Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00618-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2013-00618-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00618-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-00618-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP
Demandada: LA NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Tema: Contrato de Acceso, uso e interconexión – solución de controversias
por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – eficacia del
dictamen pericial.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación presentados por SISTEMAS
SATELITALES COLOMBIA S.A. ESP, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP1 y la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES contra la
sentencia de 4 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda2
1. La sociedad SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP 3 (en adelante
SSC) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, acudió ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para presentar las siguientes
pretensiones:
“[…]
A. Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:
1°.- Nulidad de la Resolución No. 3857 de agosto 3 de 2012, expedida por la
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, por la cual se resuelve un
conflicto entre TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. y SISTEMAS
SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP.
2°.- Nulidad de la Resolución No. 3979 del 23 de octubre de 2012, expedida por la
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, por la cual se resuelve el
1
Cfr. Fol. 312, cuaderno principal. En el certificado de existencia y representación legal de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP se indica que “[…] POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1751 DE 29 DE JUNIO DE 2012
(…) LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) SE FUSIONA CON LA SOCIEDAD TELEFONICA MOVILES
COLOMBIA S.A (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE […]”.
2
Cfr. Fol. 1 – 17, cuaderno principal.
3
Cfr. Fol. 107, cuaderno principal.
4
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
recurso de reposición interpuesto por SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A.
ESP contra la Resolución CRT 3857 del 3 de agosto de 2012.
B. Que se declare que la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
vulneró el mandato constitucional previsto en los artículo 29, 333, 334 y 335 de la
Constitución Política de Colombia. Igualmente que desconoció el principio de la
“autonomía de la voluntad privada” y los efectos previstos en el artículo 1602 del
Código Civil en cuanto que el contrato válidamente celebrado es ley para las partes.
C. Que se restablezca el derecho de SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A.
ESP ordenando a la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES que
reconozca que la OBI presentada por TELEFÓNICA MOVILES COLOMBIA S.A., y
sobre la cual se postuló SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP, es la
que debe regular sus relaciones contractuales sobre la garantía constituida en favor
de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.
D. Que se orden a favor de SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP y a
cargo de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES la indemnización
de los perjuicios causados por haber dado cumplimiento a las decisiones contenidas
en la resoluciones [sic] demandadas.
E. Que se condene en costas a la demandada. […]”
I.1.1. Los hechos
2. Afirmó que TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA S.A. suscribió un contrato de
acceso, uso e interconexión directa para el tráfico de voz entre redes de “[…] TMC
[…]”de esa empresa y su red de larga distancia internacional.
3. Indicó que en el contrato se pactó que debía constituir a favor de TELEFÓNICA
MÓVILES DE COLOMBIA S.A. una garantía -póliza de seguro- para amparar el
cumplimiento del contrato por valor asegurado de $625.000.000 con una vigencia
de 24 meses, la cual debía ser renovada por períodos de 12 meses, mientras
estuviera vigente el contrato.
4. Aseguró que constituyó la póliza de cumplimiento y una póliza aclaratoria en la
cual garantizaba el cumplimiento de las obligaciones derivadas del “[…] contrato
0524 – 10 suscrito el 9 de agosto de 2010. […]”.
5. Aseveró que TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA S.A. le manifestó a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante CRC) que la póliza
constituida no cubría obligaciones de pago real, en concreto en lo que correspondía
al pago de cargos de acceso.
6. Mencionó que, en consecuencia, TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA S.A. le
pidió a la CRC que le ordenara constituir una “[…] garantía líquida que cubriera
obligaciones de pago de los cargos de acceso, lo anterior fundamentado, en la
aplicación de la regulación vigente que permite al operador ofertante fijar garantías.
[…]”.
3
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
7. Anotó que la CRC conoció la controversia mencionada y la resolvió a su favor en
la Resolución núm. 3494 de 2011, señalando que el contrato de interconexión debía
aplicarse en su integridad bajo las condiciones en que fueron acordadas y definidas
por las partes, entre ellas, las garantías.
8. Expuso que, no obstante, la CRC le precisó a TELEFÓNICA MÓVILES
COLOMBIA S.A. que podía acudir al regulador para exigir una modificación de las
reglas previamente definidas por las partes en el acuerdo de interconexión relativas
las características y alcance de las pólizas de garantía.
9. Adujo que TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. decidió adelantar una nueva
controversia con el propósito de “[…] modificar el alcance de la garantía estipulada
en la OBI que fue aprobada por la CRC y sobre la cual se construyó el contrato de
interconexión (…) contrato que tuvo finalmente inicio el 30 de enero de 2012, bajo
las condiciones establecidas en la primera OBI aprobada por la CRC […]”.
(Subrayado del texto).
10. Puso de presente que en ejecución del contrato de interconexión, TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA S.A. le solicitó modificar la “[…] póliza de garantía incluida
en la OBI por una garantía líquida que cubra por lo menos seis meses de cargos de
acceso más impuestos. […]”.
11. Indicó que, ante el desacuerdo de las partes, la controversia fue resuelta por la
CRC en los actos administrativos demandados.
I.1.2. Las causales de nulidad invocadas
12. La parte demandante consideró que:
“[…] Los actos administrativos demandados expedidos por la CRC, son violatorios de
los artículos 29, 333, 334 y 335 de la Constitución Política de Colombia [incluyendo
en ellos y para su adecuada interpretación armónica los artículos 83, 84 y 209 de la
constitución política]. [sic]
Igualmente por falta de competencia al inmiscuirse en asuntos que escapan a su
facultad reguladora desconociendo el principio de la “autonomía de la voluntad
privada” y los efectos previstos en el artículo 1602 del Código Civil en cuanto a que el
contrato válidamente celebrado es ley para las partes […]”
I.1.3. El concepto de violación
13. Estimó que la parte demandada profirió los actos administrativos en contravía de
las facultades constitucionales y legales de intervención amparada en su facultad
de solucionar los conflictos que se presentan entre los proveedores de servicios.
14. Expuso que si bien la Corte Constitucional había señalado que la CRC tenía la
facultad de expedir la regulación de carácter general y particular sobre las materias
relacionadas con la interconexión, el acceso y uso de las redes, así como resolver
4
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
las controversias que se presentaran entre proveedores, no todas las prestaciones
que se derivaban de un contrato de interconexión estaban sujetas a dichas
atribuciones.
15. Aseveró que la intervención de la CRC en las relaciones contractuales de los
proveedores de redes no era absoluta y argumentó que, respecto de los elementos
de la naturaleza y accidentales de la relación contractual, debía primar el acuerdo
celebrado entre las partes por sobre la intervención de la autoridad administrativa.
16. Afirmó que respecto de los citados elementos no se materializaban los fines por
los cuales el Estado interviene en la economía a través de las autoridades
regulatorias.
17. Señaló que los contratos de interconexión, conforme la Resolución 432 de 2 de
octubre de 20005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, se definen
como una oferta básica de interconexión que contiene el detalle de elementos y
servicios de apoyos mínimos que el operador ofrece para la interconexión y que una
vez revisada y aprobada por la autoridad de telecomunicaciones tiene efecto
vinculante entre éste y cualquier operador de redes públicas solicitante que se acoja
a esta.
18. Consideró que no podía aceptarse que una vez aprobada la oferta básica de
interconexión por la autoridad reguladora y acogida por proveedores, pueda
posteriormente variarse sin distinguir si son “[…] elementos de su esencia, de su
naturaleza o accidentales y sin medir si se amenazan los fines del estado [sic] que
soportan su intervención en la economía. […]”.
19. Aseveró que:
“[…] No consideramos que cualquiera sea la prestación contractual incluida en el
contrato de interconexión, cuya variación pueda ser propuesta por algunos de los co-
contratantes [sic] deba su solución prestarse necesariamente, ante la inexistencia de
acuerdo, por la entidad reguladora, soportada en la potestad de solución de conflictos
o en su facultad general de intervenir en la economía, porque ese el margen que
creemos debe dejarse en manos de los involucrados dentro del principio de la
autonomía de la voluntad y la libre competencia económica, cuya situación ante un
desacuerdo deba ser resuelta por el JUEZ natural o por el tribunal arbitral si ese fue
el acuerdo contractual. […]”
20. Manifestó respecto de ciertas cláusulas contractuales que era viable la
intervención de la entidad reguladora puesto que se afectaban los fines
constitucionales por los cuales se hacía imperativa la intervención del Estado en la
economía.
5
“[…] Normas Comunes sobre Interconexión […]”.
5
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
21. Adujo que, no obstante, en otras cláusulas tal intervención no era procedente, en
tanto no se trate de elementos esenciales del contrato, no afecten ni contradigan los
principios:
“[…] que constitucionalmente se han plasmado por el constituyente y que garantizan
entre otros los principios de libre competencia y la autonomía de la voluntad de los
particulares que ejercen actividades que le corresponde al Estado desarrollar y que
éste las ha permitido para que sean prestadas bajo ciertas reglas. […]”.
22. Puso de presente que:
“[…] Cuando la entidad reguladora aprueba una OBI [Oferta Básica de Interconexión]
genera en los operadores solicitantes una seguridad jurídica de que los elementos
esenciales son inmodificables por acuerdo entre las partes y que solo es válida su
variación con autorización de la entidad reguladora; pero, y aquí está lo más
importante de nuestra tesis, no cualquiera de las cláusulas allí ofertadas -en especial
las que no hacen parte de los elementos esenciales del contrato- pueden y hacen
parte de la órbita de competencia del ente regulador para que sean modificadas vía
solución de controversias.
Y sobre aquellos elementos que no son esenciales porque son de la naturaleza del
contrato o porque son accidentales al mismo, y sobre los que se quiere modificar (…)
es en donde se considera que la controversia que sobre ellos resulta, deba darse ante
EL JUEZ DEL CONTRATO y sea éste el que se pronuncie y no la entidad reguladora,
porque con esas “controversias” contractuales en nada desdibujan los fines
propuestos con la intervención estatal y no se hace necesaria la presencia del ente
regulador porque no está en juego el interés general o colectivo o los fines
constitucionales. En este caso sólo se involucra un interés económico y particular.
[…]”
23. Aseguró no todas las prestaciones incluidas en el contrato de interconexión
pueden catalogarse como esenciales y estimó que tal era el caso de la cláusula
trigésima primera del contrato C-0524 de 2010 que establecía la constitución de una
póliza de seguros en favor de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. en la forma
y cuantía definida en la oferta básica de interconexión, respecto de la cual mencionó
que:
“[…] como no le gustó al operador ofertante la manera como quedó finalmente escrita,
decide cambiarla y para tal efecto radica una nueva OFERTA BÁSICA DE
INTERCONEXIÓN -OBI- a través de la cual varía no el instrumento a ser utilizado
para el cubrimiento de las obligaciones emanadas de la interconexión, esto es la
PÓLIZA, si no el alcance de la misma y ante el desacuerdo entre las partes, decide
acudir al ente regulador para que le autorice que la modifique haciendo con esa nueva
estipulación contractual más gravosa la situación de SISTEMAS SATELITALES DE
COLOMBIA S.A. ESP porque ahora tiene que constituir una póliza diferente a la que
fue aprobada por la propia autoridad reguladora y con impactos en sus proyecciones
financieras porque la póliza que se pide es “líquida”. El ente regulador con ese
proceder contribuye a contravía de los fines de la intervención estatal cuales son que
esa intervención no se traduzca en una barrera de entrada y que no comporte una
carga excesiva para los proveedores solicitantes. […]”
24. Expuso que en el procedimiento de solución de controversia ante la autoridad
reguladora se ordenó la inclusión de una modificación a la garantía ofertada y
6
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
contractualmente prevista sin que tal intervención estuviera protegiendo los fines
estatales, por lo que dicha autoridad administrativa actuó sin competencia.
25. Advirtió que el operador podía exigir en su oferta básica de interconexión la
constitución de garantías que afianzar las obligaciones de pago del operador
interconectado, sin embargo:
“[…] el querer de unas de las partes de modificar su oferta básica inicialmente
registrada en el ente regulador porque considera que en tal circunstancia no abarca
todo su interés, en nuestro sentir es un desacuerdo entre las partes que no involucra
los fines por los cuales el estado debe intervenir; porque precisamente es solo del
resorte de las partes involucradas y es deber de la entidad reguladora hacer valer la
OBI registrada para todos aquellos operadores que se postularon bajo esas
condiciones. Como efectivamente lo hizo cuando resolvió el primer conflicto propuesto
por TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. en la RESOLUCIÓN 3494 DE 2011.
[Hoy Vigente]
Proceder de otra manera, es inmiscuirse en el ámbito de la autonomía de la voluntad
privada y hacerlo es por fuera de su competencia. En otras palabras, ya hay una oferta
básica de interconexión, avalada por el ente regulador, y sobre la cual quienes se
postularon tienen el derecho contractual y legal de que se le respeten las condiciones
de esa oferta y en caso de que ello no sea así, a que se le indemnicen los perjuicios
que con su revocación se causen. […]”
I.2. Trámite de la demanda
26. A través de auto de 17 de junio de 20136, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar personalmente al ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en su calidad de representante de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones, al representante legal de TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA S.A., al agente del Ministerio Público y al director de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; ii) se corrió traslado de la
demanda según lo previsto en los artículos 172 y 199 de la Ley 1437; y, iii) se ordenó
a la parte demandada allegar los antecedentes administrativos que dieron origen a
los actos administrativos demandados.
27. En auto de 17 de junio de 20137 se corrió traslado a la parte demandada, por el
término de cinco (5) días, de la solicitud de suspensión provisional de los actos
administrativos demandados8.
28. Por auto de 16 de septiembre de 20139, el magistrado sustanciador del proceso
negó la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos
demandados, decisión confirmada en auto de 15 de octubre de 201310, mediante el
cual se resolvió el recurso de reposición presentado por la parte accionante.
6
Cfr. Fol. 132-133, cuaderno principal.
7
Cfr. Fol. 8, cuaderno de medidas cautelares.
8
Cfr. Fol. 1-7, cuaderno de medidas cautelares.
9
Cfr. Fol. 28-34, cuaderno de medidas cautelares.
10
Cfr. Fol. 54-59, cuaderno de medidas cautelares.
7
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
I.3. La contestación de la demanda
I.3.1.- La CRC 11
29. La CRC contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones por carecer de
sustento fáctico y jurídico.
30. Afirmó que no existió violación del debido proceso en la actuación administrativa
que dio origen a los actos administrativos demandados, teniendo en cuenta que
siguió el procedimiento previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 1341 de
30 de julio de 200912 para la solución de controversias.
31. Indicó que se agotó la etapa de negociación directa entre la demandante y
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. conforme al artículo 42 de la Ley 1341.
32. Aseveró que agotada la etapa de negociación directa, TELEFÓNICA MÓVILES
COLOMBIA S.A. acudió a la CRC, la cual dio traslado de la solicitud formulada por
dicha sociedad a la demandante para que presentara sus comentarios, solicitara
pruebas, allegara su oferta final y remitiera los documentos y argumentos
necesarios para defender su posición y hacer valer sus derechos.
