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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00500-01

Fecha
16 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00500-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, por cuanto el acto demandado no es susceptible de control judicial. En consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00500-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA,
POR CUANTO EL ACTO DEMANDADO NO ES SUSCEPTIBLE DE
CONTROL JUDICIAL. EN CONSECUENCIA, LA SALA SE INHIBE DE
PROFERIR SENTENCIA DE MÉRITO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto

por la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, contra la

sentencia de 3 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección

“C”, en Descongestión, por la cual se denegaron las pretensiones

de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

La sociedad CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, actuando

a través de apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del

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Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Código Contencioso Administrativo1, presentó demanda2 ante el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se

declare la nulidad de la Inscripción núm. 00112211 del Libro VIII

a nombre del establecimiento de comercio LA CORONA

OUTLET, con matrícula mercantil núm. 01313519 de 22 de

enero de 2010, relacionada con el registro de la orden judicial

de embargo de dicho establecimiento de comercio dada por el

Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá y, en consecuencia, solicita

se restablezcan sus derechos.

I.1- Pretensiones

La parte actora solicitó que se declare:

1. La nulidad de la Inscripción núm. 00112211 del Libro VIII a

nombre del establecimiento de comercio La Corona Outlet,

con matrícula mercantil núm. 01313519 de 22 de enero de 2010

y correspondiente al registro de la orden judicial de embargo de

dicho establecimiento de comercio emitida por el Juzgado 59

Civil Municipal de Bogotá.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se

restablezca el derecho de la CÁMARA DE COMERCIO DE

1
En adelante CCA.
2
Folio 1 al 11 del cuaderno núm. 1.

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Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ, en el sentido de volver la situación jurídica de dicho

establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET al estado en

que se encontraba antes del acto administrativo cuya nulidad se

solicita.

I.2. HECHOS

Como supuestos fácticos soporte de sus pretensiones, la parte

actora expuso, en síntesis, los siguientes:

1. Señaló que el 4 de octubre de 2003, se inscribió en el registro

mercantil de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ el

establecimiento de comercio denominado LA CORONA OUTLET

con número de matrícula mercantil 01313519.

2. Agregó que el día 21 de noviembre de 2008 la sociedad

GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA., mediante documento

registrado con el acto administrativo núm. 00172392 del Libro

VIII, cedió el establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET

a favor de la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A.

3. Indicó que con el acto administrativo 00112211 del Libro VIII

del registro mercantil, se inscribió, el 22 de enero de 2010, el

oficio núm. 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá,

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mediante el cual se ordenó el embargo del establecimiento de

comercio CALZADO LA CORONA OUTLET con matrícula

mercantil número 01313519, siendo el demandado en ese

proceso el GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.

4. Expresó que en el momento de inscribir el acto administrativo

mediante el cual se ordenó el embargo del establecimiento de

comercio CALZADO LA CORONA OUTLET, el demandado,

GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA., no era propietario de

dicho establecimiento de comercio, por lo que resulta necesario

revocar dicho registro.

I.3. Normas violadas y concepto de violación

La demandante estimó que con la inscripción del acto

administrativo acusado violó normas de orden legal como los

artículos 66, 69 y 149 del CCA; 554 y 681, numeral 1, del Código

de Procedimiento Civil 3 ; 19, 26, 27, 28 y 78 del Código de

Comercio; y el Decreto 2150 de 5 de diciembre de 19954.

Fundamentó la violación de las normas anteriormente

relacionadas, formulando en contra de los actos acusados los

siguientes cargos que, en síntesis, se concretan a lo siguiente:

3
En adelante C. de P.C.
4
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública”.

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Previamente señaló, en relación con la naturaleza de las

Cámaras de Comercio, que son entidades privadas que

desarrollan funciones públicas delegadas por el Estado y que por

mandato legal llevan el Registro Mercantil, el Registro de

Proponentes y el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.

I.3.1. Ilegalidad del acto administrativo cuestionado

Al respecto precisó que para analizar la ilegalidad o no del acto

administrativo de inscripción núm. 00112211 del Libro VIII del

establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET, hay que

tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 681 5 y 5546 del

Código de Procedimiento Civil.

Agregó que, según se desprende de dichas normas, para que

proceda el registro del embargo de bienes sujetos a registro, la

respectiva Cámara de Comercio deberá verificar si los bienes

cuyo embargo se solicita pertenecen al afectado con la medida;

y que, como ya se mencionó, el establecimiento de comercio LA

CORONA OUTLET, con matrícula mercantil 01313519, fue

vendido por la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.

a la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A., inscrita en el

5
Ibidem
6
Ibidem

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registro mercantil de dicho establecimiento el 21 de noviembre

de 2008.

