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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-00505-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-00505-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-00505-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de
Educación Distrital – Dirección Local de Educación de Puente
Aranda
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Licencia de funcionamiento de establecimiento educativo
privado – Modificación por traslado y fusión / Retiro de
autorización condicionada / Cierre inmediato por
funcionamiento sin autorización / Acto de ejecución
Decisión: Confirma decisión de negar la nulidad de los actos
administrativos demandados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida el 23 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El Liceo Central Francés, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1 en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), contra la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C. – Secretaría de Educación Distrital – Dirección Local de Educación de Puente
Aranda y Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Puente Aranda, con el
propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

4.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 402 del 04 de marzo de 2014
por la cual se resuelve el recurso de apelación contra la resolución No. 16 0108,
expedida por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, y como consecuencia
igualmente se declara la nulidad de la Resolución No. 16 0108 fechada el 10 de
diciembre de 2012 por la cual se resuelve la situación legal a un establecimiento de
educación formal de naturaleza privada denominado LICEO CENTRAL FRANCÉS,
expedida por la Dirección Local de Educación de Puente Aranda; así mismo la

1 La demanda fue radicada el 19 de noviembre de 2014 y obra en el índice 46 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

Resolución 16 0020 del 27 de mayo de 2013, por la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución 16 0108, expedida por la Secretaria de
Educación de Bogotá-Dirección Local de Educación de Puente Aranda; así como la
decisión administrativa suscrita por el Alcalde Local de Puente Aranda de Cierre de
Funciones del Liceo Central Francés, del día viernes 25 de julio de 2014.

4.2. Que a título de restablecimiento del derecho, la ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - Dirección Local De
Educación De Puente Aranda y SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO -
Alcaldía Local De Puente Aranda, se ordene y reconozca que la institución
educativa de carácter privado denominado LICEO CENTRAL FRANCÉS cuenta con
licencia de funcionamiento definitiva, y que se debe reabrir dicha institución de forma
inmediata para que continúe con la prestación del servicio educativo en las
condiciones y formas que se venían desarrollando.

4.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones la ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - Dirección Local
De Educación De Puente Aranda y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO -
Alcaldía Local De Puente Aranda, reconozca y pague a mi procurado, de acuerdo
lo indicad en el acápite de cuantía, lo concerniente al LUCRO CESANTE, equivalente
a todas las sumas dejadas de percibir correspondientes a pensiones, matriculas,
contribuciones y demás emolumentos, inherentes a la actividad comercial
desarrollada; así mismo el DAÑO EMERGENTE, equivalente a las indemnizaciones
que hubo o que haya obligación a pagar a favor de los empleados, docentes
directivos y administrativos con motivo de la terminación intempestiva de sus
relaciones laborales con el liceo, los cánones de arrendamiento cancelados como
indemnización a favor del propietario del edificio donde funcionaba el
establecimiento educativo, hasta la terminación del mismo, el valor de los bienes
muebles y enseres, de carácter educativo, que han tenido que ser reglados o
donados a terceros por el cierre de la institución y demás emolumentos generados
con ocasión a lo aquí demandado.

4.4. Que una vez efectuada la declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho
le sean aplicados los ajustes de valor (indexación) desde la fecha del cierre del
colegio hasta la fecha de verificación del cumplimiento efectivo de lo acordado en la
respectiva conciliación o en la sentencia que le ponga fin al proceso.

4.5. Que si la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DISTRITAL - Dirección Local De Educación De Puente Aranda y
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - Alcaldía Local De Puente Aranda una
vez aceptada en debida forma y en firme la presente conciliación (sic) no efectúa el
pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios
como lo ordena el artículo 195 del CPACA.

4.6. Los pagos que se relacionan deberán ser considerados hasta la fecha en la que
se cumpla al pago el acuerdo conciliatorio (sic), con la correspondiente indexación
para que alcancen su valor adquisitivo, así como el pago de los honorarios del
suscrito apoderado, a razón de un 30% sobre la suma que se liquide (negrillas del
original).

1.1.2. Hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de las pretensiones, en síntesis, se indicó que el Liceo Central
Francés era un establecimiento educativo al que la Secretaría de Educación Distrital
concedió licencia para iniciar labores en los niveles de educación básica secundaria y
media, así como aprobación de estudios, mediante las Resoluciones núms. 1470 de 21
de junio de 1995, 393 y 394 de 28 de enero de 1997, respectivamente.

2

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

El 25 de enero de 2010, el señor Carlos Alirio Ballén Pava, propietario y representante
legal del establecimiento educativo, informó a la Dirección Local de Educación de Puente
Aranda el traslado del establecimiento a la sede ubicada en la carrera 53 G núm. 4 A-15
y allegó los documentos correspondientes. Posteriormente, mediante petición de 4 de
febrero de 2010, solicitó formalizar el traslado, autorizar la movilización de los archivos e
impartir instrucciones sobre los planes de mejoramiento.

La Secretaría de Educación Distrital requirió información para verificar la idoneidad de la
planta física, la cual fue aportada mediante escrito de 9 de abril de 2010. El 13 de mayo
siguiente realizó una visita al establecimiento, respecto de la cual la parte actora
cuestionó que el folio destinado al concepto técnico hubiera quedado inicialmente en
blanco y que luego apareciera otro con la misma numeración, en el que se recomendó
negar el traslado, pese a que en el acta se había consignado que la planta física cumplía
las formalidades legales.

Mediante la Resolución núm. 16 0018 de 4 de junio de 2010, la Dirección Local de
Educación negó para ese año la licencia de funcionamiento de la sede del Liceo Central
Francés en Puente Aranda. La parte actora interpuso recurso de apelación, resuelto por
la Secretaría de Educación Distrital a través de la Resolución núm. 531 de 18 de febrero
de 2011, que revocó esa decisión al advertir que el establecimiento ya contaba con
licencia de funcionamiento y que la solicitud presentada se refería al traslado de la sede.
En consecuencia, ordenó a la Dirección Local pronunciarse sobre este último asunto.

El 16 de mayo de 2011 se practicó una nueva visita, en la cual el supervisor emitió
concepto favorable para autorizar el funcionamiento del establecimiento en la nueva
sede y formuló algunas recomendaciones que, según la demanda, fueron atendidas con
la remisión de documentos el 31 de mayo siguiente.

Por medio de la Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011, la Dirección Local de
Educación autorizó el traslado del Liceo Central Francés a la localidad de Puente Aranda
y su fusión con el Colegio El Zorzal, y le concedió un plazo no mayor al año lectivo 2011
para cumplir determinadas exigencias.

Los días 28 de febrero y 29 de octubre de 2012 se realizaron nuevas visitas de
inspección. La parte actora afirmó que durante la última atendió la totalidad de los
requerimientos previstos en la Resolución núm. 16 0014 de 2011 y que el concepto
técnico quedó pendiente de ser emitido después de analizar la documentación.

Mediante la Resolución núm. 16 0108 de 10 de diciembre de 2012, la Dirección Local de
Educación resolvió no renovar la licencia de funcionamiento condicional del Liceo Central
Francés, reconoció los estudios cursados durante 2012 y dispuso que el establecimiento
no podría prestar el servicio educativo a partir de 2013.

Contra esa decisión, el demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio,
de apelación. El primero fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución núm.
16 0020 de 27 de mayo de 2013. A través de la Resolución núm. 402 de 4 de marzo de
2014, la Secretaría de Educación Distrital revocó el artículo primero del acto recurrido,
que había dispuesto no renovar la licencia condicional, y ordenó, en su lugar, revocar la
Resolución núm. 16 0014 de 2011, mediante la cual se autorizó el traslado de la
institución educativa; además, mantuvo los artículos segundo y tercero de la Resolución
núm. 16 0108 de 2012.

3

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

El señor Ballén Pava, en su condición de representante legal del Liceo Central Francés,
promovió una acción de tutela para obtener la protección de los derechos al debido
proceso, a la creación de empresa, a la educación y al trabajo, que consideró vulnerados
con las actuaciones adelantadas por la Secretaría de Educación de Bogotá y la Dirección
Local de Educación de Puente Aranda. Mediante sentencia de 16 de junio de 2014, el
Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá negó el amparo y sugirió a la Secretaría de
Educación Distrital adelantar las gestiones necesarias para trasladar a los estudiantes a
establecimientos cercanos a sus domicilios. Contra esa decisión se interpuso recurso de
apelación, el cual no había sido resuelto a la fecha de presentación de esta demanda.

El 24 de junio de 2014, la Dirección Local de Educación solicitó al establecimiento la
relación de estudiantes para gestionar su reubicación. Posteriormente, la Alcaldía Local
de Puente Aranda convocó a los padres de familia y acudientes con el propósito de
informarles sobre el cierre del plantel.

La parte actora solicitó la intervención de la Personería y de otras autoridades para
impedir el cierre, con fundamento en que la sentencia de tutela no se encontraba
ejecutoriada y el Liceo contaba con licencia de funcionamiento. No obstante, mediante
decisión de 25 de julio de 2014, el alcalde local de Puente Aranda materializó el cierre
del establecimiento y ordenó la colocación de sellos en sus instalaciones.

La parte demandante sostuvo que el cierre le ocasionó perjuicios derivados de los
ingresos dejados de percibir por concepto de pensiones, transporte escolar, asesoría de
tareas, formularios y venta de alimentos, así como de los cánones de arrendamiento, las
obligaciones laborales, la pérdida de muebles y enseres y la afectación de la prima
comercial y del buen nombre del establecimiento, los cuales estimó en $579.923.000.

1.1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

La parte actora sustentó sus reproches en los artículos 1, 29, 123 y 209 de la Constitución
Política y en los artículos 3 y 9 del Decreto 3433 de 2008; asimismo, citó el artículo 89
constitucional, en relación con la protección judicial de los derechos, y la sentencia SU-
917 de la Corte Constitucional, sobre el deber de motivación de los actos administrativos.

De la lectura integral de la demanda se extrae que cuestionó la decisión de no renovar
la licencia de funcionamiento del Liceo Central Francés, la revocatoria de la autorización
de traslado y el posterior cierre del establecimiento, por las siguientes razones:

En primer lugar, controvirtió la Resolución núm. 16 0108 de 10 de diciembre de 2012,
confirmada mediante la Resolución núm. 16 0020 de 27 de mayo de 2013, debido a que
dispuso no renovar una licencia de funcionamiento condicional que, según afirmó, nunca
había sido otorgada bajo esa modalidad. Explicó que las Resoluciones núms. 1470 de
1995, 393 y 394 de 1997 le habían concedido licencia de funcionamiento definitiva y
aprobación de estudios de carácter indefinido, cuya vigencia fue preservada por el
parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 3433 de 2008 y reconocida por la Secretaría de
Educación Distrital en la Resolución núm. 531 de 2011.

Sostuvo que la Administración confundió el traslado del establecimiento con la creación
de una nueva institución, pese a que el cambio de sede se produjo entre localidades
pertenecientes a una misma entidad territorial certificada y debía tramitarse conforme al
artículo 9 del Decreto 3433 de 2008. En su criterio, esa confusión dio lugar a exigencias
improcedentes y a decisiones que desconocieron tanto las autorizaciones existentes
como el traslado aprobado mediante la Resolución núm. 16 0014 de 2011.

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Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

Cuestionó, además, la referencia al artículo 20 del Decreto 907 de 1996 contenida en la
Resolución núm. 16 0108 de 2012, al considerar que el supuesto del cierre inmediato
previsto para establecimientos sin licencia, no correspondía al Liceo Central Francés,
que contaba con autorizaciones de carácter indefinido que no habían sido revocadas ni
canceladas.

Alegó que la Dirección Local desconoció el concepto favorable emitido en la visita de 16
de mayo de 2011, los documentos aportados el 31 de mayo siguiente y las demás
pruebas que acreditaban el cumplimiento de los requerimientos. También cuestionó las
inconsistencias de las actas de inspección y sostuvo que las autoridades formularon
exigencias carentes de sustento normativo, pese a que previamente se había constatado
que la planta física cumplía las formalidades legales.

En segundo lugar, cuestionó la Resolución núm. 402 de 4 de marzo de 2014, porque
revocó el artículo primero de la Resolución núm. 16 0108 de 2012 y, a continuación,
dispuso sustituirlo por una determinación que revocó la Resolución núm. 16 0014 de
2011. A su juicio, resultaba contradictorio modificar una disposición que el mismo acto
había retirado y mantener los artículos segundo y tercero de la decisión recurrida,
particularmente la prohibición de prestar el servicio educativo a partir de 2013, pese a
haber dejado sin efecto la no renovación de la licencia.

Asimismo, alegó que la Secretaría de Educación no podía revocar la autorización de
traslado al resolver la apelación contra una decisión diferente, pues la Resolución núm.
16 0014 de 2011 se encontraba en firme y no había sido objeto de ese recurso. Precisó
que su cuestionamiento no recaía sobre la autorización concedida, sino sobre su
posterior revocatoria, que consideró contraria al debido proceso.

En tercer lugar, sostuvo que el cierre material del establecimiento el 25 de julio de 2014
careció de fundamento jurídico, por considerar que las Resoluciones núms. 16 0108 de
2012 y 402 de 2014 no ordenaron expresamente esa medida y el fallo de tutela que
sugirió a la Secretaría de Educación Distrital adelantar las gestiones necesarias para
trasladar a los estudiantes a establecimientos cercanos a sus domicilios, había sido
impugnado y no se encontraba ejecutoriado.

En consecuencia, calificó el cierre y la colocación de sellos como una vía de hecho, al
considerar que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento y que la
imposición de una sanción exigía respetar el debido proceso administrativo y seguir el
procedimiento correspondiente; añadió que la medida ocasionó consecuencias
perjudiciales tanto para el demandante como para la comunidad educativa.

1.2. Admisión de la demanda

Mediante auto de 15 de diciembre de 2014, la Sección Primera de esta Corporación se
declaró incompetente para conocer de la demanda y ordenó remitirla al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca2.

Por auto de 12 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, inadmitió la demanda para que la parte actora suministrara las
direcciones electrónicas para notificaciones y aportara copia de aquella en medio

2 Samai, índice 46, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE 3454C867ABCD2B77

689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)”, págs. 256 – 259.

5

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

magnético, así como copia integral, original y auténtica de los actos administrativos
demandados, con sus respectivas constancias de notificación3.

Una vez subsanada4, la demanda fue admitida mediante providencia de 23 de abril de
2015, en la cual se ordenó notificar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público5.

1.3. Contestación

La Secretaría de Educación Distrital se opuso a las pretensiones, al considerar que los
actos acusados fueron expedidos en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia
y que la parte actora no acreditó el cumplimiento de las condiciones exigidas para prestar
el servicio educativo. Asimismo, negó que hubiera lugar al reconocimiento de los
perjuicios reclamados.

De manera preliminar, advirtió que la demanda no presentó los hechos y omisiones
debidamente determinados, clasificados y numerados, como lo exige el numeral 3 del
artículo 162 del CPACA, pues reunió en un mismo acápite circunstancias fácticas,
apreciaciones subjetivas y reproches de carácter jurídico, lo que dificultaba el ejercicio
del derecho de defensa.

En relación con los hechos, reconoció que el Liceo Central Francés obtuvo licencia para
iniciar labores y aprobación de estudios mediante las Resoluciones núms. 1470 de 1995,
393 y 394 de 1997; sin embargo, precisó que el Decreto 3433 de 2008 era aplicable a
las licencias de funcionamiento de los establecimientos educativos privados desde su
promulgación.

Indicó que el señor Carlos Alirio Ballén Pava solicitó el traslado del establecimiento y su
fusión con el Colegio El Zorzal, pero no acreditó inicialmente la totalidad de los requisitos
necesarios para verificar la idoneidad de la nueva planta física. Señaló que la visita
practicada el 13 de mayo de 2010 evidenció deficiencias en la infraestructura
administrativa, los medios educativos, el número de docentes, el estudio de población
previsto en el proyecto educativo institucional y la viabilidad presupuestal y financiera.

Aceptó que la Administración tramitó inicialmente la solicitud como si se tratara de una
licencia de funcionamiento, pese a que correspondía al traslado y la fusión del
establecimiento; no obstante, afirmó que ese error fue advertido y subsanado mediante
la Resolución núm. 531 de 18 de febrero de 2011. Aclaró que esa corrección no eximía
al interesado de demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos para autorizar las
modificaciones solicitadas.

