Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2013-00530-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2013-00530-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2013-00530-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: MARÍA JOSÉ ARANGO PIEDRAHITA
Demandado: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – INSPECCIÓN
DE POLICÍA OBRA Y ORNATO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la demandante contra la
sentencia de 3 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1.La señora María José Arango Piedrahita, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó demanda con el propósito de
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] Solicito de manera respetuosa al señor Juez Administrativo, que de conformidad
con lo expuesto en los hechos y las razones de derecho, se reconozcan las siguientes
pretensiones:
PRIMERA: Declárese la nulidad de la Resolución 101 del 5 de Octubre de 2011 por
medio de la cual SE ORDENA LA SUSPENSION Y SELLAMIENTO DE OBRA CON
IMPOSICION DE MULTA, proferida por la INSPECCION DE OBRA Y ORNATO DEL
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, por ser violatoria del derecho al debido proceso.
SEGUNDA: Declárese la nulidad de la Resolución 106 del 27 de Octubre de 2011
proferida por la INSPECCION DE OBRA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA, por medio de la cual SE RESUELVE EL RECURSO DE
REPOSICION interpuesto contra la Resolución 101 del 5 de Octubre de 2011, por
haber confirmado una decisión abiertamente violatoria del derecho al debido proceso.
TERCERA: Declárese la nulidad de la Resolución 006 del 24 de Febrero de 2012
expedida por la SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA, por medio de la cual SE RESUELVE EL RECURSO DE
APELACION interpuesto contra la Resolución 101 del 5 de Octubre de 2011, por
haber confirmado una decisión abiertamente violatoria del derecho al debido proceso.
1
Cfr. Folios 1 al 16 escrito de la demanda y folios160 a 164 escrito de subsanación.
2
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
CUARTA: Declárese la nulidad de la Resolución 092 del 22 de Octubre de 2012
expedida por la INSPECCION DE POLICIA OBRA Y ORNATO DE
FLORIDABLANCA, por medio de la cual SE DEJA SIN VALOR NI EFECTO
JURÍDICO, EL AUTO DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2012, QUE ORDENÓ LA
NULIDAD DE TODO LO ACTUADO DENTRO DEL PROCESO RADICADA 4238.
ASI MISMO ORDENÓ MANTENER INCÓLUMES LAS RESOLUCIONES 101 del 5
de Octubre de 2011, Resolución 106 del 27 de Octubre de 2011 y Resolución 006
del 24 de Febrero de 2012, todas proferidas en la tramitación del proceso Radicado
4238, por haber revivido a la vida jurídica actos administrativos violatorios del derecho
al debido proceso.
QUINTA: Se declare administrativa y patrimonialmente responsablemente por los
daños y perjuicios antijurídicos que se ocasionen a la señora MARIA JOSE ARANGO
PIEDRAHITA con la ejecución de los actos enunciados en la pretensión primera. En
consecuencia se condene al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA a pagar a la
demandante por concepto de indemnización de los daños antijurídicos, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/LEGAL ($250.000.000.oo).
[…]” (Negrilla del texto).
I.1.1. Los hechos
2. Indicó que la sociedad Flor Piedrahita de Arango & CIA. S. en C., conformada por
Flor Piedrahita de Arango como socia gestora, y por María José Arango Piedrahita
y Juan Carlos Arango Piedrahita como socios comanditarios, construyó el Edificio
Flor Campestre en 1995, como un inmueble de propiedad horizontal, conforme a la
Escritura Pública 1244 de 26 de mayo de 1995.
3.Adujo que esa escritura se corrigió a través de la Escritura Pública 1734 de 30
de julio de 1997, en la cual se estableció el uso exclusivo de la terraza del
apartamento 501 para los apartamentos 501 y 502.
4. Complementó que el 8 de agosto de 1997, la representante legal de esa sociedad
y los demás socios autorizaron la construcción del apartamento 602, sobre la terraza
del apartamento 502. Por ello, en 1998 se tramitó la licencia de construcción bajo el
radicado 036 de 1999, ante la Curaduría Primera de Floridablanca, y ese mismo
año se finalizó la construcción en obra gris.
5. Explicó que el inmueble fue ocupado por Jorge de Jesús Arango Piedrahita hasta
finales de 2002, y luego por María Isabel Arango Brand.
6.Mencionó que, en julio de 2011 se realizaron mejoras en el apartamento 602,
consistentes en la terminación del friso, estuco, pintura y cambios de pisos y techo.
7. Advirtió que el 20 de septiembre de 2011, la Oficina Asesora de Planeación del
municipio de Floridablanca rindió el informe denominado “[…] Infracción al Régimen
de Obra […]”, producto de la inspección ocular que se adelantó en la Circunvalar 29
# 22-126, Edificio Flor Campestre, apartamento 502 del barrio Cañaveral.
3
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
8. Detalló que el 21 de septiembre de 2011, la Inspección de Policía, Obra y Ornato
inició el proceso 4238. El 22 de septiembre de 2011 se adelantó la diligencia de
descargos. El 27 de septiembre de 2011, el administrador del Edificio Flor
Campestre Propiedad Horizontal interpuso una queja ante el municipio por las obras
que se estaban ejecutando en la terraza del piso 6, sobre el apartamento 502. Los
días 28 y 29 de septiembre de 2011 se practicaron las declaraciones juramentadas.
9.Señaló que la Inspección de Policía, Obra y Ornato de Floridablanca, mediante
Resolución 101 de 5 de octubre de 20113, sancionó a María José Arango con una
multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y ordenó la
suspensión y sellamiento de la obra.
10. Refirió
que el 11 de octubre de 2011 la demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión. A través de la Resolución
106 de 27 de octubre de 20114, la Inspección de Policía, Obra y Ornato confirmó la
Resolución 101, al resolver el recurso de reposición. Y, mediante la Resolución 006
de 24 de febrero de 20125, la Secretaría de Gobierno confirmó lo resuelto en la
Resolución 101 al valorar la alzada.
