Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00500-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-24-000-2010-00500-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00500-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00500-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA,
POR CUANTO EL ACTO DEMANDADO NO ES SUSCEPTIBLE DE
CONTROL JUDICIAL. EN CONSECUENCIA, LA SALA SE INHIBE DE
PROFERIR SENTENCIA DE MÉRITO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, contra la
sentencia de 3 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“C”, en Descongestión, por la cual se denegaron las pretensiones
de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
La sociedad CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, actuando
a través de apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Código Contencioso Administrativo1, presentó demanda2 ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se
declare la nulidad de la Inscripción núm. 00112211 del Libro VIII
a nombre del establecimiento de comercio LA CORONA
OUTLET, con matrícula mercantil núm. 01313519 de 22 de
enero de 2010, relacionada con el registro de la orden judicial
de embargo de dicho establecimiento de comercio dada por el
Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá y, en consecuencia, solicita
se restablezcan sus derechos.
I.1- Pretensiones
La parte actora solicitó que se declare:
1. La nulidad de la Inscripción núm. 00112211 del Libro VIII a
nombre del establecimiento de comercio La Corona Outlet,
con matrícula mercantil núm. 01313519 de 22 de enero de 2010
y correspondiente al registro de la orden judicial de embargo de
dicho establecimiento de comercio emitida por el Juzgado 59
Civil Municipal de Bogotá.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se
restablezca el derecho de la CÁMARA DE COMERCIO DE
1
En adelante CCA.
2
Folio 1 al 11 del cuaderno núm. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ, en el sentido de volver la situación jurídica de dicho
establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET al estado en
que se encontraba antes del acto administrativo cuya nulidad se
solicita.
I.2. HECHOS
Como supuestos fácticos soporte de sus pretensiones, la parte
actora expuso, en síntesis, los siguientes:
1. Señaló que el 4 de octubre de 2003, se inscribió en el registro
mercantil de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ el
establecimiento de comercio denominado LA CORONA OUTLET
con número de matrícula mercantil 01313519.
2. Agregó que el día 21 de noviembre de 2008 la sociedad
GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA., mediante documento
registrado con el acto administrativo núm. 00172392 del Libro
VIII, cedió el establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET
a favor de la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A.
3. Indicó que con el acto administrativo 00112211 del Libro VIII
del registro mercantil, se inscribió, el 22 de enero de 2010, el
oficio núm. 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
mediante el cual se ordenó el embargo del establecimiento de
comercio CALZADO LA CORONA OUTLET con matrícula
mercantil número 01313519, siendo el demandado en ese
proceso el GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.
4. Expresó que en el momento de inscribir el acto administrativo
mediante el cual se ordenó el embargo del establecimiento de
comercio CALZADO LA CORONA OUTLET, el demandado,
GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA., no era propietario de
dicho establecimiento de comercio, por lo que resulta necesario
revocar dicho registro.
I.3. Normas violadas y concepto de violación
La demandante estimó que con la inscripción del acto
administrativo acusado violó normas de orden legal como los
artículos 66, 69 y 149 del CCA; 554 y 681, numeral 1, del Código
de Procedimiento Civil 3 ; 19, 26, 27, 28 y 78 del Código de
Comercio; y el Decreto 2150 de 5 de diciembre de 19954.
Fundamentó la violación de las normas anteriormente
relacionadas, formulando en contra de los actos acusados los
siguientes cargos que, en síntesis, se concretan a lo siguiente:
3
En adelante C. de P.C.
4
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Previamente señaló, en relación con la naturaleza de las
Cámaras de Comercio, que son entidades privadas que
desarrollan funciones públicas delegadas por el Estado y que por
mandato legal llevan el Registro Mercantil, el Registro de
Proponentes y el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
I.3.1. Ilegalidad del acto administrativo cuestionado
Al respecto precisó que para analizar la ilegalidad o no del acto
administrativo de inscripción núm. 00112211 del Libro VIII del
establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET, hay que
tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 681 5 y 5546 del
Código de Procedimiento Civil.
Agregó que, según se desprende de dichas normas, para que
proceda el registro del embargo de bienes sujetos a registro, la
respectiva Cámara de Comercio deberá verificar si los bienes
cuyo embargo se solicita pertenecen al afectado con la medida;
y que, como ya se mencionó, el establecimiento de comercio LA
CORONA OUTLET, con matrícula mercantil 01313519, fue
vendido por la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.
a la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A., inscrita en el
5
Ibidem
6
Ibidem
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
registro mercantil de dicho establecimiento el 21 de noviembre
de 2008.