33. Señaló que en la etapa de solución de la controversia llevó a cabo audiencia de
mediación, la cual tuvo lugar el día 24 de mayo de 2012 y en la que no llegaron a
ningún acuerdo, por lo que se continuó el trámite para adoptar una decisión final.
34. Adujo que notificó en debida forma la Resolución núm. 3857 de 3 de agosto de
2012, frente a la cual la demandante presentó recurso de reposición, el cual fue
resuelto por la Resolución núm. CRC 3979 de 23 de octubre 2012, de tal forma que
estimó haber actuado con apego a las disposiciones legales aplicables y
garantizando los derechos de las partes intervinientes en el trámite.
35. Manifestó que en el presente asunto la intervención del Estado se hacía
necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado de las comunicaciones y
la prestación de este servicio conforme lo dispuesto en el artículo 365 Constitucional
amparado en el numeral 9. del artículo 22 de la Ley 1341, norma que estableció
como función de la CRC la de resolver las controversias que se suscitaran entre los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.
36. Precisó que la citada norma indicó que ningún acuerdo entre proveedores podría
menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria y de solución de
controversias de esa comisión, así como la libre competencia.
11
Cfr. Fol. 184-220, cuaderno principal.
12
“[…] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. […]”.
8
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
37. Citó la sentencia C-186 de 2011 de la Corte Constitucional para afirmar que la
facultad de solución de controversias era una función de intervención del Estado en
la economía, la cual debía versar sobre aquellos aspectos que hacían parte de la
relación de interconexión y que debían ser resueltos en aras de que la obligación
de interconexión se materializara y que los usuarios pudieran ejercer el derecho a
comunicarse.
38. Consideró que no era cierto que se haya extralimitado la función de intervención
del Estado a través de los actos administrativos demandados, pues fueron producto
de la facultad de solución de controversias, que corresponde a una manera de
intervenir en la economía.
39. Adujo que el tema sobre el cual recayó la intervención regulatoria en sede de
solución de controversias estaba íntimamente ligado a la efectiva interconexión de
las redes de telecomunicaciones y, por ello, al derecho de los usuarios a la
comunicación, de tal forma que era necesaria la intervención regulatoria ante la
ausencia de arreglo directo entre las partes.
40. Hizo alusión al artículo 22 de la Ley 1341 para señalar que la CRC tenía la
competencia para definir, de manera general y particular, las condiciones técnicas
y económicas de la interconexión e igualmente para resolver los conflictos entre los
operadores, las cuales ejerció legítimamente y ajustada al ordenamiento jurídico,
con la expedición de los actos administrativos demandados.
41. Aseguró que, conforme la Ley 1341, era competente para revisar el conflicto que
sobre las garantías tenían SSC y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.,
facultad que partía de la existencia de una relación de interconexión entre los
operadores que soportaba la prestación de un servicio público, bien establecida
mediante un contrato o una servidumbre impuesta por la autoridad.
42. Explicó que:
“[…] Hay que decir, que la competencia de la Comisión para resolver conflictos entre
los proveedores de redes y servicios, implica la revisión y análisis de las condiciones
que las partes de una relación de interconexión han fijado para la definición de las
garantías que van a cumplir las obligaciones derivadas de ésta. Revisión que pone al
órgano regulador en función de revisar si las condiciones en las que fueron pactadas
dichas garantías cumplen o no con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
en pro de la competencia.
Precisamente la activación del ente regulador en el conflicto presentado entre SSC y
TELEFÓNICA MÓVILES, revisó que efectivamente dichas condiciones que las partes
pactaron al momento de fijar la garantía, cumplieran con los criterios de razonabilidad
y proporcionalidad, es así como una vez realizada la revisión del Contrato de
interconexión C-0524-10, y de la póliza que fue definida por las partes para el
cumplimiento de las obligaciones de la relación de interconexión, se evidenció que la
misma no incluía la obligación del pago de los cargos de acceso, elemento que por
esencia es el que remunera el acceso y uso de las redes y que constituye más del
80% de los cargos y pagos que deben hacerse por virtud del uso de la red de
9
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
respectivo [sic] proveedor. Esto implicó necesariamente que este elemento debiera
ser incluido dentro de los asuntos sometidos a afianzamiento […]”
43. Sostuvo que el contrato de interconexión era un contrato de naturaleza privada,
no obstante, su contenido está regulado, lo cual implica que la autonomía de la
voluntad se veía restringida por virtud de la intervención regulatoria, ya sea general
y abstracta o por la vía de la solución de un conflicto como en el presente caso.
44. Precisó que si bien el contrato era ley para las partes, esto no impedía la
intervención regulatoria de la CRC en ejercicio de su función de solución de
controversias, máxime si se tenía en cuenta que los contratos de interconexión “[…]
al soportar la prestación de un servicio público contienen elementos en su esencia
que son de naturaleza pública y de obligatorio acatamiento de las partes. […]”.
45. Advirtió que las relaciones contractuales en materia de interconexión solo
estaban sujetas a la regulación existente sino a los cambios que se presenten en
esta y la intervención del Estado debe estar al tanto de tales cambios, con el fin de
expedir las normas pertinentes para el cumplimiento de los fines del Estado en
materia de intervención económica.
46. Alegó que al momento de decidir la controversia presentada entre SSC y
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., tuvo en consideración el desarrollo de
los postulados de intervención económica, pues carecía de sentido que el regulador
haya previsto el análisis técnico y económico del caso, en este caso, la constitución
de garantías con base en la Resolución núm. 2609 de 2010, pero no pudiera
modificar las condiciones fijadas por las partes y reguladas de manera particular en
esa resolución, cuya aplicación se orientaba al cumplimiento de obligaciones
surgidas de la relación de interconexión bajo lineamientos de razonabilidad y
proporcionalidad que garantizaban los derechos de ambas partes, a que se
permitiera la interconexión y a que se garantizara el cubrimiento de las obligaciones
reales.
47. Se refirió al restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante,
afirmando que debía negarse al no encontrarse acreditado y, adicionalmente, no
evidenciarse la ilegalidad de los actos administrativos demandados.
I.3.2.- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 13
48. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., sociedad absorbente por fusión de
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 14 contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, formulando las siguientes excepciones:
13
Cfr. Fol. 299-310, cuaderno principal.
14
Cfr. Fol. 312, cuaderno principal. En el certificado de existencia y representación legal de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP se indica que “[…] POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1751 DE 29 DE JUNIO DE 2012
(…) LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) SE FUSIONA CON LA SOCIEDAD TELEFONICA MOVILES
COLOMBIA S.A (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE […]”.
10
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
i) “[…] 1. La Resolución CRC 3858 de 2012 no es contradictoria ni
desconoce el contenido de la Resolución CRC 3494 de 2011
[…]”(negrillas y subrayado del texto)
49. Aseveró que la Resolución núm. 3857 de 3 de agosto de 2012 acogió los
argumentos expuestos en la Resolución núm. 3494 de 2011, de tal forma que no
existía la contradicción expuesta por el demandante.
50. Puso de presente que la solicitud para resolver la controversia surgida entre la
demandante y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. presentada el 25 de
agosto de 2011 y que llevó a la expedición de la Resolución núm. 3494 de 2011 es
diferente a la presentada el 26 de marzo de 2013 y que originó la expedición los
actos administrativos demandados.
ii) “[…] 2. La Comisión de Regulación de Comunicaciones es
competente para dirimir la controversia surgida entre Telefónica y
SSC que dio origen a las Resoluciones 3857 y 3979 de 2012. […]”
(negrillas y subrayado del texto)
51. Recordó que la CRC asumió la competencia para resolver el conflicto entre la
demandante y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. con sustento en el
numeral 9. del artículo 22 de la Ley 1341.
52. Aseguró que la CRC contaba con amplias facultades que le permitían garantizar
el cumplimiento de los fines de la intervención estatal en el sector de
telecomunicaciones que le fueron encomendadas.
53. Mencionó a través de la solución de las controversias en la vía administrativa que
se sometan a su conocimiento podía establecer medidas para promover y facilitar
las condiciones para la efectividad de los derechos y garantías de los proveedores,
así como reglas mínimas que permitieran el equilibrio y armonía en las diferentes
actividades desarrolladas por los proveedores en un mercado en competencia,
buscando con ello mejorar la prestación de los servicios públicos y proteger a los
usuarios.
54. Expuso que el análisis de las garantías que podían ser incorporadas en las
diferentes relaciones de interconexión, no era un asunto eminentemente contractual
por estar íntimamente ligado con la efectividad del derecho deber de interconexión
y la CRC debía intervenir para que ese instrumento no se constituyera en una
barrera para su consolidación.
55. Afirmó que no era cierto que la competencia de la CRC en materia de solución
de controversias estuviera limitada o restringida, pues las controversias entre
proveedores podían suscitarse con ocasión de cualquier aspecto técnico o
económico relacionado con la interconexión, de tal forma que el cargo de falta de
competencia no estaba llamado a prosperar.
11
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
iii) “[…] 3. Todas las excepciones que resulten probadas dentro del
proceso, incluidas aquellas que deban ser declaradas de oficio por
el Honorable Magistrado […]” (negrillas y subrayado del texto)
56. Finalmente solicitó que se reconocieran de oficio las excepciones se hallaran
acreditadas.
I.3.3.- El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 15
57. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contestó la
demanda y se opuso a sus pretensiones, por carecer de fundamentos fácticos y
jurídicos que permitieran demostrar alguna violación por parte de ese ministerio, si
se tenía en cuenta que no había expedido los actos administrativos demandados.
58. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en razón a
que el llamado a responder por una eventual declaratoria de nulidad de las
resoluciones acusadas era la entidad que las expidió, esto es, la CRC.
59. Señaló que, conforme la Ley 1341, la CRC era una unidad administrativa especial
con independencia y autonomía administrativa, técnica y patrimonial sin personería
jurídica, la cual está integrada, por entre otras personas, el ministro de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, quien la preside.
60. Consideró que la representación judicial de la CRC debía ejercerla su director
ejecutivo.
I.4. Trámite del proceso
61. La audiencia inicial16 prevista en el artículo 18017 de la Ley 1437 se realizó el 12
de mayo de 2014, en la cual se fijó el litigio y se decretó la práctica de pruebas en
el proceso. La fijación del litigio se realizó de la siguiente forma:
“[…] De la lectura de la demanda y sus contestaciones se tiene que las partes
coinciden en los hechos 1 a 4 y se encuentran en desacuerdo respecto de los demás
referidos a la competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para
resolver los conflictos derivados de las condiciones de la póliza de garantía suscrita
para amparar el cumplimiento del contrato de acceso, uso e interconexión directa para
el tráfico de voz suscrito entre la sociedad demandante y Telefónica Móviles de
Colombia S.A.; la posible intromisión de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones en las particularidades del referido contrato, la posible modificación
de la Oferta Básica de Interconexión, OBI, con base en la cual se expidió la garantía
de cumplimiento antes referida y la presunta variación de la posición sentada
inicialmente por la demandada al respecto. Establecido lo anterior, se tiene que el
15
Cfr. Fol. 375-384 y 387-391, cuaderno principal.
16
Cfr. Fol. 363-366, cuaderno principal.
17
Modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
12
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
problema jurídico en este caso se contrae a determinar si con la expedición de las
resoluciones números 3857 de agosto tres (3) de dos mil doce (2012) y 3979 de
octubre veintitrés (23) siguiente a través de los cuales la Comisión de Regulación de
Comunicaciones resolvió un conflicto suscitado entre Telefónica Móviles Colombia
S.A. y Sistemas Satelitales de Colombia S.A. se vulneraron el debido proceso, la
libertad de empresa y el principio de autonomía de la voluntad privada.[…]”
62. La audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 se realizó los
días 418 y 1819 de junio de 2014.
63. En desarrollo de esta audiencia20 se procedió a resolver la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones declarándola impróspera, toda vez que,
conforme el artículo 19 de la Ley 1341:
“[…] la Comisión de Regulación de Comunicaciones es una entidad sin personería
jurídica, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
perteneciente al sector central y por lo tanto su representación judicial le corresponde
al ministro en cuestión. Visto así el asunto, los argumentos esgrimidos como
fundamento de la excepción no tienen vocación de prosperidad, por lo que así se
declara. […]”
64. Asimismo, en la medida en que se consideró innecesaria la realización de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 18221 de la Ley 1437,
se corrió traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que
presentaran alegaciones de conclusión, término dentro del cual, igualmente, el
agente del Ministerio Público podría presentar su concepto.
65. La demandante22 y las demandadas23 presentaron sus respectivos alegatos de
conclusión y reiteraron los argumentos expuestos en el proceso. COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. y el agente del Ministerio Público no intervinieron
en esta etapa procesal.
I.5. La sentencia de primera instancia24
66. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”,
en sentencia de 4 de septiembre de 2014, resolvió:
“[…] FALLA
Primero: Declárase la nulidad de las resoluciones Nos. 3857 de agosto tres (3) de
2012 y 3979 de octubre veintitrés (23) del mismo año, expedidas por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC).
18
Cfr. Fol. 427-430, cuaderno principal.
19
Cfr. Fol. 447-448, cuaderno principal.
20
Cfr. Fol. 427-430, cuaderno principal.
21
Modificado por el artículo 41 de la Ley 2080.
22
Cfr. Fol. 450-453, cuaderno principal.
23
Cfr. Fol. 456-468 [la CRC] y 474-476 [el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones], cuaderno
principal.
24
Cfr. Fol. 478-500, cuaderno principal.
13
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Segundo: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ordénase [sic] a
la Comisión de Regulación de Comunicaciones reconocer que la oferta básica de
interconexión (OBI) presentada por Telefónica Móviles y sobre la cual postuló la
sociedad Sistemas Satelitales de Colombia S.A. es la que regula las relaciones
contractuales entre ambas sociedades, incluyendo la garantía constituida en su
oportunidad a favor de Telefónica Móviles.
Tercero: Niéganse [sic] las restantes pretensiones. […]” (negrilla del texto)
67. La primera instancia recordó que al fijarse el litigio en la audiencia inicial había
quedado claro que:
“[…] el desacuerdo entre las partes radicaba en la competencia de la CRC para dirimir
el conflicto derivado de las condiciones de la póliza de garantía suscrita para amparar
el contrato de acceso, uso e interconexión, la posible intromisión del organismo en las
particularidades del referido contrato, la alegada modificación de la oferta básica de
interconexión (OBI) que sustentó la expedición de la garantía de cumplimiento y el
cambio de posición asumido por la entidad sobre el particular […]”
68. Recordó que la controversia surgida en torno a la póliza expedida como garantía
de las obligaciones adquiridas por la demandante fue resuelta por la CRC en la
Resolución núm. 3857 de 3 de agosto de 2012, en el sentido de acceder a la
solicitud realizada por TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. y ordenando a
SSC a modificar la garantía inicialmente constituida para incluir el cubrimiento del
pago de los cargos de acceso, correspondiente a 156 días calendario y por un valor
de $492.674.804, decisión confirmada en la Resolución núm. 3979 de 23 de octubre
de 2012, al resolver el recurso de reposición.