11. Explicó que presentó una acción de tutela para obtener la protección de su
derecho al debido proceso en ese procedimiento. El Juez Noveno Civil Municipal de
Bucaramanga, en primera instancia, ordenó en sentencia de 9 de mayo de 2012 el
reinicio del proceso policivo desde el auto inicial. Sin embargo, el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bucaramanga, en segunda instancia, revocó la sentencia
anterior y consideró que no era procedente otorgar la protección solicitada por la
demandante.
12. Advirtió que, a través de la Resolución 092 de 22 de octubre de 20126, la
Inspección de Policía, Obra y Ornato de Floridablanca dio cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga en el fallo de
tutela de segunda instancia.
13. Mencionó que la Resolución 092 dejó sin validez y efectos jurídicos el auto de 7
de junio de 2012, que había declarado la nulidad de todo lo actuado en el proceso
identificado con el radicado 4238, y ordenó mantener vigentes los efectos de las
Resoluciones 101 de 2011, 106 de 2011 y 006 de 2012.
3
“[…] Por medio de la cual se ordena la suspensión y sellamiento de una obra con imposición de multa […]”.
4
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 0101 del 05 de
octubre de 2011 […]”.
5
“[…] Por medio del cual se resuelve un recurso de APELACIÓN dentro de la investigación radicada No. 4238 de 22 de
Septiembre de 2011 […]”.
6
“[…] Por medio de la cual se deja sin valor ni efecto jurídico, el auto de fecha 07 de junio de 2012, que ordeno la nulidad de
todo lo actuado dentro del presente proceso, junto con las actuaciones decretadas después de dicho auto hasta la fecha, así
mismo se ordena mantener incólume las Resoluciones no 101 de 2011, Resolución no 000106 de 2011 y 006 de 2012,
dictadas en este proceso, dando cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bucaramanga de fecha 26 de junio de 2012 […]”.
4
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
I.1.2. Fundamentos de derecho de la demanda
14. La demandante manifestó que las Resoluciones 101 de 2011, 106 de 2011, 006
de 2012 y 092 de 2012 vulneran los artículos 29 de la Constitución Política,
desconocen el derecho de audiencia, defensa y contradicción, y se expidieron de
forma irregular.
15. Explicó que, durante ese proceso administrativo, el municipio de Floridablanca
incurrió en dos violaciones al debido proceso. En primer lugar, no informó a la
señora María José Arango Piedrahita en el escrito de la convocatoria para rendir
descargos que tenía el derecho a presentar pruebas. En segundo lugar, no le
permitió preparar su defensa de manera adecuada.
16. Complementó que el artículo 374 de la Ordenanza 017 de 27 de agosto de 20027,
exige que, tras recibir una queja, se cite al presunto contraventor y se le informe
sobre su derecho a presentar pruebas. Sin embargo, la citación enviada a la señora
Arango Piedrahita no cumplió con este requisito, omitió información fundamental
para su defensa y limitó su posibilidad de aportar material probatorio relevante.
17. Precisó que el artículo 446 del Código de Policía de Santander establece la
obligación de abrir dicha etapa mediante un auto que decrete o niegue pruebas. No
obstante, dicho auto no fue emitido, lo que privó a la señora Arango Piedrahita de
la posibilidad de impugnar y de ejercer plenamente su derecho de defensa y
contradicción.
18. Sostuvo que la violación al debido proceso no se debió a la restricción en la
cantidad de testigos permitidos, sino a que se negó la posibilidad de aportar y
solicitar distintos medios de prueba. En su opinión, la administración actuó de
manera arbitraria al impedir a la demandante que presentara pruebas idóneas y
pertinentes para su defensa. Además, las decisiones del municipio se basaron
únicamente en testimonios, los cuales eran insuficientes para respaldar lo resuelto
en los actos demandados.
I.2. Contestación de la demanda8
19. El
municipio de Floridablanca se opuso a los hechos y pretensiones de la
demanda e interpuso dos excepciones de mérito, las cuales detalló así:
“[…] FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL: Esta llamada a prosperar como quiera
que aun cuando la Curaduría Urbana de Floridablanca mediante Resolución Número
006 de 28 de septiembre de 2012 denegó la solicitud de licencia de construcción, la
Señora MARIA JOSE ARANGO PIEDRAHITA se negó a cumplir dicho mandato; así
como la resolución 101 de octubre 5 de 2011 proferida por la Inspección de Policía,
Obra y Ornato.
VIOLACIÓN A LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA:
7
“[…] Por la cual se expide el nuevo Código de Policía para el Departamento de Santander […]”.
8
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 85”, página 203 y siguientes.
5
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
Esta llamada a prosperar toda vez que la Señora MARIA JOSE ARANGO tenía pleno
conocimiento que la Asamblea aunque puede deliberar ciertos temas y tomar
decisiones, en lo concerniente a modificaciones y alteraciones de la propiedad
horizontal estos estas sometidas a normas como el Decreto 564 de 2006, Ley 675 de
2001 y demás normas que han modificado los parámetros trazados en cuanto a la
propiedad horizontal se refiere […]”. (Negrilla del texto).
20. Explicó que la demandante no contaba con la licencia urbanística exigida para
desarrollar la obra cuestionada y, por ello, infringió la normatividad urbanística
aplicable.
I.3. Trámite del proceso
21. Mediante auto de 16 de julio de 20139, se admitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
22. Por auto de 13 de agosto de 201310, se denegó la solicitud cautelar presentada
por la demandante.
23. En la audiencia inicial de 26 de noviembre de 201311, se puso de presente a las
partes la posibilidad de conciliar, se fijó el litigio, se resolvieron las solicitudes
probatorias y se decretaron pruebas de oficio.
24. El 24 de febrero de 201412 se celebró la audiencia de pruebas, la cual se declaró
finalizada mediante auto de 19 de marzo de 201413.
25. Mediante proveído de 13 de mayo de 201414, se ordenó correr traslado a las
partes para que presentaran sus escritos de alegatos de conclusión. Ambas partes
en los escritos de alegatos reiteraron los argumentos de la demanda y del escrito
de contestación, respectivamente15.
I.4. La sentencia de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 3 de julio de
2014, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante16, porque no logró demostrar que las resoluciones impugnadas
vulneraron el derecho al debido proceso.
