que, en todo caso, los profesionales que rindieron ese informe tenían
formación en distintas ciencias, entre ellas la biología, por lo que eran calificados.
Expresó que, con las pruebas aportadas en el plenario, estaban acreditadas las
múltiples inconsistencias y arbitrariedades en el procedimiento administrativo. Dijo que

38 Folios 744 a 777 Ibidem.

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el informe técnico que fue allegado con el libelo introductorio no fue desvirtuado por la
CARDER.

Anotó que el hecho de restarle credibilidad a los testimonios y al informe que aportó, a
pesar de no ser controvertidos por la CARDER, lesionaba su derecho a la defensa.
Agregó que esos testimonios eran aptos, veraces, espontáneos y coherentes respecto
de la intervención del afluente, la cual no produjo un daño irreversible al sistema
ambiental e hídrico.

5.4. Arguyó que, no se consideraron las actividades de compensación realizadas por
la empresa, las cuales debieron ser valoradas como un atenuante al momento de su
dosificación. Asimismo, señaló que se infringieron los artículos 36 y 40 de la Ley 1333
de 2009, lo que quedó acreditado en la demanda al referirse a los principios de
mesurabilidad y razonabilidad.

Con todo, alegó que la proporcionalidad de la sanción era un asunto de mero derecho
y en consecuencia, no requería la presentación de pruebas para su acreditación.
Sostuvo que bastaba con la comparación entre las normas que se alegaban como
vulneradas y el acto administrativo cuestionado para determinar su ilegalidad. En ese
orden señaló que “bastaría entonces en examinar no solo la acción nuestra en el caso
en concreto, sino también la de la entidad demandada y ello es así, por cuanto, la
experticia efectuada por la CARDER a luces contradice su propia naturaleza técnica y
quienes la realizaron pudieron haber incurrido en yerros que hasta la fecha hicieron
reinar, puesto que si bien es cierto que los técnicos que realizaron dicho informe
merecen la credibilidad profesional de lo que hicieron, salvo demostración técnica de
lo contrario, el grupo de expertos en la materia allegados al proceso en calidad de
declarantes o testigos y que realizaron el documento técnico de la Empresa que
demanda, merecían la misma consideración inclusive por su condición de
profesionales y no haberlo pretermitido por la simple razón de no indicar o manifestar
haber realizado trabajo previo a aquel”39.

39 Visible a folio 277 del Cuaderno del Tribunal.

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Cuestionó que, en todo caso, no se hubieran decretado las pruebas de oficio que
permitieran esclarecer la dudas que se tenían frente a los errores en que incurrió la
CAR para la dosificación de la sanción.

4.4. Reprochó que no se hubiera abordado el análisis del Decreto 2811 de 1974, el
Decreto 1541 de 1978 y la Ley 99 de 1993, a pesar de que esas disposiciones “hacen
referencia a temas ambientales y son argumentos en idéntico sentido se habían
planteado en la etapa administrativa ante la CARDER, es decir, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira se defendió de la formulación de unos cargos
planteados por la autoridad ambiental, sustentados en unas normas que luego vinieron
a ser convocadas en la demanda por parte de Aguas y Aguas y que sin duda alguna
de la explicación que se da en ese acápite permite que el juez entiende claramente
que nos estamos refiriendo a ellas”40.

Anotó que, no puede aplicarse con rigorismo el principio de justicia rogada, y que el
Juez se encuentra en la obligación de interpretar la demanda cuando la cita de una
disposición legal es errónea o el concepto de vulneración es insuficiente pero
comprensible.

V.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

6.1. El proceso fue enviado a esta Corporación el 22 de agosto de 201341, ese mismo
día fue repartido a la entonces Consejera de Estado María Claudia Rojas Lasso 42. A
ese Despacho fue allegado el 26 de ese mes y año43.

6.2. En memorial del 20 de noviembre de 2013, las partes allegaron un acuerdo
conciliatorio para la terminación anticipada del proceso44.

6.3. En proveído del 30 de julio de 2018, el Consejero de Estado, Hernando Sánchez
Sánchez, ordenó la remisión del asunto de la referencia al Despacho a cargo del

40 Visible a folio 285 del Cuaderno del Tribunal.
41 Visible a folio 1 del Cuaderno Principal.
42 Visible a folio 2 del Cuaderno Principal.
43 Visible a folio 3 del Cuaderno Principal.
44 Visible a folios 4 a 6 del Cuaderno Principal.

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Magistrado Oswaldo Giraldo López, en aplicación de la medida de compensación
aprobada por la Sala Plena mediante Acuerdo 094 del 16 de mayo de 2018

5.4. Mediante auto del 25 de abril de 2019, la Sala improbó un acuerdo conciliatorio
allegado por las partes para la finalización anticipada del proceso45.

5.5. Inconforme con esa decisión Aguas y Aguas S.A. E.S.P. impetró recurso de
reposición, el cual fue rechazado por improcedente en proveído del 9 de agosto de
201946

6.6. En auto del 2 de octubre de 2019 se admitió el recurso apelación interpuesto por
la actora47. En proveído del 31 de ese mes y año se corrió traslado para alegar de
conclusión y se otorgó el término correspondiente al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, presentara su intervención 48.

6.8. Dentro del mencionado plazo, la parte actora y la CARDER, reiteraron sus
argumentos expuestos a lo largo del proceso.

VI.CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

VII.DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes

VIII.CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

45 Visible a folios 73 a 81 del Cuaderno Principal.
46 Visible a folios 99 a 102 del Cuaderno Principal.
47 Visible a folio 107 ibidem.
48 Visible a folio 115 ibidem.

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De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

8.2. Hechos

8.2.1. Mediante Resolución No. 0019 del 6 de enero de 2012, confirmada por la
Resolución 00930 del 24 de abril de 2012, la CARDER sancionó a Aguas y Aguas S.A.
E.S.P. con una multa de quinientos cuarenta y un millones trescientos once mil pesos
con cincuenta centavos ($541.311.307,50).

8.2.2. Inconforme con esa decisión, la empresa actora promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.

8.2.3. Mediante sentencia del 30 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de
Risaralda, negó las pretensiones del libelo introductorio.

8.2.4. Contra el precitado fallo, la demandante interpuso recurso de alzada.

8.3. Planteamiento

Del análisis de la sentencia y del recurso de apelación, la Sala advierte que existe
discrepancia en los siguientes aspectos:

En primer lugar, la diferencia se funda en la violación del principio de congruencia, en
atención a que para la recurrente el a quo no ponderó los cargos relacionados con la
infracción del Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1541 de 1978 y la Ley 99 de 1993,
argumentando que dichas disposiciones regulan asuntos ambientales. Por su parte, el
Tribunal consideró que, en aplicación del principio de justicia rogada, no era posible
abordar dichos cargos, dado que la parte actora no precisó las razones por las cuales
estimaba vulneradas esas disposiciones. Adicionalmente, la accionante es del parecer
que el alcance de la justicia rogada le permite al juez interpretar la demanda cuando

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la citación de una norma es errónea o el concepto de vulneración resulta
incomprensible, por lo que entiende que bien pudo referirse a las citadas disposiciones.

En segundo lugar, discuten respecto a la existencia de la conducta reprochada a través
de la sanción, pues para la actora: (i) el fundamento que dio lugar al inicio de la
investigación administrativa era falso, ya que no era cierto que no haya solicitado los
permisos ambientales para el desarrollo de la obra, de manera previa a su ejecución y
(ii) se debió valorar que las actuaciones que se adelantaron sin los permisos
ambientales respondían a una situación apremiante tendiente a la protección del
interés comunitario y en todo caso, con posterioridad fueron requeridos a la autoridad
ambiental siendo concedidos debidamente. Mientras que para el Tribunal sí se acreditó
la ocurrencia de la conducta consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, de
acuerdo con lo establecido en el Concepto Técnico 3220 de 2009.

En lo atinente al tercer tópico en debate que consiste en la violación del principio de
tipicidad, la actora estima que fue sancionada únicamente por no haber solicitado el
permiso de manera previa a la ejecución de la obra contenida en el Contrato 365 de
2009, sin que existiera una afectación clara a los recursos naturales renovables lo que
evidencia la anotada trasgresión. En cambio, el Tribunal señala que dicho principio no
fue vulnerado, dado que la sanción impuesta correspondió a la misma conducta por la
cual se formularon los cargos y que tampoco demostró no haber causado el aludido
impacto al ecosistema.

Aunado a lo dicho, existen posiciones encontradas en lo que hace a la aplicación del
principio de proporcionalidad, como quiera que según la empresa de servicios
públicos: (i) la discusión planteada era de mero derecho de ahí que no se requiera
prueba para demostrar que la tasación de la multa era desproporcionada y contenía
errores, (ii) en gracia de discusión, la prueba testimonial presentada para desvirtuar la
tasación efectuada por la CARDER fue elaborada por profesionales idóneos y
calificados, quienes declararon en este proceso y cuyas conclusiones no fueron
objetadas ni desvirtuadas, (iii) no fue objeto de estudio las actividades de
compensación que desplegó y (iv) en todo caso el Juez estaba en la obligación de
decretar las pruebas de oficio necesarias para esclarecer los puntos oscuros de la
controversia. En contraposición, para el Tribunal no se allegó ninguna prueba idónea
que permitiera desvirtuar el informe de tasación de la multa elaborada por la CARDER.

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8.4. De la controversia sobre la aplicación del principio congruencia

8.4.1. En ese orden, en primer lugar, deberá determinarse si es incongruente la
sentencia de primera instancia, si el recurrente alega que no se abordaron los cargos
relacionados con el desconocimiento del Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1541 de
1978 y la Ley 99 de 1993.

Pues bien, es relevante señalar que el principio de congruencia es una garantía del
derecho al debido proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar que en la sentencia
únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y pretensiones
aducidos en la demanda y su contestación, así como en las demás oportunidades
procesales previstas en el ordenamiento jurídico para que las partes alleguen
argumentos que deban ser tratados en la sentencia. Sobre el particular, el artículo 281
del CGP dispuso:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)” (Subrayas del Despacho).