Advirtió que cuando el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, a

través de oficio núm. 3772 de 19 de noviembre de 2009, solicitó

el registro del embargo del establecimiento de comercio con

matrícula comercial núm. 01313519 dentro del proceso

ejecutivo núm. 2009-1286, promovido por INVERSIONES

MARROQUÍ S.A. contra el GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO

LTDA., el demandado ya no era propietario de dicho

establecimiento de comercio por venta que le hizo a la sociedad

DINAMARCA LA CORONA S.A., por lo que la Cámara de

Comercio de Bogotá, al haber registrado el embargo el 22 de

enero de 2010, incumplió con una obligación legal, pues, de

acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 681 del C.

de P.C., debió abstenerse de inscribirlo en razón a que el bien

había salido del dominio de la sociedad afectada con la medida

cautelar.

Recordó que en el único caso en que se puede inscribir el

embargo de un bien sujeto a registro, aunque el demandado no

fuere su propietario, es cuando se trate de un ejecutivo con

garantía real, como lo dispone el artículo 554 del C. de P.C., y

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así lo precisó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad

parcial de dicha norma en sentencia C-798 de 16 de septiembre

de 20037.

I.3.2. Procedencia de la acción de lesividad

Sobre el particular, expuso que teniendo en cuenta lo dispuesto

por el inciso primero del artículo 149 del CCA, la legislación

colombiana permite que las entidades públicas o las que

desarrollen funciones delegadas por el Estado, puedan

demandar sus propios actos, acudiendo a la figura que

doctrinariamente se conoce como acción de lesividad, que

permite que la administración, en un término de caducidad de

dos años y sin perención del proceso, pueda demandar sus

propios actos y obtener el restablecimiento de derechos frente

actuaciones que son contrarias al ordenamiento jurídico, en

circunstancias especiales, como sucede en los casos en los que

se han configurado situaciones de carácter particular que

impiden la revocatoria de los actos administrativos, según lo

prevén los artículos 69 y s.s. del mismo texto, tal como lo ha

expresado el Consejo de Estado en sentencias de 31 de agosto 8

7
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-798 de 16 de septiembre de 2003, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, expedientes acumulados D-4496 y D-4503.

8
Consejo de Estado, Sección Primera, Subsección A, sentencia de 31 de agosto de 2006. C.P.
Jaime Moreno García, número único de radicación 2001-01060-02.

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y 12 de octubre de 20069.

I.4. Contestación de la demanda

La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, por conducto de

apoderada, contestó la demanda 10 , en el sentido de que se

declare la nulidad del acto administrativo de inscripción núm.

00112211 del Libro VIII a nombre del establecimiento de

comercio LA CORONA OUTLET con matrícula mercantil núm.

01313519 de 22 de enero de 2010, reiterando los argumentos

expuestos en la demanda.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “C”, en Descongestión, mediante sentencia de 16 de

abril de 2012 denegó las pretensiones de la demanda, para lo

cual argumentó lo siguiente:

Previo al análisis de los cargos planteados por la demandante,

el Tribunal señaló que el estudio de los mismos lo realizaría de

manera conjunta, por cuanto, de su lectura, podía inferirse que

estos se fundaban en la transgresión de iguales normas.

9
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de octubre de 2006. C.P. Rafael E. Ostau
Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2001-04207-01.
10
Folios 46 a 47 del cuaderno núm. 1.

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El Tribunal advirtió inicialmente que los embargos son medidas

decretadas por las autoridades judiciales o administrativas, que

afectan el derecho de dominio y limitan la propiedad de los

bienes, las cuales pueden adoptarse mientras se adelanta un

proceso.

Agregó que el embargo tiene como finalidad separar del

comercio el bien, despojando temporalmente de la facultad de

disposición que tiene el titular sobre los que son objeto de la

medida; y que con el embargo el demandante adquiere el

derecho de perseguir el pago de la obligación por parte del

deudor, mediante la venta obligada del bien.

Explicó que los efectos de tal medida, entre otros, son los

siguientes: i) que las propiedades embargadas quedan fuera del

comercio; ii) si se embarga el interés social o las cuotas de un

socio en una sociedad por personas, no se podrá registrar

ninguna transferencia o gravamen de dicho interés o reformar

la liquidación parcial de la sociedad que implique la exclusión del

socio o disminución de sus derechos; y iii) al embargar el

establecimiento de comercio no se puede registrar ningún otro

documento que implique la transferencia de la propiedad o la

cancelación de su matrícula.

