RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-004-2016-00780-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-00780-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-00780-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo expuesto. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de acto no susceptible de control judicial, conforme la motivación contenida en este proveído. Segundo. CONDENAR en costas procesales en ambas instancias a la parte demandante, por las razones puestas en consideración. Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-004-2016-00780-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)
Demandante: Fernando Sigifredo Villarreal Domínguez
Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, departamento del
Valle del Cauca – Secretaría de Salud departamental, municipio de
Palmira y E.S.E Hospital San Vicente de Paul Liquidada
representada por la fiduciaria La Previsora S.A. -en adelante
FIDUPREVISORA S.A.-

Tema: Intereses moratorios por Sentencia judicial. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

1. El señor Fernando Sigifredo Villarreal Domínguez instauró demanda en contra
de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, departamento del Valle
del Cauca – Secretaría de Salud departamental, municipio de Palmira y E.S.E
Hospital San Vicente de Paul Liquidada representada por FIDUPREVISORA S.A.,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de los Oficios 995 del 10 de abril de 2015 y 1051 del 14
de mayo de la misma anualidad por medio de los cuales se omitió reconocer el pago
de los intereses moratorios conforme lo establecido en los artículos 176, 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984- derivados de la orden
impartida en sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito de Cali el 5 de octubre de 2011.

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al extremo demandado pagar a
favor del demandante los intereses moratorios causados y ordenados en el fallo en
cita; así mismo la indexación de las sumas adeudadas y, que se le condene en costas.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el
nro. 2005-2100 profirió sentencia el 5 de octubre de 2011 en la que condenó a la E.S.E.
Hospital San Vicente de Paúl de Palmira -liquidada- a reintegrar al demandante al
cargo de médico general código 310 del cual había sido declarado insubsistente, así
mismo, se dispuso que se diera cumplimiento a lo ordenado en los términos de los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Que el 16 de diciembre de 2011 presentó cuenta de cobro para el pago de la
condena impuesta en la sentencia judicial en suma de ascendía a $183.053.514 con
sus respectivos intereses desde la ejecutoria del fallo -28 de octubre de 2011- hasta
que el mismo se produjera.

7. Que el 20 de junio de 2012 presentó nuevamente la cuenta de cobro con un valor
actualizado de los intereses por la suma de $188.505.346 y, que ello tuvo lugar, una
vez más, el 6 de diciembre de 2013 por la suma de $193.048.035, reiterando su pago
en escrito del 15 de mayo de 2014.

8. Que en Resolución 995 del 10 de abril de 2015, la entidad reconoció a favor del
demandante las sumas de $140.851.424 por concepto de prestaciones sociales y
$7.762.614 por aportes al sistema de seguridad social, omitiendo los intereses;
decisión contra la cual interpuso recurso de reposición que fue desatado
negativamente a través del Oficio 1051 del 14 de mayo de 2015.

9. Que el pago de la indemnización se produjo el 19 de junio de 2015 y que los
intereses reclamados corresponden a la suma de $218.340.419,78.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

10. Se indicaron como violados los artículos 1, 2, 29, 53, 228 y 229 de la Constitución
Política; 176 y 177 del Decreto 01 de 1984; 4 y 8 de la Ley 153 de 1887 y, 1617 y 1653
del Código Civil.

11. En el concepto de la violación se adujo que los actos acusados desconocen las
normas en que debía fundarse el reconocimiento pretendido, más aún, teniendo en
cuenta que se trata de un crédito laboral que no puede ser desconocido por haber

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

entrado la entidad demandada en proceso de liquidación ya que el derecho se causó
antes de ello.

12. Que no se trata de un crédito de un tercero sino de dar cumplimiento a una sanción
como son los intereses que se causaron por el transcurso del tiempo que, iteró, por
ser de naturaleza laboral tienen prelación y son exigibles, dado que no se pagaron por
la desidia y negligencia de la entidad.

13. Que la parte demandada no puede interpretar a su conveniencia las disposiciones
legales que rigen los procesos de supresión y liquidación, en la medida que el
reconocimiento de los intereses deriva de una orden judicial y aquellos sólo se
suspenden a partir de la fecha de la intervención.

14. Que el derecho a la administración de justicia no se agota con la adopción de una
decisión de fondo en la que se protejan los derechos, sino que dicha garantía se
extiende al cumplimiento de las decisiones y de la tutela efectiva de las prebendas
involucradas.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

15. El 24 de mayo de 2016 el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali
declaró la falta de competencia y ordenó la remisión del expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca donde la demanda fue admitida en auto del 28 de
febrero de 2017.