Así, de cara a lo propuesto en el cargo de la alzada, se advierte que, en la sentencia
recurrida, el Tribunal sostuvo lo que se señala enseguida:

“Antes de iniciar el estudio del sub lite, considera necesario esta Corporación
señalar que si bien la sociedad actora reseñó como normas violadas en el libelo
demandatorio el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1541 de 1978 y la Ley 99 de
1993, frente a dichos preceptos normativos no concretó de manera precisa cuáles
de sus disposiciones fueron violadas, razón por la cual no se tendrán en cuenta las
mismas a la hora de efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos
impugnados, por cuanto no le corresponde al juez administrativo dilucidar, dentro
del compendio normativo señalado cuáles de sus disposiciones resultan aplicables
al caso en cuestión y, por lo mismo, violadas con los actos acusados. Vale resaltar
que cuando la ley habla de citar las disposiciones violadas no se cumple con este
requisito con la simple cita del ordenamiento al cual pertenecen las normas
infringidas, sino que éstas deben señalarse con toda precisión. Al respecto, el
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha expresado lo siguiente:”49
(Subrayas de la Sala).

49 Visible a folio 258V.

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En consecuencia, resulta evidente que sí hubo un pronunciamiento respecto de las
normas señaladas como vulneradas en el concepto de violación de la demanda, en el
sentido de indicar que no se expusieron las razones que justificaran su presunta
transgresión, lo que impedía su análisis de fondo en aplicación del principio de justicia
rogada. Por lo tanto, la decisión enjuiciada no puede calificarse como incongruente.

Además, de la revisión del escrito de demanda, se observa que si bien en el acápite
de “DISPOSICIONES QUEBRANTADAS” del libelo introductorio, visible a folio 107 del
Cuaderno del Tribunal, se invocaron como desconocidos el Decreto 2811 de 1974, el
Decreto 1541 de 1978 y la Ley 99 de 1993, tal y como lo acotó el Tribunal, la parte
actora no expuso de manera concreta las razones por las cuales se consideraban
vulneradas las mencionadas disposiciones normativas.

8.4.2. Visto lo anterior, tendrá que definirse si el Juez se encuentra en la obligación de
interpretar una demanda cuando se indican las normas superiores desconocidas por
el acto enjuiciado, pero no se expone el concepto de su violación.

Al respecto, es pertinente señalar que según el numeral 4 del artículo 162 del CPACA,
es obligación de la actora indicar las normas vulneradas y explicar el concepto de su
infracción. La norma en contexto es del siguiente tenor:

“Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien
sea competente y contendrá:

(…)

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la
impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación.” (Subrayas de la Sala).

A su vez, esta Sección en sentencia del 24 de octubre de 2019, emitida en el proceso
con radicado 11001 03 24 000 2013 00067 00, señaló que, en virtud de esa disposición
normativa, era deber de la parte actora exponer con claridad, certeza, especificad,
pertinencia y suficiencia las razones por las que consideraba el acto administrativo
demandado era contrario a las normas superiores referidas como vulneradas50.

50 “Lo primero que la Sala advierte es que, aunque en la audiencia inicial se declaró no probada la

excepción de inepta demanda formulada por el Departamento Nacional de Planeación, en relación con

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En ese sentido, lo que se observa es que el Tribunal no se encontraba en la obligación
de interpretar de oficio los anotados cargos, pues, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 187 del CPACA, 281 del Código General del Proceso y 55 de la Ley 270 de
1995, esta Corporación ha señalado de manera reiterada que en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tiene aplicación el principio de justicia rogada, lo que
significa que a la parte actora le asiste la obligación de delimitar el alcance del estudio
de validez que pretende plantear ante el Juez, para lo cual deberá indicar cuáles son
las normas que considera vulneradas por el acto enjuiciado y señalar el razonamiento
respectivo para ese efecto. Dicha posición fue reiterada por esta Sección en sentencia

el cargo de violación de las normas constitucionales que invocó la parte actora, no es posible descender
al estudio de la alegada vulneración de los artículos 1, 2, 49 y 209 de la Carta Política, en la medida
que no se cumplen los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
que exige el cargo de violación, tal como lo dispone el artículo 162- 4 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que omitieron explicar de qué manera la disposición cuestionada las infringió; por lo
tanto, se declarará de oficio la excepción de inepta demanda frente a éstas.
Frente a la exigencia de la carga argumentativa que debe cumplir toda demanda, esta Corporación ha
dicho:
“[…] la formulación correcta de los cargos impone al demandante el deber de satisfacer las exigencias
argumentativas, las que en este caso exigen que, cada acusación sea individualizada, y que respecto
de cada precepto normativo acusado se efectúe el cotejo o comparación entre la regulación que de esta
se consignó en la ley y la que al efecto contempla la disposición… que se acusa por extralimitación. Sin
el cumplimiento de estas exigencias argumentativas, los cargos carecen de la concreción necesaria
para poder ser examinados.
Siendo la justicia contencioso-administrativa de carácter rogado, es necesario dar aplicación a lo
ordenado en el artículo 137, numeral 4 del C.C.A., en el sentido de que no solo el demandante debe
indicar las normas que estima infringidas con el acto impugnado, sino que debe explicar el alcance y
el sentido de la infracción, o sea, el concepto de la violación.
Así sobre la suficiencia de la causa petendi, ya el Consejo de Estado se ha pronunciado en múltiples
oportunidades, y en especial esta Sala ha considerado: (…)
… Es así como el requisito del numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo
citado previamente, relativo al concepto de la violación exige que al formular los cargos de
inconstitucionalidad o ilegalidad, el ciudadano demandante exponga con claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia, las razones por las cuales estima que el precepto
acusado vulnera las normas constitucionales o legales que estima violadas. De no atenderse
tales exigencias, no es viable un pronunciamiento de fondo por parte de la Corporación,
circunstancia que da lugar a un fallo inhibitorio. Finalmente, la acusación debe no sólo estar
formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la
inconstitucionalidad o ilegalidad de la norma impugnada, de tal manera que se inicie realmente
un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad o legalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corporación. Las razones
que respaldan los cargos de inconstitucionalidad o ilegalidad deben ser ciertas, lo que, evidentemente
implica que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente «y no simplemente
deducida por el actor, o implícita» e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el
objeto concreto de la demanda [Sentencia de 28 de enero de 2010, Rad. 2003-00503-01. C.P. María
Claudia Rojas Lasso]. […]”.
(Resaltado de la providencia)
Acorde con lo anterior, la Sala solo se ocupará de analizar la endilgada transgresión de los artículos
189- 11, 287 y 313- 6 de la Constitución Política y 25 de la Ley 1176 de 2007; y para el efecto, analizará”
(Subrayas y negrillas de la Sala)”.

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del 12 de junio de 2014, emitida dentro del proceso con radicado número 25000 23 24
000 2005 00434 0151.

En efecto, téngase en cuenta que con la demanda se delimita el objeto (pretensión) y
la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que se ventilarán en el proceso,

51 “Al respecto, cabe advertir que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de

legalidad del acto administrativo acusado con base en normas no invocadas en la demanda, ni atender
conceptos de violación no explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda. Sobre el particular, es oportuno traer a colación la sentencia de 27 de noviembre de 2003 de esta
Sección (Expedientes Acumulados núms. Rad.: 1101-03-24-000-2002-00398-01 y 1101-03-24-000-
2002-00080-01 (8456 y 7777), Actores: José Darío Forero Fernández, Hugo Hernando Torres y otro,
Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), en la que se precisó:
“Respecto de la interposición de demandas de nulidad ante lo contencioso administrativo, es necesario
recordar que la justicia contencioso administrativa es “rogada” es decir, que solo puede pronunciarse
respecto de los hechos y normas que se hayan esgrimido en la demanda de donde resulta que la precisa
y adecuada cita de los fundamentos de derecho y de las normas violadas viene a constituir el marco
dentro del cual puede moverse el juzgador. Así lo ha expresado esta Corporación a través de sus fallos
de los cuales se destaca el siguiente pronunciamiento:
“En atención al carácter de "justicia rogada" que tiene la justicia administrativa, el juez no puede realizar
el estudio de legalidad con normas no invocadas en la demanda, pues la expresión tanto de los
fundamentos de derecho que se invocan como vulnerados, así como el concepto de la violación,
constituyen el marco dentro del cual puede moverse el juez administrativo. Así lo ha señalado en
reiterada jurisprudencia esta Corporación. En distintos fallos se ha dicho: "Esta jurisdicción es por
esencia rogada. Ello significa que es el accionante, en el señalamiento que hace de las disposiciones
transgredidas con los actos administrativos que acusa, quien determina el marco de juzgamiento. No le
está permitido al juez administrativo confrontar el acto impugnado con normas no invocadas en la
demanda ni atender a conceptos de violación diferentes a los expuestos en el libelo En otros términos,
al juzgador solo le es dado analizar el acto enjuiciado a la luz de las disposiciones que se indican como
violadas y por los motivos planteados en el escrito introductorio". (Confr. Sentencia Consejo de Estado,
Sección Segunda. Radicación 8051. C.P. Joaquín Barreto Ruíz. Noviembre 29 de 1995). En otro fallo
se ratifica este criterio en la siguiente forma: "El juez administrativo no tiene competencia para realizar
un control general de legalidad. Está limitado por la demanda que constituye el marco de litis por manera
que no puede analizar un acto que no se acusa". (Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P: Miren
de La Lombana. Radicación 1468). Cuando la ley habla de citar las disposiciones violadas no se cumple
con este requisito con la simple cita del ordenamiento al cual pertenecen las normas infringidas, sino
que éstas deben señalarse con toda precisión. El control que realiza el Consejo de Estado no es un
control general de legalidad que supondría la confrontación con todos los ordenamientos superiores
relacionados con el acto acusado, labor que resultaría imposible de ejecutar. Resulta procedente la
prosperidad de la excepción de inepta demanda propuesta por la apoderada del Ministerio de
Agricultura”. (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente: 6536. Fecha: 02/04/18).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
Consecuente con el precedente jurisprudencial enunciado, considera la Sala que el Juez Contencioso
Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con fundamento
en normas superiores de derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas
en la demanda, que constituyen el marco de la litis o del juzgamiento.

En otras palabras, al Juez le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que no
fueron objeto del debate en el proceso, conforme lo ha sostenido esta Sección en reiterados
pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 7 de junio de 2012 (Expediente núm. 73001-23-31-000-
2007-00153-01, Actor: Ricardo Guarnizo Morales, Consejera ponente doctora María Elizabeth García
González), en la cual se dijo que:
“Reitera la Sala que al juez en cada instancia le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o asuntos
de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda vez que su competencia está circunscrita al
ámbito del proceso…” (Subrayas de la Sala).