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Seguidamente, consideró necesario revisar en el caso sub lite la

actuación surtida para llevar a cabo el registro impugnado y

determinar si el registrador de la Cámara de Comercio tenía la

obligación de abstenerse de efectuarlo, procediendo a describir

los elementos de juicio que obran como pruebas dentro del

expediente.

Recalcó que según el acervo probatorio el acto de registro

acusado se realizó en virtud de una orden judicial, por lo que

resultaba menester proceder a su inscripción como

efectivamente se hizo.

Al respecto, consideró conveniente traer a colación el artículo

554 del C. de P.C., en el cual se establece un imperativo para el

funcionario encargado del registro, aunque el demandado haya

dejado de ser el propietario del bien. Dicha norma es del

siguiente tenor:

“[…] PARÁGRAFO. <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El registrador
deberá inscribir el embargo, aunque el demandado haya
dejado de ser propietario del bien. Acreditado el
embargo, si el bien ya no pertenece al demandado, el
juez de oficio tendrá como sustituto al actual propietario
a quien se le notificará el mandamiento de pago […]”.

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En sustento de sus consideraciones, trajo a colación la sentencia

C-798 de 200311 de la Corte Constitucional.

De cara al mencionado pronunciamiento descartó que el acto de

la administración fuera ilegal, pese a que el establecimiento de

comercio “LA CORONA OUTLET” haya pasado a ser propiedad

de la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A., pues dicha

inscripción se realizó en cumplimiento de un deber legal

ordenado en una decisión judicial.

Concluyó que tal circunstancia hace que la respectiva medida

cautelar surta efectos frente a terceros solo a partir de la fecha

en que se inscribe, lo cual significa que si esto último no se

realiza la misma no vincula a terceros y, por ende, no se sacarían

los bienes del comercio, esto por cuanto solo al efectuarse el

registro se cambia el certificado de Cámara de Comercio

acreditándose las modificaciones correspondientes.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante, dentro del término legal, interpuso

recurso de apelación12 contra la sentencia de 3 de septiembre

de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de

11
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-798 de 16 de septiembre de 2003, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, expedientes acumulados D-4496 y D-4503.
12
Folio 100 a 106 del cuaderno núm. 1.

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Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en

Descongestión, por la cual se negaron las pretensiones de la

demanda.

En sustentó de su inconformidad con la sentencia de primera

instancia, la parte actora alegó, en síntesis, lo siguiente:

Cuestionó específicamente lo considerado por el Tribunal en el

sentido de que el acto de inscripción realizado por la CÁMARA

DE COMERCIO DE BOGOTÁ no era ilegal, pese a que el

establecimiento de comercio “LA CORONA OUTLET” habría

pasado a ser propiedad de la sociedad DINAMARCA LA

CORONA S.A., y de que dicha inscripción se realizó en

cumplimiento de un deber legal ordenado en una decisión

judicial.

Al respecto, señaló que las Cámaras de Comercio no pueden

registrar libros, actos o documentos sin el lleno de los requisitos

señalados en la ley para su inscripción, pues estarían poniendo

en riesgo la confianza de los administrados y la seguridad

jurídica en materia registral.

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Agregó que el registro de embargos ante las Cámaras de

Comercio debe observar lo previsto en el artículo 681 del C. de

P.C.; y que cuando se trate de ejecutivos con garantía real, lo

dispuesto en el parágrafo del artículo 554 ibidem, el cual hace

referencia a los procesos ejecutivos con garantía real o mixtos.

Que, en los primeros, se persiguen exclusivamente los bienes

gravados con prenda o hipoteca y, en los segundos, se persiguen

bienes adicionales a los gravados con prenda o hipoteca.

Precisó que la regla general para los embargos que deben

inscribirse en un registro público es la contenida en el numeral

primero del artículo 681 del C. de P.C., consistente en que el

registrador se abstendrá de inscribir los embargos que se

decreten sobre bienes que no pertenezcan al demandado y la

excepción es la prevista para el proceso ejecutivo con garantía

real, contenida en el artículo 554 ibidem.

Indicó que la posibilidad de inscribir un embargo, cuando el

demandado no sea el propietario actual, solo existe cuando el

embargo se refiere a los bienes gravados con derecho real, que

para el caso de las Cámaras de Comercio serán siempre

prendarios, dado que no se lleva en estas entidades el registro

de bienes susceptibles de ser hipotecados y el establecimiento

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de comercio LA CORONA OUTLET no había sido gravado con

prenda para garantizar alguna deuda adquirida por su anterior

propietario GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.