16. El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que entre la entidad y el actor
no existió ningún vínculo y que las Empresas Sociales del Estado no están bajo su
subordinación, puesto que son una categoría del orden descentralizado. Además,
indicó que no profirió los actos demandados, ni tampoco ejerció actuación alguna en
el proceso de insubsistencia del actor. En su defensa propuso las excepciones de
caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva.

17. El departamento del Valle del Cauca en su respuesta afirmó que para la fecha
de los hechos la ESE demandada gozaba de personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa cuya representación recaía en su gerente y, que para el
momento de su liquidación estaba en cabeza de la FIDUPREVISORA S.A. conforme
lo establecido en el Decreto 218 de 2013. Que, en razón de lo anterior, no tenía
injerencia alguna en el manejo de personal ni de su presupuesto por tanto carece de
legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación.

18. El municipio de Palmira alegó que ni él ni la ESE liquidada estaban en obligación
de reconocer y pagar intereses sobre la condena impuesta en sede judicial, ello, en
aplicación de las normas propias que rigen los procesos liquidatarios. Que es un
asunto de fuerza mayor -artículo 1º de la Ley 95 de 1980- la supresión y liquidación de
la ESE Hospital San Vicente de Paúl, así, el no pago de intereses moratorios tiene una
causa legal derivada del aducido proceso administrativo de liquidación. Que el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

Ministerio de Salud y la Protección Social expidió las Resoluciones 4654 de 2013 y
4875 de 2014 -modificada por la Resolución 3248 de 2014- donde reguló como
procedía el pago en casos como el del demandante, las cuales eran de obligatorio
acatamiento.

19. FIDUPREVISORA S.A. en su contestación precisó que el 28 de octubre de 2014
finalizó el proceso liquidatario de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Palmira,
por lo que a partir de dicha fecha cesó su actividad como liquidador y cualquier otro
vínculo con la extinta E.S.E., quedando todo tema pendiente a cargo de municipio de
Palmira, ello para concluir que carece de capacidad jurídica y de legitimación en la
causa por pasiva para comparecer al proceso a resistir la pretensión dineraria
perseguida.

20. En audiencia inicial celebrada el 29 de octubre de 2012 se declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social, el departamento del Valle del Cauca y la
FIDUPREVISORA S.A. En esta misma diligencia, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.

SENTENCIA APELADA

21. En sentencia 19 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca declaró la nulidad de los actos acusados y como consecuencia ordenó al
municipio de Palmira liquidar y cancelar los intereses moratorios establecidos en el
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo ordenados en la sentencia
proferida el 5 de octubre de 2011, a partir del 28 de octubre de ese año, teniendo en
cuenta la suspensión que tuvo lugar entre el 30 de octubre de 2013 y el 28 de octubre
de 2014 y, denegó las demás pretensiones de la demanda.

22. En inicio precisó “en este caso, los actos demandados si bien ostentan la categoría
de actos de ejecución de la sentencia proferida dentro del proceso No. 2005-2100-00,
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali de fecha
5 de octubre de 2011, como quiera que crean una situación jurídica nueva, en el
sentido de negar el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados
durante el período reclamado por la demanda, es decir, entre el 28 de octubre de 2011
y el 29 de octubre de 2013, pese a que, habían sido ordenados por el fallo en mención
con fundamento en lo que establecía el CCA; la aludida decisión sin lugar a dudas,
permite que en este caso, sea procedente su control de legalidad, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, no el medio ejecutivo que es el
idóneo para obtener la debida ejecución de un fallo judicial.”

23. A continuación, encontró acreditado que los actos demandados fueron expedidos
con posterioridad a la terminación de la liquidación de la ESE Hospital San Vicente de
Paúl de Palmira, lo cual tuvo lugar el 28 de octubre de 2014. En ese sentido, afirmó, la
sentencia proferida dentro del proceso No. 2005-2100-00, por lo menos en lo que tiene

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

que ver con los emolumentos salariales y prestacionales debidos al actor, no fue objeto
de reconocimiento, calificación o graduación en su carácter de obligación crediticia,
dentro del proceso liquidatorio, por cuanto la misma, no fue incluida dentro del
inventario de pasivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Decreto 218
de 2013, pese a que las solicitudes fueron formuladas en fechas anteriores al inicio del
proceso liquidatorio (16 de diciembre de 2011 y 21 de junio de 2012), así como durante
su ejecución (17 de diciembre de 2013 y 15 de mayo de 2014).