Advirtió que cuando el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, a
través de oficio núm. 3772 de 19 de noviembre de 2009, solicitó
el registro del embargo del establecimiento de comercio con
matrícula comercial núm. 01313519 dentro del proceso
ejecutivo núm. 2009-1286, promovido por INVERSIONES
MARROQUÍ S.A. contra el GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO
LTDA., el demandado ya no era propietario de dicho
establecimiento de comercio por venta que le hizo a la sociedad
DINAMARCA LA CORONA S.A., por lo que la Cámara de
Comercio de Bogotá, al haber registrado el embargo el 22 de
enero de 2010, incumplió con una obligación legal, pues, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 681 del C.
de P.C., debió abstenerse de inscribirlo en razón a que el bien
había salido del dominio de la sociedad afectada con la medida
cautelar.
Recordó que en el único caso en que se puede inscribir el
embargo de un bien sujeto a registro, aunque el demandado no
fuere su propietario, es cuando se trate de un ejecutivo con
garantía real, como lo dispone el artículo 554 del C. de P.C., y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
así lo precisó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad
parcial de dicha norma en sentencia C-798 de 16 de septiembre
de 20037.
I.3.2. Procedencia de la acción de lesividad
Sobre el particular, expuso que teniendo en cuenta lo dispuesto
por el inciso primero del artículo 149 del CCA, la legislación
colombiana permite que las entidades públicas o las que
desarrollen funciones delegadas por el Estado, puedan
demandar sus propios actos, acudiendo a la figura que
doctrinariamente se conoce como acción de lesividad, que
permite que la administración, en un término de caducidad de
dos años y sin perención del proceso, pueda demandar sus
propios actos y obtener el restablecimiento de derechos frente
actuaciones que son contrarias al ordenamiento jurídico, en
circunstancias especiales, como sucede en los casos en los que
se han configurado situaciones de carácter particular que
impiden la revocatoria de los actos administrativos, según lo
prevén los artículos 69 y s.s. del mismo texto, tal como lo ha
expresado el Consejo de Estado en sentencias de 31 de agosto 8
7
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-798 de 16 de septiembre de 2003, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, expedientes acumulados D-4496 y D-4503.
8
Consejo de Estado, Sección Primera, Subsección A, sentencia de 31 de agosto de 2006. C.P.
Jaime Moreno García, número único de radicación 2001-01060-02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
y 12 de octubre de 20069.
I.4. Contestación de la demanda
La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, por conducto de
apoderada, contestó la demanda 10 , en el sentido de que se
declare la nulidad del acto administrativo de inscripción núm.
00112211 del Libro VIII a nombre del establecimiento de
comercio LA CORONA OUTLET con matrícula mercantil núm.
01313519 de 22 de enero de 2010, reiterando los argumentos
expuestos en la demanda.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C”, en Descongestión, mediante sentencia de 16 de
abril de 2012 denegó las pretensiones de la demanda, para lo
cual argumentó lo siguiente:
Previo al análisis de los cargos planteados por la demandante,
el Tribunal señaló que el estudio de los mismos lo realizaría de
manera conjunta, por cuanto, de su lectura, podía inferirse que
estos se fundaban en la transgresión de iguales normas.
9
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de octubre de 2006. C.P. Rafael E. Ostau
Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2001-04207-01.
10
Folios 46 a 47 del cuaderno núm. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
El Tribunal advirtió inicialmente que los embargos son medidas
decretadas por las autoridades judiciales o administrativas, que
afectan el derecho de dominio y limitan la propiedad de los
bienes, las cuales pueden adoptarse mientras se adelanta un
proceso.
Agregó que el embargo tiene como finalidad separar del
comercio el bien, despojando temporalmente de la facultad de
disposición que tiene el titular sobre los que son objeto de la
medida; y que con el embargo el demandante adquiere el
derecho de perseguir el pago de la obligación por parte del
deudor, mediante la venta obligada del bien.
Explicó que los efectos de tal medida, entre otros, son los
siguientes: i) que las propiedades embargadas quedan fuera del
comercio; ii) si se embarga el interés social o las cuotas de un
socio en una sociedad por personas, no se podrá registrar
ninguna transferencia o gravamen de dicho interés o reformar
la liquidación parcial de la sociedad que implique la exclusión del
socio o disminución de sus derechos; y iii) al embargar el
establecimiento de comercio no se puede registrar ningún otro
documento que implique la transferencia de la propiedad o la
cancelación de su matrícula.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Seguidamente, consideró necesario revisar en el caso sub lite la
actuación surtida para llevar a cabo el registro impugnado y
determinar si el registrador de la Cámara de Comercio tenía la
obligación de abstenerse de efectuarlo, procediendo a describir
los elementos de juicio que obran como pruebas dentro del
expediente.