Afirmó que la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ al realizar

la inscripción del oficio 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de

Bogotá, con núm. 00112211 del Libro VIII del registro mercantil

de 22 de enero de 2010, incumplió con la obligación legal

contenida en el artículo 681 del C. de P.C., toda vez que debió

abstenerse de inscribir el embargo, pues el bien en esa fecha ya

no pertenecía a la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO

LTDA., afectada con la medida.

Anotó que la sentencia recurrida señaló que el acto de registro

referenciado se realizó en virtud de una orden judicial, por lo

que era un deber proceder a su inscripción, y fundamentó su

decisión en el artículo 544 del C. de P.C., que establece un

imperativo para el funcionario encargado del registro, aunque el

demandado haya dejado de ser el propietario del bien.

Aclaró que la norma con la que el a quo fundamentó la sentencia

recurrida, artículo 544 del C. de P.C., que regulaba la

“Realización especial de la garantía real”, fue modificada

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mediante el artículo 37 de la Ley 1395 de 12 de julio de 201013,

disposición que actualmente se encuentra derogada por el

artículo 626 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201214, Código

General del Proceso.

Concluyó que la sentencia recurrida se fundamentó en una

norma derogada, por lo que, conforme con los argumentos

planteados en el recurso, procedía la revocatoria de la sentencia

de 3 de septiembre de 2012, para dictar, en su lugar, la que en

derecho debía reemplazarla.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1.- Vencido el plazo para alegar, la parte actora solicitó

revocar la sentencia apelada, para lo cual reiteró los argumentos

expuestos en el recurso de alzada, en el sentido de que la

Cámara de Comercio de Bogotá cuando realizó la inscripción del

oficio 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, con núm.

00112211 del Libro VIII del registro mercantil de 22 de enero

de 2010, correspondiente al embargo del establecimiento de

comercio CALZADO LA CORONA OUTLET con matrícula

mercantil núm. 01313519, incumplió con la obligación legal

prevista en el artículo 681, numeral 1, del C. de P.C., pues debió

13
“Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
14
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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abstenerse de inscribir el embargo, dado que el bien para esa

fecha no pertenecía a la sociedad GRUPO INDUSTRIAL

MÓNACO LTDA., afectada con la medida.

IV.2.- Por su parte, el Ministerio Público, dentro de la

oportunidad concedida para alegar, guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES

El acto administrativo del cual se pretende su nulidad es la

“inscripción número 00112211 del Libro VIII a nombre del

establecimiento de Comercio LA CORONA OUTLET con

matrícula mercantil núm. 01313519 de fecha 22 de enero de

2010 y correspondiente al registro de la orden judicial de

embargo de dicho establecimiento de comercio dada por el

Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá”.

Previo a entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto

por la actora contra el fallo de primer grado, la Sala precisa lo

siguiente:

De los actos administrativos susceptibles de control

judicial

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Los actos administrativos objeto de control de legalidad por la

vía jurisdiccional son aquellos que ponen término a un

procedimiento administrativo. En ese sentido, el artículo 50 del

CCA señala que son actos definitivos los que decidan directa o

indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar

la actuación, es decir, aquellos que producen efectos jurídicos al

crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas.

Por su parte, los actos de trámite o preparatorios son aquellos

que dicta la administración para decidir posteriormente el fondo

del asunto, los cuales, en principio, no son objeto de control

judicial, salvo que hagan imposible la continuación del

procedimiento administrativo.

Ahora, el artículo 82 del CCA prevé:

“[…] ARTICULO 82. OBJETO DE LA JURISDICCION DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La jurisdicción
de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar
las controversias y litigios originados en la actividad de las
entidades públicas incluidas las sociedades de economía
mixta con capital público superior al 50% y de las personas
privadas que desempeñen funciones propias de los
distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de
Estado, los tribunales administrativos y los juzgados
administrativos de conformidad con la Constitución y la
ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias
que se originen en actos políticos o de Gobierno.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga
las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales

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adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, no tendrán control
jurisdiccional […]”.

El último inciso de la disposición transcrita incorpora, en parte,

uno de los más importantes derroteros de la jurisdicción

contencioso administrativo, cual es el relacionado con el hecho

de que la misma no controla las decisiones jurisdiccionales a

cargo de las autoridades allí indicadas ni la de los demás jueces

de la república, sino exclusivamente la concerniente a la función

administrativa que excepcionalmente ejercen, tal y como

también se desprende del artículo 83, ibidem, el cual establece:

“[…] ARTICULO 83. EXTENSION DEL CONTROL. La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los
actos administrativos, los hechos, las omisiones, las
operaciones administrativas y los contratos
administrativos y privados con cláusula de caducidad de
las entidades públicas y de las personas privadas que
ejerzan funciones administrativas, de conformidad con
este estatuto […]”.