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de tal suerte que los demás sujetos procesales tendrán absoluta certeza de que es
sobre ello y nada más que ello, sobre lo que deberán pronunciarse en su respectiva
contestación.

Debe señalarse que dicha interpretación en modo alguno puede lesionar los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y el principio de primacía del
derecho sustancial sobre el formal. Por el contrario, la Corte Constitucional en
sentencia C- 197 de 1999, al estudiar sobre la legalidad del numeral 4 del artículo 137
del CCA, cuyo contenido fue reiterado en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA,
manifestó que no resultaba desproporcionado que se exigiera al demandante en un
procedimiento contencioso administrativo que identificara la norma que fue vulnerada
por un acto enjuiciado e indicara su concepto de violación, puesto que dicha
circunstancia contribuye a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, al
asegurar que la decisión del Juez se enmarcará dentro de la delimitación de la
problemática jurídica a considerar, mediante la determinación del objeto del litigio y su
causa petendi52.

52 “2.3. El numeral 4 del art. 137 del Código Contencioso Administrativo establece, entre los requisitos

de la demanda, el señalamiento de los fundamentos de derecho de las pretensiones y que cuando se
trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación.
A juicio de la Corte, la exigencia que contiene el segmento normativo acusado, cuando se demandan
actos administrativos, encuentra su justificación en lo siguiente:
Los actos administrativos constituyen la forma o el modo usual en que se manifiesta la actividad de la
administración, con miras a realizar las múltiples intervenciones en la actividad de los particulares, que
en cumplimiento de los cometidos que le son propios autoriza el derecho objetivo.
La existencia de un régimen de derecho administrativo como el que nos rige, implica que la
administración a través de dichos actos unilateralmente crea situaciones jurídicas impersonales y
abstractas o define situaciones jurídicas subjetivas, es decir, que imponen obligaciones o reconocen
derechos a favor de particulares.
La administración no requiere acudir al proceso judicial para declarar lo que es derecho en un caso
concreto e imponer obligaciones a cargo del administrado, pues ella al igual que el juez aplica el derecho
cuando quiera que para hacer prevalecer el interés público y dentro de la órbita de su competencia
necesite actuar una pretensión frente a un particular, en virtud de una decisión que es ejecutiva y
ejecutoria.
La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los intereses particulares y de
responder en forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad, determina
que los actos administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas y puestos en
conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir,
sean obligatorios para sus destinatarios y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad
de éstos.
Los anteriores caracteres que se predican del acto administrativo tienen su fundamento constitucional
en el régimen de derecho administrativo que institucionaliza nuestra Constitución, con fundamento en
los arts. 1, 2, 3, 4, 6, 83, 84, 90, 91, 92, 113, 115, 121, 122, 123-2, 124, 150-2-4-5-7-8-9-19-21-22-23-
25, 189, 209, 210, 211, 236, 237 y 238, entre otros.
Reitera la Corte, que si la administración debe realizar sus actividades con el propósito de satisfacer en
forma inmediata y oportuna los intereses públicos o sociales, ajustada a los principios de legalidad y
buena fe, dentro de los límites de su competencia, observando los criterios de igualdad, moralidad,

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En consecuencia, el reparo no tiene vocación de prosperidad.

8.5. De la controversia sobre la existencia de la conducta sancionable

8.5.1. Tendrá que absolverse si es nulo el acto administrativo por medio del cual una
autoridad ambiental sancionó a una empresa de servicios públicos, si ésta alega que
el fundamento que dio lugar al inicio de la investigación administrativa es falso, ya que
no es cierto que no haya solicitado los permisos ambientales para la ejecución de las
obras.

Al respecto, resulta pertinente lo dicho por la parte actora sobre este punto:

“En cuanto al permiso necesario para adelantar las obras.

Es menester revisar el expediente administrativo CARDER 1000E, pag. 207,
donde se puede apreciar la efectiva solicitud del mismo, de allí que como ya se
indicó en acápites anteriores, la premisa de la cual partió la CARDER es falsa en
el sentido que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado no solicitó los permisos
para la realización de la obra”53.

publicidad, imparcialidad, eficiencia eficacia, economía y celeridad, y sujeta a un régimen de
responsabilidad, la consecuencia necesaria es que sus actos gozan de la presunción de legalidad y son
oponibles y de obligatorio cumplimiento por sus destinatarios.
La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han puesto de presente
anteriormente, justifican plenamente que el legislador, dentro de la libertad de configuración de las
normas procesales que regulan el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto
que cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y explicarse el
concepto de la violación. En efecto:
Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos
se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le corresponde a quien alega su carencia de legitimidad,
motivada por la incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la falsa
motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el desconocimiento del derecho
de audiencia y de defensa, la carga procesal de cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que
buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, mas aún cuando dicha
búsqueda no sólo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al
sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no
resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la
mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de
justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado
dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la
determinación de las normas violadas y el concepto de la violación.” (Subrayas de la Sala).

53 Folios 744 a 777 Ibidem.

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En ese orden, se advierte que Aguas y Aguas de Pereira suscribió el Contrato de Obra
No. 365 de 2009 con el Consorcio Consota, con el siguiente objeto:

“CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El Objeto del presente contrato es
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL RIO CONSOTA
PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO SANITARIO Y GEOTECNICO EN EL
TRAMO COMPREDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO I Y LA
DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA BEDOYA EN PEREIRA.

El objeto comprende la realización de los trabajos necesarios para la ejecución de
la obra, de acuerdo a lo dispuesto en los pliegos de condiciones y en la propuesta
del contratista en la que se incluyen las cantidades y precios fijados por el
contratista aceptados por LA EMPRESA y que hacen parte integral del presente
contrato”54.

Por su parte, el 26 de octubre de 2009, se suscribió el acta de inicio de ese contrato.

Ahora, no fue sino hasta el 9 de noviembre de 2009, que Aguas y Aguas S.A. E.S.P.
solicitó a la CARDER la concesión de un permiso de ocupación de cauce y una
autorización de aprovechamiento forestal de bosques naturales, para la realización de
las obras previstas en el mencionado negocio jurídico.

Por ende, es evidente que para el momento de ejecución de las anotadas obras objeto
de controversia (26 de octubre de 2009), Aguas y Aguas S.A. E.S.P. no había solicitado
los correspondientes permisos ambientales, de modo que el cargo parte de un
fundamento erróneo, pues no es cierto que haya pedido los anotados permisos antes
de iniciar los trabajos para la construcción de la aludida infraestructura.

Por ende, el reproche no prospera.

8.5.2. De otro lado, deberá resolverse si es nulo el acto administrativo por el cual una
autoridad sancionó a una persona por realizar unas obras sin contar con los permisos
ambientales para esos efectos, si la recurrente sostiene que se vio obligada a su
ejecución ya que la construcción de esa infraestructura era urgente y estaba orientada
a preservar el bienestar ambiental y comunitario, dado que la autoridad ambiental no
actuó de forma célere en la concesión de los respectivos permisos y en todo caso,
esas autorizaciones fueron concedidas con posterioridad.

54 Visible a folios 25 a 30 del Cuaderno del Tribunal.

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Al respecto, se advierten los siguientes elementos probatorios en el plenario
relacionados con la necesidad de las obras objeto de controversia:

A) Oficio del 19 de junio de 2009, suscrito por la Geóloga María Elena Gil Buitrago,
adscrita a la empresa Aguas y Aguas S.A. E.S.P.;

“RIO CONSOTA SECTOR VILLA CONSOTA Y NORMANDIA

El cauce del río Consota en el tramo comprendido entre los barrios Villa Consota
y Normandía ha sufrido drásticas transformaciones, con evidencias muy visibles
desde comienzos de abril de 2009. El cauce corresponde morfológicamente a un
valle de llanura aluvial semiamplio, confinado hacia el norte por una ladera de alta
pendiente cuya cima está siendo urbanizada con gran rapidez en el último año;
hacia el sur se asientan los barrios referidos, los cuales ocuparon parte de la
superficie plana de la llanura, cuyo límite con respecto al cauce es la vía perimetral
que por allí pasa.

La dinámica hídrica propia de un valle de llanura aluvial, con procesos de erosión
y sedimentación simultáneos en sus orillas, combinada con las modificaciones que
ha sufrido el cauce debido a los procesos de desarrollo urbano en sus alrededores,
produjo en este tramo del río Consota, el desarrollo de meandros alargados de
curvas estrechas y barras internas (islotes) que abren la corriente en brazos
paralelos (fig 2).

Durante la crecida de comienzos de abril, la corriente acortó camino por las zonas
cóncavas de la margen derecha, producto de la fuerza del torrente que cortó los
escarpes del cauce en este sector. Al fluir la corriente por la orilla derecha, se
produjo el abandono de los meandros de la margen opuesta; además se generó
un proceso de socavación lateral de orillas en el escarpe donde se localiza la
cancha del barrio Villa Consota. Al desplazarse la corriente hacia el norte se
produjo el destape de las entregas de alcantarillado de los barrios Villa Consota y
Normandía, generándose el empozamiento de aguas residuales.

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En la actualidad, una sección de 60 m aprox. de cauce abandonado está
completamente cubierto por guadua y basura, escenario crítico que evidencia el
mal manejo del recurso hídrico de esta cuenca urbana de la ciudad.

La acumulación de material vegetal y de basuras represa el cauce,
constituyéndose en una amenaza alta para la formación de un torrente (por ruptura
de presa o nuevas crecientes), que afectaría severamente los barrios aledaños y
los asentamientos localizados aguas abajo de este sector.

El volumen de esta "empalizada es tal, que si llega a desplazarse en masa hasta
el sector del puente de acceso a la Universidad Católica (estructura cuyas
características la convierten en restricción hidráulica en casos de crecientes),
podría generarse un represamiento de tal magnitud, que al romperse la presa se
desencadenaría una avalancha con alto poder destructivo que afectaría no solo
este predio sino los localizados en dirección de la corriente.

RECOMENDACIONES
• Extraer urgentemente el material vegetal y las basuras presentes en una amplia
sección interna del cauce del río Consota, a la altura del barrio Normandia.