Explicó que, en la visita realizada el 16 de mayo de 2011, se requirió al establecimiento
para que aportara la hoja de vida y el contrato del rector, un concepto sanitario favorable
actualizado, la certificación catastral por cambio de nomenclatura, el plan de prevención
de emergencias y desastres, así como los contratos o convenios para el uso de
laboratorios, bibliotecas, salas de sistemas y espacios de recreación y deporte.

Manifestó que la Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011 autorizó el traslado y
la fusión, pero concedió un plazo perentorio para subsanar las deficiencias advertidas y
garantizar la idoneidad e integralidad del servicio; y que las visitas posteriores

3 Ibidem, págs. 266 – 267.
4 Ibidem, págs. 269 – 351.
5 Ibidem, págs. 396 – 397.

6

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

permitieron constatar que el Liceo Central Francés no cumplió la totalidad de las
condiciones impuestas, pese a la oportunidad otorgada para corregirlas.

Sostuvo que la Resolución núm. 402 de 4 de marzo de 2014 corrigió la impropiedad
contenida en la Resolución núm. 16 0108 de 10 de diciembre de 2012, consistente en
disponer la no renovación de una licencia de funcionamiento condicional que nunca
había sido otorgada bajo esa modalidad. En su criterio, lo procedente era retirar la
autorización ante el incumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para
conservarla, sin que esa precisión otorgara al demandante el derecho a continuar
prestando el servicio educativo de manera irregular.

Agregó que el señor Ballén Pava promovió una acción de tutela por los mismos hechos,
cuyo amparo fue negado. Indicó que, ante el riesgo académico para los estudiantes, el
juez constitucional sugirió a la Secretaría a gestionar su traslado a establecimientos
educativos distritales cercanos a sus domicilios, actuación que fue cumplida por la
entidad. También afirmó que la Personería acompañó la diligencia de cierre sin advertir
la vulneración de derechos fundamentales.

Propuso las excepciones denominadas: (i) «la caducidad de la acción», por cuanto la
Resolución núm. 402 de 4 de marzo de 2014 fue notificada el 12 de mayo siguiente, y
la solicitud de conciliación prejudicial fue notificada a la entidad el 16 de septiembre de
ese año; (ii) «legalidad del ejercicio de la función de inspección y vigilancia», al
considerar que actuó dentro de sus competencias y que el establecimiento incumplió las
condiciones mínimas para prestar el servicio educativo; y (iii) «alcance de la revocatoria
efectuada mediante Resolución 402 del 04 de marzo de 2014», para precisar que esta
corrigió la impropiedad de disponer la no renovación de una licencia condicional y retiró
la autorización de traslado y fusión ante el incumplimiento de las condiciones
impuestas6.

1.4. Audiencia inicial

En la audiencia inicial celebrada el 14 de octubre de 20157, el Tribunal no advirtió vicios
que afectaran la validez del proceso y declaró no probada la excepción de caducidad, al
considerar que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 12 de septiembre
de 2014 y que, una vez agotado ese trámite, la demanda se radicó oportunamente.
Asimismo, precisó que las excepciones de «legalidad del ejercicio de la función de
inspección y vigilancia» y «alcance de la revocatoria efectuada mediante la Resolución
402 de 4 de marzo de 2014» constituían argumentos de fondo que serían resueltos en
la sentencia. A continuación, fijó el litigio8, decretó las pruebas solicitadas por las partes
y ordenó de oficio aportar los antecedentes administrativos de los actos demandados.

1.5. Audiencia de pruebas

6 Ibidem, págs. 437 – 455.
7 Acta obrante en ibidem, págs. 480 – 484 y grabación de la audiencia en el mismo índice documento

electrónico con certificado 4A6DB731FF013820 9D73A9BEC98640CD B7AE18AE1A69FC12
EC96D8E204D98FB2 denominado “folio cd 353(.rar)”.
8 «[…] la censura se concreta en un único cargo, a saber: nulidad por desviación de funciones propias de

quien expidió los actos administrativos e infracción de las normas en que debía fundarse toda vez que la
institución educativa demandante cuenta desde el año 1997 con una licencia de funcionamiento definitiva,
por lo que en su momento solicitó para dar inicio a la vía administrativa fue un traslado de sede, mas no la
constitución de una licencia de funcionamiento como erradamente lo ha entendido la parte demandada,
los funcionarios de la alcaldía local de Puente Aranda en la ejecución de la orden a ellos impartida por el
Secretario Distrital de Educación se extralimitaron en las funciones que les compete cumplir».

7

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

En la audiencia de pruebas celebrada el 20 de enero9 y 15 de febrero de 201610, se
recibió el testimonio del señor José Olmedo Prieto Chamizo y se constató la
incorporación de la totalidad de las pruebas documentales decretadas.

Al no existir pruebas pendientes de práctica y considerar innecesaria la audiencia de
alegaciones y juzgamiento, el a quo corrió traslado a las partes para presentar alegatos
de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto.

1.6. Alegatos de conclusión

Las partes presentaron oportunamente sus alegaciones reiterando en su integridad los
argumentos esgrimidos en la demanda y la contestación, respectivamente.

1.6.1. La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda y cuestionó el
alcance del testimonio del señor José Olmedo Prieto, al considerar que no verificó la
situación financiera, los recursos bibliográficos, el funcionamiento de los equipos de
cómputo ni los convenios para utilizar instalaciones de otras instituciones. Asimismo,
señaló que las autoridades debieron brindar asesoría y acompañamiento para alcanzar
los estándares de calidad, conforme al artículo 14 del Decreto 907 de 1996, y que el
trámite de traslado se convirtió en una actuación sancionatoria sin observar el
procedimiento previsto en los artículos 15 y siguientes, según el cual la cancelación de
la licencia constituía la última medida, precedida de la amonestación y la suspensión 11.

1.6.2. La Secretaría de Educación Distrital insistió en los argumentos dados en la
contestación12.

1.7. Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda, por considerar que
el Liceo Central Francés incumplió las condiciones mínimas necesarias para prestar un
servicio educativo de calidad.

En cuanto al Decreto 3433 de 2008, señaló que las licencias otorgadas con anterioridad
conservaron su vigencia y carácter indefinido, pero las modificaciones solicitadas
después de su entrada en vigor, como el cambio de sede, debían sujetarse a esa
normativa. En consecuencia, estimó que la solicitud presentada por el demandante en
2010 exigía verificar los requisitos correspondientes y que la Secretaría actuó conforme
a derecho al aplicar dicho decreto; además, consideró que el interesado debió prever un
término de al menos seis meses entre la solicitud y la visita de verificación.

Indicó que la visita de 13 de mayo de 2010 evidenció deficiencias en la infraestructura
administrativa, los medios educativos y la disponibilidad de docentes, así como la

9 Acta obrante en el índice 46 de Samai, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE

3454C867ABCD2B77 689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO
TRIBUNAL(.pdf)”, págs. 522 – 524 y la grabación de la audiencia en el mismo índice en el documento
electrónico con certificado CF1E98473A6B7DB8 FFD2123F1FAF9552 F4398F62D37F0FF9
ED7D172427BF42B2 denominado “folio cd 388(.rar)”.
10 Acta obrante en el índice 46 de Samai, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE

3454C867ABCD2B77 689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO
TRIBUNAL(.pdf)”, págs. 828 – 830, y la grabación de la audiencia en el mismo índice en el documento
electrónico con certificado 81B377FFD539ED28 6D81304BEBD6BCFB 388568517A0AA142
2B92C754A0236420 denominado “folio cd 564(.rar)”.
11 Folios 567 - 571, cuaderno del Tribunal.
12 Folios 587 – 593, cuaderno del Tribunal.

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atención conjunta de estudiantes de distintos grados y la inviabilidad de las proyecciones
presupuestales y financieras debido al reducido número de alumnos. A partir de esos
hallazgos, concluyó que el establecimiento no garantizaba las condiciones mínimas de
calidad y que la medida adoptada por la Secretaría resultaba adecuada para impedir la
continuidad de las irregularidades en la prestación del servicio educativo.

1.8. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 23 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto el
actor no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados.

En la parte resolutiva se dispuso:

1°) Deniéganse las pretensiones de la demanda.

2° Condénase en costas de esta instancia procesal a la demandante liquídense por
la Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

3°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por concepto
del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios de proceso.

4°) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 203 del
Código Contencioso Administrativo.

5°) Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente previas las constancias
secretariales de rigor.

(i) En relación con los argumentos del actor para sustentar los cargos de ilegalidad, el
Tribunal señaló que, si bien la Dirección Local de Educación de Puente Aranda tramitó
inicialmente la solicitud de traslado y fusión, mediante la Resolución núm. 16 0018 de 4
de junio de 2010, como si se tratara de una nueva licencia de funcionamiento, ese error
fue subsanado por la Resolución núm. 531 de 18 de febrero de 2011, que revocó la
decisión inicial y ordenó pronunciarse sobre lo efectivamente solicitado. En cumplimiento
de lo anterior, la Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011 autorizó el traslado
del Liceo Central Francés a la localidad de Puente Aranda y su fusión con el Colegio El
Zorzal.

(ii) Explicó que no se produjo la revocatoria directa de la Resolución núm. 16 0014 de
15 de junio de 2011, por cuanto su artículo segundo concedió al establecimiento un plazo
no mayor al año lectivo 2011 para nombrar un rector que cumpliera los requisitos legales,
obtener un concepto sanitario favorable actualizado, aportar la certificación catastral por
cambio de nomenclatura y adecuar los espacios y la dotación destinados a los
laboratorios, la sala de sistemas, la recreación y el deporte. Según el Tribunal, esas
exigencias no fueron atendidas, como lo acreditaban los conceptos técnicos
pedagógicos de 12 de febrero y 9 de noviembre de 2012 y el testimonio del supervisor
José Olmedo Prieto Chamizo, sin que la parte actora hubiera desvirtuado esa
circunstancia.

Debido a dicho incumplimiento, la Dirección Local de Educación de Puente Aranda
expidió la Resolución núm. 16 0108 de 10 de diciembre de 2012, en la cual resolvió no
renovar la licencia de funcionamiento condicional del Liceo Central Francés. Esa
decisión fue confirmada por la Resolución núm. 16 0020 de 27 de mayo de 2013 y

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modificada por la Resolución núm. 402 de 4 de marzo de 2014, que dispuso revocar la
Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011, dado el incumplimiento ostensible de
las condiciones establecidas en esta última.

(iii) Señaló que el artículo 9 del Decreto 3433 de 12 de septiembre de 2008 sí fue
observado al autorizar el traslado del Liceo Central Francés y su fusión con el Colegio
El Zorzal; cosa distinta era que la Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011, que
concedió esa autorización, hubiera sido revocada posteriormente por el incumplimiento
ostensible de las condiciones establecidas en su artículo segundo.

(iv) No hubo extralimitación al condicionar el traslado al cumplimiento de los
requerimientos, pues encontraba sustento en los artículos 2, 8 y 138 de la Ley 115 de
1994 y en las disposiciones que regulan las condiciones de infraestructura, pedagogía,
administración y dirección necesarias para prestar el servicio educativo; además, como
se desprende de la Resolución núm. 16 0108 de 10 de diciembre de 2012 la solicitud de
traslado y fusión no era procedente, debido a que, «por un lado, los actos administrativos
que sustentaban el funcionamiento del establecimiento educativo ubicado en la localidad
de Bosa denominado colegio el Zorzal de la ciudad de Bogotá fueron cancelados y, por
otro, los actos administrativos que sustentaban el funcionamiento del establecimiento
educativo ubicado inicialmente en la localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de
Bogotá denominado Liceo Central Francés fue retirado de esa localidad y trasladado a
la localidad de San Cristóbal, donde tampoco logró culminar el proceso de legalización
de traslado».

(v) No se desconocieron las resoluciones de funcionamiento y aprobación con que
contaba el colegio, pues lo que se revocó fue la autorización de traslado y fusión.

(vi) El cerramiento e imposición de sellos a la sede del establecimiento educativo,
tampoco implicó una extralimitación de funciones, por cuanto el artículo 3 de la
Resolución núm. 16 0108 de 10 de diciembre de 2012, confirmada por la Resolución
núm. 402 de 4 de marzo de 2014, dispuso que «el establecimiento educativo no podría
prestar el servicio a partir del año 2013, so pena de ser aplicable lo señalado en el
artículo 20 del Decreto 907 de 1996», relativo al cierre inmediato de los establecimientos
privados que operen sin licencia o reconocimiento oficial. Por tanto, calificó la actuación
del alcalde local de Puente Aranda de 25 de julio de 2014 como un acto de ejecución no
susceptible de control judicial autónomo.

Agregó que los fallos de tutela invocados por la parte demandante no afectaban la
legalidad de los actos acusados y que la impugnación de una sentencia de tutela se
concede en el efecto devolutivo, por lo que la decisión de primera instancia debía
cumplirse mientras se resolvía el recurso.

(vii) Desestimó el cuestionamiento sobre la presunta adulteración del acta de visita, al
señalar que el acta de 2013 mencionada por la parte actora no existía y que el último
concepto técnico pedagógico había sido expedido el 9 de noviembre de 2012. Reiteró
que el error inicial en el trámite de la solicitud fue corregido mediante la Resolución núm.
531 de 2011 y que posteriormente se autorizó el traslado y la fusión, con observancia
del debido proceso; por ello, distinguió esa irregularidad de la posterior revocatoria de la
autorización, fundada en el incumplimiento de las condiciones impuestas.

(viii) Frente al argumento según el cual se decidió no renovar una licencia condicional
inexistente, explicó que la Resolución núm. 402 de 4 de marzo de 2014 revocó esa
determinación y dispuso, en su lugar, retirar la autorización de traslado y fusión

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contenida en la Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011. Precisó que la
controversia no recaía sobre la legalidad de las licencias de funcionamiento y
aprobaciones de estudios, sino sobre los actos que revocaron aquella autorización, por
lo que no correspondía pronunciarse sobre las primeras.

(ix) Descartó las incongruencias atribuidas a la Resolución núm. 402 de 4 de marzo de
2014, consistentes en modificar una disposición que el mismo acto había revocado,
mantener la prohibición de prestar el servicio educativo y retirar una autorización que no
había sido objeto de apelación. Al respecto, reiteró que la decisión sustituyó la no
renovación de la licencia condicional por la revocatoria de la autorización de traslado y
fusión, debido al incumplimiento de sus condiciones; además, señaló que la prohibición
de prestar el servicio a partir de 2013 fue expresamente confirmada, sin que ello
implicara contradicción en la parte resolutiva de los actos acusados13.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

(i) Reiteró los hechos de la demanda y controvirtió la conclusión del Tribunal según la
cual no acreditó el cumplimiento de los requerimientos impuestos, pues con la demanda
aportó el memorial de 31 de mayo de 2011 mediante el cual entregó los documentos
solicitados durante la visita. Añadió que el supervisor José Olmedo Prieto Chamizo se
limitó a manifestar que había encontrado irregularidades que le hacían creer que no se
cumplían los requisitos legales, sin verificar la situación financiera, la existencia de textos
y documentos en la biblioteca, el funcionamiento de los equipos de cómputo ni los
convenios para utilizar salas de sistemas, laboratorios, bibliotecas y espacios de
recreación y deporte. Resaltó que la autorización fue expedida después de esa visita,
por lo que consideró que el testimonio no demostraba el incumplimiento alegado por la
entidad.

(ii) Cuestionó que el Tribunal justificara la revocatoria de la Resolución núm. 16 0014 de
2011 en el incumplimiento ostensible de sus condiciones y descartara la vulneración del
debido proceso. Sostuvo que se trataba de un acto de contenido particular y concreto,
expedido por otro funcionario, que se encontraba ejecutoriado y no había sido recurrido,
de manera que la Secretaría no podía revocarlo directamente sin observar el
procedimiento previsto en los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo ni
obtener el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular. En su criterio, esa
actuación excedió las facultades de la autoridad y desconoció el artículo 29 de la
Constitución Política.

(iii) Afirmó que la sentencia incurrió en contradicción al señalar que el traslado y la fusión
ya no eran procedentes y, al mismo tiempo, descartar la aplicación equivocada del
Decreto 3433 de 2008 con fundamento en que esa solicitud había sido resuelta
favorablemente.

(iv) Sostuvo que el cierre material del establecimiento no constituía un simple acto de
ejecución, pues la decisión de la Secretaría no ordenó expresamente esa medida.
Agregó que, aun cuando la Administración tuviera competencia para disponerla, debía

13 Samai, índice 46, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE 3454C867ABCD2B77

689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)”, págs. 864 – 921.

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adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente y garantizar el
debido proceso.

