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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01608-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01608-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 26 de abril de 2016, proferida por la Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 26 de abril de 2016, y, en su lugar, NEGAR el restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. QUINTO: Reconocer al abogado Luis Felipe Guzmán Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1.052.396.715 y portador de la tarjeta profesional de abogado núm. 258.617, como apoderado judicial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del poder que le fue conferido. normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia […]”. 111 Índice 30, SAMAI. 96 Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01 Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2011-01608-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava, Juan Gonzalo Echavarría
Greiffestein y Gabriel Londoño White
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA
Tema: Licencia ambiental / falsa motivación como causal de nulidad de los
actos administrativos / Lucro cesante – certeza del daño

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en
contra de la sentencia de 26 de abril de 2016, proferida por la Sala Sistema Escrito
del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda1

1. Los señores José Roberto Arango Pava, Juan Gonzalo Echavarría Greiffestein y
Gabriel Londoño White, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo [en adelante CCA], acudieron ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para elevar las siguientes pretensiones2:

“[…] I Pretensiones

1. Que se declare nula para todos los efectos legales la Resolución 130CA-
11046663 del 11 de abril de 2011, mediante la cual la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, revocó el otorgamiento de
la licencia ambiental otorgada a mis poderdantes, solicitada con el propósito de
desarrollar el proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y
Acueducto del Río Frío”, con aguas a derivar del Río Frío, ubicado en el
Municipio de Támesis, Departamento de Antioquia.

2. Como consecuencia de la nulidad de la resolución 130CA-11046663 del 11
de abril de 2011, solicito que se restablezca el derecho mediante el pago de la
indemnización de los perjuicios ocasionados a mis poderdantes y que sean
demostrados en el presente proceso.

1
Fol. 1-28 y 154-191 [sustitución de la demanda], C. Ppal. 1. / Fol. 264-267 [corrección de la demanda], C. Ppal. 1.
2
Corresponden a las señaladas en la sustitución de la demanda.

2

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

3. Que se declare nula para todos los efectos legales la Resolución 11106926
del 7 de octubre de 2011 de 2011 (sic), mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, negó la solicitud
de revocatoria de la Resolución 130CA-11046663 del 11 de abril de 2011.

4. Que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en
derecho. […]” (negrilla del texto)

I.1.1. Los hechos

2. Relataron, como hechos relacionados con la “[…] Resolución 130CA-11046663
del 11 de abril de 2011 […]”, que un grupo de inversionistas, conformado por los
demandantes, presentó, ante la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, CORANTIOQUIA, Dirección Territorial Cartama, solicitud para la
obtención de la licencia ambiental requerida para la ejecución del “[…] proyecto
Multipropósito “Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río
Frío”. […]”.

3. Afirmaron que la autoridad ambiental exigió, mediante la “[…] Resolución 130CA-
7449 de 27 de junio de 2008 […]” y conforme el “[…] artículo 27 del Decreto 1120
de 2005 […]”, la presentación de un “[…] diagnóstico ambiental de alternativas […]”
para continuar con el trámite del licenciamiento ambiental del proyecto, el cual fue
allegado por los demandantes, razón por la que se expidió “[…] el acto
administrativo 130CA-9128 del 26 de enero de 2010 […]”, a través del cual se les
hizo entrega de los términos de referencia para la presentación del “[…] Estudio de
Impacto Ambiental de acuerdo con la alternativa: “opción 3, para la etapa de Río
Frío, parte alta, la opción 2, para etapa de Río Frío parte baja 2” […]”.

4. Aseguraron que tal estudio de impacto ambiental fue radicado ante la autoridad
ambiental el 15 de abril de 2010 -radicado interno núm. 130CA 104-566- y, en
consecuencia, mediante “[…] acto administrativo 130CA-9931 del 29 de abril de
2010 […]”, se admitió y declaró el inicio del trámite para la obtención de la licencia
ambiental para el “[…] el Proyecto Hidroeléctrico Río Frío. […]”.

5. Aseveraron que la autoridad ambiental solicitó a los demandantes complementar
la información allegada en el estudio de impacto ambiental, la cual fue presentada
– “[…] (Estudio de Impacto Ambiental Versión 2.0) […]”-, lo que condujo a que
aquella, “[…] Por medio de la Resolución 130CA-9820 del 28 de septiembre de 2010
[…]”, declarara reunida la información para tomar una decisión, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 23, numeral 4., del Decreto 1220 de 21 de abril de 20053.

6. Apuntaron que, dentro de la información solicitada en los términos de referencia
del estudio de impacto ambiental, se presentó “[…] la información hidrométrica
disponible en la cuenca del río, la cual está contenida en el Numeral 3.2.7.2.1 del

3
“[…] por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. […]”. Derogado por el Decreto
2820 de 5 de agosto de 2010, “[…] por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
[…]”.

3

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Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

documento de complementación al EIA (Estudio de Impacto Ambiental 2.0) […]”,
para efectos de determinar la viabilidad de una concesión de aguas sobre el Río
Frío.

7. Anotaron que la información relativa a la capacidad del caudal de la cuenca del
Río Frío fue obtenida por los demandantes a partir de los resultados del estudio
realizado por la “[…] compañía de consultoría Hidramsa S.A. […]”, según el cual:

“[…] 11. Para determinar los caudales medios en cada uno de los sitios
propuestos para bocatoma dentro del Proyecto Río Frío, en el estudio realizado
por Hidramsa S.A. se utilizaron los siguientes métodos de medición: (i) balance
hídrico de largo plazo, que es el método utilizado en el HidroSIG de la
Universidad Nacional y en el Duberdicus de Corantioquia, (ii) Dos modelos de
regionalización de caudales medios en el Departamento de Antioquia y (iii)
transferencia de caudales desde cuencas vecinas.

12. Para poder aplicar cada uno de los métodos señalados, fue indispensable
calcular la precipitación media multianual en la cuenca del Río Frío, para lo cual,
de acuerdo con el numeral 3.2.7.2.1. del documento de complemento al EIA, se
tomó en cuenta la información sobre precipitación en los registros de 35
estaciones cercanas operadas por el IDEAM, la Federación Nacional de
Cafeteros y EPM, localizadas en el Suroeste de Antioquia y en el Norte de los
Departamentos de Caldas y Risaralda. Además, fue necesario calcular la
evapotranspiración media anual, la cual fue obtenida mediante la técnica de
cuadrícula y de la temperatura media anual en la cuenta, estimada mediante la
ecuación para la Zona Andina de Colombia en función de la altitud (…) que
corresponde al método que es utilizado por Corantioquia para estimar la
distribución de la evapotranspiración real del Departamento de Antioquia en el
aplicativo “Duberdicus”.

(…)

14. Ahora bien, con el fin de presentar la información más exacta de la pueden
arrojar los métodos de medición que utilizan los registros de la caudales de otras
cuentas cercanas, en el EIA aportado por mis poderdantes se presentó,
complementariamente, el registro de precipitaciones presentadas en el período
entre 1994-1998 en las estaciones pluviométricas “La Selva”, “El Tacón” y “Río
Frío”, las tres localizadas en la propia cuenca del Río Frío, efectuado por la
Empresa Minesa S.A., al igual que el registro realizado en la Estación
Limnimétrica Río Frío, producto de la medición diaria de caudales a partir de la
toma de dos (2) lecturas, una a las 6:00 am y la otra a las 6:00 pm, y a partir de
estos valores se calculó el caudal medio diario como valor de referencia.

Este método de medición complementario, se fundamentó en registros de
caudales que fueron tomados directamente de la propia cuenca del Río Frío,
para un período, si se quiere, bastante conservador en el que el registro de los
caudales medios debió ser comparativamente bajo como consecuencia de dos
(2) eventos del fenómeno del Niño, el primero catalogado “moderado” ocurrido
entre 1994 y 1995, y el segundo catalogado “severo” entre 1997 y 1998, éste
último considerado como uno de los más críticos jamás registrados4.

4
Durante el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, para el que se tienen registros ONI (Índice Oceánico del
Fenómeno del Niño), los eventos Niño más críticos registrados fueron los ocurridos entre 1994 y 1998. Si bien también se
presentaron fenómenos de la Niña en septiembre de 1995 y marzo de 1996, ambos se consideran de tipo “débil”, pues el
índice ONI tan solo alcanzó un valor de -0,7°C, por lo que no representó un efecto significativo en el incremento de caudales.

4

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Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

15. Al compararse la información obtenida a partir de la implementación de los
métodos de medición que toman los registros de caudales de cuencas
cercanas, con la información obtenida a partir del monitoreo realizado
directamente sobre el Río Frío entre 1994 y 1998, se obtuvieron valores
equiparables, razón por lo cual, en el EIA, se tomó como caudal medio
multianual, para sitios de captación del Río Frío, el valor promedio de los
resultados obtenidos por las diferentes metodologías aplicadas. […]”

8. Precisaron que tal estudio, “[…] Para la estación del proyecto “Río Frío Alto”, a la
altura de 1.994 m.s.n.m. (…) arrojó como resultado un caudal promedio de 3.845
metros cúbicos, el cual ofrece la posibilidad de utilizar, para la estación referida, un
caudal remanente de 1.960 metros cúbicos por segundo3 (sic) […]”.

9. Sostuvieron que el comité técnico evaluador de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, en el “[…] documento 130CA
– 13931 del 4 de noviembre de 2010 […]”, consideró técnicamente viable otorgar la
licencia ambiental para el “[…] Proyecto de “Generación hidroeléctrica del Río Frío”
[…]”, recomendando adoptar tal decisión a la oficina jurídica de la autoridad
administrativa –Dirección Territorial Cartama–.

10. Manifestaronque la autoridad administrativa, con sustento en las
recomendaciones del comité técnico, expidió:

“[…] la Resolución número 130CA-6456 del 24 de noviembre de 2010, mediante
la cual otorgó a mis poderdantes la licencia ambiental para el desarrollo del
proyecto, y para el Sistema Río Frío Alto concedió el siguiente caudal de agua:

“Sistema Río Frío Alto, que aprovechará el Río Frío, con un caudal
concesionado de 1.960 m3/s, en la cota 1994 m.s.n.m., dejando un caudal
ecológico de 0.517 m3/s, para una generación de 6.30 MW.” […]”

11. Comentaron que la compañía C.I. Agrícolas Unidas, la cual se había presentado
al procedimiento administrativo como tercero interviniente, interpuso recurso de
reposición en contra de la “[…] Resolución 6456 de 24 de noviembre de 2010
(sic)[…]”, en el cual sostuvo que la licencia ambiental debía ser revocada por estimar
que “[…] había concedido un caudal de fuente hídrica superior al disponible desde
la perspectiva ambiental. […]”.

12. Precisaron que el director de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, CORANTIOQUIA, conformó un nuevo equipo técnico para evaluar el
recurso de reposición aludido, del cual no hicieron parte aquellos funcionarios que
inicialmente recomendaron el otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto,
decretándose, mediante la Resolución núm. 130CA-11020118 de 2 de febrero de
2011, “[…] un nuevo período probatorio entre el 14 de febrero y el 11 de marzo de
2011, con el objeto de que el nuevo Comité Técnico ad hoc realizara una visita
ocular con el fin de conocer el área influencia (sic) y la ubicación de las obras
contempladas dentro del proyecto […]”.

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13. Expusieron, con sustento en la “[…] Resolución No. 130CA-11046663 del 11 de
abril de 2011 […]”, acto administrativo demandado, que el comité evaluador habría
elaborado el informe técnico “[…] 130CA 1103-14424 del 11 de marzo de 2011 […]”,
según el cual, el caudal promedio para el “[…] Río Frío Alto [a la altura de 1994
m.s.n.m.] […]” era de 2.706 metros cúbicos por segundo, “[…] con lo cual el caudal
remanente disponible sería de 0,82 metros cúbicos por segundo, esto es, un caudal
inferior al calculado y solicitado en el trámite de la licencia ambiental. […]”, sin
explicar las razones para desestimar los métodos de medición presentados en el
estudio de impacto ambiental.

14. Argumentaron que el comité técnico para evaluar el recurso de reposición tuvo
por acertado, únicamente, su propio estudio, desconociendo los resultados de la
investigación allegada al estudio de impacto ambiental, añadiendo, de otro lado, que
durante la etapa probatoria en el trámite del citado recurso, no se les corrió traslado
del “[…] Informe Técnico 130CA 1103-14424 del 11 de marzo de 2011 […]”,
desconociendo su derecho de contradicción, al impedirles cuestionarlo
técnicamente, optando por pronunciarse respecto de los argumentos formulados en
el recurso; sin embargo, tal intervención no fue tenida en cuenta por estimarla
extemporánea, “[…] con lo cual se eliminó cualquier posibilidad de que mis
poderdantes ejercieran su derecho a la defensa, durante y después del período
probatorio decretado […]”.

15. Indicaron que la autoridad administrativa, con sustento en los argumentos del
recurrente y las conclusiones del comité técnico conformado para resolver el recurso
de reposición, “[…] sin haber dado la oportunidad a mi poderdantes de discutir uno
y otro […]”, expidió la “[…] Resolución 130CA-11046663 del 11 de abril de 2011,
mediante la cual decidió revocar la Resolución 130CA-6456 del 24 de noviembre de
2010 que había otorgado la Licencia para el Proyecto […]”.

16. Estimaron que la decisión administrativa señalada se fundamentó en que no
existía suficiente recurso hídrico para el caudal solicitado para el “[…] “Sistema Río
Frío Alto” (a la altura de la Cota 1.994 m.s.n.m.) […]”, insistiendo en que esta se
adoptó con desconocimiento del derecho de:

“[…] los solicitantes de la licencia ambiental a que la misma hubiese sido
otorgada con la condición de utilizar el afluente del caudal remanente estimado
por el Comité ad hoc, lo que impidió, sin fundamento alguno, que mis
poderdantes pudiesen desarrollar el proyecto de Generación Eléctrica con un
caudal inferior al solicitado inicialmente en el EIA. Máxime si se tiene en cuenta
que este proyecto está integrado a otros sistemas para los cuales sí se concedió
el caudal remanente presentado en el EIA (Sistema Río Frío Bajo 1, en la cota
1190 m.s.n.m. y Sistema Río Frío Bajo 2 en la cota 880 m.s.n.m.), que en
cascada permiten el desarrollo hidroeléctrico del Río Frío.

De haberse otorgado como caudal de diseño del sistema de generación para el
“Sistema Río Frío Alto” (a la altura de la Cota 1.994 m.s.n.m.), el caudal
remanente calculado por Corantioquia en 0,82 metros cúbicos por segundo,
habría permitido que el proyecto hidroeléctrico contara con una potencia o

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capacidad instalada de aproximadamente 3 Megavatios para una generación
de energía media anual para el mercado de 16,23 GWh. […]”

17. Destacaron que la resolución declaró agotada la vía gubernativa y, en
consecuencia, se les impidió ejercer el derecho defensa, añadiendo que la
revocatoria unilateral de la licencia ambiental otorgada y el procedimiento que se
surtió para adoptar tal decisión, “[…] se equivocó en materia técnica y jurídica, violó
en forma ostensible el derecho de mis poderdantes a un debido proceso,
desconoció flagrantemente sus derechos y les causó un ingente perjuicio […]”.

18. Expusieron, como hechos relacionados con la expedición de “[…] la Resolución
CA-1110-6926 del 7 de octubre de 2011 […]”, que presentaron, en contra de la
“[…] Resolución 130 CA-11046663 del 11 de abril de 2011 […]”, solicitud de
revocatoria directa, exponiendo los argumentos por los cuales estimaban que la
licencia ambiental concedida en la “[…] resolución 130CA-6456 del 24 de noviembre
de 2010, había sido otorgada en cumplimiento de los parámetros y requerimientos
de índole legal y ambiental […]”.

19. Recalcaron que la autoridad administrativa, en la “[…] Resolución CA-1110-6926
del 7 de octubre de 2011 […]”, negó la solicitud de revocatoria directa de la “[…]
Resolución 130 CA-11046663 del 11 de abril de 2001 […]” al estimar que la decisión
era acertada técnicamente por haberse demostrado que no existe disponibilidad del
recurso hídrico solicitado para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico con aguas
del Río Frío.

20. Subrayaron que la decisión se sustentó en dos (2) aspectos que no habían sido
tenidos en cuenta en la “[…] Resolución 130 CA-11046663 del 11 de abril de 2011
[…]”, esto es, i) “[…] la validez de la medición del caudal realizada por esa entidad,
a partir de un cálculo correcto del área de la cuenca estimado por el aplicativo
Duberdicus […]” y ii) “[…] la deficiencia en la medición del caudal del Río Frío
realizada por Hidramsa S.A., por fundamentar su análisis en información imprecisa
obtenida a partir de los registros de la cuenca del Río Frío entre 1994 y 1998 […]”.

21. Remarcaron, frente al primer aspecto, que el análisis realizado por el comité
técnico para decidir el recurso de reposición, en relación con el área de la cuenca,
era inexacto, lo cual trajo como consecuencia que “[…] sea incorrecta la medición
del caudal declarada en la Resolución 130 CA-11046663 del 11 de abril de 2011
[…]”, advirtiendo que ese tipo de error se había presentado en el cálculo de varias
cuencas:

“[…] analizadas mediante el modelo digital de elevaciones (MDE) del aplicativo
Duberdicus, cuyas mediciones presentan diferencias considerables, por encima
y por debajo, de los resultados de la cartografía del Instituto Colombiano Agustín
Codazzi – IGAC, error que fue oportunamente corroborado y corregido por el
Comité Técnico que conceptuó favorablemente el otorgamiento de la licencia
ambiental para el proyecto hidroeléctrico Río Frío, al analizar la base de datos
espacial Corporativa -GISCA- […]”

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22. Señalaron, respecto del segundo aspecto, relativo a la inexactitud de la
información de los registros tomados en la propia cuenca del Río Frío, que:

“[…] es importante anotar que la medición de los caudales medios del Río Frío
presentada en el EIA, no sólo se fundamentó en el resultado de los registros
tomados en la propia cuenca, como equivocadamente lo afirma la entidad, sino
que también tuvo en cuenta los métodos de medición referidos en el Hecho No.
11 de la presente demanda, con lo cual el cálculo del caudal se obtuvo a partir
de un ejercicio comparativo de los resultados arrojados por los distintos
métodos aplicados, los cuales, por ser equivalentes, fueron promediados para
darle mayor exactitud al valor de los caudales medios estimados.

De otra parte, no es de recibo la afirmación contenida en el acto al calificar como
“imprecisa” la información obtenida a partir del análisis de los registros diarios
realizados en la Estación Limnimétrica Río Frío, pues este método arroja
información que es comparativamente más completa de la que pueden ofrecer
otros métodos de medición hidrográfica, si se tiene en cuenta que la misma se
obtiene de la propia cuenca objeto de análisis. […]”

23. Adujeron que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA, afirmó, en la “[…] Resolución CA-1110-6926 del 7 de octubre de
2011 […]”, que los solicitantes de la licencia ambiental no pudieron participar en la
evaluación técnica de los argumentos presentados por “[…] C.I. Agrícolas […]” en
el recurso de reposición, lo cual implicaba que la autoridad administrativa reconoció
no haberles permitido conocer el alcance “[…] del Informe Técnico 130CA 1103-
14424 del 11 de marzo de 2011 realizado por el Comité técnico ad hoc […]”,
coartando su posibilidad de ejercer el derecho de contradicción, para cuestionar,
técnicamente, las afirmaciones presentadas en la evaluación realizada por el
mencionado comité, “[…] que condujeron a que se negara la licencia ambiental para
el proyecto hidroeléctrico Río Frío […]”.

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas

24. Los demandantes estimaron que la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia, CORANTIOQUIA, desconoció, con la expedición de las resoluciones
demandadas, las normas en que han debido fundarse, además de estar falsamente
motivadas y haber sido expedidas irregularmente.

I.1.2.1. En relación con la Resolución 130CA-11046663 de 11 de abril de 2011

I.1.2.1.1. “[…] Falsa Motivación […]”

25. Afirmaron que la autoridad administrativa, en la resolución acusada, revocó la
licencia ambiental que les fue concedida, argumentando que “[…] de acuerdo con
la conclusión técnica del Comité Técnico Interdisciplinario ad hoc, en lo que respecta
a la determinación del caudal del Río Frío a la altura de 1.994 m.s.n.m., “no es
posible conceder el caudal solicitado por el usuario, dado que el caudal medio total
remanente corresponde al 42% del caudal solicitado…” […]”, acto administrativo

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Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

que se encuentra falsamente motivado, al sustentarse en razones contrarias a la
realidad.

26. Aseguraron, desde tal perspectiva, que presentaron los estudios más idóneos
para determinar el caudal remanente y disponible para ser utilizado dentro del
proyecto de generación eléctrica; además, que los cálculos presentados en el
estudio de impacto ambiental fueron obtenidos a partir de un estudio realizado por
la empresa “[…] Hidramsa S.A. […]”:

“[…] para el cual se utilizó el método convencional de “balance hídrico” y dos
(2) métodos de regionalización de balances medios, incluyendo además la
información de las precipitaciones registradas en el período 1994-1998 por la
empresa Minesa S.A.

De acuerdo con los criterios técnicos explicados in extenso en el EIA,
Hidramasa S.A. (sic) llegó a la conclusión de que el valor promedio de los
caudales medios diarios para el proyecto “Río Frío Alto” es de 3.845 metros
cúbicos por segundo, con lo cual se obtendría un caudal remanente de 1,960
metros cúbicos por segundo.

Estos resultados fueron puestos a disposición del Comité Técnico de la
Dirección Territorial Cartama, quien los analizó y los evaluó como satisfactorios
al compararlos con el estudio que la misma entidad efectuó a través del
aplicativo Duberdicus, razón por la cual la Dirección de la territorial Cartama de
Corantioquia otorgó la licencia ambiental del proyecto mediante Resolución
130CA-6456 del 24 de noviembre de 2010.

Al resolver el recurso de reposición interpuesto por C.I. Agrícolas contra la
Resolución 130CA-6456 del 24 de noviembre de 2010, se aprecia que
Corantioquia no refutó los estudios realizados por Hidramsa S.A. y por el primer
Comité Técnico mediante el aplicativo Duberdicus que habían sido el
fundamento para el otorgamiento de la licencia ambiental en favor de mis
poderdantes.

Además, en los apartes transcritos del Informe Técnico 130CA 1103-14424 del
11 de marzo de 2011, que fueren el sustento de la Resolución 130CA-1146663
del 11 de abril de 2011, no se explica cómo se implementó el estudio realizado
por el Comité ad hoc para determinar el nivel del caudal, ni cómo se llegó a una
cifra inferior a las que fue estimada en los estudios presentados en el EIA.

En consecuencia, incurre en falsa motivación la Resolución No. 130CA-
11046663 del 11 de abril de 2011, mediante la cual la Dirección Territorial
Cartama de Corantioquia decidió revocar la licencia para el proyecto
hidroeléctrico Río Frío, al basarse en un informe técnico que se apartó de la
realidad y que no analizó ni rebatió técnicamente los argumentos que se
tuvieron en cuenta para expedir el acto administrativo recurrido, lo cual era
precisamente lo que debía hacerse dentro del período probatorio decretado en
el trámite del recurso de reposición interpuesto por CI. Agrícolas. […]”

I.1.2.1.2. “[…] infracción de las normas en que debía fundarse el acto administrativo
[…]”

27. Aseveraron que la autoridad administrativa “[…] infringió la normatividad
ambiental […]”, al revocar la licencia ambiental para el proyecto de generación

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Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

eléctrica, con fundamento en la reducción del caudal remanente del Río Frío. Al
respecto, señaló que:

“[…] De acuerdo con la estimación del caudal remanente efectuada por el
Comité ad hoc, de acuerdo con la Resolución No. 130CA-11046663 del 11 de
abril de 2011, el afluente de agua disponible para el proyecto Río Frío Alto en
realidad descendería a un 42% del valor del caudal estimado en el EIA, el cual
permitiría la distribución de la totalidad del caudal ambiental o ecológico
estimado por la Corporación en la Resolución No. 130CA-11046663 del 11 de
abril de 2011, en 0,385 metros cúbicos por segundo. […]”

28. Citaron el artículo 6°. del Decreto núm. 3930 de 25 de octubre de 2010 5,
señalando que la autoridad ambiental podía ordenar la distribución del recurso
hídrico, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la oferta hídrica disponible y el
caudal ambiental.

29. Mencionaron los artículos 37 y 122 del Decreto núm. 1541 de 26 de julio de
19786, resaltando que estas normas prevén que la autoridad ambiental, al momento
de detectarse escasez del recurso hídrico, podía restringir temporalmente los usos
o distribuir porcentualmente los caudales utilizables.

30. Transcribieron el artículo 91 del Decreto “[…] 2811 de 1994 (sic) […]”7,
subrayando que esta disposición, al regular el derecho al uso del agua, preveía que
la cantidad del recurso hídrico podría variar en caso de que se estimara que su
disponibilidad era limitada.

31. Dedujeron, de tales normas, que la autoridad ambiental, cuando se presenta
algún grado de escasez del recurso hídrico, debe reasignar el caudal que se
encuentre disponible sin afectar el caudal ambiental, de tal forma que, en el caso
concreto:

“[…] si en gracia de discusión se aceptara que el nivel del volumen del caudal
es inferior al que fuera inicialmente otorgado, Corantioquia debió reasignar el
caudal de agua para que pudiera desarrollarse el proyecto hidroeléctrico (oferta
hídrica disponible), respetando siempre los volúmenes del caudal ambiental.

Si se hubiese asignado el caudal remanente calculado por Corantioquia, el
proyecto habría podido reportar valores de generación de energía, cuyos
índices económicos podrían ser atractivos para el inversionista.

En ese orden de ideas, ante la presunta reducción del caudal detectada por la
Dirección Territorial de Corantioquia al estimar que el caudal remanente
correspondería al 42% del caudal “solicitado”, la autoridad no debió revocar la
concesión del recurso hídrico, por cuanto dicha reducción permitía contar con
un caudal ambiental del Río. Lo procedente era modificar el porcentaje del

5
“[…] por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III-
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. […]”.
6
“[…] Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente
la Ley 23 de 1973 […]”.
7
Se trataría del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, “[…] por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente […]”.

10

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Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

caudal concedido inicialmente mediante la Resolución 130CA-6456 del 24 de
noviembre de 2010, dada la presunta escasez del recurso hídrico detectada por
el Comité Técnico ad hoc, tal como lo prevén el artículo 6 del Decreto 3930 de
2010, los artículos 37 y 122 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 91 del
Decreto 2811 de 1994.

A la luz de lo anterior, se aprecia que al revocar la licencia ambiental para el
Proyecto Energético en el Río Frío, mediante la expedición de Resolución No.
130CA-11046663 del 11 de abril de 2011, Corantioquia desconoció las normas
en que debía fundarse el acto administrativo al momento de analizar la
concesión del uso del recurso hídrico, y por ello procede la declaratoria de su
nulidad, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo. […]”

I.1.2.1.3. “[…] Expedición Irregular del Acto Administrativo […]”

32. Indicaron que la autoridad administrativa, con la expedición del acto
administrativo acusado, trasgredió las normas que regían el procedimiento
administrativo para su expedición.

33. Recordó que la autoridad administrativa, “[…] mediante la Resolución 130CA
1102-10118 del 2 de febrero de 2011 […]”, abrió un período probatorio y ordenó la
práctica de una “[…] visita ocular que debía realizar un Comité Técnico ad hoc […]”,
producto de la cual se expidió el informe técnico “[…] 130CA 1103-14424 del 11 de
marzo de 2011 […]”, cuyo contenido no pudo ser conocido por los solicitantes de la
licencia ambiental pues no se les corrió traslado del mismo.

34. Reiteraron que los solicitantes solo tuvieron conocimiento de los argumentos
tenidos en cuenta por la autoridad administrativa para revocar la licencia ambiental
concedida cuando les fue notificada la “[…] Resolución 130CA-1146663 del 11 de
abril de 2011 […]”, lo cual impidió, asimismo, controvertir la prueba, desconociendo
el derecho de contradicción y defensa, de tal forma:

“[…] como la prueba contenida en el informe técnico 130CA 1103-14424 del 11
de marzo de 2011 no fue dada a conocer, ni se permitió a los solicitantes de la
licencia ambiental impugnar las conclusiones a que llegó el Comité Técnico ad
hoc, se omitió por parte de la administración una etapa procesal que no solo
vulnera el debido proceso, sino que además desconoce el derecho de defensa
de mis representados, con lo cual también se verifica otra causal más de nulidad
contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. […]”

I.1.2.2. En relación con la Resolución 1110-6926 de 7 de octubre de 2011

I.1.2.2.1. “[…] infracción de las normas en que debía fundarse el acto
administrativo […]”

35. Afirmaron, luego de transcribir el artículo 70 del CCA, que, pese a lo dispuesto
en tal norma, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA, inició “[…] el procedimiento para el trámite de la solicitud de
revocatoria directa, presentada ante la entidad el 7 de julio de 2011 (…) y decidió

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
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tal solicitud mediante la expedición de la Resolución CA1110-6926 del 7 de octubre
de 2011, con lo cual de manera clara, transgredió una norma de carácter superior
al acto administrativo […]”.

I.1.2.2.2. “[…] Falsa Motivación […]”

36. Aseguraron que, si en gracia de discusión se aceptara que “[…] la entidad podría
dar trámite a la solicitud de revocatoria directa […]”, estimaron que la decisión
adoptada “[…] mediante la expedición de la Resolución CA1110-6926 del 7 de
octubre de 2011 […]” se encontraba viciada de falsa motivación.

37. Aseveraron que la “[…] Resolución CA1110-6926 del 7 de octubre de 2011 […]”
negó la solicitud de revocatoria directa de la “[…] Resolución 130 CA-11046663 del
11 de abril de 2011 […]”, por considerar que no existía disponibilidad del recurso
hídrico solicitado para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico con aguas del Río
Frío, con sustento en “[…] dos (2) razones que se apartan de la realidad, y
constituyen un motivo insuficiente para revocar la licencia ambiental […]”.

38. Apuntaron que la autoridad administrativa sostuvo que la medición correcta del
caudal para la “[…] Estación Río Frío […]” fue la realizada por el “[…] Comité ad
hoc, a partir del área de la cuenca estimado por el aplicativo Duberdicus […]”, lo
cual juzgaron incorrecto, toda vez que:

“[…] el modelo digital de elevaciones (MDE) del aplicativo Duberdicus, arroja
una medición inexacta del área de la cuenca del Río Frío. Este error de cálculo
se debe a la baja resolución del MDE del aplicativo, lo cual fue oportunamente
corroborado y corregido por el Comité Técnico que conceptuó favorablemente
el otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Río Frío,
al analizar la base de datos espacial Corporativa – GISCA – (Véase el Hecho
No. 16) […]”

39. Anotaron, de otro lado, que la decisión adoptada en “[…] la Resolución CA1110-
6926 de 7 de octubre de 2011 […]” se sustentó, por parte de la autoridad ambiental,
en la deficiencia en el cálculo del caudal efectuado por la compañía “[…] Hidramsa
S.A. […]”, teniendo en cuenta que, para el cálculo del caudal para la “[…] Estación
Río Frío Alto […]”, se empleó información imprecisa de los registros diarios de la
cuenca del mencionado río, entre 1994 y 1998. Se apartaron de lo argumentado por
la autoridad administrativa, puesto que:

“[…] no es cierto que el único fundamento para el cálculo del caudal remanente
presentado en el EIA, hayan sido los registros de los caudales tomados sobre
la propia cuenca del Río. Para la medición del caudal, además, se utilizó el
método convencional de “balance hídrico” y dos (2) métodos de regionalización
de balances medios (véase el Hecho No. 11).

Tampoco es cierto que la información obtenida a partir del análisis de los
registros diarios realizados en la Estación Limnimétrica Río Frío sea inexacta.
Por el contrario, los registros diarios tomados sobre la cuenca del Río Frío,
arrojan información que es comparativamente más completa de la que pueden

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

ofrecer otros métodos de medición hidrográfica para la medición del río, si se
tiene en cuenta que la misma se obtiene de la propia cuenca objeto de análisis.

Como lo expliqué en el Hecho No. 39 de la presente demanda, la información
hidrológica disponible en nuestro medio para cuencas de tamaño similar a la del
Río Frío es escasa, por lo cual los registros diarios tomados durante cuatro (4)
sobre (sic) la cuenca del Río Frío, es el método de medición más idóneo que
pueda presentarse para calcular de manera correcta su caudal.

No se pretendió presentar en el EIA una estimación exacta del caudal del río
frío (sic), como equivocadamente lo afirma Corantioquia en la Resolución. Si
bien el ejercicio comparativo de los varios estudios hidrográficos realizados por
Hidramsa S.A. tienen como objetivo establecer un valor aproximado, ello no
significa, de ninguna manera, que se desconozca la variabilidad natural que
tienen los afluentes de agua de un río.