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• Control y vigilancia de los recursos forestales en los alrededores del cauce, para
evitar la explotación y extracción ilegal de los guaduales existentes.

• Ejercer control y seguimiento de los permisos ambientales para la disposición
final de escombros y material de corte, provenientes de las nuevas urbanizaciones
localizadas sobre el escarpe que conforma la margen derecha del río.

• Impedir la destrucción del terreno en los límites del cauce del río Consota,
específicamente en el sector correspondiente a la cancha de fútbol del barrio Villa
Consota, mediante la construcción de obras de defensa de orilla que impida que
el fenómeno de socavación lateral continúe en este sector.

• Fortalecimiento de campañas de educación ambiental para evitar que las
comunidades arrojen basuras al cauce y se sensibilicen frente a la protección de
los recursos naturales”55 (Subrayas y negrillas de la Sala).

B) Informe denominado “Conveniencia y oportunidad del proyecto “obras de
infraestructura en el Río Consota para la mitigación del riesgo sanitario y geotécnico,
en el tramo comprendido entre los barrios el Poblado I y la desembocadura de la
Quebrada Bedoya” de agosto de 2009, elaborado por la empresa Aguas y Aguas S.A.
E.S.P, en el que frente a la necesidad de las obras en la zona se expuso:

“3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En el sector comprendido entre las desembocaduras de las quebradas El Tigre y
Bedoya, el río Consota como resultado de la fuerte temporada invernal abandonó
su cauce, con lo cual los vertimientos de aguas residuales de los barrios El Dorado,
Normandía y Villa Consota quedaron estancadas en el cauce abandonado
generándose una situación de riesgo de carácter sanitario para las personas
ubicadas en la zona circunvecina pues aumenta la probabilidad de aparición de
enfermedades infectocontagiosas dérmicas, gastrointestinales y respiratorias que
de no ser intervenido el ambiente se reúnen las condiciones para la aparición de
brotes o epidemias de estas patologías y otras como el dengue que es de tipo
endémico en la ciudad, se tienen antecedentes de brotes incluido el dengue
hemorrágico con personas fallecidas. Otros efectos asociados son mayor
deserción escolar en la población estudiantil de la zona, aumento de incapacidades
de la población laboral activa y mayor gasto en salud.

Amenaza Hidrológica y Geotécnica

El río Consota presenta un comportamiento torrencial debido a las características
morfológicas e hidrológicas de su cuenca. El cauce es sinuoso con curvas de gran
amplitud; presenta una sección aproximada de 7 m y un caudal medio de 3.5
m³/seg. Debido a los procesos de urbanismo el cauce ha sufrido fuertes
intervenciones antrópicas que han modificado su geometría y dinámica hídrica,
generándole una inestabilidad severa, lo que ha convertido este drenaje en una
amenaza potencial permanentes para los pobladores de su área de influencia.

55 Visible a folios 21 a 23 del Cuaderno del Tribunal.

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La corriente presenta un alto poder erosivo manifestado en profundización de lecho
y socavación lateral de orillas, lo cual a la vez produce deslizamientos de escarpes
o taludes ribereños. Además de las áreas inundables, el cauce presenta algunas
gargantas que pueden originar represamientos y producir avalanchas afectando
los barrios aledaños.

(…)

Según el registro histórico de desastres del municipio de Pereira, el río Consota en
el tramo referido registra frecuentes, inundaciones como las sufridas por el barrio
Rocío Bajo y la Universidad Católica, fenómenos de remoción en masa
desarrollados en los taludes del barrio El Dorado, profundización de cauce, erosión
lateral de orillas y corte de meandros como los ocurridos en Normandía y Villa
Consota. Diferentes instituciones del orden municipal y regional han construido
obras para la mitigación del riesgo hidrológico y la inestabilidad geotécnica de sus
márgenes, consistentes en gaviones revestidos y espolones.

A causa del aumento de caudal del río. Consota, en los barrios Rocío Bajo, Brisas
del Consota y La Playita se han presentado reflujos por el sistema de alcantarillado
y conexiones domiciliarias. Lo anterior provoca emergencias que también tiene
consecuencias sobre la salud de la población que se asienta en ellos.

El proyecto estima una población potencialmente afectada en forma directa de
5142 habitantes por los problemas sanitarios, geotécnicos e hidrológicos”56.

C) Asimismo, las partes concuerdan en que, por de esa emergencia, se declaró
una urgencia manifiesta por la pérdida del cauce del Río Consota en su lecho antiguo.

8.5.2.1. Siendo ello así, es claro que la ejecución de las anotadas obras estuvo
precedida de una situación de emergencia, por lo que es oportuno indicar lo que el
artículo 196 del Decreto 1541 de 1978, prevé frente a esa clase de eventos:

“Artículo 196. Cuando por causa de crecientes extraordinarias u otras
emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de
predios o las asociaciones de usuarios, se vieren en la necesidad de construir
obras de defensa, sin permiso del INDERENA, deberán dar aviso escrito al
Instituto dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación. Dichas obras
serán construidas con carácter provisional, cuidando de no causar daños a
terceros, y quedarán sujetas a su revisión o aprobación por parte del INDERENA”
(Subrayas y negrillas de la Sala).

De la norma en contexto se desprende que, aunque es posible ejecutar obras en
situaciones de emergencia sin contar con un permiso ambiental previo, estas deberán
ser notificadas a la autoridad ambiental dentro de los seis (6) días siguientes a su inicio.

56 Visible a folios 47 a 55 del Cuaderno del Tribunal.

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Así, la la Sala advierte que la actora no cumplió con la disposición normativa en
cuestión, ya que no informó a la CARDER sobre el inicio de las obras en el término
indicado. En efecto, como se señaló en el numeral 8.5.1. de esta providencia, el acta
de ejecución del Contrato de Obra No. 365 de 2009, fue suscrita el 26 de octubre de
2009, pero los permisos correspondientes solo fueron solicitados el 9 de noviembre de
ese año, es decir, catorce (14) días después.
Tampoco se pasa por alto que, la sociedad demandante no obtuvo los permisos
correspondientes, a pesar de tener conocimiento de la problemática mencionada al
menos desde abril de 2009.

En otras palabras, si bien pudo existir una situación de urgencia que justificara la
construcción de la infraestructura, ello no habilitaba a la actora para infringir la
normatividad en la materia. En efecto, los instrumentos ambientales tienen un
propósito preventivo, pues buscan garantizar que las intervenciones en el entorno
natural sean evaluadas previamente para evitar daños irreparables. Aceptar la tesis de
Aguas y Aguas de Pereira según la cual, sus actuaciones pueden ser convalidadas,
ya que de manera posterior a su infracción obtuvo los permisos correspondientes,
implicaría sugerir que el cumplimiento de la regulación ambiental es opcional, lo que
desvirtuaría el principio de prevención que rige la gestión ambiental.

Asimismo, resulta infundado sostener que la ejecución de las obras sin los permisos
ambientales obedeció a una supuesta demora en la actuación de la CARDER. De
hecho, a pesar de que las obras comenzaron su ejecución el 26 de octubre de 2009,
solo hasta el 9 de noviembre de 2009, se radicó la petición para el otorgamiento de los
permisos ambientales y estos fueron concedidos el 23 de abril de 2010, es decir, en
un plazo de cinco (5) meses. Por lo tanto, la falta de permisos en el momento de la
ejecución de las obras no puede atribuirse a dilaciones administrativas por parte de la
CARDER, sino exclusivamente a la omisión de la actora al no haber solicitado y
obtenido oportunamente las autorizaciones requeridas

En suma, el cargo no prospera.

8.6. De la controversia sobre la vulneración al principio de tipicidad

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Deberá dilucidarse si es nulo, por infracción del principio de tipicidad, el acto
administrativo por el cual una autoridad sancionó a una empresa de servicios públicos
por realizar unas obras sin contar con los permisos ambientales para esos efectos, si
la actora refiere que no existió una afectación a los recursos naturales.

Con miras a resolver ese reproche, es importante señalar que esta Sección ha referido
lo que sigue enseguida sobre el principio de tipicidad:

“El principio de legalidad en el derecho administrativo sancionatorio exige que la
conducta a sancionar, los criterios para su determinación y los procedimientos
previstos para su imposición deben estar previamente definidos en la Ley.

En el derecho administrativo sancionador también cobra importancia el principio
de tipicidad como una manifestación del principio de legalidad el cual comprende
los siguientes componentes: i) que la conducta sancionable esté descrita de
manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo
cuerpo normativo o sea determinable a partir de la remisión a otras normas
jurídicas; ii) que la sanción esté previamente definida en la ley, el término o la
cuantía de la misma y, iii) que esté previsto el procedimiento que debe seguirse
para su imposición.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-595 de 201057, en
referencia a los factores que determinan el grado de rigurosidad, dispuso:

«En virtud del principio de tipicidad, que tiene también una aplicación más
flexible en materia administrativa, “el legislador debe establecer
expresamente los elementos fundamentales del tipo, lo que implica que se
efectúe: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar
a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, lo que implica
la descripción de todos los aspectos relativos a ella, esto es, el tipo de
sanción a imponer, el término o la cuantía de la misma, la autoridad
competente para aplicarla y (iii) el procedimiento que debe seguirse para
proceder a su imposición.”58 También ha de señalarse que a la tipificación en
el derecho sancionatorio de la administración, el sistema le impone recurrir a
la prohibición, a la advertencia, al deber, etc., para seguidamente establecer
la sanción.59»”60 (Subrayas de la Sala)

8.6.1. Vistas así las cosas, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 5 de
la Ley 1333 de 2009, que prevé:

57 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. Exp. D-7977
58 Sentencia SU.1010 de 2008.
59Derecho Administrativo Sancionador. Una aproximación dogmática. Jaime Ossa Arbeláez. Segunda

Edición. Legis. 2009. Págs. 141 a 143.
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de

noviembre de 2009. Proceso radicado número: 08001 23 31 000 2006 00873 01. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicado: 66001 23 33 000 2012 00120 01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

“Artículo 5o. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código
de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los
actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla, en los términos establecidos en la
presente ley.

Parágrafo 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los
daños y perjuicios causados por su acción u omisión.

Parágrafo 3o. Será también constitutivo de infracción ambiental el tráfico ilegal,
maltrato, introducción y trasplante ilegal de animales silvestres, entre otras
conductas que causen un daño al medio ambiente.