A su turno, el artículo 84, ibidem, dispone que:

“[…] ARTICULO 84. ACCION DE NULIDAD. Toda
persona podrá solicitar por sí o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos
infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino
también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u
organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o

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mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los
profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las
circulares de servicio y de los actos de certificación y
registro […]”.

En lo que guarda relación con los denominados actos de

ejecución, que son aquellos que se limitan a dar cumplimiento a

una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse

que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la

sentencia o acto ejecutado, es importante señalar que la

jurisprudencia ha precisado que es procedente el estudio de los

mismos de forma excepcional cuando: i) la decisión de la

administración va más allá de lo ordenado por el juez y ii) crea,

modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el

Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial.

Esta Corporación ha precisado que los actos a través de los

cuales se hace efectiva una sentencia no son enjuiciables ante

la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante un

mecanismo de control de legalidad, pues son actos de

ejecución, es decir, no crean, extinguen o modifican una

situación particular, sino que hacen efectiva una orden impartida

por un Juez de la República. Sin embargo, en ocasiones se han

aceptado algunas excepciones, las cuales surgen del

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desconocimiento de la decisión judicial, en cuanto crean una

situación nueva. Así se ha sostenido en diferentes

pronunciamientos, como el que a continuación se cita:

“[…] Esta Corporación en relación con el enjuiciamiento de
los actos que se expiden para darle cumplimiento a una
decisión u orden judicial ha sido uniforme en señalar que
tales actos no son pasibles de los recursos en la vía
gubernativa ni de acciones judiciales, a menos que
desconozcan el alcance del fallo o creen situaciones
jurídicas nuevas o distintas que vayan en contravía de la
providencia que ejecutan 15 , lo cual no ocurre en este
asunto.”16

“De conformidad con los artículos 49 y 135 del Código
Contencioso Administrativo, los actos de ejecución, es
decir, aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una
decisión administrativa o judicial 17 , no son objeto de
control jurisdiccional, salvo que, como ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación 18 , desconozcan la
decisión o creen situaciones jurídicas nuevas o que vayan
en contravía de lo dispuesto…”19

“En este orden de ideas, se concluye que las
decisiones que expide la Administración como
resultado de un procedimiento administrativo o los
actos de trámite que hacen imposible la
continuación de esa actuación, son objeto de control
de legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa; de manera que los actos de
ejecución que se expiden en cumplimiento de una
decisión judicial o administrativa se encuentran
excluidos de dicho control, toda vez que a través de
ellos no se decide definitivamente una actuación y

15
Sobre el particular, ver entre otras las siguientes sentencias: de 9 de agosto de 1991 proferida
dentro del expediente radicado con el num.5934 (Sección Tercera, C.P. Dr. Julio César Uribe
Acosta); de 15 de agosto de 1996, dictada dentro del expediente núm.. 9932 (Sección Segunda,
C.P. Dr. Javier Díaz Bueno), y de 4 de septiembre de 1997, proferida en el proceso radicado con
el núm. 4598 (Sección Primera, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).
16
Sentencia de 19 de diciembre de 2005, C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA,
Radicación número: 25000-23-24-000-2004-00944-01.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de septiembre de 2002, exp. ACU-1486,
M.P. María Elena Giraldo Gómez.
18
Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 19 de diciembre de 2005, exp. 00944, M.P.
Rafael E. Ostau de Lafont Planeta.
19
Sentencia de noviembre 20 de 2008, Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ, Radicación
número: 25000-23-27- 000-2002-00692-01(16374).

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sólo se expiden en orden a materializar o ejecutar
esas decisiones.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha
aceptado una excepción según la cual los actos de
ejecución son demandables si la administración al
proferirlos se aparta del verdadero alcance de la
decisión, hasta el punto de que crear situaciones
jurídicas nuevas o distintas, no discutidas ni
definidas en el fallo […].”20(Destacado fuera de texto).

Asimismo, sobre el particular, en providencia de 29 de agosto

de 201921, la Sección Primera reiteró dicho criterio:

“[…] Igualmente, en sentencia de 15 de septiembre de
201522, esta Sala manifestó:

“[…] Nótese, sin embargo, que como se ha admitido
por la Corporación, si el “acto de ejecución”
excede, parcial o totalmente, lo dispuesto en la
sentencia o en el acto administrativo ejecutado,
es procedente ejercer control de legalidad frente
al mismo, a través de la pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho, al haberse creado,
modificado o extinguido una situación jurídica
diferente y, por ende, generarse un verdadero
acto administrativo, susceptible de control
jurisdiccional en aras de revisar su legalidad23[…]”.