Los solicitantes de la licencia ambiental son conscientes, y así lo expresan en
los estudios aportados, de que las mediciones de los caudales obtenidas a partir
de las distintas metodologías existentes son valores nominales o estimaciones
de los valores de los caudales que pueden ubicarse por encima o por debajo de
la caudales (sic) reales de la cuenta, toda vez que el nivel del caudal del río no
puede ser constante en el tiempo, y depende de la variabilidad natural de la
gran cantidad de caudales que lo alimentan, y de las precipitaciones que se
pueden presentar en diferentes épocas del año.

Como se aprecia, los argumentos técnicos presentados por Corantioquia para
sustentar la supuesta escasez del recurso hídrico para el proyecto
hidroeléctrico, se apartan ostensiblemente de la realidad, y por ello la
Resolución No. CA1110-6926 del 7 de octubre de 2011 incurre en la causal de
nulidad de falsa motivación. […]”

40. Añadieron, en el acápite de conclusiones, que la autoridad administrativa, al
negar la solicitud de revocatoria directa, habría desconocido “[…] el artículo 6 del
Decreto 3930 de 2010 y los artículos 37 y 122 del Decreto 1541 de 1978, normas
que de haber sido aplicadas por Corantioquia, hubiesen permitido el otorgamiento
de la licencia ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico Río Frío. […]”.

I.2. Trámite de la demanda

41. A través de auto de 11 de marzo de 2013 8, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó la notificación personal al representante legal de la
entidad demandada y al agente del Ministerio Público; ii) se fijó el negocio en lista
por el término de diez (10) días, para que la entidad demandada pudiera contestar
la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas; y, iii) se exhortó a la
autoridad demandada para que allegara copia autentica de los antecedentes
administrativos que dieron origen a la interposición de la acción.

42. En auto de 19 de julio de 20139, aclarado en auto de 12 de agosto de 201310, se
resolvió admitir la corrección de la demanda de nulidad y restablecimiento del

8
Fol. 225, C. Ppal. 1.
9
Fol. 268, C. Ppal. 1.
10
Fol. 276, C. Ppal. 1.

13

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

derecho y, en consecuencia, i) se ordenó la notificación personal al agente del
Ministerio Público; ii) se ordenó la notificación por estados a la parte demandada; y,
iii) se fijó el negocio en lista por el término de diez (10) días para que la parte
demandada pudiera contestar la demanda y su corrección, proponer excepciones y
solicitar pruebas.

I.3. La contestación de la demanda11

43. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
a través de su apoderado, contestó la demanda, oponiéndose a sus pretensiones.

44. Formuló, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, las excepciones
de “[…] FALTA DE CAUSA PARA PEDIR POR PARTE DE LOS DEMANDANTES
[…]” y “[…] LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES ATACADAS […]”.

45. Sostuvo, respecto de la excepción de “[…] FALTA DE CAUSA PARA PEDIR
POR PARTE DE LOS DEMANDANTES […]”, que no era cierto que los actos
administrativos acusados estuvieran falsamente motivados puesto que fueron el
resultado de actuaciones administrativas que dieron plena certeza de que el caudal
disponible “[…] en la fuente RIO FRIO, es insuficiente para atender los
requerimientos planteados en la solicitud de concesión para generación de energía
hidroeléctrica, allegada por los señores JOSÉ ROBERTO ARANGO PAVA, JUAN
GONZALO ECHAVARRÍA GREIFFESTEIN Y GABRIEL LONDOÑO WHITE, a la
Dirección Territorial CARTAMA de CORANTIOQUIA […]”.

46. Manifestó que los demandantes, pese a aportar los informes técnicos requeridos,
no allegaron pruebas adicionales a las debatidas en el trámite administrativo, para
desvirtuar la veracidad de los conceptos técnicos, visitas e inspecciones realizadas
que fundamentaron la revocatoria de la licencia ambiental solicitada.

47. Comentó que no existió el vicio de expedición irregular, teniendo en cuenta que
“[…] la práctica de la prueba objeto del debate en esta causal, si fue previamente
notificada, soporte de ello se encuentra consignado en el expediente de
antecedentes administrativos aportados con esta contestación […]”, lo cual implica
que no desconoció el debido proceso, destacando que:

“[…] Si se observan las actuaciones desarrolladas por la entidad en el trámite
que revocó la resolución 130CA-6456 del 24 de noviembre de 2010, mediante
la cual se había otorgado la licencia para el proyecto, se dieron todas las
garantías y oportunidades de controvertir, no solo el recurso, sino también los
informes presentados, máxime que las partes fueron notificadas personalmente,
esto es, los demandantes y terceros intervinientes, al igual que se comunicó la
fecha de realización de la visita o inspección ocular de la zona de influencia del
proyecto, en la cual se hizo un recuento de todo el trámite surtido para el
recurso, visita programada para el día 03 de marzo de 2011, en la que
estuvieron presentes las partes, y cuyo informe técnico sirvió de base para

11
Fol. 229-253, C. Ppal. 1.

14

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

resolver en parte el recurso de reposición interpuesto por el tercero interviniente,
y decidir si se confirmaba o se revocaba la licencia ambiental, que sobra decir,
no se encontraba en firme, sin embargo, es falso que la falta de traslado del
mencionado informe impidiera debatir las afirmaciones presentadas, puesto que
dicha etapa probatoria en el recurso de reposición, fue abierta por la Entidad
para ahondar en garantías, y para precisamente decidir de conformidad con
todos los argumentos e informes ya expuestos y presentados, tanto en la
solicitud por los demandantes como en el recurso por el tercero interviniente,
decisión que se basó esencialmente en la estimación más aproximada de la
información del caudal, para el otorgamiento o no de la licencia ambiental a los
demandantes, lo que arrojó a que el caudal medio del Rio Frio (sic) equivale a
un 42% del caudal solicitado por los demandantes.

Por todo lo anterior dicha causal de nulidad no está llamada a prosperar, toda
vez que ninguno de los apartes de los actos censurados se consiente en la
expedición irregular como vicio anulante (sic) de los actos administrativos, sin
que exista la irregularidad en el procedimiento alegada. […]”

48. Alegó, respecto de la excepción “[…] LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES
ATACADAS […]”, que las acusaciones en contra de la “[…] resolución N° 130CA-
11046663 DEL 11-04-2011, por la cual se resuelve un recurso de reposición y se
revoca la resolución 130CA-6456, negando la licencia ambiental […]”, no tendrían
sustento, puesto que, en su concepto, se reputan legales hasta que se demuestre
lo contrario.

49. Expuso que la autoridad administrativa, como administradora del recurso hídrico,
podía negar las peticiones de concesión, entre otras, por razones por insuficiencia
del caudal existente para abastecer las necesidades del peticionario, situación
acaecida en el presente asunto. De tal forma que:

“[…] ante casos de caudal insuficiente o inferior al requerido por el usuario, la
autoridad ambiental administradora del recurso, no está en la obligación
perentoria, de asignar el caudal disponible, lo que indica que la resolución N°
130CA-11046663 del 11-04-2011, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reposición y se revoca la resolución 130CA-6456, Negando (sic) la licencia
ambiental al proyecto Rio Frio (sic), se ajusta plenamente a legalidad y contrario
sensu, se encuentra alejada de los cargos de falsa replantearon técnicamente
su proyecto, el cual se había formulado con base en los caudales medios que
inicialmente pretendía se le otorgaran en concesión, sin adecuarse a la
disponibilidad hídrica real, determinada por la autoridad ambiental.

Para finalizar, debe tenerse en cuenta, que para la Corporación, no era un
imperativo tener en cuenta el advenimiento del administrado, a los caudales
determinados por CORANTIOQUIA, en la fuente Rio Frio (sic), toda vez que la
Entidad sólo está obligada a resolver el trámite con base en la petición inicial y
a la información técnica, relativa a dimensiones, capacidad, etc., del proyecto
que se anexó al momento de la solicitud, pues si se permite variaciones
posteriores, mucho más en sede de los recursos que componen la vía
gubernativa, se atenta contra la congruencia del trámite administrativo y por esa
vía puede derivarse violación a los principios de imparcialidad y publicidad entre
otros, que circunscriben el ejercicio de la función administrativa, el segundo de
los cuales en materia ambiental, reclama un especial celo, dado el carácter de
derecho colectivo que ostenta el goce de un ambiente sano, razón por la cual
es estrictamente regulado en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993.

15

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

En consecuencia, es notoria la legalidad de las resoluciones cuestionadas en
sede judicial, al igual que el trámite que la Corporación – Dirección Territorial
CARTAMA – le impartió a la petición de concesión de aguas allegada por los
demandantes. […]”

I.4. Trámite del proceso

50. Como se indicó supra, mediante auto de 19 de julio de 2013, aclarado en auto
de 12 de agosto de 2013, resolvió admitir la corrección de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. No obra en el expediente, contestación a la corrección
de la demanda por la parte demandada.

51. Mediante auto de 27 de septiembre de 201312, aclarado en auto de 14 de febrero
de 201413, se decretaron las pruebas a practicar en el proceso.

52. En auto de 16 de marzo de 201514, ordenó, “[…] Agotado como se encuentra el
período probatorio […]”, correr a las partes, por el término de diez (10) días, para
que presentaran sus alegatos de conclusión; indicando, asimismo, que el agente
del Ministerio Público podía solicitar traslado especial para emitir su concepto de
fondo sobre la controversia. Las partes demandante15 y demandada16 presentaron
alegatos de conclusión.

I.5. La sentencia de primera instancia17

53. La Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia
de 26 de abril de 2016, resolvió:

“[…] PRIMERO. SE INHIBE para pronunciarse de fondo la Resolución
1106926 del 07 de octubre de 2011, que denegó la solicitud de revocatoria de
la Resolución 130CA11046663 del 11 de abril de 2011, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. SE DECLARA IMPRÓSPERA la OBJECIÓN POR ERROR
GRAVE, presentada por CORANTIOQUIA respecto del dictamen rendido por la
firma SBI Banca de Inversiones, acorde con lo indicado de manera antecedente.

TERCERO. SE DECLARA LA NULIDAD de la Resolución 130CA11046663
del 11 de abril del 2011, mediante la cual, CORANTIOQUIA revocó el
otorgamiento de la licencia ambiental otorgada (sic) a los demandantes, con el
propósito de desarrollar el proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica,
Riego y Acueducto del Río Frío”, según se consideró en la providencia de la
referencia.

12
Fol. 277-278, C. Ppal. 1.
13
Fol. 397-398, C. Ppal. 1.
14
Fol. 551, C. Ppal. 2.
15
Fol. 552-578, C. Ppal. 2.
16
Fol. 579-601, C. Ppal. 2.
17
Fol. 635-651, C. Ppal. 2.

16

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

CUARTO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se condena a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”, a reconocer y pagar a favor de
JOSÉ ROBERTO ARANGO PAVA, JUAN GONZALO ECHAVARRÍA
GREIFFESTEIN y GABRIEL LONDOÑO WHITE, la suma de Dieciséis (sic) mil
doscientos setenta y siete millones ciento veintiocho mil seiscientos dieciséis
pesos M/L ($16.277´128.616), acorde con la actualización que antecede.

QUINTO. SE DENIEGAN las demás súplicas de la demanda.

SEXTO. Désele cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO. No se condena en costas como lo prevé el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo por cuanto no aparecen causadas. […]” (negrilla del
texto)

54. La primera instancia, como aspecto previo, indicó que, en el escrito de corrección
de la demanda, se pidió la nulidad de “[…] la Resolución No. 130CA11046663 del
11 de abril del 2001, mediante la cual, CORANTIOQUIA revocó el otorgamiento de
la licencia ambiental otorgada a los demandantes, con el propósito de desarrollar el
proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío”, y
de la Resolución No. 1106926 del 07 de octubre de 2011, a través de la cual, la
misma entidad, negó la solicitud de revocatoria de la Resolución 130CA11046663
del 11 de abril del 2011. […]” (negrilla del texto).

55. Estimó, con base en la jurisprudencia de esta Corporación, que el acto
administrativo que decidiera la solicitud de revocatoria directa no tenía recursos y
aquel que la niegue no podría considerársele acto definitivo, al no hacer parte de la
vía gubernativa y no constituir una situación jurídica nueva o distinta a la del acto
administrativo cuya revocatoria se pide, por lo que no era susceptible de acción
contencioso administrativa, razón por la que se inhibiría de pronunciarse respecto
de la legalidad de “[…] la Resolución No. 1106926 del 07 de octubre de 2011, que
negó la solicitud de revocatoria presentada por los demandantes frente a la
Resolución 130CA11046663 del 11 de abril de 2011, por tratarse de un acto que no
es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, y así lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia
[…]”.

56. Analizó, posteriormente, el fondo del asunto formulando como problema jurídico
que se debía abordar en el presente proceso, el siguiente:

“[…] 4.3. Problema jurídico. Deberá determinar esta Corporación, si la decisión
mediante la cual, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
revocó la licencia ambiental que le había sido previamente otorgada a los
demandantes, con el propósito de desarrollar el proyecto “Generación de
Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío”, se encuentra viciada
de nulidad por falsa motivación, expedición irregular, y violación de las normas
en que debía fundarse. […]” (negrilla del texto)

57. Adujo, frente a los cargos formulados por la parte demandante, que:

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

“[…] La parte actora aduce que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad,
por falsa motivación, en razón a que CORANTIOQUIA revocó la licencia acorde
con la conclusión técnica del Comité Técnico ad hoc, desconociendo que los
demandantes presentaron estudios más idóneos para determinar el caudal
remanente y disponible para ser utilizado dentro del proyecto de generación
eléctrica, los cuales no fueron contradichos, ni se explica cómo se implementó
el estudio realizado por el Comité ad hoc para determinar el nivel del caudal;
por infracción de las normas en que debía fundarse, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 37 y 122 del Decreto 1541 de 1978, y de llegarse a
aceptar que el nivel del volumen del caudal era inferior al que inicialmente fuera
otorgado, se debió reasignar el adecuado para que pudiera desarrollarse el
proyecto hidroeléctrico, y no revocar la licencia; y por expedición irregular, toda
vez que, el informe técnico 130CA 1103-14424 del 11 de marzo de 2011, no
pudo ser conocido por los solicitantes de la licencia ambiental, dado que la
administración no le corrió traslado a la prueba. […]”

58. Mencionó que la autoridad ambiental, como argumentos de defensa, en síntesis,
precisó que:

“[…] el acto demandado es el resultado de conceptos técnicos e inspecciones
administrativas, que dan certeza de que el caudal disponible en la fuente Río
Frío, es insuficiente para atender los requerimientos planteados en la solicitud
de los actores, quienes no aportaron prueba adicional al respecto. Asimismo,
aduce que la práctica de la prueba objeto del debate, si fue previamente
notificada, al igual que se comunicó la fecha de la inspección ocular, cuyo
informe técnico sirvió de base para resolver el recurso interpuesto, y de otro
lado, que en los casos de caudal insuficiente o inferior al requerido por el
usuario, la autoridad ambiental no está en la obligación perentoria de asignar el
caudal disponible, aunado a que los actores debieron replantear técnicamente
su proyecto pero no lo hicieron, y que al tratarse de una solicitud ambiental
rogada, eran los solicitantes quienes debían adecuar el proyecto al caudal
disponible y real del recurso hídrico […]”

59. Aclaró que los demandantes afirmaron que el estudio de impacto ambiental
elaborado por la firma “[…] Hidramsa S.A. […]” había llegado a la conclusión que
el valor promedio de los caudales medios diarios para el proyecto Río Frío, era de
3.845 m3/s, con lo cual se obtendría como caudal remanente 1.960 m3/s, estudio
que fue considerado como satisfactorio en comparación con el análisis efectuado
por la autoridad administrativa a través del aplicativo “[…] Duberdicus […]”, dando
lugar al otorgamiento de la licencia ambiental, lo cual es respaldado por las “[…]
conclusiones arribadas por la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín,
en el dictamen pericial presentado para tal efecto […]”.

60. Aludió a tal dictamen, señalando que:

“[…] Luego de referirse al grado de precisión y confiabilidad del aplicativo
Duberdicus, utilizado por CORANTIOQUIA, cuando se trata de medir el área
real de captación de un río, y de indicar que dicho sistema arroja valores del
área inferiores al del SIG (UNAL), acorde con las tablas explicativas visibles a
folios 488 y 489 del cuaderno No. 1, el perito señaló que en este caso, en
tratándose (sic) de la medición del caudal de la cuenca del Río Frío “el método
de interpolación usado por Duberdicus subestima el área de la cuenca, en la

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Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

mayor parte del rango de cotas, desde la 800 a la 2200 m.s.n.m (…). Por lo
tanto una sobrestimación o subestimación del área arrojará un caudal medio
subestimado o sobrestimado, en la misma proporción del error, si se considera
que la precipitación y la evapotranspiración real que se use es la misma
independiente de la entidad que realiza el cálculo…” (ver fls. 488 a 489), y al
responder al interrogante de si “podría establecer la veracidad del caudal del río
frío a la altura de 1994 m.s.n.m.n (sic) calculado en el informe técnico 130CA-
1103-14424 del 11 de marzo del 2011, realizado por el comité técnico de
evaluación ad hoc?, una vez explicó que mientras el cálculo de
CORANTIOQUIA se hace con la ecuación Cenicafé, el presentado por
HIDRAMSA S.A., presenta los cálculos por tres métodos, Turc, Cenicafé y
Coutagne, respondió que “ningún (sic) de los métodos arroja resultados
erróneos. El caudal depende de la información usada para la precipitación y de
los métodos de evapotranspiración, esto depende de la información disponible.
Si el cálculo incluye la mayor información de precipitación y varios métodos de
evapotranspiración, el cálculo del caudal medio tiene menos incertidumbre”.
[…]”

61. Encontró, con base en el citado dictamen pericial, que las diferencias entre el
estudio de impacto ambiental presentado por los demandantes y el informe técnico
realizado por la demandada, estaban en la información empleada para medir “[…]
la precipitación y los métodos de evapotranspiración empleados […]”, destacando
que si bien no era posible hablar de resultados errados, era dable señalar que el
cálculo del caudal resultaba más preciso, en la medida en que se incluyera mayor
información de “[…] precipitación […]” y “[…] varios métodos de evapotranspiración
[…]”.

62. Afirmó que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA, solicitó la complementación y aclaración del dictamen pericial
aludido, indicando que debía apoyarse en la información suministrada por “[…] el
IDEAM que reposa en el expediente, la cual corresponde a la precipitación mensual
y evaporación de tanque mensual de la estación Granja Nacional (sic), que en
efecto, fue la utilizada por el Comité ad hoc en su informe técnico […]”.

63. Aseguró que el experto estimó el caudal del Río Frío con base en la información
precitada -la suministrada por el“[…] IDEAM […]”-, concluyendo que:

“[…] tales medios y remanentes evidentemente serían insuficientes para el
desarrollo del proyecto hidroeléctrico (fls. 530 a 533 del cuaderno No. 2). Sin
embargo, este precisó que en lo que concierne a la “estación Granja La
Nacional, se debían tener en cuenta los siguientes aspectos: “a) La cota o
altura media de la cuenca de río frío es 2293 msnm y la cota de la estación
Granja La Nacional es de 1151 msnm. Se tiene una diferencia del 99.2% en
altura… b) La estación Granja La Nacional está localizada fuera del área
de la cuenca del río frío, ver Figura 1. Esto hace que los cálculos presenten
una mayor incertidumbre con relación a estaciones localizadas al interior
de la cuenca o en áreas vecinas”, lo cual, a juicio de Corporación Judicial
(sic), evidencia y le permite concluir que la estación de registros tomada como
prueba por el Comité ad hoc en la elaboración de su informe técnico, a efectos
de calcular el caudal, se encuentra muy alejada del área de influencia de la
cuenca objeto de estudio. […]” (negrilla del texto)

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64. Reconoció que, en materia de hidrología, no se tenía la posibilidad de tener
cálculos exactos relativos a los caudales de un río, además de señalar que no
cuestionaba la idoneidad del “[…] IDEAM […]” para el suministro de información, ni
la veracidad de los datos registrados en la “[…] estación Granja La Nacional […]”;
sin embargo, aseveró, siguiendo la experticia indicada, que la información
suministrada por el “[…] IDEAM […]” -aportada como prueba por la demandada- no
resultaba adecuada para calcular el caudal de la cuenca del Río Frío, en razón a
que “[…] como la cota la cuenca (sic) de río Frío es 2293 msnm, y la de la estación
Granja La Nacional es de 1151 msnm, se presenta una diferencia en la altura del
99.2%, que repercute directamente en la certidumbre de dichos cálculos, lo que no
puede ser ignorado […]”.

65. Apuntó, en relación con la información “[…] de precipitación […]” empleada en el
estudio de impacto ambiental, que, en la respuesta a la solicitud de aclaración y
complementación del dictamen pericial mencionado solicitado por los demandantes,
el perito manifestó que “[…] “La estimación del caudal de 4.16m3/s (sic) realizada
por HIDRAMSA es confiable. No se puede decir que es veraz, ya que en hidrología
nada es determinístico. La aceptación confiable está enmarcada en el hecho de que
se utilizó muy buena información de precipitación” […]”, luego de manifestar que se
había seguido la “[…] metodología de balance hídrico de largo plazo y se usó la
información de las estaciones de precipitación reportadas en el estudio de
HIDRAMSA, con información de IDEAM, MINEROS S.A., Ferrocarriles Nacional y
EPM, y que el número de estaciones es adecuado para la estimación de la lluvia.
[…]”.

66. Anotó que la experticia, realizando sus propias estimaciones de “[…]
precipitación […]” a efectos de determinar el caudal del Río Frío, corroboró las
validaciones realizadas en el estudio de impacto ambiental como se infiere, en su
concepto, de la respuesta a la pregunta número 5 del cuestionario al perito.

67. Sostuvo, conforme lo anterior, que:

“[…] De manera pues que, el dictamen pericial que obra dentro del plenario,
cuyas conclusiones no fueron objetada, y para esta judicatura, revisten de la
idoneidad requerida dado el tecnicismo que enmarca la materia – hidrología -,
permite aseverar que le asiste la razón a la parte actora cuando afirma que la
estimación efectuada por el HIDRMANSA S.A. (sic) del caudal medio y
remanente del caudal del río Frío a la altura de 1994 metros sobre el nivel del
mar, si bien no puede calificarse de exacta, es adecuada y confiable, debido a
que se utilizó muy buena información de precipitación, y que aunado a ello, la
implementación de varios métodos de evapotranspiración, proporciona menos
incertidumbre al cálculo, según lo determinó el perito designado.

Asimismo, es claro que la sobrestimación de los niveles de precipitación a que
se hace referencia en el acto mediante el cual se revocó la licencia ambiental,
respecto del estudio realizado por HIDRAMSA, obedece a la diferencia de la
información usada para medir la precipitación y de los métodos de
evapotranspiración a los que allí se hace alusión, y que en tal sentido los datos
de precipitación valorados por CORANTIOQUIA, suministrados por el IDEAM

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de la estación Granja La Nacional, no se consideran adecuados y confiables,
para el cálculo puntual del caudal del Río Frío, por tratarse de una estación de
registro muy alejada de la cota del río, y que incluso está por fuera del área de
influencia de la referencia.

Corolario con lo expuesto, como en el asunto de marras, se encuentra
acreditado que los argumentos con base en los cuales CORANTIOQUIA revocó
la licencia ambiental concedida a los actores para el desarrollo del proyecto
hidroeléctrico Río Frío, no estaban debidamente sustentados en la actuación
administrativa que dio lugar a la decisión en comento, en razón a que la parte
actora probó el fundamento de sus alegaciones en los términos antes vistos, se
entiende corroborada entonces la causal de nulidad por falsa motivación, lo
cual, revela a la Sala de pronunciarse sobre las demás causales de nulidad
impetradas en el libelo introductor – expedición irregular y violación a las normas
en que debía fundarse -.[…]”

68. Se pronunció, como consecuencia de lo anterior, respecto del restablecimiento
del derecho. Manifestó que los demandantes solicitaron, a título de lucro cesante,
acorde con el dictamen pericial rendido por “[…] SBI Inversiones […]”, la suma de
$13.500.000.000, a la fecha de elaboración de la experticia; y, por concepto de daño
emergente, el reconocimiento de los gastos en que incurrieron por la elaboración de
los estudios de impacto ambiental y de factibilidad, requeridos para emprender el
proyecto hidroeléctrico, esto es, las sumas de “[…] $122.933.760, $156.076.380 y
gastos reembolsables por $2.399.380, respectivamente […]”.

69. Expuso que en el expediente se encontraba el dictamen pericial elaborado por
“[…] SBI Banca de Inversiones […]”, que emitió un concepto respecto del “[…] valor
económico actual del proyecto a partir de la proyección de las diferentes variables
que inciden en los resultados, tales como inversión, precio, costos y gastos de
operación […]”, llegando a la conclusión consistente en que el proyecto tendría un
valor de “[…] $13,500 Millones de pesos, valor que puede subir o bajar en función
del valor final de la inversión y de las proyecciones de electricidad, costos y gastos
de operación.” […]” (negrilla del texto).

70. Mencionó que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA, objetó el dictamen por error grave, en razón a que se requería,
para la comprensión de la experticia:

“[…] los estados financieros incluyendo estados P y G a diciembre 31 (…) de
2010 y 2010, con variación, al igual que las declaraciones de renta para los años
2010, 2011 y 2012, para determinar en qué etapa de viabilidad se encontraba
el proyecto, así como las diferentes fluctuaciones en el capital de trabajo, en los
socios aportantes al proyecto, o si se tenía el capital o se adquirieron créditos
para la realización del proyecto, o se realizaron inversiones propias de la etapa
pre-operativa y financiadas por quien. Adicionalmente, reitera que se debían
discriminar los valores de los predios y equipos relacionados en forma detallada,
teniendo en cuenta que se indican equipos de origen nacional, importados y el
montaje de los mismos, pues no es posible que se realice una valoración
económica, sin conocer el detalle de los costos, tal como lo reconoce la firma,
recalcando además, en la necesidad de haberse aportado las declaraciones de
renta y la contabilidad de los inversionistas […]”.

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71. Estimó que las razones expuestas para sustentar la objeción por error grave no
conllevaban a realizar dicha declaración y, además, no desvirtuaban la valoración
del proyecto realizada por el experto, toda vez que:

“[…] basta partir del objeto de la experticia en comento, para concluir que los
estados financieros y las declaraciones de renta de cada uno de los solicitantes
de la licencia, correspondientes a los años previos a la fecha en que se había
estimado el inicio de la construcción del proyecto hidroeléctrico -enero 2012-,
no tienen ninguna incidencia en los valores que al ejecución y operación del
mismo les pudo haber reportado a los demandantes a futuro en calidad de
inversionistas, es decir, el lucro cesante, concepto que en todo caso, no
obedece a las condiciones económicas de los mismos, ni a su capacidad de
endeudamiento, ni al hecho de que se hubiesen invertido recursos propios o
provenientes de créditos, pues es en este caso, se trata del cálculo de las
utilidades dejadas de percibir, acorde con la valoración económica futura del
proyecto, en los términos explicados por la firma SBI en su escrito de aclaración
y complementación al dictamen (fls. 455 a 459), y en el testimonio rendido por
el Gerente de la misma (fls. 315 a 318).

De manera pues que, la determinación del perjuicio en comento, no requería de
la comprobación de inversiones, de recursos financieros, o de la capacidad de
endeudamiento de los inversionistas, en la etapa previa a la construcción de las
obras requeridas para la operación del proyecto, pues es claro que la valoración
efectuada en el dictamen se refiere a los dineros que se dejaron de percibir en
razón de la revocatoria de la licencia que dio al traste con el proyecto, y no al
cálculo de la inversión que este requería, ni a la idoneidad de los inversionistas
para asumir sus costos de operación, siendo inocua en consecuencia la
exigencia de haberse aportado las declaraciones de renta de los demandantes
y/o su contabilidad.

Asimismo, de conformidad con el objeto del dictamen en comento, es evidente
que a la firma SBI Banca de Inversiones NO le correspondía efectuar la
estimación de las inversiones en equipos y predios requeridos para el proyecto,
pues dicha tarea fue realizada por HIDRAMSA S.A., quien incluyó lo pertinente
a la estructura del proyecto hidroeléctrico, al elaborar el estudio de impacto
ambiental, y en tal sentido, teniendo en cuenta que lo atinente a las obras civiles,
predios y equipos que requería la puesta en marcha del proyecto, no fue
cuestionado dentro del plenario, la Sala advierte que la firma SBI utilizó las cifras
totales en inversión que le fueron suministradas por HIDRAMSA S.A., y que con
fundamento en ellas, se efectuaron las estimaciones pertinentes a fin de realizar
la valoración del proyecto. […]” (Subrayado del texto)

72. Indicó que el dictamen pericial presentado por la firma “[…] SBI Banca de
Inversiones […]” era coherente y preciso para el cálculo del lucro cesante, a lo que
sumó la falta de argumentos para desvirtuar sus conclusiones, por lo que negó la
objeción por error grave, acogiendo lo allí expuesto, “[…] ordenando el
reconocimiento de las sumas indicadas, las cuales deberán ser actualizadas a la
fecha de la presente providencia, acorde con la siguiente fórmula: (…) VA=
$16.277´128.618,00 […]” (negrilla del texto).

73. Negó, de otro lado, el reconocimiento del daño emergente solicitado, en razón a
que, si bien los demandantes debieron incurrir en erogaciones durante el trámite de
la licencia ambiental, conforme a los requerimientos de la autoridad ambiental

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relativos a la presentación de estudios de factibilidad y de impacto ambiental, lo es,
igualmente, que “[…] dichos valores debían ser asumidos por los solicitantes
independientemente de los resultados de dicho trámite, al tratarse de requisitos
exigidos por la normativa que regula la materia, la cual reclama la presentación de
estudios veraces que avalen lo pedido […]”, gastos que serían recuperados una vez
el proyecto entrara en operación y comenzara a generar utilidades, razón por la que
“[…] como en el caso concreto la Sala accedió al reconocimiento del lucro cesante
en los términos antes vistos, se denegará lo solicitado por concepto de emergente,
en tanto se entiende que dichos valores finalmente se verían reflejados en la
utilidades percibidas por la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico. […]”.

I.6. El recurso de apelación18

74. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso de apelación con
el fin de que se revoque y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la
demanda.

75. Se pronunció, luego de referirse a la demanda, frente a la sentencia de primera
instancia, señalando que desconoció los argumentos expuestos por la autoridad
ambiental y las pruebas que obraban en el expediente.

76. Afirmó que la primera instancia no tuvo en cuenta que la corporación autónoma
regional era la primera autoridad ambiental de su territorio y, como tal, concluyó que
no había “[…] recurso disponible para el proyecto objeto de la litis […]”, esto es, que
no existía “[…] el caudal suficiente para otorgar lo solicitado por los demandantes
[…]”, sustentado en estudios e informes técnicos realizados y elaborados con
anterioridad a la decisión por “[…] su personal profesional y experto en la materia o
por las entidades a las que tiene obligatoriamente que acudir para hacer sus
pronunciamientos […]”, entidades públicas que están legitimadas por el Estado
para realizar determinada labor, como lo es el “[…] IDEAM […]”, estando en la
obligación de “[…] acoger y seguir estrictamente los lineamientos y directrices
impartidas por esas entidades públicas o por quien la misma ley le indique […]”.

77. Aseveró que la autoridad ambiental le suministró a la primera instancia “[…] la
información del IDEAM […]”, entidad creada por la Ley 99 de 22 de diciembre de
199319 con el propósito de brindar apoyo técnico-científico a los organismos que
conforman el Sistema Nacional Ambiental –SINA– y encargada de, entre otras
funciones, “[…] obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la
información básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica
sobre aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo
y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación. […]”.

18
Fol. 652-675, C. Ppal. 2.
19
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones. […]”.

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78. Aseguró, desde la anterior perspectiva, que la autoridad ambiental no debería
guiarse por la información suministrada por entidades distintas al “[…] IDEAM […]”,
pues este es el organismo oficial “[…] para el registro de las variables hidrológicas
en Colombia […]”. Citó los artículos 16 de la Ley 99; 2°. y 15 del Decreto núm. 1277
de 21 de junio de 199420; así como el Decreto núm. 291 de 29 de enero de 200421,
para indicar que solo la información “[…] arrojada por las Estaciones Pluviométricas
operadas por el IDEAM, y la misma información que dicho instituto tiene a su
disposición, constituye fuente oficial y confiable como insumo para los estudios
técnicos y análisis de precipitaciones, para determinar, en este caso, el caudal del
Río Frío a fin de adoptar decisiones sobre el aprovechamiento del recurso hídrico
[…]”.

79. Hizo un recuento del trámite de licenciamiento ambiental iniciado por los
demandantes para desarrollar una hidroeléctrica sobre el Río Frío, en el cual,
mediante “[…] Acto Administrativo No 130CA-8957 del 13 de noviembre de 2009,
se admitió la solicitud e inició el trámite para la evaluación del Diagnóstico Ambiental
de Alternativas DAA presentado por los demandantes […]” y en el que se presentó,
por los accionantes, “[…] complemento de información de caudales del Río Frío a
partir de medición directa. En este se informa que “Adjuntamos a la presente el
análisis de la información primaria obtenida a partir de una mira instalada en
el Río Frío en el período 1994-1998”. […]” (negrilla del texto).