Parágrafo 4o. El incumplimiento de las obligaciones o condiciones previstas en
actos administrativos sin contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental
competente será objeto de aplicación del artículo 90 de la Ley 1437 de 2011. Se
entenderá por obligaciones o condiciones sin contenido ambiental, aquellas cuyo
incumplimiento no afecten conocimiento, educación, seguimiento, planificación y
control ambiental, las que no hayan sido emitidas para evitar el daño ·o afectación
ambiental, y/o aquellas que no hayan sido impuestas para mitigarlos,
compensarlos y restaurarlos.

Parágrafo 5o. Los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la
autoridad ambiental competente como las licencias ambientales, o permisos
ambientales, incluyen también los planes de contingencia para la mitigación del
riesgo y el control de las contingencias ambientales” (Subrayas de la Sala).

De la norma en contexto se advierte que la comisión de una infracción puede darse
bajo dos supuestos distintos: (i) la omisión de las disposiciones de carácter ambiental
establecidas en el ordenamiento jurídico y (ii) la generación de un daño al ambiente,
para lo cual es necesario probar dicha afectación mediante la acreditación de los
elementos que configuran la responsabilidad civil extracontractual, esto es, la
existencia de los hechos y el nexo causal.

En ese sentido, la primera de las alternativas mencionadas, que en criterio de la Sala
fue la aplicada en este caso, no requiere que la conducta genere un perjuicio directo
sobre los recursos naturales, como se argumenta en la alzada. Por el contrario, basta
con el desconocimiento de las normas ambientales para que proceda la

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correspondiente sanción, sin que sea necesario demostrar un daño concreto. Prueba
de ello es que, en el auto de formulación de cargos se indicó que la actora había
desconocido previsto en los artículos 102 del Decreto Ley 2811 de 197461 y 2062, del
Decreto 1791 de 1996. Mientras que, en el acto sancionatorio se le explicó que la multa
que le fue impuesta tuvo lugar debido que ejecutó las obras objeto de controversia sin
los permisos ambientales requeridos y que están señalados en las mencionadas
normas invocadas en el auto de formulación de cargos.

Por lo tanto, resulta irrelevante si la conducta de la actora ocasionó o no un perjuicio
al ecosistema, ya que, como se ha expuesto, bastaba con el incumplimiento de las
anotadas normas para configurar una infracción de carácter ambiental.

Con todo, se advierte que la CARDER al momento de dosificar la sanción sí tuvo en
cuenta la afectación del ambiente causada por la demandante, con fundamento en lo
previsto en el Concepto Técnico No. 3220 del 15 de diciembre de 2009, en el que se
señaló:

“DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES

Se recibió en la Entidad la denuncia Nº 654 y 665 del 30 de noviembre y 02 de
diciembre de 2009, referente a movimientos de tierra, desviando el cauce del rio
Consotá, erradicación de vegetación y descapote en la zona forestal protectora de
la corriente en su tramo entre los Barrios El Poblado y Tanambí, margen derecha,
jurisdicción del Municipio de Pereira.

Funcionarios de la Corporación adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental
Sectorial SGAS, realizaron visita técnica al sitio el día 03 de diciembre de 2009, en
la cual se encontró:

Se desarrollan actividades de adecuación en la zona para instalación del
interceptor Consotá, tramo entre la cámara 7686, obra dentro del PSMV de la
ciudad de Pereira. Al momento de la visita no se encontró personal encargado, se
presume que las actividades han sido suspendidas temporalmente.
•

61 “Artículo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de

agua, deberá solicitar autorización”.
62 “Artículo 20. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados

en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación.
En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno.
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 M 3)
anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este aprovechamiento en ningún
caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva
áreas forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no ocurra y
advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre
conservación de las áreas forestales”

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• En el área de inundación de la corriente, margen derecha, se presentaron
excavaciones que generaron canal de 600 metros de longitud, ancho entre 7-10
metros y profundidad entre 4-10 metros. El material de excavación fue utilizado
para conformación de jarillón de 800 metros aguas abajo del punto de desviación
del flujo de agua (X: 1023145 N, Y: 1151533 Ε).

En la zona forestal protectora de la corriente, margen izquierda, se presentó
erradicación de caña brava y guadua en un área de 3000 m² (600*5 metros), el
material se encuentra en el sitio. En la margen derecha se observó erradicación de
guadua y caña brava (500 m²).

(…)

CONCLUSIONES

1. Se presentó afectación considerable sobre los Recursos Naturales
Renovables y Medio Ambiente. (ocupación de cauce, erradicación de Bosque
Natural, intervención en ZFP).

2. Las actividades se desarrollaron sin los permisos y/o autorizaciones de carácter
Ambiental pertinentes para su ejecución del proyecto”63 (Subrayas y negrillas de la
Sala).

Ahora, no debe perderse de vista que, de cualquier manera, las anteriores
conclusiones no fueron desvirtuadas por la demandante a través de ningún elemento
probatorio idóneo. En suma, el cargo no prospera.

8.7. De la controversia sobre el principio de proporcionalidad

8.7.1. Se resolverá si es nulo el acto administrativo por el cual una autoridad sancionó
a una persona por realizar unas obras sin contar con los permisos ambientales, si la
recurrente sostiene que la proporcionalidad de la sanción es un asunto de mero
derecho que no requiere prueba para demostrar que la tasación de la multa efectuada
por la autoridad ambiental es desproporcionada y contiene errores.

De entrada, la Sala advierte que la actora incurre en una contradicción, pues, aunque
sostiene que la discusión es de mero derecho, al mismo tiempo cuestiona en la alzada
que el Tribunal no haya valorado las pruebas que, a su juicio, evidencian las falencias
en las que incurrió la CARDER al momento de dosificar la sanción. En otras palabras,
la postura de la empresa accionante resulta inconsistente, ya que, si el debate fuera

63 Visible a folios 145 a 146 del Cuaderno del Tribunal.

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exclusivamente jurídico, no habría aportado las pruebas que estimaba pertinentes para
cuestionar el cálculo realizado por la mencionada autoridad ambiental.

En ese sentido, lo que se observa es que pesar de que el procedimiento para su
imposición y la metodología para la tasación de las multas están regulados en la Ley
1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, la discusión no gira en torno al alcance
normativo de dichas disposiciones, sino a la aplicación específica que hizo la CARDER
al determinar el monto de las sanciones. Esta circunstancia impone a la actora la carga
de demostrar que dicha aplicación fue errónea, mediante pruebas que acrediten las
falencias en la dosificación de la multa, razón por la que no le asiste razón al señalar
que la controversia era de mero derecho.

8.7.2. De otro lado, se tendrá que verificar si es nulo el acto administrativo por el cual
una autoridad sancionó a una persona por realizar unas obras sin contar con los
permisos ambientales, si en criterio de la recurrente el Tribunal no valoró debidamente
los testimonios practicados en el proceso a pesar de que se trataban de profesionales
idóneos y especializados cuyas conclusiones sobre los errores en la dosificación de la
sanción que le fue impuesta a esa empresa, no fueron rebatidos por la parte
demandada.

En ese orden, a efectos de determinar si la valoración del a quo fue adecuada, es
menester aludir a los siguientes elementos probatorios relevantes:

A) A través de Informe Técnico No. 0014 del 7 de junio de 2011, la CARDER tasó
la multa impuesta a Aguas y Aguas S.A. E.S.P., con fundamento en la siguiente
argumentación:

“CALCULO DE LA MULTA: B+[ (a* i)* (1+A)+Ca] *Cs

Donde:

B: Beneficio Ilícito
α: Factor de Temporalidad
I: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes o atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

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Beneficio ilícito (B): El beneficio ilícito se define como la ganancia o beneficio que
obtiene el infractor. Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos
(Y1), costos evitados (Y2) у ahorros de retraso (Y3). El beneficio ilícito se obtiene
de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la capacidad de
detección.
Para obtener B se requiere primero calcular Y (ingreso o costo evitado del
infractor), el cual puede calcularse de los costos mencionados en el párrafo
anterior; sin embargo, en aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea el
producto de la interrelación de dos o más de las circunstancias, el cálculo de esta
variable corresponderá a la suma simple de los ingresos y/o costos implícitos.

B = Y*(1-p)/p

Ingresos directos de la actividad (Y1): definido como el ingreso real del infractor por
la realización del hecho, donde el infractor espera un beneficio económico de la
actividad realizada. Para el caso, no se identifica ingreso o beneficio económico
producto de la ejecución de la actividad, toda vez que la misma hace parte del Plan
de Saneamiento Hídrico del municipio de Pereira y la misma estaba asociada a
medidas de gestión de riesgo sanitario por el represamiento del río y su
consecuente generación de focos infecciosos por la inadecuada disposición de
aguas residuales domésticas de los barrios aledaños, por lo tanto a esta variable
se le asigna un valor de cero (0).

Costos evitados (Y2): Se define como el valor del ahorro económico al evitar las
inversiones exigidas por Ley, necesarias para prevenir un grado de afectación
ambiental. Para el caso, se determina que este está asociado al costo de surtir el
trámite ante la Corporación así:

Costo de retraso (Y3): se cumple la norma con posteridad a lo exigido legalmente.
Para este caso, se determina que no aplica, toda vez que no se evadió la inversión,
de hecho se realizó con la ejecución de las obras, y teniendo en cuenta que dicha
actividad estaba asociada a medidas de evitación de riesgo, se establece que la
no solicitud de los permisos no está relacionada a un interés económico sino al
factor tiempo, dicho lo anterior el valor para esta variable se calcula cero (0).

Capacidad de detección (P): definida como la capacidad de detección de la
autoridad ambiental de la infracción. Para este caso, dada la magnitud y
localización de la afectación se estima una capacidad de detección alta. P = 0,50.

Por tanto el Beneficio ilícito sería:

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I: Importancia de la afectación.

Grados de la afectación ambiental en unidades monetarias: i = (22.06*SMMLV)*I

Donde: i: Valor monetario de la importancia de la afectación
SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente
I: Importancia de la afectación

1 = (22.06* $535.600.00)*47 = $554.698.700.00

El grado de afectación ambiental (i) estará afectado por la variable alfa (a) como
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. La
variable alfa (a) se calcula aplicando la siguiente relación:

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A. Circunstancia agravantes y/o atenuantes (Artículo 9, Resolución 2086 de
2010).