9
Ibidem, página 191 y siguientes.
10
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO MEDIDA
CAUTELAR.(.pdf) NroActua 85”, página 9 y siguientes.
11
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 85”, página 457 y siguientes.
12
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 85”, página 474 y siguientes.
13
Ibidem, página 504 y siguientes.
14
Ibidem, página 527 y siguientes.
15
Ibidem, página 530 a 540.
16
La parte resolutiva de la referida sentencia es del siguiente tenor: “[…] PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte actora, a favor de la entidad demandada y se fija por concepto de agencias
en derecho 1% del valor de las pretensiones negadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Las costas deberán liquidarse por Secretaría de esta Corporación.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia archívese el proceso […]”.
6
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
27. Señaló que, aunque la entidad demandada inicialmente no informó de manera
explícita a la demandante que tenía el derecho a presentar pruebas, el proceso
abreviado se ajustó a la normativa vigente, y durante la diligencia de descargos se
le comunicaron sus derechos, y se le permitió solicitar y practicar testimonios a
través de su apoderado. Por lo tanto, la irregularidad advertida no fue suficiente
para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, ya que no se
probó que la falta de información sobre el derecho a aportar pruebas hubiera
impedido su defensa o afectado la decisión final.
28. Evidenció que, aunque se presentaron solicitudes de pruebas testimoniales
adicionales, y no todas fueron objeto de pronunciamiento por parte de la
administración, algunas de ellas fueron practicadas. Esta omisión, si bien constituye
una informalidad, no fue determinante para el resultado del proceso.
29. Aclaró que, para que prospere la nulidad por violación al debido proceso por falta
de práctica de pruebas, debe demostrarse que la omisión fue definitiva y
trascendente para definir el sentido de la decisión administrativa, lo que no ocurrió
en este caso, pues no se comprobó que las pruebas no practicadas cambiaran el
resultado.
30. Refirió que, cuando en sede administrativa no se ordenan ni practican todas las
pruebas que el ciudadano requería para ejercer de manera adecuada su derecho a
la defensa, en sede judicial el demandante está en la obligación de reiterar su
solicitud “[…] con el fin de que en el proceso respectivo quede evidenciado que la
importancia o trascendencia del supuesto fáctico que se echa de menos era tal que
resultaba imprescindible considerarlo para efectos de inclinar, en uno u otro sentido,
la decisión administrativa controvertida […]”.
31. Evidencióinconsistencias en las pruebas documentales presentadas por la
demandante, ya que la licencia de construcción aportada no respaldaba la obra
realizada en el sexto piso, y los testimonios que afirmaban la antigüedad de la
construcción no fueron suficientes para desvirtuar la decisión administrativa.
Además, revisada la Licencia de Construcción 036, se pudo determinar que no fue
expedida el 12 de febrero de 1998, sino el 15 de febrero de 1999, y la misma
versaba sobre reformas locativas (acabados), sin aprobar nuevas construcciones.
I.5. Recurso de apelación
32. La demandante presentó recurso de apelación mediante escrito de 22 de julio de
201417.
33. Afirmó que el a quo ignoró las pruebas que demuestran que la unidad
residencial 602, se construyó en la terraza del edificio Flor Campestre, en 1999.
Concretamente, la curaduría reconoció que la señora Flor Piedrahita de Arango
17
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 85”, página 560 y siguientes.
7
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
realizó la construcción antes de su fallecimiento, y el señor Nelson Ernesto
Rodríguez Hernández, como representante de los copropietarios, rindió
declaraciones contradictorias sobre ese punto.
34. Señaló que la noticia del periódico Gente de Cañaveral de 30 de agosto de
2008, también pone en duda la objetividad de los testimonios de los demás
propietarios de las unidades residenciales, los cuales podrían estar influenciados
por intereses particulares.
35. Consideró que la licencia de construcción 036, presentada como prueba en el
proceso, está incompleta, ya que carece de los anexos necesarios para ser
considerada válida. El a quo no analizó este aspecto crucial, ni profundizó en los
testimonios de los trabajadores que confirmaron la existencia previa de la
edificación. Además, la licencia corresponde a una época cercana pero no exacta
al año 1998.
36. Adujo que “[…] en nuestro derecho no estamos frente a un sistema de tarifa de
prueba; […] si se hubiese comunicado y permitido a la hoy accionante allegar los
medios de prueba que se allegaron al presente, es claro que la resolución
administrativa tendría un camino procesal diferente, pues la declaración de ruina
no tendría más que una caducidad de la acción policiva, y cualquier actuación
estaría encaminada al reconocimiento de obra y solución del problema social que
se presenta en la copropiedad […]”.
37. Insistió que a la demandante no se le informó adecuadamente que tenía el
derecho a presentar pruebas dentro del proceso policivo y, por ello, no pudo
controvertir los hechos que se le atribuían ni hacer uso de los mecanismos idóneos
para exponer sus argumentos.
38. Argumentó que, debido a la antigüedad del apartamento 602, la acción policiva
prescribió conforme al artículo 360 del Código de Policía de Santander, que
establece un plazo de seis meses. Por lo tanto, en vez de proceder a la demolición
de la obra, la autoridad debió reconocerla formalmente.
I.6. Trámite del proceso en segunda instancia
39. En auto de 21 de agosto de 201418, se concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
40. Mediante auto de 6 de julio de 201519, el consejero ponente de la Sección
Primera del Consejo de Estado admitió el recurso.
18
Ibidem, página 568 y siguientes.
19
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL
APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 85”, página 5.
8
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
41. Por auto de 28 de septiembre de 201520, se corrió traslado común a las partes,
por el término de diez (10) días, para que presentaran alegatos de conclusión y
para que el agente del Ministerio Público emitiera concepto.
42. La parte apelante, en el escrito de alegatos de conclusión, reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. Además, indicó que el a quo no reconoció el
valor probatorio de las copias, y propuso el cargo de falsa motivación con
fundamento en que “[…] las mismas personas afectadas conocían la existencia del
bien, edificación en el sexto piso apartamento 602, medios de prueba que no fueron
advertidos por el A quo […]”.