80. Aseveró que, en el documento citado supra, existían datos faltantes en tres de
los mencionados años –1994 a 1998– y que la información suministrada estaría
influenciada por años “[…] Niña y Niño, es así como 1994 a 1996 afectado por año
Niña y 1997 influenciado por año Niño considerado como fuerte […]”, lo cual la llevó
a considerar que:

“[…] esta corta serie de datos utilizados para estimar un caudal, no es
representativa y por tanto el caudal estimado no es confiable para
determinar un caudal que sirva como base para el otorgamiento de un permiso
o autorización, más aún cuando se trata de una hidroeléctrica. Y si comparamos
dicho valor con los caudales que solicitaron en las diferentes versiones del
proyecto que a este momento hemos mencionado, esto es, 3.6 y 4.0 m3/seg,
se evidencia que no existe disponibilidad para la realización del proyecto,
pues el promedio de caudal aguas arriba, cota 2.044 msnm (expediente 3-1995-
129) es de 2.55 m3/seg, sin descontar los caudales otorgados hasta este cota
de cálculo, es decir, sin descontar 1.5 m3/seg, otorgados a EPM. […]” (negrilla
del texto)

81. Cuestionó el estudio de hidrología contenido en el “[…] documento presentado
para el Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA […]” realizado por “[…] Hidramsa
S.A. […]”, señalando que, para la región del suroeste donde se tuvieron en cuenta
todas las estaciones de medida de precipitación que pudieron recopilarse en esta

20
“[…] por el cual se organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam […]”.
21
“[…] “Por el cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y se
dictan otras disposiciones.” […]”.

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región, “[…] se incluyeron las precipitaciones registradas en el periodo 1994-1998
por Minesa en las estaciones pluviométricas La Selva (3202 mm/año), El Tacón
(2948 mm/año) y Río Frío (2975 mm/año) […]”, encontrando que:

“[…] Al revisar los datos aportados de las estaciones antes mencionadas se
evidencia que: La Estación La Selva carecía de registros para los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio y el mes de julio solo tiene registro
para dos días, todo para el año 1994 y así mismo carecía de registro para el
año 1998 en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre. Esto sin mencionar que su ubicación está en la cota 2190 msnm, es
decir, 150 msnm más arriba del lugar donde se realiza la estimación de
caudales por parte de los demandantes. Para la estación El Tacón se observó
que carecía de información para los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio y julio del año 1994, así como carece de registro para el año 1998 en los
meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, su
ubicación está en la cota 2140 msnm, es decir, 370 msnm más arriba del lugar
donde se realiza la estimación de caudales por parte de los demandantes.
En cuanto a la estación Río Frío carecía de registros para los meses de enero,
febrero, marzo, abril y mayo y el mes de junio solo tenía registro para dos días,
todo para el año 1994, en el año 1998 carecía de registros para los meses de
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y el mes de julio solo
contaba con registros de 6 días, ubicada en la cota.

Todo lo anterior permitió afirmar que las estaciones antes mencionadas
no contaban con registros completos de 5 años, sino de 3 años y que su
utilización para fines hidrológicos carecía de una adecuada confiabilidad,
aumentando los márgenes de error que generan los métodos de interpolación
utilizados para la generación del mapa de isoyetas, que por condición propia ya
cuentan con errores en las estimaciones que ellos realizan. De otro lado, como
se afirmaba en ese mismo escrito de los demandantes, estas estaciones
también estaban influenciadas por los eventos extremos de variabilidad
climática del Niño y la Niña. […]” (negrilla del texto)

82. Recordó que, en “[…] el Acto Administrativo No 130CA-9128 del 26 de enero de
2010 […]”, definió la alternativa seleccionada del “[…] Diagnóstico Ambiental de
Alternativas DAA […]”, respecto de la cual se elaboraría del estudio de impacto
ambiental, la cual fue “[…] “(…) opción 3 para la etapa Río Frío Parte Alta, la opción
2 para la etapa Río Frío parte Baja 1 y la opción 2 para la etapa Río Frío Parte Baja
2.” […]”, acto en el cual llamó la atención respecto de los caudales requeridos para
la ejecución del proyecto, indicando que desde el análisis del diagnóstico ambiental
de alternativas se había evidenciado que no existía, acorde con los análisis
presentados por los demandantes y la metodología de la corporación, disponibilidad
para el otorgamiento del caudal solicitado en la alternativa seleccionada.

83. Se refirió al estudio de impacto ambiental presentado por los demandantes, en
el cual se reconocen las dificultades de información confiable para la realización de
análisis hidrológicos y, además, evidenció que el proyecto que da cuenta tal estudio
de impacto ambiental “[…] no guardaba coherencia con la alternativa seleccionada
por la Corporación, pues este cambia en sus capacidades de generación, los
caudales solicitados y las cotas de ubicación (solo en dos de los tres cambia la
ubicación) […]”, advirtiendo que presentaba los siguientes defectos:

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“[…] - Que para abordar la variable precipitación se construyó un mapa de
isoyetas a través de la utilización de herramientas informáticas y software, es
decir, se construyó un mapa de estimaciones de la precipitación para la zona
de estudio” (sic).

• Que muchas de las estaciones utilizadas para esta construcción no se
encuentran ubicadas en la zona de estudio (otros municipios e incluso
otros departamentos) como se observa en la ubicación de cada una de ellas.

• Que se utilizaron estaciones que no son información oficial para Colombia,
como las del Comité Nacional de Cafeteros y de EPM, del IDEAM, se utilizaron
10 estaciones de 28 antes descritas, es decir, 36% es información oficial.

• Que se tomaron datos de revistas y publicaciones sin realizar su verificación
para garantizar su confiabilidad.

• Que las series presentaban vacíos de información, los cuales fueron llenados
sin la verificación respectiva, existiendo metodologías geoestadísticas que
permiten completar de una manera confiable las series de datos como:
triangulación con estaciones vecinas con datos completos, datos de sensores
remotos (satélites hidrometeorológicos) entre otros.

(…)

En el aparte de Análisis de la Consistencia de la información disponible (…) la
metodología utilizada por los demandantes para este análisis se alejó de
lo recomendado por la literatura para la aplicación de la Técnica de
Análisis de consistencia mediante curva de Doble Masas, poniendo en
entre dicho su confiabilidad del análisis realizado. […]” (negrilla del texto)

84. Relató que inició el trámite de la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico
del Río Frío y que, en su desarrollo, requirió la complementación del estudio de
impacto ambiental presentado por los demandantes, en particular, lo
correspondiente a los caudales medios inferidos puesto que eran
considerablemente superiores a los determinados con el método empleado por la
autoridad ambiental, siendo necesario presentar la información fuente, esto es, la
correspondiente a las estaciones tenidas en cuenta para la estimación, así como los
registros recopilados de las estaciones o instrumentación realizadas por el proyecto
sobre la cuenca o el Río Frío.

85. Dio cuenta que los demandantes allegaron una nueva versión del estudio de
impacto ambiental, insistiendo en que, si se comparaba con i) la alternativa
seleccionada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA y ii) el proyecto definido en el estudio de impacto ambiental
inicialmente entregado por los demandantes, se podía advertir que “[…] el proyecto
del Estudio de Impacto Ambiental EIA no guardó coherencia con la alternativa
seleccionada por la Corporación, pues estos cambian en sus capacidades de
generación, los caudales solicitados y las cotas de ubicación […]” (negrilla del
texto).

86. Evocó que, para elestudio del recurso de reposición en contra de la “[…]
resolución No 130CA-6456 del 24 de noviembre de 2010 […]”, se decretó un período

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probatorio, en el cual se emitió el “[…] informe técnico No 1103-14424 del 11 de
marzo de 2011 […]”, en el cual se analizó, técnicamente, dicha impugnación,
reiterando que el estudio de impacto ambiental, en su nueva versión, modificó las
condiciones del proyecto inicialmente planteado, mencionando, asimismo, que:

“[…] En el aparte de la sustentación sobre la manera como se determinó el
caudal de la fuente hídrica y además el cálculo de caudal ecológico, se
establece que para evaluar la precipitación media de la cuenca Río Frío,
Corantioquia, dispone de las series de información suministradas por el IDEAM
para un conjunto de estaciones cercanas para las cuales se tienen registros
confiables de precipitación durante un período de por lo menos diez años.

(…)

Uniendo los elementos disponibles expuestos, puede concluirse que a partir de
las estimaciones de caudal realizadas a la altura de 1994 msnm, no es posible
conceder el caudal solicitado por los demandantes, dado que el caudal
medio total remanente corresponde al 42% del caudal solicitado […]” (negrilla
del texto)

87. Aseguró la sentencia de primera instancia hizo referencia a normas derogadas,
precisando que el trámite de licenciamiento ambiental se desarrolló bajo el Decreto
núm. 1220 de 2005; subrayando, en relación con el traslado de pruebas, que los
demandantes:

“[…] si sabían del mismo, prueba de ello es que presentan escrito radicado No
130CA-1104-710 del día 6 de abril de 2011, solicitando copias de las
actuaciones administrativas derivadas de la evaluación del recurso de
reposición interpuesto por le (sic) empresa C.I Agrícolas Unidas, así como la
autorización para consultar el expediente, bajo la tutela de un funcionario
adscrito a su despacho […]”.

88. Apuntó que la primera instancia se había equivocado en relación con la
información utilizada por la autoridad ambiental en la estimación de caudales para
el Río Frío, puesto que tuvo en cuenta la información oficial de las estaciones
cercanas disponibles suministradas por “[…] el IDEAM […]”, las cuales contaban
con registros históricos confiables de no menos de 10 años.

89. Anotó que la Sala desconoció el proceso de licenciamiento en el cual ha insistido
en:

“[…] las deficiencias presentadas en los diferentes documentos que soportan
dicho proceso en lo referido a la estimación de caudales, en especial los ya
mencionados referidos a la información utilizada, de 5 años, con datos faltantes,
no completados con técnicas adecuadas, utilizando información no oficial, entre
otros. Entre tanto si se revisan los diferentes actos administrativos producidos
por la Entidad y los informes técnicos que las han soportado, se han planeado
(sic) argumentos de fondo frente a la confiabilidad de los caudales estimados
por los peticionarios de la licencia. Pero además, entre las versiones 1 y 2 de
los EIA presentados, el proyecto cambió sustancialmente, no obtuvo permiso
de aprovechamiento forestal, entre otros aspectos, que acorde con la
normatividad ambiental, no permitían el otorgamiento de dicha licencia. […]”

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

90. Manifestó que el fallo de primera instancia no tuvo en cuenta que “[…] la
Resolución, ahora declarado nulo (sic) por el Tribunal, aún no estaba en firme, así
se dejó sentado claramente en la misma Resolución 130CA 1104-6663 del 11 de
abril de 2011 […]”, subrayando que la autoridad ambiental había reconocido, como
tercero interviniente, a la sociedad C.I. Agrícolas Unidas S.A., la cual contaba con
todas las facultades asignadas a las partes, entre ellas, la de oponerse a la decisión
adoptada, lo cual hizo, razón por la que, hasta tanto no se desatara la impugnación
de dicho sujeto procesal, el acto administrativo no se encontraba en firme.

91. Se refirió al dictamen pericial practicado en el proceso, explicando que no se tuvo
en cuenta en sus análisis, la información previa suministrada por la autoridad
ambiental, ni los testimonios practicados, citando los recibidos a los señores “[…]
MARGOT CRISTINA DE LA ASUNCIÓN GIL SANCHEZ […]” y Oscar Augusto Mejía
Rivera, de los cuales deduce “[…] el sometimiento de Corantioquia a la información
suministrada por las otras entidades de carácter público […]”.

92. Sostuvo que la primera instancia nada indicó respecto de los cambios “[…] a la
solicitud inicial de los proponentes […]”, resaltando que las corporaciones
autónomas regionales actúan a ruego, debiendo el solicitante adecuar el proyecto
al “[…] caudal disponible y real oferta del recurso hídrico […]”, de tal forma que no
le quedaba otra salida a la autoridad ambiental que la de revocar la decisión a través
de la cual se concedió la licencia ambiental, indicando, de otro lado, que de las
diferentes pruebas recaudadas, la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, CORANTIOQUIA:

“[…] a pesar de trabajar con el método duberdicus, no desconoció la validez de
los otros métodos existentes, como quedó anotado en párrafos anteriores, así
lo expuso claramente uno de sus declarantes, pero el problema no fueron los
métodos utilizados sino la información o los datos que sirvieron de soporte en
la aplicación de esos métodos, que sin entrar a discutir su validez, como ya
quedó anotado, Corantioquia debió ceñirse a la información que le suministró el
IDEAM, como primera entidad nacional y entidad autorizada.

Insistimos en algo que no fue tenido en cuenta en el fallo y es que los periodos
para el registro de las precipitaciones en una cuenca, deben ser prolongados,
por eso el aplicativo Duberdicus, para la determinación de caudales que emplea
Corantioquia, incluye más estaciones pluviométricas y mayor periodo de
evaluación que el indicado por los demandantes entre los años 1994 y 1998, lo
que hace más confiable la estimación de la información del caudal a largo plazo
y no como lo afirman los demandantes. Se dijo que no era propósito de la
Corporación, como autoridad ambiental, imponer su criterio sin ningún
fundamento ni razón, la Corporación seleccionó y acogió el método duberdicus
después de un estudio serio y concienzudo hecho por los profesionales de
diferentes disciplinas, que después de analizar los diferentes factores que
afectan los caudales y modelos, vieron en este aquel que dentro de la
inexactitud propia de la hidrología, proporcionaba, por así decirlo, un mayor
acercamiento a la realidad de los diferentes cauces, explicamos que este era el
parámetro y la herramienta que implementaba la Corporación para el
cumplimiento de sus funciones, básicamente en el otorgamiento de licencias

28

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

ambientales, insistimos en que la Corporación no podía, ni debía acoger como
cierto todo lo que le aportan o afirman los usuarios, ella tiene, como autoridad
ambiental la facultad de revisarlo y confirmarlo. […]”

93. Indicó, respecto a la no prosperidad de la objeción por error grave solicitada por
la parte accionada, que no compartía los argumentos de la primera instancia
consistentes en que los estados financieros y las declaraciones de renta de los
demandantes no tenían ninguna incidencia, en razón a que:

“[…] El Honorable Tribunal no tuvo en cuenta en su fallo que en materia
financiera y tratándose de proyectos de inversión, es claro que solo cuando
exista un estudio de viabilidad o factibilidad con todos sus componentes, será
posible establecer las condiciones precisas e irrefutables que hacen viable el
proyecto de inversión, o sea, que permitan su realización con éxito;
determinando las necesidades y los recursos sin los cuales se hace imposible
su desarrollo y por ende la definición temporal de los futuros ingresos y
utilidades.

Así las cosas, cabe preguntarse cómo determinar un lucro cesante cuando en
el estudio de inversión no se cuenta con todos los elementos necesarios para
determinar la generación de la futura utilidad o en otras palabras el patrimonio
dejado de percibir en el corto, mediano o largo plazo, hacerlo sin contar con los
elementos del estudio de viabilidad del proyecto y la voluntad de asumir los
riesgos financieros que implican emprender la ejecución del proyecto es aceptar
que no se hacen necesarios todos y cada uno de esos elementos citados.

En la evaluación financiera presentada del citado proyecto, no es posible
asociar riesgo alguno que permita determinar qué tan costeable seria la
recuperación, no solo de lo requerido en la inversión de los recursos propios,
sino además con los recursos producto del apalancamiento mediante créditos,
es decir, sin certeza de la existencia de capacidad de endeudamiento o
existencia de los mismos, lo que no posibilita aseverar su existencia ante la falta
de los estados financieros o de las declaraciones tributarias de los supuestos
inversionistas, únicas fuentes de prueba de la existencia de los recursos y
condiciones que permitieran asegurar el éxito del desarrollo y puesta en marcha
del proyecto.

Finalmente, podemos decir que la valoración efectuada en el dictamen no
solamente debe referirse a los dineros estimados y dejados de percibir por venta
de servicios sino igualmente a la viabilidad o factibilidad del proyecto en todos
los órdenes y en especial en este caso, en establecer la existencia o no de todos
y cada uno de los elementos que permitan afirmar que estábamos frente a una
real inversión, ello deslegitima cualquier cálculo de lucro cesante en un tiempo
determinado no en razón de los ingresos sino en razón de la rentabilidad, que
es lo que finalmente persigue el inversionista […]”

94. Concluyó que los demandantes no acreditaron los errores en que habría incurrido
la autoridad administrativa en el procedimiento de otorgamiento de la licencia
ambiental, ni existiría prueba de los perjuicios causados.

29

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

I.7. Trámite del recurso de apelación

95. La primera instancia llevó a cabo, los días 6 de julio de 2016 22 y 2 de febrero de
201723, la audiencia de conciliación a la que se refiere el artículo 70 de la Ley 1395
de 12 de julio de 201024, norma que adicionó un inciso al artículo 43 de la Ley 640
de 5 de enero de 200125, la cual fue declarada fallida y, en consecuencia, se
concedió el recurso de apelación presentado por la parte accionada.

96. Mediante auto de 14 de junio de 201726, proferido en el trámite de la segunda
instancia, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia de 26 de abril de 2016; ordenando que, en firme la anterior
decisión, se corriera traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo conveniente,
rindiera concepto de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5. del artículo 212
del CCA.

97. La parte demandada, en sus alegatos de conclusión 27, solicitó la revocatoria de
la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se denegaran las pretensiones
de la demanda, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, concluyendo que:

“[…] la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA-, acreditó su actuar de conformidad con la
normatividad aplicable a la solicitud elevada por los señores José Roberto
Arango Pava y Otros (sic) y que el trámite administrativo por medio del cual se
expidió la Resolución 130CA-1104-6663 del 11 de abril de 2011, mediante la
cual la Corporación revocó la Resolución 130CA-6456 del 24 de noviembre de
2010, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental al proyecto Generación
de Energía Hidroeléctrica del Río Frio, fue un procedimiento conforme a la ley,
que el mismo se adelantó respetando la normatividad que lo regulaba.

También es importante insistir señor Magistrado, en que Corantioquia, actúa de
conformidad con las posibilidades que la legislación le otorga, con un estricto
sometimiento a las normas, pues por su misma naturaleza jurídica, su objeto y
funciones, que son muy precisas y están relacionadas con la disposición,
administración, manejo y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos
naturales renovables; la entidad obró de conformidad con lo que a ella le
compete y las normas aplicables, debiendo velar siempre por la defensa de los
intereses ambientales, para el beneficio común de toda la población, así como
propender por la mejor utilización de los recursos naturales, sin llegar a dañarlos
o colocarlos en riesgo, más aún cuando se tarta (sic) del caudal de las fuentes
de agua, también se debe velar por la recuperación ambiental, con una
pertinente adecuación del sistema, ya que cualquier actividad puede afectar
ostensiblemente el orden natural de los recursos.

22
Fol. 677, C. Ppal. 2.
23
Fol. 684, C. Ppal. 2.
24
“[…] Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. […]”
25
“[…] por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. […]”
26
Fol. 4, C. Consejo de Estado.
27
Fol. 7-84, C. Consejo de Estado.

30

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

Es así que con fundamento en los planteamientos que anteceden, en el
sometimiento a las leyes y a la jerarquía imperativa de la norma constitucional,
en que la parte demandante no acreditó los supuestos errores cometidos por la
Corporación en el proceso de otorgamiento de licencia ambiental iniciado por
ellos, como lo admite el fallo impugnado como tampoco los supuestos de hecho
alegados para la abultada indemnización de perjuicios solicitada y las
exageradas aspiraciones económicas, por lo que es preciso concluir que no
existe prueba suficiente sobre los perjuicios causados, es que para tan alta
condena hace falta más de lo aportado por la parte demandante. Corantioquia
insiste en que no basta con unas declaraciones para solicitar la indemnización
de unos perjuicios tan exagerada y la cual fue concedida sin mayor reparo, los
demandantes debieron acreditar dentro del proceso las inversiones que
realizaron al proyecto, como lo son declaraciones de renta, créditos bancarios,
etc. […]”

98. La parte demandante presentó, igualmente, alegatos de conclusión 28 en los
cuales solicitó la confirmación de la sentencia apelada.

99. Expuso, como consideraciones previas, que el recurso de apelación, siguiendo
los artículo 243 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129 y 320 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201230 no resultaba admisible exponer o argumentar hechos nuevos
y pruebas que no fueron puestas en consideración, en su oportunidad, por el
demandado en la primera instancia, limitándose la segunda instancia a revisar la
decisión adoptada en primera instancia, de acuerdo con los hechos y pruebas que
fueron puestos en concomimiento de éste.

100. Los demandantes advirtieron, en esa medida, que:

“[…] la gran mayoría de hechos a que alude el apelante en su recurso, no
guardan relación con la controversia puesta en consideración del juez de
primera instancia, la cual se circunscribe a establecer si el Comité ad hoc -en
su informe 130CA 1103-14424 de 11 de marzo de 2011- realizó una estimación
correcta del caudal para el desarrollo del Sistema Río Frío Alto (en la cota 1994
m.s.n.m.), con fundamento en el cual, la Corporación decidió revocar la licencia
ambiental del proyecto otorgada a los demandantes.

(…)

En consecuencia, la controversia de fondo, en torno a la cual de fijó (sic) la Litis
del proceso en primera instancia, consistió en resolver si el informe técnico que
rindió el Comité ad hoc en la probatoria decretada en el trámite de la reposición,
realizó una estimación correcta del caudal de la parte alta del proyecto
hidroeléctrico, y con base en dicho análisis y averiguación, establecer si el acto
administrativo impugnado (Resolución 130CA-11046663 del 11 de abril de
2011), objeto del presente proceso judicial, revocó la licencia ambiental con
fundamento en argumentos veraces y confiables, desde el punto de vista de la
ciencia hidrológica. […]”

101. Afirmaron que el problema jurídico que analizó la primera instancia consistió en
determinar si la estimación del caudal realizada por la parte accionada, con ocasión

28
Fol. 85-119, C. Consejo de Estado.
29
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
30
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

31

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

del recurso de reposición presentado en contra del acto administrativo que les
concedió la licencia ambiental, estuvo debidamente sustentado y, por ello, la
revocatoria del acto administrativo contó con un fundamento cierto, desde el punto
de vista de la “[…] ciencia hidrológica […]”, o si, por el contrario, la estimación del
caudal realizada fue incorrecta, y en esa medida, la revocatoria careció de sustento.

102. Expuso como conclusiones que:

“[…] La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 26 de
abril de 2016, debe ser confirmada por parte del H. Consejo de Estado, teniendo
en cuenta que dentro del proceso de primera instancia resuelto por el a quo, se
demostró que el acto administrativo incurrió en falsa motivación, y ocasionó
perjuicios a los peticionarios de la licencia ambiental, con base en las pruebas
del proceso.

Por una parte, el acto administrativo No. 130 CA-11046663 del 11 de abril de
2011 revocó la licencia ambiental con base en el informe técnico elaborado por
un Comité ad hoc, sin sustentar ni explicar los métodos y la información
empleados para la estimación del caudal de la parta (sic) alta del proyecto Río
Frío. Adicionalmente, el dictamen pericial practicado en el proceso, después de
analizar la información entregada por la Corporación, llegó a la conclusión de
que la estimación realizada por la Corporación fue incorrecta, al haber
empleado datos insuficientes de precipitación y evapotranspiración para la
estimación del caudal del río. De esta manera, se demostró que el acto
administrativo incurrió en la causal de nulidad por falsa motivación, al revocar
injustamente la licencia ambiental del proyecto Río Frío, con base un análisis
equivocado.

Por el contrario, se demostró que los estudios hidrológicos que habían sido
realizados por los solicitantes de la licencia ambiental, realizaron una estimación
correcta del caudal remanente requerido para el proyecto, motivo por el cual, se
concluye que el acto administrativo No. 130 CA-11046663 del 11 de abril de
2011 revocó sin fundamento la Resolución 130CA-6456 de 24 de noviembre de
2010, mediante la cual se había otorgado en forma válida, y debidamente
sustentada, la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico.

Adicionalmente, los demás argumentos que esgrime el apelante en su recurso
no son ciertos, tal y como quedó demostrado en los presentes alegatos de
conclusión, los cuales resultan extemporáneos, y no podrían ser ventilados en
la presente instancia, al no haber sido éstos los fundamentos del acto
administrativo demandado mediante la presente acción. […]”

103. En auto de 28 de enero de 201931 se rechazó, por extemporánea, la solicitud
“[…] por medio de la cual la parte actora pretendía que se tuviera como prueba la
Resolución número 160CA-RES1809-5147 del 20 de septiembre de 2018 […]”.

104. LaAgencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino dentro del
proceso32, a través de apoderado, solicitando la revocatoria de la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se denegaran las pretensiones de la demanda,

31
Fol. 194-195, C. Consejo de Estado.
32
Índice 30, SAMAI.

32

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

exponiendo, de acuerdo a las pruebas aportadas y practicadas, las siguientes
conclusiones:

“[…] i) En la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de
Antioquia no se argumenta de manera correcta, precisa y detallada ninguna de
las causales alegadas por los demandantes: falsa motivación, infracción de
normas en las que debía fundarse y expedición irregular.

ii) El fallo no logra determinar cómo se afectaron los derechos de los
demandantes cuando el acto administrativo que presuntamente generó los
perjuicios no estuvo en firme, ya que su firmeza fue impedida por la interposición
de un recurso de reposición por un tercero interviniente reconocido en el trámite
administrativo.

iii) La única prueba que utiliza la Sentencia corresponde a un dictamen pericial
que replica los datos aportados por los demandantes y ambos tienen por tanto
los mismos problemas estructurales como son: a) el estudio de precipitación
abarcó el lapso muy corto comprendido (1994-1998), b) hubo meses en que no
se recopiló información y algunos datos no se recopilaron empíricamente sino
se completaron con datos de revistas especializadas, c) no se tuvo en cuenta
que los datos recopilados estaban afectados por factores externos como
períodos del Fenómeno del Niño y de la Niña, d) no tiene en cuenta los datos
oficiales del IDEAM. Es decir, es un estudio débil. Lo cual le resta credibilidad
de lo afirmado en la demanda y a las conclusiones del fallo. Muchas
imprecisiones y todo se construye a partir de información indirecta, lo cual le
resta credibilidad a las afirmaciones “técnicas”.

iv) La actuación administrativa desplegada por CORANTIOQUIA correspondió
a sus competencias como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción. En el
proyecto en concreto no era posible licenciar la actividad toda vez que el caudal
remanente disponible para el proyecto en la cuenca era de 0,82 m3/s, el caudal
solicitado por el usuario de 1,96 m3/s, por lo que la solicitud del demandante
supera en más del doble la capacidad hídrica de la cuenca, por tal motivo no
fue viable otorgar la concesión de agua y en consecuencia la licencia ambiental.
Por lo que la entidad actuó con clara motivación para su proceder.

En consecuencia, la Sentencia incurre en yerros jurídicos que deben ser
corregidos en sede de la segunda instancia. […]” (subrayado del texto)

105. El apoderado de la parte demandante se pronunció33 respecto de los
argumentos expuestos por el apoderado de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, solicitando que fueran desestimados y, además, que fueran
tomadas medidas “[…] de cara al proceso judicial con Radicado No.
05001233300020210033700 que cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por cuanto existe una situación de prejudicialidad frente a este proceso judicial […]”,
aportando el “[…] Link al expediente con Radicado No. 05001233300020210033700
[…]”.

106. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 34 se opuso “[…] a la
solicitud del Apoderado de la parte actora, y solicito respetuosamente que SE
RECHACE EL MEMORIAL PRESENTADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 por

33
Índice 39 y 40, SAMAI.
34
Índice 42, 43 y 47, SAMAI.

33

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

extemporáneo junto a los argumentos presentados en contra de la intervención de
esta Agencia y SE NIEGUE EL DECRETO DE LOS DOCUMENTOS
CATALOGADOS COMO PRUEBA SOBREVENIDA por las razones expuestas en
este memorial. […]” (negrilla del texto).

107. La Corporación Autónoma del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
igualmente, se opuso a la intervención de la parte demandante35, solicitando “[…]
SE RECHACE EL MEMORIAL PRESENTADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
por ser presentando (sic) extemporáneamente y SE NIEGUE EL DECRETO DE
LOS DOCUMENTOS CATALOGADOS COMO PRUEBA SOBREVENIDA […]”
(negrilla del texto).

108. El apoderado de la parte demandante se pronunció36 frente a las intervenciones
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, aclarando que:

“[…] I. En cuanto a que los argumentos presentados por esta parte en el
memorial del 27 de septiembre de 2024 son para la ANDJE y para
CORANTIQUIA (sic) extemporáneos:

(…)

2. Bajo el anterior entendido, se pone de presente que no se comparte el
argumento de extemporaneidad y por contera nos oponemos a este. Dicha
oposición se fundamenta en el hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico
no existe norma alguna que señale de forma expresa un término perentorio y/o
preclusivo para las partes frentes a posibilidad (sic) de pronunciarse sobre los
argumentos expresados por la ANDJE en sus intervenciones en procesos
judiciales.

3. De los memoriales allegados por estas dos entidades, no se evidencia
tampoco un fundamento normativo que se traiga a colación y del que se
desprenda el término legal para tal finalidad.

4. En consecuencia, al no existir una limitante de este tipo, es posible para las
partes vinculadas a un proceso judicial pronunciarse frente a dicha intervención
en cualquier momento del proceso.

II. En cuanto a la supuesta inclusión como prueba sobreviniente de la
licencia ambiental No. 160CA-RES-1809 del 20 de septiembre de 2018,
expedida por CORANTIOQUIA, de forma extemporánea al presente
proceso:

5. Frente a este punto, sea lo primero dar claridad en cuanto a que lo pretendido
por esta parte procesal en ningún momento fue el aporte o inclusión de la
prueba que aducen las entidades (Resolución No. 160CA-RES-1809 de 20 de
septiembre de 2018 expedida por CORANTIOQUIA) al presente proceso.

6. Lo pretendido por esta parte procesal al adjuntar en el memorial el link del
expediente del proceso judicial con Radicado No. 05001233300020210033700
como prueba, no fue cosa distinta que poner al tanto del Consejo de Estado

35
Índice 45, SAMAI.
36
Índice 50 y 51, SAMAI.

34

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

sobre la existencia de un proceso judicial que cursa en segunda instancia en el
Tribunal Administrativo de Antioquia, sobre un trámite de licencia ambiental que
tiene por objeto la misma fuente hídrica de la que ya tienen licencia ambiental
mis poderdantes, de acuerdo con el fallo judicial del 26 de abril de 2016.

(…)

8. De acuerdo con lo anterior, se ponen en consideración del Consejo de Estado
los argumentos de aclaración a las oposiciones de la ANDJE y
CORANTIOQUIA, a efectos de evitar equívocos en cuanto al entendimiento de
la posición expuesta en el memorial de 27 de septiembre de 2024. […]” (negrilla
del texto)

109. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se pronunció 37 frente a la
intervención de la parte demandante mencionada supra, indicando que:

“[…] 2. Pronunciamiento frente al memorial radicado el día 07 de octubre
de 2024.

A. En el Memorial radicado por la parte demandante, se reprochan los
argumentos presentados por la ANDJE el 04 de octubre de 2024. En el
Memorial se recordó los puntos clave del escrito del 27 de septiembre de 2027
(sic), en el cual, la parte demandante insiste en la solicitud de suspensión del
proceso con radicado número 05001233300020210033700 que cursa ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia, debido a que, a consideración de la parte
demandante, existe una situación de prejudicialidad que podría ser contraria a
la seguridad jurídica de los sujetos involucrados.

B. Al respecto, esta agencia pone de presente que el Tribunal Administrativo de
Antioquia en auto del 7 de octubre de 2024 se pronunció sobre la solicitud de
prejudicialidad realizada por el señor Juan Gonzalo Echavarría Greiffestein en
el proceso bajo el radicado 05001233300020210033700 para que se
suspendiera éste mientras se decide el proceso No.
05001233100020110160801. En dicho auto el Tribunal no accedió a la
suspensión del proceso por prejudicialidad con fundamento en las siguientes
razones:

(…)

C. Como se lo señalo (sic) el Tribunal Administrativo de Antioquia, en este caso
no opera la prejudicialidad, porque, en conclusión:

• Porque es posible que una autoridad ambiental otorgue licencias ambientales
respecto de proyectos que se localicen en áreas de otros proyectos cuando sea
viable su coexistencia, de manera que la consecuencia de ambos procesos no
ha de ser necesariamente uniforme.

• Porque el señor Juan Gonzalo Echavarría Greiffestein y otros no participaron
en el trámite administrativo de licenciamiento ambiental que adelantó Río Frío.

• El proceso No. 05001233300020210033700 no se encuentra en estado de
proferirse sentencia de segunda o única instancia.

3. Solicitud

37
Índice 55, SAMAI.