Agravantes Valor
El incumplimiento total o parcial de las 0.15
medidas preventivas
Infringir varias disposiciones legales con la 0.15
misma conducta:

Decreto Ley 2811 de 1974-Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables.

Artículo 83°: son bienes inalienables e
imprescriptibles del estado:

d) Una faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos
y lagos, hasta de treinta metros de ancho

Artículo 102. Quien pretenda construir obras
que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua, deberá solicitar
autorización.

Artículo 132°: Sin permiso, no se podrán
alterar los cauces, ni el régimen y la calidad
de las aguas, ni interferir su uso legítimo.

Resolución CARDER No. 567 de 1997:

Artículo 4º: Afectación de cauces: La
construcción de obras que ocupen el cauce
de una corriente o depósito de agua
permanente o intermitente, como son las
canalizaciones para el cruce de vías o para
ejecutar llenos y las obras de defensa de
taludes marginales, requiere permiso de
ocupación de cauce y aprobación de la
correspondiente obra hidráulica.

Decreto 1791 de 1993:

Artículo 20°: Para realizar aprovechamientos
forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público o
privado, el interesado debe presentar
solicitud formal a la Corporación. En este
último caso se debe acreditar la propiedad
del terreno.

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Atenuantes: Para el caso no se identifican atenuantes

Costos asociados (Ca.): Corresponden a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
responsabilidad del infractor.

De conformidad con la Resolución 635/2010 CARDER, los costos de evaluación y
seguimiento son:

Artículo 15°: Visitas Técnicas

• Honorarios: $81.600.00.oo profesional/día.
• Gastos de transporte: $91.800.00.oo por día de vehículo

Teniendo en cuenta que desde el inicio del procedimiento sancionatorio
funcionarios de la Corporación han realizado tres visitas de control y seguimiento,
los costos asociados se estiman en un valor de $260.100.00 correspondientes a
tres (3) profesionales y tres (3) vehículos medio (1/2) día.

Capacidad socioeconómica del infractor (Cs): Definida como el conjunto de
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su
capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

De acuerdo con la ley 905 de 2004, las medianas empresas son aquellas que
cuentan con un capital total que se encuentra en un rango entre 100.000 y 610.000
UVT, para el caso de AGUAS Y AGUAS, su capital al año 2009 es de 451.121,5
UVT. (UVT año 2009: $$23.763 pesos); por lo tanto Cs= 0,75.

CÁLCULO DE LA MULTA: B+[ (α* i.)* (1+A)+Ca] *Cs

B: Beneficio ilícito: $285.000.00
α: Factor de Temporalidad: 1
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: $554.698.70000
A: Circunstancias agravantes o atenuantes: 0,30
Ca: Costos asociados: $260.100.00
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor: 0.75
Aplicación de la Fórmula: 285.000+ [(1*554.698.700)*(1+0,30)+260.100]*0,75

CONCLUSIONES
El valor generado una vez aplicada la metodología establecida es de
M= $541.311.307,50”64.

B) Ahora, con el propósito de controvertir dicho documento, junto con la demanda
se aportó un informe titulado “Concepto técnico: Aplicación de la fórmula para cálculo
de multas (MAVDT) por daño ambiental”, elaborado por el Ingeniero Civil Jorge Mario
Cardona Molina, el Licenciado en Biología Jorge Hernán Marulanda y el Biólogo
Andrés Felipe Obando, todos ellos funcionarios adscritos a Aguas y Aguas de Pereira.

64 Visibles a folios 178 a 180 del Cuaderno del Tribunal.

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Particularmente, en ese documento se señaló:

“Los suscritos profesionales adscritos a la Subgerencia de Ingeniería de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y encargados del
manejo del medio ambiente dentro de la misma, procedemos a la revisión y análisis
de la metodología para el cálculo de multas por la infracción a la norma ambiental,
según documento elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente (MAVDT), tal
como lo dispone la ley 1333 de 2009, el decreto 3678 de 4 de octubre de 2010 y
la resolución 2086 de 25 de octubre de 2010, la que determina un orden lógico y
coherente para aplicar la fórmula:

Multa = β + [(a*i) * (1+A) + Ca] * Cs

Donde, la determinación de la importancia que incide en el 60% de la multa debe
tener un procedimiento establecido por una dosimetría e identificar cada variable
de la multa (fórmula), según los criterios del numeral 3º del procedimiento, así:

Cálculo de ẞ:
ẞ = Este valor se aplica directamente como lo determina la forma de cálculo e
interpretación, por no existir beneficio económico para la Empresa.

Cálculo de a:
a = La cual se tiene como soporte el tiempo de la infracción y la temporalidad, lo
que coincide con los elementos técnicos y las descripciones de la Interventoría,
además, la CARDER aplica correctamente este criterio, siendo este parámetro
igual a uno (1).

Cálculo de i:
i = (22,06 * SMMLV) * I

Donde 22,06 se calcula bajo la condición de 1765 SMMLV dividido por 80 como
valor máximo de la afectación, y con determinantes de los tópicos de
circunstancias de agravantes y atenuantes en valor de 1,7, además, con una
temporalidad de uno (1) y una capacidad de pago igual a uno (1), todos estos
factores son cuando la infracción cumple con los topes máximos.
En este caso particular y concreto, la CARDER, no se tomó siquiera la molestia de
realizar esta operación como debería hacerlo.

1765 SMMLV / 80 = 22,06 SMMLV.

I = Importancia de afectación.

La importancia de afectación depende de varios criterios, los que deben ser
ponderados de manera categórica, siempre aplicando principios ambientales
razonables y concordantes con el grado de incidencia en área afectada. De lo
anterior, prima dentro del método de cálculo la ejecución de una matriz, en la que
en las columnas se observa la actividad que genera la afectación y en las filas los
bienes de protección, en este orden de ideas, debe existir una correlación
biunívoca (donde cada elemento analizado será estimado en su justa proporción),
anexamos matriz de análisis.

Se debe resaltar la consideración sobre la capacidad e idoneidad de quien elabora
la matriz, factor nunca encontrado en el expediente de la CARDER.

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De la matriz se desprende la valoración de la importancia de afectación, definida
con cinco sub-variables, así:

Intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad, todas ellas
con rangos de ponderación dentro de unos límites que sólo un grupo
interdisciplinario calificado es capaz de deducir y por ende sopesar.

Cualquier desviación o equivocación produce incrementos desbordados en la
cuantificación por ser algunos valores directamente proporcionales al resultado, y
en ello incide el desconocimiento o la inexperiencia de quien aplica la fórmula o el
procedimiento.

Por último, la aplicación es la siguiente:

I = (3 * IN) + (2 * EX) + PE + RV + MC$$, donde
IN = Intensidad PE = Persistencia RV= Reversibilidad
EX = Extensión MC = Recuperabilidad

De lo anterior, se desprende la calificación de importancia de la afectación, según
la medida cualitativa del impacto, siendo está irrelevante, leve, moderada, severa
y crítica, teniendo como base el puntaje obtenido.

(…)

Calificación de la importancia de la afectación

Se debe resaltar el concepto de la metodología donde son contundentes al
establecer las afectaciones relevantes como las que son incluidas dentro del
análisis. Lo anterior, nunca se evidencia en el expediente, ni en la tasación de
multas, saliendo como valor por ellos (CARDER) el de 47 que equivale a severo.

NOTA: Incurre igualmente la CARDER en estos errores:

a. En la zona protectora de la margen izquierda del cauce de agua, se evidencian
las obras del interceptor Consota; punto donde al momento de construcción se
erradicó, únicamente caña brava y no guadua.

b. Es de recordar que la especie erradicada requiere cuidado especial los primeros
30 días de sembrada y presentan un crecimiento rápido, no mayor a dos años,
pues se trata de una hierba que crece silvestremente.

Aplicada la matriz correctamente de acuerdo al presunto grado de afectación
ambiental, según CARDER debió haberse proseguido de la siguiente manera y se
determina la afectación con una conversión en unidades monetarias, mediante el
uso de un factor de conversión.

Cálculo de i:
i = (22,06 * SMMLV) * 1
I = Promedio importancia de la afectación, según análisis de la matriz que no hizo
la CARDER.
I = Promedio = 12,5
SMMLV = $496.900

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Pero los SMMLV, fueron calculados a la fecha de tasación y no a la fecha de la
supuesta infracción, o sea, aplicaron una indexación automática.

Irregular cálculo efectuado por la CARDER, con el SMMLV a la fecha de la sanción:

i = (22,06 * $ 535.600) * 47 = 554'698.700

Si hubiese sido calculado en SMMLV a la fecha de la supuesta infracción:
i = (22,06 * $ 496.900) * 47 = 515'195.858

Pero realmente el valor de i, de acuerdo con el juicioso análisis que se acaba de
hacer y aplicando correctamente la metodología del Minambiente, equivale a:

i = (22,06* $ 496.900)* 12,5 = 137'020.175

Y calculado en SMMLV a la fecha de la sanción, con las cifras reales:
i = (22,06* $ 535.600) * 12,5 = 147'691.700

No queda duda, que el calcular este valor que tiene un alto de grado de incidencia
(60%), debe ser valorado por profesionales idóneos, expertos, conocedores de los
temas ambientales y según la instrucción del Ministerio del Medio Ambiente, siendo
de estricta y obligatoria aplicación.

Ahora procedemos a la aplicación del resto de la fórmula:

Cálculo de A:
Se continúan identificando malas prácticas en la aplicación de las variables como
se desprende de las circunstancias de agravación y atenuación, donde según la
CARDER, imputan dos agravantes y los ponderan en 0,15, por ende, al multiplicar
da como resultado 0,30.

A = 0,15 * 2 = 0,30, pero la metodología a imponer determina como mínimo 0,40
cuando existen dos agravantes, lo que implica un valor según la tabla de la
metodología de 0,40.

Lo grave es no aplicar las circunstancias atenuantes que determina la misma
metodología, a manera de ejemplo y en el caso concreto, la Empresa cumpliendo
con lo descrito en la tabla 14 (del instructivo), resarcir el daño si es que existió, otro
fue, no existe daño a la salud humana, por lo tanto, se configuran dos atenuantes
y esto nos da como resultado -0,6.