43. El Ministerio Público guardó silencio.
44. Mediante auto de 21 de junio de 202221, el consejero ponente en segunda
instancia recaudó unas pruebas de oficio, cuyo traslado a las partes se realizó en
los índices 73 y 77 del expediente digital.
45. Por auto de 27 de noviembre de 202522, la Sección Primera declaró infundado el
impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
46. Para decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los siguientes
aspectos: (i) la competencia; (ii) los actos administrativos demandados, (iii) el
planteamiento de los problemas jurídicos, y (iv) el análisis del caso concreto.
II.1. Competencia
47. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación presentados contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15023 de la Ley 1437 y el artículo 13 del Acuerdo núm.
8024 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
II.2. Los actos administrativos demandados
48. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de la Resolución 101 de 5 de
octubre de 2011, cuya parte resolutiva señala:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora MARIA JOSE ARANGO,
identificada con cédula de ciudadanía número (…) responsable de la obra
adelantada sobre el predio ubicado en la Circunvalar 29 No. 22-126 Edificio Flor
Campestre, Apartamento 502 del Barrio Cañaveral de Floridablanca, con multa
20
Ibidem, página 10.
21
Cfr. Índice 44 del expediente digital del Consejo de Estado.
22
Cfr. Índice 99 del expediente digital del Consejo de Estado.
23
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.
24
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
9
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
equivalente a Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, valor que
deberá ser pagado a favor del Tesoro Municipal dentro de los Diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la Suspensión y Sellamiento de la obra Ubicada
en la Circunvalar 29 No. 22 – 126 Edificio Flor Campestre, Apartamento 502 del
Barrio Cañaveral de Floridablanca.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la colocación de los respectivos sellos en la obra
antes mencionada como medida preventiva en la ejecución de la obra y hasta tanto
cesen los hechos que dieron origen a la medida.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la Señora MARIA JOSE ARANGO, identificada
con cedula de ciudadanía número 43.054.298 de Medellín, responsable de la obra
adelantada sobre el Predio ubicado en la Circunvalar 29 No. 22 - 126 Edificio Flor
Campestre, Apartamento 502 del Barrio Cañaveral de Floridablanca - Terraza, para
que en el término de Sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, se adecue a la normatividad vigente aportando ante este
Despacho los permisos correspondientes emitidos por la autoridad competente esto
es Planos Aprobados y Licencia de Construcción, o en su defecto se procederá a
ordenar la demolición de las obras ejecutadas y sin legalizar a costa del
demandado.
ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que la Señor (sic) MARIA JOSE
ARANGO […] llevó a cabo la realización de una Construcción sobre la Terraza del
Apto 502 del Edificio Flor Campestre, deberá de manera inmediata teniendo en
cuenta la situación de riesgo que generó, presentar los Planos de Diseño estructural
con el Visto Bueno de un Profesional Idóneo en la materia (ingeniero civil, calculista),
de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, incluyendo el Visto
Bueno de La Copropiedad.
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo ordenado en los artículos segundo,
tercero, cuarto y quinto del presente proveído será sancionado con multas sucesivas
a favor del Tesoro municipal.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento del pago del valor de las multas será
remitido a la Oficina de Ejecuciones Fiscales del Municipio de Floridablanca, para
su cobro coactivo.
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente providencia proceden los Recursos de
Reposición y en subsidio el de apelación los cuales deberán interponerse ante este
despacho dentro de los dos (2) y tres (3) días hábiles siguientes, respectivamente,
a la notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos 417 y
419 del código Departamental de Policía […]”. (Negrilla del texto).
49. También se demandó la Resolución 106 de 2011 de 27 de octubre de 201125 que,
al resolver el recurso de reposición contra ese acto, confirmó la decisión y concedió
la apelación ante la Secretaría de Gobierno.
50. Se demandó la Resolución 006 de 24 de febrero de 201226, a través de la cual la
Secretaría de Gobierno Municipal de Floridablanca, al resolver el recurso de
apelación, confirmó la sanción urbanística.
25
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 0101 del 05 de
octubre de 2011 […]”.
26
“[…] Por medio del cual se resuelve un recurso de APELACIÓN dentro de la investigación radicada No. 4238 de 22 de
Septiembre de 2011 […]”.
10
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
51.Finalmente, se cuestionó la legalidad de la Resolución 092 de 22 de octubre de
201227, “[…] Por medio de la cual se deja sin valor ni efecto jurídico, el auto de
fecha 07 de junio de 2012, que ordenó la nulidad de todo lo actuado dentro del
presente proceso, junto con las actuaciones decretadas después de dicho auto
hasta la fecha, así mismo se ordena mantener incólume las Resoluciones no 101
de 2011, Resolución no 000106 de 2011 y 006 de 2012, dictadas en este proceso,
dando cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga de fecha 26 de junio de 2012 […]”.
II.3. El planteamiento de los problemas jurídicos
52. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
3 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
53. El a quo negó las pretensiones de la demanda porque no se demostró que las
resoluciones demandadas vulneraran el derecho al debido proceso o
desconocieran el derecho de audiencia y de defensa. Explicó que, aunque
inicialmente no se informó de forma explícita a la demandante sobre su derecho a
presentar pruebas, durante el trámite sancionatorio se le comunicaron sus derechos
y pudo ejercerlos a través de su apoderado.
54. Indicó que, aunque algunas pruebas solicitadas no fueron practicadas, estas no
resultaron definitivas ni trascendentales para el sentido de la decisión
administrativa, ya que no se probó que el resultado del proceso hubiera cambiado
si esas pruebas se valoraran. Además, en el procedimiento administrativo y en el
proceso judicial no se demostró que la obra cuestionada cumpliera con la normativa
urbanística.
55. La señora María José Arango Piedrahita en su recurso de apelación afirmó que:
i) el a quo no valoró adecuadamente las pruebas que demostraban la antigüedad
del apartamento 602 en el edificio Flor Campestre; y ii) no se le informó
debidamente sobre su derecho a presentar pruebas, ni se le permitió el ejercicio de
su derecho a la contradicción.