Afirmó que la actuación iniciada para autorizar el traslado se convirtió en un
procedimiento sancionatorio, sin observar las garantías del Decreto 907 de 1996, que en
su artículo 14 orientaba los resultados de la evaluación hacia la asesoría y asistencia
administrativa y pedagógica, mientras que los artículos 15 y siguientes contemplaban la
cancelación de la licencia como la última medida, precedida de la amonestación y la
suspensión. En consecuencia, consideró que el cierre desconoció el procedimiento
aplicable y vulneró el debido proceso.

(v) Agregó que la medida fue desproporcionada y ocasionó un perjuicio irremediable,
dado que la Resolución núm. 16 0108 fue expedida el 10 y notificada el 13 de diciembre
de 2012, cuando la renovación de matrículas para 2013 había concluido desde el 28 de
noviembre anterior y el establecimiento debía cumplir los contratos celebrados con los
padres y acudientes. Precisó que los estudiantes se matriculaban al ingresar al plantel y
renovaban anualmente su vinculación14.

2.1. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de reparto de 26 de
octubre de 201615 y admitido en proveído de 25 de enero de 201816.

Por auto de 17 de septiembre de 2018, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al agente del Ministerio Público para que emitiera concepto17.

2.1.1. La parte actora reiteró los argumentos del recurso de apelación relacionados con
la vigencia de la licencia de funcionamiento, la revocatoria irregular de la autorización de
traslado y fusión, la valoración de las pruebas y las contradicciones de la sentencia.
Asimismo, insistió en que el cierre no constituía un simple acto de ejecución, desconoció
el procedimiento sancionatorio y resultó desproporcionado18.

2.1.2. La Secretaría de Educación Distrital solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, por compartir que la irregularidad inicial en el trámite había sido subsanada y
que las condiciones impuestas mediante la Resolución núm. 16 0014 de 2011 tenían
sustento normativo y no fueron cumplidas dentro del plazo concedido, circunstancia que
justificó la revocatoria de esa autorización. Asimismo, coincidió en que la parte actora no
desvirtuó las deficiencias advertidas ni acreditó las condiciones necesarias para prestar
el servicio educativo, por lo que no logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados19.

2.1.3. En esa oportunidad procesal, el agente del Ministerio Público guardó silencio20.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14 Ibidem, págs. 922 – 926.
15 Samai, índice 46, documento electrónico con certificado 6C6009CF8FDF20EA 134B857B438CEBB1

F360801E3315997B 1F33AC40CAC636D0 denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, pág. 3.
16 Ibidem, pág. 37.
17 Ibidem, pág. 54.
18 Ibidem, págs. 60 - 64.
19 Ibidem, págs. 65 - 70.
20 Ibidem, pág. 71.

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De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

3.2. Actos administrativos demandados

3.2.1. La Resolución núm. 16 0108 de 10 de diciembre de 2012, “Por la cual se resuelve
la situación legal a un establecimiento de educación formal de naturaleza privada
denominado LICEO CENTRAL FRANCÉS”, suscrita por el Director Local de Educación
16 de Puente Aranda, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor21:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO RENOVAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
CONDICIONAL al establecimiento de educación formal de naturaleza privada,
denominado LICEO CENTRAL FRANCÉS ubicado en la carrera 53 G No 4 A 15 del
Barrio Colon, actuando como propietario y rector el señor CARLOS ALIRIO BALLEN
PAVA, conforme la parte motiva de esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el reconocimiento académico de los estudiantes
matriculados en el establecimiento educativo durante el año 2012, para lo cual el
representante legal deberá allegar a esta Dirección Local de Educación la lista con
nombre completo, identificación y grado cursado.

ARTICULO TERCERO: El establecimiento educativo LICEO CENTRAL FRANCÉS,
No podrá prestar el servicio a partir del año 2013, so pena de ser aplicable lo
señalado en el artículo 20 del Decreto 907 de 1996 que establece: “Establecimientos
sin Licencia. Cuando se compruebe que un establecimiento privado de educación
formal o no formal, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial,
exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad competente ordenará
su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal requerimiento”

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá notificarse a señor
Carlos Alirio Ballen Pava, identificado con C.C. 19.435.942, propietario del LICEO
CENTRAL FRANCÉS, o a su apoderado.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición
ante esta Dirección Local de Educación y el de apelación para ante el Secretario de
Educación, los cuales deberán interponerse por escrito ante esta Dirección Local de
Educación en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
[…]

3.2.2. La Resolución núm. 16 0020 de 27 de mayo de 2013, “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición contra la resolución 16 0108 del 10 de diciembre de 2012, al
establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado LICEO
CENTRAL FRANCÉS”, suscrita por el Director Local de Educación 16 de Puente Aranda,
cuya parte resolutiva prevé22:

RESUELVE:

21 Samai, índice 46, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE 3454C867ABCD2B77

689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)”, págs. 652 – 671.
22 Ibidem, págs. 689 – 727.

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ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 16 0108 del 10
de diciembre del 2012 “Por la cual se resuelve la situación legal a un establecimiento
de educación formal de naturaleza privada denominando LICEO CENTRAL
FRANCES” conforme lo expuesto en el presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: Negar lo solicitado en el recurso de reposición interpuesto
por el rector del LICEO CENTRAL FRANCES, contra la Resolución 16 0108 del 10
de diciembre del 2012 de conformidad con lo expuesto en el presente acto.

ARTICULO TERCERO: Se da traslado de la presente resolución a la Dirección de
Inspección Educativa de la Secretaría de Educación, para que conozca del recurso
en segunda instancia e investigue las vigencias de las Resoluciones de la Localidad
18 Rafael Uribe Uribe Nos 1470 de junio 21 de 1995, 393 de enero 28 de 1997, 394
de enero 28 de 1997 y las Resoluciones de la Localidad 7 de Bosa Nos 5163 25
noviembre de 1994 y 8112 del 23 de diciembre de 1998.

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor CARLOS
ALIRIO BALLEN PAVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.435.942 en
su calidad de rector del LICEO CENTRAL FRANCES o su Representante Legal de
la institución o apoderado de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y contra él procede, en susidio, el recurso de
apelación dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición […].

3.2.3. La Resolución núm. 402 de 4 de marzo de 2014, “Por la cual se resuelve el recurso
de apelación contra la Resolución 16 0108 del 10 de diciembre de 2012 y se adoptan
otras determinaciones”, suscrita por el Secretario Distrital de Educación, cuya parte
resolutiva es del siguiente tenor23:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar el artículo primero de la Resolución No. 16 0108
del 10 de Diciembre de 2012, proferida en contra del establecimiento de educación
formal denominado LICEO CENTRAL FRANCÉS, emanada la Dirección Local de
Educación de Puente Aranda.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El artículo primero de la Resolución 16 0108 del 10 de
Diciembre de 2012 quedará así:

REVOCAR la Resolución No. 16 0014 del 15 de Junio de 2011, dado el
incumplimiento ostensible a las condiciones establecidas en el artículo segundo de
la misma Resolución y las cuales debía acatar el LICEO CENTRAL FRANCÉS en
un plazo no mayor al año lectivo 2011, tal y como quedó establecido en la parte
motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Los artículos segundo y tercero de la Resolución N. 16 0108
del 10 de Diciembre de 2012, se mantienen en todas sus partes.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente providencia al Representante Legal del
establecimiento educativo LICEO CENTRAL FRANCÉS, señor CARLOS ALIRIO
BALLEN PAVA o a quien haga sus veces, en la Carrera 53 G No. 4 A - 15 del Barrio
Colón de esta Ciudad.

23 Ibidem, págs. 732 – 747.

14

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Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

ARTÍCULO QUINTO: Devolver el expediente a la Dirección Local de Educación de
Puente Aranda, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede Recurso y con ella
queda agotada la vía gubernativa, de conformidad con lo establecido en el Artículo
87 de la Ley 1437 de 2011.

3.2.4. El acta de cierre de funciones del Liceo Central Francés de 25 de julio de 2014,
cuyo contenido es el siguiente24:

ACTA DE CIERRE FUNCIONES LICEO CENTRAL FRANCES
VIERNES 25 DE JULIO 2014

EL ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA

COMUNICA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO CENTRAL FRANCES
Y A TODA LA CIUDADANIA EN GENERAL

1) Que mediante oficio radicado en la Alcaldía Local con No. 20141620057412 de
26-06-2014 Dirección Local de Educación remite las resoluciones 16 0108 de 10 -12
de 2012 y 402 de 4 de 03 de 2014 las cuales ordenan el cierre de funciones del
establecimiento educativo LICEO CENTRAL FRANCES ubicado en la carrera 53 G
No. 4 A 15.

2) Que la resolución 402 de 4 de marzo de 2014 emanada de la Secretaria de
Educación y mediante la cual se resuelve recurso de apelación contra la resolución
16 0108 de 10 diciembre de 2012 emanada de la Dirección Local de Educación
resuelve Revocar el artículo primero de la resolución 16 0108 de 2012 y en su artículo
segundo señala que el artículo primero de la resolución 16 0108 quedará así: “
REVOCAR la resolución 16 0014 del 15 junio de 2011, (ésta resolución concedía
autorización para el traslado de la institución educativa LICEO CENTRAL FRANCES
y su fusión con el colegio ZORZAL de propiedad del señor CARLOS ALIRIO BALLEN
PAVA y en su artículo segundo concede un plazo no mayor al año lectivo 2011 para
el cumplimiento de unos requisitos) paréntesis fuera de texto dado el incumplimiento
ostensible a las condiciones establecidas en el artículo segundo de las misma
resolución y las cuales debía acatar el LICEO CENTRAL FRANCES en un plazo no
mayor al año lectivo 2011, tal como quedó establecido en la parte motiva del
presente acto. El artículo TERCERO indica “que los artículos segundo y tercero de
la resolución 16108 de 2012 se mantienen en todas sus partes”.

3) Que el artículo segundo de la resolución 16 0108 de 2012 señala: “conceder el
reconocimiento académico de los estudiantes matriculados en el establecimiento
educativo durante el año 2012, para lo cual el representante legal deberá allegar a
ésta dirección Local de Educación la lista con nombre completo, identificación y
grado cursado.

4) Que el artículo tercero de la misma resolución señala: “el establecimiento
educativo LICEO CENTRAL FRANCES no podrá prestar el servicio a partir del año
2013 so pena de ser aplicable lo señalado en el artículo 20 del Decreto 907 de 1996
que establece: “Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que un
establecimiento privado de educación formal o no formal funcione sin licencia de
funcionamiento o reconocimiento oficial exigida por el artículo 138 de la ley 115 de
1994 la autoridad competente ordenará su cierre inmediato hasta cuando cumpla
con tal requerimiento”.

24 Ibidem, págs. 389 – 392.

15

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

5) Que mediante oficio emanado del Despacho del Alcalde Local con número
20141630098371 de 16 de Julio de 2014 se citó al rector del Colegio y se le solicitó
que por su intermedio citará a los padres de familia, representantes y estudiantes a
reunión el día 18 de julio de 2014 para comunicar la materialización de la medida
ordenada por la Secretaría de Educación.

6) Que el Alcalde Local a su vez emitió volantes de citación que fueron entregados
a los estudiantes a la salida del colegio LICEO CENTRAL FRANCES.

7) Que el día 18 de julio de 2014 en reunión realizada en el recinto de la JAL se les
informó a los presentes la orden dada por la Secretaría de Educación y a su vez el
fallo de una ACCION DE TUTELA interpuesta por el rector del colegio LICEO
CENTRAL FRANCES donde se niega el amparo constitucional recabado por la parte
actora y se sugiere a la Secretaría Distrital de Educación que gestione las
actuaciones necesarias para que los educandos inscritos en el colegio LICEO
CENTRAL FRANCES sean trasladados a colegios Distritales cercanos a sus
domicilios, que cumplan con todas las prerrogativas legales para que se les garantice
una educación de calidad.

8) Que el Director de Educación les informó de las ofertas educativas distritales y
también privadas y del trámite que se debe realizar, igualmente se puso a disposición
para atender a cada uno de los padres de familia que lo requieran. Igualmente el
Alcalde Local resaltó la calidad de educación pública, la inversión que el Distrito ha
realizado en los colegios, aportando tecnología de avance, a los cuales los
estudiantes pueden acceder o en su defecto escoger el colegio privado de sus
preferencias.

QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIOR EL ALCALDE LOCAL DE PUENTE
ARANDA PROCEDE A MATERIALIZAR CON LA PRESENTE ACTA Y
COLOCACION DE SELLOS NUMEROS 0052 y 0053

EL CIERRE DE FUNCIONES DEL LICEO CENTRAL FRANCES.

Quien materializa medida

[firma]
CÉSAR HENRY MORENO TORRES
Alcalde Local.

Entidades que acompañan

JAIR MUNEVAR [sin firma]
Director Local de Educación Puente Aranda

GREGORIO RODRIGUEZ [asiste, pero no firma]
Personero Local

Teniente John Edwin Tanja Gutiérrez [firma]
Nombre y firma
Entidad Policía Nacional
Cargo Subcomandante CAI Estación.

NUBIA STELLA VASQUEZ ANGEL
Nombre y firma
Entidad Secretaría de Gobierno
Cargo Gestora de Convivencia Territorial

Dra Blanca Edilsa Vargas (Asiste, pero No firma)

16

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

Nombre y firma
Entidad Personería Distrital
Cargo

Doris Sandoval Q. [firma]
Nombre y firma
Entidad Alcaldía Local
Cargo coord. jurídica.

N° DE SELLAMIENTO: 0053
Otro [X] Cierre Funciones Colegio

N° DE SELLAMIENTO: 0052
Otro [X] Cierre Funciones Colegio

3.3. Planteamiento del caso

A la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos formulados en la
apelación, los cuales, por regla general, delimitan la competencia del ad quem, para
ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera
oficiosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso.

En adición a lo anterior, se precisa que no es viable pronunciarse sobre las
modificaciones a la causa petendi que se busquen introducir con posterioridad a las
oportunidades establecidas en la ley25, es decir, la presentación de la demanda y el
término previsto para la reforma de la demanda26, en virtud del derecho fundamental al
debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con
los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones
planteadas en la contestación, con lo que se busca impedir que se sorprenda a las partes
con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso
del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio.

En el presente asunto, la parte actora solicitó la nulidad de las Resoluciones núms. 16
0108 de 10 de diciembre de 2012, 16 0020 de 27 de mayo de 2013 y 402 de 4 de marzo
de 2014, así como de la decisión de cierre del Liceo Central Francés adoptada el 25 de
julio de 2014. El Tribunal negó las pretensiones, al considerar que la irregularidad inicial
en el trámite de traslado y fusión fue subsanada, que la autorización concedida mediante
la Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011 estaba condicionada al cumplimiento
de determinados requisitos y que su incumplimiento justificó el retiro de dicha

25 Ley 1564 de 2012, artículo 117 “Los términos señalados en este código para la realización de los actos

procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición
en contrario”. Disposición aplicable de conformidad con la remisión expresa dispuesta en el artículo 306
de la Ley 1437 de 2011: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
26 Ley 1437 de 2011, artículo 173. “El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por

una sola vez, conforme a las siguientes reglas: // La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los
diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado
mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas
personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se
les correrá traslado por el término inicial. // La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las
pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas. // No podrá sustituirse la totalidad
de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas
pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad. // La reforma podrá integrarse en un solo
documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un
solo documento con la demanda inicial”.

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autorización y las medidas posteriores. Asimismo, calificó el cierre del establecimiento
como un acto de ejecución de las decisiones administrativas acusadas.

El apelante concretó sus motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia
en los siguientes aspectos: controvirtió la valoración de las pruebas sobre el
cumplimiento de las condiciones impuestas; afirmó que el fallo era contradictorio al
descartar la aplicación equivocada del Decreto 3433 de 2008, pese a reconocer que
inicialmente se confundió el traslado con la expedición de una nueva licencia; cuestionó
que la Secretaría de Educación Distrital hubiera revocado la Resolución núm. 16 0014
de 2011, pese a encontrarse en firme, sin obtener su consentimiento ni observar el
procedimiento de revocatoria directa; y sostuvo que el cierre no constituía un simple acto
de ejecución, pues no había sido ordenado expresamente y requería adelantar el
procedimiento sancionatorio correspondiente.