35

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

En los anteriores términos me pronunció (sic) respecto al memorial del 7 de
octubre de 2024 presentado por los demandantes y pongo de presente al
despacho la decisión del 7 de octubre de 2024 del Tribunal Administrativo de
Antioquia proferida dentro del proceso No. 05001233300020210033700 en la
que negó la solicitud los (sic) señores Juan Gonzalo Echavarría Greiffestein y
otros de suspender el citado proceso por prejudicialidad judicial. […]” (negrilla
del texto)

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

110. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandada, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos acusados; iii) una cuestión previa relacionada con cargos nuevos
invocados en el recurso de apelación; iv) el problema jurídico; y, v) el caso concreto.

II.1. La competencia

111. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA 38 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

II.2. El acto administrativo demandado

112. El acto administrativo demandado es la Resolución núm. 130CA-11046663 de
11 de abril de 201139, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia, CORANTIOQUIA, Dirección Territorial Cartama, mediante la cual
resolvió:

“[…] ARTÍCULO 1°. Revocar la Resolución 130CA-6456 del 24 de noviembre
de 2010, que resuelve “Otorgar LICENCIA AMBIENTAL, a nombre de los
señores JOSÉ ROBERTO ARANGO PAVA, JUAN GONZALO ECHAVARRÍA
GREIFFESTEIN y GABRIEL LONDOÑO WHITE, identificados con las cédulas
de ciudadanía números (…) respectivamente, para el desarrollo del proyecto
“GENERACIÓN DE ENERGÍA”, con aguas a derivar del río Frío, en jurisdicción
del municipio de Támesis, en el Departamento de Antioquia, por la (sic) razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO 2°. Negar la LICENCIA AMBIENTAL, solicitada por los señores
JOSÉ ROBERTO ARANGO PAVA, JUAN GONZALO ECHAVARRÍA
GREIFFESTEIN y GABRIEL LONDOÑO WHITE, identificados con las cédulas
de ciudadanía números (…) respectivamente, para el desarrollo del proyecto
“GENERACIÓN DE ENERGÍA”, con aguas a derivar del río Frío, en jurisdicción
del municipio de Támesis, en el Departamento de Antioquia.

38
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
39
Fol. 123-131, C. Ppal. 1. Expediente CA3-2008-13, Tomo 7.

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

ARTÍCULO 3°. De conformidad al artículo 63 (sic), concordado con el numeral
2 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, con la presente
providencia se declara agotada la vía gubernativa. […]” (negrilla del texto)

113. La autoridad, para adoptar la decisión anterior, consideró lo siguiente:

“[…] Que en informe técnico 130CA 1103-14424 del 11 de marzo de 2011, cuyo
asunto es “Recurso de reposición radicado 1101-17 del 28 de diciembre de
2010”, se contiene la prueba realizada el 3 de marzo de 2011, y elementos
técnicos pertinentes en virtud al recurso presentado.

Que con fundamento en la información obrante en el expediente CA3-2008-13,
entre ellos el informe técnico 130CA 1103-14424 del 11 de marzo de 2011, se
presentará la evaluación realizada por la corporación al recurso presentado:

1. En lo que respecta al caudal, las observaciones del recurrente fueron
atendidas en el informe técnico 130CA 1103-14424 del 11 de marzo de 2011,
así:

“La sustentación sobre la manera como se determinó el caudal de la fuente
hídrica y además el cálculo del caudal ecológico.

La cuenca del Río Frío presenta una gran complejidad topográfica e hidrológica
como se puede evidenciar en el gráfico que se presenta a continuación.

(…)

La hidrología a pesar de ser una disciplina científica, en la práctica, no tiene la
posibilidad de establecer cálculos exactos relacionados con los caudales de un
río. La mayor incertidumbre se asocia tal vez a la estimación de la variables de
precipitación y evapotranspiración real; toda vez que se parte de información
puntual, discreta y generalmente dispersa, para aproximarse a una información
real y continua. Esta situación puede evidenciarse inclusive a partir de la
información presentada por el peticionario de la Licencia cuando compara los
diferentes valores de caudales obtenidos a partir de diferentes metodologías.
Lo anterior no es una imprecisión, es simplemente el reconocimiento de que se
trata de análisis enmarcados en la incertidumbre de la naturaleza hidrológica.

Para evaluar la precipitación media en la cuenca del Río Frio, CORANTIOQUIA
dispone de las series de información suministradas por el IDEAM para un
conjunto de estaciones cercanas para las cuales se tienen registros confiables
de precipitación durante períodos de por lo menos diez años.

La comparación entre la información presentada por el peticionario de la licencia
y la usada por la Corporación se presenta de manera sintética en la tabla
siguiente, así como el resultado del caudal medio multianual usando el método
de Balance Hídrico a partir de los datos contrastados. Esta comparación pone
de manifiesto la sensibilidad de los cálculos de caudal a partir de cambios en
estas dos variables, presentándose en este caso diferencias hasta del 35%.

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

Para soportar el recálculo realizado por CORANTIOQUIA se presenta la
distribución espacial disponible con datos de precipitación promedio anual
multianual en los alrededores de la cuenca del Río frío. Debe notarse que los
datos de precipitación de las estaciones más cercanas no superan los 2300 mm
de lluvia anual, lo que sugiere la imposibilidad de que se tengan precipitaciones
del orden de 2950 mm como sugiere el peticionario de la licencia. Caso similar
ocurre con la Evapotranspiración (real) -ETR-, la cual se estima con mucha
razonabilidad y validez en esta zona de los Andes Colombianos a partir de la
ecuación definida por Cenicafe (sic) que establece una relación exponencial
entre ETR y altura, obteniéndose para la zona alta de esta cuenca, valores
cercanos a los 1100 mm/año.

(…)

Uniendo los diferentes elementos disponibles expuestos, puede concluirse que
a partir de las estimaciones de caudal realizadas a la altura de 1994 m.s.n.m,
no es posible conceder el caudal solicitado por el usuario, dado que el caudal
medio total remanente corresponde al 42% del caudal solicitado.

(…)

38

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

2. Sobre la presentación de un “NUEVO EIA” por parte del solicitante de la
licencia ambiental.

En lo que corresponde a este ítem, en el oficio entregado por el solicitante de la
licencia ambiental, al momento de dar respuesta al requerimiento efectuado con
el fin de complementar el Estudio de Impacto Ambiental, manifiesta que (sic)
“De acuerdo con lo indicado por el Acto Administrativo N° 130CA-9436 del 2 de
junio de 2010, se hace entrega de la respuesta a los requerimientos y se anexa
el Estudio de Impacto Ambiental versión 2.0, la cual reemplaza en su totalidad
la versión 1.0”, no manifestando en ningún momento que se trata de un Estudio
de Impacto Ambiental NUEVO.

(…)

Mas (sic) sin embargo, en aras de dar claridad en este aspecto, la Corporación
a través de su equipo técnico en el informe 130CA 1103-14424 del 11 de marzo
de 2011, efectúa un análisis comparativo de los EIA versión 1, radicado CA-
104-566 y versión 2, radicado CA-108-1259, concluyéndose que “el Estudio de
Impacto Ambiental versión 2 con radicado 130CA-108-1259 corresponde a un
estudio donde se presentan modificaciones que van más allá de los
requerimientos exigidos en el Acto Administrativo 130CA-9436 de junio 2 de
2010, modificando las condiciones del proyecto inicialmente planteado.”

3. Zonificación de manejo ambiental.

Contrario sensu (sic) a lo estipulado por el recurrente y a la valoración efectuada
por él (desde su conocimiento jurídico) en este componente, de conformidad al
análisis comparativo del informe técnico 130CA 1103- 14424 del 11 de marzo
de 2011, se allega el complemento solicitado, el cual fue valorado en su
momento, con el rigor técnico requerido y del cual se traerá información a
continuación, de manera sucinta:

ZONIFICACION AMBIENTAL
AID y AII: Desarrolla en el componente AID y AII: además de la sensibilidad incluye
biótico, abiótico y social la variable de y desarrolla la variable de fragilidad y
sensibilidad ambiental para las categorías potencialidad (en respuesta al art. 1, ítem
alta, media y baja 43 del AA CA-9436)
ETODOLOGIA PARA DETERMINAR ZONIFICACION AMBIENTAL
Define el criterio de evaluación para la Incluye además de la sensibilidad
sensibilidad ambiental ambiental, la potencialidad ambiental y la
fragilidad (en respuesta al art. 1, ítem 29,
38 y 43 del AA CA-9436)
ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL
Desarrolla para las áreas de exclusión, de Desarrolla para las áreas de exclusión, de
intervención con restricciones y de intervención con restricciones y de
intervención, la variable de sensibilidad intervención, las variables de sensibilidad
ambiental ambiental, potencialidad y fragilidad

4. No aplicación del artículo 13 del Código Contencioso Administrativo, al no
aplicar el desistimiento tácito por el no cumplimiento de la siguiente información
requerida en el acto administrativo 130CA-9436 del 2 de junio de 2010:

• Información para el permiso de aprovechamiento forestal.
Evaluada técnicamente la información, en el informe 130CA 1103-14424
del 11 de marzo de 2011, éste determina que “En el Estudio de Impacto

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

Ambiental con radicado 130CA108-1259 de 9 de agosto de 2010, no hay
información suficiente para otorgar el permiso de aprovechamiento
forestal, ya que según los términos de referencia el interesado debe:
localizar y georeferenciar las áreas donde se realizarán los
aprovechamientos, presentar planos o planchas a escalas que permitan
visualizar las diferentes coberturas a provechar (sic) tanto del área del
proyecto como de las áreas donde se ubicarán las obras de
infraestructura, como campamentos, vías, aserríos y centros de acopio
entre otros, realizar un inventario de las superficies boscosas que
requieren ser removidas, mediante un muestreo estratificado al azar,
con una intensidad de muestreo del 5% para fustales con diámetro a la
altura del pecho superior a los 10 cm, 2% para latizales con diámetros
entre los 5 y 10 cm o alturas entre los 1.5 y 3 metros (confiabilidad del
95% y error de muestreo inferior al 20% del volumen total a remover),
identificar las especies amenazadas y vedadas, estimar el área y el
volumen total y comercial a remover por especie, presentar el análisis
de la estructura horizontal y vertical donde se incluya además de la
composición florística, los índices de diversidad y riqueza, Índice de
Valor de Importancia y densidad y distribución por clases diamétricas y
altimétricas.

De acuerdo a lo anterior, el complemento allegado en virtud a lo
solicitado en el acto administrativo 130CA-9436 del 2 de junio de 2010,
no se completó, razón por la cual no fue posible decidir sobre el
aprovechamiento forestal” al momento de otorgar la licencia,
procediéndose a su negación, hasta tanto se presente la información
requerida.

Se verifica con lo anterior, que efectivamente se desdibuja el alcance de
la licencia ambiental única, la cual, por definición, llevará implícitos todos
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables,
de conformidad al artículo 3 de del (sic) 1220 de 2005, reglamentario de
la ley 99 de 1993 en materia de licencias ambientales.

• Sustracción del área a intervenir en el Distrito de Manejo Integrado
Cuchilla Jardín Támesis.
Aunado a esta sustracción, se encuentra la información del componente
anterior, toda vez que para poder tomar determinación sobre aquel (sic),
es necesario conocer la información del aprovechamiento forestal, ya
que al no tener conocimiento de los volúmenes de material vegetal a
remover, si estos están ubicados dentro del Distrito de Manejo
Integrado, no es posible determinar, las condiciones establecidas en el
artículo 8 del acuerdo 316 de 2009, de remoción del bosque o cambio
en el uso del suelo, o cualquier otra actividad distinta al aprovechamiento
racional de los recursos naturales renovables, dentro del DMI, para
establecer la sustracción de la mencionada figura, previo estudio y
requerimientos que sustenten su viabilidad.

No obstante lo anterior, es de aclarar al recurrente, que la corporación
no está colocando en manos del solicitante de la licencia ambiental, la
decisión sobre la sustracción de un área del Distrito de Manejo
Integrado. Pues como se indico (sic), no hay pronunciamiento de forma
definitiva frente a este tema, porque se requiere la información de
aprovechamiento forestal.

• Plan de inversión del 1%:

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
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El informe 130CA 1103-14424 del 11 de marzo de 2011, concluye para
este componente que “Si bien si se presenta un plan de inversión del 1%
y se hacen los ajustes en el valor de acuerdo con uno de los
requerimientos, dentro del EIA versión 1 y versión 2 del proyecto
Hidroeléctrico Río Frío, no se encontraron actas o evidencias que
permitan comprobar que se haya realizado una convocatoria y/o reunión
por parte del usuario para concertar este plan de inversión del 1%”, tal y
como fue requerido en el acto administrativo 130CA-9436 del 2 de junio
de 2010.

• Monitoreo calidad aire:
Técnicamente el informe en comento, precisamente determina que “En
el Estudio de Impacto Ambiental con radicado 130CA108-1259 del 9 de
agosto de 2010, no se presentó la información requerida en el Acto
Administrativo No. 130CA 9436 del 02 de junio de 2010, respecto a
complementar los ítems relacionados con la climatología o atmósfera
(calidad de aire y ruido) y específicamente en los siguientes
requerimientos:

a. No se adelantó el programa de monitoreo del recurso aire durante la
elaboración del estudio.
b. No se realizó el monitoreo de presión sonora en zonas que se hayan
identificado como las más sensibles”

5. La concesión se concede por 54 años, fuera del marco legal que corresponde
a 50 y fuera del período por el que otorga la corporación, 20 años.

La licencia ambiental objeto del presente estudio es UNICA, conllevando como
consecuencia precisa, la inclusión del uso de todos los recursos naturales que
se requieran para el desarrollo de la actividad, como lo determina el artículo 3
del Decreto 1220 de 2005 (norma bajo la cual se decide esta licencia ambiental):
“Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de
un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del
proyecto, obra o actividad. (subraya fuera de texto), indicándose con esto, que
los términos establecidos en las normas reglamentarias de los permisos no son
aplicables, toda vez que los tiempos en ellos determinados son, por lo general,
menores a la vida útil de un proyecto como el que nos convoca.

Es de aclarar además, que la vida útil del proyecto y el uso del recurso hídrico
para generar energía definido en la resolución 130CA-6456 del 24 de noviembre
de 2010 es de 50 años y no de 54 años, como lo indica el recurrente.

Que con lo expuesto se evidencia que hay méritos para que prospere el recurso
impetrado frente a la resolución 130CA-6456 del 24 de noviembre de 2010,
quedando pendiente por determinar si se accede a la petición principal o
subsidiaria.

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

Que el recurso hídrico como eje articulador de la gestión ambiental, debe
administrarse en razón a su interdependencia con los otros recursos naturales,
el principio de precaución y el de prevención. En este orden de ideas, cuando
la administración concede su uso, debe garantizar, desde que no ocurran
situaciones naturales extraordinarias, el recurso concesionado, para lo cual
debe contar con información sobre el caudal de la fuente, el recurso ya otorgado
y la cantidad que se necesita para permitir la vida en ese ecosistema en
condiciones mínimas.

Que para el estudio que nos compete, el recurso hídrico, es el elemento
principal para determinar la viabilidad del proyecto, toda vez que si no hay
disponibilidad de él, el proyecto se hace inviable, al menos, en las condiciones
solicitadas.

Que así las cosas, si bien los demás elementos argumentados por el recurrente
tienen peso considerable, evaluados de manera independiente o conjunta, no
necesariamente llegarían a dar como resultado la inviabilidad del proyecto como
ya se expreso (sic).

Que partiendo de la conclusión técnica, en lo que respecta a la determinación
de caudal, en el sentido que a la altura de 1994 m.s.n.m, no es posible conceder
el caudal solicitado por el usuario, dado que el caudal medio total remanente
corresponde al 42% del caudal solicitado, lleva a la administración a acceder a
la petición principal del recurrente. […]” (negrilla y subrayado del texto)

114. Se precisa que, dentro de las pretensiones de la demanda, se solicitó la nulidad
de la “[…] Resolución 11106926 del 7 de octubre de 2011 […]”, mediante la cual se
negó la solicitud de revocatoria de la Resolución núm. 130CA-1046663 de 11 de
abril de 2011; sin embargo, la sentencia de 26 de abril de 2016 decidió “[…]
PRIMERO. SE INHIBE para pronunciarse de fondo la Resolución 1106926 del 07
de octubre de 2011, (sic) que denegó la solicitud de revocatoria de la Resolución
130CA11046663 del 11 de abril de 2011 […]”, decisión que no fue impugnada por
la parte apelante.

II.3. El problema jurídico

115. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32040 y 32841 de la Ley
1564, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así como el recurso de
apelación presentado por la parte demandada, considera que el problema jurídico
que se debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente la revocatoria de la sentencia de 26 de abril de 2016, proferida por la
Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual i) se
declaró impróspera la objeción por error grave presentada en contra del dictamen
rendido por la “[…] firma SBI Banca de Inversiones […]”, ii) se declaró la nulidad de

40
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
41
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
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la Resolución núm. 130CA-11046663 de 11 de abril de 2011, a través de la cual se
revocó la licencia ambiental otorgada a la parte demandante, y iii) se condenó, a
título de restablecimiento del derecho, a la suma de $16.277.128.616, para que, en
su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda, en la medida en que,
conforme lo señala la apelante, el acto administrativo acusado no se encuentra
falsamente motivado, en razón a que la autoridad ambiental estimó, en forma
correcta, que no resultaba posible conceder a los demandantes, el caudal solicitado
para desarrollar un proyecto de generación de energía, con aguas a derivar del Río
Frío, en jurisdicción del municipio de Támesis, departamento de Antioquia, siendo
improcedente, en consecuencia, el restablecimiento del derecho al que fue
condenada.

II.4. Cuestión previa

116. El apelante, dentro de los cuestionamientos que realiza frente a la sentencia de
primera instancia de 26 de abril de 2016, plantea que se debería realizar una
comparación de tres documentos, a saber, i) el informe técnico núm. 130CA-12508
de 14 de diciembre de 2009, mediante el cual la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, Dirección Territorial Cartama, definió la
alternativa sobre la cual se debería desarrollar el estudio de impacto ambiental por
parte de los demandantes; ii) el estudio de impacto ambiental presentado por los
demandantes radicado el 11 de agosto de 2010; y, iii) el estudio de impacto
ambiental presentado por los demandantes el 11 de agosto de 2010, para efectos
de evidenciar que el proyecto al que se refiere el último de los mencionados estudios
de impacto ambiental no guarda coherencia con la alternativa seleccionada por la
autoridad ambiental, en cuanto a las capacidades de generación, caudales
solicitados y cotas de ubicación.

117. La Sala advierte, del contenido de la demanda y, en particular, de la
contestación a esta presentada por la corporación autónoma regional demandada,
que el argumento mencionado supra fue formulado en el recurso de apelación
presentado en contra de la sentencia de primera instancia y no fue objeto de
discusión en esa instancia, de tal forma que, en cumplimiento de los principios de
lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa no resulta procedente
analizar tal reproche.

II.5. El caso concreto

II.5.1. La falsa motivación de la Resolución núm. 130CA-11046663 de 11 de
abril de 2011.

118. La sentencia de primera instancia precisó que existían diferencias en el cálculo
del caudal de la cuenca del Río Frío, entre el estudio de impacto ambiental
presentado por los demandantes -elaborado por la firma “[…] HIDRAMSA S.A. […]”-
y el informe realizado por la autoridad administrativa con ocasión del recurso de

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
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reposición presentado en contra de la Resolución núm. 130CA-6456 de 24 de
noviembre de 2010.

119. Tales diferencias se originaron en la información empleada para medir la
precipitación y los métodos de evapotranspiración empleados, destacando que, si
bien no era posible afirmar que los resultados eran errados, el cálculo del caudal
resultaba ser más certero en la medida en que se tuviera mayor información de
precipitación y varios métodos de evapotranspiración.

120. Aludió, para desatar la controversia, al dictamen pericial practicado en el
proceso, señalando que el perito procedió a estimar el caudal del Río Frío con base
en la información contenida en el estudio realizado por la firma “[…] HIDRAMSA
S.A. […]”, concluyendo que tales “[…] medios y remanentes evidentemente serían
insuficientes para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico (fls. 530 a 533 del
cuaderno No. 2). […]”.

121. No obstante, evidenció, en lo que concernía con la Estación Granja La Nacional,
que aquella se encontraba muy alejada del área de influencia de la cuenca objeto
de estudio, para efectos del cálculo del caudal.

122. De tal forma que, si bien indicó que, tratándose de hidrología, no era posible
establecer, con exactitud, los caudales de un río, y sin desconocer la idoneidad del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, para el
suministro de información sobre tal materia o la veracidad de los datos registrados
en la Estación Granja La Nacional, pudo colegir del dictamen pericial que la
información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM, aportada por la autoridad administrativa no resultaba adecuada para
calcular el caudal de la cuenta del Río Frío, puesto que la cota de la cuenca del río
está a 2.293 metros sobre el nivel del mar y la citada estación se encuentra a una
altura de 1.151 metros sobre el nivel del mar, lo que implicaba una diferencia de
altura del 99,2%, que repercutía directamente en la idoneidad de los cálculos.

123. La primera instancia, igualmente, resaltó que el dictamen pericial, habría
señalado que resultaba confiable la estimación del caudal de “[…] 4.16 m3/s […]”,
realizado por la firma “[…] HIDRAMSA S.A. […]”, por haberse empleado buena
información de precipitación, además de corroborar la valoración que del caudal se
realizó en el estudio de impacto ambiental.

124. Así, del dictamen pericial practicado en el proceso, concluyó que la estimación
del caudal medio y remanente realizado por la parte demandante, si bien no era
exacta, era adecuada y confiable, al haber empleado buena información de
precipitación y haberse empleado varios métodos de evapotranspiración.

125. Afirmó, adicionalmente, que la sobreestimación de los niveles de precipitación
contenidos en el acto administrativo acusado respecto del estudio realizado por la
firma “[…] HIDRAMSA S.A. […]” se debían a la diferencia de información que uno y

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
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otro emplearon para medir la precipitación y los métodos de evapotranspiración, por
lo que los datos empleados por la autoridad ambiental, suministrados por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, no eran confiables
para el cálculo del caudal del Río Frío, encontrando acreditada la falsa motivación
alegada por los demandantes, absteniéndose de analizar las demás causales de
nulidad atribuidas a la resolución demandada.

126. La apelante, por su parte, estimó que la primera instancia desconoció los
argumentos expuestos en el proceso por la autoridad ambiental y las pruebas
aportadas, puesto que el pronunciamiento consistente en que no existía caudal
suficiente para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico propuesto por los
demandantes se soportó en estudios e informes técnicos realizados previamente
por personal experto en la materia o por las entidades a las que obligatoriamente
debía acudir para hacer sus pronunciamientos, como el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fuente oficial de información
científica en hidrología y meteorología, encargada de prestar, directa o
indirectamente, los servicios de información pública en estas áreas.

127. Afirmó,desde la anterior perspectiva, que la información obtenida por las
estaciones pluviométricas operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, IDEAM, constituye la fuente oficial y confiable de los estudios
técnicos y análisis de precipitaciones, para determinar, en este caso, el caudal del
Río Frío.

128. Aseveró que la primera instancia se había equivocado en lo relativo a la
información empleada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, CORANTIOQUIA, para la estimar los caudales para el Río Frío, pues esta
no se realizó con una estación, sino con la información oficial de estaciones
cercanas disponibles suministradas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, IDEAM, las cuales contarían con registros históricos
confiables de no menos de diez (10) años.

129. Aseguró, igualmente, que esa instancia había errado al concluir que “[…] la
estación de registros tomadas como prueba por el comité Ad-Hoc en la elaboración
del informe técnico, a efectos de calcular el caudal, se encuentra muy alejada del
área de influencia de la cuenca objeto de estudio. […]”, puesto que en el “[…]
informe técnico 1103-14424 […]” elaborado por la autoridad ambiental para “[…]
soportar el recálculo realizado […]”, se presentó la distribución espacial disponible
con datos de precipitación promedio “[…] anual multianual […]” en los alrededores
de la cuenca del Río Frío “[…] y con información disponible de IDEAM con registros
de más de 10 años. […]”.

130. Anotó que resultaba equivocada la afirmación consistente en que la información
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, aportada
como prueba por la parte demandada no era adecuada para el cálculo del caudal
de la cuenca del Río Frío, en la medida en que la cota de la cuenca del río era de

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2.293 metros sobre el nivel del mar y la de la Estación Granja La Nacional era de
1.151 metros sobre el nivel del mar, presentándose una diferencia de 99.2%, que
repercutía directamente en la idoneidad de los cálculos, puesto que en el certificado
que había emitido el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM, con destino a este proceso, esa entidad manifestó estar en capacidad de
certificar el comportamiento de lluvias y evaporación durante el período 1994-2008,
para el área de influencia de la Estación Granja La Nacional, ubicada en el municipio
de Támesis, “[…] estación más cercana a la zona de su interés” […]”, certificando,
asimismo, los años en los cuales se presentaron los fenómenos de “La Niña” y “El
Niño”, durante tal período.

131. Sostuvo que lo anterior habría sido validado “[…] con el certificado C-082-11-
130-SME/2014 folios 443 a 446 (…) para la estación más cercana a la zona del
proyecto […]” con registros oficiales de más de diez (10) años, en la cual se
acreditaría que en la zona no habrían precipitaciones superiores a 2.900 metros
sobre el nivel del mar como lo informaron los demandantes, con registros de
evaporación promedio de 1.390, que son superiores incluso a los considerados por
la autoridad ambiental y por los demandantes, lo cual implicaba “[…] una estimación
de los caudales menores a los presentados por Corantioquia y el peticionario […]”.

132. Manifestó que la comparación de alturas realizado por la primera instancia no
resultaba procedente, puesto que comparó la cota superior de la cuenca del Río
Frío -2.293 metros sobre el nivel del mar- con la cota de ubicación de la estación -
1.151 metros sobre el nivel del mar-, siendo lo procedente, en su concepto, la
comparación entre las cotas del proyecto en las cuales son solicitados los caudales
para la generación de energía con la “[…] cota de la estación Granja La Nacional
[…]”, caso en el cual la diferencia de altura sería de solo el 3.3 %, lo cual repercutiría
en la idoneidad de los cálculos realizados.

133. Expresó que no estaba de acuerdo con la primera instancia en cuanto indicó,
con sustento en lo expuesto en el dictamen pericial practicado en el proceso, que la
estimación del caudal “[…] 4.16 m3/s […]” realizado por “[…] HIDRAMSA S.A. […]”
era confiable, al desconocer las apreciaciones realizadas por la autoridad ambiental
a lo largo del proceso de licenciamiento relacionadas con la estimación de los
caudales presentados por los demandantes y la información utilizada para realizar
esa estimación, las cuales sintetizó, así:

133.1. Las “[…] estaciones pluviométricas La Selva, El tacón y Río Frío, montadas y
operadas por MINESA S.A. […]”, no contarían con información completa para el
período analizado, esto es, 1994-1998.

133.2. Se emplearon estaciones que no reportan información oficial como lo son las
estaciones de la Federación Nacional de Cafeteros y “[…] EPM […]” y, respecto a
las operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM, solo se utilizaron 13 estaciones de 35, lo que querría significar que el solo
el 37% de la información es oficial.

46

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

133.3. Cuatro (4) de “[…] las estaciones no están reportadas en los EIA, estas son
Guaymaral, Salineros, San José y San Antonio Chamy […]”.

133.4. Hizo referencia al escrito de solicitud de revocatoria directa presentada por los
demandantes en contra del acto administrativo demandado, en especial a “[…] la
tabla 3-12 […]”, que describiría “[…] la precipitación media multianual en las 35
estaciones recopiladas […]”, encontrando que en solo tres (3) de tales estaciones
“[…] la precipitación sobre pasa (sic) los 2.900 mm/año, 10 estaciones presentan
precipitaciones mayores a 2300 mm/año (sic) y menores a 2900 mm/año y 21
estaciones presentan precipitaciones por debajo de 2300 mm/año […]”, lo cual
confirmaría las apreciaciones de la autoridad ambiental en el informe de evaluación
del recurso de reposición, en el sentido que “[…] “Se aclara que en debe (sic)
anotarse que los datos de precipitación de las estaciones más cercanas no superan
los 2300mm/año (sic), lo que sugiere la imposibilidad de que se tengan
precipitaciones del orden de 2950 mm/año como sugieren los peticionarios” […]”.

133.5. La información oficial correspondiente a las estaciones de “[…] IDEAM, de las
13 estaciones usadas, 8 presentan valores de precipitación por debajo de los 2300
mm/año, 4 presentan valores mayores a 2300 mm/año y menores a 2900 mm/año
y solo una estación presenta precipitaciones superiores a 2900 mm/año […]”.

134. Alegó que la sentencia impugnada desconoció el principio de prevención y
desarrollo sostenible, puesto que, al declarar la nulidad del acto administrativo
demandado, puso en riesgo de daño inminente al recurso hídrico, al haberse
demostrado, en su concepto, con los estudios técnicos que realizó, la insuficiencia
del caudal necesario para desarrollar el proyecto hidroeléctrico propuesto por los
demandantes.

135. Expuso que en el fallo impugnado no se habría hecho pronunciamiento respecto
a la vinculación de la sociedad C.I. Agrícolas Unidas S.A. como tercero interviniente
en la actuación administrativa, ni al hecho de que el acto administrativo que
concedió la licencia ambiental a los demandantes no se encontraba en firme por
haberse interpuesto, por la sociedad indicada, recurso de reposición.

136. Cuestionó, en relación con el dictamen pericial practicado en el proceso, que no
se tuvo en cuenta en su análisis toda la información previa suministrada por la
autoridad ambiental, ni se tuvieron en cuenta los testimonios practicados en el
proceso, citando para el efecto, los rendidos por los señores “[…] MARGOT
CRISTINA DE LA ASUNCIÓN GIL SÁNCHEZ […]” y Oscar Augusto Mejía Rivera.

137. Explicó que las corporaciones autónomas regionales actuaban a ruego, razón
por la cual no resultaba viable, que estas concedieran un caudal hídrico distinto del
solicitado, siendo los peticionarios quienes debían ajustar el proyecto a la
disponibilidad del recurso, por lo que la demandada no tenía otro camino que
revocar la licencia ambiental concedida; indicando, de otro lado, que el fallo no tuvo

47

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

en cuenta que los períodos para “[…] el registro de precipitaciones en una cuenca,
deben ser prolongados, por eso el aplicativo Duberdicus, para la determinación de
caudales que emplea Corantioquia, incluye más estaciones pluviométricas y mayor
período de evaluación que el indicado por los demandantes entre los años 1994 y
1998, lo que hace más confiable la estimación de la información del caudal a largo
plazo […]”.

138. Se precisa que la presente controversia se origina por la revocatoria de la
licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, CORANTIOQUIA, Dirección Territorial Cartama, en la Resolución núm.
130CA – 6456 de 24 de noviembre de 201042, para el desarrollo de un proyecto
hidroeléctrico en el Río Frío, jurisdicción del municipio de Támesis, departamento
de Antioquia, cuyo contenido, en lo pertinente, es el siguiente:

“[…] RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Otorgar LICENCIA AMBIENTAL, a nombre de los señores
JOSÉ ROBERTO ARANGO PAVA, JUAN GONZALO ECHAVARRÍA
REIFFESTEIN (sic), y GABRIEL LONDOÑO WHITE, identificados con las
cédulas de ciudadanía números (…) respectivamente, para el desarrollo del
proyecto “GENERACIÓN DE ENERGÍA”, con aguas a derivar del río Frío, en
jurisdicción del municipio de Támesis, en el Departamento de Antioquia, bajo
las siguientes características:

El Proyecto Hidroeléctrico Río Frío se ubica en jurisdicción de CORANTIOQUIA,
en el municipio de Támesis, departamento de Antioquia, y tiene como objetivo
la generación de energía eléctrica, a partir del aprovechamiento del recurso
hídrico del Río Frío, mediante la instalación de tres sistemas de captación y
cuatro sistemas de generación, denominados y descritos a continuación:

• Sistema Río Frío Alto, que aprovechará el río Frío, con una caudal (sic)
concesionado de 1.960 m3/s, en la cota 1.994 m.s.n.m., dejando un
caudal ecológico de 0.517 m3/s, para una generación de 6.30 MW.

• Sistema Río Frio Bajo 1A, y Sistema Río Frío Bajo 1B; que
aprovechará el río Frío, con un caudal concesionado de 3.551 m3/s, en
la cota 1.516 m.s.n.m., dejando un caudal ecológico de 0.553 m3/s. El
actual sistema tendrá una generación inicial en la cota 1.190 m.s.n.m.,
de 7.46 MW, y una segunda generación, en la cota 965 m.s.n.m., de
4.98 MW.

• Sistema Río Frío Bajo 2; que aprovechará el río Frío, con una caudal
concesionado de 4.092 m3/s, en la cota 880 m.s.n.m., dejando un caudal
ecológico de 0.613 m3/s, para una generación de 3.68 MW.

Para un total de 22.42 MW generados a partir del caudal medio disponible.