24. En efecto, dijo: “Es un hecho claro que el actor solicitó el cumplimiento de la
sentencia del 5 de octubre de 2011, en fechas anteriores al inicio del proceso
liquidatorio (16 de diciembre de 2011 y 21 de junio de 2012), así como también lo hizo,
durante su ejecución (17 de diciembre de 2013 y 15 de mayo de 2014), peticiones que
no fueron resueltas dentro del aludido proceso, siendo definidas en abril y mayo de
2015, a través de los actos impugnados, por tanto, no resulta válido utilizar los
principios y reglas normativas que rigieron durante el proceso liquidatorio,
definitivamente concluido, el que, por demás no puede entenderse reabierto o
prorrogado, en virtud del contrato de mandato del 28 de octubre de 2014.”

25. Concluyó que el municipio de Palmira en su calidad de cesionario de todas las
acreencias del hospital liquidado y suprimido debía asumir el reconocimiento y pago
del crédito a favor del demandante sin que pudiera esgrimir para su negativa, las reglas
vigentes para un procedimiento liquidatorio ya finalizado.

RECURSO DE APELACIÓN

26. El municipio de Palmira interpuso recurso de apelación, por considerar que a
pesar de que el procedimiento liquidatorio había concluido como se indica en el fallo
recurrido, debe tenerse en cuenta que por decisión de la junta asesora de la liquidación
de la ESE se contrató un mandatario para desarrollar las actividades de post cierre y
post liquidación de la entidad, de conformidad con el contrato de mandato No 055 de
fecha 28 de octubre de 2014, el cual terminó el 29 de febrero de 2016, es decir, sí se
configuraba una fuerza mayor debido a que la liquidación ordenada por el gobierno
municipal da origen a una situación nueva e inevitable para el conglomerado social,
razón suficiente para que el Tribunal no hubiera reconocido el pago de intereses,
además porque cuando se profirió el oficio 995 de fecha 10 de abril de 2015 la vida
jurídica de la empresa no había finalizado.

27. Que el artículo 1º de la Ley 95 de 1980 define la fuerza mayor, como el imprevisto
a que no es posible resistir. Como “los autos de autoridad ejercidos por un funcionario
público” y se define la mora del deudor, según la doctrina y la jurisprudencia, como “el
retraso, contrario a derecho, de la prestación por una causa” imputable a aquel”.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

28. En auto del 30 de mayo de 2025, se admitió el recurso de apelación. En la
oportunidad se pronunció la parte actora para insistir en la prosperidad de sus

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

pretensiones. La parte demandada y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

29. No obstante los argumentos vertidos en el recurso de apelación que sirven como
límite a la actuación del Juez de Segunda Instancia, en atención a lo previsto en los
artículos 187 del CPACA1 que, al regular sobre el contenido de la sentencia, le permite
al Juzgador decretar en ella, de oficio, las excepciones que encuentre acreditadas y,
328 del CGP2 que establece su competencia permitiéndole tomar las decisiones que
deban adoptarse por iniciativa propia y que protege al apelante único para que no
pueda hacérsele más gravosa su situación, esta Sala, en garantía de los presupuestos
procesales, declarará probada en forma oficiosa la excepción de acto no
susceptible de control judicial en razón a que los acusados, por ser de ejecución,
no son plausibles de ser anulados a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por las razones que se exponen a continuación:

De los presupuestos procesales/ Demanda en forma.

30. Los presupuestos procesales constituyen los requisitos mínimos para la actuación
válida y regular del proceso contencioso administrativo, pues determinan su
nacimiento legítimo, su desarrollo normal y su culminación con una sentencia, de
manera que, deben ser mirados por el juez en cualquier instancia del proceso, quien
haciendo un estudio de los aspectos formales de la misma determina su presencia,
pues de no ser así, por regla general, produce decisiones inhibitorias3.

31. En la doctrina general se indican como presupuestos procesales, los siguientes:

✓ Agotamiento de la vía gubernativa.
✓ Que la acción no haya caducado.
✓ Capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso.
✓ Demanda en forma.
✓ Competencia del juez.