Por su parte, la Sección Cuarta de esta Corporación en
fallo de 3 de agosto de 201624, señaló:

“[…] 3.2. De la naturaleza de los actos
administrativos demandados

20
Sentencia de julio 21 de 2011, Consejero ponente: GUSTAVO GOMEZ ARANGUREN, Radicación
número: 25000-23-25-000-2003-05142-01(1152-10)
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de
29 de agosto de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 08001-23-
33-000-2018-00588-01.
22
Expediente radicado bajo el nro. 2009-00116. Magistrado Ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés.
23
Auto del 15 de abril de 2010. Expediente radicado bajo el nro. 2008-00014-01. Magistrado
Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
24
Expediente radicado bajo el nro. 2011-00194-01.

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De acuerdo con los artículos 50 y 135 del CCA, los actos
administrativos que exteriorizan la voluntad de la
Administración para crear, modificar o extinguir una
situación jurídica concreta, como resultado de una
actuación administrativa, son demandables ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.

Dicho de otro modo, los actos definitivos que por sí
mismos generan efectos jurídicos, son susceptibles de
control de legalidad, junto con las decisiones que los
modifican o confirman. Los actos preparatorios, de
trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a
preparar, impulsar la actuación administrativa, o dar
cumplimiento a la decisión no son demandables. Por
excepción, los actos de trámite son demandables pero
cuando impiden que la actuación continúe25.

Sobre los denominados actos de ejecución, como el
tribunal calificó a las resoluciones demandadas, la Sala
ha precisado26:

«De acuerdo con lo anterior, únicamente las
decisiones de la Administración producto de la
conclusión de un procedimiento administrativo o
los actos que hacen imposible la continuación de
esa actuación, son susceptibles de control de
legalidad por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, lo que, dicho de otra
manera, significa que “los actos de ejecución de
una decisión administrativa o jurisdiccional se
encuentran excluidos de dicho control, toda vez
que a través de ellos no se decide definitivamente
una actuación, pues sólo son expedidos en orden
a materializar o ejecutar esas decisiones.

No obstante, esta Corporación ha admitido que si
el supuesto “acto de ejecución” excede, parcial o
totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el
acto administrativo ejecutado, es procedente
ejercer el medio de control de nulidad y de
restablecimiento, al haberse creado, modificado o
extinguido una situación jurídica diferente y, por
ende, al haberse generado un verdadero acto
administrativo susceptible del control de
legalidad […]»”

25
Sentencia del 29 de noviembre de 2012. Expediente radicado bajo el nro.2006-00107.
Magistrado ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
26
Auto del 26 de septiembre de 2013. Expediente radicado bajo el nro. 2013-00296. Magistrado ponente:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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En atención a lo señalado por esta Corporación, es
evidente que los actos de ejecución de una
providencia judicial, en principio, no pueden ser
demandados ante la jurisdicción contencioso
administrativa, debido a que no crean, extinguen
o modifican situación jurídica alguna,
simplemente se expiden con la finalidad de acatar
o hacer efectiva una orden judicial. No obstante,
como se advierte de los apartes jurisprudenciales
transcritos, excepcionalmente dichas decisiones
pueden ser susceptibles de control de legalidad en
la jurisdicción, cuando exceden la orden impartida
en la sentencia o la cumplen parcialmente, pues
en esos casos sí es posible que se produzca una
nueva situación jurídica concreta susceptible de
control por parte de un juez contencioso.
[…]

De conformidad con lo expuesto en líneas anteriores,
para la Sala es evidente que las anotaciones núms. 007
de 19 de diciembre de 2017 y 008 de 31 de enero de
2018 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Barranquilla, constituyen típicos actos
administrativos de ejecución de una sentencia
judicial y los mismos no se extralimitaron en el
cumplimiento de las órdenes judiciales que les
dieron origen, razón por la cual no crearon,
modificaron o extinguieron situación jurídica
alguna y de contera, no son susceptibles de
control jurisdiccional, tal y como reiteradamente lo
ha sostenido esta Corporación. […]” (Destacado fuera
de texto).

Con arreglo a las directrices legales y jurisprudenciales

reseñadas, se colige entonces que los actos objeto de control

por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo son:

1) los actos administrativos definitivos, es decir, aquellos que

crean, modifican o extinguen una situación jurídica

determinada, 2) aquellos actos administrativos que sin ser

definitivos hacen imposible continuar con la actuación y 3) los

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actos administrativos de ejecución cuando se cumpla con los

requisitos señalados anteriormente.