Parágrafo: La Licencia Ambiental otorgada en el presente artículo tiene como
fundamento técnico el Plan de Manejo, radicado bajo el número 130CA-104-
566 del 15 de abril de 2010, con su complemento radicado bajo el número
130CA108-1259 del 11 de agosto de 2010, “Plan de Manejo” de estricto
cumplimiento, de acuerdo a las siguientes fichas con los programas de manejo

42
Fol. 136-149 C. Ppal. 1. Expediente CA3-2008-13, Tomo 7.

48

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

propuestos y teniendo en cuenta los nuevos requerimientos expuestos en la
decisión de Licenciamiento:

(…)

Parágrafo 3°: El término de la actual Licencia Ambiental es el de la vida útil del
proyecto, cobijando las fases de construcción, montaje, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación, (50 años),
artículo 6° del Decreto 1220 de 2.005.

ARTÍCULO 2°: Otorgar concesión de aguas, a nombre de los señores JOSÉ
ROBERTO ARANGO PAVA, JUAN GONZALO ECHAVARRÍA REIFFESTEIN
(sic), y GABRIEL LONDOÑO WHITE, identificados con las cédulas de
ciudadanía números (…), para el desarrollo del proyecto “GENERACIÓN DE
ENERGÍA”, es decir, para generación energética; aguas a derivar del río Frío,
en jurisdicción del municipio de Támesis en el Departamento de Antioquia, bajo
las siguientes características:

(…)

Parágrafo 2°: El término de la actual concesión es de 50 años, de acuerdo a lo
consagrado en el artículo 39 del Decreto 1541 de 1.978. Término que inicia a
contar a partir de la ejecutoria de la actual decisión. […]” (negrilla del texto)

139. La sociedad C.I. Agrícolas Unidas S.A., en su condición de tercero interviniente
en el procedimiento administrativo, calidad que no fue objeto de discusión en la
sentencia de primera instancia, presentó recurso de reposición43 en contra de la
Resolución núm. 130CA – 6456 de 24 de noviembre de 2010, por lo que no adquirió
firmeza. Se precisa que la sentencia apelada no mencionó que la Resolución núm.
130CA – 6456 de 24 de noviembre de 2010 haya adquirido firmeza.

140. El recurso de reposición en contra de la Resolución núm. 130CA – 6456 de 24
de noviembre de 2010, en lo que interesa al proceso, indicó:

“[…] 2. Motivos de inconformidad.

(…)

Nuestra advertencia sobre el hecho de que se está concediendo para la
generación de energía eléctrica un caudal que se deriva en estimaciones sobre
la capacidad hidráulica de la fuente que no son serias, ni fundadas, no es mero

43
Expediente CA3-2008-13. Tomo 7.

49

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

plañir (sic) ni un pataleo leguleyo. (…) Al permitir, en teoría, el uso de un caudal
harto superior al que de veras permite la fuente hídrica sin poner en riesgo las
especies vivas que la habitan, el entorno del lecho seco y las necesidades de
los demás usuarios ocurren dos cosas: O se pone en grave peligro el recurso y
el medio ambiente o se da pie para una licencia con fines distintos a su
desarrollo, por cuanto el proyecto como está es inviable y así lo sustentaremos.
Hiere a la vista el solo hecho de apreciar que se recomiende el otorgamiento de
la concesión por 54 años, lo cual no sólo excede el máximo legal permitido (50
años), sino que además no tiene precedentes cercanos, pues evidentemente
las autoridades ambientales, reconocen que ese referente legal es exagerado
y, por tanto, el propio Corantioquia, viene otorgando las concesiones a un
período máximo de 20 años44, que puede ser prorrogable, pero que por lo
menos deja un margen para cualquier revisión futura.

(…)

2.4. Violación al principio de precaución.

(…)

En el caso que nos ocupa, se trasgrede este principio, en dos eventos:

En primer lugar, frente a la medición del caudal, elemento basilar del análisis
sobre el licenciamiento de un proyecto hidroeléctrico que se soporta en la
concesión de aguas.

Reiteramos nuevamente nuestras argumentaciones contenidas en el
pronunciamiento frente a la “reevaluación del EIA”:

“Así las cosas, la sustentación sobre la manera como se determinó el caudal de
la fuente hídrica y, además, el cálculo del caudal ecológico, son aspecto
relevante del licenciamiento y su concesión sin bases serias, verificables,
constituye no sólo una extralimitación de funciones, con toda suerte de
consecuencias, sino además la puesta en peligro, la amenaza del recurso
hídrico, por tanto del derecho colectivo de todos.

Mediante el Acto administrativo (sic) No 130 CA-9436 CORANTIOQUIA solicita
la información usada para la estimación de caudales, ya que los valores de
caudales medios estimados con varios métodos en los diferentes sitios de
captación son superiores a los estimados con el modelo corporativo
DUBERDICUS.

Atendiendo este requerimiento el solicitante presenta información de niveles y
caudales en el período 1994-1998, de una estación limnimétrica localizada en
el río Frío en la cota 2040 msnm e información de precipitación de tres
estaciones pluviométricas (Río Frío, El Tacón, La Selva) instaladas por MINESA
S.A.

Con respecto a la calidad de la información hidrológica presentada por el
solicitante se observa que las estaciones mencionadas no aparece en la base
de datos de IDEAM ni existe, en los anexos del informe, registro de que una
comisión de esta institución hubiese realizado una validación de la información,
con el fin de: determinar la existencia de errores instrumentales o de instalación;
revisar las técnicas de observación; verificar la calidad de la información

44
Cito como meros ejemplos, los proyectos en los caudales he sido (sic) apoderado: Hidroeléctrica Caruquia (Río Guadalupe),
Hidroeléctrica Guanquitas (Río Guadalupe), Hidroeléctrica Barroso (Río Barroso) (sic).

50

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

hidrológica y verificar el mantenimiento adecuado a los componentes de la
estación.

Con una aseveración que resultaría hasta jocosa, sino es porque tan exótico
argumento fue atendido por la Corporación en su informe técnico, los
peticionarios afirman, como queriendo con ello validar unos caudales que se
contienen en una tabla elaborada quizás a la hora de nona (sic), que los valores
contenidos en lo que denominan “información hidrométrica primaria”, “fueron
instrumentados y operados por el señor Sergio Arboleda para Minesa S.A. en
el período 1994-1998. El señor Sergio Arboleda laboró durante muchos años
como hidrometrista en Empresas Públicas de Medellín hasta su jubilación”.

Semejante argumentación, es atendida por Corantioquia. Es esa la manera
como la autoridad ambiental protege el patrimonio ambiental? Basta con una
afirmación unilateral de una usuario (sic) sobre cuál es el caudal de una fuente
hídrica, base del volumen de aguas a conceder y del caudal ecológico en tramos
de lecho con caudal disminuido, para que se tenga por dogma de fe?
Evidentemente, esto es insostenible en un Estado de Derecho”.

Cabe anotar que el acto administrativo no dio respuesta a este señalamiento. Y
sólo refiere parcialmente un informe técnico que no conocemos, explicando
únicamente lo referido al Duberdicus, según el cual “debido a la asimetría de la
cuenca y a que el área tributaria que inicialmente arrojaba el aplicativo no
coincidía con el área real en los sitios de captación” y que por esta razón “se
procedió a verificar estas áreas en el GISCA y posteriormente a emplear la
información obtenida en el DUBERDICUS, para finalmente calcular el valor de
cada área tributaria de tal forma que no se hiciera uso del área inferida”. […]”
(negrilla del texto)

141. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
mediante memorando núm. 040-131 de 14 de enero de 2011, conformó el equipo
técnico – jurídico para dar respuesta al recurso de reposición interpuesto en el
trámite del expediente núm. CA3-2008-1345.

142. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
Dirección Territorial Cartama, mediante el acto administrativo núm. 130CA-1102
10118 de 2 de febrero46, dispuso decretar:

“[…] período probatorio para resolver el recurso de reposición presentado el día
28 de diciembre de 2010, frente a la resolución 130CA-6456 del 24 de
noviembre de 2010, por parte de C.I. AGRÍCOLAS UNIDAS S.A., como tercero
interviniente (…).

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar como prueba la realización de una visita
ocular con el fin de conocer el área de influencia del proyecto y la ubicación de
las obras contempladas en dicho proyecto.

PARÁGRAFO 1: La realización de la visita ocular será el jueves 3 de marzo de
2011. […]” (negrilla del texto)

45
Expediente CA3-2008-13, Tomo 7.
46
Fol. 38-39, C. Ppal. 1. y Expediente CA3-2008-13. Tomo 7.

51

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

143. La autoridad ambiental, para efectos del análisis del recurso de reposición
presentado en contra de la Resolución núm. 130CA – 6456 de 24 de noviembre de
2010, elaboró el informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo de 201147, una
vez se practicó la visita ocular el 3 de marzo de 2011. En relación el punto de
controversia en este proceso, analizó lo siguiente:

“[…] 3. La sustentación sobre la manera como se determinó el caudal de la
fuente hídrica y además el cálculo de caudal ecológico

La cuenca del Río Frío presenta una gran complejidad topográfica e hidrológica
como se puede evidenciar en el gráfico que se presenta a continuación.

(…)

La hidrología a pesar de ser una disciplina científica, en la práctica, no tiene la
posibilidad de establecer cálculos exactos relacionados con los caudales de un
río. La mayor incertidumbre se asocia tal vez a la estimación de las variables de
precipitación y evapotranspiración real; toda vez que se parte de información
puntual, discreta y generalmente dispersa, para aproximarse a una información
real y continua. Esta situación puede evidenciarse inclusive a partir de la
información presentada por el peticionario de la Licencia cuando compara los
diferentes valores de caudales obtenidos a partir de diferentes metodologías.
Lo anterior no es una imprecisión, es simplemente el reconocimiento de que se
trata de análisis enmarcados en la incertidumbre de la naturaleza hidrológica.

Para evaluar la precipitación media en la cuenca del Río Frío, CORANTIOQUIA
dispone de las series de información suministradas por el IDEAM para un
conjunto de estaciones cercanas para las cuales se tienen registros confiables
de precipitación durante períodos de por lo menos diez años.

La comparación entre la información presentada por el peticionario de la licencia
y la usada por la Corporación se presenta de manera sintética en la tabla
siguiente, así como el resultado del caudal medio multianual usando el método
de Balance Hídrico a partir de los datos contrastados. Esta comparación pone
de manifiesto la sensibilidad de los cálculos de caudal a partir de cambios en
estas dos variables, presentándose en este caso diferencias hasta del 35%.

47
Fol. 496-508, C. Ppal. 1. Expediente CA3-2008-13. Tomo 7.

52

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

Para soportar el recálculo realizado por CORANTIOQUIA se presenta la
distribución espacial disponible con datos de precipitación promedio anual
multianual en los alrededores de la cuenca del Río Frío. Debe notarse que los
datos de precipitación de las estaciones más cercanas no superan los 2300 mm
de lluvia anual, lo que sugiere la imposibilidad de que se tengan precipitaciones
del orden de 2950 mm como sugiere el peticionario de la licencia. Caso similar
ocurre con la Evapotranspiración (real) -ETR-, la cual se estima con mucha
razonabilidad y validez en esta zona de los Andes Colombianos a partir de la
ecuación definida por Cenicafe que establece una relación exponencial entre
ETR y altura, obteniéndose parala zona alta de esta cuenca, valores cercanos
a los 1100 mm/año.

Uniendo los diferentes elementos disponibles expuestos, puede concluirse que
a partir de las estimaciones de caudal realizadas a la altura de 1994 m.s.n.m.
no es posible conceder el caudal solicitado por el usuario, dado que el caudal
medio total remanente corresponde al 42% del caudal solicitado.

53

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

[…]” (negrilla del texto)

144. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
Dirección Territorial Cartama, profirió la Resolución núm. 130CA – 11046663 de 11
de abril de 2011, mediante la cual se decidió revocar la Resolución núm. 130CA-
6456 del 24 de noviembre de 2010, replicando lo expuesto en el informe técnico
núm. 130CA 110314424 del 11 de marzo de 2011.

145. La primera instancia encontró configurado el vicio de falsa motivación de la
resolución demandada, vicio respecto de la cual, esta Sección48 ha considerado lo
siguiente:

“[…] En vista de que el fundamento del mencionado reparo se contrae a la
causal de nulidad de los actos administrativos denominada falsa motivación, es
del caso precisar previamente en qué consiste y cómo debe alegarse y
demostrarse para que la misma prospere. Sobre el particular, esta Corporación
ha expresado:

“[…] La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de
fundamento al acto administrativo, se revela inexistente, o cuando existiendo
unos hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista
jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la
segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa
motivación […]”49.

En lo que atañe a las reglas de la carga probatoria que deben aplicarse cuando
se invoca dicha causal de anulación, esta Corporación ha señalado:

“[…] La falsa motivación: quien la aduce tiene la carga de la prueba, es decir,
debe demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o
implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la
presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos
[…]”50.

De los apartes jurisprudenciales reseñados, bien puede inferirse lo siguiente:

a) La falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto administrativo, puede
estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que

48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 21 de enero de 2021. Radicación número: 25000-23-41-000-2012-00534-01.
49
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 17 de febrero de 2000, expediente 5501, Consejero Ponente: Dr.
Manuel S. Urueta Ayola.
50
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3443, Consejero Ponente: Dr. Juan
Alberto Polo Figueroa.

54

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

contiene el acto, se incurre en un error, ya sea porque los hechos aducidos en
la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados
erradamente desde el punto de vista jurídico. En el primer caso, se genera el
error de hecho y, en el segundo, el error de derecho.

b) Quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de encontrarse
falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus probandi) de demostrar la
realidad de lo que afirma, dado que sobre los actos de la administración gravita
una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda que
se declare su ineficacia. […]”

146. La Sección, asimismo, en sentencia de 26 de noviembre de 2020 51, destacó
que:

“[…] 113. En esa medida, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo
prevé como una de las causales de nulidad de los actos administrativos la falsa
motivación. El defecto de falsa motivación se configurará cuando se encuentren
inconsistencias entre las razones y afirmaciones del acto frente a los supuestos
de hecho y de derechos.

Esta Sección, mediante sentencia de 11 de julio de 201952, consideró lo
siguiente:

[…] La motivación constituye, entonces, uno de los elementos esenciales
o fundamentos de legalidad del acto administrativo, a tal punto que
cuando se pretermite, o cuando se demuestra que las razones que
sustentan la decisión no son reales, no existen o están distorsionadas, se
presenta un vicio que lo invalida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la cual goza el
acto administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la causal
de falsa motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la
decisión, es decir, la inexistencia o el error de los antecedentes de hecho
y derecho que facultan su expedición o, en otras palabras, que lo expresado
en el acto administrativo no corresponde a la realidad […]53 (Resaltado fuera de
texto).

115. De acuerdo con lo anterior, la falsa motivación constituye causal de nulidad
de los actos administrativos y quien alegue su configuración debe demostrar su
ocurrencia, en aras de desvirtuar la presunción de legalidad de los mismos.

116. Por último, esta misma Sección, mediante sentencia 12 de diciembre de
201954, reiteró lo expresado en pronunciamiento del 14 de abril de 201655, en el
que estableció los eventos los cuáles se configura la falsa motivación de los
actos administrativos, al señalar que esta tiene lugar: «cuando i) se presenta
inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de
voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en
el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o
simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00179-00.
52
Ibidem.
53
Cfr. Cita ibídem.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2019.
Radicación 25000-23-24-000-2009-00249-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de abril de 2016. Radicación
25000-23-24-000-2008-00265-01. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso.

55

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión» […]” (negrilla del texto)

147. La parte demandante, para efectos de acreditar los cargos formulados en la
demanda, entre ellos, la falsa motivación, solicitó en su demanda y su corrección,
la práctica de un dictamen pericial, en los siguientes términos:

“[…] 2.3. Retiro de solicitud de Peritaje:

Solicito a Su Señoría se tenga por modificado el numeral 5 del acápite de las
Pruebas, del cual se RETIRA el primer peritaje solicitado. En consecuencia, el
numeral 5° del acápite de las Pruebas, quedará así:

“5. Peritazgos:

Se solicita respetuosamente que se decrete un dictamen pericial rendido por un
ingeniero hidráulico, en relación con los estudios aportados en el Estudio de
Impacto Ambiental, al igual que el efectuado por el Comité Técnico en el Informe
Técnico 130 CA 1103-14424 del 11 de marzo de 2011.

Las cuestiones que interesan al proceso y sobre las cuales se requiere especial
conocimiento técnico son las siguientes:

1. ¿Qué grado de precisión y confiabilidad tiene el aplicativo Duberdicus,
utilizado por Corantioquia, cuando se trata de medir el valor tributario del área
real de captación de un río?

2. ¿De qué manera el grado de precisión y confiabilidad del aplicativo
Duberdicus para medir el valor tributario del área real de captación de un río,
afecta la medición del caudal de un río?

3. ¿Podría establecer la veracidad del caudal del río Frío a la altura de 1994
m.s.n.m. presentado a Corantioquia, dentro del trámite para la obtención de la
Licencia Ambiental para el Proyecto Energético en el Río Frío?

4. ¿Podría establecer la veracidad del caudal del río Frío a la altura de 1994
m.s.n.m. calculado en el Informe Técnico 130CA-1103-14424 del 11 de marzo
de 2011, realizado por el Comité Técnico de Evaluación ad hoc?

5. ¿Podría establecer el valor del caudal promedio y remanente del caudal del
río Frío a la altura de 1994 m.s.n.m., y si el mismo permite que se pueda
desarrollar el Proyecto Hídrico presentado dentro del trámite para la obtención
de la Licencia Ambiental para el Proyecto Energético en el Río Frío? […]”
(negrilla del texto)

148. La primera instancia, en auto de 27 de septiembre de 2013, decretó la práctica
de la citada prueba pericial, en la siguiente forma:

“[…] 1.4 Peritazgo

A fin de realizar el dictamen pericial solicitado a folio 266 del expediente, se
nombra a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MEDELLÍN –
para que por intermedio del decano respectivo, nombre a un Ingeniero
Hidráulico idóneo para resolver el cuestionario aportado a folio 266 del
expediente, a dicho experto la parte interesada deberá comunicarle el

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nombramiento a través de telegrama, de conformidad con lo ordenado por la
Ley 446 de 1998. […]” (negrilla del texto)

149. La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, en comunicación de 5 de
noviembre de 201356, designó al docente que realizaría el dictamen pericial, el cual
fue allegado al expediente el 25 de agosto de 201457.

150. Elperito indicó, en cuanto interesa a la controversia en esta instancia, lo
siguiente:

“[…] 2. De qué manera el grado de precisión y confiabilidad del aplicativo
Duberdicus para medir el valor tributario del área real de captación de un río,
afecta la medición de caudal de un río?

Primero, respecto a la pregunta hay que hacer una aclaración. Cuando se usa
el método Duberdicus, se usa un método para estimar el caudal y no se mide el
caudal. El caudal se mide cuando se tiene un equipo en la corriente para este
fin. En este caso se instala un equipo que mide el nivel del agua y usando la
curva de calibración de la sección transversal de la corriente se puede saber el
caudal. Cuando se mide, el caudal es independiente del área o tamaño de la
cuenca como variable directa. Por lo tanto, para contestar la pregunta se hará
referencia a la estimación del caudal.

En este caso solo se hace referencia a la cuenca del río Frío, y no a otras
cuencas. Basándose en los cálculos y respuesta de la pregunta número 1 de
este cuestionario, el método de interpolación usado por Duberdicus subestima
el área de la cuenca, en la mayor parte del rango de cotas, desde la 800 a la
2200 m.s.n.m. Como se aclaró si se mide el caudal mediante una estación
limnimétrica o limnigráfica, el caudal medido no depende del área como variable
directa. En este caso para estimar el caudal medido del río Frío se utiliza el
concepto de balance hídrico, el cual depende del área de la cuenca, la
precipitación y la evapotranspiración anual. Por lo tanto una sobreestimación o
subestimación del área arrojará un caudal medio subestimado o sobrestimado,
en la misma proporción del error, si se considera que la precipitación y la
evapotranspiración real que se use es la misma independiente de la entidad que
realiza el cálculo.

3. Podría establecer la veracidad del caudal del río Frío a la altura 1994 m.s.n.m
presentado a Corantioquia, dentro del trámite para la obtención de la Licencia
Ambiental para el proyecto energético en el río Frío?

Para contestar está (sic) se hace referencia al Estudio de Factibilidad parta (sic)
el Desarrollo Hidroeléctrico del río Frío, Informe Final, documento 372-1-IEF-01,
versión 2, facilitado por la Firma consultora HIDRAMSA como fuente de
información para el peritaje. Igualmente se solicitaron a través del Tribunal
Administrativo de Antioquia una información hidrológica al IDEAM, la cual a la
fecha no se ha recibido.

Usando sólo la información de lluvia que facilitó HIDRAMSA, la Universidad
Nacional procedió a realizar los cálculos para la estimación del caudal medio
anual por balance hídrico en la cuenca del río Frío a la altura 1994 m.s.n.m. Se
estimó el mapa de precipitación media anual, la evapotranspiración real, el área
de la cuenca y el caudal. Para la estimación de la precipitación se hizo el

56
Fol. 311, C. Ppal. 1.
57
Fol. 486-495, C. Ppal. 1.

57

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ejercicio para tres casos. El caso 1 usando la estación de precipitación río Frío
como la estacón representativa, el caso 2 con usando (sic) las estaciones río
Frío, La Selva y el Tacón y estimando el área aferente con polígonos de
Thiessen y el caso 3 usando interpolación de Kriging para la estimación de la
lluvia. Los mapas de los casos 2 y 3 se presentan en las figuras 2 y 3 de este
informe. La tabla 2 muestra las estaciones reportadas por Hidramsa en el
estudio y las que se usaron como información para los cálculos de la UNAL:

La Tabla 3, muestra los resultados de los cálculos para la estimación de la
evapotranspiración real en la cuenca para los tres casos de precipitación
considerado: Cenicafe, Turc y Coutagne. El área de la cuenca es de 63.6 km2.
En el caso 1, la precipitación de la estación río Frío es de 2795 mm/año, en el
caso la precipitación anual es de 2951.96 mm/ año y en el caso 3 es de 2909.12
mm/año

Tabla 2. Estaciones de precipitación en la cuenca del río Frío

(…)

58

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La tabla 4, presenta los caudales medios obtenidos por el método de balance
hídrico para la cuenca del río Frío en la cota 1994 m.s.n.m.

En el informe de HIDRAMSA, tabla 5.4, en la cota 2000 m.s.n.m. se reporta un
caudal estimado de 4.16 m3/s. Este caudal difiere en el peor de los casos con
respecto a los caudales de la tabla 4 en un 11.5.%, correspondiente al método
de evaporación de Coutagne, en este caso el caudal dado por HIDRAMSA sería
un poco mayor en la cota 1996 m.s.n.m. De otro lado según el informe técnico
de Corantioquia 130CA-1103-14424 del 11 de marzo de 2011, en el numeral 3,
el proyecto río Frío reporta un caudal medio de 4.16 m3/s en la cota 1996, para
una diferencia máxima con relación al caudal por el método de EVR de
Coutagne de 11.5%. En el caso del método de Turc se tiene un error mínimo de
0.5% entre el estimado por la UNAL y el reportado por HIDRAMSA.

4. Podría establecer la veracidad del caudal de río Frío a la altura de 1994
m.s.n.m. calculado en el informe técnico 130CA-1103-14424 del 11 de marzo
de 2011, realizado por el comité técnico de evaluación ad hoc?

En el numeral 3 del informe técnico en cuestión se presenta el soporte del
cálculo del caudal de la fuente hídrica y del caudal ecológico. Bajo el concepto
de balance hídrico, en el cual se usan las variables del área, precipitación y
evapotranspiración, el informe técnico 130CA-1103-14424 presenta la tabla 5
con el resumen del balance hídrico.

(…)

En la tabla 5 se observa que el área de la cuenca considerada en el proyecto
río Frío y por Corantioquia con los datos iniciales y recalculando tiene el mismo
valor en la cota 1994 m.s.n.m. La variable que presenta diferencia es la
precipitación medida de la cuenca, se tiene entre la precipitación del proyecto
río Frío y Corantioquia recalculando una diferencia del 20% respecto a la
precipitación del proyecto río Frío y Corantioquia. Corantioquia reporta que en
su base datos (sic) de precipitación de la zona no tiene precipitaciones con un
valor medio anual mayor a 2950 mm/año. De otro lado en el informe facilitado
por HIDRAMSA del estudio de factibilidad, se muestra que en la cuenca
asociada al proyecto, cota 1994, las estaciones el Tacón, Río Frío y La Selva
tienen valores de 2948, 2795 y 3202 mm/año, respectivamente. En la cuenca
de estudio se tiene por los menos tres estaciones con una precipitación igual o
mayor a 2950 mm/año.

En cuanto a las diferencias en la evapotranspiración real (en la tabla aparece
EVP) potencial se debe tener en cuenta que en la mayoría de casos en
Colombia, esta se calcula con métodos indirectos y depende del valor de la
precipitación o de la cota del terreno. El cálculo de Corantioquia se hace con la
ecuación de Cenicafé, la cual solo tiene en cuenta la cota del terreno, esto es
válido para zonas donde no se tiene datos de precipitación cercanos o no se

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tiene mapa de isoyetas y no se tiene temperatura. De otro lado el informe de
HIDRAMSA presenta los cálculos de la evaporación por tres métodos, Turc,
Cenicafé y Coutagne. Los métodos de Turc y Coutagne tiene cuenta la
precipitación y la temperatura en la zona. La ecuación de Cenicafé para una
misma cota en diferentes sitios arroja valores de ETR iguales y no permite incluir
condiciones meteorológicas diferentes que se pueden capturar con el uso de la
precipitación y la temperatura.

Diberdicus usa el método de Cenicafé, el cual depende la cota (sic). En este
caso la plataforma Duberdicus no muestra un cálculo de esta variable, el
funcionario es el que ingresa la información de precipitación y evaporación.

Respecto a la pregunta, ningún de (sic) los métodos arroja resultados erróneos.
El caudal depende de la información usada para la precipitación y de los
métodos de evapotranspiración, esto depende de la información disponible. Si
el cálculo incluye la mayor información de precipitación y varios métodos de
evapotranspiración, el cálculo del caudal medio tiene menos incertidumbre.

5. Podría establecer el valor del caudal promedio y remanente del caudal del río
Frío a la altura 1994 m.s.n.m. y si el mismo permite que se pueda desarrollar el
Proyecto Hídrico presentado dentro del trámite para la obtención de la licencia
ambiental para el proyecto energético en el río Frío?

Para contestar a la pregunta del caudal medio a la altura 1994 m.s.n.m. me
remito a los cálculos presentado por la UNAL a lo largo de este informe. De
acuerdo a la Tabla 4, de es este (sic) informe y considerando la estimación de
la precipitación por el método de Kringing y la evaporación real por Turc, el
caudal medio es de 4.16 m3/s. Se selecciona esta valor (sic) ya que es el más
conservador y no está muy alejado de los otros dos métodos usados para la
evaporación real.

En cuanto al caudal remanente, el informe técnico 130CA-1103-14424 de
Corantioquia presenta en el numeral 3 los siguientes datos de la tabla 6.

(…)

Según los datos de la tabla 6, el caudal de otros usos y el caudal ecológico
suma 1.885 m3/s y el caudal remanente es de 0.82 m3/s. Con el estimativo del
caudal hecho por la UNAL que es de 4.16 m3/s, y el descuento por caudal
ecológico y otros usos de 1.885 m3/s, el caudal remanente es de 2.275 m3/s,
en este caso es un caudal mayor al caudal solicitado de 1.96 m3/s. El caudal
remanente es el 116% del caudal solicitado. […]”

151. Elperito, se pronunció58 respecto de la solicitud de aclaración y
complementación del dictamen formulada por la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA59, en la siguiente forma:

“[…] 1. El perito indica que a falta de la información que debía suministrar el
IDEAM, utilizó para su estudio datos facilitados por HIDRAMSA. Deberá indicar
si se utilizaron datos de alguna otra fuente, y el origen de los mismos.

Respuesta:

58
Fol. 529-533, C. Ppal. 2.
59
Fol. 514, C. Ppal. 2.

60

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
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Se aclara que no se utilizaron datos de otra fuente.

2. Frente a los datos manejados, indicar cuál es la fuente de los datos utilizados
por HIDRAMSA, para efectuar su análisis.

Respuesta:

Los datos hacen parte del estudio de factibilidad para el desarrollo hidroeléctrico
del río Frío del año 2010. Se usaron estaciones de Minesa S.A., IDEAM;
Federación Nacional de Cafeteros y Empresas Públicas de Medellín (sic). En
total son 32 estaciones de precipitación.

3. Que el perito indique, cuál es la referencia oficial, o fuente oficial de
información en el país para evaluar las precipitaciones presentadas en un
período especificado de tiempo, que permita calcular los caudales de una
fuente.

Respuesta:

Se informa que la fuente oficial es el Instituto de Estudios Ambientales, IDEAM.

4. Considerando que el perito manifiesta en reiterados apartes del dictamen,
que no contó con la información necesaria, para dar respuesta a un buen
número de preguntas, las cuales observan los resultados proporcionados por el
IDEAM. Se solicita al Despacho que permita que el dictamen a efectuarse, sea
con observancia de la información necesaria; en aras de que se obtenga un
dictamen que aporte mayores elementos que den claridad al asunto, y el perito
pueda realizar sus análisis con la información suficiente y necesaria para emitir
un dictamen acorde con los requerimientos.

Para lo anterior, el perito deberá apoyarse en la información suministrada por el
IDEAM, que reposa en el expediente, remitida por CORANTIOQUIA el día 26
de junio de 2014.

Respuesta:

La información allegada por el IDEAM, según comunicado de CORANTIOQUIA
el día 26 de junio de 2014, corresponde a la precipitación mensual y
evaporación de tanque mensual de la estación Granja La Nacional. La Tabla 1,
presenta los datos del área y cota media de la cuenca de interés, así como los
datos de la estación Granja La Nacional.

(…)

Con respecto a la estación Granja La Nacional se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:

a. La cota o altura media de la cuenca del río Frío es 2293 msmn y la cota de la
estación Granja La Nacional es de 1151 msnm. Se tiene una diferencia del
99.2% en altura.

En general los patrones generales de comportamiento de la precipitación
muestran una variabilidad de la precipitación con la altura. La precipitación
aumenta con la altura hasta cierta cota, a partir de la cual empieza a disminuir,
esto es lo que se conoce como el óptimo pluviográfico. En las zonas tropicales
hay un óptimo pluviográfico que cambia con las condiciones de la topografía,
vapor de agua en la atmósfera y circulación de vientos. Depende también de la

61

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
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vertiente de la cuenca que se esté analizando. Este óptimo marca la máxima
cantidad de precipitación anual con la altura.

b. La estación Granja La Nacional está localizada fuera del área de la cuenca
del río Frío, ver Figura 1. Esto hace que los cálculos presenten una mayor
incertidumbre con relación a estaciones localizadas al interior de la cuenca o en
áreas vecinas. […]”

152. Asimismo,se pronunció60 respecto de la solicitud de aclaración y
complementación presentada por la parte demandante61, así:

“[…] 1. Qué grado de precisión y confiabilidad tiene el aplicativo Duberdicus,
utilizado por Corantioquia, cuando se trata de medir el valor tributario del área
real de captación del río?

(…)

Con relación a las diferencias en la medición del área con SIG por parte de la
Universidad Nacional y la estimación de la plataforma Duberdicus, es claro que
la plataforma Duberdicus para el caso de la cuenca del río Frío tiene una
incertidumbre mayor. Esto se puede observar en la Tabla 1 del informe
presentado al Tribunal Administrativo de Antioquia. En el caso de la plataforma
Duberdicus la precisión de la estimación del área no es la misma para todas las
cuencas, eso depende de las características topográficas de la cuenca de
estudio. En este caso y para la cota 1994 msnm se tiene que el informe del
Comité ad hoc reportó un área de 62.9 km2. Como comparación se midió el
área de la cuenca en estudio usando las planchas digitales del IGAC a escala
1:25.000 y estimando el área con un SIG, en este caso se obtuvo un área de
64.09 km2. El área estimada usando Duberdicus para la cota 1994 msnm es de
50.8 km2. La diferencia en área es de 13.13.29 Km2 y en porcentaje respecto
al área del IGAC es 20.7%.

3. Podría establecer la veracidad del caudal del río Frío a la altura de la cota
1994 msnm presentada a Corantioquia, dentro del trámite para la obtención de
la Licencia Ambiental para el proyecto energético en el río Frío?

Solicitud de complementación No 1.

El IDEAM es la entidad oficial para el registro de las variables hidrológicas en
Colombia. Respecto a la disponibilidad del información (sic) por parte del
IDEAM mediante comunicado de Corantioquia de junio 26 de 2014, se anexaron
los datos de precipitación y evaporación de tanque de la estación Granja La
Nacional.

Respecto a la estimación del caudal del río Frío Alto en la cota 1994 msnm se
puede decir que se siguió la metodología de balance hídrico de largo plazo y se
usó la información de las estaciones de precipitación reportadas en el estudio
de HIDRAMSA, con información de IDEAM, Mineros S.A., Ferrocarriles
Nacionales y EPM. El número de estaciones es adecuado para la estimación
de la lluvia, los métodos de cálculo de evaporación se apoyan en información
de altura o cotas, precipitación y temperatura, esto hace que esta variable tenga
una mayor incertidumbre que una medición. La medición del área se hizo
usando un SIG. Se aplicó la metodología y se estimó el caudal medio sin dejar
de desconocer que cada variable usada tiene una incertidumbre.