1
ARTÍCULO 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la
demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales
que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio
de la no reformatio in pejus.
(…) (Resaltado propio)
2
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la
apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia.(Resaltado propio)
3
Idea extraída de PALACIO. Hincapié. Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. Sexta Edición. Librería Sánchez LTDA. 2006.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

✓ El pago previo.

32. Concretamente, sobre el presupuesto de demanda en forma, debe decirse que”
es la carta de navegación para el proceso, es lo que le permite al juez determinar si
tiene competencia atribuida para desatar la litis que se le propone y determinar la
procedencia de la acción en ese momento, como también delimita el objeto de la
contención, al cual la parte demandada se circunscribirá en la defensa de su interés”4.

33. Para determinar, entonces, si se cumple el presupuesto en cita, el Juez
Administrativo debe verificar que se satisfagan las exigencias del CPACA que prevén
sobre el contenido de la demanda, la individualización de las pretensiones y los anexos
que deben allegarse al líbelo.

34. Al respecto, el artículo 138 del CPACA, al regular sobre el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, dispone: “Toda persona que se crea lesionada
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. […]”

Actos administrativos enjuiciables ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

35. La noción de acto administrativo es entendida como la manifestación de voluntad
emanada de una autoridad pública o de un particular en el ejercicio de funciones
administrativas que produce efectos jurídicos, dirigida a crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas generales o particulares, cuyo control jurisdiccional corresponde
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

36. Así, los actos administrativos surgen de una actuación administrativa, y de
conformidad con el artículo 4° de la ley 1437 de 2011, estas inician: 1. por quienes
ejerciten el derecho de petición, en interés general; 2. por quienes ejerciten el derecho
de petición, en interés particular; 3. por quienes obren en cumplimiento de una
obligación o deber legal y, 4. por las autoridades, oficiosamente.

37. Con el fin de demarcar los actos administrativos objeto de control judicial, la
doctrina y la jurisprudencia han realizado una distinción entre aquellos que generan un
resultado final, y otros que impulsan el procedimiento en una actuación administrativa,
a saber:

38. Actos de Tramite. aquellos que se expiden como parte del procedimiento
administrativo con el fin de darle curso a este, no generan declaración de voluntades.

4
Derecho Procesal Administrativo. Juan Ángel Palacio Hincapié. 4ª Edición 2004. Página 181

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

39. Actos definitivos: visto el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, establece el
concepto de acto administrativo definitivo, en los siguientes términos, “(…) Artículo
43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente
el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. Es decir, aquellos que
resuelven de fondo una situación jurídica o ponen termino a una actuación
administrativa.

40. En otras palabras, el acto definitivo es una declaración de voluntad dirigida al
ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir, que crea
modifica o extingue situaciones jurídicas.5

41. Actos de ejecución: se limitan al cumplimiento de una decisión judicial o
administrativa.

42. Por regla general, en armonía con el artículo antes citado -Art. 43 del CPACA-, los
actos administrativos definitivos son aquellos que resuelven de manera directa o
indirecta el fondo del asunto, y los únicos susceptibles de control judicial, dado que, a
través de ellos, la administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas
consolidadas, en cambio, los actos administrativos de trámite o preparatorios, al ser
proferidos para impulsar las etapas intermedias antes de la emisión del acto
administrativo y los de ejecución al limitarse a dar cumplimiento a una orden judicial,
no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

43. En este sentido, se pronunció la Corporación en sentencia del 13 de agosto de
20206, en la que consideró:

“El acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de
una autoridad pública o de un particular en el ejercicio de las funciones
administrativas otorgadas por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual
se producen efectos jurídicos. En otros términos, es el mecanismo por el cual la
administración crea, extingue o modifica situaciones jurídicas particulares.

La teoría del acto administrativo ha venido decantando la clasificación de estos
con la finalidad de delimitar los que deben ser objeto de control jurisdiccional; en
tal sentido ha explicado que, desde el punto de vista de su inserción en el
procedimiento y recurribilidad4, hay tres tipos de actos a saber:

i) Los actos preparatorios, accesorios o de trámite: Han sido definidos como
aquellos que se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin de
darle curso a este, es decir, son netamente instrumentales ya que no encierran
declaraciones de la voluntad, no crean relaciones jurídicas y solo sirven de impulso
a la continuidad de la actuación de la administración5.