69. Indicó que la CRC había desatado el citado conflicto invocando las facultades
previstas en el numeral 9. del artículo 22 de la Ley 1341 y estimó que esa disposición
claramente estableció la facultad que tenía ese organismo para intervenir en
aquellos casos en que surgieran desacuerdos entre los proveedores de servicios de
telecomunicaciones, como en el presente asunto respecto de la garantía del
contrato de interconexión.
70. Mencionó que la facultad legal indicada era amplia y que debía entenderse en
concordancia con la función prevista en el numeral 3. del citado artículo, por lo cual
concluyó que la CRC tenía competencia legal no solamente para la adopción de la
regulación general de la materia sino también para intervenir, con plenos poderes
de decisión, en las controversias suscitadas entre las partes alrededor del servicio
de telecomunicaciones.
71. Abordó lo relacionado con la “[…] intromisión de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones en el contrato, hasta modificar la oferta básica de interconexión.
[…]”.
72. Señaló que la demandante cuestionó que:
14
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
“[…] la póliza de garantía fue constituida en favor de Telefónica Móviles en la forma y
cuantía definidas en la OBI, por lo cual la CRC no podía intervenir, en ejercicio de sus
funciones, al tratarse de una prestación catalogada como no esencial en el contrato.
Agregó que el procedimiento puesto en marcha por el organismo para la solución de
la controversia, obligó a la inclusión de una modificación que es ajena a lo ofertado y
a lo contractualmente suscrito entre las partes, sin que haya intereses que sustenten
la intervención. […]”
73. Advirtió que en el expediente constaba que las sociedades TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA S.A. y SSC suscribieron un contrato de acceso, uso e
interconexión para el tráfico de voz entre las “[…] redes TMC y de larga distancia
internacional […]” y como parte de este contrato se pactó que la demandante debía
constituir una garantía, a favor de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. para
amparar su cumplimiento por el valor asegurado de $625.000.000 y una vigencia de
24 meses.
74. Destacó que la demandante constituyó una póliza de cumplimiento y una
segunda póliza aclaratoria de su texto, mediante las cuales garantizó el
cumplimiento de las obligaciones del contrato y que, posteriormente, TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA S.A. acudió a la CRC al considerar que la garantía otorgada
no cubría las obligaciones de pago real, particularmente aquellas relativas a los
cargos de acceso del servicio.
75. Mencionó que la CRC, en los actos administrativos acusados, decidió acceder a
la solicitud hecha para la modificación de las condiciones y del alcance de la póliza
de garantía en favor de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. y dispuso la
constitución de la póliza de garantía líquida para el cubrimiento del pago de los
cargos de acceso, por parte de la demandante, correspondiente al plazo de 156
días calendario y a la suma de $492.674.804.39.
76. Adujo que no resultaba procedente la modificación de la póliza de seguro que
garantizaba las obligaciones del contrato, ni de sus alcances frente a lo pactado por
las partes.
77. Argumentó que la póliza de seguro inicialmente expedida era específica al
señalar que el amparo cubría el riesgo por la prestación del servicio y el
cumplimiento del contrato, mientras la póliza aclaratoria precisó que la garantía
estaba referida al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
78. Consideró que a partir de las estipulaciones del contrato de interconexión, la
garantía estaba ajustada a las condiciones fijadas por las partes para la ejecución
del acuerdo de voluntades, como operadores del servicio, de tal forma que era claro
que las obligaciones surgidas de este estaban plenamente garantizadas a través de
una de las formas legalmente previstas para tales efectos y exigida por el oferente,
como era la póliza de cumplimiento, por lo que:
15
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
“[…] Al cumplir los requisitos exigidos por el operador del servicio, con base en las
condiciones técnicas, jurídicas y económicas aprobadas en la oferta básica y en el
contrato, la modificación de la póliza es motivo suficiente para la anulación de los
actos acusados […]”
79. Mencionó que, no obstante, como la demandante reiteró que la modificación de
la póliza de seguros significaba “[…] la exigencia de una garantía no prevista en el
mercado asegurador, procede la Sala a estudiar este cargo. […]”.
80. Puso de presente que la parte demandante solicitó la práctica de una prueba
pericial a efectos de establecer la existencia de la póliza de garantía líquida en el
mercado y determinar las condiciones en que podía darse cumplimiento a los actos
acusados, a partir de la mencionada exigencia.
81. Se refirió al dictamen pericial y expuso que la experticia concluyó que en el
mercado asegurador no existía la póliza de garantía que cubriera el pago de cargos
de acceso.
82. Advirtió que la CRC, en sus alegaciones de conclusión, había considerado que
era notoria la insuficiencia probatoria del dictamen pericial en razón a que i) se basó
en una sola consulta a una compañía de seguros; ii) era contradictorio; y iii) su
conclusión carecía de soporte.
83. Explicó que:
“[…] aunque es evidente que el sustento del dictamen lo constituye únicamente la
consulta hecha a la compañía Confianza S.A., dicha circunstancia no le resta validez
a la conclusión sobre la inexistencia de la póliza de garantía.
Como quedó consignado en el dictamen y fue ratificado en la audiencia de pruebas,
la auxiliar de la justicia acudió a otras consultas de carácter verbal a través de visitas
hechas a empleados de diferentes compañías de seguros acerca del tema de la
garantía.
Además, las restantes pruebas obrantes en el expediente permiten arribar a una
similar conclusión sobre aquella garantía especial exigida a la sociedad actora para
el cumplimiento del contrato de interconexión.
Luego de explicar la función que le corresponde frente al depósito de los modelos de
pólizas y demás documentos de este carácter hecho por las compañías
aseguradoras, la directora legal de la Superintendencia Financiera para el sector
sostuvo que “(…) una vez verificado en el enunciado depósito no se evidencia la
existencia de una póliza de seguros con la denominación de “garantía líquida”
(…)
Si bien agregó que lo anterior no implica que la mencionada cobertura no sea
comercializada en el mercado, no precisó las condiciones en que pudiera hacerse ni
adicionó afirmaciones que permitan establecer que actualmente dicha modalidad de
garantía sea procedente para este tipo de obligaciones derivadas del contrato de
interconexión (…)
16
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
A esto se suma la constancia expedida por la sociedad Premium Colombia Limitada,
en su calidad de asesores de seguros, aportada por la sociedad actora, según la cual
“(…) nos permitimos informar respecto a su solicitud de póliza, descrita en el Artículo
Segundo, manifestamos que después de haberlo consultado con más de siete (7)
Compañías Aseguradoras, no existe una póliza o producto llamando garantía líquida
de pago”. […]” (negrilla del texto)
84. Aseveró que la parte demandada no había acompañado al proceso alguna
prueba que demostrara lo contrario a las conclusiones expuestas anteriormente ni
un “[…] estudio propio del gremio asegurador, representado por ejemplo en
Fasecolda, que permitiera considerar que dicha garantía es regularmente expedida
para el cubrimiento de las obligaciones. […]”.
85. Indicó que al margen de las apreciaciones subjetivas realizadas por la auxiliar de
la justicia sobre la decisión de la CRC en el dictamen pericial y en la audiencia de
pruebas, estimó precisa la conclusión consistente en que la llamada póliza de
garantía líquida no existía en el mercado asegurador colombiano.
86. Expuso que la CRC, a pesar de referirse a posibles alternativas para el
cubrimiento del pago al que hacen referencia los actos acusados, lo cierto era que
no había desvirtuado la afirmación contenida en el dictamen sobre la inexistencia
de la póliza de garantía líquida, añadiendo que no se había objetado el dictamen
pericial por error grave ni se había pedido aclaración, lo cual hacía que sus
fundamentos ofrecieran una adecuada convicción sobre su conclusión.
87. Insistió en que la CRC tampoco habría aportado una constancia de una compañía
aseguradora que permitiera determinar la expedición de una póliza de esa
naturaleza, ni una referencia que llevara a establecer que pudo ser expedida en
ocasiones anteriores dentro de trámites similares de intervención adelantados por
el organismo al resolver conflictos similares de otros operadores del servicio.
88. Señaló, respecto del alegato de la CRC consistente en que las conclusiones a
las que había llegado el perito escapaban al objeto de la prueba, que era contrario
a la realidad procesal toda vez el objeto principal de la prueba era determinar la
existencia de la póliza de garantía líquida en el mercado asegurador.
89. Consideró que al estar demostrado que la denominada póliza de garantía líquida
no estaba prevista en el mercado colombiano, no podía exigirse a la demandante
su constitución como mecanismo de respaldo de las obligaciones del contrato de
interconexión puesto que resultaba imposible cumplir la carga impuesta por la CRC.
90. Señaló que producto de la nulidad de las resoluciones acusadas, a título de
restablecimiento del derecho, ordenaría a la CRC:
“[…] reconocer que la oferta básica de interconexión (OBI) presentada por Telefónica
Móviles y sobre la cual postuló a la sociedad actora es la que regula las relaciones
contractuales entre tales sociedades, incluyendo la garantía constituida en su
oportunidad a favor de Telefónica Móviles.
17
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Subraya la Sala que no es posible acceder a la indemnización de perjuicios solicitada
por la sociedad actora, ya que no están descritos ni cuantificados en la demanda ni
probados en el proceso.
Adicionalmente, en el expediente tampoco aparece demostrado que la sociedad
demandante haya cumplido con la modificación de la póliza, en la forma ordenada por
la CRC, por lo cual no puede concluirse que esa circunstancia le haya generado
perjuicios.
La prosperidad del cargo relacionado con la modificación de la póliza de garantía
releva a la Sala del análisis del tercer aspecto de la controversia, como es el supuesto
cambio de posición de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre los
alcances de la garantía. […]”
91. Se precisa que mediante auto de 8 de octubre de 2014 25, la primera instancia
negó la solicitud de aclaración de la sentencia de 4 de septiembre de 2014.
I.6. Los recursos de apelación
I.6.1. La CRC26
92. La CRC presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia y solicitó que fuera revocada y se negaran las pretensiones de la
demanda.
93. La CRC estimó que el fallo de primera instancia omitió aplicar los artículos 88 de
la Ley 1437 y 177 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que era la parte
demandada la que debía desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados.
94. Expuso que la primera instancia estableció que era la CRC y no el demandante,
la que debía acreditar la existencia de las pólizas de garantías líquidas, con lo cual
no se aplicaron las reglas que gobiernan la presunción de legalidad de los actos
administrativos y la carga de la prueba.
95. Estimó que se pretendía que fuera la CRC la que allegara la prueba sobre la
existencia de las pólizas de garantías líquidas cuando la demostración de ese hecho
le correspondía a la parte demandante.
96. Alegó que era la parte demandante la que debía demostrar plenamente que las
pólizas de garantía líquida no existían y no existieron en el mercado asegurador,
para de allí concluir que se trataba de una obligación de imposible cumplimiento.
97. Añadió que la primera instancia había olvidado que los actos acusados estaban
investidos de la presunción de legalidad, conforme el artículo 88 de la Ley 1437.
25
Cfr. Fol. 536-537, Cuaderno principal.
26
Cfr. Fol. 506-518, Cuaderno principal.
18
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
98. Asimismo, cuestionó la sentencia de primera instancia por aplicar indebidamente
los artículos 187 y 241 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con los
artículos 88, 138 y 220 de la Ley 1437, de tal forma que existió una apreciación
errónea de la prueba pericial y de los documentos que se encontraban en el
proceso.
99. Indicó que el fallo impugnado dio por demostrado, no estándolo, que las pólizas
de garantías líquidas era un producto que no existe ni ha existido en el mercado
asegurador colombiano.
100. Puso de presente que las pruebas que se habrían apreciado erróneamente eran
i) el dictamen pericial rendido en el proceso, ii) la comunicación de “[…] PREMIUM
COLOMBIA LTDA […]”y iii) el concepto emitido por la Superintendencia Financiera.
101. Expuso que la comunicación de “[…] PREMIUM COLOMBIA LTDA. […]” no
tenía la aptitud de acreditar de manera directa lo que allí se afirma, puesto que para
probar la respuesta de las 7 supuestas compañías consultadas debía presentarse
la respuesta emitida precisamente por estas, de tal forma que resultaba insuficiente
probatoriamente, a lo que sumó que no era conclusiva sobre la existencia o no de
la póliza de garantía líquida en el sector asegurador puesto que la consulta no se
hizo “[…] a todas las compañías del sector, sino solo a 7 cuando son por lo menos
31 compañías27 […]”.
102. Hizo referencia a la consulta formulada a la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual precisó que en su sistema de depósitos de modelos de pólizas no
encontró alguna relacionada con las garantías líquidas, no obstante, señaló que lo
enunciado no implicaba que esa cobertura no fuera comercializada en el mercado
asegurador, de lo cual dedujo que la póliza de garantía líquida no es un producto
usualmente ofrecido por el sector asegurador pero que no podía concluirse que no
existiera en el sector asegurador una oferta comercial sobre el amparo de pagos
reales (cargos de acceso), lo cual ratificaría el hecho de que esa garantía podría
existir como producto ofrecido por ese sector en las condiciones definidas en la
resolución acusada.
103. Señaló que en el expediente se encontraba un dictamen pericial, del cual afirma
que no era ordenado, no contaba con evidencia y que “[…] escapa de manera
deliberada y tendenciosa al objeto de la prueba al haber concluido que la decisión
de la CRC resultaba arbitraria, tema que no era objeto de su análisis. […]”.
104. Citó el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil y estimó que la experta
que practicó la prueba:
“[…] Simplemente se refiere a una serie de consultas realizadas por ella, sin que
exista prueba de las consultas en comento, ni el detalle de la pregunta formulada, y
hace referencia a varias compañías aseguradoras, sin que como lo precisó la misma
27
Véase, https://www.rus.com.co/actores.html, consultado 16/09/2014. 11.40 am.
19
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
perito en la audiencia, no todos respondieron a sus preguntas, es decir, la perito actuó
como simple mensajera, no aportó conocimiento, ni análisis alguno, limitándose a
formular afirmaciones que lejos están de configurarse en una prueba pericial. Luego
la conclusión de que no existe en el sector asegurador la llamada póliza de garantía
líquida, no solo no es comprensiva de todo el sector, sino que de hecho solo una
aseguradora dio respuesta, como el mismo A quo lo evidencia en su providencia […]”
(negrilla del texto)
105. Precisó que el dictamen indicó haber recibido conceptos de la compañías de
seguros MAPFRE, ALLIANZ, COLOMBIA SURAMERICANA DE SEGUROS,
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y LIBERTY SEGUROS, no obstante,
del escrito presentado por la experta y de lo expuesto en la audiencia “[…] sólo
puede referirse a SEGUROS DEL ESTADO y SEGUROS CONFIANZA S.A. y de la
primera no recibe respuesta. Es decir, solo tiene en evidencia de una compañía
aseguradora que logra “analizar”. […]”.