Recalcó que según el acervo probatorio el acto de registro
acusado se realizó en virtud de una orden judicial, por lo que
resultaba menester proceder a su inscripción como
efectivamente se hizo.
Al respecto, consideró conveniente traer a colación el artículo
554 del C. de P.C., en el cual se establece un imperativo para el
funcionario encargado del registro, aunque el demandado haya
dejado de ser el propietario del bien. Dicha norma es del
siguiente tenor:
“[…] PARÁGRAFO. <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El registrador
deberá inscribir el embargo, aunque el demandado haya
dejado de ser propietario del bien. Acreditado el
embargo, si el bien ya no pertenece al demandado, el
juez de oficio tendrá como sustituto al actual propietario
a quien se le notificará el mandamiento de pago […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
En sustento de sus consideraciones, trajo a colación la sentencia
C-798 de 200311 de la Corte Constitucional.
De cara al mencionado pronunciamiento descartó que el acto de
la administración fuera ilegal, pese a que el establecimiento de
comercio “LA CORONA OUTLET” haya pasado a ser propiedad
de la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A., pues dicha
inscripción se realizó en cumplimiento de un deber legal
ordenado en una decisión judicial.
Concluyó que tal circunstancia hace que la respectiva medida
cautelar surta efectos frente a terceros solo a partir de la fecha
en que se inscribe, lo cual significa que si esto último no se
realiza la misma no vincula a terceros y, por ende, no se sacarían
los bienes del comercio, esto por cuanto solo al efectuarse el
registro se cambia el certificado de Cámara de Comercio
acreditándose las modificaciones correspondientes.
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante, dentro del término legal, interpuso
recurso de apelación12 contra la sentencia de 3 de septiembre
de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de
11
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-798 de 16 de septiembre de 2003, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, expedientes acumulados D-4496 y D-4503.
12
Folio 100 a 106 del cuaderno núm. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en
Descongestión, por la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
En sustentó de su inconformidad con la sentencia de primera
instancia, la parte actora alegó, en síntesis, lo siguiente:
Cuestionó específicamente lo considerado por el Tribunal en el
sentido de que el acto de inscripción realizado por la CÁMARA
DE COMERCIO DE BOGOTÁ no era ilegal, pese a que el
establecimiento de comercio “LA CORONA OUTLET” habría
pasado a ser propiedad de la sociedad DINAMARCA LA
CORONA S.A., y de que dicha inscripción se realizó en
cumplimiento de un deber legal ordenado en una decisión
judicial.
Al respecto, señaló que las Cámaras de Comercio no pueden
registrar libros, actos o documentos sin el lleno de los requisitos
señalados en la ley para su inscripción, pues estarían poniendo
en riesgo la confianza de los administrados y la seguridad
jurídica en materia registral.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Agregó que el registro de embargos ante las Cámaras de
Comercio debe observar lo previsto en el artículo 681 del C. de
P.C.; y que cuando se trate de ejecutivos con garantía real, lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 554 ibidem, el cual hace
referencia a los procesos ejecutivos con garantía real o mixtos.
Que, en los primeros, se persiguen exclusivamente los bienes
gravados con prenda o hipoteca y, en los segundos, se persiguen
bienes adicionales a los gravados con prenda o hipoteca.
Precisó que la regla general para los embargos que deben
inscribirse en un registro público es la contenida en el numeral
primero del artículo 681 del C. de P.C., consistente en que el
registrador se abstendrá de inscribir los embargos que se
decreten sobre bienes que no pertenezcan al demandado y la
excepción es la prevista para el proceso ejecutivo con garantía
real, contenida en el artículo 554 ibidem.
Indicó que la posibilidad de inscribir un embargo, cuando el
demandado no sea el propietario actual, solo existe cuando el
embargo se refiere a los bienes gravados con derecho real, que
para el caso de las Cámaras de Comercio serán siempre
prendarios, dado que no se lleva en estas entidades el registro
de bienes susceptibles de ser hipotecados y el establecimiento
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
de comercio LA CORONA OUTLET no había sido gravado con
prenda para garantizar alguna deuda adquirida por su anterior
propietario GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.