60
Fol. 534-537, C. Ppal 2.
61
Fol. 521-526, C. Ppal 2.

62

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Solicitud de complementación No 2

La estimación del caudal de 4.16 m3/s realizada por HIDRAMSA es confiable.
No se puede decir que es veraz, ya que en hidrología nada es determinístico.
La acepción confiable está enmarcada en el hecho de que se utilizó muy buena
información de precipitación.

Pregunta 4. Podría establecer la veracidad del caudal del río a la altura 1994
msnm calculado en el informe técnico 130CA-1103-14424 del 11 de marzo de
2011, realizado por el comité técnico de evaluación ad hoc?

El campo de precipitación usado en el estudio de HIDRAMSA arroja una
precipitación anual mayor que el estudio del Comité ad hoc, es claro, que ambos
mapas fueron construidos con información diferente. Eso no quiere decir que
los mapas estén erróneos, lo que sí se puede decir, es que mientras más
información de precipitación se tenga los estimativos derivados son más
confiables.

El cálculo del caudal medio por la metodología de balance hídrico de largo plazo
depende de la precipitación, es decir, en este caso a valores altos de
precipitación valores altos de caudal, lo mismo para valores bajos de
precipitación valores bajos de caudal.

El método de cálculo de evaporación usado por el comité ad hoc es el de
Cenicafé. Este método estima la evaporación potencial, la cual es mayor que la
evaporación real, el hecho de que no se tenga la evaporación real en el método
de balance hídrico de largo plazo disminuye el agua disponible que se convierte
en escorrentía y posteriormente en caudal. Hay que tener en cuenta que para
la zona andina, región usada para la calibración de la ecuación para una misma
altura la evaporación potencial es la misma independiente de la localización
geográfica. No se tiene en cuenta otras variables meteorológicas de la zona.

La Tabla 1, presenta los cálculos del caudal medio por balance hídrico con los
datos usados en el informe ad hoc. En este caso se usa la Evapotranspiración
real (EVTR), la cual se obtiene de usar la expresión de Cenicafé que arroja la
evapotranspiración potencial (EVTP) y se usa además la expresión de Budyko
que permite usar la EVTP para obtener la EVTR (mm/día). El informe del Comité
ad hoc reporta los caudales del 4.16 m3/s para el proyecto río Frío y de 2.75
m3/s por Corantioquia recalculado. Los errores en porcentaje con respecto a los
caudales de la Tabla 1 son: 10.7% para el proyecto río Frío y 26.7% para
Corantioquia recalculando. En general el caudal de la Tabla 1, es mayor que los
reportados por el informe del Comité ad hoc. […]”.

153. En la actuación judicial se recibieron los testimonios de los señores Jorge
Alberto Villegas Ospina62, Juan Carlos Correa Jaramillo63, Oscar Augusto Mejía
Rivera64 y Margot Cristina de la Asunción Gil Sánchez65, así como los interrogatorios
de los demandantes66, señores Juan Gonzalo Liborio Echavarría Greiffenstein, José
Roberto Arango Pava y Gabriel Londoño White.

62
Fol. 315-318, C. Ppal. 1.
63
Fol. 321-325 y fol. 401, C. Ppal. 1.
64
Fol. 384-388 y fol. 402-404, C. Ppal. 1.
65
Fol. 382-383, C. Ppal. 1.
66
Fol. 389-392, C. Ppal. 1.

63

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154. Se advierte que el testimonio del señor Villegas Ospina está relacionado con la
valoración del lucro cesante solicitado por los demandantes como restablecimiento
del derecho y para lo cual se allegó un dictamen realizado por la firma “[…] SBI
BANCA DE INVERSIÓN […]”; y, en relación con el interrogatorio formulado a los
demandantes, respecto del cargo formulado, se remiten a los estudios técnicos
realizados por la firma “[…] HIDRAMSA S.A. […]”.

155. El señor Juan Carlos Correa Jaramillo, quien indicó haber sido “[…] el director
del estudio de prefactibilidad y del estudio de factibilidad realizado por Hidramsa
[…]”, aseveró en su testimonio, lo siguiente:

“[…] PREGUNTA podría explicar cuáles fueron los métodos de estimación
implementados por Hidramsa para calcular el caudal requerido para el proyecto
hidroeléctrico CONTESTO utilizamos 3 métodos de estimación cálculo del
caudal medio del Río Frío: los 3 métodos son: 1) el método balance hídrico de
largo plazo que es el mismo que utiliza el modelo Hidrosig de la Universidad
Nacional sede Medellín y el modelo Duberdicus de Corantioquia. 2) método de
regionalización de caudales medios en Antioquia, se utilizaron dos modelos
diferentes, ambos usados en otros proyectos hidroeléctricos tales como la
vuelta y la herradura, en operación por EPM y 3) método de transferencia de
información desde cuencas vecinas. Se utilizó como cuenca de referencia el
Río Piedras que constituye una cuenca contigua al Río Frío y de la cual se tiene
información por tener un proyecto hidroeléctrico denominado Piedras,
recientemente adquirido por Colinversiones, con un comportamiento hidrológico
bastante conocido y que confirma en su operación las hipótesis con las que fue
diseñado y construido (…) PREGUNTA Expresa usted que fue necesario
implementar estos tres métodos debido a que no se contaba con una medición
directa de la cuenca del Río Frío, explique si además se utilizaron mediciones
tomadas de la propia cuenca del Río Frío CONTESTO como mencioné
anteriormente, los métodos de estimación se utilizaron por no tener un registro
histórico suficientemente largo en la cuenca, pero efectivamente los
peticionarios habían instalado la estación limnimétrica Río Frío RF1 y 3
estaciones pluviométricas (la selva, el tacón y Río Frío) localizadas en la parte
alta de la cuenca y las cuales fueron instaladas operadas y sus registros
procesados por el Señor Sergio Arboleda, persona jubilada de EPM quien
durante muchos años hizo este mismo tipo de trabajo para el área de
hidrometría de EPM, dichas estaciones tienen registros entre febrero de 1994 y
julio de 1998, los cuales fueron utilizados en el estudio realizado por Hidramsa
y fueron entregados a Corantioquia para que fueran tenidos en cuenta en su
evaluación del caudal medio del Río Frío. Las lecturas de caudal y de
precipitación en dichas estaciones se tomaron diariamente, aparecen en las
figuras y datos procesados en el estudio de impacto ambiental y en el estudio
de factibilidad y durante el período en el que fueron tomados existió una alta
incidencia de dos períodos “Niño”, clasificados por su magnitud: Uno como
moderado y el otro como severo. Este último ha sido el más crítico reportado
desde 1950 tal como aparece en la figura que aparece en la página 2 A del
documento que llamo No. 2 que aporto en 17 folios y que fue preparado en su
mayor parte cuando Corantioquia abrió el trámite de análisis de la licencia
ambiental ya concedida y antes de la resolución que la revocó. Ese documento
iba a ser utilizado para una reunión que se solicitó reiteradamente a
Corantioquia y que nunca pudo efectuarse, por lo tanto en el mismo está
soportado el estudio de caudales medio realizado por Hidramsa y las
inquietudes que en ese entonces teníamos respecto al estimativo de caudal
medio del Río Frío realizado por Corantioquia, posteriormente fue
complementado cuando conocimos la resolución revocatoria. PREGUNTA Si se

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habían implementado 3 métodos de estimación de caudal, porqué se tomaron
en cuenta las mediciones de las 3 estaciones CONTESTO los métodos de
estimación de caudal son teóricos y aunque su aplicación permitió obtener
resultados muy similares entre ellos, su confirmación fue verificada mediante la
utilización de los registros directos de caudal medidos en el propio Río Frío muy
cerca al sitio previsto para la captación del proyecto Río Frío Alto, el caudal
promedio estimado por los tres métodos utilizados fue de 3,846 m3 por
segundo, cifra que fue validada con el promedio de 3,626 m3 por segundo
medidos directamente en la estación RF1, en un período que como ya se ha
dicho fue fuertemente influenciado por 2 eventos “Niño” y por un evento “Niña”
clasificado como débil por haber alcanzado una magnitud de solo -0,7 grados
centígrados. De esta comparación se deduce que el caudal medio del Río Frío
en un período prolongado de tiempo no podría ser menor que el aforado
directamente en el cauce durante el período 1994 – 1998 ya referido. Esto
mismo indica que el valor estimado por Corantioquia en 2,75 m3 por segundo,
es decir sólo el 76% del caudal medido en dicho período incurre en una
subestimación muy notoria sobre los caudales disponibles en el Río Frió. La
certidumbre del estimado en el estudio de factibilidad se incrementa
fuertemente cuando dicho valor se compara con los valores medidos
PREGUNTA Conoce usted cuál o cuáles son los sistemas de medición
implementados por Corantioquia para medir el nivel del caudal del Río Frío?
CONTESTO sí lo conozco, de acuerdo con una resolución de Corantioquia, la
corporación utiliza el modelo Duberdicus para realizar el estimativo de este tipo
de caudales, el modelo Duberdicus utiliza el método de balance hídrico con
base en información de precipitación y en un modelo digital de terreno que tiene
incorporado el modelo. Lo que conocemos del modelo Duberdicus se ha
consultado en una publicación de Corantioquia pero no conocemos de manera
detallada el modelo, aunque lo hemos utilizado durante el tiempo en el que
Corantioquia lo colocó en la página web para utilización de los usuarios. Estos
(sic) ocurrió con posterioridad al período en el que realizamos los estudios del
Río Frío, pero durante dicho tiempo hemos identificado algunos problemas en
los resultados del modelo que aparecen citados en el documento No. 2 acá
dejado y sobre los cuales se podría profundizar los problemas identificados en
el modelo tiene que ver con errores considerables en la medición del área de
las cuencas y en el estimativo del caudal medio cuanto (sic) se comparan con
los datos de estaciones del IDEAM operadas durante muchos años por dicho
instituto (…) PREGUNTA en relación con la variable de precipitación del sistema
de balance hídrico a largo plazo aportado en el estudio, podría explicar cómo
fueron medidos dichas niveles CONTESTO Se utilizaron 35 estaciones de
medida de la precipitación, localizadas 3 de ellas dentro de la parte de la cuenca
del Río Frío y 32 estaciones localizadas en la parte baja de la cuenca o cerca
de ellas. Con la información de estas 35 estaciones, se construyó un mapa de
isoyetas (líneas de igual precipitación) mediante interpolación por el método de
KRIGGING que es uno de los métodos normalmente utilizados para este tipo
de estudio y que ha sido validado en diferentes estudios tal como se describe
en el estudio de factibilidad (Documento No. 1 aportado).

Mediante estas
ISOYETAS se calculó la precipitación promedio multianual en la cuenca de cada
uno de los cuatro proyectos que componen el desarrollo hidroeléctrico
planteado para el Río Frío. (…) PREGUNTA De acuerdo con lo anterior, sabe
usted si Corantioquia durante el trámite del recurso de reposición estimó un
nivel de evapotranspiración distinto al calculado en el estudio de impacto
ambiental CONTESTO si el recurso de reposición se refiere a la acción que
originó la resolución revocatoria, en dicha resolución, en la misma tabla ya
citada anteriormente, aparece una columna denominada EVP con unos valores
que corresponden a la evapotranspiración real calculada en el estudio de
factibilidad y otros dos valores que aparentemente corresponden a la
evapotranspiración potencial calculada por Corantioquia para la parte alta del

65

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Río Frío. Los últimos valores son inconsistentes pues de acuerdo con la misma
resolución, fueron calculados con la ecuación de CENICAFÉ que permiten
obtener la evapotranspiración potencial con base en la altura media de la
cuenca, como se observa en dicha tabla, se presenta dos valores de
evapotranspiración diferentes para una misma altura de cuenca, por lo que uno
de los dos valores está errado. Hidramsa aplicó la ecuación de CENICAFÉ para
la altura media de la cuenca estimada por Corantioquia, obteniendo un valor de
1075 mm por año, lo que indica que el valor de 1125 mm por año calculado por
Corantioquia es erróneo, mientras que el valor de 1076 que aparece en la
misma tabla sí corresponde a la ecuación de CENICAFÉ, es importante anotar
que Hidramnsa utilizó tres métodos en lugar de uno solo para estimar la
evapotranspiración real. Uno de ellos corresponde a la ecuación de CENICAFÉ
para obtener la evapotranspiración potencial, la cual fue corregida con la
ecuación de BUDYCO para obtener la evapotranspiración real que es el
parámetro que debe ser utilizado en el método de balance hídrico. De los 3
métodos utilizados por Hidramsa, el método de CENICAFÉ es el que dio el valor
más alto y para la elevación promedia (sic) de la cuenca calculada por
Hidramsa, la evapotranspiración potencial dio 1085 mm por año, ligeramente
mayor que la obtenida por Corantioquia y que corresponde a 988 mm por año
de evapotranspiración real en la cuenca del Río Frió. Al tomar el promedio de
los 3 métodos utilizados se obtuvo un valor de 864 mm por año que es el que
aparece en los estudios de Hidramsa y en la tabla citada de la resolución
revocatoria. El estimativo de evapotranspiración potencial realizado por
Corantioquia con una sola ecuación está sobreestimando la evapotranspiración
potencial en dicha cuenca y al utilizar este valor erradamente en el método de
balance hídrico en lugar de la evapotranspiración real, se llega a una
subestimación del caudal medio de la cuenca. Esto explica por qué Corantioquia
obtuvo un valor medio de sólo 2,75 m3 por segundo; es decir el 75% del caudal
medido en la cuenca diariamente durante 4 años y medio y porqué (sic)
Corantioquia llega a un caudal remanente en la cuenca considerablemente
menor que el disponible en la misma. Estos cálculos están presentados en el
documento No. 2 aportado (…) PREGUNTA de acuerdo con el estudio
elaborado por Hidramsa, en su concepto, podría ser viable desarrollar el
proyecto, de haberse concedido por parte de Corantioquia un caudal remanente
para la etapa Río Frío Alto de 0,82 m3 por segundo CONTESTO Para el
proyecto Río Frío Alto se analizaron diferentes escenarios para diferentes
capacidades instaladas de las central (sic) y a cada una se le calculó la tasa
interna de retorno. Uno de esos escenarios corresponde a un caudal promedio
turbinado anual de 0,93 m3 por segundo cuya tasa interna de retorno fue de
11,7% que aún sería aceptable para un inversionista. El valor de 0,82 m3 por
segundo llevaría a una tasa interna de retorno del orden del 11% que permitiría
poder desarrollar el proyecto aunque con menores ventajas económicas que lo
planteaba (sic) en el estudio de factibilidad (…) PREGUNTADO: Usted indica
que es ingeniero civil desde 1982, según su experiencia porque razón para la
determinación del caudal medio se tomaron datos de períodos entre el año 1994
y 1998 y no entre el año 2007 que fue cuando se solicitó la licencia?
RESPONDIÓ:

Para estimar el caudal medio se aplicaron tres métodos que
están basados en precipitación en 35 estaciones localizadas en la cuenca
propia del rio frio (sic) y en sus alrededores, las estaciones localizadas en sus
alrededores corresponden a estaciones operadas por el IDEAM, por la
Federación de Cafeteros y por EPM, los registros utilizados de dichas
estaciones incluyeron toda la historia de registros disponibles en las estaciones
que las operan y solo 3 estaciones que fueron operadas e instaladas por
MINESA tuvieron registros limitados a los años 1994 a 1998, dado que
posteriormente esas estaciones fueron desmontadas, pero las 32 estaciones
restantes incluyen un período mucho mayor de tiempo. PREGUNTADO: De
acuerdo con la respuesta anterior se tuvieron en cuenta para la determinación

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del caudal medio estaciones asociadas a la zona geográfica del Choco? (sic)
RESPONDIÓ: Todas las estaciones utilizadas están localizadas en Antioquia y
en el norte de los departamentos de Caldas y Risaralda, las cuales se
encuentran cerca de la cuenca del rio frio (sic). Las estaciones más cercanas a
la divisoria de la cordillera occidental que limita también los departamentos de
Chocó y Antioquia, están localizadas en la vertiente oriental de la cordillera
occidental en el departamento de Antioquia. Ninguna de ellas están localizadas
en el Chocó. PREGUNTADO: De las 35 estaciones utilizadas para el cálculo de
la lluvia, cuantas de ellas están por fuera de la cuenca y cuantas en la región
del Chocó? RESPONDIÓ: En la cuenca de rio frio alto (sic), que fue la cuenca
analizada por Corantioquia en la resolución No 130CA11046663, que revocó la
licencia, se tuvieron en cuenta 3 estaciones. En los estudios de Corantioquia
ninguna de sus estaciones están localizadas en la cuenca rio frio alto (sic).
Tanto en el estudio realizado por HIDRAMSA, como en los estudios (…)
realizados por Corantioquia se tiene (sic) las mismas estaciones que están
localizadas en la parte media y baja de la cuenca; en este momento no recuerdo
el número exacto de estas estaciones pero son del orden de 3 o 4 estaciones
máximo. Por fueras (sic) de la cuenca HIDRAMSA utilizó cerca de 30 estaciones
todas localizadas alrededor de la cuenca y cerca de la misma. Las estaciones
adicionales que pudieran usarse localizadas lejos de la cuenca no deberían
tener ninguna incidencia en los estimativos de precipitación y de caudal que se
hagan para la cuenca del rio frio cuyo tamaño es reducido. (…) No se utilizaron
estaciones localizadas en la región del Choco (sic) pero si el efecto del chorro
del Choco (sic) tuviera alguna incidencias (sic) en la región sur oeste Antioqueño
dicho efecto estaría medido y registrado en las estaciones localizadas en
Antioquia en la vertiente oriental de la cordillera occidental en la propia cuenca
del rio san juan vecina al nacimiento del rio frio y en resto (sic) de estaciones de
acuerdo con su posición geográfica y con el efecto o existencia real del chorro
del Choco (sic) hasta la posición geográfica de cada una de las estaciones
utilizadas en el estudio. […]”

156. El señor Correa Jaramillo aportó en su diligencia67 los documentos
denominados “[…] ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO DEL RÍO FRIO (…) Comentarios sobre el Estudio de caudales
medios y el estimativo realizado por Corantioquia […]” y “[…] ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO FRÍO […]”
(negrilla del texto).

157. En el documento “[…] ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO DEL RÍO FRIO (…) Comentarios sobre el Estudio de caudales
medios y el estimativo realizado por Corantioquia […]”, se concluye, del análisis
realizado a las estimaciones de la entidad demandada frente al caudal medio, lo
siguiente:

“[…] Análisis del caudal medio estimado por Corantioquia (…)
CONCLUSIONES:

1. La diferencia entre los caudales solicitados y los caudales remanentes
calculados por Corantioquia radica en la diferencia entre los caudales medios
estimados en el Estudio de Impacto Ambiental y mediante el Duberdicus por
parte de Corantioquia. Para el proyecto Río Frío Alto dicha diferencia es de:
3,845 – 2,706 = 1, 139 m3/s (58% del caudal solicitado). Por lo tanto, la totalidad

67
Fol. 326-377, C. Ppal. 1.

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de la diferencia del 42% (100% - 58% = 42%) radica en la subestimación del
caudal medio del río Frío en la que incurrió CORANTIOQUIA con base en el
modelo Diberdicus, sin tener en cuenta los registros de caudal directamente
medidos en el cauce del río Frío por los peticionarios ni el estudio de caudales
medios presentado en el Estudio de Impacto Ambiental.

(…)

2. Corantioquia debe realizar una revisión detallada del modelo Duberdicus y
de los resultados obtenidos con él, para asegurar el soporte técnico adecuado
de las decisiones que tome con base en el modelo, para hacer honor a los
premios y distinciones recibidas, y para evitar que los demás usuarios del
modelo incurran en errores técnicos por el uso del modelo sin pleno
conocimiento de las limitaciones del mismo.

3. Las observaciones presentadas por el tercer interviniente no fueron serias,
fueron infundadas y precisamente por ello no presentó ningún argumento ni
elemento técnico que las soportara. No obstante, así fueron atendidas por la
Corporación. […]” (negrilla del texto)

158. La señora Margot Cristina de la Asunción Gil Sánchez -cuyo testimonio es
mencionado en el recurso de apelación-, adujo ser servidora pública de profesión
abogada y vinculada a la entidad demandada, manifestando que:

“[…]PREGUNTA: Dentro del trámite administrativo ambiental si no existiera
oferta del recurso hídrico y el caudal disponible es inferior al solicitado que
deben hacer los solicitantes CONTESTO. Si este es el recurso natural requerido
para la ejecución de un proyecto la autoridad ambiental debe negar el permiso
ambiental y en estos términos el titular del proyecto si continuara interesado
tendría que presentar un nuevo proyecto que contemple el caudal disponible en
la fuente, dejando siempre el llamado técnicamente caudal ecológico
PREGUNTA: Puede la autoridad ambiental corregir de oficio la propuesta de los
interesados en el caso de que la disponibilidad del recurso hídrico sea inferior
al solicitado CONTESTO. En materia ambiental la administración es rogada por
tanto no es posible que la autoridad ambiental modifique de oficio la propuesta
del interesado PREGUNTA: Sabe usted si los demandantes ajustaron el
proyecto a la real oferta del recurso hídrico disponible indicado por Corantioquia
CONTESTÓ. No conozco el caso concreto. SE LE CONNCEDE (sic) LA
PALABRA AL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE PREGUNTA: En
su respuestas (sic) usted expresa que su testimonio se refiere al proceso
relacionado con la cuenca del Rio Frio (sic), podría indicarnos, cual fue su
participación concretamente durante el procedimiento administrativo ambiental
CONTESTO. Ninguno PREGUNTA: Explique si usted tuvo alguna relación con
algún hecho de este proceso CONTESTO. No. […]”

159. El señor Oscar Augusto Mejía Rivera, quien manifestó haber sido “[…] técnico
de Corantioquia durante cerca de 12 años […]”, rindió su testimonio en el proceso -
transcrito en el recurso de apelación-. Se advierte que el señor Mejía Rivera era uno
de los miembros del comité que expidió el Informe Técnico núm. 110314424 de 11
de marzo de 2011, que sustentó la resolución demandada68.

160. El testigo señaló, en lo que interesa al proceso, lo siguiente:

68
Fol. 508, C. Ppal. 1. / Expediente CA3-2008-13, Tomo 7.

68

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“[…] PREGUNTA: En análisis (sic) de caudales presentado por los
demandantes se utilizaron los metros convencionales para la determinación del
caudal de Rio Frio (sic) CONTESTO. El análisis hidrológico efectuado por los
solicitantes usa varios métodos ampliamente reconocidos y los valores de
estimación obtenidos en cada uno de ellos da cuenta de que la hidrología no es
una ciencia exacta en tanto reconoce la multiplicidad de incertidumbres en las
variables de trabajo que usa. (…) PREGUNTA: para la determinación de los
caudales del proyecto Rio Frio la Corporación utilizó el aplicativo DUBERDICUS
CONTESTO. Corantioquia adoptó mediante resolución el modelo
DUBERDICUS como herramienta de apoyo en el trámite de concesiones. PREGUNTA: Cual (sic) es la ventaja de DUBERDICUS frente a otros métodos
convencionales utilizados por los demandantes para la determinación del
caudal del rio frio CONTESTO. Los métodos de estimación de caudales que
usan balances de largo plazo se diferencian fundamentalmente en la cantidad
y longitud temporal de las series de información hidrológica utilizada,
DUBERDICUS es un modelo que usa series oficiales del IDEAM con un período
no inferior a 10 años, lo cual garantiza que recoge la mayor variabilidad
hidrológica posible en el sistema analizado. PREGUNTA: Que pasa cuando la
serie es menor a la utilizada por DUBERDICUS en los métodos convencionales
utilizados por los demandantes CONTESTO. Los promedios hidrológicos más
confiables corresponden a los de series de mayor longitud. (…) PREGUNTA: Conoció usted los datos de la información limnimétrica pluviométrica y en
general la información para la determinación de caudales presentada por los
demandantes dentro del proceso de licenciamiento ambiental. CONTESTO. Tuve acceso a la información disponible en la Corporación al momento de
realizar los análisis requeridos en el marco de este proceso de licenciamiento
PREGUNTA. En qué se diferenció dicha información con la tenida en cuenta
por el nuevo comité Ad hoc (sic) de Corantioquia para efecto (sic) de determinar
el caudal disponible en la fuente del rio frio (sic) CONTESTO. Yo hice parte de
este segundo comité denominado Ad Hoc (sic), creo si la memoria no me falla,
en términos generales se disponía de iguales elementos. PREGUNTA. Recuerda usted los datos del caudal obtenido por Corantioquia y del caudal
obtenido por los solicitantes, en caso afirmativo de acuerdo con el comité Ad
hoc (sic), le pongo de presente el informe técnico 110314424 del 11 de marzo
de 2011 obrante a folio 1527 a 1609 del cuaderno de antecedentes
administrativo (sic), a que se debe dicha diferencia CONTESTO. No recuerdo
los datos, pero Según lo que observo en el informe técnico existen diferencia
entre el caudal aportado por el peticionario de la licencia y el estimado por
Corantioquia. La diferencia fundamental radica en el mayor valor de
evapotranspiración esto produce en términos netos un mayor valor de caudal
medio. PREGUNTA. Que estaciones pluviométricas tuvo en cuenta
Corantioquia y cuales los solicitantes y en que inciden dichas estaciones en el
caudal obtenido tanto por los solicitantes como por la corporación CONTESTO. No recuerdo con precisión las estaciones usada por cada una de las partes,
pero lo que recuerdo nos llamó la atención sobre las estaciones de lluvia
consideradas por el solicitante era que se incluía estaciones asociadas al chorro
del Choco, lo cual generaba un incremento en los valores medios de la
precipitación comparado con el estimativo de Corantioquia PREGUNTA. De
acuerdo con la información que disponía Corantioquia en la cuenca del Rio Frio
y las estaciones más cercanas a la ubicación del proyecto, cuál era la
información pluviométrica de precipitaciones al año CONTESTO. Obtuvimos un
estimativo de 2454 milímetros anuales PREGUNTA. De acuerdo con el comité
Ad hoc (sic) cual fue el caudal medio obtenido por la entidad y el caudal
remanente y por qué CONTESTO.

Obtuvimos un caudal medio de 2.7 metros
cúbicos por segundo, y un caudal remanente de 0.82 metros cúbicos por
segundo, esto se obtuvo restando del caudal medio el caudal ecológico y los

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caudales otorgados para otros usos. Nótese que de acuerdo a esta información,
de otorgar el caudal solicitado se superaría en más del 50% el índice de escases
(sic) que determina los niveles de presión o agotamiento del recurso hídrico
PREGUNTA. Aun con el caudal promedio obtenido de manera sobreestimada
por los solicitantes de acuerdo con lo usted afirmado y teniendo en cuenta los
caudales ecológicos concesionados era posible otorgar el caudal solicitado de
1.960 metros cúbicos por segundo CONTESTO. Aun con los datos del
solicitante se observa que de otorgar el caudal requerido para el proyecto Rio
Frio (sic) el índice de escases superaría el 50% lo que implicaría la necesidad
de declarar el agotamiento de la fuente como un reconocimiento de una
problemática ambiental generada en el ejercicio de la autoridad ambiental (…)
PREGUNTA. Dentro del trámite administrativo ambiental de los solicitantes sino
existe oferta del recurso hídrico y el caudal disponible de acuerdo a Corantioquia
es inferior al solicitado que debían hacer los titulares del proyecto de Rio Frio
(sic) CONTESTO. (…) En mi juicio profesional creo que debe revaluarse el
proyecto en términos financieros a partir de la disponibilidad real del caudal. PREGUNTA. Puede la autoridad ambiental corregir de oficio la propuesta de los
interesados cuando el caudal disponible es inferior al solicitado CONTESTO. Este es un asunto administrativo y jurídico, no obstante entiendo que no es
posible PREGUNTA. Sabe usted si los demandantes replantearon a la
disposición del recurso hídrico indicada por Corantioquia CONTESTO. No lo sé
(…) PREGUNTADO: En una respuesta anterior usted mencionó que el
solicitante de la licencia ambiental implemento 3 modelos hidrológicos
ampliamente reconocidos para la estimación para el caudal rio frio alto. En su
concepto ello quiere decir que individualmente considerados, y habiéndose
incorporado en ellos información confiable, esos métodos podrían arrojar una
estimación idónea del río? RESPONDIÓ: Sin duda, la diferencia de los
resultados obtenidos con estos 3 métodos y el usado por Corantioquia radica
en la longitud de la serie hidrológica analizada, siendo mayor la longitud de la
serie de Corantioquia, lo cual permite obtener promedios y variaciones de
caudales más cercanas a la realidad hidrológica de mediano y largo plazo. (…)
PREGUNTADO: De acuerdo con el estudio elaborado por el comité adhoc (sic)
recuerda usted cuantas fueron las estaciones de registro tenidas en cuenta para
estimar la precipitación en la parte alta de la cuenca de rio frio? (sic)
RESPONDIÓ: No lo recuerdo con exactitud. Se deja constancia que el abogado
de la parte actora le entrega la resolución 130CA11046663 en la que se
proyecta un mapa con las estaciones del área de influencia de la cuenca de rio
frio (sic). PREGUNTADO: de acuerdo con la información allí consignada (en la
resolución 130CA11046663) podría usted identificar en documento entregado
cuáles fueron las estaciones de registro tenidas en cuenta para estimar la
precipitación?. RESPONDIÓ: No es posible evidenciar esto en el documento
entregado, porque no aparecen los nombres de las estaciones.(…)
PREGUNTADO: Puede explicar cómo estima el modelo duberdicus la
evapotranspiración real en una cuenca? RESPONDIÓ: El modelo duberdicus
analizó en sus inicios diferentes métodos para el cálculo de esta variable: Cenicafe, penman, holdridge entre otros, encontrándose que el que producía
los resultados más cercanos a la realidad del departamento de Antioquia era el
método de CENICAFE, el cual considera que existe una relación exponencial
entre vapor transpiración y altura. PREGUNTADO. La ecuación de CENICAFE
sirve para estimar la evapotranspiración potencial o la real? RESPONDIÓ: Existen ecuaciones desarrolladas por cenicafe que permiten obtener los dos
tipos de evapotranspiración. PREGUNTADO: la evapotranspiración presentada
por el comité adhoc (sic) es real o potencial? RESPONDIÓ:

Es potencial, de
acuerdo a lo observado en la PÁGINA 7 de resolución (sic) 130CA11046663.
[…]”

70

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161. Fue aportada por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, IDEAM, certificación núm. C082-11-130-SME/2014, relativa al:

“[…] comportamiento mensual de la precipitación y su respectivo índice I (%) y
de la evaporación, durante el período comprendido entre enero de 1994 y
diciembre de 2008, de acuerdo con la información disponible de la estación
meteorológica Granja La Nacional, ubicada en el municipio de Támesis,
departamento de Antioquia. […]”69.

162. Ahora bien, en relación con los cuestionamientos formulados por la apelante,
relacionados con el dictamen pericial practicado dentro del proceso, esta Sala 70 ha
destacado que:

“[…] Pues bien, en lo que respecta al dictamen pericial, se tiene que el numeral
6º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil prescribe que este “debe
ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos
e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos,
científicos o artísticos de las conclusiones”. (Se resalta).

Por otra parte, el artículo 241 ibídem establece lo siguiente:

“Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de
sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos
probatorios que obren en el proceso.

“Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero
pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por
error grave” (se subraya).

Ahora, el Consejo de Estado, en relación con las normas recién mencionadas,
ha dicho que:

“(...) para su eficacia probatoria, el dictamen pericial debe reunir ciertas
condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a
probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para
el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su
imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave;
que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones
sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya
surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte del perito y
en fin que otras pruebas no lo desvirtúe. El dictamen del perito debe ser claro,
preciso y detallado; en él se deben explicar los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos
o artísticos de las conclusiones y durante el traslado del dictamen pericial las
partes pueden solicitar que este se complemente o aclare u objetarlo por
error grave. A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar
el juez el dictamen de los peritos, el juez tendrá en cuenta la firmeza, precisión
y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás
elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar
que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de
sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la
justicia, pero él no la imparte ni la administra. En suma, el juez está en el

69
Fol. 443-446, 448-451 y 452-454 [Oficio radicado el 26 de junio de 2014], C. Ppal. 1.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López,
Sentencia de 16 de agosto de 2021. Radicación número: 25000-23-24-000-2005-01545-02.

71

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deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad
de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede
tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar
sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar
sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar
presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la
técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle
mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos
objeto de la misma” 71(se resalta).

De la anterior providencia, se advierte que el fallador, a la luz de la sana crítica
y de las reglas de la experiencia, debe valorar el dictamen pericial con el fin de
acogerlo, total o parcialmente, o desechar sus resultados, siempre que no sea
claro, preciso y detallado y no reúna las condiciones para adquirir eficacia
probatoria. […]” (negrilla y subrayado del texto)

163. LaSala encuentra que el dictamen pericial, igual que sus aclaraciones y
complementaciones, fue elaborado por el profesor de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, Luis Fernando Carvajal Serna, por designación del
decano de la Facultad de Minas, conforme a la solicitud de la parte demandante
consistente en “[…] nombrar y designar a un Ingeniero Hidráulico idóneo para rendir
dictamen pericial dentro del proceso de la referencia […]”72.