En el presente caso, la actora demanda la nulidad de su propio

acto relacionado con la inscripción núm. 00112211 del Libro VIII

del Registro Mercantil de 22 de enero de 2010, mediante la cual

se inscribe el embargo del establecimiento de comercio con

matrícula núm. 01313519, ordenado por el Juzgado 59 Civil

Municipal de Bogotá, a través de oficio 3772 de 19 de noviembre

de 2009, dentro del proceso ejecutivo núm. 2009-1286,

promovido por INVERSIONES MARROQUÍ S.A. contra el

GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.

El argumento central de la demandante consiste en que se

incumplió con la obligación legal contenida en el numeral 1 del

artículo 681 del C. de P.C., toda vez que debió abstenerse de

inscribir el embargo, en razón de que el bien en esa fecha ya no

pertenecía a la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO

LTDA., afectado con la medida, por haber sido vendido a la

sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A.

La Sala observa que la inscripción núm. 00112211 del Libro VIII

del registro mercantil de la CÁMARA DE COMERCIO DE

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25

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BOGOTÁ se realizó en aplicación de una medida cautelar de

embargo, decretada por el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá,

dentro del proceso ejecutivo núm. 2009-1286, en relación con

el establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET con

matrícula mercantil núm. 01313519, conforme a lo previsto en

los artículos 554 y 681 del C. de P.C., concordante con el

numeral 8 del artículo 8º del Decreto 410 de 1971 (Código de

Comercio).

En ese contexto, la Sala advierte que lo que en esta oportunidad

se demanda es precisamente un acto de ejecución de orden

judicial, con el objeto de dar cumplimiento a las directrices de

dicha orden, motivo por el cual no es objeto de control

jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

49 y 135 del CCA.

En efecto, del examen del contenido y alcance de la inscripción

demandada se tiene que a través de la misma se adopta una

medida preventiva dirigida a dar cabal cumplimiento al auto de

27 de octubre de 2009 del Juzgado 59 Civil Municipal 27 de

27 Visible a folio 24 del cuaderno núm. 1.

El oficio mediante el cual se comunicó a la Cámara de Comercio establece lo siguiente:

“[…] OFICIO No. 3772
Señores
CÁMARA DE COMERCIO
La ciudad

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26

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Bogotá, en cuanto se refiere al decreto del embargo del

establecimiento de comercio CALZADO LA CORONA OUTLET,

a fin de limitar el poder dispositivo del bien hasta la finalización

del proceso ejecutivo núm. 2009-1286, adelantado contra el

GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.

Precisamente, de ello da cuenta el Oficio núm. 3772 de 19 de

noviembre de 2009, suscrito por el Secretario del referido

Juzgado, en el cual se lee:

“[…]
JUZGADO CINCUENTA Y NUEVE CIVIL
MUNICIPAL

[…]
Señores
CÁMARA DE COMERCIO
La ciudad

REF: EJECUTIVO No. 2009-1286 de INVERSIONES
MARROQUÍ S.A. contra GRUPO INDUSTRIAL
MÓNACO LTDA.-

Comedidamente comunico a Usted que este Juzgado
por auto de fecha veintisiete (27) de Octubre del
año dos mil nueve (2009), proferido dentro del
citado proceso, ordenó oficiarle a fin de informarle
que se decretó el EMBARGO del
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO denominado
CALZADO LA CORONA OUTLET con Matricula No.
01313519.-

REF: EJECUTIVO No. 2009-1286 de INVERSIONES MARROQUÍ S.A. contra GRUPO INDUSTRIAL
MÓNACO LTDA.-
Comedidamente comunico a Usted que este Juzgado por auto de fecha veintisiete (27) de
Octubre del año dos mil nueve (2009), proferido dentro del citado proceso, ordenó oficiarle a fin
de informarle que se decretó el EMBARGO del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO denominado
CALZADO LA CORONA OUTLET con Matricula No. 01313519.-
En consecuencia, sírvanse proceder de conformidad, registrando dicha medida donde
corresponda. […]”.

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En consecuencia, sírvanse proceder de
conformidad, registrando dicha medida donde
corresponda.

Agradezco de antemano su colaboración.-

Cordialmente,
[…]
Secretario

[…]” (Destacado fuera de texto).