106. Coligió de lo expuesto que i) el dictamen pericial no fue elaborado con la
suficiencia metodológica y con los soportes que de ordinario un profesional experto
en la materia habría acreditado y ii) el experto únicamente transcribió correos y en
la audiencia respectiva simplemente comunicó su contenido, con lo cual el dictamen
pericial no contaría con el soporte técnico que era exigible como lo son “[…] las
comunicaciones, constancias, certificaciones, documentos, entrevistas, estudios de
mercado, comportamiento del sector sobre las pólizas que cubrirían pagos reales,
reaseguradoras, el riesgo y entre otros. […]”.
107. Aclaró que sí cuestionó el dictamen pericial practicado en el proceso y que
producto de su actuación el curso de la audiencia respectiva la experta habría
contestado que era posible que haya existido la póliza de garantía líquida, con lo
cual se presentaría una contradicción.
108. Puso de presente que:
“[…] SEGUROS CONFIANZA S.A. (la única compañía que es fundamento del
dictamen) le responde al cuestionario que le formuló en su oportunidad la perito
señalándole que no existía en la actualidad con esa compañía la póliza de garantía
líquida, pero aclara así:
“Cabe anotar que en algún momento se pudo estar amparando este tipo de riesgo
con la constitución de una garantía real (encargo fiduciario) por parte del cliente al
100% del valor asegurado en la póliza, pero en la actualidad basados en nuestra
políticas de suscripción no estamos otorgando cubrimiento a este tipo de riesgos.”
[…]”
109. Estimó que la garantía líquida fue en algún momento ofrecida por esa
aseguradora y que no era cierto que no lo haya sido por las demás compañías que
menciona la experta pues no había documentos o referencias que soportaran tal
conclusión.
20
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
110. Argumentó que en la audiencia en la que se rindió el dictamen pericial se le
indagó a la experta por la parte motiva de las resoluciones demandadas y la
naturaleza legal de la garantía exigida por la CRC, a lo cual aludió a las cartas de
crédito, a los certificados de depósito a término, a los cobros a primer recaudo y a
otras figuras financieras, de tal forma que las partes estaban en capacidad de haber
empleado otras formas alternativas de garantizar la obligación de los cargos de
acceso derivados del contrato de interconexión, lo cual resultaba válido a la luz de
los actos administrativos demandados.
111. Alegó que no existía prueba suficiente que acreditara la inexistencia de las
pólizas de garantía líquida en el mercado asegurador y recordó que el contrato de
seguros, conforme al artículo 1036 del Código de Comercio, era consensual y
bilateral por lo que puede ser acordado con las respectivas compañías, agregando
que:
“[…] es claro que la parte motiva de la resolución dejó claras las condiciones que
debía [sic] constituirse la garantía, fuese del sector asegurador o financiero y con ello,
no podía aducirse un imposible cumplimiento, pues para ello se requiere
demostrar como resulta jurídicamente imposible realizar la prestación debida o
una homóloga que a los efectos, logren satisfactoriamente cumplir con la
primera obligación.
En ese orden de ideas la expresión “póliza de garantía líquida” no constituye una
obligación de imposible cumplimiento por las siguientes razones: (i) no existe prueba
suficiente que permita concluir que no exista en el sector asegurador; (ii) las partes
pueden negociar con las compañías de seguro dicha póliza a efectos de que resulta
comprensiva del riesgo que debe ampararse; (iii) no existe prueba que acredite que
el demandante haya agotado todas las razonables posibilidades para la suscripción
del afianzamiento ordenado […]” (negrilla del texto)
112. Finalmente, cuestionó la condena en costas que se le impuso en la sentencia
de primera instancia argumentando que no bastaba con haber sido vencida en el
juicio sino que se requería analizar el comportamiento asumido en el proceso,
asegurando que no actuó de manera fraudulenta o perturbando la administración
de justicia y que desarrolló su defensa el marco de la legalidad y el decoro.
I.6.2. La sociedad SSC28
113. La sociedad SSC presentó recurso de apelación y precisó que:
“[…] no se propende por la revocatoria de la parte resolutiva de la misma pues ella se
compadece de las pretensiones elevadas en el texto de la demanda.
Es en contra de lo manifestado en un aparte que está relacionado en las
consideraciones motivas de la providencia con alcances claros que influyen en LA
RESOLUTIVA, cuando advierte que la CRC SÍ es competente para conocer del
conflicto particular suscitado entre las partes, TELEFONICA MOVILES S.A., y
señala a renglón seguido: “En consecuencia, por este primer aspecto el cargo no
prospera” […]”(negrilla y subrayado del texto)
28
Cfr. Fol. 524-529, Cuaderno principal.
21
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
114. Estima que el fallo de primera instancia es incoherente por cuanto señala que la
autoridad administrativa que expidió los actos administrativos es competente para
conocer del presente asunto, no obstante, decide anular los actos administrativos
por falta de competencia.
115. Señaló que:
“[…] En realidad, leyendo el aparte final de la página 16 del fallo y lo resolutivo del
mismo, surge una aparente contradicción. Pues como se lee en la página 16 si la
competencia de la CRC era clara para el punto en conflicto, lo que se desarrolla en
las líneas subsiguientes a esa página 16, en ninguna parte reafirma esa
consideración; por el contrario, expresa todo lo opuesto, pues sin que mencione la
incompetencia de la CRC de manera explícita para actuar como lo hizo, la conclusión
a la que llega en lo resolutivo es efectivamente lo contrario a lo expresado en esa
primera apreciación.
(…)
Cuando la Sala concluye en su parte resolutiva y sobre lo cual era nuestra pretensión
y así se accedió a ella, es que los temas que fueron objeto de controversia entre las
partes; es decir, la modificación de la OBI y el alcance de la póliza de cumplimiento
no son del resorte de la CRC, no son de su competencia, porque no se soporta en
los principios constitucionalmente establecidos para que la intervención del Estado en
la economía sea ajustada a derecho. En conclusión se está accediendo a la razón de
derecho expresada en nuestra demanda cual era la incompetencia de la CRC.
Por ello, es que de manera respetuosa se pide que lo expresado en la parte motiva
del fallo se retire del soporte argumentativo de la sentencia porque el ÚNICO cargo
que se expresó a través del concepto de violación y de las disposiciones violadas, en
el acápite IV del texto demandatorio [sic], fue la falta de competencia de la CRC para
atender el conflicto propuesto por TELEFÓNICA MÓVILES y a partir de allí los demás
derechos fundamentales expresados como el debido proceso, y el desconocimiento
de la autonomía de la voluntad privada. […]” (negrilla del texto)
116. Manifestó que no discutió la competencia que le asistía al Estado para intervenir
en la economía ni que a la CRC le asistiera competencia para resolver conflictos
entre proveedores de telecomunicaciones, pero que sí puso de presente que en el
caso concreto, la CRC había desconocido los límites que la Carta Política prevé
para su intervención, consistente en i) impedir que se obstruya o restrinja la libre
competencia, ii) evitar el abuso de la posición dominante, iii) privilegiar el interés
social o colectivo y iv) limitar la constitución de monopolios.
117. Señaló que la CRC no fundamentó su intervención en los principios expuestos
y que los intereses que se involucraron en el debate administrativo y que
trascendieron al debate judicial eran de naturaleza particular, por lo que no
compartía la apreciación de la primera instancia consistente en indicar que era clara
la competencia de la CRC para intervenir en el conflicto.
22
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
I.6.3. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, sociedad absorbente de
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.29
118. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, sociedad absorbente de
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. presentó recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia y solicitó que “[…] revoque el numeral segundo
de la Sentencia del cuatro (4) de septiembre de 2014 […]” mediante el cual se
ordenó a la CRC reconocer que la oferta básica de interconexión presentada por
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. y sobre la cual se postuló la sociedad
demandante era la que regulaba las relaciones contractuales entre ambas
sociedades, incluyendo la garantía constituida en su oportunidad a su favor,
teniendo en cuenta que:
“[…] la mencionada OBI no se encuentra vigente, y la póliza y la aclaración
presentada por Sistemas Satelitales de Colombia S.A. para cubrir el incumplimiento
de las obligaciones que emanaban del contrato de interconexión, no cubren las
obligaciones relacionadas con el pago de los cargos de acceso […]”
119. Precisó que con la aceptación de la oferta básica de interconexión se definen
las reglas para el acceso y la interconexión de las redes, lo cual, aparte de
perfeccionar el negocio jurídico entre las partes, dinamiza el mercado de las
telecomunicaciones al permitir la entrada de nuevos agentes a los diferentes
mercados.
120. Señaló que una vez la oferta básica de interconexión es aprobada por la
autoridad administrativa competente, esto es, la CRC, esta tiene efectos vinculantes
respecto de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y, con base
en ella, la CRC debe imponer las servidumbres y fijar las condiciones provisionales
de acceso, uso e interconexión.
121. Explicó que:
“[…] Atendiendo la citada normativa y con ocasión a los plazos previstos para el
registro inicial de las OBIs, durante los años 2009 y 2010, se llevó a cabo la respectiva
revisión de las ofertas, y para el caso de Telefónica Móviles Colombia S.A., fue
aprobada la OBI por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
mediante la Resolución 2609 de 2010, cuyo contenido se sujetaba a las reglas
regulatorias aplicables en materia de acceso, uso e interconexión vigentes en ese
momento.
Con relación a las garantías, la OBI aprobada por la CRC mediante Resolución 2609
de 2010, establecía:
(…)
Ahora bien, en atención a lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 22 de la
Ley 1341 de 2009 la CRC expidió, en el mes de agosto, la Resolución 3101 de 2011,
a través de la cual adoptó el nuevo régimen de acceso, uso e interconexión de redes
de telecomunicaciones, cuyo artículo 34 prevé que los PRST asignatarios directos de
29
Cfr. Fol. 530-534, Cuaderno principal.
23
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
numeración de acuerdo con el Plan Nacional de Numeración, que provean
interconexión a otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y, que
dispongan de instalaciones esenciales de acuerdo con lo establecido en el artículo
30.1 de la Resolución en comento, deberán contar con una Oferta Básica de
Interconexión.
En ese orden de ideas, y en razón a la expedición de una nueva normativa regulatoria
respecto del régimen de acceso y/o interconexión de las redes de
telecomunicaciones, el artículo 52 de la Resolución 3101 de 2011 impuso a los PRST
que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 34 citado deben contar con una
OBI, la obligación de registrar para revisión y aprobación de la CRC, la Oferta Básica
de Interconexión, debidamente actualizada a las disposiciones regulatorias
contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011.
En atención a lo anterior, Telefónica Móviles Colombia S.A. presentó la nueva OBI el
20 de marzo de 2012 para consideración de la CRC, la cual fue aprobada mediante
la Resolución 3711 de 08 de junio de 2012 (…)
(…)
Con relación a las garantías, la OBI aprobada por la CRC mediante la Resolución
3711 de 08 de junio de 2012, actualmente vigente, establece: […]”
122. Estimó que se debía revocar el numeral segundo de la sentencia de 4 de
septiembre de 2014, en razón a que la oferta básica de interconexión a la que se
refiere la providencia judicial no se encuentra vigente, puesto que mediante la
Resolución núm. 3711 de 8 de junio de 2012 fue aprobada una nueva.
123. Adicionó a lo expuesto que a pesar de la importancia de los cargos de acceso
dentro del régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones,
la parte demandante no había presentado una garantía que cubriera las
obligaciones de pago de los cargos de acceso contenidas en el contrato suscrito
con ella.
124. Aseguró que la conducta expuesta vulneraba su derecho a que se le
garantizaran las obligaciones de pago de los cargos de acceso que se derivaban
del contrato de acceso, uso e interconexión directa para el tráfico de voz entre sus
redes de telefonía móvil celular y la red de larga distancia internacional de la parte
demandante, por lo cual insistió en la revocatoria solicitada.
I.7. Trámite del recurso de apelación
125. La primera instancia, mediante auto de 26 de febrero de 201530 concedió en el
efecto suspensivo los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra
de la sentencia de 4 de septiembre de 2014,
126. En segunda instancia, mediante auto de 21 de septiembre de 201531, se admitió
el recurso de apelación interpuesto por la partes.
30
Cfr. Fol. 542-543, cuaderno principal.
31
Cfr. Fol. 4, cuaderno del Consejo de Estado.
24
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
127. Por auto de 22 de octubre de 201532, se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público para que, si
lo consideraba pertinente, rindiera concepto.
128. La sociedad SSC -parte demandante-33, la CRC -entidad demandada-34, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -entidad
demandada-35 y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., sociedad absorbente
por fusión de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. -sociedad vinculada-36,
presentaron alegatos de conclusión en los cuales reiteraron los argumentos
expuestos en el proceso. El agente del Ministerio Público no intervino en esta
oportunidad procesal.
129. En auto de 10 de mayo de 202137, se suspendió el proceso para efectos de
solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
130. ElTribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió la interpretación
prejudicial identificada con el número de proceso 230-IP-2021 de 15 de diciembre
de 202238, respecto de los artículos 30 y 32 de la Decisión 462 de 25 de mayo de
199939 de la Comunidad Andina y de los artículos 3, 13, 15, 17 -literal f- y 32 de la
Resolución 432 de 2 de octubre de 200040 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
131. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos de los recursos de apelación
presentados por las partes, abordará: i) su competencia; ii) los actos administrativos
demandados; iii) el problema jurídico; y, iv) el caso concreto.
II.1. La competencia
132. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15041 de la Ley 1437 y el artículo 13 del
32
Cfr. Fol. 10, cuaderno del Consejo de Estado.
33
Cfr. Fol. 15-24, cuaderno del Consejo de Estado.
34
Cfr. Fol. 25-33, cuaderno del Consejo de Estado.
35
Cfr. Fol. 34-35, cuaderno del Consejo de Estado.
36
Cfr. Fol. 36, cuaderno del Consejo de Estado.
37
Índice 28, SAMAI.
38
Índice 40, SAMAI.
39
“[…] Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en
la Comunidad Andina […]”.
40
“[…] Normas Comunes sobre Interconexión […]”.
41
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “[…] Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
25
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Acuerdo núm. 8042 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. Los actos administrativos demandados
133. Los actos administrativos demandados son i) la Resolución núm. 3857 de 3 de
agosto de 201243 y ii) la Resolución núm. 3979 de 23 de octubre de 201244,
expedidas por la CRC.