56. Pues bien, antes de resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiara los
presupuestos de procedibilidad del medio de control ejercido.
II.4. Análisis del caso concreto
57. En el presente caso, la demandante pretende la nulidad del acto complejo
impropio circunstancial28, conformado por la Resolución 101 de 5 de octubre de
27
“[…] Por medio de la cual se deja sin valor ni efecto jurídico, el auto de fecha 07 de junio de 2012, que ordeno la nulidad
de todo lo actuado dentro del presente proceso, junto con las actuaciones decretadas después de dicho auto hasta la fecha,
así mismo se ordena mantener incólume las Resoluciones no 101 de 2011, Resolución no 000106 de 2011 y 006 de 2012,
dictadas en este proceso, dando cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bucaramanga de fecha 26 de junio de 2012 […]”.
28
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 05001-23-31-000-2000-
03882-02. Esta Sección en la sentencia de 17 de agosto de 2017 explicó que el acto complejo propio circunstancial es aquel
que se origina “[…] Cuando alguno de los recursos es resuelto por un organismo o entidad distinta de la que expide el acto
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Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
2011, en la que la Inspección de Obra y Ornato de Floridablanca le impuso una
sanción urbanística; la Resolución 106 de 27 de octubre de 2011, que confirmó la
decisión anterior al resolver el recurso de reposición; y la Resolución 006 de 24 de
febrero de 2012, mediante la cual la Secretaría de Gobierno municipal confirmó esa
sanción al resolver el recurso de apelación.
58. Asimismo, se cuestionó la legalidad de la Resolución 092 de 22 de octubre de
2012, a través de la cual la Inspección de Obra y Ornato de Floridablanca dio
cumplimiento al fallo de tutela de 7 de junio de 2012, proferido por el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, en el sentido de dejar “[…] sin valor ni
efecto jurídico, el auto de fecha 07 de junio de 2012, que ordenó la nulidad de todo
lo actuado dentro del presente proceso, junto con las actuaciones decretadas
después de dicho auto hasta la fecha, así mismo se ordena mantener incólume las
Resoluciones no 101 de 2011, Resolución no 000106 de 2011 y 006 de 2012,
dictadas en este proceso […]”.
59. La parte resolutiva de dicho acto es del siguiente tenor:
“[…] PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto las actuaciones surgidas en el proceso
radicado bajo el No 4238, a partir del auto de fecha 07 de junio de 2012 inclusive,
hasta la fecha, atendiendo lo resuelto en fallo de Tutela de segunda instancia
proferido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga por las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: MANTENER incólume y con validez jurídica las resoluciones N° 101 de
2011, N° 000106 de 2011 y 006 de 2012, dictadas dentro del presente proceso.
TERCERO: En firme el presente proveído Oficiar a Ejecuciones Fiscales para que
lleve a cabo el procedimiento de cobro de multa, por vía coactiva ordenada en la
Resolución No. 101 del 05 de octubre de 2011, dictada dentro del proceso N° 4238.
[…]”. (Negrilla del texto).
60. La parte motiva explicó:
“[…] Como quiera que fue revocado el fallo de primera instancia y declarara
improcedente la tutela invocada por la señora ARANGO PIEDRAHITA, las actuaciones
tomadas antes del fallo proferido por el Juzgado noveno civil municipal de
Bucaramanga y en desarrollo del presente proceso se mantendrán incólumes,
manteniendo en firme las resoluciones N° 104 de 2011, resolución N° 000106 de
2011 y 096 de 2012. Así mismo deberá dejarse sin efecto toda actuación tomada
luego de acatar sentencia de primera instancia de fecha 09 de mayo de 2012,
acatando la sentencia dictada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Bucaramanga, es decir quedaran sin efectos todas las providencias dictadas
desde el auto de fecha 07 de junio de 2012, inclusive que ordena la nulidad de
todo lo actuado junto con las demás surgidas del mismo.
[…] La Inspección de Policía Obra y Ornato es competente para decidir de oficio el dejar
sin efecto las actuaciones surgidas a partir del auto fecha 07 de junio de 2012, inclusive
inicial, hay complejidad propia, pero circunstancial, situación que es excepcional, toda vez que lo común de los recursos de
la vía gubernativa es que se surtan dentro de la misma entidad que profiere el acto recurrido, de allí que se presenta en los
casos en que exista norma expresa que así lo señale, cual es el establecido en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, en
concordancia con el artículo 79, numeral 31, ibídem, a cuyo tenor el recurso de apelación que los usuarios pueden presentar
contra actos administrativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios le corresponde resolverlo a la
Superintendencia de esos servicios. […]”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
que ordeno la nulidad de todo lo actuado junto con las acciones surgidas del mismo, así
como mantener incólume las resoluciones N° 101 de 2011, resolución N° 000106 de
2011 y 006 de 2012, que fueron dictadas dentro del presente proceso, siguiendo las
normas procesales para este caso concreto.
Teniendo en cuenta que el auto que ordeno la nulidad de todo lo actuado dictado en
fecha 07 de junio del año que avanza fue emanado dando cumplimiento a la sentencia
de Tutela de primera instancia de fecha 09 de mayo de 2012, la cual fue proferida por
el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, que ordeno:
[…]
Hecho que conllevó a esta Inspección a ser respetuosa de la Ley y de los fallos
judiciales, acatando lo ordenado en dicha providencia, en aras de no caer en desacato
a una sentencia judicial e ir en contravía de las normas procesales, circunstancias que
motivaron el decreto de la nulidad de lo actuado dentro de este proceso, ordenándose
nuevamente empezar desde el auto de avocar conocimiento, no sin antes apelar la
sentencia emanada por el fallador de primera instancia por no estar de acuerdo con la
misma ya que dentro del presente proceso se dieron todas las garantías procesales a
cada una de las partes siguiendo los parámetros y la Ley que debe ceñirse para este
tipo de procesos, respetando los derechos que le asisten a cada parte.