Afirmó que la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ al realizar
la inscripción del oficio 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de
Bogotá, con núm. 00112211 del Libro VIII del registro mercantil
de 22 de enero de 2010, incumplió con la obligación legal
contenida en el artículo 681 del C. de P.C., toda vez que debió
abstenerse de inscribir el embargo, pues el bien en esa fecha ya
no pertenecía a la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO
LTDA., afectada con la medida.
Anotó que la sentencia recurrida señaló que el acto de registro
referenciado se realizó en virtud de una orden judicial, por lo
que era un deber proceder a su inscripción, y fundamentó su
decisión en el artículo 544 del C. de P.C., que establece un
imperativo para el funcionario encargado del registro, aunque el
demandado haya dejado de ser el propietario del bien.
Aclaró que la norma con la que el a quo fundamentó la sentencia
recurrida, artículo 544 del C. de P.C., que regulaba la
“Realización especial de la garantía real”, fue modificada
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
mediante el artículo 37 de la Ley 1395 de 12 de julio de 201013,
disposición que actualmente se encuentra derogada por el
artículo 626 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201214, Código
General del Proceso.
Concluyó que la sentencia recurrida se fundamentó en una
norma derogada, por lo que, conforme con los argumentos
planteados en el recurso, procedía la revocatoria de la sentencia
de 3 de septiembre de 2012, para dictar, en su lugar, la que en
derecho debía reemplazarla.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
IV.1.- Vencido el plazo para alegar, la parte actora solicitó
revocar la sentencia apelada, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de alzada, en el sentido de que la
Cámara de Comercio de Bogotá cuando realizó la inscripción del
oficio 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, con núm.
00112211 del Libro VIII del registro mercantil de 22 de enero
de 2010, correspondiente al embargo del establecimiento de
comercio CALZADO LA CORONA OUTLET con matrícula
mercantil núm. 01313519, incumplió con la obligación legal
prevista en el artículo 681, numeral 1, del C. de P.C., pues debió
13
“Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
14
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
abstenerse de inscribir el embargo, dado que el bien para esa
fecha no pertenecía a la sociedad GRUPO INDUSTRIAL
MÓNACO LTDA., afectada con la medida.
IV.2.- Por su parte, el Ministerio Público, dentro de la
oportunidad concedida para alegar, guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES
El acto administrativo del cual se pretende su nulidad es la
“inscripción número 00112211 del Libro VIII a nombre del
establecimiento de Comercio LA CORONA OUTLET con
matrícula mercantil núm. 01313519 de fecha 22 de enero de
2010 y correspondiente al registro de la orden judicial de
embargo de dicho establecimiento de comercio dada por el
Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá”.
Previo a entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la actora contra el fallo de primer grado, la Sala precisa lo
siguiente:
De los actos administrativos susceptibles de control
judicial
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Los actos administrativos objeto de control de legalidad por la
vía jurisdiccional son aquellos que ponen término a un
procedimiento administrativo. En ese sentido, el artículo 50 del
CCA señala que son actos definitivos los que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar
la actuación, es decir, aquellos que producen efectos jurídicos al
crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas.
Por su parte, los actos de trámite o preparatorios son aquellos
que dicta la administración para decidir posteriormente el fondo
del asunto, los cuales, en principio, no son objeto de control
judicial, salvo que hagan imposible la continuación del
procedimiento administrativo.
Ahora, el artículo 82 del CCA prevé:
“[…] ARTICULO 82. OBJETO DE LA JURISDICCION DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La jurisdicción
de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar
las controversias y litigios originados en la actividad de las
entidades públicas incluidas las sociedades de economía
mixta con capital público superior al 50% y de las personas
privadas que desempeñen funciones propias de los
distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de
Estado, los tribunales administrativos y los juzgados
administrativos de conformidad con la Constitución y la
ley.
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias
que se originen en actos políticos o de Gobierno.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga
las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, no tendrán control
jurisdiccional […]”.
El último inciso de la disposición transcrita incorpora, en parte,
uno de los más importantes derroteros de la jurisdicción
contencioso administrativo, cual es el relacionado con el hecho
de que la misma no controla las decisiones jurisdiccionales a
cargo de las autoridades allí indicadas ni la de los demás jueces
de la república, sino exclusivamente la concerniente a la función
administrativa que excepcionalmente ejercen, tal y como
también se desprende del artículo 83, ibidem, el cual establece:
“[…] ARTICULO 83. EXTENSION DEL CONTROL. La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los
actos administrativos, los hechos, las omisiones, las
operaciones administrativas y los contratos
administrativos y privados con cláusula de caducidad de
las entidades públicas y de las personas privadas que
ejerzan funciones administrativas, de conformidad con
este estatuto […]”.