134. La Resolución núm. 3857 de 3 de agosto de 2012 resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Acceder a la solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES
COLOMBIA S.A., en el sentido de modificar las condiciones y alcance de la póliza de
garantía, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de conformidad con lo
señalado en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en la presente resolución,
los plazos y valores máximos para efectos de la póliza de garantía líquida que cubra
el pago de cargos de acceso por parte de SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA
S.A. E.S.P. para efectos de garantizar el cumplimiento de obligaciones derivadas de
la interconexión con TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., corresponde a un
plazo máximo de 156 días calendario, y un valor máximo de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL,
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS, CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($492.674.804,39) […]”(negrilla del texto)
135. Este acto administrativo, en sus partes más relevantes, señaló:
“[…] 3.2. Sobre el asunto en controversia
De acuerdo con los argumentos expuestos por las partes, es notorio que el asunto en
divergencia en el presente conflicto versa sobre la modificación de las condiciones y
alcance de la póliza de garantías pactadas en la interconexión vigente entre
TELEFÓNICA MÓVILES y SSC en el contrato C-0524-10 del 9 de agosto de 2010,
respecto de las garantías que cubran obligaciones de pago, más exactamente con la
obligación relacionada con el pago de cargos de acceso.
(…)
Para el análisis del caso que nos ocupa, vale la pena señalar que si bien existe un
tema de desacuerdo, éste no versa sobre el instrumento a ser utilizado para el
cubrimiento de las obligaciones emanadas de la interconexión que actualmente se
tiene, esto es la póliza. La desavenencia se origina sobre el alcance de la póliza que
debe cubrir los costos de interconexión referentes a los cargos de acceso y la
modificación a dichas pólizas.
(…)
3.2.1. Objeto de las garantías
42
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
43
Cfr. Fol. 275-278, cuaderno principal.
44
Cfr. Fol. 291-293, cuaderno principal.
26
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Como se evidencia de lo expuesto en el aparte de los antecedentes, si bien es cierto
que en el contrato de interconexión C-0524-10 se tiene establecida una póliza para
garantizar el cumplimiento de obligaciones derivadas de ésta, la misma no hace
referencia expresa al cubrimiento del pago de los cargos de acceso, como lo han
expresado tanto TELEFÓNICA MÓVILES como SSC a lo largo del presente trámite
administrativo:
(…)
De lo anterior se evidencia que la póliza ha sido definida de manera abierta respecto
del cumplimiento del contrato de acceso, uso e interconexión, disponiendo para el
efecto el valor asegurado y la vigencia de la misma, sin hacer expresa mención a la
obligación de pago de los cargos de acceso.
(…)
Así, en la medida en que los cargos de acceso representan precisamente el
mecanismo a través del cual se remunera el acceso, uso e interconexión, dicho
componente debe estar cobijado por la garantía que los proveedores constituyan para
el correcto desarrollo de su relación de interconexión.
En este orden de ideas y en la medida en que como quedó acreditado en la presente
actuación administrativa la póliza que actualmente se encuentra amparando las
obligaciones derivadas de la relación de interconexión pierde de vista las obligaciones
asociadas al pago de los cargos de acceso, corresponderá a SSC constituir la póliza
respectiva, en la cual se garanticen todas las obligaciones derivadas de la relación de
interconexión a las que hizo referencia anteriormente, incluido, por supuesto, lo
referente a los cargos de acceso.
(…)
3.2.2. Determinación del tiempo a garantizar
(…)
Así, a partir de los plazos definidos en la regulación y en el anexo financiero del
contrato de interconexión C-0524-10 suscrito entre TELEFÓNICA MÓVILES y SSC,
el término a garantizar previo a la desconexión provisional y que deberá tomarse
como referencia para amparar dichos costos, por SSC, es de 156 días calendario, el
cual corresponde a la sumatoria de: i) dos períodos consecutivos de conciliación (60
días calendario), ii) el tiempo límite para la recepción de información para facturar (15
días calendario) establecidos en el “ANEXO ECONÓMICO FINANCIERO” del
contrato C-0524-10, iii) el período de cincuenta (50) días calendario previsto como
plazo máximo para la transferencia de saldos, establecido en el “ANEXO
ECONÓMICO FINANCIERO” del contrato C-0524-10, así como iv) el procedimiento
para asegurar la celebración del CMI, de que trata el parágrafo del artículo 42 de la
citada Resolución estimado en treinta y un (31) días calendario. (…)
3.2.3. Determinación de los montos a ser garantizados
(…)
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, SSC deberá constituir una garantía máxima
de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL, OCHOCIENTOS CUATRO PESOS, CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($492.674.804,39), que corresponde a los 156 días justificados
anteriormente, en los que deberán cubrirse las facilidades e instalaciones asociadas
27
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
a la interconexión y/o el acceso, y su exigibilidad empezará a regir una vez se
encuentre en firme el presente acto administrativo. […]”(negrilla del texto)
136. La Resolución núm. 3979 de 23 de octubre de 2012 decidió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC
3857 de 2012.
ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones de SISTEMAS SATELITALES DE
COLOMBIA S.A. E.S.P. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolución y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución recurrida.
[…]”
137. Este acto administrativo, en sus partes más relevantes, indicó:
“[…] Así mismo, el numeral 9° del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, dispone que es
competencia de la CRC “resolver las controversias, en el marco de sus
competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones” y, precisa que “ningún acuerdo entre proveedores podrá
menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria, y de
solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
así como el principio de la libre competencia”.
Ahora bien, en el caso concreto, debe mencionarse que contrario a lo expuesto por la
recurrente el análisis de las garantías que pueden ser incorporadas en las diferentes
relaciones de interconexión, no es un asunto meramente contractual. La constitución
de garantías está íntimamente ligada con la efectiva materialización del derecho-
deber de interconexión y a la CRC corresponde intervenir para que dicho instrumento
de afianzamiento no se constituya en una barrera artificiosa o en un obstáculo.
En efecto, la constitución de las garantías debe atender a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad de manera tal que las mismas permitan asegurar el cumplimiento de
las prestaciones derivadas de la relación de interconexión, pero que a su vez no
comporten una carga excesiva para los proveedores solicitantes por los costos que
tenga que incurrir para el efecto. Es así como el cometido y razón de ser de las
garantías es respaldar y proteger el desarrollo integral de una relación de
interconexión, sin llegar a convertirse en instrumentos limitantes o que obstaculicen
que una relación de interconexión se realice satisfactoriamente.
De esta forma en el caso concreto se encuentra que el conflicto surgido entre
TELEFÓNICA MÓVILES y SSC amerita la pronta intervención de la CRC en aras de
definir si efectivamente la garantía debe o no contener la expresa mención del
cubrimiento del pago de los cargos de acceso, situación que tal y como se acredita
en el expediente del presente trámite administrativo ha impedido la efectiva
implementación de la interconexión, en la medida en que las partes aún no han
iniciado a cursar tráfico.
(…)
De esta forma no resulta acorde con la realidad afirmar que la CRC haya incurrido en
falsa motivación de la resolución recurrida, como lo afirma la recurrente. Lo anterior,
toda vez que la CRC en el caso objeto de análisis no se ha valido ni de razones
engañosas, simuladas y diferentes a la realidad. Como antes se explicó la CRC
ejerció la función legal de solución de controversias en relación con un asunto
íntimamente ligado a la obligación de interconexión.
28
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Por su parte en cuanto a que los contratos son ley para las partes y se debe ejecutar
de acuerdo con la normatividad vigente al momento de la celebración, no es de recibo
la afirmación que realiza SSC en señalar que la CRC no puede regular las condiciones
de interconexión entre TELEFÓNICA MÓVILES y SSC ni que pueda resolver una
controversia entre dichas empresas; SSC no puede pretender que el hecho de haber
celebrado un contrato de interconexión con TELEFÓNICA MÓVILES en el año 2010,
lo blinde de la intervención del Estado en la economía, o se pueda considerar excluido
de la regulación de la CRC.
Sobre el aspecto relacionado con que la OBI de TELEFÓNICA MÓVILES no contenía
lo solicitado por dicho proveedor dentro del presente trámite administrativo, es
importante tener presente que, tal y como lo ha expuesto la CRC en otras
oportunidades, la Oferta Básica de Interconexión en lo que tiene que ver con los
trámites de solución de controversias y de imposición de servidumbre definitiva,
constituye un parámetro, una referencia, tanto para adelantar el proceso de
negociación directa, como para la CRC cuando avoca el conocimiento de una solicitud
de dichas características.
Así, el que en la OBI de TELEFÓNICA MÓVILES no se haga referencia a la inclusión
en las garantías de la obligación de pago de los cargos de acceso o que dicho
concepto no haya sido incluido inicialmente en el contrato, no impide que entre los
proveedores parte de una relación de interconexión no se genere un conflicto por
dicho asunto; precisamente se generó una desavenencia entre las partes del presente
trámite administrativo, es que fue necesario activar la función regulatoria de la CRC
en sede de solución de conflictos, que ocupa la presente actuación administrativa.
En este punto debe recordarse que la intervención regulatoria de la CRC no tiene
como propósito subsanar un error de TELEFÓNICA MÓVILES como lo aduce la
recurrente. La CRC dentro del presente trámite administrativo, como ya se mencionó
varias veces en este acto dio solución a una divergencia que afecta la materialización
de la interconexión entre TELEFÓNICA MÓVILES y SCC [sic]. Ahora, si SSC no tiene
interés en que la interconexión entre las redes antes mencionadas se haga realidad,
dicho proveedor cuenta con elementos regulatorios para dar por terminada la relación
que formalmente lo vincula con TELEFÓNICA MÓVILES. […]” (negrilla del texto)
II.3. El problema jurídico
138. La Sala, de acuerdo con lo establecido en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201245, aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437, así
como los recursos de apelación presentados por la sociedad SSC, la CRC y
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., sociedad absorbente por fusión de
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., considera que los problemas jurídicos
que se deben resolver en el presente asunto son los consistentes en determinar:
138.1. Si resulta procedente, como lo solicita la sociedad SCC, la eliminación del
último párrafo de la página 16 de la sentencia de primera instancia en el cual se
afirma que es clara la competencia de la CRC para intervenir en el conflicto entre la
sociedad SCC y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., al estar asignada
expresamente por la legislación especial, en la medida en que se encuentra en
contradicción con la decisión adoptada consistente en anular los actos
administrativos por falta de competencia.
45
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
29
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
138.2. Si resulta procedente, como lo solicita la CRC, la revocatoria de la decisión de
primera instancia toda vez que i) desconoció que la carga de la prueba para
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados está
en cabeza de la parte demandante; ii) existió una indebida apreciación de la prueba
pericial practicada en el proceso y de pruebas documentales que se encuentran en
el expediente y iii) actuó en el proceso dentro del marco de la legalidad, decoro y
colaboración con la administración de justicia, por lo cual no ha debido ser condena
en costas procesales.
138.3. Si resulta procedente, como lo solicita COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A., sociedad absorbente por fusión de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.,
la revocatoria del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia puesto que la oferta básica de interconexión vigente para la época de los
hechos juzgados no se encuentra vigente, toda vez que la CRC, mediante la
Resolución núm. 3711 de 8 de junio de 2012, aprobó una nueva oferta básica de
interconexión.
II.4. El caso concreto
II.4.1. El recurso de apelación presentado por la parte demandante
139. La parte demandante indicó en su recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia que no pretende la revocatoria de la decisión adoptada sino la
eliminación del último párrafo de la página 16 de la sentencia de primera instancia
en el cual se afirma que es clara la competencia de la CRC para intervenir en el
conflicto entre la sociedad SCC y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., al estar
asignada expresamente por la legislación especial, en la medida en que se
encuentra en contradicción con la decisión adoptada consistente en anular los actos
administrativos por falta de competencia.
140. Señaló que:
“[…] que de manera respetuosa se pide que lo expresado en la parte motiva del fallo
se retire del soporte argumentativo de la sentencia porque el ÚNICO cargo que se
expresó a través del concepto de violación y de las disposiciones violadas, en el
acápite IV del texto demandatorio [sic], fue la falta de competencia de la CRC para
atender el conflicto propuesto por TELEFÓNICA MÓVILES y a partir de allí los demás
derechos fundamentales expresados como el debido proceso, y el desconocimiento
de la autonomía de la voluntad privada. […]”
141. Manifestó que no discutió la competencia que le asistía al Estado para intervenir
en la economía ni que a la CRC le asistiera competencia para resolver conflictos
entre proveedores de telecomunicaciones, pero que sí puso de presente que en el
caso concreto, la CRC había desconocido los límites que la Carta Política prevé
para su intervención, consistentes en i) impedir que se obstruya o restrinja la libre
30
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
competencia, ii) evitar el abuso de la posición dominante, iii) privilegiar el interés
social o colectivo y iv) limitar la constitución de monopolios.
142. Señaló que la CRC no fundamentó su intervención en los principios expuestos
y que los intereses que se involucraron en el debate administrativo y que
trascendieron al debate judicial eran de naturaleza particular, por lo que no
compartía la apreciación de la primera instancia consistente en indicar que era clara
la competencia de la CRC para intervenir en el conflicto.
143. El párrafo cuya eliminación pretende la parte demandante es el siguiente:
“[…] es clara la competencia de la Comisión de Regulación de Comunicación para
intervenir en el conflicto suscitado entre las partes sobre el contrato, en la medida en
que está asignada expresamente por la legislación especial aplicable a la materia y a
los operadores del servicio. […]”
144. La Sala pone de presente que similar argumento fue formulado por la parte
demandante por la vía de la aclaración de la sentencia de primera instancia, la cual
fue resuelta en auto de 8 de octubre de 2014, en la siguiente forma:
“[…] Luego del análisis de los argumentos contenidos en el memorial de aclaración,
la Sala advierte que no existe la aparente contradicción descrita por el apoderado de
la sociedad actora entre la parte motiva y la decisión de anular los actos acusados.
Como quedó expuesto en la sentencia, es claro que la Comisión de Regulación de
Comunicaciones tiene la competencia para decidir el conflicto entre las partes del
contrato, porque así lo estableció el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, pero en
ejercicio de dicha atribución no podía modificar la póliza constituida para garantizar
las obligaciones del contrato puesto que estaba ajustada a las condiciones fijadas por
las partes, según la oferta básica de interconexión […]”
145. Se precisa que la primera instancia llegó a la conclusión expuesta en el último
párrafo de la página 16 de la sentencia, luego de indicar que la CRC, para intervenir
en el conflicto entre la demandante y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.,
había invocado las facultades previstas en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y
de citar la respectiva norma.
146. Posteriormente consideró que la modificación de la póliza de seguros a la que
fue obligada la demandante no resultaba procedente por cuanto i) la garantía
constituida se ajustó a las condiciones fijadas por las partes en el contrato y en la
oferta básica de interconexión aprobada por la autoridad administrativa y ii) en la
medida en que era una exigencia no prevista para el mercado asegurador.
147. No se advierte la contradicción expuesta por la parte demandante puesto que,
como lo indicó la primera instancia, la CRC si tenía competencia para resolver la
controversia presentada entre la parte demandante y TELEFÓNICA MÓVILES
COLOMBIA S.A. conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1341, sin
embargo, la irregularidad se advirtió en el ejercicio de esa facultad al considerar que
no resultaba procedente la modificación de la póliza prevista en el contrato de
31
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
acceso, uso e interconexión ordenada por la autoridad administrativa, lo que
constituye una cuestión diferente.