164. El perito manifiesta que ha tenido en consideración, para la elaboración del
dictamen pericial, así como de sus aclaraciones y complementaciones, i) el Estudio
de Factibilidad para el Desarrollo Hidroeléctrico del Río Frío, en particular el informe
de la firma HIDRAMSA S.A.; ii) el informe técnico núm. 130CA-110314424 de 11 de
marzo de 2011; y, iii) la información remitida por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, correspondiente a la “[…]
precipitación mensual y evaporación de tanque mensual de la estación Granja La
Nacional […]”; iv) la plataforma de Excel del aplicativo “[…] Duberdicus […]”, modelo
adoptado por la corporación autónoma regional demandada en la “[…] Resolución
10242 de 2008 […]”; y, v) las planchas digitales del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.

165. Los sujetos procesales no presentaron objeciones por error grave, tan solo
solicitudes de aclaración y complementación del dictamen, que fueron contestadas
por el perito. El perito realizó un análisis de la información mencionada
anteriormente descrita, describió las operaciones realizadas para llegar a los
resultados expuestos, razón por la que se tendrá en cuenta totalmente para desatar
la cuestión debatida.

166. En relación con los argumentos del apelante, se debe indicar que el dictamen
pericial tuvo en cuenta la información remitida por parte del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, correspondiente a la “[…]

71
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de mayo de 2017, proceso Nº 73001-23-31-000-
2005-00776-01, exp.: 37098
72
Fol. 301-308, C. Ppal. 1.

72

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precipitación mensual y evaporación de tanque mensual de la estación Granja La
Nacional […]”.

167. Respecto de la citada información, el perito indicó que “[…] a. La cota o altura
media de la cuenca del río Frío es 2293 msnm y la cota de la estación Granja La
Nacional es de 1151 msnm. Se tiene una diferencia del 99.2% en altura. (…) b. La
estación Granja La Nacional está localizada fuera del área de la cuenca del río Frío,
ver Figura 1. Esto hace que los cálculos presenten una mayor incertidumbre con
relación a estaciones localizadas al interior de la cuenca o en áreas vecinas. […]”.

168. Se precisa que el informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo de 2011
señala que, para evaluar la precipitación media en la cuenca del Río Frío, la
corporación autónoma regional demandada dispuso de las series de información
suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM -que no se mencionan- para un conjunto de estaciones cercanas -que no se
describen. El testigo señor Oscar Augusto Mejía Rivera, señaló, cuando se le puso
a disposición la resolución demandada, que no aparecen los nombres de las
estaciones73, para las cuales tendría registros confiables de precipitación durante
períodos de por lo menos diez años, subrayando que comparó la información de los
peticionarios de la licencia y la usada por la demandada aludiendo a la cota de 1.994
metros sobre el nivel del mar.

169. El informe técnico, posteriormente, anotó que los datos de precipitación de las
estaciones más cercanas -sin mencionarlas- no superaron los 2.300 metros sobre
el nivel del mar de lluvia anual, lo que sugería que no tuvieran precipitaciones del
orden de 2.950 metros sobre el nivel del mar como lo expusieron los peticionarios
de la licencia, indicando que lo mismo ocurría con la evapotranspiración -real- que,
a partir de la ecuación “[…] Cenicafe […]”, obtuvo valores cercanos a los 1.100
mm/año.

170. No obstante, aseveró que “[…] Uniendo los diferentes elementos disponibles
expuestos, puede concluirse que a partir de las estimaciones de caudal realizadas
a la altura de 1994 m.s.n.m. no es posible conceder el caudal solicitado por el
usuario, dado que el caudal medio total remanente corresponde al 42% del caudal
solicitado […]”, lo cual implica que las conclusiones a las que llegó la autoridad
ambiental tuvieron como sustento las estimaciones realizadas a dicha altura.

171. Se advierte que el informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo de 2011,
incorporado en la resolución demandada, nada señaló en relación con
inconsistencias específicas en la información contenida en los estudios de impacto
ambiental allegados por los solicitantes relacionadas con las estaciones de medición
pluviométrica.

73
Fol. 403, C. Ppal. 1.

73

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
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172. El informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo de 2011 indicó al respecto,
que:

“[…] Para evaluar la precipitación media en la cuenca del Río Frio,
CORANTIOQUIA dispone de las series de información suministradas por el
IDEAM para un conjunto de estaciones cercanas para las cuales se tienen
registros confiables de precipitación durante períodos de por lo menos diez
años.

La comparación entre la información presentada por el peticionario de la licencia
y la usada por la Corporación se presenta de manera sintética en la tabla
siguiente, así como el resultado del caudal medio multianual usando el método
de Balance Hídrico a partir de los datos contrastados. Esta comparación pone
de manifiesto la sensibilidad de los cálculos de caudal a partir de cambios en
estas dos variables, presentándose en este caso diferencias hasta del 35%.

(…)

Para soportar el recálculo realizado por CORANTIOQUIA se presenta la
distribución espacial disponible con datos de precipitación promedio anual
multianual en los alrededores de la cuenca del Río frío. Debe notarse que los
datos de precipitación de las estaciones más cercanas no superan los 2300 mm
de lluvia anual, lo que sugiere la imposibilidad de que se tengan precipitaciones
del orden de 2950 mm como sugiere el peticionario de la licencia. Caso similar
ocurre con la Evapotranspiración (real) -ETR-, la cual se estima con mucha
razonabilidad y validez en esta zona de los Andes Colombianos a partir de la
ecuación definida por Cenicafe (sic) que establece una relación exponencial
entre ETR y altura, obteniéndose para la zona alta de esta cuenca, valores
cercanos a los 1100 mm/año. […]”

173. El “[…] Estudio de Impacto Ambiental versión 2.0 la cual reemplaza en su
totalidad la versión 1.0 […]”, radicado ante la autoridad ambiental el 11 de agosto
de 2010, de acuerdo con el “[…] Acto Administrativo No. 130CA-9436 del 02 de junio
de 2010 […]”74, señaló expresamente los valores de precipitación media anual para
las estaciones que tuvo en cuenta75, esto es, las estaciones El Trapiche, El Porvenir,
Miguel Valencia, Virgen de Oro, La Cristalina, El Descanso, La Argentina, Rafael
Escobar, La Manuelita, Cuatro Esquinas, Guaymaral, Salineros, San José, “[…]
Ospirma […]”, El Barranco, Buenos Aires, Mistrató, La Pradera, Caramanta,
Riosucio, “[…] Inst. Los Fundadores […]”, “[…] Ita Andes […]”, Concordia, Piamonte,
Pueblo Rico, Granja La Nacional, Hacienda Túnez, La Plata, El Rosario, “[…] Sn
Antonio de Chami […]”, Cachipay, Cenicafé, La Selva, El Tacón y Río Frío,
estaciones a las cuales aludió, igualmente, el dictamen pericial practicado en el
proceso.

174. El estudio de impacto ambiental, en relación con tales estaciones, precisó que:

“[…] Para obtener la precipitación media multianual en la cuenca del río Frío
hasta los sitios de aprovechamiento, se consultó el mapa de isoyetas de la
Cartilla Hidrológica de Antioquia, pero el tamaño limitado de la cuenta, la escala

74
Expediente CA3-2008-13, Tomo 4.
75
Expediente CA3-2008-13, Tomo 4. Tabla 3-12

74

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del mapa presentado en la Cartilla y el número relativamente escaso de
estaciones en la región del suroeste de Antioquia utilizado en el estudio
realizado para dicha publicación, indicaron la conveniencia de construir un
mapa de isoyetas para dicha región de Antioquia.

Para el efecto se recopiló la información sobre localización y precipitación media
multianual registrada en las siguientes estaciones del suroeste de Antioquia y
del noreste de los departamentos de Caldas y Risaralda:

Operadas por el IDEAM: Pueblorrico (Pueblorrico), La Pradera (Caramanta), Ita
Andes (Andes), Concordia (Concordia), Piamonte (Fredonia), Granja La
Nacional (Támesis), Hacienda Túnez (Valparaíso), La Plata (Venecia) y
Caramanta (Caramanta) en el departamento de Antioquia; Riosucio (Riosucio)
e Inst. Los Fundadores (Riosucio) en el departamento de Caldas; y, Mistrató
(Mistrató) en el departamento de Risaralda.

Operadas por la Federación Nacional de Cafeteros: El Trapiche (Bolívar), El
Porvenir (Jericó), Miguel Valencia (Jardín), Virgen de Oro (Támesis), La
Cristalina (Támesis) en el departamento de Antioquia; El Descanso (Marmato),
La Argentina (Riosucio), Rafael Escobar (Supía), La Manuelita (Riosucio),
Cuatro Esquinas (Aguadas), Guaymaral (Aguadas), Salineros (Aguadas), San
José (Aguadas) y Cenicafé (Chinchiná) en el departamento de Caldas; y
Ospima (Guática), El Barranco (Mistrató) y Buenos Aires (Guática) en el
departamento de Risaralda.

Operadas por Empresas Públicas de Medellín: Cachipay (Hispania) en el
departamento de Antioquia

La localización de las estaciones utilizadas para toda la zona del suroeste de
Antioquia se presenta en la Figura 3-11 y, en una escala un poco más detallada,
en la Figura 3-12 se presenta la localización de las estaciones más cercanas a
la cuenca objeto de estudio.

Debe anotarse que para algunas estaciones utilizadas, la precipitación media
multianual fue obtenida de los Anuarios y revistas publicadas por las entidades
antes citadas, por lo que para dichas estaciones no se dispuso de las series
completas de precipitación y no fue posible incluirlas en un análisis profundo de
la calidad y confiabilidad de los registros. No obstante, se considera que ante la
baja densidad de estaciones de precipitación media anual reportada por alguna
de estas tres entidades en ciertas áreas en las que no existen otras estaciones
cercanas, que carecer totalmente de información en dichas área. […]”76

175. Se advierte que este informe técnico realizó un nuevo estudio del trámite de
licenciamiento ambiental que derivó en un cambio de posición de la corporación
autónoma regional demandada al revocar la licencia ambiental otorgada, sin señalar
falencias del estudio de impacto ambiental que fundamentó, inicialmente, el
otorgamiento de la licencia ambiental.

176. El informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo de 2011, en modo alguno,
hizo referencia específica a cuáles fueron los defectos en los análisis que se
encuentran en el estudio de impacto ambiental mencionado supra, el cual
fundamentó la concesión de la autorización ambiental.

76
Expediente CA3-2008-13, Tomo 4, “[…] Información sobre precipitación media multianual […]”.

75

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177. Así, en dicho informe técnico no hubo un análisis específico respecto de: i) la
información hidrométrica77, en la cual se abordó lo relativo a la información sobre
precipitación media anual, al análisis de la consistencia de la información disponible
y de “[…] series adimensionales respecto a episodios ENSO78 […]” y a la
construcción del mapa de isoyetas de precipitación media multianual; ii) el
estimativo del caudal medio79, en el cual se hizo referencia a los métodos para su
estimación80 y al cálculo de ese caudal; iii) los caudales máximos en los sitios de
bocatoma81; iv) los caudales mínimos en sitio de bocatoma82; y, v) los caudales
ecológicos83, los cuales hacen parte del capítulo tercero del estudio de impacto
ambiental del proyecto hidroeléctrico Río Frío.

178. El informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo de 2011, simplifica la
compleja información contenida en el estudio de impacto ambiental y la presenta de
“[…] manera sintética en la siguiente tabla […]”84, además de no ser posible
establecer cuáles fueron los análisis realizados por la autoridad ambiental y que la
llevaron a considerar no viable conceder el caudal solicitado por la parte
demandante.

179. Ahora bien, el dictamen pericial, en respuesta a la pregunta de “[…] 5. Podría
establecer el valor del caudal promedio y remanente del caudal del río Frío a la
altura 1994 m.s.n.m. y si el mismo permite que se pueda desarrollar el Proyecto
Hídrico presentado dentro del trámite para la obtención de la licencia ambiental para
el proyecto energético en el río Frío? […]”, anotó que:

“[…] Para contestar a la pregunta del caudal medio a la altura 1994 m.s.n.m. me
remito a los cálculos presentado por la UNAL a lo largo de este informe. De
acuerdo a la Tabla 4, de es este (sic) informe y considerando la estimación de
la precipitación por el método de Kringing y la evaporación real por Turc, el
caudal medio es de 4.16 m3/s. Se selecciona esta valor (sic) ya que es el más
conservador y no está muy alejado de los otros dos métodos usados para la
evaporación real.

En cuanto al caudal remanente, el informe técnico 130CA-1103-14424 de
Corantioquia presenta en el numeral 3 los siguientes datos de la tabla 6.

(…)

77
Ordinal 3.2.7.2.2. del estudio de impacto ambiental. Expediente CA3-2008-13, Tomo 4.
78
Se refiere a “[…] eventos Niño (ENSO – El Niño Southern Oscilation) […]”.
79
Ordinal 3.2.7.2.3. del estudio de impacto ambiental. Expediente CA3-2008-13, Tomo 4.
80
Indica el estudio de impacto ambiental que “[…] se utilizaron inicialmente los tres métodos que se describen a continuación,
y que son los más usados entre los que se presentan y recomiendan en la literatura técnica especializada, cuando se requiere
estimar caudales medios en cuencas con carencia total o escasez de información hidrológica, especialmente tratándose de
cuencas relativamente pequeñas sin registro de caudales […]”, a saber: i) método del balance hídrico de largo plazo; ii)
modelos de regionalización de caudales medios en Antioquia; y, iii) método de transferencia de información desde cuencas
vecinas.
81
Ordinal 3.2.7.2.4. del estudio de impacto ambiental. Expediente CA3-2008-13, Tomo 4.
82
Ordinal 3.2.7.2.5. del estudio de impacto ambiental. Expediente CA3-2008-13, Tomo 4.
83
Ordinal 3.2.7.2.6. del estudio de impacto ambiental. Expediente CA3-2008-13, Tomo 4.
84
Fol. 505, C. Ppal. 1.

76

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Según los datos de la tabla 6, el caudal de otros usos y el caudal ecológico
suma 1.885 m3/s y el caudal remanente es de 0.82 m3/s. Con el estimativo del
caudal hecho por la UNAL que es de 4.16 m3/s, y el descuento por caudal
ecológico y otros usos de 1.885 m3/s, el causal remanente es de 2.275 m3/s,
en este caso es un caudal mayor al caudal solicitado de 1.96 m3/s. El caudal
remanente es el 116% del caudal solicitado. […]”

180. La respuesta del perito, se complementa con la entregada, con ocasión de la
solicitud de aclaración y complementación presentada por la parte demandante,
según la cual:

“[…] La estimación del caudal de 4.16 m3/s realizada por HIDRAMSA es
confiable. No se puede decir que es veraz, ya que en hidrología nada es
determinístico. La acepción confiable está enmarcada en el hecho de que se
utilizó muy buena información de precipitación. […]”

181. De otro lado, la parte demandada, así como la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, realizaron una serie de cuestionamientos a la sentencia de
primera instancia con sustento en que se habrían desconocido las apreciaciones
realizadas por la autoridad ambiental a lo largo del proceso de licenciamiento
relacionadas con la estimación de los caudales presentados por los demandantes y
la información utilizada para realizar esa estimación, subrayando la existencia de
inconsistencia en dicha información.

182. Al respecto, dentro del trámite de licenciamiento ambiental se expidió la
Resolución núm. 130CA – 6456 de 24 de noviembre de 2010, mediante la cual, la
corporación autónoma regional demandada otorgó la licencia ambiental a los
demandantes y, asimismo, concesión de aguas para el desarrollo de un proyecto
hidroeléctrico en el Río Frío, de tal forma que esa autoridad, inicialmente, consideró
que la información allegada por los solicitantes no tenía las falencias que ahora se
alegan.

183. El mismo el informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo de 2011 indica
que “[…] el equipo técnico-jurídico leyó y analizó además de los estudios de impacto
ambiental presentados por el solicitante de la licencia ambiental, el recurso de
reposición presentado por el tercero interviniente y demás documentos que hacen
parte del expediente CA3-2008-13. […]” , de tal forma que puede considerarse que
el dictamen pericial tuvo en consideración lo acaecido en el trámite de
licenciamiento ambiental.

184. El dictamen pericial, sustento del fallo apelado, en consecuencia, tuvo en cuenta
los documentos pertinentes para la evaluación de los aspectos técnicos y científicos
que involucran este proceso, se reitera, i) el Estudio de Factibilidad para el
Desarrollo Hidroeléctrico del Río Frío, en particular el informe de la firma
HIDRAMSA S.A.; ii) el informe técnico núm. 130CA-110314424 de 11 de marzo de
2011; y, iii) la información remitida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, IDEAM, correspondiente a la “[…] precipitación mensual y
evaporación de tanque mensual de la estación Granja La Nacional […]”; iv) la

77

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plataforma de Excel del aplicativo “[…] Duberdicus […]”, modelo adoptado por la
corporación autónoma regional demandada en la “[…] Resolución 10242 de 2008
[…]”; y, v) las planchas digitales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

185. Se añade a lo expuesto que los demandantes, al realizar las solicitudes de
aclaración y complementación al dictamen pericial practicado dentro del proceso,
no incluyeron dentro de tales solicitudes las relativas a la inconsistencia en la
información contenida en los estudios de impacto ambiental allegados por los
solicitantes, a fin de que el perito determinara la veracidad de tales afirmaciones,
que pretende ahora la apelante fundamenten la revocatoria de la sentencia de
primera instancia, máxime si se tiene en cuenta que el dictamen pericial, se reitera,
señaló que:

“[…] La estimación del caudal de 4.16 m3/s realizada por HIDRAMSA es
confiable. No se puede decir que es veraz, ya que en hidrología nada es
determinístico. La acepción confiable está enmarcada en el hecho de que
se utilizó muy buena información de precipitación. […]” (negrilla fuera del
texto)

186. La Sala, en consecuencia, encuentra que no le asiste razón a la apelante ni al
apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al argumentar
que no se tuvieron en cuenta las apreciaciones realizadas por la autoridad ambiental
a lo largo del proceso de licenciamiento relacionadas con la estimación de los
caudales presentados por los demandantes y la información utilizada para realizar
esa estimación.

187. De otra parte, la autoridad ambiental apelante resalta que, en el análisis del
dictamen pericial, no se tuvieron en cuenta los testimonios de los señores Oscar
Augusto Mejía Rivera85 y Margot Cristina Gil Sánchez86.

188. Al respecto, frente al testimonio de la testigo Margot Cristina Gil Sánchez, se
advierte que nada le consta en relación con la presente controversia. En lo atinente
al testimonio del señor Oscar Augusto Mejía Rivera, se anota que en el presente
proceso también le fue recibido testimonio al señor Juan Carlos Correa Jaramillo.

189. El testigo Oscar Augusto Mejía Rivera, integrante del comité integrado por la
autoridad ambiental demandada para evaluar el recurso de reposición presentado
en contra de la Resolución núm. 130CA – 6456 de 24 de noviembre de 2010, en su
testimonio, dio cuenta de las evaluaciones realizadas al interior del mencionado
comité y que se plasmaron en el informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo
de 2011, el cual le fue puesto de presente para responder a las preguntas que le
fueron formuladas.

85
Fol. 384-388 y fol. 402-404, C. Ppal. 1.
86
Fol. 382-383, C. Ppal. 1.

78

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190. De otro lado, el testigo Juan Carlos Correa Jaramillo, cuyo testimonio no es
mencionado por el apelante, indicó haber sido “[…] el director del estudio de
prefactibilidad y del estudio de factibilidad realizado por Hidramsa […]”, en oposición
al testimonio del señor Mejía Rivera, cuestiona el empleo del “[…] modelo
Duberdicus […]”, exponiendo las evaluaciones realizadas por “[…] Hidramsa […]”
para la estimación del caudal requerido para el proyecto hidroeléctrico sobre el Río
Frío.

191. Los testimonios muestran posiciones contrapuestas, como lo evidencia, lo dicho
por el testigo Mejía Rivera al señalar que “[…] lo que recuerdo nos llamó la atención
sobre las estaciones de lluvia consideradas por el solicitante era que se incluía
estaciones asociadas al chorro del Choco, lo cual generaba un incremento en los
valores medios de la precipitación comparado con el estimativo de Corantioquia
[…]”, mientras el testigo Correa Jaramillo, indicó que “[…] No se utilizaron
estaciones localizadas en la región del Choco (sic) […]”.

192. De igual forma, el señor Mejía Rivera manifestó que “[…] Haciendo uso de la
memoria recuerdo que la serie usada por los solicitantes de la licencia comprendían
un período cercano a los 5 años. Se requieren series de por lo menos 10 años para
obtener aproximaciones del clima de un lugar […]”, mientras que el testigo Correa
Jaramillo destacó que “[…] Para estimar el caudal medio se aplicaron tres métodos
que están basados en precipitación en 35 estaciones localizadas en la cuenca
propia del río frio (sic) y en sus alrededores, las estaciones localizadas en sus
alrededores corresponden a estaciones operadas por el IDEAM, por la Federación
de Cafeteros y por EPM, los registros utilizados de dichas estaciones incluyeron
toda la historia de registros disponibles en las estaciones que las operan y solo 3
estaciones que fueron operadas e instaladas por MINESA tuvieron registros
limitados a los años 1994 a 1998, dado que posteriormente esas estaciones fueron
desmontadas, pero las 32 estaciones restantes incluyen un período mucho mayor
de tiempo […]”.

193. Cierto es que el fallo de primera instancia sustentó su decisión únicamente en
el dictamen pericial practicado en el proceso; sin embargo, se aprecia que la parte
demandada pretende que solo sean tenidos en cuenta las pruebas testimoniales
que avalan su posición, dejando a un lado aquellas que la controvierten.

194. Si bien estos testimonios pueden ser valorados, lo cierto es que, por exponer
asuntos de orden técnico-científico, no permiten desvirtuar o respaldar los análisis
y conclusiones a las cuales llegó el perito en su dictamen pericial, máxime si se tiene
en cuenta que, en términos generales, apoyan, de un lado, el informe técnico núm.
110314424 de 11 de marzo de 201187, y del otro, los estudios elaborados la firma

87
El objeto del testimonio del señor Oscar Augusto Mejía Rivera, conforme a la contestación de la demanda, consistía en
relatar el “[…] trámite administrativo ambiental que se impartió a la solicitud de concesión de aguas impetrada ante la Dirección
Territorial CARTAMA, por los señores JOSE ROBERTO ARANGO Y OTROS, más concretamente se referirá el testigo acerca
de los motivos que llevaron a negar a los administrados, el permiso ambiental necesario para acceder al uso del recurso
hídrico con el fin de generar energía hidroeléctrica. […]”.

79

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“[…] HIDRAMSA S.A. […]” que fueron tenidos en cuenta en el estudio de impacto
ambiental88, documentos que fueron estudiados en el dictamen pericial practicado
en el proceso.

195. La motivación de los actos administrativos corresponde a la exposición de
cuales fueron las circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a su
expedición, siendo la falsa motivación, un yerro en la escogencia o determinación
de tales condiciones de hecho y derecho, existiendo una divergencia o
incongruencia entre la realidad fáctica y jurídica y los motivos aducidos por la
autoridad administrativa.

196. De tal forma que, en el presente asunto, existió una divergencia entre la realidad
fáctica y la aducida por la autoridad administrativa, teniendo en cuenta que, contrario
a lo expuesto por aquella en el informe técnico núm. 110314424 de 11 de marzo de
2011 y en la Resolución núm. 11046663 de 11 abril de 2011, con sustento en la
prueba pericial practicada en el proceso, si resultaba viable conceder el caudal
solicitado por los demandantes en el trámite de licenciamiento ambiental, como
inicialmente se les había otorgado en la Resolución núm. 130CA-6456 de 24 de
noviembre de 2010, razón por la que los argumentos de la apelante carecen de
vocación de prosperidad.

II.5.2. El restablecimiento del derecho al que fue condenada la corporación
autónoma regional accionada.

197. La primera instancia, una vez encontró acreditado que la Resolución núm.
130CA 11046663 de 11 abril de 2011 fue falsamente motivada, se pronunció en
relación con el restablecimiento del derecho solicitado por los demandantes,
consistente en el reconocimiento, a título de lucro cesante y acorde con el “[…]
dictamen pericial rendido por SBI Inversiones […]”, de la suma de “[…]
$13.500.000.000 vigentes a la fecha de elaboración del estudio […]”, así como por
concepto de daño emergente, el pago de los valores:

“[…] que estos debieron sufragar por la elaboración de los estudios de impacto
ambiental y de factibilidad, requeridos para emprender el proyecto
hidroeléctrico, en cuantía de $122.933.760, $156.076.380 y gastos
reembolsables por $2.399.380, respectivamente. […]”.

198. Expuso que en el expediente se encontraba el dictamen pericial elaborado por
“[…] SBI Banca de Inversiones […]”, que emitió un concepto respecto del “[…] valor
económico actual del proyecto a partir de la proyección de las diferentes variables
que inciden en los resultados, tales como inversión, precio, costos y gastos de
operación […]”, llegando a la conclusión consistente en que el proyecto tendría un
valor de “[…] $13,500 Millones de pesos, valor que puede subir o bajar en función

88
El objeto del testimonio del señor Juan Carlos Correa Jaramillo, conforme a la demanda, consistía en “[…] explicar el análisis
efectuado, cómo se realizó y los resultados del estudio hidrológico presentado en el Estudio de Impacto Ambiental (…)
representante legal de Hidramsa S.A., y quien estuvo a cargo del estudio referido […]”.

80

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del valor final de la inversión y de las proyecciones de electricidad, costos y gastos
de operación.” […]” (negrilla del texto).

199. Mencionó que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA, objetó el dictamen por error grave, en razón a que se requería,
para la comprensión de la experticia:

“[…] los estados financieros incluyendo estados P y G a diciembre 31 (…) de
2010 y 2011, con variación, al igual que las declaraciones de renta para los años
2010, 2011 y 2012, para determinar en qué etapa de viabilidad se encontraba
el proyecto, así como las diferentes fluctuaciones en el capital de trabajo, en los
socios aportantes al proyecto, o si se tenía el capital o se adquirieron créditos
para la realización del proyecto, o se realizaron inversiones propias de la etapa
pre-operativa y financiadas por quien. Adicionalmente, reitera que se debían
discriminar los valores de los predios y equipos relacionados en forma detallada,
teniendo en cuenta que se indican equipos de origen nacional, importados y el
montaje de los mismos, pues no es posible que se realice una valoración
económica, sin conocer el detalle de los costos, tal como lo reconoce la firma,
recalcando además, en la necesidad de haberse aportado las declaraciones de
renta y la contabilidad de los inversionistas […]”

200. Estimó que las razones expuestas para sustentar la objeción por error grave no
conllevaban a realizar dicha declaración y, además, no desvirtuaban la valoración
del proyecto realizada por el experto, toda vez que:

“[…] basta partir del objeto de la experticia en comento, para concluir que los
estados financieros y las declaraciones de renta de cada uno de los solicitantes
de la licencia, correspondientes a los años previos a la fecha en que se había
estimado el inicio de la construcción del proyecto hidroeléctrico -enero 2012-,
no tienen ninguna incidencia en los valores que al ejecución y operación del
mismo les pudo haber reportado a los demandantes a futuro en calidad de
inversionistas, es decir, el lucro cesante, concepto que en todo caso, no
obedece a las condiciones económicas de los mismos, ni a su capacidad de
endeudamiento, ni al hecho de que se hubiesen invertido recursos propios o
provenientes de créditos, pues es en este caso, se trata del cálculo de las
utilidades dejadas de percibir, acorde con la valoración económica futura del
proyecto, en los términos explicados por la firma SBI en su escrito de aclaración
y complementación al dictamen (fls. 455 a 459), y en el testimonio rendido por
el Gerente de la misma (fls. 315 a 318).

De manera pues que, la determinación del perjuicio en comento, no requería de
la comprobación de inversiones, de recursos financieros, o de la capacidad de
endeudamiento de los inversionistas, en la etapa previa a la construcción de las
obras requeridas para la operación del proyecto, pues es claro que la valoración
efectuada en el dictamen se refiere a los dineros que se dejaron de percibir en
razón de la revocatoria de la licencia que dio al traste con el proyecto, y no al
cálculo de la inversión que este requería, ni a la idoneidad de los inversionistas
para asumir sus costos de operación, siendo inocua en consecuencia la
exigencia de haberse aportado las declaraciones de renta de los demandantes
y/o su contabilidad.

Asimismo, de conformidad con el objeto del dictamen en comento, es evidente
que a la firma SBI Banca de Inversiones NO le correspondía efectuar la
estimación de las inversiones en equipos y predios requeridos para el proyecto,

81

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pues dicha tarea fue realizada por HIDRAMSA S.A., quien incluyó lo pertinente
a la estructura del proyecto hidroeléctrico, al elaborar el estudio de impacto
ambiental, y en tal sentido, teniendo en cuenta que lo atinente a las obras civiles,
predios y equipos que requería la puesta en marcha del proyecto, no fue
cuestionado dentro del plenario, la Sala advierte que la firma SBI utilizó las cifras
totales en inversión que le fueron suministradas por HIDRAMSA S.A., y que con
fundamento en ellas, se efectuaron las estimaciones pertinentes a fin de realizar
la valoración del proyecto. […]” (Subrayado del texto)

201. Indicó que el dictamen pericial presentado por la firma “[…] SBI Banca de
Inversiones […]” era coherente y preciso para el cálculo del lucro cesante, a lo que
sumó la falta de argumentos para desvirtuar sus conclusiones, por lo que negó la
objeción por error grave, acogiendo lo allí expuesto, “[…] ordenando el
reconocimiento de las sumas indicadas, las cuales deberán ser actualizadas a la
fecha de la presente providencia, acorde con la siguiente fórmula: (…) VA=
$16.277´128.618,00 […]” (negrilla del texto).

202. Negó, de otro lado, el reconocimiento del daño emergente solicitado, en razón
a que, si bien los demandantes debieron incurrir en erogaciones durante el trámite
de la licencia ambiental, conforme a los requerimientos de la autoridad ambiental
relativos a la presentación de estudios de factibilidad y de impacto ambiental, lo es,
igualmente, que “[…] dichos valores debían ser asumidos por los solicitantes
independientemente de los resultados de dicho trámite, al tratarse de requisitos
exigidos por la normativa que regula la materia, la cual reclama la presentación de
estudios veraces que avalen lo pedido […]”, gastos que serían recuperados una vez
el proyecto entrara en operación y comenzara a generar utilidades, razón por la que
“[…] como en el caso concreto la Sala accedió al reconocimiento del lucro cesante
en los términos antes vistos, se denegará lo solicitado por concepto de emergente,
en tanto se entiende que dichos valores finalmente se verían reflejados en la
utilidades percibidas por la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico. […]”.

203. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
no compartió los argumentos por los cuales no se accedió a la objeción por error
grave presentada en contra del dictamen pericial practicado por la firma “[…] SBI
Banca de Inversión […]”, teniendo en cuenta que los gastos en que incurren los
usuarios en los proyectos que emprenden no pueden ser reconocidos y pagados
puesto que deben ser sufragados, independientemente de si se concede o no lo
solicitado.

204. Adicionó que no se tuvo en cuenta que, en materia financiera y tratándose de
proyectos de inversión, solo cuando exista un estudio de viabilidad o factibilidad con
todos sus componentes, sería posible establecer la condiciones en que resultan
viables esos proyectos. No resulta posible, en su concepto, determinar el lucro
cesante si no se cuenta “[…] con los elementos necesarios para determinar la
generación de la futura utilidad o en otras palabras el patrimonio dejado de percibir
en el corto, mediano o largo plazo […]”.

82

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205. Esta Corporación89 ha reconocido:

“[…] los perjuicios materiales en dos modalidades, a saber: (i) daño emergente
y (ii) lucro cesante; lo que supone que ambas modalidades se refieren a
situaciones distintas, cuyas nociones se encuentran consagradas en el artículo
1614 del Código Civil90.

158. En lo atinente al daño emergente, la Sala ha precisado que “este
corresponde a una pérdida patrimonial sufrida con la consiguiente necesidad
para el afectado de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar
aquello que se ha perdido. Necesariamente determina que algún bien
económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia
principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una relación directa de
causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega”;
(ii) Por su parte, el lucro cesante corresponde “a la ganancia frustrada a todo
bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal,
habría ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima”91. […]”

206. Como acertadamente lo expone la corporación autónoma regional demandada,
no hay lugar al reconocimiento de las sumas solicitadas por los demandantes a título
de daño emergente, puesto que no corresponden a una pérdida patrimonial sufrida
en virtud de los desembolsos que debieron hacer como consecuencia de la
revocatoria de la licencia ambiental concedida inicialmente, pues los valores
reclamados deben ser asumidos con ocasión del trámite mismo de licenciamiento
ambiental sin importar si este tiene éxito o no.