Como quedó visto, la jurisprudencia de esta Corporación, en

relación con el enjuiciamiento de los actos que se expiden para

darle cumplimiento a una decisión u orden judicial, ha sido

uniforme en señalar que tales actos no son susceptibles de los

recursos en la vía gubernativa ni de acciones judiciales, a menos

que desconozcan el alcance del fallo o creen situaciones jurídicas

nuevas o distintas que vayan en contravía de la providencia que

ejecutan28, lo cual no ocurre en este caso si se tiene en cuenta

que el acto administrativo acusado no excede o desborda la

orden impartida en la providencia de 27 de octubre de 2009, ni

la cumple parcialmente, ni crea una situación nueva o distinta

que vaya en contravía de la providencia que ejecuta.

28
Sobre el particular ver, entre otras, las siguientes sentencias: de 9 de agosto de 1991 proferida
dentro del expediente radicado con el num. 5934 (Sección Tercera, C.P. Julio César Uribe
Acosta); de 15 de agosto de 1996, dictada dentro del expediente núm. 9932 (Sección Segunda,
C.P. Javier Díaz Bueno), y de 4 de septiembre de 1997, proferida en el proceso radicado con el
núm. 4598 (Sección Primera, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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Para la Sala es evidente que la Cámara de Comercio de Bogotá

se limitó a cumplir lo ordenado por ese Despacho Judicial, esto

es, la inscripción núm. 0112211 del Libro VIII del Registro

Mercantil de 22 de enero de 2010, relacionada con el registro de

la orden judicial de embargo del establecimiento de comercio

denominado CALZADO LA CORONA OUTLET, con matrícula

núm. 01313519, conforme consta a folio 25.

Además de lo anterior, se advierte que en el presente asunto, la

actora fundamenta los cargos de la demanda en una

interpretación parcial del inciso segundo del numeral 1, del

artículo 681 del C. de P.C., que hace referencia a que si el bien

no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de

inscribir el embargo y así lo comunicará al juez; sin embargo,

omite tener en cuenta lo previsto seguidamente en la norma, en

el sentido de que si a pesar de que el bien ya no pertenece al

ejecutado, se registra la medida cautelar, corresponde al juez,

de oficio o a petición de parte, ordenar la cancelación de la

misma.

El texto del aludido precepto señala:

“[…] ARTÍCULO 681. EMBARGOS. Para efectuar los
embargos se procederá así:

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1. […].

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se
abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez;
si lo registra, éste de oficio o a petición de parte
ordenará la cancelación del embargo. […]”. (La Sala
destaca y subraya).

Como claramente se advierte de la citada disposición, prevé la

manera de solucionar situaciones como la planteada por la

demandante disponiendo que cuando a pesar de que el bien ya

no pertenece al ejecutado y se inscribe el embargo, debe ser el

juez que ordenó la medida cautelar quien la cancele, de oficio o

a solicitud de parte. Así las cosas, no resultaba procedente que

la actora procediera a demandar sus propios actos ante la

jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio

control de nulidad y restablecimiento del derecho en procura de

su nulidad.

Si bien la parte demandante argumenta en su recurso de

apelación que el a quo adoptó su decisión basado en una norma

derogada por el artículo 37 de la Ley 1395 de 12 de julio de

2010 y por el artículo 626 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012,

-Código General del Proceso-, lo cierto es que la misma sí estaba

vigente para cuando se produjo el acto de inscripción

cuestionado, el 22 de enero de 2010, lo cual enerva tal

argumento.

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La Sala concluye, entonces, que a través del acto de inscripción

demandado la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ no le

puso fin a una actuación administrativa, ni tampoco resolvió un

recurso en la vía gubernativa, sino que simplemente se limitó a

dar cumplimiento a una orden judicial, siendo por lo tanto un

acto de ejecución, no susceptible de ser enjuiciado a través de

la acción contencioso administrativa impetrada, teniendo en

cuenta, además, que la actuación judicial respectiva cuenta con

una regulación específica en el artículo 681 del C. de P.C., en

orden a solucionar el conflicto jurídico planteado en los cargos

de la demanda.

En el asunto examinado, se reitera, no existe la más leve

hesitación en cuanto a que el acto acusado estuvo directamente

determinado por la orden judicial de embargo que pretendió

materializar en el contexto de la norma procesal que gobierna el

tema, incluyendo el trámite a seguir frente a las eventualidades

que pueden suscitarse como la que precisamente ha sido

esgrimida en la demanda.

Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada para, en

su lugar, inhibirse de fallar de fondo las pretensiones de la

demanda habida cuenta que el acto administrativo acusado no

es susceptible de ser enjuiciado ante esta jurisdicción.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, por cuanto el acto

demandado no es susceptible de control judicial. En

consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 16 de junio

de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Aclara voto

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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