Antes de delimitar los asuntos por resolver, la Sala precisa que se abstendrá de
examinar, el argumento introducido en la apelación relativo a la desproporción de la
medida de cierre del establecimiento educativo por haberse expedido y notificado la
Resolución núm. 16 0108 de 2012 después de la renovación de matrículas y de la
celebración de los contratos para el año lectivo 2013, pues ese cuestionamiento no fue
planteado en la demanda y su incorporación supondría ampliar la causa petendi, en
desconocimiento del principio de congruencia y del derecho de defensa de la entidad
demandada.

En ese contexto, corresponde determinar si procede confirmar la sentencia que negó las
pretensiones o revocarla. Para tal efecto, la Sala examinará: (i) cuál era la situación
jurídica de los establecimientos involucrados y qué régimen resultaba aplicable a la
solicitud de traslado y fusión; (ii) cuál fue el alcance de la autorización otorgada mediante
la Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011 y si se acreditó el cumplimiento de
las exigencias impuestas en ella; (iii) si la Secretaría de Educación podía retirar esa
autorización por el incumplimiento de sus condiciones; y (iv) si el cierre y la colocación
de sellos constituyeron la ejecución de los actos acusados o requerían el agotamiento
de un procedimiento sancionatorio.

3.4. Análisis del caso

Para resolver los reparos formulados en la apelación, la Sala seguirá el siguiente orden:
(i) reseñará el material probatorio relevante para comprender el origen y la evolución de
la controversia; luego examinará, en acápites separados, los argumentos de la apelación
que se concretan en: (ii) la situación jurídica de los establecimientos involucrados y el
régimen aplicable a la solicitud de traslado y fusión; (iii) el alcance de la autorización
otorgada mediante la Resolución núm. 16 0014 de 15 de junio de 2011 y el cumplimiento
de las condiciones impuestas; (iv) la facultad de la Secretaría de Educación Distrital para
retirar esa autorización por su incumplimiento; y (v) la naturaleza del cierre y la
necesidad, o no, de agotar previamente el procedimiento sancionatorio.

(i) Hechos probados

En el expediente se encuentra acreditado que mediante las Resoluciones núms. 1470
de 21 de junio de 199527 y 393 de 28 de enero de 199728, la Secretaría de Educación
autorizó al Liceo Central Francés para iniciar labores en los grados sexto a noveno de

27 Samai, índice 46, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE 3454C867ABCD2B77

689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)”, págs. 543 – 544.
28 Ibidem, págs. 545 – 546.

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educación básica y décimo y undécimo de educación media, respectivamente, en la sede
ubicada en la carrera 5 P núm. 46-18 sur, en la ciudad de Bogotá. A través de la
Resolución núm. 394 de 28 de enero de 199729 aprobó los estudios correspondientes a
los grados sexto a noveno. Por su parte, las Resoluciones núms. 5163 de 25 de
noviembre de 199430 y 8112 de 23 de diciembre de 199831 concedieron licencia para la
iniciación de labores y su ampliación al Colegio El Zorzal, que funcionaba en la localidad
de Bosa.

El 25 de enero de 2010, el señor Carlos Alirio Ballén Pava, en su condición de propietario
y representante legal del Liceo Central Francés, informó a la Dirección Local de
Educación de Puente Aranda que el establecimiento se había trasladado a la carrera 53
G núm. 4 A-15, barrio Colón, debido, según manifestó, a la afectación de la sede anterior
por las obras de la fase III de Transmilenio32. Posteriormente, el 4 de febrero siguiente,
solicitó formalizar ese traslado y autorizar la fusión con el Colegio El Zorzal33.

Con el propósito de estudiar esa petición, la Dirección Local, a través de comunicación
de 2 de febrero34, reiterada el 26 de febrero35 y el 24 de marzo de 201036, requirió al
interesado para que aportara el número de identificación del DANE, los avances del
proyecto educativo institucional, el concepto de uso del suelo, un concepto sanitario
favorable y el permiso de ocupación. Mediante escrito de 9 de abril siguiente 37, el
interesado manifestó que allegaba el código DANE, los avances del proyecto educativo
institucional, un acta sanitaria y la solicitud del permiso de ocupación.

En desarrollo de esa actuación, la Dirección Local de Educación de Puente Aranda,
mediante el Memorando núm. 0031 de 2010, comisionó al señor José Olmedo Prieto
Chamizo, supervisor de educación adscrito a esa dependencia, para ejercer funciones
de inspección y vigilancia y verificar la nueva planta física dentro del trámite de
modificación de las licencias por traslado y fusión. En la visita practicada el 13 de mayo
de 2010, el funcionario constató que el establecimiento ya prestaba el servicio educativo
en la sede de Puente Aranda y emitió concepto desfavorable, al advertir que el plantel
no disponía de infraestructura administrativa ni de medios educativos y docentes
adecuados; tampoco presentó el estudio de población previsto en el proyecto educativo
institucional y sus proyecciones financieras no resultaban viables debido al reducido
número de estudiantes.

En particular, registró que los grados primero a tercero reunían seis estudiantes
atendidos por un solo docente; cuarto a sexto, nueve estudiantes bajo la dirección de
otro profesor; séptimo a noveno, diecinueve alumnos en el mismo salón, y décimo y
undécimo, cinco estudiantes en otra aula. Por ello, concluyó que el colegio no disponía
de «una infraestructura administrativa y unos medios educativos adecuados,
especialmente docentes, para cada uno de los grados» y que las proyecciones
presupuestales no eran viables. Así lo reportó38:

29 Ibidem, págs. 539 – 540.
30 Ibidem, págs. 539 – 540.
31 Ibidem, págs. 541 – 542.
32 Ibidem, págs. 537 – 538.
33 Ibidem, págs. 551 – 553.
34 Ibidem, pág. 550.
35 Ibidem, pág. 554.
36 Ibidem, pág. 556.
37 Ibidem, pág. 557.
38 Ibidem, págs. 559 – 575.

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1. El traslado del Liceo Central Francés y la fusión con el Colegio el Zorzal a la
localidad 16 de Puente Aranda es una situación de hecho, la solicitud de traslado
no se hizo con no menos de seis meses de antelación a la fecha de iniciación de
labores.

2. En visita de verificación de planta física en concordancia con el PEI se observó
qué:

2.1: El Colegio no dispone de una infraestructura administrativa y unos medios
educativos adecuados, especialmente docentes, para cada uno de los grados
y avances de su Proyecto Educativo Institucional en años anteriores.

2.2. El estudio de población objetivo a que va dirigido el servicio son requerimientos
educativos del PEl que no existen y en la visita los grados 1, 2 y 3 de básica primaria
están organizados con un solo docente y 6 estudiantes; los grados 4, 5 y 6 está
organizado con un solo docente y 9 estudiantes; los grados 7,8 y 9 en un mismo
salón de clases con 19 estudiantes; y los grados 10 y 11 en un mismo salón con 5
estudiantes.

2.3 Las proyecciones presupuestales y financieras no son viables por no tener
estudiantes suficientes para cada grado (negrillas fuera de texto).

Asimismo, durante la audiencia de pruebas celebrada en este proceso, el señor Prieto
Chamizo explicó que, en su condición de supervisor de educación comisionado por la
Dirección Local para verificar la planta física dentro del trámite de traslado y fusión,
encontró un inmueble anteriormente utilizado por otro colegio, con sectores desocupados
y en deficientes condiciones de mantenimiento; pocos estudiantes y docentes; ausencia
de laboratorios y sala de sistemas; y una biblioteca reducida. Agregó que no le fueron
exhibidos el proyecto educativo institucional, sus avances ni el concepto sanitario, razón
por la cual recomendó negar el traslado a esa dirección39.

Al responder las preguntas formuladas por el apoderado de la parte actora, precisó que
no examinó la documentación contable ni el presupuesto del establecimiento; no verificó
el contenido de la caja en la que, según le informaron, se encontraban los libros; tampoco
comprobó el funcionamiento de los equipos de cómputo y desconocía si, con
posterioridad a su visita, el Liceo había subsanado las deficiencias. Asimismo, reconoció
que su concepto no era vinculante y que la Dirección Local podía ordenar nuevas
verificaciones40.

Con fundamento en el concepto técnico desfavorable rendido por el supervisor Prieto
Chamizo. a partir de la visita de 13 de mayo de 2010, cuya conclusión fue incorporada a
la motivación del acto, la Dirección Local expidió la Resolución núm. 16 0018 de 4 de
junio de 2010 y negó para ese año la licencia de funcionamiento de la sede ubicada en
la localidad de Puente Aranda41. Contra esa decisión, el señor Ballén Pava interpuso
recurso de apelación y sostuvo que había solicitado el traslado y la fusión de
establecimientos previamente autorizados, no la expedición de una licencia nueva42.

39 Ibidem, 828 y 829; registro audiovisual de la audiencia de pruebas de 15 de febrero de 2016, min. 12:18

a 30:25.
40 Samai, índice 46, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE 3454C867ABCD2B77

689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)”, págs. 828 y 829;
registro audiovisual de la audiencia de pruebas de 15 de febrero de 2016, min. 30:41 a 35:30.
41 Ibidem, págs. 579 – 581.
42 Ibidem, págs. 583 – 590.

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Dentro del trámite del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 16
0018 de 2010, el Secretario de Educación, mediante Auto núm. 00605 de 20 de octubre
de 2010, decretó de oficio una visita administrativa y designó una comisión especial
integrada por un supervisor y un profesional del área financiera43. La diligencia,
practicada el 17 de noviembre siguiente, tenía por objeto verificar la infraestructura
administrativa y pedagógica, los medios educativos, los ciclos y grados ofrecidos, el
número de estudiantes y docentes, y las proyecciones presupuestales y financieras. En
ella se registraron noventa estudiantes y catorce docentes, aunque únicamente se
observaron los soportes de titulación de cinco de ellos. También se constató que el
establecimiento tenía ocho computadores -dos de ellos reportados en mantenimiento-,
no contaba con laboratorios propios y disponía de libros y materiales educativos que los
funcionarios consideraron insuficientes44.

El informe financiero señaló que la información suministrada estaba incompleta y que los
recursos provenientes de los costos educativos no permitían sostener el establecimiento.
Sin embargo, estimó que el aporte anual de $50.000.000 previsto en el convenio con la
Fundación Camino Verde le permitiría cubrir el presupuesto proyectado. Respecto de los
medios educativos, reiteró que eran insuficientes y que el funcionamiento de los
laboratorios dependía de su alquiler por conducto de dicha fundación 45.

Mediante la Resolución núm. 531 de 18 de febrero de 201146, la Secretaría de Educación
Distrital revocó la decisión inicial al advertir que la Dirección Local había tramitado la
solicitud como una nueva licencia, pese a que su objeto era el traslado y la fusión. Explicó
que el Liceo Central Francés ya contaba con las autorizaciones otorgadas mediante las
Resoluciones núms. 1470 de 1995, 393 y 394 de 1997 y que, por tanto, el procedimiento
aplicable era el previsto en el artículo 9 del Decreto 3433 de 2008, relativo a la
modificación del acto de licencia por cambio de sede y fusión. Aclaró, además, que para
ese trámite no se exigía presentar la solicitud con seis meses de antelación. En
consecuencia, revocó la negativa y ordenó a la Dirección Local pronunciarse sobre lo
efectivamente solicitado. Así lo dispuso en su parte resolutiva:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el artículo primero la resolución No 16 0018 del
04 de junio de 2010, en lo referente a la negación para el año 2010, de la licencia de
funcionamiento para la sede del LICEO CENTRAL FRANCES, ubicada en la Carrera
53G No 4 A - 15 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la dirección Local de Puente Aranda,
pronunciarse acerca de la solicitud de traslado de sede del Liceo Centra Frances y
fusión con el colegio el Zorzal de la Localidad de Bosa […].

En cumplimiento de esa decisión, la Dirección Local, mediante memorando de 12 de
mayo de 2011, remitió el expediente al señor José Hober Rodríguez Sánchez, supervisor
de educación adscrito a esa dependencia, y le ordenó practicar una visita para verificar
la nueva planta física y el cumplimiento de los requisitos normativos, en concordancia
con el proyecto educativo institucional. La diligencia se llevó a cabo el 16 de mayo
siguiente y dio lugar al concepto técnico pedagógico de 2 de junio de 2011 47. En el acta

43 Ibidem, págs. 594 – 596.
44 Ibidem, págs. 599 – 600.
45 Ibidem, págs. 601 – 602.
46 “Por la cual se resuelve el recurso de apelación contra la resolución No. 16 0018 del 04 de junio de 2010,

por medio de la cual se niega la licencia de funcionamiento para la sede del Establecimiento de Educación
Formal de naturaleza privada denominado LICEO CENTRAL FRANCES”, obrante en: ibidem, págs. 306 –
307.
47 Ibidem, págs. 614 – 616.

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se anotó que, aunque se encontraron once aulas, dependencias administrativas y
servicios sanitarios, el establecimiento «no cuenta con espacios, ni dotación, para:
biblioteca, sala de ayudas, laboratorios de ciencias naturales, física y/o química, sala de
informática, aula múltiple, canchas [y] gimnasio». Frente a ello, el representante legal
informó que tenía convenios con otras instituciones para utilizar esos servicios.

Con todo, el supervisor Rodríguez Sánchez emitió «CONCEPTO FAVORABLE para la
expedición del acto administrativo de autorización de funcionamiento por traslado» del
Liceo Central Francés a la sede de Puente Aranda y para autorizar su fusión con el
Colegio El Zorzal, precisando que, «dadas las condiciones actuales del plantel
educativo», debían cumplirse, en el menor tiempo posible y «no más allá del año lectivo
2011», las siguientes exigencias:

1) Nombramiento de un Rector que cumpla con los requisitos exigidos por las normas
vigentes (ver artículo 198 de la ley 115/1994).
2) Contar con Concepto Sanitario Favorable actualizado.
3) Certificación de Catastro por cambio de nomenclatura.
4) Adecuar espacios y dotarlos para los laboratorios de Ciencias Naturales, Química
y Física, ojalá organizándolos en un solo espacio multifuncionalidad.
5) Adecuar espacios, y dotarlos, para Sala de Sistemas.
6) Adecuar espacios para Recreación y Deportes, o en su defecto hacer convenio
con instituciones que los ofrezcan.

Por tanto, el concepto fue favorable a la expedición del acto de traslado y fusión, pero no
certificó que el establecimiento satisfaciera integralmente las condiciones verificadas.
Por el contrario, identificó deficiencias concretas y fijó como límite para superarlas la
terminación del año lectivo 2011.

Mediante comunicación de 31 de mayo de 2011, el señor Ballén Pava manifestó que
aportaba la hoja de vida del rector -sin contrato, porque ejercería el cargo como
propietario-, un concepto sanitario favorable, el certificado de tradición y libertad del
inmueble, el plan de prevención de emergencias y el convenio con la Fundación Camino
Verde48. Sin embargo, la evaluación posterior del plan de emergencias advirtió que no
estaban suficientemente definidas las funciones del comité escolar para la prevención de
emergencias y de las brigadas escolares; no se evidenciaba un análisis integral de
riesgos y vulnerabilidad ni la preparación de simulacros, por lo que el concepto técnico
pedagógico quedó en estado pendiente49.

Con fundamento en ese concepto, la Dirección Local expidió la Resolución núm. 16 0014
de 15 de junio de 2011, cuyo artículo primero autorizó, con fundamento en el artículo 9
del Decreto 3433 de 2008, el traslado del Liceo Central Francés a la carrera 53 G núm.
4 A-15 y su fusión con el Colegio El Zorzal. A su vez, el artículo segundo dispuso50:

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder un plazo no mayor al año lectivo 2011, el
cumplimiento de los siguientes requisitos 1) Nombramiento de un rector que cumpla
con los requisitos exigidos por las normas vigentes (artículo 198 de la Ley 115 de
1994). 2) Contar con conceptos sanitario favorable actualizado. 3) Certificación de
Catastro por cambio de nomenclatura. 4) Adecuar espacios, y dotarlos, para los
laboratorios de ciencias naturales, química, ojalá organizándolos en un solo espacio
multifuncional. 5) Adecuar espacios y dotarlos para la sala de sistemas. 6) Adecuar
espacios para recreación y deportes o en su defecto hacer convenio con otras
instituciones que lo ofrezcan (subrayas y negrillas fuera de texto).
48 Ibidem, pág. 618.
49 Ibidem, págs. 622 – 624.
50 Ibidem, págs. 625 – 628.

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De este modo, aunque el acto autorizó inmediatamente el traslado y la fusión, impuso al
establecimiento un plazo cierto para satisfacer los seis requerimientos que la supervisión
había considerado necesarios para la adecuada prestación del servicio.