A-= Agravantes - atenuantes = 0,4 - 0,6 = - 0,2 (esta es la forma correcta de aplicar
el valor para A).
Ca = Estos valores fueron calculados aplicando el instructivo.
Cs = este valor fue aplicado siguiendo el instructivo.

Por lo tanto, el cálculo en caso de haber existido la infracción ambiental tuvo que
ser de la siguiente manera:

B = Beneficio ilícito = $ 285.000
a = Factor temporalidad = 1
i = Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo = $ 137'020.175
A = - 0,2
Ca = $ 260.100
Cs = 0,75 (según tabla)

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Multa = $ 285 000 + (1*137'020.175)*((1+(-0.2))+ 260.100)* 0.75”65

C) Declaración del señor Jorge Mario Cardona Molina, en la que se expresó:

“Magistrado: se le solicita entonces que en relación con los hechos que dieron
origen a la elaboración de ese documento nos haga un relato claro, detallado,
concreto de lo que le constea al respecto, entonces bien puede hacer la narración.
Experto: El secretario general de la empresa que es el que cumple las funciones
del director de la parte jurídica me solicitó que revisara el documento elaborado
por la CARDER para ver si estaba acorde con la normatividad existente, yo reviso
el documento de la CARDER, empiezo a buscar los elementos de juicio jurídicos
necesarios para saber cómo habían concatenado ellos los criterios de orden
técnico con los fundamentos de orden legal y establezco de que los factores
aplicados dentro del análisis que hace la CARDER no cumple los cometidos de la
ley 1333 del 2009, donde se dan unos parámetros lógicos y procedimentales para
poder llegar a evaluar una sanción, la cual está establecida una fórmula, dicha
fórmula prevé una serie de elementos, como es la afectación que se da sobre el
medio ambiente, sobre la capacidad económica de la empresa, sobre los daños
que se pueden presentar a corto, mediano y largo plazo, sobre los atenuantes que
se pueden dar y evalúo cada uno de los aspectos, apenas veo todos esos
elementos hablo con el jurídico y digo no doctor, esto es un trabajo que debe ser
interdisciplinario, porque hay factores de orden técnico que yo no manejo,
debo de tener dos personas que sepan cómo interactúa el medio ambiente, cómo
funciona, entonces ahí es donde me nombran a los biólogos Jorge Hernán
Marulanda y Andrés Obando, para que entre los tres formemos un equipo
interdisciplinario, analicemos todo el procedimiento, analicemos la fórmula y
establezcamos las deducciones de esa forma y los criterios que ahí se deben tener,
empezamos a desglosar cada una de las variables que tiene la fórmula y llegamos
al procedimiento que está establecido ahí, en el cual se puede ver con claridad que
en ningún momento el primer elemento principal que debía tener en cuenta la
CARDER, que era la matriz de valoración de los aspectos y de los impactos
ambientales, no se tuvieron en cuenta por ellos, que era el primer procedimiento,
porque de ahí, de ese procedimiento se generan los otros factores que se deben
de tener en cuenta para el desarrollo definitivo de la fórmula y para poder ponderar
cada uno de estos elementos. Entonces yo le dije al jurídico, al doctor Diego, que
yo veía que estaba mal establecida la fórmula, mal aplicado y que los conceptos
no eran acordes ni con la realidad de lo que se veía jurídicamente ahí sin entender
mucho del tema, pero sí con claridad en la parte del desarrollo mismo de la
aplicación.

Magistrado: Sírvase manifestar, ¿cuánto lleva usted vinculado a la empresa de
acueductos alcantarillados de Pereira? Experto: Doctor, yo primero le quiero decir,
yo soy ingeniero y desde hace 20 años trabajé en la empresa Servicios Públicos
de Dosquebradas, mucho tiempo también como ingeniero en la parte técnica y
actualmente llevo 12 años con la empresa de acueductos alcantarillados.
Magistrado: Sírvase decir, si conoce usted manual de metodología para cálculo
de multas por infracciones a la normatividad ambiental. Experto: Sí doctor, en
relación con el desarrollo de la fórmula, bajé el documento de internet y lo
estudié completamente porque ese era el objetivo, analizar completamente
el manual para saber cuál era el procedimiento que ellos se habían
establecido ahí.

65 Visible a folios 57 a 67 del Cuaderno del Tribunal.

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Magistrado: Sírvase informar al despacho si con ocasión ha dicho manual usted
toda la oportunidad anteriormente de hacer un ejercicio como el que nos está
relatando. Experto: Lo realicé en el momento en que tuve, donde me designaron
por parte de la empresa la misión de empezar a analizar todo el contenido de la
multa y de los factores que se habían tenido en cuenta, obligándome a desarrollar
un ejercicio. Hice uno previo para entender el concepto general y después ya hice
el ejercicio sobre los elementos que son objeto de la declaración”66 (Subrayas y
negrillas de la Sala).

D) Declaración del señor Andrés Felipe Obando, quien expuso:

“Magistrado: Sírvase informar si para la elaboración de ese documento usted tenía
conocimiento del manual de metodología para cálculo de multas por infracción a
la normatividad ambiental. Experto: Sí, señor. Conocía el documento, se estudió
previamente con los demás compañeros y pues de ahí es que se hizo el
ejercicio de la tasación de la multa por parte de la empresa.

Sírvase manifestar cuánto lleva usted vinculado a la empresa de servicios de
acueducto de alcantarillado de Pereira en condición de contratista. En condición
de contratista llevo cuatro meses. Previamente ahí hice la pasantía. Durante la
pasantía fue que se hizo el ejercicio de la tasación de la multa.

Magistrado: Muy bien. Si para efectos de elaborar el documento usted se trasladó
al sitio donde se estaban ejecutando las obras y que dio precisamente lugar a la
imposición de las multas por parte de la entidad demandada. Experto: Realizamos
visita de inspección en el sitio que correspondía o que hacía alusión el documento
de Carder. Se inspeccionó pues en compañía del doctor Jorge Marulanda y del
ingeniero Jorge Mario y pues se determinaron las zonas de afección y los bienes
de protección que fueron alterados, por decirlo así. ¿En relación con la
metodología había tenido su oportunidad anteriormente de conocerla y aplicarla en
algún otro trabajo? No señor, nunca la había aplicado pues es mi primer trabajo”67
(Subrayas de la Sala).

E) Declaración del señor Jorge Hernán Marulanda:

“Experto: Una vez presentada la información con la cual la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda imputaba una multa a la empresa, nosotros iniciamos un
proceso de análisis de la situación de lo que se imputaba por parte de la
Corporación y con base en la reglamentación mediante la cual se establecen las
formas de imputación de multas y de sanciones por daños ambientales, entonces
se hizo un análisis detallado de todos y cada uno de los distintos pasos y a través
del trabajo con el equipo y visita del sitio pudimos constatar en cada uno de los
puntos detallados allí en ese informe como habían inconsistencias en las
conceptualizaciones que había tenido la Corporación para imputar a la empresa la
sanción que había impuesto a la empresa, entonces acogiéndonos a la
metodología de revisión y a la metodología expuesta por la ley para la definición
de las sanciones, uno a uno de los puntos fuimos haciendo las descripciones y las
motivaciones por las cuales la empresa consideraba que no era justificado la
denuncia hecha para la empresa, entonces detalladamente se tuvieron en cuenta
los distintos procesos, por ejemplo, excavaciones, la afectación a la flora, la

66 Visible a CD que obra a folio 226 del Cuaderno del Tribunal.
67 Ibidem.

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afectación a la fauna, la afectación al ecosistema, nosotros la parte mía tenía que
ver con la parte ambiental, entonces se tuvieron en consideración básicamente los
conceptos ambientales alrededor de la denuncia y para ello entonces se hace una
evaluación en terreno del entorno en general, las especies vegetales, las especies
animales, las condiciones del terreno, la estabilidad y la conformación general del
ecosistema, que es lo que se describe ahí en ese documento, donde se hacen los
análisis de cuáles pueden ser o no los momentos que se tienen en cuenta dentro
del desarrollo tanto de la obra como del análisis de la situación antes y después.
Magistrado: Para elaborar ese trabajo que acaba de mencionar y el informe,
¿conocía usted la metodología para el cálculo de multas por infracción a la
normatividad ambiental? Experto: Tuvimos con antelación no, pero para ese
trabajo estudiamos la temática, no soy experto en eso, pero entonces
tuvimos a bien estudiar esa metodología y hacer el desarrollo con base en
los argumentos ambientales y el soporte de la formación profesional con la
que contábamos.

Experto: Para llegar a las conclusiones y realizar el estudio que estamos tratando
en esta audiencia, se desplazaron ustedes al sitio donde se están ejecutando las
obras, que requerían la licencia y por la cual se crearon los actos administrativos
imponiendo la sanción a las personas que acudían al cantarillado. Experto: Sí
señor, nosotros estuvimos en el sitio en distintas oportunidades, analizando los
distintos, de acuerdo con cómo iba evolucionando el análisis, si necesitábamos ir
a hacer una aclaración específica, estuvimos en más de una oportunidad visitando
el sitio. Bueno, no tengo más preguntas por formular, el señor apoderado de la
entidad demandante, perdón si tiene algo que preguntar.

(…)

Pregunta apoderado demandante: ¿Qué tanto estamos afectando el
ecosistema? Experto: Bueno, el ecosistema como tal está en capacidad de
responder y entonces ahí hay un equilibrio y el ecosistema está funcionando. En
el caso particular yo considero que no hubo un daño porque en las condiciones
generales del ecosistema en ese punto y en general en el río, dadas sus
características, las acciones que realizó la empresa no generaron, no causaron un
daño particular que determine que el ecosistema haya cambiado sustancialmente
o que haya cambiado de manera irreversible y que genere un mal a las condiciones
generales del entorno. No sé si es clara o me… Bueno, listo, digamos que como
para refrendar un poco su aseveración, siendo explícito en si hubo o no daño
ambiental, ¿qué sería lo importante del tenor de la competencia que usted
desempeñó por efecto del informe que se hizo? Yo considero que no existe un
daño ambiental, si bien existió una perturbación, no hubo un daño ambiental
que amerite una… De hecho, para poder realizar, la empresa necesariamente
para poder realizar las actividades que son propias de su razón de ser, tiene
que realizar afectaciones al ecosistema porque nosotros para poder recoger
las aguas residuales tenemos que instalar una infraestructura, que son unos
tubos que necesitan estar protegidos y entonces necesariamente hay que
entrar a intervenir el ecosistema para poder recoger esas aguas.