A su turno, el artículo 84, ibidem, dispone que:
“[…] ARTICULO 84. ACCION DE NULIDAD. Toda
persona podrá solicitar por sí o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos
infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino
también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u
organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los
profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las
circulares de servicio y de los actos de certificación y
registro […]”.
En lo que guarda relación con los denominados actos de
ejecución, que son aquellos que se limitan a dar cumplimiento a
una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse
que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la
sentencia o acto ejecutado, es importante señalar que la
jurisprudencia ha precisado que es procedente el estudio de los
mismos de forma excepcional cuando: i) la decisión de la
administración va más allá de lo ordenado por el juez y ii) crea,
modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el
Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial.
Esta Corporación ha precisado que los actos a través de los
cuales se hace efectiva una sentencia no son enjuiciables ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante un
mecanismo de control de legalidad, pues son actos de
ejecución, es decir, no crean, extinguen o modifican una
situación particular, sino que hacen efectiva una orden impartida
por un Juez de la República. Sin embargo, en ocasiones se han
aceptado algunas excepciones, las cuales surgen del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
desconocimiento de la decisión judicial, en cuanto crean una
situación nueva. Así se ha sostenido en diferentes
pronunciamientos, como el que a continuación se cita:
“[…] Esta Corporación en relación con el enjuiciamiento de
los actos que se expiden para darle cumplimiento a una
decisión u orden judicial ha sido uniforme en señalar que
tales actos no son pasibles de los recursos en la vía
gubernativa ni de acciones judiciales, a menos que
desconozcan el alcance del fallo o creen situaciones
jurídicas nuevas o distintas que vayan en contravía de la
providencia que ejecutan 15 , lo cual no ocurre en este
asunto.”16
“De conformidad con los artículos 49 y 135 del Código
Contencioso Administrativo, los actos de ejecución, es
decir, aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una
decisión administrativa o judicial 17 , no son objeto de
control jurisdiccional, salvo que, como ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación 18 , desconozcan la
decisión o creen situaciones jurídicas nuevas o que vayan
en contravía de lo dispuesto…”19
“En este orden de ideas, se concluye que las
decisiones que expide la Administración como
resultado de un procedimiento administrativo o los
actos de trámite que hacen imposible la
continuación de esa actuación, son objeto de control
de legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa; de manera que los actos de
ejecución que se expiden en cumplimiento de una
decisión judicial o administrativa se encuentran
excluidos de dicho control, toda vez que a través de
ellos no se decide definitivamente una actuación y
15
Sobre el particular, ver entre otras las siguientes sentencias: de 9 de agosto de 1991 proferida
dentro del expediente radicado con el num.5934 (Sección Tercera, C.P. Dr. Julio César Uribe
Acosta); de 15 de agosto de 1996, dictada dentro del expediente núm.. 9932 (Sección Segunda,
C.P. Dr. Javier Díaz Bueno), y de 4 de septiembre de 1997, proferida en el proceso radicado con
el núm. 4598 (Sección Primera, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).
16
Sentencia de 19 de diciembre de 2005, C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA,
Radicación número: 25000-23-24-000-2004-00944-01.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de septiembre de 2002, exp. ACU-1486,
M.P. María Elena Giraldo Gómez.
18
Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 19 de diciembre de 2005, exp. 00944, M.P.
Rafael E. Ostau de Lafont Planeta.
19
Sentencia de noviembre 20 de 2008, Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ, Radicación
número: 25000-23-27- 000-2002-00692-01(16374).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
sólo se expiden en orden a materializar o ejecutar
esas decisiones.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha
aceptado una excepción según la cual los actos de
ejecución son demandables si la administración al
proferirlos se aparta del verdadero alcance de la
decisión, hasta el punto de que crear situaciones
jurídicas nuevas o distintas, no discutidas ni
definidas en el fallo […].”20(Destacado fuera de texto).
Asimismo, sobre el particular, en providencia de 29 de agosto
de 201921, la Sección Primera reiteró dicho criterio:
“[…] Igualmente, en sentencia de 15 de septiembre de
201522, esta Sala manifestó:
“[…] Nótese, sin embargo, que como se ha admitido
por la Corporación, si el “acto de ejecución”
excede, parcial o totalmente, lo dispuesto en la
sentencia o en el acto administrativo ejecutado,
es procedente ejercer control de legalidad frente
al mismo, a través de la pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho, al haberse creado,
modificado o extinguido una situación jurídica
diferente y, por ende, generarse un verdadero
acto administrativo, susceptible de control
jurisdiccional en aras de revisar su legalidad23[…]”.