Vencido ese plazo, la directora local de Educación de Puente Aranda, mediante
memorando de 24 de enero de 201251, ordenó al equipo de inspección y vigilancia
practicar una visita administrativa para verificar el cumplimiento de las seis condiciones
previstas en la Resolución núm. 16 0014 de 2011 y de las demás normas aplicables al
funcionamiento del establecimiento. La diligencia se realizó el 28 de febrero de 2012 y
en ella se dejó constancia de que el concepto sanitario continuaba siendo favorable; se
dio por aclarada la nomenclatura con el certificado catastral aportado durante la visita, y
se allegó un convenio con la junta de acción comunal del barrio Colón para la utilización
de espacios deportivos.

Sin embargo, en la visita se verificó, además, que el señor Edison Arias Celis fue
presentado como rector con fundamento en un «contrato de encargo de funciones de
rectoría y arrendamiento de servicios personales de carácter privado», sin que se hubiera
aportado su hoja de vida ni los soportes de formación; el laboratorio tenía un área
reducida, con capacidad aproximada para diez estudiantes y escasa dotación; la sala de
sistemas contaba con pocos computadores, sin servicio de internet ni ayudas virtuales;
varios grados eran atendidos simultáneamente en una misma aula y por un solo docente;
algunos salones carecían de tablero; la biblioteca no tenía suficientes textos actualizados
ni acceso a internet; el espacio de enfermería requería una mejor dotación; no se
prestaba el servicio de orientación; y la secretaría funcionaba en un espacio reducido y
sin los elementos necesarios.

Por lo anterior, el equipo de inspección y vigilancia emitió «CONCEPTO NO
FAVORABLE para la expedición del ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO DE
AUTORIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO del establecimiento de educación formal
denominado LICEO CENTRAL FRANCÉS en su plata física ubicada en la carrera 53 G
No. 4ª – 15» para conceder una autorización definitiva. Concluyó que «aún no se ha
cumplido a cabalidad con la mayoría» de los requerimientos y recomendó permitir el
funcionamiento durante 2012, condicionado a que fueran satisfechos antes de matricular
estudiantes para 2013.

Posteriormente, mediante el Memorando núm. 2012-400 de 18 de octubre de 2012, el
director local ordenó practicar una visita definitiva para establecer la situación jurídica del
establecimiento y verificar los asuntos pendientes identificados en la diligencia anterior.
La visita se llevó a cabo el 29 de octubre siguiente52. En esa ocasión, el señor Ballén
Pava se presentó como rector y aportó una hoja de vida sin anexos, en la que informó
que era abogado; también entregó un concepto sanitario favorable de 22 de agosto de
2012.

El equipo de inspección y vigilancia tuvo por cumplidos los asuntos sanitario y catastral
y por aclarado lo relacionado con los espacios recreativos y deportivos. En cuanto a los
aspectos pendientes, observó un espacio de aproximadamente cinco por dos metros
para almacenar los elementos del laboratorio, en el que encontró trece pipetas, dieciséis
tubos de ensayo, tres cajas de Petri, dos matraces pequeños, tres probetas, dos balones
de fondo plano, cuatro vasos de precipitados, seis embudos, cuatro goteros y un
telescopio didáctico. Al frente había un espacio abierto de siete por tres metros, con una

51 Ibidem, págs. 633 – 635.
52 Ibidem, págs. 642 – 644.

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mesa y doce sillas plásticas acumuladas, que, según el representante legal, se destinaba
a las prácticas.

Respecto de la sala de sistemas, se anotó que encontró al docente impartiendo clase
con un computador y un videobeam. Se informó que existían ocho equipos en
funcionamiento, pero ninguno tenía conexión a internet; los funcionarios dejaron
constancia de que los aparatos se observaban aparentemente desactualizados y de que
el aula carecía de iluminación natural.

El señor Ballén Pava reconoció que algunos estudiantes de diferentes grados habían
sido agrupados, pero sostuvo que aplicaba, por analogía, el modelo de escuela nueva
debido al reducido número de alumnos. Asimismo, manifestó que los elementos del
laboratorio resultaban proporcionales a la población matriculada y que la interrupción del
servicio de internet obedecía a trabajos temporales de ensamble y mantenimiento. Estas
observaciones quedaron consignadas en el acta, que fue suscrita por el representante
legal.

El 9 de noviembre de 201253, el equipo de inspección y vigilancia evaluó conjuntamente
las visitas de mayo de 2011, febrero de 2012 y octubre de ese año y emitió un concepto
técnico pedagógico, en el cual reconoció expresamente el cumplimiento de los
requerimientos sanitario y catastral y dio por aclarado lo relacionado con la recreación y
el deporte. No obstante, concluyó que continuaban incumplidos los requisitos relativos al
rector, los laboratorios y la sala de sistemas.

En relación con los laboratorios, consideró que el espacio y la dotación no satisfacían las
condiciones del artículo 46 del Decreto 1860 de 1994 ni los parámetros de la NTC 4595
sobre ambientes escolares. Frente a la sala de sistemas, señaló que no tenía equipos
suficientes y actualizados ni conexión a internet. También descartó la aplicación del
modelo de escuela nueva, por cuanto el Liceo estaba autorizado para prestar educación
formal, presencial y graduada y no reunía las características de una escuela rural
multigrado. En consecuencia, conceptuó que el establecimiento «a la fecha, no ha
cumplido a cabalidad con los requisitos exigidos mediante la Resolución No. 16-0014».

Con base en esas verificaciones, la Dirección Local expidió la Resolución núm. 16 0108
de 10 de diciembre de 201254, mediante la cual decidió no renovar «la licencia de
funcionamiento condicional» del Liceo Central Francés, reconocer los estudios cursados
durante 2012 y disponer que el Liceo no podría prestar el servicio a partir de 2013, so
pena de aplicar el artículo 20 del Decreto 907 de 1996, relativo al cierre inmediato de los
establecimientos que funcionaran sin licencia o reconocimiento oficial. Para sustentar su
decisión, invocó los artículos 67 y 68 de la Constitución Política, relativos a la inspección
y vigilancia estatal de la educación y a las condiciones legales para la creación y gestión
de establecimientos privados; los artículos 138 y 195 de la Ley 115 de 1994, que exigen
licencia, estructura administrativa, planta física, medios educativos adecuados y proyecto
educativo institucional, y someten los establecimientos privados a inspección y vigilancia;
los artículos 3, 4 y 6 del Decreto 3433 de 2008, sobre las modalidades de licencia, los
documentos que deben acompañar la solicitud y las causales para negarla; así como el
artículo 46 del Decreto 1860 de 1994 y la NTC 4595, en relación con la infraestructura y
los ambientes escolares.

Al descender al caso concreto, el acto tuvo por acreditado que, una vez vencido el plazo
otorgado en la Resolución núm. 16 0014, persistían deficiencias en la rectoría, los

53 Ibidem, págs. 648 – 650.
54 Ibidem, págs. 652 – 671.

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laboratorios y la sala de sistemas; además, consideró improcedente la agrupación de
grados bajo el modelo de escuela nueva. Señaló también que el establecimiento no había
presentado los avances del proyecto educativo institucional de 2011 y 2012, la
información sobre el gobierno escolar, el plan de emergencias y desastres ni la propuesta
de tarifas. A partir de esos hallazgos, estimó configuradas las causales enunciadas en
los literales b) a f) del artículo 6 del Decreto 3433 de 2008, relativas a la insuficiencia de
infraestructura y soportes pedagógicos; la falta de correspondencia de la propuesta con
los fines educativos; la ausencia de coherencia entre la población, la propuesta
pedagógica y los recursos; las deficiencias en el diseño del gobierno escolar; y la
inconsistencia de las proyecciones financieras.

La Dirección Local examinó, además, los antecedentes de las autorizaciones invocadas
por el interesado. Indicó que las Resoluciones núms. 5163 de 1994 y 8112 de 1998,
correspondientes al Colegio El Zorzal, habían sido canceladas mediante la Resolución
núm. 07-120 de 12 de noviembre de 2009 y que el cierre de ese establecimiento había
sido dispuesto a partir de enero de 2010. En cuanto a las Resoluciones núms. 1470 de
1995, 393 y 394 de 1997, precisó que fueron expedidas para la sede del Liceo Central
Francés en la localidad de Rafael Uribe Uribe y que el posterior trámite de traslado a San
Cristóbal había sido suspendido en 2001 por falta de los documentos requeridos. Con
fundamento en ello, consideró que esos actos no bastaban para legitimar la prestación
del servicio en la sede de Puente Aranda al margen de la autorización de traslado y de
las condiciones que esta contenía.

El señor Ballén Pava, en su condición de propietario y representante legal del Liceo
Central Francés, interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación55. En
lo que interesa a los asuntos que se debaten en esta instancia, sostuvo que las
Resoluciones núms. 1470 de 1995, 393 y 394 de 1997 continuaban vigentes y habían
sido reconocidas por la Resolución núm. 531 de 2011; por ello, afirmó que no podía
tratarse la autorización de traslado como una licencia condicional susceptible de
renovación. Añadió que la Resolución núm. 16 0014 autorizó el traslado y la fusión y
únicamente fijó un plazo para atender recomendaciones, sin condicionar ni limitar
temporalmente la licencia.

También controvirtió la valoración del incumplimiento. Alegó que reunía las condiciones
para desempeñarse como rector; que el laboratorio tenía un área y elementos
proporcionales al número de estudiantes; que la sala de sistemas disponía de ocho
computadores y servicio de internet, cuya interrupción era temporal, y que ninguna norma
fijaba la cantidad o calidad específica de los equipos. Defendió la agrupación de
estudiantes mediante la aplicación analógica del modelo de escuela nueva y sostuvo que
las actas y conceptos omitieron sus explicaciones. Finalmente, afirmó que la Resolución
núm. 16 0014 se encontraba en firme, gozaba de presunción de legalidad y no había
sido revocada, por lo que la decisión de «no renovar» una licencia condicional inexistente
estaba falsamente motivada y desconocía el debido proceso.

La reposición fue resuelta mediante la Resolución núm. 16 0020 de 27 de mayo de
201356, que confirmó la decisión y concedió la apelación. En ese acto administrativo la
Dirección Local reiteró que sus actuaciones se fundaban en las facultades de inspección
y vigilancia previstas en el artículo 195 de la Ley 115 de 1994 y en los Decretos 907 de
1996 y 3433 de 2008. Explicó que el error inicial advertido en la Resolución núm. 531 de
2011 había sido corregido mediante la Resolución núm. 16 0014, pero que ello no eximía
al establecimiento de cumplir las exigencias que esta última impuso.

55 Ibidem, págs. 672 – 686.
56 Ibidem, págs. 689 – 727.

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Frente a las pruebas, señaló que el acta de 29 de octubre de 2012 fue suscrita por el
señor Ballén Pava y que el concepto técnico pedagógico de 9 de noviembre siguiente
fue remitido al establecimiento. Consideró que el cumplimiento parcial no satisfacía las
condiciones impuestas y reiteró que el laboratorio no reunía los requerimientos de
espacio y dotación, que la sala de sistemas no acreditaba equipos suficientes,
actualizados y con acceso efectivo a internet, y que el modelo de escuela nueva no
resultaba aplicable a un plantel urbano autorizado para educación formal, presencial y
graduada. En relación con la rectoría, citó un concepto del Ministerio de Educación según
el cual esos cargos debían ser ejercidos por licenciados o por profesionales de
reconocida trayectoria en materia educativa y advirtió que el actor no había acreditado
esa experiencia.

La Dirección Local añadió que las autorizaciones anteriores no desvirtuaban los
incumplimientos ni habilitaban por sí solas la operación en Puente Aranda; incluso
sostuvo que no se encontraban vigentes para el traslado pretendido y remitió la actuación
a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que investigara específicamente ese
aspecto. Asimismo, estimó que la Resolución núm. 16 0014 había quedado en firme con
el plazo y las condiciones allí previstas, pues el interesado no la recurrió. Finalmente,
señaló que los derechos al trabajo y a la libertad de empresa no podían prevalecer sobre
el derecho de los niños a recibir una educación en condiciones de calidad.

Por medio de la Resolución núm. 402 de 4 de marzo de 201457, la Secretaría de
Educación Distrital revocó el artículo primero de la Resolución núm. 16 0108 de 2012,
por cuanto la Resolución núm. 16 0014 de 2011 no había otorgado formalmente una
«licencia condicional». En consecuencia, sustituyó aquella decisión por la de
«REVOCAR la Resolución No. 16 0014 del 15 de junio de 2011, dado el incumplimiento
ostensible» de las condiciones establecidas en su artículo segundo, a la vez que mantuvo
las disposiciones sobre el reconocimiento de los estudios de 2012 y la imposibilidad de
prestar el servicio desde 2013.

Como fundamento de la decisión, la Secretaría coincidió con la Dirección Local en que
las visitas y el concepto técnico pedagógico de 9 de noviembre de 2012 demostraban el
incumplimiento de las condiciones relativas a la rectoría, los laboratorios y la sala de
sistemas, y rechazó la aplicación del modelo de escuela nueva. Como consideración
adicional, señaló que una queja de 2 de marzo de 2012 indicaba que el Liceo continuaba
prestando servicios en la calle 30 C sur núm. 2-20, en la localidad de San Cristóbal, pese
a que la autorización de traslado se había concedido para la sede de Puente Aranda; a
partir de ello, estimó que no se había producido un traslado integral, sino la apertura o
conservación de otra sede sin autorización.

En cuanto a la naturaleza de la Resolución núm. 16 0014, la Secretaría introdujo una
fundamentación jurídica que no había sido desarrollada en los mismos términos por la
Dirección Local, por cuanto la calificó como un «acto condición», debido a que la
autorización estaba sujeta al cumplimiento de requisitos específicos dentro de un plazo
determinado. Con apoyo en la sentencia C-1078 de 2002 de la Corte Constitucional,
sostuvo que las autorizaciones para prestar servicios públicos son susceptibles de
modificación o revocatoria cuando cambian las circunstancias o lo exige el interés
general, sin que el titular pueda invocarlas para continuar prestando indefinidamente un
servicio deficiente. Sobre esa base, consideró que el incumplimiento ostensible de las
obligaciones previstas en el artículo segundo facultaba a la Administración para retirar la
autorización.
57 Ibidem, págs. 732 – 747.

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En este sentido, la Resolución núm. 402 no se limitó a reiterar la motivación de la
Dirección Local, pues, además de corregir la denominación jurídica de la medida,
sustentó el retiro de la autorización en la doctrina del acto condición y en la prevalencia
del interés general asociado a la calidad del servicio educativo, y agregó el hallazgo
relativo al funcionamiento en una sede distinta.

La Resolución núm. 402 fue notificada personalmente el 12 de mayo de 2014 y la
Dirección de Inspección y Vigilancia dejó constancia de su ejecutoria el día siguiente58.

Luego de ser notificado, el señor Carlos Alirio Ballén Pava promovió acción de tutela
contra la Secretaría de Educación Distrital y la Dirección Local de Educación de Puente
Aranda, radicada con el núm. 11001-40-03-011-2014-00900, en la cual invocó, entre
otros, sus derechos al trabajo y a la libertad de empresa. Mediante sentencia de 16 de
junio de 2014, el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá negó el amparo y sugirió a la
Secretaría de Educación Distrital gestionar las actuaciones necesarias para que los
estudiantes del Liceo Central Francés fueran trasladados a colegios distritales cercanos
a sus domicilios, que cumplieran las exigencias legales para garantizarles una educación
de calidad. La decisión fue comunicada a la Dirección Local el 20 de junio siguiente e
impugnada por el actor59.

El 24 de junio de 201460, la Dirección Local solicitó al alcalde de Puente Aranda
materializar el cierre y requirió al señor Ballén Pava para que entregara la relación de
estudiantes y los archivos académicos necesarios para gestionar su reubicación y
expedir las certificaciones correspondientes. La solicitud de cierre se sustentó en el
artículo tercero de la Resolución núm. 16 0108 de 2012, que había prohibido prestar el
servicio educativo desde 2013 y advertido sobre la aplicación del artículo 20 del Decreto
907 de 1996, disposición que fue mantenida por la Resolución núm. 402 de 2014. Por su
parte, la petición relacionada con los estudiantes también hizo referencia a la
recomendación formulada por el juez de tutela sobre su reubicación.

Antes de ejecutar la medida, el alcalde solicitó las constancias de ejecutoria de los actos
administrativos y una aclaración acerca de si el cierre debía cumplirse inmediatamente
o se encontraba supeditado a alguna decisión posterior61.