II.4.2. El recurso de apelación presentado por la CRC
148. La Comisión de Regulación de Comunicaciones solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia y en su lugar que se negaran las pretensiones de la
demanda.
149. Formuló dos cargos contra la decisión de primera instancia y, adicionalmente,
cuestionó al condena en costas procesales que se impuso en la providencia judicial.
150. Adujo, como primer cargo, que la primera instancia dejó de aplicar el artículo 88
de la Ley 1437 y el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, normas referidas
a la carga de la prueba y la presunción de legalidad de los actos administrativos.
151. Consideró que la primera instancia pretendía que la CRC fuera la que aportara
prueba sobre la existencia de las pólizas de garantía líquidas, cuando la
demostración de su inexistencia era responsabilidad de la parte demandante.
152. Aseguró que de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil,
la sociedad SSC era la que debía acreditar plenamente que las pólizas de garantía
líquida no existían y no existieron en el mercado asegurador, para luego concluir
que se traba de una obligación de imposible cumplimiento.
153. Argumentó que se incurrió en violación directa de la ley toda vez que, insistió,
no correspondía a la CRC establecer que en el mercado asegurador existían las
pólizas de garantía líquidas, desconociéndose las reglas de la carga de la prueba y
de la presunción de legalidad de los actos administrativos contenida en el artículo
88 de la Ley 1437.
154. Sostuvo, como segundo cargo, que se desconoció, por aplicación indebida, los
artículos 187 y 241 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con los
artículos 88, 138 y 220 de la Ley 1437, como consecuencia de una apreciación
errónea de la prueba pericial practicada en el proceso y de los documentos
allegados al expediente.
155. La violación de la ley se produjo por dar por demostrado, cuando no lo estaba,
que las pólizas de garantía líquidas eran un producto que no existe o no existió en
el mercado asegurador.
156. Estimó que las pruebas que se habrían apreciado erróneamente eran i) el
dictamen pericial rendido en el proceso, ii) la comunicación de “[…] PREMIUM
COLOMBIA LTDA […]”y iii) el concepto emitido por la Superintendencia Financiera.
32
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
157. Expuso que la comunicación de “[…] PREMIUM COLOMBIA LTDA. […]” no
tenía la aptitud de acreditar de manera directa lo que allí se afirma, puesto que para
probar la respuesta de las siete (7) supuestas compañías consultadas debía
presentarse la respuesta emitida precisamente por estas, de tal forma que resultaba
insuficiente probatoriamente, a lo que sumó que no era conclusiva sobre la
existencia o no de la póliza de garantía líquida en el sector asegurador puesto que
la consulta no se hizo “[…] a todas las compañías del sector, sino solo a 7 cuando
son por lo menos 31 compañías46 […]”.
158. Hizo referencia a la consulta formulada a la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual precisó que en su sistema de depósitos de modelos de pólizas no
encontró alguna relacionada con las garantías líquidas, no obstante, señaló que lo
enunciado no implicaba que esa cobertura no fuera comercializada en el mercado
asegurador, de lo cual dedujo que la póliza de garantía líquida no es un producto
usualmente ofrecido por el sector asegurador pero que no podía concluirse que no
existiera en dicho sector una oferta comercial sobre el amparo de pagos reales
(cargos de acceso), lo cual ratificaría el hecho de que esa garantía podría existir
como producto ofrecido por ese sector en las condiciones definidas en la resolución
acusada.
159. Señaló que en el expediente se encontraba un dictamen pericial, del cual afirma
que no era ordenado, no contaba con evidencia y que se alejó del objeto de la
prueba al concluir que las decisiones de la CRC eran arbitrarias.
160. Citó el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil y estimó que la experta
que practicó la prueba se refirió a unas consultas realizadas sin que exista prueba
de estas ni constancia de cuál fue la pregunta formulada a las compañías
aseguradoras.
161. Añadió que la experta habría indicado en la audiencia respectiva que no todas
las compañías aseguradoras respondieron la pregunta formulada y consideró que
esta había actuado como simple mensajera y que no había aportado conocimiento
ni análisis, limitándose a realizar afirmaciones que no pueden tenerse como una
prueba pericial, de tal forma que la conclusión de que no existía en el sector
asegurador la póliza de garantía líquida no era comprensiva de todo el sector, pues
tan solo una aseguradora dio respuesta a la pregunta formulada por la experta.
162. Coligió de lo expuesto que i) el dictamen pericial no fue elaborado con la
suficiencia metodológica y con los soportes que de ordinario un profesional experto
en la materia habría acreditado y ii) el experto únicamente transcribió correos y en
la audiencia respectiva simplemente comunicó su contenido, con lo cual el dictamen
pericial no contaría con el soporte técnico que era exigible como lo son “[…] las
comunicaciones, constancias, certificaciones, documentos, entrevistas, estudios de
46
Véase, https://www.rus.com.co/actores.html, consultado 16/09/2014. 11.40 am.
33
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
mercado, comportamiento del sector sobre las pólizas que cubrirían pagos reales,
reaseguradoras, el riesgo y entre otros. […]”.
163. Aclaró que sí cuestionó el dictamen pericial practicado en el proceso y que
producto de su actuación el curso de la audiencia respectiva la experta habría
contestado que era posible que haya existido la póliza de garantía líquida, con lo
cual se presentaría una contradicción.
164. Puso de presente que SEGUROS CONFIANZA S.A., única aseguradora que
atendió el cuestionario de la experta, contestó a este indicando que no existía en la
actualidad, con esa entidad, la póliza de garantía líquida, aclarando que en algún
momento se pudo haber estado amparando ese tipo de riesgo con la constitución
de una garantía real -un encargo fiduciario- por parte del cliente al ciento por ciento
(100%) del valor asegurado en la póliza, no obstante, ya no estaban otorgando
cubrimiento a ese tipo de riesgos.
165. Dedujo de lo expuesto por dicha aseguradora que la garantía líquida,
anteriormente, sí había sido constituida por ella y que no era cierto que no haya sido
ofrecida por las demás compañías que menciona la experta pues no había
documentos o referencias que soportaran tal conclusión.
166. Adujo que en la audiencia en la que se rindió el dictamen pericial se le indagó a
la experta por la parte motiva de las resoluciones demandadas y la naturaleza legal
de la garantía exigida por la CRC, a lo cual aludió a las cartas de crédito, a los
certificados de depósito a término, a los cobros a primer recaudo y a otras figuras
financieras, de tal forma que las partes estaban en capacidad de haber empleado
otras formas alternativas de garantizar la obligación de los cargos de acceso
derivados del contrato de interconexión, lo cual resultaba válido a la luz de los actos
administrativos demandados.
167. Alegó que no existía prueba suficiente que acreditara la no existencia de las
pólizas de garantía líquida en el mercado asegurador y recordó que el contrato de
seguros, conforme al artículo 1036 del Código de Comercio, era consensual y
bilateral por lo que puede ser acordado con las respectivas compañías.
168. En relación con el cuestionamiento a la condena en costas, argumentó que no
bastaba con haber sido vencida en el juicio sino que se requería analizar el
comportamiento asumido en el proceso, asegurando que no actuó de manera
fraudulenta o perturbando la administración de justicia y que desarrolló su defensa
el marco de la legalidad y el decoro.
169. Para resolver los cuestionamientos formulados por la Comisión de Regulación
de Comunicaciones, se advierte que entre la sociedad SISTEMAS SATELITALES
DE COLOMBIA S.A. E.S.P. y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. se celebró
34
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
el contrato de acceso, uso e interconexión núm. C-0524-10 de 9 de agosto de
201047, cuyo objeto, conforme la cláusula primera, sería:
“[…] establecer las condiciones técnicas, financieras, comerciales, operativas y
jurídicas de la interconexión de la Red de Telefonía Móvil Celular (RTMC) operada
por TELEFÓNICA MÓVILES con la Red de Telefonía Pública Básica Conmutada de
Larga Distancia (RTPBCLD) de SSC. En desarrollo del mismo SSC y TELEFÓNICA
MÓVILES interconectarán para su mutuo beneficio sus redes de telecomunicaciones
y conmutarán tráfico exclusivamente originado en la red de una parte y con destino a
la red de la otra parte en las áreas de servicio de su competencia de conformidad con
los términos convenidos en el presente contrato y sus anexos. […]” (negrilla del texto)
170. En la cláusula trigésima primera, se acordó entre las partes lo siguiente:
“[…] CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. SEGURO.-
31.1. SSC deberá constituir en favor de TELEFÓNICA MOVILES COLOMBIA S.A.
una garantía que consistirá en póliza de seguro, expedida por aseguradora
legalmente establecida en el país y sometida a vigilancia permanente por parte de la
Superintendencia Financiera para amparar:
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por una valor asegurado de Seiscientos
Veinticinco Millones de Pesos Moneda Corriente ($625.000.000), con una vigencia
de veinticuatro (24) meses, la cual deberá ser renovada por SSC por periodos de
doce (12) meses, mientras se encuentre vigente el contrato entre las partes.
Nota: En la póliza de cumplimiento debe quedar expresamente mencionado:
1. El valor asegurado no se reducirá en razón de cumplimientos parciales.
31.2. SSC deberá modificar, ampliar o restablecer el seguro, cuando el valor del
mismo se vea afectado por razón de siniestros. De igual manera SSC deberá ampliar
o prorrogar el correspondiente seguro en el evento en que TELEFÓNICA MÓVILES
solicite el aumento de los valores asegurados o se prorrogue la vigencia del Contrato.
SSC deberá aportar el original del recibo o certificación de pago de las primas
correspondientes a cada una de las pólizas que deba constituir, expedido
directamente por la aseguradora. Tanto las pólizas debidamente firmadas por el
representante legal de SSC, como los recibos o constancias de pago, deberá ser
remitidas dentro del término que TELEFÓNICA MÓVILES señale. De igual forma
SSC se obliga a notificar, mediante comunicación escrita, a la aseguradora de
cualquier modificación en el Contrato, debiendo obtener por parte del asegurador la
expedición del documento de aclaración o modificación al contrato de seguros, el cual
deberá entregar a TELEFÓNICA MÓVILES dentro del término que TELEFÓNICA
MÓVILES señale.
31.3. La Cobertura de la póliza opera en primera instancia como primaria y en exceso
de esta operará cualquier otra póliza que tenga constituida TELEFÓNICA MÓVILES
COLOMBIA S.A. y por tanto no se tendrá en cuenta la condición de coexistencia de
seguros.
31.4. SSC será responsable de los valores insolutos en las indemnizaciones, por
eventos, bienes, franquicias, deducibles o montos de la pérdida no cubiertos por las
pólizas contratadas en favor de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. y en tal
sentido, ésta podrá descontar dichos montos de los valores que adeude a SSC
47
Fol. 41-99, cuaderno principal.
35
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
cuando el mismo no proceda a satisfacer su pago directamente o al primer
requerimiento que le sea dirigido para tal fin.
31.5. En los seguros de daños (reales y patrimoniales) requeridos a SSC, el deducible
en ningún caso será superior al diez por ciento (10%) del valor de la pérdida.
31.6. Si SSC no cumple con las obligaciones de tomar y mantener vigentes la póliza
en las condiciones señaladas, TELEFÓNICA MÓVILES podrá imponer multas a SSC
de conformidad con las previsiones contractuales o pagar las sumas necesarias para
tomar y mantener dicha póliza, deduciendo dichos pagos de las sumas que adeude a
SSC. […]” (negrilla del texto)
171. Dentro del expediente se encuentra la póliza de cumplimiento núm. 15-45-
10101736448 expedida el 8 de junio de 2010 y el anexo aclaratorio de esta expedida
el 9 de septiembre de 201049, en los cuales consta como tomador SSC y beneficiario
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., con la cual se pretendió garantizar las
obligaciones derivadas del contrato de acceso, uso e interconexión núm. C-0524-
10 de 9 de agosto de 2010.
172. Mediante oficio de 26 de marzo de 201250, TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA
S.A. solicitó a la CRC solucionar el conflicto existente entre esta y la sociedad SSC.
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. precisó que la controversia radicaba en
que:
“[…] No hay punto de acuerdo entre TELEFÓNICA y SISTEMAS SATELITALES, el
punto de divergencia tal y como se manifiesta en los hechos de este escrito de
solución de controversias y en las pruebas aportadas, es que a pesar de que
TELEFÓNICA tiene la potestad de exigir la modificación de las condiciones y alcance
de la póliza establecida en el contrato de interconexión, de manera que su cubra las
obligaciones de pago relacionadas con los cargos de acceso, SISTEMAS
SATELITALES se niega a constituirla, lo cual va en contravía de lo manifestado por
la CRC en la resolución 3994 del 5 de diciembre de 2011, así: […]” (negrilla del texto)
173. TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. pretendía que la CRC dirimiera el
conflicto de la siguiente forma:
“[…] Que la CRC, en su carácter de ente regulador, y en uso de sus facultades para
solucionar conflictos entre operadores, desate el presente conflicto, y en
consecuencia, modifique las condiciones y alcance de la póliza de garantías que
actualmente tiene el contrato de interconexión, de manera que se cubran las garantías
de pago, y dentro de su análisis, aplicando criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, así como las reglas regulatorias aplicables, determine que bajo
estos criterios TELEFÓNICA tiene el derecho a contar con una garantía líquida que
cubra por lo menos seis meses de cargos de acceso más impuestos. […]” (negrilla
del texto)
174. Luego de agotada la etapa de mediación sin llegar a ningún acuerdo 51, fueron
expedidos los actos administrativos acusados52, mediante los cuales se accedió a
48
Cfr. Fol. 101, cuaderno principal.
49
Cfr. Fol. 103, cuaderno principal.
50
Cfr. Fol. 221-229, cuaderno principal.
51
Cfr. Fol. 266, cuaderno principal.
52
Cfr. Fol. 275-278 y 291-293, cuaderno principal.
36
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
la solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. en el sentido de modificar
las condiciones y alcance de la póliza de garantía.
175. Las resoluciones demandadas señalaron que los plazos y valores máximos para
efectos de la póliza de garantía líquida que cubriría el pago de cargos de acceso
por parte de SSC para efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la interconexión con TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.
correspondía a un plazo máximo de 156 días calendario y un valor máximo de
$492.674.804,39.
176. De acuerdo con el artículo 88 de la Ley 1437, los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por esta jurisdicción y,
adicionalmente, conforme a los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y
167 de la Ley 1564, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, de tal forma que le
correspondía a la parte demandante desvirtuar la presunción de legalidad de las
resoluciones números 3857 de 3 de agosto y 3979 de 23 de octubre de 2012.