Por su parte, la Sección Cuarta de esta Corporación en
fallo de 3 de agosto de 201624, señaló:
“[…] 3.2. De la naturaleza de los actos
administrativos demandados
20
Sentencia de julio 21 de 2011, Consejero ponente: GUSTAVO GOMEZ ARANGUREN, Radicación
número: 25000-23-25-000-2003-05142-01(1152-10)
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de
29 de agosto de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 08001-23-
33-000-2018-00588-01.
22
Expediente radicado bajo el nro. 2009-00116. Magistrado Ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés.
23
Auto del 15 de abril de 2010. Expediente radicado bajo el nro. 2008-00014-01. Magistrado
Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
24
Expediente radicado bajo el nro. 2011-00194-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
De acuerdo con los artículos 50 y 135 del CCA, los actos
administrativos que exteriorizan la voluntad de la
Administración para crear, modificar o extinguir una
situación jurídica concreta, como resultado de una
actuación administrativa, son demandables ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.
Dicho de otro modo, los actos definitivos que por sí
mismos generan efectos jurídicos, son susceptibles de
control de legalidad, junto con las decisiones que los
modifican o confirman. Los actos preparatorios, de
trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a
preparar, impulsar la actuación administrativa, o dar
cumplimiento a la decisión no son demandables. Por
excepción, los actos de trámite son demandables pero
cuando impiden que la actuación continúe25.
Sobre los denominados actos de ejecución, como el
tribunal calificó a las resoluciones demandadas, la Sala
ha precisado26:
«De acuerdo con lo anterior, únicamente las
decisiones de la Administración producto de la
conclusión de un procedimiento administrativo o
los actos que hacen imposible la continuación de
esa actuación, son susceptibles de control de
legalidad por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, lo que, dicho de otra
manera, significa que “los actos de ejecución de
una decisión administrativa o jurisdiccional se
encuentran excluidos de dicho control, toda vez
que a través de ellos no se decide definitivamente
una actuación, pues sólo son expedidos en orden
a materializar o ejecutar esas decisiones.
No obstante, esta Corporación ha admitido que si
el supuesto “acto de ejecución” excede, parcial o
totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el
acto administrativo ejecutado, es procedente
ejercer el medio de control de nulidad y de
restablecimiento, al haberse creado, modificado o
extinguido una situación jurídica diferente y, por
ende, al haberse generado un verdadero acto
administrativo susceptible del control de
legalidad […]»”
25
Sentencia del 29 de noviembre de 2012. Expediente radicado bajo el nro.2006-00107.
Magistrado ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
26
Auto del 26 de septiembre de 2013. Expediente radicado bajo el nro. 2013-00296. Magistrado ponente:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
En atención a lo señalado por esta Corporación, es
evidente que los actos de ejecución de una
providencia judicial, en principio, no pueden ser
demandados ante la jurisdicción contencioso
administrativa, debido a que no crean, extinguen
o modifican situación jurídica alguna,
simplemente se expiden con la finalidad de acatar
o hacer efectiva una orden judicial. No obstante,
como se advierte de los apartes jurisprudenciales
transcritos, excepcionalmente dichas decisiones
pueden ser susceptibles de control de legalidad en
la jurisdicción, cuando exceden la orden impartida
en la sentencia o la cumplen parcialmente, pues
en esos casos sí es posible que se produzca una
nueva situación jurídica concreta susceptible de
control por parte de un juez contencioso.
[…]
De conformidad con lo expuesto en líneas anteriores,
para la Sala es evidente que las anotaciones núms. 007
de 19 de diciembre de 2017 y 008 de 31 de enero de
2018 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Barranquilla, constituyen típicos actos
administrativos de ejecución de una sentencia
judicial y los mismos no se extralimitaron en el
cumplimiento de las órdenes judiciales que les
dieron origen, razón por la cual no crearon,
modificaron o extinguieron situación jurídica
alguna y de contera, no son susceptibles de
control jurisdiccional, tal y como reiteradamente lo
ha sostenido esta Corporación. […]” (Destacado fuera
de texto).
Con arreglo a las directrices legales y jurisprudenciales
reseñadas, se colige entonces que los actos objeto de control
por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo son:
1) los actos administrativos definitivos, es decir, aquellos que
crean, modifican o extinguen una situación jurídica
determinada, 2) aquellos actos administrativos que sin ser
definitivos hacen imposible continuar con la actuación y 3) los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
actos administrativos de ejecución cuando se cumpla con los
requisitos señalados anteriormente.