5
Consejo De Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 30 de marzo de 2006. Consejero Ponente: Ligia López Diaz. Radicación
número: 25000-23-27-000-2005-01131-01 (15784).
6
Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas. Radicación Número: 25000-23-42-000-2014-00109-01(1997-16). Actor: Unidad Administrativa Especial
De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social – Ugpp. Demandado: Pedro Leonel Jiménez Beltrán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

ii) Los actos definitivos: De conformidad con el Artículo 43 del cpaca «Son actos
definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan
imposible continuar con la actuación». Es decir, son los que resuelven de fondo
una situación jurídica o impiden la continuación del procedimiento administrativo,
en razón a que contienen la esencia del tema a decidir y tienen la potestad para
modificar la realidad con su contenido.

iii) Los actos administrativos de ejecución, por su parte son aquellos que se limitan
a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.

Esta corporación ha establecido en reiteradas oportunidades que, por regla
general, son los actos definitivos los únicos que son susceptibles de ser
enjuiciados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dado que a
través de estos la administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a
los asociados.

A pesar de lo anterior, excepcionalmente los actos de ejecución pueden ser objeto
de control judicial en los siguientes casos6:

[…] cuando [e]stos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar
cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al
acto administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv)
se presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada
o condenada. Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de los
eventos atrás enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad real
de la administración de justicia y se genera una nueva situación jurídica para el
administrado, susceptible de control de legalidad (destacado no es del texto).

De conformidad con lo expuesto, los actos administrativos de ejecución solo serán
enjuiciables cuando estos se aparten, no cumplan, modifiquen o den un alcance
diferente a lo decidido por la autoridad administrativa o judicial. Ello es así porque
al pronunciarse sobre aspectos no contenidos en estas decisiones se crea,
modifica o extingue una situación jurídica particular, aspecto que lo convierte en
un acto administrativo susceptible de control ante esta jurisdicción7.

Por consiguiente, si los actos administrativos que ejecutan decisiones judiciales o
administrativas no se encuentran inmersos en algunas de las excepciones
desarrolladas en el aparte jurisprudencial transcrito, estos no serán susceptibles
de control de legalidad por vía judicial”.

44. Dicha decisión fue reiterada en el fallo del 16 de junio de 2023 7 indicándose que
“los actos a través de los cuales se hace efectiva una sentencia no son enjuiciables
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante un mecanismo de
control de legalidad, pues son actos de ejecución, es decir, no crean, extinguen o
modifican una situación particular, sino que hacen efectiva una orden impartida por un
Juez de la República. Sin embargo, en ocasiones se han aceptado algunas
excepciones, las cuales surgen del desconocimiento de la decisión judicial, en cuanto
crean una situación nueva”.

7
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01. Sección Primera. Consejera Ponente: dra. Nubia Margoth Peña
Garzón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

45. En suma de lo anterior, los actos objeto de control por parte de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo son: 1) los actos administrativos definitivos, es decir,
aquellos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica determinada, 2)
aquellos actos administrativos que sin ser definitivos hacen imposible continuar con la
actuación y 3) los actos administrativos de ejecución cuando se cumpla con los
requisitos señalados anteriormente.

Caso concreto:

46. Con el material probatorio recaudado, encuentra acreditado la Sala que el
demandante interpuso demanda en contra del Hospital San Vicente de Paúl de Palmira
cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito de Cali en el cual, el 5 de octubre de 2011, se profirió
sentencia en la que se le condenó a reintegrarlo a su cargo o uno de mayor jerarquía
y, al pago de los emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación,
debidamente indexados, y concretamente en el numeral 4 dispuso: “Esta sentencia se
cumplirá en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.”.

47. Que la parte demandante presentó cuentas de cobro de la condena a su favor en
las siguientes fechas y por estos montos:

Fecha Monto
19 de diciembre de 2011 $183.583.514 + los intereses moratorios que se causan desde la
ejecutoria de la sentencia -18 de octubre de 2011-
20 de junio de 2012 $188.505.346 + los intereses moratorios que se causan desde la
ejecutoria de la sentencia -18 de octubre de 2011-
17 de diciembre de 2013 $193.048.035 + los intereses moratorios que se causan desde la
ejecutoria de la sentencia -18 de octubre de 2011-

48. Que el 24 de septiembre de 2015 solicitó a la ESE Hospital San Vicente de Paúl
en liquidación y la fiduciaria La Previsora S.A., que le informara de qué manera se
realizaría el pago de las cuentas de cobro presentadas.