207. En lo que se refiere al reconocimiento del lucro cesante, con la demanda se
aportó el documento denominado “[…] INFORME DE LA VALORACIÓN DEL
PROYECTO RIOFRÍO (sic) […]”92. Posteriormente, los demandantes, al presentar
“[…] Corrección de la demanda […]”93, indicaron que:

“[…] 2.1. Reemplazo de Experticio:

Solicito a Su Señoría se tenga por modificado el numeral 4 del acápite de
Pruebas de la demanda, en los siguientes términos:

“Solicito se tenga como prueba experticio técnico que se allega a este proceso,
rendido por SBI Banca de Inversión S.A., denominado VALORACIÓN DEL
LUCRO CESANTE DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, suscrito por JORGE ALBERTO
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía (…), socio y representante
legal de SBI Banca de Inversión S.A. […]” (negrilla del texto)

208. Mediante auto de 19 de julio de 2013 fue admitida la corrección de la demanda
y en auto de 27 de septiembre de 2013, aclarado en providencia de 14 de febrero

89
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Radicación núm.: 76001 33 31 000 2007 01399 01.
90
“La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la
obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúense los casos en que
la ley la limita expresamente al daño emergente”.
91
Ibidem.
92
Fol. 88-113, C. Ppal. 1.
93
Fol. 264-267, C. Ppal. 1.

83

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

de 2014, se tuvo como prueba en el proceso el experticio que obraba “[…] en el
cuaderno denominado Anexo 2, dejando sin valor el aportado con la demanda […]”,
respecto del cual se corrió traslado a los sujetos procesales.

209. La Sala advierte, inicialmente, que la primera instancia, para efectos de proferir
su condena tuvo en cuenta el informe que reposaba en “[…] los folios 88 a 113 del
expediente […]”94, el cual había sido reemplazado por la parte demandante,
debiendo tener en cuenta el allegado como anexo a la corrección de la demanda,
conforme las providencias mencionadas supra.

210. Precisado lo anterior, se tiene que, para el reconocimiento del lucro cesante, los
demandantes aportaron un documento elaborado por la firma “[…] SBI BANCA DE
INVERSIÓN […]”, denominado “[…] VALORACIÓN DEL LUCRO CESANTE
DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[…]”95, cuyo objeto fue:

“[…] SBI Banca de Inversión (en adelante también SBI) fue contratado en mayo
de 2013 para emitir un concepto sobre el valor del lucro cesante del “Proyecto
Multipropósito Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río
Frío”, al no poderse iniciar su ejecución en las fechas programadas (agosto de
2011) debido a la revocatoria de la licencia ambiental para la ejecución de
las obras del proyecto, mediante Resolución 130CA-11046663 de 11 de abril
de 2011 expedida por Corantioquia.

Para obtener el valor del lucro cesante objeto del presente estudio, se
establecerá el valor económico del proyecto en Agosto de 2011 a partir de
la información técnica disponible. Este mismo ejercicio se realiza desplazando
la fecha de iniciación del proyecto, lo cual permite determinar el efecto negativo
al no poderse iniciar las obras a tiempo.

Se aclara de manera explícita que no está dentro del objeto o alcance del trabajo
realizado por SBI Banca de Inversión el realizar auditorias o validaciones de los
supuestos técnicos utilizados por Hidramsa S.A. en su informe técnico. […]”
(negrilla del texto)

211. En el mencionado informe se indicó que:

“[…] 7. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL PROYECTO

Se proyectó el flujo de caja libre para un período explícito de 15 años, al final
del cual se calculó el valor terminal del proyecto.

Los flujos fueron descontados utilizando un WAC real (descontada la inflación)
del 8.04% durante el período de operación y del 10.42% para el período de
construcción, resultado de ponderar el costo financiero de la deuda y el costo
del Patrimonio de los inversionistas.

(…)

94
Fol. 648 (vuelto), C. Ppal. 2. Sentencia de 26 de abril de 2016, página 28.
95
Anexo 2.

84

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

SBI Banca de Inversión estima que el valor comercial actualizado del proyecto
denominado “Río Frío” es de $18,517 Millones de pesos, cifras de agosto de
2011, valor que puede sufrir variaciones en función del resultado final de la
inversión y de las proyecciones de precio de la electricidad, costos y gastos de
operación.

A continuación se presenta el valor comercial del proyecto traído a COP $ de
diciembre de cada año.

8. COSTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROYECTO

Para establecer el costo de la suspensión del proyecto se elaboró una
modelación que permite desplazar tanto la inversión como la entrada en
operación de las diferentes etapas del proyecto.

El retraso en el inicio de la operación resulta en la postergación de la generación
de electricidad y, consecuentemente, de la generación de caja, lo que disminuye
el Valor Presente estimado del Proyecto y aumenta el lucro cesante de los
dueños del Proyecto.

SBI calcula que el retraso mínimo que a la fecha de realización del estudio tiene
el proyecto, estimado en dos años, ha generado un perjuicio del orden de
$4,000 millones de Agosto de 2011. Como se indica en la siguiente tabla, cada
mes de postergación o aplazamiento del inicio de la operación del Proyecto Rio
Frío generará una pérdida de valor presente y aumento del lucro cesante, en
los valores que se expresan a continuación:

El “Eje Y” muestra en valor en Millones de Pesos de agosto de 2011 de
desplazar el proyecto el número de meses mostrado en el “Eje X”. […]” (negrilla
del texto)

85

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

212. Asimismo, fue recibido el testimonio del señor Jorge Alberto Villegas Ospina,
quien adujo ser empleado de la firma “[…] SBI BANCA DE INVERSIÓN […]” y
concurrir a dar su relato en relación con el “[…] dictamen que entregó la compañía
en días pasados para la valoración del lucro cesante. […]”.

213. La firma “[…] SBI BANCA DE INVERSIÓN […]”, conforme la solicitud
presentada por la parte demandada, presentó aclaración y complementación de su
informe96, en la siguiente forma:

“[…] 1. Se requiere para su comprensión los estados financieros
incluyendo estados de P y G, a diciembre 31 de 2010 y 2011, con variación,
al igual, que las declaraciones de renta para los años 2010, 2011, y 2012.

SBI Banca de Inversión se permite aclarar que los estados financieros y las
declaraciones de renta para los años 2010, 2011 y 2012 no fueron inicialmente
tenidos en cuenta porque no tienen ninguna relación con las proyecciones
realizadas para la valoración inicial del proyecto “Proyecto Multipropósito de
Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío, aportada
como prueba dentro del proceso de la referencia. El proyecto analizado se
encontraba en una etapa pre-operativa porque requiere precisamente la
expedición de una licencia ambiental para poder dar inicio a la etapa de
construcción, la cual hubiera requerido capitalizaciones por parte de los socios
y la consecución de deuda financiera. Este proceso no ocurrió porque se revocó
la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico.

En consecuencia, el estudio de valoración del “Proyecto Multipropósito de
Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío”
aportado al proceso de la referencia, se baso en una proyección de los
Estados Financieros para un proyecto hidroeléctrico que debía construirse a
partir de enero de 2012, en cuatro (4) etapas de construcción que se extendían
hasta abril de 2015. Por tanto, los estados financieros presentados en la
valoración inicial del proyecto fueron proyecciones realizadas con base en unos
parámetros razonables, sustentables y dentro de las prácticas de mercado.

No obstante lo anterior, atendemos su solicitud de aclaración respecto de la
declaración de renta para los años 2010, 2011 y 2012 firmados por contador,
aclarando que no es posible atender su solicitud de presentar Estados
Financieros comparados para los años 2010 y 2011 por la sencilla razón de que
los inversionistas individualmente considerados son personas naturales que no
cuentan con estados financieros. En todo caso, en las declaraciones de renta
de cada uno de los accionistas (las cuales serán aportadas al proceso en los
próximos cinco (5) días hábiles siguientes a la presente comunicación) se podrá
analizar y consultar el balance de las operaciones realizadas por cada
accionista del proyecto.

A continuación se muestran los Estados Financieros proyectados que a juicio
de SBI – Banca de Inversión reflejan las cifras que probablemente hubiera
mostrados la sociedad en caso de que se hubiera podido continuar con la
ejecución y construcción del “Proyecto Multipropósito de Generación de Energía
Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío”:

(…)

96
Fol. 455-459 y 471-480, C. Ppal. 1.

86

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

2. Se deberán discriminar los valores de los predios y equipos
relacionados de manera detallada, teniendo en cuenta que se indican
equipos nacionales, importados y montaje de los mismos.

SBI Banca de Inversión no debía realizar la estimación de las inversiones en
equipos y predios requeridas para el proyecto, puesto que dicha tarea fue
realizada por Hidramsa S.A. por ser una compañía con conocimientos
específicos en obras civiles, para la estructuración de proyectos hidroeléctricos.

Por tanto, SBI Banca de Inversión no cuenta con el nivel detalle (sic) para la
información requerida en la solicitud de aclaración, habida cuenta que para
poder realizar las proyecciones requeridas en la valoración económica del
proyecto, SBI Banca de Inversión utilizó las cifras totales en inversión para la
adquisición de predios y equipos que le fueron suministradas por Hidramsa S.A.

La relación detallada y específica de los predios y los equipos debe encontrarse
en el estudio independiente elaborado por Hidramsa S.A. el cual hace parte del
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto aportado como prueba dentro del
proceso de la referencia.

3. Se solicita la declaración de renta de cada uno de los socios del
proyecto, para poder determinar “la estructura de la financiación”.

Atendiendo su solicitud, hemos requerido por parte de cada uno de los
accionistas sus respectivas declaraciones de renta -firmadas por contador-, las
cuales se comprometieron hacernos llegar dentro de los próximos 5 días hábiles
siguientes a le (sic) fecha de radicación del presente memorial.

De cualquier forma, en las declaraciones de renta que nos comprometemos
aportar (sic) se podrá apreciar que los accionistas son empresarios solventes
con una altísima probabilidad de ser sujetos de crédito por parte de cualquier
entidad financiera, lo que hubiera permitido emprender el proyecto sin
contratiempos.

Para la evaluación del proyecto se asume una estructura de financiación del
60% para recursos de deuda y del 40% para recursos de capital, con un costo
medio de financiación del 10.75% durante el período de construcción y del
9.75% durante el período de operación.

Los intereses causados durante el período de construcción se llevan a una
cuenta de Activos Diferidos que se amortizan uniformemente después del inicio
de la operación. Los socios del proyecto previeron iniciar sus aportes en el mes
de agosto de 2011 de tal forma que los bancos harían el desembolso de los
créditos seis meses después. En un principio, la deuda financiera “se desatrasa”
hasta alcanzar la estructura financiera objetivo (60% - 40%).

A continuación se muestra la proyección de la evolución de la deuda financiera
que debía tener la sociedad en caso de que hubiera podido emprender el
proyecto en mención:

(…)

La deuda financiera alcanzaría su mayor nivel en diciembre de 2014 cuando
llegaría a $89,857 Millones. Por otro lado, el aporte de los socios en la misma
fecha llegaría a $59,905 Millones. […]” (negrilla del texto)

87

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

214. La firma “[…] SBI BANCA DE INVERSIÓN […]”, posteriormente, anexó las
declaraciones de renta de cada uno de los inversionistas del “[…] “Proyecto
Multipropósito de Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río
Frío” […]”97.

215. La parte demandada presentó objeción por error grave98, señalando que:

“[…] 1. Se requiere para su comprensión los estados financieros incluyendo
estados de P y G, a diciembre 31 de 2010 y 2011, con variación, al igual que
las declaraciones de renta para los años 2010, 2011 y 2012.

En este punto se insiste en la no presentación de los documentos soportes
requeridos, por parte de los demandantes, desconociendo la importancia de
estos, toda vez que son necesarios por las siguientes razones:

• Para determinar en qué etapa de viabilidad se encontraba el proyecto, ya que
en la aclaración al dictamen se afirma que se encontraba en una “etapa pre-
operativa” comprobando si efectivamente se habían realizado inversiones
previas de esta etapa.
• Determinar las diferentes fluctuaciones en el capital de trabajo, en los socios
aportantes al proyecto.
• Si se tenía capital propio o se adquirieron créditos para la realización del
proyecto, o se realizaron inversiones propias de la etapa pre-operativa y
financiadas por quien?

Por otra parte, no es claro, si el proyecto ha estado en ejecución o en estudios
y proyecciones, dándose una contradicción en la respuesta entregada en la
aclaración y complementación…

2. Se deberán discriminar los valores de los predios y equipos relacionados de
manera detallada, teniendo en cuenta que se indican equipos nacionales,
importados y montaje de los mismos.

No es muy extraño, y no es posible que se realice una valoración económica,
sin conocer el detalle de los costos, tal como lo reconoce la firma SBI Banca de
Inversión, al señalar “SBI Banca de Inversión no debía realizar las estimaciones
en equipos y predios requeridas para el proyecto…” por consiguiente, pone en
duda la veracidad de la información aportada.

Es importante aclarar que toda persona natural para el momento de asociarse
en un proyecto, debe como mínimo aportar la declaración de renta y en caso de
haber realizado inversiones debe reflejarse en una contabilidad. Lo que no se
constata en lo presente, al no aportarse con este pronunciamiento los
documentos soportes, como declaraciones de rentas, requeridas a la parte
demandante, dejando sin sustento la valoración económica de los daños y
perjuicios económicos que se pretenden, al no acompañar los registros que
pruebe la existencia de los perjuicios evaluados.

No se aportan resultados concretos de incidencia en el ejercicio económico,
sino meramente especulativos, ya que no se parte de unos estados financieros
reales, con valores concretos.

97
Fol. 471-480, C. Ppal. 1.
98
Fol. 467-470, C. Ppal. 1.

88

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

Es de resaltar, que para se restablezca un derecho este tiene que existir y no
ser una mera expectativa, pues las solas eventualidades o posibilidades de
satisfacción no se pueden considerar como realidades, y más teniendo en
cuenta negocios o actividades que dependan de otras circunstancias o
condicionamientos, ya sean fácticos o jurídicos para su canalización; pues si
dichos condicionamientos o cortapisas no se verifican, no se puede predicar la
existencia del negocio o ejecución del mismo, sería actuar sobre un ideal, que
no tiene aplicación o practicidad para el mundo del derecho; y en consecuencia
estaría induciendo al error de tasar unos perjuicios sobre una mera expectativa,
sobre un espejismo, como se evidencia a través del texto de complementación
al peritazgo (sic), que continua señalando, la imposibilidad de aportar la
información requerida, por encontrarse el proyecto, en una etapa “pre-
operativa”.

Conforme a lo anterior, sin la justificación ni los elementos de juicio no podía el
perito cuantificar los daños y perjuicios que reclama la parte demandante.

En conclusión, tanto el dictamen como el escrito de la aclaración, adición y
ampliación no logró establecer fundadamente por medio de elementos de juicio
debidamente aportados con la pericia, la existencia de un daño real a la parte
demandante, con ello la consecuente indemnización de los supuestos perjuicios
causados a los demandantes, sin la acreditación de lo antecedente no se
podrán cuantificar correctamente los perjuicios materiales reclamados.

El peritazgo (sic) presenta fallas graves en la cuantificación de los daños y
perjuicios, puesto que adolece de los documentos, que establezca con claridad
y precisión el estado de pérdidas y ganancias (P y G), de las actividades de los
demandantes (sic)

En esencia, el perito sustenta su dictamen sobre fuentes de información que no
proporcionan la suficiente exactitud para fundamentar sus conclusiones, lo que
implicaría una diferencia notoria al momento de utilizar la información correcta.
[…]” (negrilla del texto)

216. La objeción por error grave fue declarada impróspera por la primera instancia.
En lo atinente a la objeción por error grave, esta Corporación99 ha destacado que:

“[…] 248. El artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente para
el momento en que fueron decretadas las pruebas, establecía la posibilidad de
objetar por error grave el dictamen pericial y su formulación daba lugar a un
trámite incidental que debía resolverse expresamente en la sentencia y, en caso
de prosperar, impedía la valoración del dictamen controvertido.

249. Sobre el concepto de error grave, la Sección Primera de esta Corporación
en sentencia de 26 de noviembre de 2009100, dispuso:

“[…] Resulta pertinente precisar que para que se configure el “error grave”, en
el dictamen pericial, se requiere de la existencia de una equivocación en materia
grave por parte de los peritos, una falla que tenga entidad suficiente para
llevarlos a conclusiones igualmente equivocadas.

99
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Radicación número: 73001-23-31-000-2012-00342-01.
100
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de noviembre de 2009;
C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 25000232700020040204901[…]”.

89

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado, respecto de la
objeción por error grave contra el dictamen pericial y sus especiales
condiciones, lo siguiente:

“(…) si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos
deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal
entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de
la diligencia con intervención de otros peritos…” pues lo que caracteriza
desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables
a un peritaje, “…es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto
examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de
observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia
del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente
serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos
se deriven […]”

250. En efecto, para que prospere la objeción del dictamen pericial por error
grave se requiere la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla
que tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Así
mismo, se ha dicho que éste se contrapone a la verdad, es decir, cuando se
presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que
se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito. Sin
embargo, se aclara que no constituirán error grave en estos términos, las
conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer
de otros defectos.

251. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la
peritación y no a la conclusión de los peritos.

252. Por su parte, la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de 8
de febrero de 2017, precisó sobre la procedencia del error grave lo siguiente:

“[…] la objeción que las partes pueden formular contra el dictamen pericial
procede por “error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que
hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”. Vale
decir, debe tratarse de un error de tal magnitud que, “de no haberse presentado,
otro hubiera sido el sentido del dictamen rendido por los peritos”, por lo cual, el
yerro debe ser tan significativo que las conclusiones a las cuales conduzca sean
ostensiblemente equivocadas.

En torno a los presupuestos de este mecanismo de contradicción probatoria,
esta Corporación ha señalado:

la objeción por error grave procede no por la deficiencia del dictamen ante la
falta de fundamentación o sustento técnico y científico o por la insuficiencia o
confusión de los razonamientos efectuados por los peritos, sino por su falencia
fáctica intrínseca, a partir de la cual no puede obtenerse un resultado correcto,
por cuanto parte de premisas falsas o equivocadas en relación con el objeto
mismo materia de la experticia, ‘(…) pues lo que caracteriza desaciertos de ese
linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, (...) es
el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus
atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio
una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues
apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los
conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven, de
donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave (...) no
pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o

90

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente
la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el
proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus
conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma
legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría
en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento
a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría
a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en
la decisión definitiva

De lo anterior se sigue que, para que prospere la objeción por error grave, la
experticia debe haber cambiado las cualidades del objeto examinado o haber
tomado como objeto de estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que
es materia del dictamen y, no, como lo pretende la entidad objetante, que los
razonamientos que hizo y las conclusiones a las que llegó el perito no estuvieran
respaldadas por avanzados estudios o por medios probatorios adicionales a los
presentados por el perito […]”.

253. Con base en los antecedentes jurisprudenciales expuestos, la Sala precisa
que el error grave procede, entonces, en aquellos eventos en los cuales el
dictamen incurra en ostensibles yerros entre lo que era su objeto y lo realmente
estudiado, de lo que se sigue que el perito ha ido en contra de la naturaleza o
la esencia del objeto de prueba, contraponiéndolo con la realidad.

254. Por lo tanto, el error debe presentarse en el proceso de elaboración de la
prueba y no en las conclusiones de la misma, puesto que estas últimas son
resultado del proceso de confección de la experticia, por lo cual es la alteración
de la realidad en el mismo lo que conduce a una equivocación que devenga en
conclusiones equivocadas. […]”

217. La Sala encuentra que el documento elaborado por la firma “[…] SBI BANCA
DE INVERSIÓN […]” tuvo por objeto emitir un concepto sobre el lucro cesante del
“[…] “Proyecto Multipropósito Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y
Acueducto del Río Frío” […]” a partir de establecer “[…] el valor económico del
proyecto en Agosto de 2011 a partir de la información técnica disponible […]”, por
lo que se estima que no resultaba necesario el análisis de los estados financieros y
las declaraciones de renta de los demandantes, ni establecer la viabilidad o
factibilidad del proyecto en todos sus órdenes, teniendo en cuenta que se trata,
como lo señala el informe, de una valoración netamente económica, en abstracto
basada en los estados financieros para un proyecto que debía construirse a partir
de enero de 2012, en cuatro (4) etapas que se extendían hasta abril de 2015, que
no tenía por objeto “[…] o alcance del trabajo (…) realizar auditorías o validaciones
de los supuestos técnicos utilizados por Hidramsa S.A. en su informe técnico […]”.

218. Se considera que la firma “[…] SBI BANCA DE INVERSIÓN […]” no incurrió en
error grave en su informe pues la elaboración de la prueba no presenta errores de
tal magnitud entre lo que era su objeto y lo realmente estudiado; sin embargo,
carece de eficacia probatoria para efectos de establecer el lucro cesante solicitado
por los accionantes.

91

Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

219. La jurisprudencia de esta Corporación, en sentencia de 21 de noviembre de
2022101, destacó frente a esta modalidad de perjuicio, lo siguiente:

“[…] 50. Se concibe como lucro cesante el ingreso o ganancia neta
frustrada a consecuencia del acto dañino, o en otros términos,
corresponde al no incremento en el patrimonio del afectado, en este caso,
con ocasión del incumplimiento del contrato; en consecuencia, a diferencia de
lo que ocurre con el daño emergente, donde el valor económico salió o saldrá
del patrimonio, en el lucro cesante, el valor económico no entró o no entrará
en el patrimonio del lesionado con ocasión de un daño cierto, en la medida
que el damnificado tenía un acreditado derecho legítimo a la percepción
de estos lucros al momento del evento dañoso. En esa medida, el lucro
cesante tampoco indemniza la pérdida de una mera expectativa o
probabilidad de beneficios económicos futuros, sino que repara el daño
que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de un
beneficio real al cual su titular tenía derecho102.

51. Como es natural, para el reconocimiento del lucro cesante, corresponde
a la parte actora acreditar haber sufrido un daño cierto, pero tal certeza,
atendiendo a la naturaleza de esta clase de daño, que como ha explicado
la Doctrina se identifica con hechos que no han sucedido pero que podrán
suceder o hubieran podido suceder, debe apoyarse en un juicio de
probabilidad objetiva y no de seguridad, puesto que “tratándose la prueba
del lucro frustrado de un hecho virtual, la dificultad se encuentra en que resultará
necesario predecir lo que el perjudicado hubiera ganado en caso de no haber
incumplido la otra parte el contrato (…) Sobre esta base, no es posible exigir
certeza absoluta allí donde no puede haberla”103.

52. Por tanto, al encontrarse en el terreno de hechos que no han sucedido
pero que podrán suceder, o hubieran podido suceder, la doctrina moderna
coincide en que la existencia del lucro cesante debe establecerse bajo un
juicio de probabilidad, sin que éste deba ser inexpugnable, exacto o
infalible, pues siendo imposible determinar con exactitud qué es lo que va
a ocurrir en el futuro, resulta suficiente la probabilidad objetiva que resulte
del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del
caso concreto, pues de lo contrario, en pro de la certeza, podría
desconocerse la reparación de un daño real y efectivo […]” (negrilla fuera
del texto)

220. De la definición surge que el daño, para que se proceda a su indemnización,
debe ser cierto. El carácter cierto del daño implica, como lo señala esta Corporación,
que “[…] el perjuicio a indemnizar no sea eventual - casual, fortuito, incierto,
inseguro-, ni genérico o hipotético, esto es, debe ser específico, no puede estar
fundado en suposiciones o conjeturas, ni deben existir dudas sobre su ocurrencia
[…]”104.

101
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: José
Roberto Sáchica Méndez. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Expediente: 760012333000-
2013-00034-01 (60138).
102
Eduardo ZANNONI, citado por GIRALDO GÓMEZ, Luis Felipe, La pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil,
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 90.
103
GARCÍA HUAYAMA, Juan Carlos. Configuración, prueba y cuantificación del lucro cesante. Derecho y Cambio Social No.
58, Octubre-Diciembre de 2019.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: María
Adriana Marín. Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-23-26-000-
2009-00200-01 (45121).

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

221. Encuanto a la eficacia probatoria del dictamen pericial, la Sección105 ha
destacado lo siguiente:

“[…] En cuanto a la apreciación o valoración106 del dictamen pericial, es
menester señalar que esta Sección en la sentencia proferida el 18 de febrero
de 2016107, precisó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil “Al
apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios
que obren en el proceso.” En cuanto a la valoración del dictamen pericial esta
Corporación108 ha manifestado lo siguiente:

“En primer lugar advierte la Sala que, aún en el caso de que el dictamen
pericial no haya sido objetado por las partes, éste, como cualquier medio
probatorio debe ser analizado y valorado por el juez de la causa con miras
a establecer su idoneidad para probar el asunto sobre el cual versa, de
modo que son procedentes algunas precisiones.

El dictamen pericial constituye un elemento más de prueba que debe ser
valorada por el funcionario judicial inicialmente de acuerdo con los criterios
previstos en el artículo 241 del Código Procesal Civil, y luego en conjunto con
los demás medios probatorios en orden a las reglas de la sana crítica. El
dictamen es un medio de convicción con el cual un experto aporta al proceso
elementos técnicos, científicos o artísticos, con miras a contribuir a dilucidar la
controversia.

La ley procesal determina que la pericia contenga una relación detallada
de las operaciones practicadas y de sus resultados, explicando cuáles
fueron los instrumentos, materiales y sustanciales empleados, exigencia
lógica si se atiende a que con base en esa relación el funcionario judicial
lleva a cabo la apreciación del dictamen, dado que las conclusiones tienen
como soporte y garantía de credibilidad las labores adelantadas por el
perito para llegar a esa opinión.

Además, deben contener las conclusiones formuladas por los expertos con
arreglo a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, respondiendo
ordenadamente y en forma concreta y expresa todos los puntos
sometidos a su consideración. En síntesis, el dictamen debe contener dos
partes, la descripción del proceso cognoscitivo, y las conclusiones. El primero
comporta la clase de dictamen, las preguntas por responder, el objeto, persona,
cosa o fenómeno sometido al proceso de conocimiento, explicar de manera
clara el procedimiento técnico, artístico o científico realizado, informando
la metodología y medios utilizados, y describir los hallazgos o
comprobaciones realizadas, dejando memoria o reproducción de ellos.

105
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-41-000-2013-02770-01.
106
“[…] Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su
comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso […]”.
107
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2016, Sección
Primera, número único de radicación 13001-23-31-002-2001-00362-01, Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso.
Reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de abril de 2016,
número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00630-01, Consejera ponente María Elizabeth García González.
108
Sentencia de 10 de septiembre de 2014, Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00558-01(29939) consejera ponente:
doctora Olga Melida Valle de De la Hoz.

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

Las comprobaciones comparadas con el cuestionario extendido por el
funcionario judicial y sus respuestas arrojan las conclusiones del dictamen.

Presentado el dictamen, el funcionario judicial debe examinar la coherencia del
proceso cognoscitivo, la congruencia en las conclusiones y todo el conjunto, de
acuerdo con las preguntas contenidas en el cuestionario, por eso el dictamen
debe ser claro, preciso y explicar los exámenes, experimentos e
investigaciones realizadas y los fundamentos técnicos, científicos o
artísticos de las conclusiones […]”. (Negrillas y subrayas fuera de texto). […]”
(negrilla y subrayado del texto)

222. La certeza del daño, en el presente caso, no fue establecida en el informe
aportado por los demandantes, sus aclaraciones y complementaciones, el cual se
encuentra dentro del ámbito de lo hipotético, incierto o eventual, teniendo en cuenta
que, como lo indica la firma “[…] SBI BANCA DE INVERSIÓN […]”, y reiteradamente
se ha mencionado, el proyecto hidroeléctrico se encontraba en una etapa pre-
operativa porque, precisamente, requiere de la licencia ambiental para iniciar su
construcción, de tal forma que no está acreditado que se haya privado, producto de
la revocatoria de la licencia ambiental concedida, de un beneficio real al cual los
demandantes tenían derecho. Como lo indicó la apelante no se encuentran los
elementos necesarios para colegir que el proyecto estaría en capacidad de generar
una utilidad futura.

223. Le asiste razón a la parte demandada al afirmar que el informe, su adición y
complementación, no logra establecer -por no ser su objeto- la existencia de un
daño real a la parte demandante y, además, que la tasación de los perjuicios
realizadas resulta ser una mera expectativa al encontrarse el proyecto en una etapa
pre-operativa.

224. Se agrega a lo expuesto que en el informe señalado:

224.1. Seindicó que se consultaron, para efectos de establecer los supuestos
macroeconómicos consistentes en i) la inflación y ii) la variación del índice de
precios del productor (IPP), las páginas web del Grupo Aval, Bancolombia y el
Grupo Helm, pero no las fuentes oficiales expedidas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

224.2. En cuanto a la proyección de inversiones, se calculó la “[…] inversión requerida
para la construcción de cada una de las cuatro etapas del proyecto […]”, de acuerdo
con los valores del “[…] “Proyecto Multipropósito de Generación de Energía
Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío”, elaborado por la firma Hidramsa
S.A. […]”, los cuales no se allegaron al dictamen.

224.3. El informe mencionó que los “[…] ingresos de una Planta de Generación de
Electricidad dependen del precio proyectado de la electricidad, multiplicado por la
cantidad de generación proyectada, descontando los márgenes de comercialización
[…]”, señalando, en cuanto al precio de la energía proyectado, que había empleado
datos tomados de la página web de “[…] XM S.A. […]” que no se anexan.

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Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

224.4. El informe dedica el numeral 5. a la “[…] PROYECCIÓN DE COSTOS Y
GASTOS DE OPERACIÓN […]”, sin que pueda establecerse las fuentes que le
permitieron establecer los costos por “[…] Servicios de Conexión, SIC y XM […]”,
“[…] Arranque y parada de las térmicas […]”, “[…] Operación, mantenimiento
[…]”, “[…] Seguros […]”, “[…] Inversión ambiental […]” y “[…] Contrato de
Conexión […]”; así como los gastos por “[…] Gastos administrativos […]”, “[…]
Gastos Generales […]”, “[…] Honorarios y asesorías […]”, “[…] Gastos por
fiducia […]” e “[…] Impuestos Municipales […]” (negrilla del texto).

224.5. En suma, no es posible determinar si las conclusiones del informe, que se
presentan como “[…] 7. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL PROYECTO
[…]” y “[…] COSTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROYECTO […]”, son la
consecuencia lógica de sus fundamentos, puesto que, como lo indica la parte
demandada, “[…] el perito sustenta su dictamen sobre fuentes de información que
no proporcionan la suficiente exactitud para fundamentar sus conclusiones […]”.

225. La Sala, de acuerdo con lo expuesto, considera que, si bien la objeción por error
grave formulada por la parte demandada no tenía vocación de prosperidad como
así lo decidió la primera instancia, lo es, igualmente, que el documento elaborado
por la firma “[…] SBI BANCA DE INVERSIÓN […]”, denominado “[…]
VALORACIÓN DEL LUCRO CESANTE DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO […]”109, no puede fundamentar la
condena impuesta a la parte demandada a título de lucro cesante, sumado al hecho
consistente en que la primera instancia, para efectos de emitir la condena, tuvo en
cuenta una experticia que había sido reemplazada por la parte demandante.

II.6. Conclusión

226. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que la apelante no
desvirtuó los argumentos por los cuales la Sala Sistema Escrito del Tribunal
Administrativo de Antioquia, decidió acceder a la nulidad de la Resolución núm.
130CA 11046663 de 11 de abril de 2011 y negar la objeción por error grave del
informe elaborado por la firma “[…] SBI BANCA DE INVERSIÓN […]” para acreditar
los perjuicios a título de lucro cesante; sin embargo, encontró que tal informe carece
de eficacia probatoria para acreditar dichos perjuicios, por lo que, se revocará la
condena impuesta a título de restablecimiento del derecho.

II.7. Condena en costas

227. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 1998110, no condenará en costas en segunda instancia a la

109
Anexo 2.
110
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden

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Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

parte vencida, esto es, a la parte demandada, puesto que su conducta no estuvo
precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

II.8. Reconocimiento de apoderado judicial

228. Se reconocerá como apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado al abogado Luis Felipe Guzmán Jiménez, identificado con la cédula de
ciudadanía núm. 1.052.396.715 y portador de la tarjeta profesional de abogado núm.
258.617 del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del poder otorgado por el
director de Defensa Jurídica Nacional de dicha agencia y de sus documentos
anexos111.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 26 de abril de 2016,
proferida por la Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
26 de abril de 2016, y, en su lugar, NEGAR el restablecimiento del derecho
solicitado por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.

TERCERO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

QUINTO: Reconocer al abogado Luis Felipe Guzmán Jiménez, identificado con la
cédula de ciudadanía núm. 1.052.396.715 y portador de la tarjeta profesional de
abogado núm. 258.617, como apoderado judicial de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del poder que le fue conferido.

normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
111
Índice 30, SAMAI.

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Radicación núm.: 05001 23 31 000 2011 01608 01
Demandantes: José Roberto Arango Pava y otros

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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