La Dirección Local y la Alcaldía convocaron a la comunidad educativa a una reunión
celebrada el 18 de julio de 2014, en la cual informaron sobre el cierre, el fallo de tutela
que había negado el amparo y las alternativas de reubicación de los estudiantes en
establecimientos públicos o privados62.

Finalmente, mediante acta de 25 de julio siguiente63, el alcalde local dejó constancia de
que, con fundamento en las Resoluciones núms. 16 0108 de 2012 y 402 de 2014 y en el
artículo 20 del Decreto 907 de 1996, procedía a materializar el cierre de funciones y a
colocar los sellos núms. 0052 y 0053 en las instalaciones del Liceo Central Francés. En
el acta también se reseñó el fallo de tutela y la sugerencia formulada para proteger la
continuidad educativa de los estudiantes.

58 Ibidem, pág. 753.
59 Así se desprende de los documentos obrantes en: ibidem, págs. 755, 758, 762 y 781.
60 Ibidem, págs. 757-758.
61 Ibidem, pág. 759.
62 Ibidem, pág. 773.
63 Ibidem, págs. 780-782.

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Como se observa, la sentencia de tutela no ordenó el cierre del establecimiento, pues la
determinación judicial se limitó a negar el amparo solicitado y a sugerir la adopción de
medidas para reubicar a los estudiantes. La clausura se sustentó en los actos
administrativos ejecutoriados y en el artículo 20 del Decreto 907 de 1996.

Posteriormente, mediante providencia de 13 de agosto de 2014, el Juzgado Veintinueve
Civil del Circuito de Bogotá confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Once Civil
Municipal. Esa decisión fue comunicada a la Dirección Local de Educación el 22 de
agosto siguiente, esto es, con posterioridad a la diligencia de cierre64.

Una vez reseñado el contexto de la controversia, la Sala procede a examinar cada uno
de los aspectos que son objeto de conocimiento en esta instancia.

(ii) La situación jurídica de los establecimientos involucrados y el régimen
aplicable a la solicitud de traslado y fusión

En la demanda, la parte actora sostuvo que el Liceo Central Francés contaba con licencia
de funcionamiento y aprobación de estudios de carácter indefinido, otorgadas mediante
las Resoluciones núms. 1470 de 1995, 393 y 394 de 1997. Explicó que solicitó el traslado
del establecimiento dentro del Distrito Capital, por lo cual el asunto debía tramitarse como
una modificación de la licencia, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 3433 de
2008, y no como una nueva licencia.

El Tribunal reconoció que la solicitud fue tramitada inicialmente de manera equivocada;
sin embargo, consideró que esa irregularidad fue subsanada mediante la Resolución
núm. 531 de 18 de febrero de 2011, que revocó la decisión inicial y ordenó resolver la
petición de traslado y fusión. Asimismo, concluyó que el artículo 9 del Decreto 3433 de
2008 fue observado y que no se desconocieron las autorizaciones anteriores, pues lo
retirado posteriormente fue la modificación que permitió el traslado y la fusión.

En la apelación, la parte actora afirmó que la sentencia era contradictoria porque, de una
parte, señaló que el traslado y la fusión no eran procedentes y, de otra, descartó la
aplicación equivocada del Decreto 3433 de 2008 con fundamento en que la solicitud
había sido resuelta favorablemente.

Para definir el marco jurídico aplicable a la controversia, conviene precisar que el artículo
6765 de la Constitución Política define la educación como un derecho y un servicio público
con función social y atribuye al Estado su regulación, inspección y vigilancia con el

64 Así se desprende del hecho 2.45 del informe remitido el 1 de octubre de 2014 por el director local de

educación 16 de Puente Aranda al jefe de la oficina asesora jurídica de la Secretaría de Educación sobre
el colegio Liceo Central Francés, obrante en: ibidem, págs. 806 – 826.
65 “ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura. // La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico
y para la protección del ambiente. // El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación,
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica. // La educación será gratuita en las instituciones del Estado,
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. // Corresponde al Estado
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo. // La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley”.

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propósito de velar por la calidad, el cumplimiento de sus fines y la adecuada formación
de los educandos. A su turno, el artículo 6866 superior autoriza a los particulares para
fundar establecimientos educativos, pero dispone que la ley establecerá las condiciones
para su creación y gestión.

En desarrollo de esos mandatos, el artículo 13867 de la Ley 115 de 1994⁠68 exige que todo
establecimiento educativo cuente con licencia de funcionamiento o reconocimiento
oficial, disponga de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos
adecuados, y ofrezca un proyecto educativo institucional. Los artículos 16869 y 19570
ibidem someten a los establecimientos privados a la inspección y vigilancia estatal, con
el fin de garantizar la calidad del proceso educativo y su sujeción a las prescripciones
constitucionales y legales.

66 “ARTÍCULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las

condiciones para su creación y gestión. // La comunidad educativa participará en la dirección de las
instituciones de educación. // La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. // Los padres de
familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos
del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. // Las <sic> integrantes de
los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. // La
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con
capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.
67 “ARTÍCULO 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Se entiende por

establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de
economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por
esta Ley. // El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: // a) Tener licencia de
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; // b) Disponer de una estructura administrativa, una
planta física y medios educativos adecuados, y // c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. // Los
establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la infraestructura administrativa y
soportes de la actividad pedagógica para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados de
educación básica. // El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de infraestructura,
pedagogía, administración, financiación y dirección que debe reunir el establecimiento educativo para la
prestación del servicio y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño.
// PARAGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y
teniendo en cuenta la infraestructura educativa actual, establecerá el programa y los plazos para que los
actuales establecimientos educativos se ajusten a lo dispuesto en este artículo. Cumplidos estos plazos,
no podrán existir establecimientos educativos que ofrezcan exclusivamente educación básica, en uno sólo
de sus ciclos de primaria o secundaria. // Mientras ofrezcan un nivel de educación de manera parcial,
deberán establecer convenios con otros establecimientos que desarrollen un proyecto educativo similar o
complementario, para garantizar la continuidad del proceso educativo de sus alumnos”.
68 «Por la cual se expide la ley general de educación».
69 “ARTÍCULO 168. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIÓN. En cumplimiento de la obligación

constitucional, el Estado ejercerá a través del Presidente de la República, la suprema inspección y
vigilancia de la Educación y velará por el cumplimiento de sus fines en los términos definidos en la presente
ley. Ejecutará esa función a través de un proceso de evaluación y un cuerpo técnico que apoye, fomente
y dignifique la educación. // Igualmente, velará y exigirá el cumplimiento de las disposiciones referentes a
áreas obligatorias y fundamentales, actividades curriculares y extracurriculares y demás requerimientos
fijados en la presente ley; adoptará las medidas necesarias que hagan posible la mejor formación ética,
moral, intelectual y física de los educandos, así como su acceso y permanencia en el servicio público
educativo. // El Presidente de la República o su delegado, en ejercicio de las funciones de inspección y
vigilancia, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 80 de la presente ley podrá
aplicar a los establecimientos educativos, previo el correspondiente proceso y cuando encuentre mérito
para ello, las sanciones de amonestación pública, suspensión o cancelación del reconocimiento oficial”.
70 “ARTÍCULO 195. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PRIVADOS. Los establecimientos educativos privados estarán sometidos a la suprema inspección y
vigilancia del Presidente de la República o de su delegado en los términos establecidos en la presente
Ley, con el fin de garantizar la calidad del proceso educativo y la sujeción de la educación a las
prescripciones constitucionales y legales”.

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Por su parte, el artículo 46 del Decreto 1860 de 199471⁠ aplicable a los establecimientos
privados que prestaban el servicio por niveles y grados, disponía que estos debían
contar, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, con áreas físicas y dotaciones
apropiadas para las labores administrativas y docentes, entre ellas biblioteca, espacios
para actividades artísticas y culturales, laboratorios, procesadores de datos y zonas para
educación física y deportes. El tenor literal de la norma es el siguiente:

Artículo 46º.- Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que presten el
servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su proyecto
educativo institucional, deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas
para el cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según los
requisitos mínimos que establezca el Ministerio de Educación Nacional, entre estas
deberán incluirse:

a) Biblioteca, de acuerdo con lo definido en el artículo 42 del presente Decreto;
b) Espacios suficientes para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y de
ejecución de proyectos pedagógicos;
c) Áreas físicas de experimentación dotadas con materiales y equipos de laboratorio,
procesadores de datos, equipos o herramientas para la ejecución de proyectos
pedagógicos, ayudas audiovisuales y similares, y
d) Espacios suficientes para el desarrollo de los programas de educación física y
deportes, así como los implementos de uso común para las prácticas.

Parágrafo.- Los establecimientos educativos privados que no cuenten con la totalidad
de la infraestructura prescrita, siguiendo lo dispuesto por el Ministerio de Educación
Nacional, podrán solicitar a las secretarías de educación de las entidades territoriales
un plazo no mayor de dos años para completarla en propiedad o uso por convenio
con terceros. El plazo se contará a partir de la fecha de iniciación de labores o de la
fecha del presente Decreto en el caso de los establecimientos que se encuentran ya
reconocidos. Las instituciones estatales dispondrán de los plazos que les fije el plan
de desarrollo de la entidad territorial donde se encuentren localizadas.

En relación con las licencias, los artículos 2 y 3 del Decreto 3433 de 2008⁠72 establecían
que la autorización debía identificar, entre otros aspectos, la ubicación de la planta física,
los niveles ofrecidos y las condiciones en las cuales podía prestarse el servicio. Aunque
el parágrafo 2 del artículo 3 preservó la vigencia de las licencias otorgadas con
anterioridad, agregó expresamente que cualquier modificación debía ajustarse al nuevo
decreto.

Artículo 2°. Licencia de funcionamiento. Licencia de funcionamiento es el acto
administrativo motivado de reconocimiento oficial por medio del cual la Secretaría de
Educación de una entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un
establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción. // Debe especificar el
nombre, razón social o denominación del propietario del establecimiento educativo,
quien será el titular de la licencia, Número de Identificación DANE y nombre completo
del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, niveles, ciclos y
modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede atender y
tarifas de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el primer año de
funcionamiento.

71 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos

generales».
72 «Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de funcionamiento para establecimientos

educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de
preescolar, básica y media».

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Artículo 3°. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento. La
Secretaría de Educación respectiva podrá otorgar la licencia de funcionamiento en la
modalidad definitiva, condicional o provisional, según el caso. Será expedida a
nombre del propietario, quien se entenderá autorizado para prestar el servicio en las
condiciones señaladas en el respectivo acto administrativo.

Es definitiva la licencia de funcionamiento que expide la Secretaría de Educación
competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo
Institucional (PEI), el concepto de uso del suelo, el concepto sanitario o acta de visita,
la licencia de construcción y el permiso de ocupación o acto de reconocimiento,
cuando se requiera. Esta licencia será concedida por tiempo indefinido, previa
verificación de los requisitos establecidos en el presente decreto y demás normas
que lo complementen o modifiquen.

Es condicional la licencia de funcionamiento que expide la Secretaría de Educación
competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo
Institucional (PEI), del concepto de uso del suelo y de la licencia de construcción o
acto de reconocimiento. El carácter condicional se mantendrá hasta tanto se
verifiquen los requisitos establecidos en el inciso anterior. Esta licencia será expedida
por 4 años, y podrá ser renovada por períodos anuales a solicitud del titular, siempre
que se demuestre que los requisitos adicionales para obtener la licencia en la
modalidad definitiva no han sido expedidos por la autoridad competente, por causas
imputables a esta.

Es provisional la licencia de funcionamiento que expide la Secretaría de Educación
competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y del concepto de uso del suelo.

Parágrafo 1°. El solicitante únicamente se entenderá autorizado a prestar el servicio
educativo con la licencia de funcionamiento expedida en la modalidad condicional o
definitiva. //Parágrafo 2°. Las licencias otorgadas de conformidad con las normas
anteriores a la expedición de este decreto conservarán su vigencia. No
obstante, cualquier modificación que se requiera deberá ajustarse a lo
dispuesto en este decreto” (subrayas y negrillas fuera de texto).

En concordancia con lo anterior, el artículo 9 ibidem dispuso que el cambio de sede
dentro de una misma entidad territorial certificada y la fusión de establecimientos
educativos requerían la modificación del acto que había concedido la licencia, para lo
cual el titular debía presentar la respectiva solicitud y anexar los soportes
correspondientes.

Artículo 9°. Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede dentro de la
misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes en la misma
jurisdicción, cambio de nombre del establecimiento educativo o del titular de la
licencia, ampliación o disminución de los niveles de educación ofrecidos, fusión de
dos o más establecimientos educativos, o una modificación estructural del PEI
que implique una modalidad de servicio distinto o en el carácter de la media,
requerirán una solicitud de modificación del acto administrativo mediante el
cual se otorgó la licencia de funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la
licencia presentará la solicitud, a la que anexará los soportes correspondientes […]
(subrayas y negrillas fuera de texto).

De esas disposiciones se desprende que la vigencia indefinida de una licencia anterior
no autorizaba al establecimiento para operar en cualquier inmueble o bajo condiciones
diferentes de aquellas que habían sido aprobadas. Por el contrario, el traslado y la fusión
exigían una modificación expresa, previa verificación de la planta física, los medios

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pedagógicos, la organización administrativa y las demás condiciones necesarias para
prestar adecuadamente el servicio.

En el caso concreto, la Sala encuentra que, tal como lo indicó el a quo, la irregularidad
inicial en el trámite de la solicitud fue corregida por la Secretaría de Educación Distrital
mediante la Resolución núm. 531 de 2011, por cuanto allí se reconoció que la petición
no estaba dirigida a obtener una nueva licencia y se ordenó a la Dirección Local
pronunciarse sobre el traslado y la fusión del Liceo Central Francés con el Colegio El
Zorzal. En cumplimiento de esa determinación, la Resolución núm. 16 0014 de 15 de
junio de 2011 autorizó el funcionamiento en la sede de Puente Aranda mediante el
traslado del Liceo Central Francés y fusión con el Colegio El Zorzal.

En consecuencia, no prospera el reparo relacionado con el régimen jurídico aplicable al
traslado y la fusión, por cuanto, si bien las licencias anteriores conservaron su vigencia,
lo cierto es que su modificación para que el Liceo Central Francés operara en la sede de
Puente Aranda y se fusionara con el Colegio El Zorzal debía sujetarse al Decreto 3433
de 2008. Como quedó probado, la Administración corrigió el trámite inicial y resolvió la
solicitud conforme a su artículo 9, sin desconocer las autorizaciones previamente
otorgadas.

(iii) El alcance de la autorización otorgada mediante la Resolución núm. 16 0014 de
2011 y el cumplimiento de sus condiciones

En la demanda, el actor sostuvo que atendió los requerimientos formulados durante la
visita de 16 de mayo de 2011 mediante los documentos aportados el día 31 siguiente y
que la posterior expedición de la Resolución núm. 16 0014 de 2011 demostraba su
cumplimiento. También afirmó que la Administración desconoció el concepto favorable
emitido en esa diligencia.

El Tribunal consideró que la autorización concedida mediante la Resolución núm. 16
0014 de 2011 quedó supeditada al cumplimiento, durante ese año lectivo, de las
exigencias previstas en su artículo segundo. Con fundamento en las visitas y los
conceptos técnicos practicados en 2012 y en el testimonio de José Olmedo Prieto
Chamizo, concluyó que varias de ellas no fueron satisfechas.

En la apelación, la parte actora controvirtió esa valoración probatoria. Insistió en que
había atendido el requerimiento con el memorial de 31 de mayo de 2011 y resaltó que la
autorización fue expedida después de esa actuación. También cuestionó el alcance
atribuido al testimonio del señor Prieto Chamizo, porque el funcionario no verificó la
situación financiera, la existencia de libros, el funcionamiento de los equipos de cómputo
ni los convenios relacionados con los espacios pedagógicos.

Conforme se advierte en el material probatorio, la autorización concedida mediante la
Resolución núm. 16 0014 de 2011 no certificó el cumplimiento definitivo de todos los
requisitos exigidos. En sus consideraciones, el propio acto consignó que la nueva planta
física no contaba con espacios ni dotación para biblioteca, sala de ayudas, laboratorios,
sala de informática, aula múltiple, canchas o gimnasio. Por esa razón, su artículo
segundo concedió un plazo no mayor al año lectivo 2011 para (i) nombrar un rector que
reuniera las exigencias legales; (ii) obtener concepto sanitario favorable actualizado; (iii)
aportar la certificación catastral; (iv) adecuar y dotar los laboratorios y la sala de sistemas;
y (v) disponer de espacios para recreación y deporte, directamente o mediante
convenios.