Es por ello que una vez impugnada la sentencia de primera instancia, por reparto
asumió el conocimiento de la apelación el Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Bucaramanga, quien en fallo de fecha 26 de junio de 2012, ordenó revocar la sentencia
de primera instancia de fecha 09 de mayo de 2012, ordenando declarar improcedente
la acción de tutela incoada por la señora MARIA JOSE ARANGO PIEDRAHITA, como
lo dice su segmento resolutivo:
[…]
Lo cual conlleva a determinar que toda actuación tomada y notificada con anterioridad
al fallo de primera instancia de fecha 09 de mayo de 2012, quedara en firme y gozara
de validez jurídica, acatando la sentencia del fallador de segunda instancia que
revoco dicha actuación. Así mismo deberá dejarse sin efecto toda providencia
que se hubiese dictado acatando la sentencia de fecha 09 de mayo de 2012,
proferida por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, atendiendo que
el mismo fue revocado en segunda instancia por el Juez Octavo Civil del Circuito,
debiendo mantenerse incólumes todas las providencias dictadas hasta el
momento del fallo de tutela primera instancia es decir quedaran tal y como fueron
decretadas las resoluciones N° 101 de 2011, resolución N° 000106 de 2011 y 006
de 2012. […]”. (Negrilla del texto).
61. En el proceso se demostró que el 25 de abril de 2012, la señora María José
Arango Piedrahita interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de
Floridablanca, la Secretaría de Gobierno y la Inspección de Obra y Ornato, por la
presunta violación de su derecho fundamental al debido proceso en el
procedimiento administrativo en el que se expidieron las Resoluciones 101 de 5 de
octubre de 2011 y 106 de 27 de octubre de 2011.
62. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Noveno Civil Municipal de
Bucaramanga, autoridad judicial que en la sentencia de 9 de mayo de 2012 accedió
al amparo, ordenó dejar sin efectos las Resoluciones 101 de 5 de octubre de 2011
13
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
y 006 del 24 de febrero de 2012, y requirió el reinicio de la acción policiva respecto
de la obra construida sobre el apartamento 502 del Edificio Flor Campestre29.
63. En cumplimiento de lo anterior, la Inspección de Policía de Obra y Ornato de
Floridablanca, mediante auto de 7 de junio de 2012, resolvió: “[…] declárese la
nulidad de todo lo actuado dentro del expediente radicado bajo el número 4238, y
dese aplicación al fallo de tutela […]”.
64. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, en segunda instancia,
revocó la sentencia de 9 de mayo de 2012, en los siguientes términos:
“[…] SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada, de fecha 9 de mayo de 2012,
proferida por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, dentro de la acción
de tutela promovida por MARÍA JOSÉ ARANGO PIEDRAHITA, contra la ALCALDÍA
DE FLORIDABLANCA – SECRETARÍA DE GOBIERNO – INSPECCIÓN DE
POLICÍA OBRA Y ORNATO, por la cual se le tuteló a la actora el derecho al debido
proceso, de acuerdo al segmento considerativo que antecede.
TERCERO: En consecuencia, se declara improcedente la protección de los
derechos fundamentales invocados por la actora. […]”. (Negrilla del texto).
65. La parte motiva de esa sentencia explicó que:
“[…] para el caso de esta acción de tutela promovida MARÍA JOSÉ ARANGO
PIEDRAHITA, el Juzgado advierte que existe otro mecanismo judicial, de
naturaleza ordinaria, destinado a controvertir las decisiones adoptadas por la
Administración Municipal de Floridablanca, que la declararon infractora al régimen de
obra, por lo que debe acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa,
mediante la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y allí, al momento
de promoverla, podrá pedir la suspensión de la medida o decisiones tomadas en los
respectivas resoluciones en las que se determinó sancionarla.
Así, ante la improcedencia de la tutela impetrada, se revocará el fallo de tutela de
primera instancia, que le tuteló a la actora el derecho fundamental al debido proceso.
[…]”. (Negrilla del texto).
66. Esto significa que la Inspección de Policía de Obra y Ornato de Floridablanca en
la Resolución 092 de 22 de octubre de 2012, dio cumplimiento a la referida
sentencia judicial.
67. La jurisprudencia de esta Corporación de manera uniforme ha señalado que los
actos administrativos de ejecución no son susceptibles de control judicial cuando
29
La parte resolutiva de esa sentencia es del siguiente tenor: “[…] PRIMERO: TUTÉLESE el derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO de la señora MARÍA JOSÉ ARANGO PIEDRAHITA.
SEGUNDO: DÉJESE SIN EFECTOS la RESOLUCIÓN 101 de cinco (05) de octubre de dos mil once (2011) de la
INSPECCIÓN DE POLICÍA OBRA Y ORNATO DE FLORIDABLANCA y la RESOLUCIÓN 006 de veinticuatro (24) de febrero
de dos mil doce (2012) de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE FLORIDABLANCA.
TERCERO: REINÍCIESE la acción policiva en la INSPECCIÓN DE POLICÍA OBRA Y ORNATO, frente a la obra construida
en el apartamento 502 del Edificio FLOR CAMPESTRE ubicado en la Circunvalar 29 N.º 22 - 126 del Barrio Cañaveral del
Municipio de Floridablanca contra la señora MARÍA JOSÉ ARANGO PIEDRAHITA y/o su propietario (a), desde el auto que
avoca conocimiento, inclusive, donde habrá de incluirse la facultad que le asiste de presentar las pruebas que considere
oportunas.
CUARTO: EXHÓRTESE a las dependencias INSPECCIÓN DE POLICÍA OBRA Y ORNATO y la SECRETARÍA DE
GOBIERNO, ambos de la ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA, a que en lo sucesivo se ciñan al trámite procedimental
contemplado para estos fines en el Código Departamental de Policía de Santander.
QUINTO: Si finalizado el término de ley el presente fallo no fuere impugnado, por Secretaría, ENVÍESE inmediatamente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión […]”. (Negrilla del original).
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Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
no crean, modifican o extinguen una situación jurídica, es decir que solo dan
cumplimiento a la orden judicial o administrativa.