Yo creo que hubiese sido peor no hacer las obras que a futuro lo que pasa es que
se está buscando recoger y generar unas condiciones ecosistémicas positivas
para la comunidad al daño que insisto, no hubo, pero la afectación que pudimos
haber tenido en el sector. Sírvase entonces a manifestar al despacho, si usted tuvo
conocimiento”68 (Subrayas y negrillas de la Sala).

68 Ibidem.

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8.7.3. En tal contexto, la Sala advierte que el documento titulado “Concepto técnico:
Aplicación de la fórmula para cálculo de multas (MAVDT) por daño ambiental”,
elaborado por Aguas y Aguas, tenía como finalidad desvirtuar las conclusiones
alcanzadas por la CARDER, las cuales sirvieron de base para la imposición de la
multa. Asimismo, los testimonios recaudados en el trámite de instancia corresponden
a trabajadores de la empresa accionante que participaron en la elaboración de dicho
estudio.

Ahora, lo que se observa es que los profesionales que efectuaron el mencionado
documento carecen de experiencia en la metodología prevista para el cálculo de las
sanciones por la comisión de una infracción ambiental. De hecho, el señor Obando
reconoció que fue su primer trabajo y que lo efectuó realizando la pasantía en Aguas
y Aguas de Pereira. Mientras los señores Marulanda y Cardona Molina, indicaron que
no tenían conocimiento previo de la metodología para el cálculo de la sanción y que
se vieron obligados a estudiarla previamente para realizar el trabajo encargado por la
recurrente. Además, en la declaración del señor Jorge Hernán Marulanda se afirmó de
manera contradictoria que no existió ningún daño ambiental sino una mera
“perturbación” al ecosistema, al tiempo que sugiere que el desarrollo del objeto social
de esa empresa sí puede ocasionar impactos al ambiente.

Dicha situación no es un aspecto menor, como se sostiene en la alzada, pues, como
los mismos expertos reconocen, la tasación de sanciones ambientales exige un
conocimiento especializado en la aplicación de variables fundamentales dentro de la
metodología establecida, tales como la afectación temporal, la magnitud del daño y la
valoración económica de los perjuicios ambientales. En ese sentido, un experto que
carezca de experiencia en la aplicación práctica de esta fórmula puede incurrir en
errores de interpretación o en una valoración incompleta de los factores determinantes.
Esto impide otorgar plena fiabilidad al análisis realizado, ya que su precisión y rigor
técnico dependen no solo de la formación académica del experto, sino también de su
experiencia previa en la implementación de dicha metodología en casos similares.

De hecho, de la revisión del documento elaborado por esos ciudadanos, se advierte
que no cuenta con anexos o soportes técnicos que permitan verificar con certeza la
metodología empleada por los técnicos de Aguas y Aguas de Pereira para su
elaboración. En particular: (i) no se evidencia la metodología exacta utilización ni la

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forma en la que ésta se aplicó a los criterios definidos para la tasación de la sanción,
(ii) no hay trazabilidad de la información, es decir, no se indicó que si la misma fue
extraída de las fuentes oficiales de la CARDER, de estudios previos realizados por la
recurrente o si fue levantada en el campo y (iii) no se aclaran la fechas de las visitas
de verificación, esto es si se realizaron antes, durante o después de la realización de
las obras.

Mientras que, para cálculos relacionados con el beneficio económico, simplemente se
concluye que no existe beneficio económico, sin presentar pruebas que respalden esa
afirmación. Mientras que, para el cálculo del impacto ambiental, se advierte la
aplicación de una forma matemática, sin que se hayan demostrado datos o pruebas
que permitan definir cuáles parámetros concretos fueron tenidos en cuenta para medir
la afectación real en el ecosistema.

Tampoco se pasa por alto que el mencionado documento fue elaborado por los propios
funcionarios de Aguas y Aguas de Pereira, por encargo de la misma empresa, lo que
configura un evidente conflicto de interés, ya que no se trata de una evaluación objetiva
e imparcial realizada por un tercero independiente, sino de un análisis efectuado por
la parte interesada en el proceso, lo que naturalmente sesga sus conclusiones en favor
de sus pretensiones.

En sentido, es relevante indicar que en aplicación de las reglas que gobiernan la
apreciación de las pruebas que se practican al interior de un proceso 69, habida cuenta
de que la declaración de los anotados ciudadanos y el concepto emitido por ellos no
ofrece solidez, ni claridad en sus apreciaciones técnicas, era procedente que el
Tribunal se apartara de lo que allí se encuentra contenido, sin que ello implicara un
desconocimiento del derecho a la defensa de la actora.

8.7.4. Asimismo, se tendrá que absolver si es nulo el acto administrativo por el cual
una autoridad sancionó a una persona por realizar unas obras sin contar con los
permisos ambientales para esos efectos, si el recurrente reprocha que para la

69 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial
para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

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dosificación de la sanción no se tuvieron en cuenta las actividades de compensación
que desplegó.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo expuesto en este punto en la alzada:

“En cuanto a la tasación de la multa

Como se demostró en el proceso, dicha tasación fue descomunal y desmesurada
por decir lo menos; no se tuvo en cuenta el aspecto ambiental debidamente, puesto
que no se habló de las acciones de compensación realizadas por la Empresa
Aguas y Aguas, lo cual sería un atenuante al momento de la calificación de dicha
sanción.

Tal y como se dijo en distintas etapas del proceso los artículos 36 y 40 Ley.1333
de 2009: Invitan a que cada sanción deba ser adecuada, analizar la gravedad, no
todas admiten el mismo tipo de sanción y su tasación depende de unos factores.

Dichas disposiciones normativas fueron desatendidas por la CARDER y ello se
observa claramente en los argumentos de la demanda cundo se trata el capítulo
de mesurabilidad y razonabilidad”70

Así las cosas, la Sala advierte que en la apelación no se especificaron cuáles fueron
las acciones de compensación ejecutadas por la empresa demandante que no habrían
sido consideradas al momento de la dosificación de la sanción, ni se aportaron pruebas
técnicas que permitieran desacreditar el análisis efectuado por la CARDER.

En consecuencia, esta Corporación se encuentra imposibilitada para analizar de fondo
dichas inconformidades, en atención a que, de acuerdo con el artículo 320 del CGP,
la apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, pero
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente;
veamos:

“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71.” (Subrayas de la Sala)

Por ende, el cargo no prospera.

70 Visible a folio 279 del Cuaderno del Tribunal.

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8.7.5. Finalmente, se verificará si el Tribunal estaba obligado a decretar de oficio una
prueba que supliera las falencias probatorias del libelo introductorio.

Pues bien, conforme al artículo 167 del CGP aplicable por la remisión dispuesta en el
artículo 306 del CPACA, recae sobre las partes la carga de probar los supuestos de
hecho de las normas que invocan para sustentar sus pretensiones.

La norma en cuestión es del siguiente tenor:

“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o
en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado
hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en
mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por
haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por
estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte,
entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a
la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva
prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba” (Subrayas y negrillas de la Sala).

Asimismo, el ejercicio de las potestades probatorias oficiosas se encuentra dentro del
ámbito de la autonomía judicial y depende de la valoración que se haga de los hechos
y las pruebas obrantes en el proceso. No obstante, ello no implica que el juez deba
suplir la carga probatoria que recae sobre las partes, pues su función no es
reemplazarlas en su obligación de demostrar los supuestos de hecho señalados en
sus respectivas intervenciones.

En efecto, esta Sección ha señalado frente a los límites de las pruebas de oficio lo que
sigue enseguida:

“5.5.13.- En lo que se refiere a la facultad oficiosa de decretar pruebas, es
menester precisar que, más que una prerrogativa, constituye un deber del Juez
cuando este advierta que es absolutamente necesario esclarecer puntos o

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aspectos oscuros de la contienda, de suerte que las pruebas de oficio deberán ser
decretadas dentro de los estrictos límites que señale el debido proceso para
efectos de mantener la carga de imparcialidad que se le exige al director del
proceso, toda vez que se trata de una excepción a la regla general de la carga de
la prueba.

5.5.14.- Uno de los límites que encuentra el decreto y práctica de pruebas de oficio,
es que con ella no se promueva la negligencia o mala fe de las partes71, habida
cuenta de que el Juez no puede suplir las obligaciones y cargas procesales de
ellas ni cohonestar con actitudes contrarias a los principios de lealtad y buena fe”.

En ese orden de ideas, el Tribunal no tenía la obligación de decretar pruebas de oficio
para verificar los presuntos errores en los que habría incurrido la CARDER al tasar la
sanción, ya que para esos efectos decretó las pruebas solicitadas por la empresa
actora. Cosa distinta es que dichos medios probatorios no hayan sido suficientes para
respaldar los cuestionamientos planteados en la demanda. En consecuencia, la falta
de soporte técnico adecuado para desvirtuar la tasación de la multa no puede atribuirse
a una omisión del Tribunal, sino a la insuficiencia probatoria de la parte interesada.

8.7.6. En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

8.8. De la condena en costas en segunda instancia

Al respecto, es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que
el criterio objetivo valorativo de la condena en costas implica : i) objetivo porque no
resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada,
sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto y ii)
valorativo porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios
del proceso y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del
proceso .

En ese orden, vistos los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, en especial su
numeral 8, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala considera que
hay lugar a imponer condena en costas por concepto de agencias en derecho, en la
medida en que se comprueba que la accionada compareció a este proceso en esta
instancia por conducto de apoderado debidamente constituido; por lo tanto, se dará

71 En ese sentido la Corte Constitucional en sentencia SU-768 DE 2014, M.P. Jorge Iván Palacio P.

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aplicación al Acuerdo nro. 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, y se impondrá a su favor y a cargo de la actora, la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente.

Ahora, en lo que hace a los gastos y expensas, no se procederá a condenar por ese
concepto, toda vez que no se acreditó probatoriamente su causación.

8.9. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: CONDENAR a Aguas y Aguas de Pereira a pagar por concepto de
agencias en derecho en segunda instancia, en favor de la entidad demandada, la suma
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3
de abril de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto

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El presente fallo fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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