En el presente caso, la actora demanda la nulidad de su propio
acto relacionado con la inscripción núm. 00112211 del Libro VIII
del Registro Mercantil de 22 de enero de 2010, mediante la cual
se inscribe el embargo del establecimiento de comercio con
matrícula núm. 01313519, ordenado por el Juzgado 59 Civil
Municipal de Bogotá, a través de oficio 3772 de 19 de noviembre
de 2009, dentro del proceso ejecutivo núm. 2009-1286,
promovido por INVERSIONES MARROQUÍ S.A. contra el
GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.
El argumento central de la demandante consiste en que se
incumplió con la obligación legal contenida en el numeral 1 del
artículo 681 del C. de P.C., toda vez que debió abstenerse de
inscribir el embargo, en razón de que el bien en esa fecha ya no
pertenecía a la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO
LTDA., afectado con la medida, por haber sido vendido a la
sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A.
La Sala observa que la inscripción núm. 00112211 del Libro VIII
del registro mercantil de la CÁMARA DE COMERCIO DE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ se realizó en aplicación de una medida cautelar de
embargo, decretada por el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá,
dentro del proceso ejecutivo núm. 2009-1286, en relación con
el establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET con
matrícula mercantil núm. 01313519, conforme a lo previsto en
los artículos 554 y 681 del C. de P.C., concordante con el
numeral 8 del artículo 8º del Decreto 410 de 1971 (Código de
Comercio).
En ese contexto, la Sala advierte que lo que en esta oportunidad
se demanda es precisamente un acto de ejecución de orden
judicial, con el objeto de dar cumplimiento a las directrices de
dicha orden, motivo por el cual no es objeto de control
jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49 y 135 del CCA.
En efecto, del examen del contenido y alcance de la inscripción
demandada se tiene que a través de la misma se adopta una
medida preventiva dirigida a dar cabal cumplimiento al auto de
27 de octubre de 2009 del Juzgado 59 Civil Municipal 27 de
27 Visible a folio 24 del cuaderno núm. 1.
El oficio mediante el cual se comunicó a la Cámara de Comercio establece lo siguiente:
“[…] OFICIO No. 3772
Señores
CÁMARA DE COMERCIO
La ciudad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Bogotá, en cuanto se refiere al decreto del embargo del
establecimiento de comercio CALZADO LA CORONA OUTLET,
a fin de limitar el poder dispositivo del bien hasta la finalización
del proceso ejecutivo núm. 2009-1286, adelantado contra el
GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.
Precisamente, de ello da cuenta el Oficio núm. 3772 de 19 de
noviembre de 2009, suscrito por el Secretario del referido
Juzgado, en el cual se lee:
“[…]
JUZGADO CINCUENTA Y NUEVE CIVIL
MUNICIPAL
[…]
Señores
CÁMARA DE COMERCIO
La ciudad
REF: EJECUTIVO No. 2009-1286 de INVERSIONES
MARROQUÍ S.A. contra GRUPO INDUSTRIAL
MÓNACO LTDA.-
Comedidamente comunico a Usted que este Juzgado
por auto de fecha veintisiete (27) de Octubre del
año dos mil nueve (2009), proferido dentro del
citado proceso, ordenó oficiarle a fin de informarle
que se decretó el EMBARGO del
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO denominado
CALZADO LA CORONA OUTLET con Matricula No.
01313519.-
REF: EJECUTIVO No. 2009-1286 de INVERSIONES MARROQUÍ S.A. contra GRUPO INDUSTRIAL
MÓNACO LTDA.-
Comedidamente comunico a Usted que este Juzgado por auto de fecha veintisiete (27) de
Octubre del año dos mil nueve (2009), proferido dentro del citado proceso, ordenó oficiarle a fin
de informarle que se decretó el EMBARGO del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO denominado
CALZADO LA CORONA OUTLET con Matricula No. 01313519.-
En consecuencia, sírvanse proceder de conformidad, registrando dicha medida donde
corresponda. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
En consecuencia, sírvanse proceder de
conformidad, registrando dicha medida donde
corresponda.
Agradezco de antemano su colaboración.-
Cordialmente,
[…]
Secretario
[…]” (Destacado fuera de texto).