68. En la sentencia de 29 de agosto de 201930, la Sección Primera indicó que:
“[…] En lo que guarda relación con los denominados actos de ejecución, que son
aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin
que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la
sentencia o acto ejecutado, es importante señalar que la jurisprudencia ha precisado
que es procedente el estudio de los mismos de forma excepcional cuando: i) la
decisión de la administración va más allá de lo ordenado por el juez y ii) crea, modifica
o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue
objeto de debate judicial.
Esta Corporación ha precisado que los actos a través de los cuales se hace efectiva
una sentencia no son enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
mediante un mecanismo de control de legalidad, pues son actos de ejecución, es
decir, no crean, extinguen o modifican una situación particular, sino que hacen
efectiva una orden impartida por un Juez de la República. Sin embargo, en ocasiones
se han aceptado algunas excepciones, las cuales surgen del desconocimiento de la
decisión judicial, en cuanto crean una situación nueva […]”.
69. Siguiendo los lineamientos jurisprudenciales citados ut supra, la Sala considera
que la Resolución 092, “[…] Por medio de la cual se deja sin valor ni efecto jurídico,
el auto de fecha 07 de junio de 2012, que ordenó la nulidad de todo lo actuado
dentro del presente proceso, junto con las actuaciones decretadas después de
dicho auto hasta la fecha, así mismo se ordena mantener incólume las
Resoluciones no 101 de 2011, Resolución no 000106 de 2011 y 006 de 2012,
dictadas en este proceso, dando cumplimiento al fallo de tutela de segunda
instancia proferido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga de
fecha 26 de junio de 2012 […]”, no constituye un acto definitivo susceptible de ser
demandado ante esta jurisdicción.
70. El citado acto no fue más allá de lo ordenado por el juez de tutela, ni creó,
modificó o extinguió una determinada relación jurídica distinta a la que fue objeto
de análisis en la acción constitucional.
71. Así las cosas, en razón a que uno de los actos demandados no es pasible de
control judicial, la Sala declarará probada de oficio la excepción de inepta demanda
respecto de la Resolución 092 de 22 de octubre de 2012 y, en consecuencia, se
inhibirá de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto respecto de este
acto administrativo.
72. Precisado lo anterior, resulta necesario entrar a analizar si la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora María José Arango
Piedrahita se presentó de manera oportuna, esto es, dentro del término de
caducidad de que trata el literal d) del numeral 2. del artículo 164 de la Ley 1437,
por ser este un presupuesto procesal del medio de control.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de junio de 2023. C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón. Radicación núm. 25000-23-24-000-2010-00500-01.
15
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
73. La citada norma señala:
“[…] ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá
ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente
al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;
[…]”. (Negrilla fuera del texto).
74. La caducidad como institución procesal de orden público constituye una figura
en virtud de la cual se “[…] limita en el tiempo el derecho de acción que tienen las
personas de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, enervando
con ello la posibilidad de controvertir la presunción de legalidad de los actos
administrativos […]”31. Por ser una figura de orden público es irrenunciable y, de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
75. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1437, las decisiones
se deben notificar en la forma prevista en los artículos 67 a 73. El artículo 67 señala
que las decisiones que finalizan una actuación administrativa deben notificarse
personalmente al interesado.
76. En el presente caso, la Resolución 006 de 24 de febrero de 201232, “[…] Por
medio del cual se resuelve un recurso de APELACIÓN dentro de la investigación
radicada No. 4238 de 22 de Septiembre de 2011 […]”, se notificó el 1.° de marzo
de 2012, conforme a la siguiente constancia:
33
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020,
radicado: 41001-23-31-000-2000-00659-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
32
“[…] Por medio de la cual se deja sin valor ni efecto jurídico, el auto de fecha 07 de junio de 2012, que ordeno la nulidad
de todo lo actuado dentro del presente proceso, junto con las actuaciones decretadas después de dicho auto hasta la fecha,
así mismo se ordena mantener incólume las Resoluciones no 101 de 2011, Resolución no 000106 de 2011 y 006 de 2012,
dictadas en este proceso, dando cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bucaramanga de fecha 26 de junio de 2012 […]”.
33
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL
APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 85”, página 49.
16
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
77. Así las cosas, el término previsto en el literal d) del numeral 2. del artículo 164
de la Ley 1437 para demandar los actos acusados, inició el 2 de marzo de 2012 y
finalizó el 3 de julio del mismo año, teniendo en cuenta que el último día no era
hábil, en aplicación del artículo 11834 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201235.
78. El Consejo de Estado en las sentencias de 10 de octubre 201336, 30 de octubre
de 201437 y 17 de noviembre de 201738, entre otras; así como la Corte
Constitucional en las sentencias T-017 de 23 de enero de 200939, T-871 de 201140
y T-237 de 201841, explicó que la acción de tutela concebida en el artículo 86
superior y en el artículo 1º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199142, no
puede emplearse con la finalidad de revivir términos precluidos de los procesos
ordinarios.
79. Esta Corporación en la sentencia de 10 de octubre 2013, al resolver un caso de
supuestos fácticos y jurídicos similares, precisó lo siguiente:
“[…] La apoderada judicial de la parte demandante impugnó el fallo de primera
instancia, en cuanto declaró probada la caducidad de la acción, bajo el argumento de
que si bien la demanda se presentó en la oficina judicial el 16 de marzo de 2011,
cuando ya había fenecido el término de caducidad (Dic. 13/11), en ningún caso puede
considerarse extemporánea porque mediante sentencia de 14 de febrero de 2012,
proferida por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar se habilitó el
término para interponer la acción de nulidad electoral.
Agregó que no obstante haberse revocado esa providencia por el Tribunal
Administrativo del Cesar, el hecho de que esa corporación nada hubiera dicho en
torno a sus efectos, lleva a entender que los produce hacia el futuro, esto es, a partir
de la notificación del fallo de segunda instancia, pues sólo así se mantienen a salvo
los derechos fundamentales de los accionantes.
[…] Así, es cierto que el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Valledupar, con
fallo de 14 de febrero de 2012 proferido dentro de la Acción de Tutela No.