49. Que en Oficio 995 del 10 de abril de 20158 la ESE Hospital San Vicente de Paúl
en liquidación reconoció a favor del señor Villarreal Domínguez en virtud de la
sentencia proferida el 5 de octubre de 2011, los siguientes valores: $140.851.424 por
concepto de “Valor reconocido a Fernando Sigifredo Villarreal Dominguez”9 y
$7.762.614 por concepto de “Aportes al Sistema General de Seguridad Social”. En
dicho acto administrativo, entre otros, se consideró:

“Finalmente, de conformidad con los principios que rigen el proceso de supresión
y liquidación, aplicables a la liquidación de la ESE Hospital San Vicente de Paul
Hoy liquidado, particularmente el de la igualdad de los acreedores y, ajustándose

8
Notificado personalmente el 24 de abril de 2015.
9
Que incluyo: cesantías Ley 50 2005-2015, bonificación por servicios prestados 2005-2012, bonificación de recreación prestados
2005-2012, prima de vacaciones 2005-2012, prima de navidad 2005-2012, indemnización por vacaciones 2005-2012, prima de
servicios 2005-2012 y sueldos indexados 2005 a 2012, acorde con el contenido del Oficio 1051del 14 de mayo de 2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

a lo dispuesto en las sentencias del 15 de febrero de 1985 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado (…) y en los conceptos números 121-0011068 del
11 de enero de 1990 y 96006143-2 del 27 de diciembre de 1996 emitidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, la ESE Hospital San Vicente de Paúl
Hoy Liquidada, no reconocerá a su cargo intereses.

Lo anterior, debido a que la liquidación ordenada por el Gobierno Municipal da
origen a una situación nueva e inevitable para el conglomerado social,
configurándose una fuerza mayor, razón suficiente para que el Alto Tribunal no
haya reconocido el pago de intereses. Las razones expuestas fundamentan la
decisión de no reconocer intereses respecto de las reclamaciones presentadas en
su contra.

(…)

Por consiguiente, todas las reclamaciones, independiente de su naturaleza, en las
cuales se solicite el pago de intereses moratorios, serán rechazadas por este
concepto”.

50. Que contra la anterior decisión se interpuso el 30 de abril de 2015 recurso de
reposición solicitando la modificación del monto reconocido a $212.575.466,03 que
corresponde al capital o indemnización más los intereses causados desde el 29 de
octubre de 2011 hasta el 29 de octubre de 2013, un día antes de la entrada en vigencia
del Decreto 218 del 30 de octubre de ese año que ordenó la liquidación de la ESE;
recurso que fue desatado en forma negativa en Oficio 1051 del 14 de mayo de 2015,
en el cual, sobre el punto, se repitieron los argumentos vertidos en la decisión recurrida
al tenor literal; decisión que fue notificada en forma personal el 28 de mayo de 2015.

51. En razón de lo expuesto, para la Sala no quedan dudas que fue la sentencia
proferida el 5 de octubre de 2011 la que creó una situación jurídica particular para el
señor Villarreal Domínguez, pues fue en ella que se reconocieron en su favor los
intereses que se contemplaban en el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo -Decreto 01 de 1984-, la misma que no puede remplazarse o sustituirse
con los actos demandados, a saber, Oficios 995 del 10 de abril de 2015 y 1051 del 14
de mayo de la misma anualidad, por medio de los cuales, la ESE Hospital San Vicente
de Paúl Liquidado se limitó a cumplir lo ordenado por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, esto es, el pago de la
indemnización ordenada en su favor, sin la inclusión de los aludidos intereses
atendiendo a las reglas propias de los procesos de liquidación.

52. Así, a diferencia de lo concluido por el Tribunal, no puede entenderse que las
razones que fundamentaron la no inclusión y/o rechazo de la petición de los intereses,
se constituye en una situación nueva que creó, extinguió o modificó una situación
particular para el demandante, puesto que, se insiste, su reconocimiento ya estaba
contenido en una orden judicial cuyo cumplimiento debía adelantarse vía acción
ejecutiva, bien teniendo como título la sentencia misma y/o a través de un acto
complejo, donde los oficios demandados, se constituían en prueba de un cumplimiento
parcial de la orden judicial impartida en 5 de octubre de 2011, para solicitar el saldo a
su juicio faltante, esto es, los intereses moratorios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

53. Se recuerda que la normativa procesal de la jurisdicción contencioso
administrativa ha previsto la causación de intereses como una de las consecuencias
de imponer obligaciones dinerarias a la Administración.