177. En la presente actuación judicial y conforme lo indicó el apelante, el magistrado
ponente en primera instancia decretó la práctica de la prueba pericial solicitada en
la demanda. La petición probatoria es la siguiente:
“[…] C.- Perito:
Solicito respetuosamente se designe perito de la lista de profesionales auxiliares de
la justicia, con formación en economía o en ciencias financieras quien deberá con
fundamento en su experiencia establecer en el mercado asegurador la existencia de
póliza de garantía líquida que es la exigida por la CRC a SISTEMAS SATELITALES
DE COLOMBIA S.A. ESP. Igualmente determine en caso de existir en el mercado
asegurador, cuáles las condiciones [sic] en que se puede dar cumplimiento a las
resoluciones que exigen la constitución de una póliza de garantía líquida y establezca
diferencias económicas entre la garantía otorgada inicialmente por SISTEMAS
SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP y la que debe constituir a partir de las
resoluciones que aquí son demandadas.
Lo anterior busca identificar la afectación económica que produce en SISTEMAS
SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP la variación generada por la CRC con los
actos aquí demandados constitutivos de perjuicios sujetos a indemnización. […]”
(negrilla del texto)
178. Se encuentra en el expediente que el dictamen pericial fue rendido por una
auxiliar de la justicia profesional en economía53 y su contradicción se surtió en la
audiencia de pruebas de 4 de junio de 201454 y cuya conclusión fue la siguiente:
“[…] Como usted puede observar señor MAGISTRADO, EN EL MERCADO
ASEGURADOR COLOMBIANO NO EXISTE LA PÓLIZA DE GARANTÍA LÍQUIDA
QUE CUBRA EL PAGO DE CARGOS DE ACCESO, entonces es imposible por parte
de SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DAR CUMPLIMIENTO A
53
Cfr. Fol. 405-410, cuaderno principal.
54
Cfr. Fol. 427-431, cuaderno principal.
37
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN 3857 DE 3 DE AGOSTO DE 2012 Y
POR ENDE A LA RESOLUCIÓN 3979 DE 23 DE OCTUBRE DE 2012, QUE
RATIFICA EN SU PARTE RESOLUTIVA EN SU ARTÍCULO SEGUNDO QUE DICE:
negar las pretensiones de SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. por
las razones expuesta [sic] en la parte motiva de la presente Resolución y EN
CONSECUENCIA, CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN
RECURRIDA.
Con lo expuesto anteriormente, es totalmente arbitraria la parte resolutiva de la
resolución 3857 de 3 de agosto de 2012 de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
COMUNICACIONES al imponer a la empresa SATELITALES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. QUE MODIFIQUE LAS CONDICIONES Y ALCANCE DE LA PÓLIZA DE
GARANTÍA, Y QUE PARA TAL EFECTO ADQUIERA UNA PÓLIZA DE GARANTIÍA
LÍQUIDA QUE CUBRA EL PAGO DE CARGOS DE ACCESO, LA CUAL NO EXISTE
EN EL MERCADO ASEGURADOR COLOMBIANO COMO SE HA DEMOSTRADO
A TRAVÉS DEL INFORME.
Por otra parte no puedo establecer diferencias económicas entre la garantía
otorgada inicialmente por SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP y la
que debe constituir a partir de las resoluciones que aquí son demandadas, puesto
que como lo he venido demostrando NO EXISTE EN EL MERCADO ASEGURADOR
COLOMBIANO PÓLIZA DE GARANTÍA LIQUIDA QUE CUBRA EL PAGO DE
CARGOS DE ACCESO. […]”
179. Sea allegó al expediente certificación expedida por la sociedad PREMIUM
COLOMBIA LTDA55, en la cual hace constar lo siguiente:
“[…] Mediante la presente, nos permitimos informar respecto a su solicitud de póliza,
descrita en el Artículo Segundo, manifestamos que después de haberlo consultado
con más de siete (7) Compañías Aseguradoras, no existe una póliza o producto
llamado garantía líquida de pago. […]”
180. Obraen el proceso, igualmente, comunicación de 13 de junio de 2014 56,
expedida por la Dirección Legal para Aseguradoras e Intermediarios de Seguros y
Reaseguros de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual indicó:
“[…] De manera atenta, damos respuesta a su comunicación (…) mediante la cual se
solicita “(…) informar de manera inmediata si existe en el mercado asegurador póliza
de garantía líquida tal y como se exige en los actos administrativos demandados con
el fin de poder establecer si la prestación que se desprende de los actos
administrativos tienen vocación de cumplimiento”.
Sobre el particular, y teniendo en consideración a que no fueron citados los actos
administrativos objeto del proceso y en este orden no es posible conocer acerca de
las pólizas exigidas por los mismo [sic], de manera atenta nos permitimos realizar los
siguientes comentarios dentro de la competencia de esta Dirección:
En primer término, es preciso informarle que el artículo 184 numeral 1 inciso 2° del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero dispone, frente al régimen de pólizas de las
entidades aseguradoras lo siguiente: “En concordancia con lo dispuesto por el artículo
2 de la Ley 389 de 1997, los modelos de las pólizas y sus anexos deberán enviarse
a la Superintendencia Bancaria (Ahora Superintendencia Financiera de Colombia)
55
Cfr. Fol. 106, cuaderno principal.
56
Cfr. Fol. 441-446 y 469-473, cuaderno principal.
38
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
para su correspondiente depósito, en las condiciones que determine dicho
organismo”. (…)
En el mismo sentido, la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 dispone en el título
sexto, capítulo segundo, numeral 1.2.3.1., que las aseguradoras deben depositar en
esta Entidad los modelos de las pólizas con sus anexos que ofrecen habitualmente al
público con antelación a la fecha prevista para iniciar su utilización, indicando
expresamente que se envían para efectos del cumplimiento del deber de depósito.
De esta forma, la Superintendencia lleva el depósito de los modelos de las pólizas y
anexos que se remiten en cumplimiento a dicho deber legal, los cuales, además de
estar a disposición del público en general en los términos del artículo 13 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, obran para los
efectos dispuestos en el artículo 1047 Código de Comercio, ordenando de manera
sistematizada las pólizas y anexos por entidad y ramo y en orden cronológico.
(…)
Teniendo en consideración lo enunciado, y en atención a su solicitud, nos permitimos
informarle que una vez verificado en el enunciado depósito no se evidencia la
existencia de una póliza de seguros con la denominación de “garantía líquida”.
Ahora bien, lo enunciado no implica que la cobertura en mención no sea
comercializada en el mercado asegurador, toda vez que como se informó, la
Superintendencia Financiera de Colombia no lleva un registro centralizado de todas
y cada una de las pólizas expedidas por el sector asegurador a los diferentes
tomadores o asegurados, sino de los modelos de pólizas que el sector asegurador
ofrece habitualmente al público. […]”
181. Encuanto a la eficacia probatoria del dictamen pericial, la Sección 57 ha
destacado lo siguiente:
“[…] En cuanto a la apreciación o valoración58 del dictamen pericial, es menester
señalar que esta Sección en la sentencia proferida el 18 de febrero de 201659, precisó
lo siguiente:
“[…] De acuerdo con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil “Al apreciar el
dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la
competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el
proceso.” En cuanto a la valoración del dictamen pericial esta Corporación60 ha
manifestado lo siguiente:
“En primer lugar advierte la Sala que, aún en el caso de que el dictamen pericial
no haya sido objetado por las partes, éste, como cualquier medio probatorio
debe ser analizado y valorado por el juez de la causa con miras a establecer su
57
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Bogotá, D.C., Sentencia de 13 de agosto de 2020. Radicación número: 25000-23-41-000-2013-02770-01. En el
mismo sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 3 de abril de 2025. Radicación número: 05001 23 31 000 2011 01608 01.
58
“[…] Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su
comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso […]”.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2016, Sección
Primera, número único de radicación 13001-23-31-002-2001-00362-01, Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso.
Reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de abril de 2016,
número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00630-01, Consejera ponente María Elizabeth García González.
60
Sentencia de 10 de septiembre de 2014, Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00558-01(29939) consejera ponente:
doctora Olga Melida Valle de De la Hoz.
39
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
idoneidad para probar el asunto sobre el cual versa, de modo que son
procedentes algunas precisiones.
El dictamen pericial constituye un elemento más de prueba que debe ser valorada por
el funcionario judicial inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en el artículo
241 del Código Procesal Civil, y luego en conjunto con los demás medios probatorios
en orden a las reglas de la sana crítica. El dictamen es un medio de convicción con el
cual un experto aporta al proceso elementos técnicos, científicos o artísticos, con
miras a contribuir a dilucidar la controversia.
La ley procesal determina que la pericia contenga una relación detallada de las
operaciones practicadas y de sus resultados, explicando cuáles fueron los
instrumentos, materiales y sustanciales empleados, exigencia lógica si se
atiende a que con base en esa relación el funcionario judicial lleva a cabo la
apreciación del dictamen, dado que las conclusiones tienen como soporte y
garantía de credibilidad las labores adelantadas por el perito para llegar a esa
opinión.
Además, deben contener las conclusiones formuladas por los expertos con arreglo a
los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, respondiendo ordenadamente
y en forma concreta y expresa todos los puntos sometidos a su consideración.
En síntesis, el dictamen debe contener dos partes, la descripción del proceso
cognoscitivo, y las conclusiones. El primero comporta la clase de dictamen, las
preguntas por responder, el objeto, persona, cosa o fenómeno sometido al proceso
de conocimiento, explicar de manera clara el procedimiento técnico, artístico o
científico realizado, informando la metodología y medios utilizados, y describir
los hallazgos o comprobaciones realizadas, dejando memoria o reproducción
de ellos. Las comprobaciones comparadas con el cuestionario extendido por el
funcionario judicial y sus respuestas arrojan las conclusiones del dictamen.
Presentado el dictamen, el funcionario judicial debe examinar la coherencia del
proceso cognoscitivo, la congruencia en las conclusiones y todo el conjunto, de
acuerdo con las preguntas contenidas en el cuestionario, por eso el dictamen debe
ser claro, preciso y explicar los exámenes, experimentos e investigaciones
realizadas y los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las
conclusiones […]”. (Negrillas y subrayas fuera de texto). […]” (negrilla y subrayado
del texto)
182. En el dictamen pericial rendido dentro del proceso y ratificado en la audiencia
de pruebas de 4 de junio de 2014, se observa que la experta adujo haber indagado
en varias aseguradoras como lo son “[…] Suramerican S.A., MAPFRE, ALLIANZ
COLOMBIA, SURAMERICANA DE SEGUROS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA, LIBERTY SEGUROS y otras más […]”, sin mencionar cuáles fueron
esas otras aseguradoras consultadas.
183. Afirmó haber dialogado con funcionarios de esas aseguradoras, los cuales le
habrían señalado que en el mercado asegurador colombiano no existía ninguna
póliza de seguros denominada como póliza de garantía líquida que cubriera el pago
de cargos de acceso. De esos contactos y diálogos no hay evidencia en el
expediente.
184. Señaló la perito que dirigió un correo electrónico a la aseguradora SEGUROS
DEL ESTADO S.A., con la cual la demandante suscribió inicialmente la póliza para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de acceso, uso
40
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
e interconexión núm. C-0524-10 de 9 de agosto de 2010, para indagar i) si existía
la póliza de garantía líquida; ii) qué póliza podría cubrir el pago de los cargos de
acceso en relación con los contratos de acceso, uso e interconexión entre empresas
de telecomunicaciones; y iii) por qué la póliza que amparó las obligaciones del citado
contrato no cubría las obligaciones asociadas al pago de los cargos de acceso.
185. Menciona,
igualmente, que remitió un correo electrónico a la Compañía
Aseguradora de Fianzas CONFIANZA S.A., en similar sentido al enviado a
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
186. La experta manifestó no haber recibido respuesta por parte de la aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A. y solo consta que la Compañía Aseguradora de
Fianzas CONFIANZA S.A.61 contestó la comunicación remitida por esta, en el
siguiente sentido:
“[…] De manera atenta, me permito informar que desafortunadamente no podemos
atender favorablemente su solicitud por políticas de suscripción, ya que este tipo de
riesgo está por fuera de nuestro contrato de reaseguros por considerarse una garantía
de pago.
Cabe anotar que en algún momento se pudo estar amparando este tipo de riesgo con
la constitución de una garantía real (encargo fiduciario) por parte del cliente al 100%
del valor asegurado en la póliza, pero en la actualidad y basados en nuestras políticas
de suscripción ya no estamos otorgando cubrimiento para este tipo de riesgo.
Con respecto a sus preguntas, me permito informar que la compañía aseguradora de
fianzas confianza s.a. no cuenta con este producto Póliza De Garantía Líquida. […]”
187. LaSala evidencia que la conclusión consistente en que en el mercado
colombiano no existe la póliza de garantía líquida que cubra el pago de cargos de
acceso no se colige ni se deduce de las investigaciones realizadas por la experta y
plasmadas en el dictamen pericial.
188. No existe claridad respecto de las mencionadas investigaciones realizadas por
la perito puesto que i) no hay evidencia de las consultas realizadas a funcionarios
de las aseguradoras “[…] Suramerican S.A., MAPFRE, ALLIANZ COLOMBIA,
SURAMERICANA DE SEGUROS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA,
LIBERTY SEGUROS […]”, ii) se enuncia que se consultaron otras aseguradoras sin
mencionarlas y sin constancia alguna de esa labor, iii) la Aseguradora SEGUROS
DEL ESTADO no allegó la respuesta solicitada y iv) solo la Aseguradora de Fianzas
CONFIANZA S.A., respondió la consulta realizada por la perito y en ella precisó que
si bien al momento de la consulta no contaba con una póliza de garantía líquida, tal
mecanismo pudo haberse previsto en el pasado.
189. Se agrega a lo expuesto que la perito manifestó que era totalmente arbitraria la
Resolución núm. 3857 de 3 de agosto de 2012 al imponer a la demandante la carga
de modificar las condiciones y el alcance de la póliza de garantía para que adquiriera
61
Cfr. Fol. 425, cuaderno principal.
41
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
una póliza de garantía líquida, lo cual escapa al objeto del dictamen pericial y es
precisamente a esta jurisdicción la que le compete establecer si debe o no declarar
la nulidad de los actos administrativos y si se presentó o no una arbitrariedad por
parte de la autoridad administrativa.
190. De esta manera, el dictamen pericial carece de eficacia probatoria para acreditar
los hechos que fueron enunciados por el demandante al solicitar la prueba y no era
posible afirmar, como lo hizo la primera instancia, que sus fundamentos ofrecían
una adecuada convicción sobre su conclusión respecto de la inexistencia en el
mercado asegurador de la póliza de garantía líquida cuya constitución fue ordenada
en los actos administrativos demandados.
191. Respeto de los documentos allegados al expediente y que fueron enunciados
supra no es posible colegir la inexistencia en el mercado asegurador de la garantía
cuya constitución fue exigida a la parte demandante en los actos administrativos
demandados.