Como quedó visto, la jurisprudencia de esta Corporación, en
relación con el enjuiciamiento de los actos que se expiden para
darle cumplimiento a una decisión u orden judicial, ha sido
uniforme en señalar que tales actos no son susceptibles de los
recursos en la vía gubernativa ni de acciones judiciales, a menos
que desconozcan el alcance del fallo o creen situaciones jurídicas
nuevas o distintas que vayan en contravía de la providencia que
ejecutan28, lo cual no ocurre en este caso si se tiene en cuenta
que el acto administrativo acusado no excede o desborda la
orden impartida en la providencia de 27 de octubre de 2009, ni
la cumple parcialmente, ni crea una situación nueva o distinta
que vaya en contravía de la providencia que ejecuta.
28
Sobre el particular ver, entre otras, las siguientes sentencias: de 9 de agosto de 1991 proferida
dentro del expediente radicado con el num. 5934 (Sección Tercera, C.P. Julio César Uribe
Acosta); de 15 de agosto de 1996, dictada dentro del expediente núm. 9932 (Sección Segunda,
C.P. Javier Díaz Bueno), y de 4 de septiembre de 1997, proferida en el proceso radicado con el
núm. 4598 (Sección Primera, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Para la Sala es evidente que la Cámara de Comercio de Bogotá
se limitó a cumplir lo ordenado por ese Despacho Judicial, esto
es, la inscripción núm. 0112211 del Libro VIII del Registro
Mercantil de 22 de enero de 2010, relacionada con el registro de
la orden judicial de embargo del establecimiento de comercio
denominado CALZADO LA CORONA OUTLET, con matrícula
núm. 01313519, conforme consta a folio 25.
Además de lo anterior, se advierte que en el presente asunto, la
actora fundamenta los cargos de la demanda en una
interpretación parcial del inciso segundo del numeral 1, del
artículo 681 del C. de P.C., que hace referencia a que si el bien
no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de
inscribir el embargo y así lo comunicará al juez; sin embargo,
omite tener en cuenta lo previsto seguidamente en la norma, en
el sentido de que si a pesar de que el bien ya no pertenece al
ejecutado, se registra la medida cautelar, corresponde al juez,
de oficio o a petición de parte, ordenar la cancelación de la
misma.
El texto del aludido precepto señala:
“[…] ARTÍCULO 681. EMBARGOS. Para efectuar los
embargos se procederá así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
1. […].
Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se
abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez;
si lo registra, éste de oficio o a petición de parte
ordenará la cancelación del embargo. […]”. (La Sala
destaca y subraya).
Como claramente se advierte de la citada disposición, prevé la
manera de solucionar situaciones como la planteada por la
demandante disponiendo que cuando a pesar de que el bien ya
no pertenece al ejecutado y se inscribe el embargo, debe ser el
juez que ordenó la medida cautelar quien la cancele, de oficio o
a solicitud de parte. Así las cosas, no resultaba procedente que
la actora procediera a demandar sus propios actos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio
control de nulidad y restablecimiento del derecho en procura de
su nulidad.
Si bien la parte demandante argumenta en su recurso de
apelación que el a quo adoptó su decisión basado en una norma
derogada por el artículo 37 de la Ley 1395 de 12 de julio de
2010 y por el artículo 626 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012,
-Código General del Proceso-, lo cierto es que la misma sí estaba
vigente para cuando se produjo el acto de inscripción
cuestionado, el 22 de enero de 2010, lo cual enerva tal
argumento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
La Sala concluye, entonces, que a través del acto de inscripción
demandado la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ no le
puso fin a una actuación administrativa, ni tampoco resolvió un
recurso en la vía gubernativa, sino que simplemente se limitó a
dar cumplimiento a una orden judicial, siendo por lo tanto un
acto de ejecución, no susceptible de ser enjuiciado a través de
la acción contencioso administrativa impetrada, teniendo en
cuenta, además, que la actuación judicial respectiva cuenta con
una regulación específica en el artículo 681 del C. de P.C., en
orden a solucionar el conflicto jurídico planteado en los cargos
de la demanda.
En el asunto examinado, se reitera, no existe la más leve
hesitación en cuanto a que el acto acusado estuvo directamente
determinado por la orden judicial de embargo que pretendió
materializar en el contexto de la norma procesal que gobierna el
tema, incluyendo el trámite a seguir frente a las eventualidades
que pueden suscitarse como la que precisamente ha sido
esgrimida en la demanda.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada para, en
su lugar, inhibirse de fallar de fondo las pretensiones de la
demanda habida cuenta que el acto administrativo acusado no
es susceptible de ser enjuiciado ante esta jurisdicción.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, por cuanto el acto
demandado no es susceptible de control judicial. En
consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 16 de junio
de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Aclara voto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01
Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.