54. De esta forma, en el antiguo sistema procesal contencioso administrativo regido
por el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo- el artículo 177 disponía
que “las cantidades líquidas reconocidas en sentencias condenatorias contra
entidades públicas devengarían «intereses comerciales durante los seis (6) meses
siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término”¸ expresiones
resaltadas que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia
C-188 de 1999 al considerar que otorgaban un trato injustificado a favor del Estado
que afectaba el derecho a la igualdad de los particulares, en la medida en que carecía
de razón válida para que solamente estos últimos soportaran la pérdida del poder
adquisitivo del dinero y no así las entidades públicas, puesto que el daño económico
sufrido «por causa de la mora es idéntico»10.

55. Luego, la Ley 446 de 1998 le adicionó dos párrafos al citado artículo 177 del CCA,
en los cuales, en lo que toca a los intereses, estableció: “Cumplidos seis (6) meses
desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que
apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad
responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el
efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se
presentare la solicitud en legal forma.” En vigor del CPACA, la regulación de los
intereses está prevista en los artículos 192 y 195, sentido en el cual, no hay dudas de
que las condenas dinerarias impuestas a la Administración causan intereses a partir
de su ejecutoria, pero la generación de estos cesa cuando los acreedores no solicitan
el cumplimiento a la entidad deudora de manera oportuna, hasta el momento en que
lo hagan.

56. Ahora, en lo que toca a la naturaleza jurídica de los intereses no hay dudas que
surgen por el retraso en el pago de una deuda de carácter monetario y por ello se le
han concedido como atributos cuando derivan de condenas líquidas o liquidables
proferidas por esta jurisdicción especializada: (i) su vocación de mantener el poder
adquisitivo del capital, de allí su incompatibilidad con la indexación11; y (ii) su
generación por imperativo legal, aun si la providencia no se pronuncia al respecto12.

57. Por ello, se itera, la sentencia que contiene en forma expresa o no la orden del
reconocimiento de intereses se constituye en un título ejecutivo donde se consignan
obligaciones claras, expresas y exigibles, por tanto, es exigible a través de la acción

10
Ver en este sentido sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019. Radicado 76001233300020160171401 (3979-17)
11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, fallo de 30 de marzo de 2017,
expediente: 25000-23-42-000-2012-00958-01(3088-13), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter:
«[…] como lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, a la indexación y a los intereses moratorios se les reconoce la
misma virtualidad, la de recuperar el valor perdido por las sumas adeudadas; por ello, “[…] el reconocimiento de ambos
conceptos implicaría un doble pago por la misma causa, que no se compadece con el principio de derecho que censura el
enriquecimiento ilícito […]”».
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 28 de junio de 2018,
expediente 25000-23-42-000-2014-03440-01(4313-17), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

ejecutiva que pasó por alto el interesado quien se limitó a elevar cuentas de cobro ante
la administración durante los años 2011, 2012 y 2013, que fueron resueltas hasta el
año 2015.

58. Todo lo dicho redunda en razones para afirmar que los oficios demandados son
actos de ejecución, por medio de los cuales se dio cumplimiento parcial a una orden
judicial, sin que contenga una voluntad de la administración diferente a aquella emitida
por el operador en el medio de control ordinario, lo cual conlleva a revocar la sentencia
de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones y, en su lugar, se
declarará probada de oficio la excepción de acto no susceptible de control
judicial, lo que releva de analizar los argumentos expuestos en el recurso de apelación
por cuanto se relacionan con el fondo del asunto frente al cual esta Corporación, por
lo decidido, se encuentra inhibida.

De la condena en costas de segunda instancia

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

61. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

62. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante, por cuanto la sentencia apelada será revocada para en su lugar declarar
probada de oficio la excepción de acto no susceptible de control judicial. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 76-001-23-33-004-2016-00780-01 (1060-2025)

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por lo expuesto. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción
de acto no susceptible de control judicial, conforme la motivación contenida en este
proveído.

Segundo. CONDENAR en costas procesales en ambas instancias a la parte
demandante, por las razones puestas en consideración.

Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.