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Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

Por tanto, el concepto favorable de 16 de mayo de 2011 y la posterior expedición de la
autorización no demostraban, como lo sostiene el apelante, que las deficiencias hubieran
sido superadas. Por el contrario, esos documentos evidencian que la Administración
permitió el traslado, pero sometió su continuidad al cumplimiento posterior de
obligaciones concretas dentro de un plazo determinado.

El memorial de 31 de mayo de 2011 tampoco desvirtúa esa conclusión, pues, aunque
acredita que el interesado entregó algunos documentos solicitados durante la visita, no
demuestra que hubiera adecuado y dotado los espacios pedagógicos ni que, al finalizar
el año lectivo 2011, hubiera cumplido integralmente las condiciones incorporadas en la
resolución.

En efecto, durante la visita de 28 de febrero de 2012 se encontró que al contrato del
rector no se acompañó su hoja de vida ni los soportes correspondientes; el laboratorio
tenía un área reducida y escasa dotación; la sala de sistemas disponía de pocos equipos,
sin acceso a internet ni ayudas virtuales; algunos grados funcionaban simultáneamente
en una misma aula y bajo la dirección de un solo docente; la biblioteca carecía de
suficientes textos actualizados y conexión a internet, y no se contaba con servicio de
orientación.

Asimismo, la visita de 29 de octubre de 2012 permitió comprobar que se habían atendido
algunos requerimientos, por cuanto el actor aportó un concepto sanitario favorable, la
certificación catastral ya había sido entregada y existía un convenio para utilizar espacios
de recreación. No obstante, el laboratorio continuaba reducido a un espacio aproximado
de cinco por dos metros, con elementos limitados y sin capacidad suficiente para atender
a los estudiantes; la sala de sistemas contaba con ocho equipos en funcionamiento, pero
carecía de conexión a internet, y varios aparatos se encontraban aparentemente
desactualizados. El actor también reconoció que había agrupado estudiantes de distintos
grados bajo el modelo de escuela nueva, pese a que el establecimiento tenía autorizada
una modalidad formal, presencial y graduada.

Con fundamento en esas constataciones, el concepto técnico pedagógico de 9 de
noviembre de 2012 concluyó que el Liceo no había cumplido integralmente los requisitos
de la Resolución núm. 16 0014 de 2011. En particular, encontró insatisfechas las
obligaciones relativas a la adecuación y dotación de los laboratorios y de la sala de
sistemas, además de cuestionar la organización multigrado empleada por el plantel.

En cuanto al testimonio del señor José Olmedo Prieto Chamizo, la Sala advierte que el
declarante explicó que su intervención se circunscribió a las verificaciones practicadas
mientras se desempeñó como supervisor de educación de la Dirección Local, cargo del
que se retiró en junio de 2012. Indicó que en la visita de mayo de 2010 no le fueron
exhibidos el proyecto educativo institucional, sus avances ni el concepto sanitario y que
observó ausencia de laboratorios y sala de sistemas, así como una biblioteca reducida.
También integró el equipo que efectuó la visita de seguimiento de 28 de febrero de 2012.

No obstante, al responder las preguntas formuladas por el apoderado de la parte actora,
el testigo reconoció que no verificó el presupuesto del establecimiento, pues manifestó
que «el presupuesto, como presupuesto, no lo verifiqué» y explicó que su apreciación
sobre la inviabilidad económica se sustentó en el reducido número de estudiantes y en
su experiencia sobre el funcionamiento de los colegios. También admitió que no examinó
el contenido de la caja en la que, según se le informó, se encontraban los libros, ni
comprobó el funcionamiento de los equipos de cómputo.

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Asimismo, manifestó que desconocía si el Liceo había cumplido posteriormente los
requisitos, pues afirmó: «No sé, no tengo conocimiento», y, al ser interrogado
nuevamente sobre ese aspecto, respondió: «No, yo no sé, no recuerdo ni nada de eso.
Es que yo me retiré muy pronto». Finalmente, aclaró que su concepto «no era
obligatorio» y que el director local podía ordenar una o varias visitas adicionales si no
estaba de acuerdo con la verificación practicada73.

Por consiguiente, la declaración no permite establecer que las condiciones hubieran sido
satisfechas al finalizar el año 2012 ni desvirtúa las actas y los conceptos técnicos
posteriores, suscritos por otros funcionarios, conocidos por el representante legal y
fundados en verificaciones practicadas después del retiro del testigo.

En consecuencia, no prospera el reparo relacionado con el cumplimiento de los
requerimientos impuestos para el traslado y la fusión del Liceo Central Francés. Aunque
se acreditó la atención de las exigencias sanitaria y catastral y se aportó un convenio
para utilizar espacios de recreación y deporte, al finalizar las verificaciones de 2012
continuaban incumplidas las condiciones relativas a la idoneidad del rector y a la
adecuación y dotación de los laboratorios y de la sala de sistemas, expresamente
previstas en la Resolución núm. 16 0014 de 2011. Al lado de lo cual, ni el memorial de
31 de mayo de 2011 ni el testimonio de Prieto Chamizo demuestran lo contrario.

(iv) El retiro de la autorización de traslado y fusión

En la demanda, la parte actora sostuvo que la Resolución núm. 402 de 4 de marzo de
2014 era incongruente, porque revocó el artículo primero de la Resolución núm. 16 0108
de 2012 -que había dispuesto no renovar la licencia de funcionamiento condicional- y, a
continuación, lo sustituyó por una decisión que revocó la Resolución núm. 16 0014 de
2011 -que autorizó el traslado y fusión-. Agregó que este último acto era particular y
concreto, se encontraba ejecutoriado y no había sido recurrido, motivo por el cual no

73 Sobre este punto, a continuación, se transcriben los apartes relevantes de la declaración: “Apoderado

de la parte actora: «¿Sabe usted si el rector o el Liceo como tal cumplió los requisitos con posterioridad a
la fecha en que usted lo visitó?». Testigo: «No sé, no tengo conocimiento». Apoderado de la parte actora:
«En la visita que usted realizó al Liceo Central Francés, ¿verificó el presupuesto del colegio para verificar
si era viable económicamente?». Testigo: «El presupuesto, como presupuesto, no lo verifiqué, pero con la
rectora o el rector —es que no estoy, hace mucho tiempo— sí le pregunté: “¿Cómo hacen ustedes para
pagar maestros con cinco o diez estudiantes?”. Un colegio con cinco o diez estudiantes no funciona».
Apoderado de la parte actora: «¿Y es posible que, sin verificar documentación, presupuestos, ingresos,
gastos y todo el movimiento contable del colegio, se pueda determinar que no era viable económicamente
para funcionar?». Testigo: «Para lo que uno ve en la práctica, ya funcionando un colegio, de acuerdo a mi
experiencia, cómo funciona». Apoderado de la parte actora: «Mencionó usted que en la biblioteca había
una caja; no explicó el tamaño ni el contenido ni la forma de la caja. ¿Miró usted lo que contenía esa caja
en la biblioteca?». Testigo: «No, señor. Que estaban en traslado, que estaban trasladando las cosas, pero
yo no miré». Apoderado de la parte actora: «Usted dice que verificó también que había unos equipos de
cómputo, ¿verificó usted su funcionamiento?». Testigo: «Equipos de cómputo, no. Yo no recuerdo si existía
uno, dos o tres; eso sí no recuerdo». Apoderado de la parte actora: «¿El concepto que usted expidió es
vinculatorio para el director local para expedir el acto administrativo de decisión sobre el traslado?».
Testigo: «No. Es decir, en todos los cursos que nos daban a los supervisores de años atrás, ese concepto
no era obligatorio. El director de CADEL, el jefe de CADEL, él puede mandar otra visita si no está de
acuerdo con la que yo hice, y muchas veces mandan una, dos o tres visitas. No sé si mandaron más
visitas». Apoderado de la parte actora: «¿Pero no sabe si se verificó con posterioridad si el Liceo había
cumplido los requisitos?». Testigo: «No, yo no sé, no recuerdo ni nada de eso. Es que yo me retiré muy
pronto»”. Sobre su retiro, durante la diligencia manifestó: “Pregunta: «¿Nos podría, por favor, repetir la
fecha exacta de su desvinculación laboral? […] ¿O la época, mes y año, por favor?». Respuesta: «Junio
del año 2012»”. Ver. Samai, índice 46, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE
3454C867ABCD2B77 689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO
TRIBUNAL(.pdf)”, págs. 828 y 829; registro audiovisual de la audiencia de pruebas de 15 de febrero de
2016, min. 12:18 a 35:30.

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podía retirarse sin adelantar el procedimiento de revocatoria directa mediante la
obtención del consentimiento previo y expreso de su titular.

El Tribunal descartó esos reproches, por considerar que la Resolución núm. 402 de 2014
corrigió la impropiedad consistente en disponer la no renovación de una «licencia
condicional» que no había sido otorgada bajo esa modalidad y precisó que lo retirado
fue la autorización de traslado y fusión, debido al incumplimiento de las condiciones
establecidas en su artículo segundo. Por ello, estimó que no existía contradicción entre
esa sustitución y el mantenimiento de la prohibición de prestar el servicio educativo, ni
se había demostrado la vulneración del debido proceso.

En la apelación, el actor insistió en que la autorización constituía un acto particular y
concreto, expedido por otro funcionario, que se encontraba en firme y no había sido
impugnado. Por ello, sostuvo que la Secretaría de Educación Distrital no podía revocarlo
sin observar los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo y sin obtener su
consentimiento previo, expreso y escrito.

Sobre el particular, se precisa que el artículo 7374 del Código Contencioso Administrativo
– aplicable para el momento en que se inició el trámite75-, prohibía revocar un acto
administrativo que hubiera creado o reconocido una situación jurídica particular sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del titular. Si este no consentía y la
Administración considera que el acto era contrario al ordenamiento, debía demandarlo
ante la jurisdicción.

Esa regla estaba referida a la revocatoria directa propiamente dicha, es decir, al retiro de
un acto por circunstancias que comprometen su legalidad, conveniencia o conformidad
con el interés público. Este supuesto era distinto -y aún lo es bajo el CPACA- de aquel
en el cual la Administración pone fin a una autorización por hechos posteriores a su
expedición y por el incumplimiento de las condiciones que delimitan su ejercicio.

Sobre esa diferencia, esta Sección ha explicado que la «cancelación» de una licencia
por inobservancia de las condiciones en las cuales fue concedida no equivale a la
«revocatoria directa» de un derecho consolidado, pues mientras esta última recae sobre
el acto inicial, la cancelación se funda en el comportamiento posterior de su titular, quien
incumple los parámetros fijados para ejercer la actividad. Por ello, se ha calificado a las
licencias de funcionamiento como «actos de permiso condicionados al buen uso de
ellos», concluyendo que su retiro por incumplimiento no exige el consentimiento del
beneficiario. Así lo ha expresado en otras oportunidades la Sala76:

La Sala distingue entre la revocatoria de un acto particular y la cancelación de una
licencia de funcionamiento por haberse configurado alguna de las causales previstas
en las normas vigentes. Mientras que la revocación directa se da por oposición
manifiesta a la Constitución o a la ley, o porque el acto administrativo no está
conforme con el interés público o social o atenta contra él o porque causa agravio

74 “ARTÍCULO 73. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un

acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito
del respectivo titular. // Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación
del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente
que el acto ocurrió por medios ilegales”.
75 Por cuanto la actuación administrativa se inició con la solicitud de traslado y fusión presentada en febrero

de 2010, esto es, antes de que comenzara a regir el CPACA.
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de

septiembre de 2001, radicación n.° 08001-23-31-000-1994-08762-01(6898), C.P. Olga Inés Navarrete
Barrero.

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injustificado a una persona, en el caso de la cancelación de una licencia los motivos
que llevan a esa decisión no tienen que ver con el acto inicial en sí, sino con el
comportamiento posterior a su expedición, por parte del particular que incumple con
los parámetros fijados para su ejercicio.

Son pues dos situaciones esencialmente distintas que, por lo mismo, tienen un
tratamiento diferente. Mal podrían aplicarse los requisitos para la revocación directa
de actos particulares y concretos que supone el consentimiento escrito y expreso del
particular, en los casos de cancelación de licencias de funcionamiento por
inobservancia de las condiciones dentro de las que fue concedida. Las patentes de
funcionamiento son actos de permiso condicionados al buen uso de ellos; por lo tanto,
cuando se incurre en una de las causales señaladas en las normas de policía, se
revoca el permiso porque no se había creado una situación intangible.

En relación con la naturaleza de las autorizaciones administrativas, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-1078 de 200277, explicó que aquellas concedidas para
desarrollar una actividad prolongada en el tiempo se diferencian de las que habilitan la
realización de una operación determinada, pues la vigencia de las primeras se encuentra
supeditada a la persistencia de las condiciones consideradas al momento de su
otorgamiento. Agregó que tales autorizaciones no constituyen derechos adquiridos, sino
que sitúan a su titular en una situación legal y reglamentaria, definida por las normas que
regulan la respectiva actividad, razón por la cual corresponden al esquema de los
denominados «actos condición».

En ese contexto, la Corte admitió que la Administración puede modificar las condiciones
de la autorización o retirarla cuando sobrevengan cambios en las circunstancias que
justificaron su expedición o cuando así lo exija el interés general, dado que «se trata de
una actividad en la que resulta comprometido el interés general, [y] el derecho otorgado
es precario y temporal». No obstante, precisó que esa potestad no es arbitraria ni permite
desconocer injustificadamente la situación del titular, pues quien conserva las
condiciones objetivas y subjetivas requeridas para desarrollar la actividad tiene derecho
a que la habilitación o el permiso no le sean revocados sin justa causa o, cuando el retiro
obedezca exclusivamente a razones de oportunidad o conveniencia, sin la indemnización
correspondiente.

Si bien los pronunciamientos citados examinaron permisos y autorizaciones otorgados
en sectores distintos del educativo, su razón jurídica resulta aplicable al presente asunto,
pues las autorizaciones para desarrollar de manera continuada una actividad sometida
a regulación, inspección y vigilancia no confieren a su titular un derecho intangible a
ejercerla al margen de las condiciones legales y particulares que delimitan su ejercicio.
Esta consideración adquiere especial relevancia respecto de la educación, por tratarse
de un servicio público sujeto a la suprema inspección y vigilancia del Estado, cuya
prestación debe garantizarse en condiciones de calidad, de conformidad con el artículo
67 de la Constitución Política.

En el presente asunto, como quedó demostrado, la Resolución núm. 16 0014 de 2011
no otorgó una nueva licencia condicional en los términos del artículo 3 del Decreto 3433
de 2008, sino que, conforme a su artículo 9, autorizó la modificación de las licencias
existentes para permitir el traslado del Liceo Central Francés a la sede de Puente Aranda
y su fusión con el Colegio El Zorzal. Sin embargo, esa autorización no fue concedida de
manera incondicionada, pues su artículo segundo incorporó obligaciones concretas y
otorgó un plazo no mayor al año lectivo 2011 para satisfacerlas. En consecuencia,

77 Corte Constitucional, Sentencia C-1078 de 5 de diciembre de 2002, expediente D-4095, M. P. Rodrigo

Escobar Gil.

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aunque las licencias anteriores conservaron su vigencia, la posibilidad de operar en la
nueva sede y bajo la estructura resultante de la fusión quedó vinculada al cumplimiento
de las exigencias establecidas en aquel acto.

En efecto, se reitera que, en la parte motiva de la Resolución núm. 16 0014 de 2011 se
dejó constancia de que la planta física no contaba con espacios ni dotación para
biblioteca, sala de ayudas, laboratorios, sala de informática, aula múltiple, canchas o
gimnasio. Por ello, su artículo segundo dispuso:

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder un plazo no mayor al año lectivo 2011, [para] el
cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Nombramiento de un rector que cumpla
con los requisitos exigidos por las normas vigentes [...]. 2) Contar con concepto
sanitario favorable actualizado. 3) Certificación de Catastro por cambio de
nomenclatura. 4) Adecuar espacios, y dotarlos, para los laboratorios de ciencias
naturales, química [...]. 5) Adecuar espacios y dotarlos para la sala de sistemas. 6)
Adecuar espacios para recreación y deportes o en su defecto hacer convenio con
otras instituciones que lo ofrezcan.