192. La certificación expedida por la sociedad PREMIUM COLOMBIA LTDA 62, en la
cual afirmó haber realizado consultas a más de siete (7) compañías aseguradoras,
las cuales le habrían informado que no existía una póliza o producto llamado
garantía líquida de pago, carece de la enunciación de cuáles fueron las
aseguradoras consultadas y de los soportes que acrediten tales consultas.
193. Asimismo, la comunicación de la Superintendencia Financiera de Colombia de
13 de junio de 2014 informó que si bien era cierto que en el depósito de los modelos
de las pólizas y anexos que tiene a su cargo no evidenció la existencia de una póliza
de seguros con la denominación de garantía líquida, también lo era que eso no
implicaba que la cobertura no fuera comercializada en el mercado asegurador.
194. Se añade, igualmente, que la parte demandante no allegó al expediente prueba
alguna de haber solicitado la constitución de la garantía en los términos en que fue
ordenado en los actos administrativos demandados y que esto no haya sido posible.
La actividad probatoria se limitó a indagar si en el mercado asegurador se ofrecía
una póliza de garantía líquida.
195. Por lo expuesto, conforme lo señaló el apelante, la parte demandante no
acreditó la imposibilidad absoluta de constituir la garantía ordenada en los actos
administrativos demandados, ni la inexistencia absoluta en el mercado asegurador
de una póliza de garantía líquida, de tal forma que estos argumentos no podían
sustentar la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 3857 de 3 de
agosto y 3979 de 23 de octubre de 2012, expedidas por la CRC.
62
Cfr. Fol. 106, cuaderno principal.
42
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
196. No obstante, los cargos formulados por la CRC en su recurso de apelación no
resultan suficientes para revocar la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos demandados y el restablecimiento del derecho ordenado.
197. En efecto, la sentencia de primera instancia, luego de establecer que la CRC
era competente para intervenir en el conflicto entre la sociedad SSC y TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA S.A. con ocasión del contrato de acceso, uso e interconexión
núm. C-0524-10 de 9 de agosto de 2010, abordó dos cuestiones:
197.1. La relativa a que la póliza de garantía constituida a favor de TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA S.A. correspondía a la definida en el contrato y en la oferta
básica de interconexión por lo que la CRC no podía intervenir en ejercicio de sus
funciones al ser una prestación no esencial en el contrato.
197.2. La consistente en que la modificación de la póliza significó la exigencia de una
garantía no prevista en el mercado asegurador.
198. La CRC, parte apelante, expuso ampliamente los argumentos por los cuales
consideró que no le asistía razón a la primera instancia al señalar que no le era
exigible a la parte demandante la constitución de la garantía en la forma establecida
en los actos administrativos demandados por cuanto esa clase de garantías no
existían en el mercado asegurador.
199. Sin embargo, no controvirtió los argumentos de la primera instancia por los
cuales consideró que:
“[…] También basada en los artículos 29, 333, 334 y 335 de la Constitución, la
sociedad actora indicó, como segundo aspecto, que hubo intromisión de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones en el contrato, hasta modificar la oferta básica de
interconexión.
Explicó que la póliza de garantía fue constituida en favor de Telefónica Móviles en la
forma y cuantía definidas en la OBI, por lo cual la CRC no podía intervenir, en ejercicio
de sus funciones, al tratarse de una prestación catalogada como no esencial en el
contrato.
Agregó que el procedimiento puesto en marcha por el organismo para la solución de
la controversia, obligó a la inclusión de una modificación que es ajena a lo ofertado y
a lo contractualmente suscrito entre las partes, sin que haya intereses que sustenten
la intervención.
(…)
Revisada la actuación, la Sala advierte que no resultaba procedente la modificación
de la póliza que garantizaba las obligaciones del contrato, ni de sus alcances frente a
lo pactado por las partes.
En primer lugar, la sociedad actora cumplió con el requisito de respaldar el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, al constituir la
póliza de garantía en favor de Telefónica Móviles.
43
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
La Póliza inicialmente expedida fue específica al señalar que el amparo cubría el
riesgo por la prestación del servicio y el cumplimiento del contrato, mientras la póliza
aclaratoria precisó que la garantía estaba referida al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato (…)
A partir de las estipulaciones del contrato de interconexión, la garantía estaba
ajustada a las condiciones fijadas por las partes para la ejecución del acuerdo de
voluntades, como operadores del servicio.
Era claro, entonces, que las obligaciones surgidas del contrato estaban plenamente
garantizadas a través de una de las formas legalmente previstas para tales efectos y
exigida por el oferente, como era la póliza de cumplimiento.
Al cumplir los requisitos exigidos por el operador del servicio, con base en las
condiciones técnicas, jurídicas y económicas aprobadas en la oferta básica y en el
contrato, la modificación de la póliza es motivo suficiente para la anulación de los
actos acusados. […]”
200. Se precisa que no resulta procedente la aplicación de lo dispuesto en el artículo
328 de la Ley 1564 que dispone “[…] cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones […]”, toda vez que solo la CRC apeló toda la sentencia, mientras que
SSC solicitó la confirmación de la decisión adoptada en primera instancia pero con
la petición de que fuera eliminado un párrafo de la parte motiva de la sentencia de
primera instancia y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. pidió la revocatoria
del restablecimiento del derecho ordenado en ordinal segundo de la sentencia.
201. Finalmente y frente al cuestionamiento por la condena en costas que se le
impuso en la sentencia de primera instancia, se advierte que la sentencia de primera
instancia decidió “[…] Cuarto: Condénase en costas a la parte demandada. Por
secretaría liquídense […]”.
202. El artículo 18863 de la Ley 1437, vigente para el momento que se profirió la
sentencia de primera instancia, indicaba que “[…] Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
[…]”.
203. Esta Sección64, respecto del contenido y alcance de esta disposición, indicó que:
“[…] Esta Sala ha interpretado el contenido de la mencionada disposición, arguyendo
que “[…] si bien una lectura rápida de la disposición que antecede, podría llevar a la
errónea interpretación de que la condena en costas debe imponerse en forma
objetiva, es decir, de manera forzosa, automática e ineluctable en todos aquellos
procesos contencioso administrativos en los cuales se ventile un interés de carácter
individual o particular, lo cierto es que cuando la norma utiliza la expresión
“dispondrá”, lo que en realidad está señalando es que el operador jurídico está
llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una
63
Esta disposición fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080.
64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 4 de febrero de 2021. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-00180-01.
44
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
condena en costas en contra de la parte que ha visto frustradas sus pretensiones
procesales […]”65.
Al estudiar la constitucionalidad de dicha norma, la Corte Constitucional manifestó
que la condena en costas “[…] no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o
siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto […]”66. Respecto de este modelo objetivo de
condena a la parte vencida, derivado de las normas del CPACA y el CGP, la
jurisprudencia de esta Corporación ha concluido lo siguiente:
“[…]
a) “El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente
el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y
como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con
la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en
esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP67, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia […]”68
[…]”
204. No le asiste razón al apelante en sus argumentos si se tiene en cuenta que la
condena impuesta por costas procesales, con fundamento en el artículo 188 de la
Ley 1437, no obedeció a una actuación de la parte demandada que haya perturbado
la administración de justicia o que haya sido fraudulenta, sino al hecho de que fue
vencida en el proceso, conforme al criterio objetivo valorativo adoptado en la
mencionada disposición.
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de abril de 2015. Rad. núm.
25000-23-24-000-2012-00446-01, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala.
66
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013.
67
“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga
fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…)”
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, Rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14). C.P.: William Hernández Gómez.
45
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
205. Es objetivo, porque no resulta de un obrar temerario o de mala fe, sino el
resultado de haber sido vencido en el proceso o recurso propuesto, y es valorativo,
en tanto que se requiere que el juez revise si estas se causaron y en la medida de
su comprobación, lo cual excluye una valoración respecto de la mala fe o temeridad
de las partes, de tal forma que no se accederá a la revocatoria de la condena en
costas procesales solicitada.
II.4.3. El recurso de apelación presentado por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A., sociedad absorbente por fusión de
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.
206. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, sociedad absorbente de
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., presentó recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara el numeral segundo
de su parte resolutiva, mediante el cual se ordenó a la CRC reconocer que la oferta
básica de interconexión presentada por TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.
y sobre la cual se postuló la sociedad demandante era la que regulaba las relaciones
contractuales entre ambas sociedades, incluyendo la garantía constituida en su
oportunidad a su favor.
207. Afirmó que la oferta básica de interconexión a la que se refirió la providencia
judicial no se encontraba vigente, puesto que mediante la Resolución núm. 3711 de
8 de junio de 2012 fue aprobada una nueva.
208. Adicionó a lo expuesto que a pesar de la importancia de los cargos de acceso
dentro del régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones,
la parte demandante no había presentado una garantía que cubriera las
obligaciones de pago de los cargos de acceso contenidas en el contrato suscrito
con ella.
209. Aseguró que la conducta expuesta vulneraba su derecho a que se le
garantizaran las obligaciones de pago de los cargos de acceso que se derivaban
del contrato de acceso, uso e interconexión directa para el tráfico de voz entre sus
redes de telefonía móvil celular y la red de larga distancia internacional de la parte
demandante, por lo cual insistió en la revocatoria solicitada.
210. La sentencia de primera instancia, una vez que estimó procedente la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos, resolvió respecto del
restablecimiento del derecho en la siguiente forma:
“[…] A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones reconocer que la oferta básica de interconexión (OBI)
presentada por Telefónica Móviles y sobre la cual postuló a la sociedad actora es la
que regula las relaciones contractuales entre tales sociedades, incluyendo la garantía
constituida en su oportunidad a favor de Telefónica Móviles.
(…)
46
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Segundo: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ordénase a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones reconocer que la oferta básica de
interconexión (OBI) presentada por Telefónica Móviles y sobre la cual postuló la
sociedad Sistemas Satelitales de Colombia S.A. es la que regula las relaciones
contractuales entre ambas sociedades, incluyendo la garantía constituida en su
oportunidad a favor de Telefónica Móviles […]”.
211. Alrespecto se debe indicar que la parte demandante solicitó, a título de
restablecimiento del derecho, lo siguiente:
“[…] Que se restablezca el derecho de SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA
S.A. ESP ordenando a la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES que
reconozca que la OBI presentada por TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., y
sobre la cual se postuló SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP, es la
que debe regular sus relaciones contractuales en especial sobre la garantía
constituida en favor de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. […]”
212. El restablecimiento del derecho ordenado en la sentencia es el producto de lo
solicitado por la parte demandante y del efecto retroactivo de la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos demandados.
213. En efecto, esta Sección69 ha considerado:
“[…] por regla general, que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos,
tiene efectos tiene efectos ex tunc, esto quiere decir que afecta el nacimiento del acto
anulado, retrotrayendo la situación jurídica al momento en que se encontraba antes
de que hubiera sido expedida la actuación de la administración.
(…)
Lo anterior quiere significar, entonces, que en el presente caso debe operar la regla
general seguida por esta Sala en relación con los efectos de la nulidad de actos
administrativos y, en consecuencia, la nulidad de las disposiciones señaladas
anteriormente contenidas en los decretos 2865 de 19 de julio de 1996, 1394 de 20
de junio de 2000, 1983 de 10 de octubre de 2001 y 2102 de 6 de noviembre de 2001,
las afectaría en tal forma que debe entenderse que nunca nacieron a la vida jurídica,
pero dejando a salvo de ese efecto retroactivo las situaciones consolidadas. […]”
214. De tal forma que decretada la nulidad de los actos administrativos, se retrotrae
la situación jurídica al momento en que se encontraba antes de su expedición en la
cual regía la oferta básica de interconexión vigente para esa época 70, no siendo
exigible la constitución de la garantía en los términos que se indicaron en las
resoluciones acusadas.
215. Sin embargo, como lo señaló la providencia citada, quedan a salvo del efecto
retroactivo las situaciones consolidadas, de tal forma que con el paso del tiempo se
69
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 21 de junio de 2018. Radicación núm.: 05001-23-31-000-2006-93419-01.
70
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, sociedad absorbente de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.,
indicó, en su recurso de apelación, que para esa época regía la Resolución núm. 2609 de 2010, la cual estableció un apartado
referido a las garantías.
47
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
pudieron haber presentado y aprobado por parte de la autoridad administrativa con
sustento en el artículo 51 de la Ley 1341, nuevas ofertas básicas de interconexión,
como la que indica la apelante fue aprobada por la CRC mediante la Resolución
núm. 3711 de 8 de junio de 2012, la cual regularía el acuerdo de acceso, uso e
interconexión una vez aceptado por los proveedores, de tal forma que el cargo no
tiene vocación de prosperidad.
II.5. Conclusión
216. LaSala, acorde con los razonamientos expuestos, considera que no es
procedente la eliminación del último párrafo de la página 16 71 de la sentencia de
primera de instancia de 4 de septiembre de 2014, teniendo en cuenta que no resulta
evidente la contradicción expuesta por la parte demandante.
217. Igualmente, que no le asistió razón a la primera instancia al tener por probada
la imposibilidad absoluta de la parte demandante para constituir la garantía
ordenada en las resoluciones números 3857 de 3 de agosto y 3979 de 23 de octubre
de 2012, expedidas por la CRC, conforme el recurso de apelación formulado por la
CRC, al advertir que la garantía allí exigida no era ofrecida en el mercado
asegurador colombiano, en la medida en tal conclusión fue el producto de una
inadecuada valoración de las pruebas allegadas y practicadas en el proceso.
218. No obstante lo señalado anteriormente, ello no es suficiente para revocar la
sentencia de primera instancia por cuanto la CRC omitió atacar los argumentos
expuestos por la primera instancia en los cuales aseveró que la póliza de seguro
constituida por la parte demandante cubrió los riesgos por la prestación del servicio
y el cumplimiento del contrato y se encontraba acorde con la oferta básica de
interconexión y el contrato de acceso, uso e interconexión núm. C-0524-10 de 9 de
agosto de 2010.
219. Tampoco es procedente la revocatoria de la condena en costas procesales
impuesta en la sentencia de primera instancia, toda vez que su imposición no
responde a un criterio subjetivo, como lo consideraba la CRC, sino a un criterio
objetivo valorativo que excluye una valoración respecto de la mala fe o temeridad
de las partes.
220. No se accederá a la revocatoria del numeral segundo de la sentencia de primera
instancia teniendo en cuenta que el restablecimiento del derecho ordenado
corresponde al efecto propio de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos demandados de volver las cosas al estado en que se encontraban
al momento de expedirse.
221. De
esta manera, la relación entre la parte demandante y TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA S.A. estaba regida por las disposiciones y actos vigentes con
71
Cfr. Fol. 493, cuaderno principal.
48
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00618-01
Demandante: SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
anterioridad a la expedición de las resoluciones demandadas, sin perjuicio de que
dichas condiciones se hubieren modificado por la aprobación, por parte del
regulador, conforme al artículo 51 de la Ley 1341, de nuevas ofertas básicas de
interconexión.
II.6. Condena en costas
222. No se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas
ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 18872 de la Ley
1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de septiembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
72
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.