Por esa razón, la Resolución núm. 16 0108 de 2012 incurrió en una imprecisión al decidir
«no renovar la licencia de funcionamiento condicional», sin embargo, la Secretaría de
Educación reconoció ese error al resolver la apelación y, mediante la Resolución núm.
402 de 2014, revocó el artículo primero del acto recurrido y lo sustituyó por el retiro de la
autorización de traslado y fusión, debido al «incumplimiento ostensible» de sus
condiciones.

En este punto, se advierte que la utilización del verbo «revocar» no determina por sí sola
la naturaleza jurídica de la medida, pues, para establecerla debe atenderse a sus
motivos, antecedentes y efectos. En este caso, la Secretaría no cuestionó la legalidad
originaria de la Resolución núm. 16 0014 de 2011 ni afirmó que hubiera sido expedida
con infracción del ordenamiento. Su decisión se fundó en hechos posteriores,
consistentes en (i) el vencimiento del plazo otorgado y (ii) la persistencia de las
deficiencias verificadas durante 2012. Por consiguiente, materialmente no se trató de
una «revocatoria directa» sometida al consentimiento previsto en el artículo 73 del CCA
– hoy 97 del CPACA-, sino del retiro de una autorización por incumplimiento de las
condiciones bajo las cuales podía ejercerse.

Tampoco se desconocieron las Resoluciones núms. 1470 de 1995, 393 y 394 de 1997,
por medio de las cuales se concedieron al Liceo Central Francés licencias de iniciación
de labores y aprobación de estudios, pues estos actos no fueron revocados por la
Resolución núm. 402 de 2014. Para la Sala, es claro que lo que perdió efectos fue la
modificación que permitía utilizar dichas autorizaciones en la sede de Puente Aranda y
bajo la estructura resultante de la fusión.

En efecto, conforme al artículo 2 del Decreto 3433 de 2008, la licencia debía identificar
la ubicación de la planta física y las condiciones autorizadas para prestar el servicio. A
su vez, el artículo 9 dispuso que el cambio de sede y la fusión requerían modificar
expresamente el acto que había otorgado la licencia. Por ello, la vigencia indefinida de
las autorizaciones iniciales no las hacía extensivas automáticamente a un inmueble
diferente ni a la institución resultante de la fusión, dado que para operar en Puente
Aranda se requería conservar la modificación concedida mediante la Resolución núm.
16 0014 de 2011.

La Sala tampoco encuentra vulnerado el derecho de defensa, pues, desde junio de 2011
el interesado conocía las obligaciones y el plazo para cumplirlas; posteriormente

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participó en las visitas de febrero y octubre de 2012, formuló observaciones, aportó
documentos y conoció los resultados de la inspección. Además, interpuso los recursos
de reposición y apelación contra la Resolución núm. 16 0108 de 2012, en los cuales
controvirtió el incumplimiento atribuido y alegó que la Resolución núm. 16 0014 de 2011
lo habilitaba para continuar prestando el servicio. En esas condiciones, la decisión
adoptada al resolver la apelación administrativa no introdujo un asunto extraño al debate,
sino que determinó el alcance y la subsistencia del acto que el propio recurrente invocó
como fundamento de su derecho y respecto del cual tuvo oportunidad efectiva de
defensa y contradicción.

Por lo anterior, el reparo no prospera, pues, la falta de consentimiento del actor no viciaba
la Resolución núm. 402 de 2014, toda vez que, la Administración no revocó un derecho
consolidado por razones inherentes a la legalidad del acto inicial, sino una autorización
de traslado y fusión cuyo ejercicio se encontraba condicionado y cuyas obligaciones
fueron incumplidas después de su expedición.

(v) El cierre del establecimiento y el procedimiento para disponerlo

En la demanda, el actor sostuvo que el cierre y la colocación de sellos carecieron de
fundamento, debido a que las Resoluciones núms. 16 0108 de 2012 y 402 de 2014 no
ordenaron expresamente esa medida. Asimismo, cuestionó la aplicación del artículo 20
del Decreto 907 de 199678, por considerar que regulaba el funcionamiento de
establecimientos sin licencia, supuesto que no correspondía al Liceo Central Francés.
Añadió que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento y que el fallo de
tutela invocado por las autoridades había sido impugnado.

El Tribunal consideró que la actuación del alcalde local de Puente Aranda constituyó un
acto de ejecución no susceptible de control judicial autónomo, por cuanto el artículo
tercero de la Resolución núm. 16 0108 de 2012, confirmado por la Resolución núm. 402
de 2014, dispuso que el establecimiento no podía prestar el servicio a partir de 2013, so
pena de aplicar el artículo 20 del Decreto 907 de 1996. De igual manera, explicó que los
fallos de tutela no afectaban la legalidad de los actos acusados y que su impugnación no
impedía el cumplimiento de la decisión de primera instancia.

El recurrente insistió en que el cierre no era un simple acto de ejecución y afirmó que la
Administración había convertido irregularmente el trámite de traslado en un
procedimiento sancionatorio, por lo que debieron aplicarse los artículos 14 y siguientes
del Decreto 907 de 199679, que contemplaban la adopción inicial de mecanismos de
asesoría y una escala de sanciones integrada por la amonestación, la suspensión y,
finalmente, la cancelación de la licencia.

Para resolver este cargo, conviene precisar que el artículo 43 del CPACA define como
definitivos los actos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen
imposible continuar la actuación. A partir de esa disposición, esta Corporación ha
explicado que los actos de ejecución se limitan a cumplir una decisión judicial o
administrativa anterior, sin crear, modificar o extinguir una situación jurídica distinta. Por

78 «Por el cual se reglamenta el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia del servicio público
educativo y se dictan otras disposiciones».
79 Aunque la demanda no citó expresamente los artículos 14 y siguientes del Decreto 907 de 1996, sí

sostuvo que el cierre constituyó una sanción impuesta sin observar el procedimiento correspondiente y
con desconocimiento del debido proceso. Por ello, la referencia normativa efectuada en la apelación
desarrolla el mismo reproche y no introduce una causa de nulidad autónoma, por lo que resulta procedente
su análisis en esta instancia.

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esa razón, carecen de control autónomo, salvo cuando exceden total o parcialmente lo
dispuesto en el acto ejecutado. En palabras de la Sala80:

En lo que guarda relación con los denominados actos de ejecución, que son aquellos
que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que
pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la
sentencia o acto ejecutado, es importante señalar que la jurisprudencia ha precisado
que es procedente el estudio de los mismos de forma excepcional cuando: i) la
decisión de la administración va más allá de lo ordenado por el juez y ii) crea, modifica
o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue
objeto de debate judicial.

Ahora bien, el Decreto 907 de 1996⁠ -aplicable al sub examine81- regulaba dos supuestos
diferentes. De una parte, sus artículos 14 a 19 establecían el régimen aplicable a las
infracciones cometidas por establecimientos autorizados. En este sentido, el artículo 14
disponía que, a partir de los resultados de la evaluación, la autoridad debía brindar
«asesoría y asistencia» para superar las deficiencias, establecer plazos de mejoramiento
e identificar las conductas contrarias al ordenamiento. El artículo 15 preveía que las
infracciones serían sancionadas sucesivamente, salvo que, por su gravedad o por
constituir abierto desacato, ameritaran la imposición directa de alguna de ellas, de
acuerdo con la siguiente escala: amonestación pública por primera vez; nueva
amonestación pública en caso de reincidencia; suspensión de la licencia hasta por seis
meses ante la tercera infracción; suspensión hasta por un año frente a la cuarta, y
cancelación de la licencia por la quinta. A su turno, el artículo 16 garantizaba la
oportunidad de presentar descargos y el artículo 22 exigía agotar los mecanismos de
apoyo y asesoría antes de iniciar el procedimiento sancionatorio.

De otra parte, el artículo 20 contemplaba un supuesto especial para la procedencia del
cierre inmediato del establecimiento, en los siguientes términos:

Artículo 20º.- Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que un
establecimiento privado de educación formal o no formal, funcione sin licencia de
funcionamiento o reconocimiento oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de
1994, la autoridad competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando cumpla
con tal requerimiento.

Esta disposición no regulaba la cancelación sancionatoria de una licencia vigente, sino
que establecía una medida inmediata destinada a impedir que continuara prestándose
el servicio en un establecimiento que carecía del acto habilitante exigido por la ley. Su
finalidad era restablecer el cumplimiento de un requisito indispensable para operar y no
castigar progresivamente una infracción cometida durante el ejercicio de una licencia.

Así las cosas, la diferencia se evidencia en los efectos de cada figura, puesto que, la
cancelación prevista en el artículo 15 constituía la última sanción dentro de una escala y
retiraba la licencia vigente; en cambio, el cierre del artículo 20 partía de la inexistencia
de autorización para operar, debía adoptarse de manera inmediata y se mantenía
únicamente «hasta cuando» el establecimiento cumpliera ese requisito. Por tanto, esta
última medida exigía comprobar la ausencia del título habilitante, pero no agotar
previamente las amonestaciones y suspensiones previstas para los establecimientos
autorizados.

80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 16 de junio de 2023,
radicación n.° 25000-23-24-000-2010-00500-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
81 Por cuanto se encontraba vigente cuando se expidieron las Resoluciones núms. 16 0108 de 2012 y 402

de 2014, así como al momento del cierre ocurrido el 25 de julio de 2014.

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En el caso concreto, el artículo tercero de la Resolución núm. 16 0108 de 2012 dispuso
expresamente:

ARTÍCULO TERCERO: El establecimiento educativo LICEO CENTRAL FRANCÉS,
No podrá prestar el servicio a partir del año 2013, so pena de ser aplicable lo
señalado en el artículo 20 del Decreto 907 de 1996 […]

Al resolver la apelación, la Resolución núm. 402 de 2014 revocó el artículo primero de
aquel acto y dispuso que, en su lugar, se retirara la autorización de traslado y fusión,
pero mantuvo expresamente la prohibición anterior:

ARTÍCULO SEGUNDO.- El artículo primero de la Resolución 16 0108 del 10 de
Diciembre de 2012 quedará así:

REVOCAR la Resolución No. 16 0014 del 15 de Junio de 2011, dado el
incumplimiento ostensible a las condiciones establecidas en el artículo segundo de
la misma Resolución y las cuales debía acatar el LICEO CENTRAL FRANCÉS en
un plazo no mayor al año lectivo 2011, tal y como quedó establecido en la parte
motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Los artículos segundo y tercero de la Resolución N. 16 0108
del 10 de Diciembre de 2012, se mantienen en todas sus partes.

La Resolución núm. 402 de 2014 fue notificada el 12 de mayo de 2014 y quedó
ejecutoriada el día siguiente82. Por consiguiente, para el 25 de julio de 2014, cuando se
materializó el cierre, el establecimiento carecía de autorización para prestar el servicio
educativo en la carrera 53 G núm. 4 A-15.

A esa conclusión no se opone la vigencia de las Resoluciones núms. 1470 de 1995, 393
y 394 de 1997, pues, las dos primeras concedieron licencias de iniciación de labores y
la última aprobó estudios para el Liceo Central Francés en la carrera 5 P núm. 46-18 sur,
en la localidad de Rafael Uribe Uribe; ninguna autorizaba su funcionamiento en Puente
Aranda. La única decisión que permitió operar en esta última sede fue la Resolución
núm. 16 0014 de 2011, cuyos efectos habían sido retirados. Además, las Resoluciones
núms. 5163 de 1994 y 8112 de 1998, correspondientes al Colegio El Zorzal en la carrera
61 sur núm. 100 B-12, habían sido canceladas mediante la Resolución núm. 07-120 de
12 de noviembre de 2009, ejecutoriada el 28 de diciembre siguiente. Por ello, tampoco
podían sustentar el funcionamiento de la institución fusionada en la sede de Puente
Aranda.

Así las cosas, no era aplicable la secuencia sancionatoria invocada por el apelante, pues,
se advierte que la Administración no canceló como sanción las licencias expedidas en
1995 y 1997, sino que impidió el funcionamiento de una sede que, tras el retiro de la
autorización de traslado y fusión, carecía del acto habilitante exigido por el artículo 138
de la Ley 115 de 199483. Por ende, esa situación correspondía al supuesto especial del
artículo 20 del Decreto 907 de 1996.

82 Samai, índice 46, documento electrónico con certificado 70B7C04308D87DDE 3454C867ABCD2B77

689F6B2A4D9CA921 935051085DD8B353 denominado “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)”, pág. 753.
83 “ARTÍCULO 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Se entiende por

establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de
economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por
esta Ley. // El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: // a) Tener licencia de
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial […]”.

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Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

Además, la actuación tampoco fue sorpresiva, pues, la Resolución núm. 16 0108 de 2012
había advertido desde su expedición que el establecimiento no podría operar a partir de
2013; el actor ejerció los recursos administrativos; la decisión definitiva fue notificada y
quedó ejecutoriada; se solicitó la relación de estudiantes para gestionar su reubicación;
y el 18 de julio de 2014, se informó a la comunidad educativa sobre la medida. Solo
después de esas actuaciones el alcalde local materializó el cierre y colocó los sellos
núms. 0052 y 0053.

Por tanto, la Sala comparte la conclusión del Tribunal según la cual el acta de 25 de julio
de 2014 constituyó esencialmente una actuación de ejecución, por cuanto las
Resoluciones núms. 16 0108 de 2012 y 402 de 2014 ya habían definido la situación
jurídica del establecimiento, al retirar la autorización que lo habilitaba para operar en
Puente Aranda, prohibir la prestación del servicio a partir de 2013 y señalar la
consecuencia aplicable si continuaba haciéndolo. En este sentido, el acta se limitó a
materializar esa determinación mediante el cierre y la colocación de sellos, sin introducir
una razón diferente ni extender sus efectos.

En todo caso, aun si se considerara que el acta contenía la orden formal de cierre exigida
por el artículo 20, tampoco habría lugar a anularla, puesto que la medida tenía
fundamento legal, fue adoptada después de comprobar que el establecimiento
continuaba funcionando sin autorización para esa sede y no excedió la consecuencia
prevista en las resoluciones ejecutoriadas.

Finalmente, se aclara que, la sentencia de tutela no constituyó el fundamento jurídico
determinante del cierre, toda vez que, la medida se apoyó en las resoluciones
administrativas y en el artículo 20 del Decreto 907 de 1996. Por ello, la circunstancia de
que el fallo de tutela hubiera sido impugnado no afectaba la competencia de las
autoridades para impedir la prestación del servicio sin la correspondiente autorización.

En consecuencia, tampoco prospera este reparo.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala concluye que: (i) la irregularidad inicial en el
trámite fue subsanada y la solicitud de traslado y fusión se resolvió conforme al artículo
9 del Decreto 3433 de 2008; (ii) las pruebas practicadas en 2012 demostraron que el
Liceo Central Francés no cumplió integralmente las condiciones previstas en la
Resolución núm. 16 0014 de 2011; (iii) el retiro de esa autorización obedeció a hechos
posteriores a su expedición y no constituyó una revocatoria directa que exigiera el
consentimiento del titular; y (iv) una vez retirada la autorización para operar en Puente
Aranda, resultaba procedente aplicar el cierre inmediato previsto en el artículo 20 del
Decreto 907 de 1996.

Por tanto, es claro que, tal y como lo puso de presente el Ministerio Público en la primera
instancia, aunque las licencias otorgadas con anterioridad al Decreto 3433 de 2008
conservaron su vigencia, no habilitaban al establecimiento para funcionar en cualquier
sede, pues su modificación por traslado y fusión debía someterse al régimen vigente y a
la verificación de las condiciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del
servicio educativo. Así, acreditadas las deficiencias en la infraestructura, los medios
pedagógicos, la dirección y la organización académica, la Administración estaba
facultada para impedir que el Liceo continuara funcionando en una sede que carecía de
autorización vigente y que no garantizaba las condiciones mínimas de calidad exigidas
para la protección de los derechos prevalentes de los estudiantes.

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Radicado: 25000-23-41-000-2015-00505-01
Demandante: Liceo Central Francés
Demandado: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación
Distrital – Dirección Local de Educación de Puente Aranda

Por consiguiente, los reparos formulados en la apelación no desvirtúan la legalidad de
los actos acusados, razón por la cual se confirmará la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda.

3.5. Costas84

La Sala no condenará en costas en esta instancia, comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del
CPACA85, en concordancia con el artículo 36586 del CGP, aplicable al caso por la
remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de junio de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por las razones
expuestas en este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

84 Es de anotar que, si bien en la primera instancia la parte actora fue condenada en costas, en la apelación

no se controvirtió dicha decisión.
85 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil. // En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
86 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

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