200013331006201100494-00, dispuso, entre otras medidas, habilitar el término de
caducidad de la acción electoral para que los interesados en ella, dentro de los 20
días siguientes, la interpusieran, como en efecto así lo hicieron el 16 de marzo de
2012.
Con todo, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió el fallo de 27 de marzo de 2012,
con el cual revocó la sentencia citada en el párrafo anterior y declaró improcedente la
acción porque los interesados contaron con la posibilidad de ventilar los mismos
hechos a través de la acción de nulidad electoral. En esta parte es que la apelante
sostiene que los efectos de la revocatoria son ex nunc o hacia adelante, porque el
Tribunal no hizo ninguna precisión en torno a los que pudiera tener su providencia.
34
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
35
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. (E): Alberto Yepes Barreiro, radicación núm. 200012331000201100622-02 y
200012331002201200125-01.
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, acción de tutela radicación núm. 47001-
2333-000-2023-00147-02.
38
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P María Elizabeth García González, acción de tutela con radicación núm. 11001-
03-15-000-2017-02106-00(AC)
39
Corte Constitucional. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
40
Corte Constitucional. M.P. Mauricio González Cuervo.
41
Corte Constitucional. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
42
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
17
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
La Sala observa, en primer lugar, que la acción de tutela fue concebida en el
artículo 86 Constitucional y en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, con el
propósito de proveer sobre “la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Por lo mismo,
este dispositivo constitucional no puede emplearse con la finalidad de revivir
términos u oportunidades procesales ya vencidos, tal como lo ha dejado en
claro la doctrina constitucional al pregonar: […]
Y, en segundo lugar y por esta misma razón –revivir términos procesales-, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico no es cierto que el fallo de tutela dictado por el Juzgado
en cuestión conserve su eficacia entre la fecha de su expedición y la fecha en que se
notificó la sentencia que lo revocó y que fue emitida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, como tampoco lo es el hecho de que para poderse borrar sus efectos pasados
el ad-quem ha debido así disponerlo en la parte resolutiva de su sentencia,
precisamente porque, se reitera, el apoderado de la accionante está utilizando la
acción de tutela para un fin antijurídico como es el revivir términos procesales
precluidos.
La apoderada equivocadamente pretende que se aplique en este caso lo que el
ordenamiento jurídico reserva para los fallos dictados por la H. Corte Constitucional
cuando ejerce el control judicial de constitucionalidad. En efecto, el artículo 45 de la
Ley 270 de 1996 prescribe al respecto que “Las sentencias que profiera la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de
la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva
lo contrario.” (Negrillas de la Sala). Por el contrario, en lo que respecta a los fallos
dictados en las acciones de tutela el artículo 45 ibídem, consagra que “tienen carácter
obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar
para la actividad de los jueces.”.
Por tanto, si la sentencia de segunda instancia revoca la que en primera
instancia acogió las súplicas de la demanda, sus efectos se surten
inmediatamente es notificada, de suerte que cualquier orden que se haya
impartido como efecto suyo desaparece del mundo jurídico, y lo hace desde
entonces, desde cuando se expidió. […]” (negrilla fuera del texto).
80. En la sentencia de 30 de octubre de 2014, el Consejo de Estado aclaró que la
acción de tutela como mecanismo transitorio no puede ampliar las reglas propias
de los procesos ordinarios ante el juez natural, por las siguientes razones:
“[…] Por lo anterior, cuando el inciso 3 del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991
establece que concedida la tutela como mecanismo transitorio la acción
correspondiente debe ejercerse en un “un término máximo de cuatro meses” debe
entenderse que con la presentación de la solicitud se suspende el término de
caducidad de la acción principal, por lo que el beneficiado con la orden debe ejercer
el medio de control correspondiente dentro del plazo que falte para que opere la
caducidad de éste.
Resalta la Sala que si bien la norma no lo dice así expresamente, dada la
transitoriedad de los efectos del amparo y la naturaleza supletiva, residual,
excepcional y subsidiaria de esta acción, hay que entender lógicamente que con ella
no es viable sustituir ni las vías ordinarias ni mucho menos los trámites y requisitos
que deben seguirse en los diferentes procesos, por lo que no puede entenderse en
manera alguna que a través de la tutela se consagre un término de caducidad
especial, ya que la protección conferida no puede ir en abierta contradicción con el
ordenamiento jurídico.
[…]
18
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
Así, la correcta interpretación de la disposición reseñada, impide entender que en
aplicación del artículo 8° del Decreto 2591 de 1991 se haya consagrado un plazo
especial de caducidad para las acciones ordinarias en favor única y
exclusivamente del beneficiado con la protección transitoria, pues esto
equivaldría a permitir que con el referido mecanismo constitucional sea posible
eludir los requisitos de los distintos medios de control y revivir términos ya
fenecidos.
En consecuencia, dada la precariedad del amparo y la incompetencia del juez de
tutela para variar las condiciones previamente impuestas por el legislador, la solicitud
de amparo, como ya se dijo, solo tiene la virtualidad de suspender los términos, más
no ampliarlos o adicionarlos y con ello premiar la desidia de los ciudadanos,
por lo que si el interesado no intenta la acción dentro de la oportunidad legal debe
ser sancionado con la expiración del plazo para interponer el medio de control. […]”.
(Negrilla fuera del texto).
81. En atención a que la demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de
Santander el día 7 de mayo de 201343, según sello de recibido de la secretaría de
esa corporación judicial, resulta evidente que la demanda se instauró de manera
extemporánea, y como resultado de ello, operó la caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
82. Cabe precisar que el fallo de tutela de primera instancia 9 de mayo de 2012 no
concedió el amparo como mecanismo transitorio y, además, dicha decisión de
tutela fue revocada en segunda instancia, con fundamento en que el mecanismo
de amparo no cumplía con el requisito de subsidiariedad.
83. Incluso si, en gracia de discusión se contabilizara la caducidad desde el día
siguiente de la notificación personal de la Resolución 006 de 24 de febrero de 201244,
suspendiendo los términos a partir del momento en que se profirió la sentencia de
tutela de primera instancia el 9 de mayo de 2012, hasta el día siguiente de la
notificación personal de la Resolución 092 de 22 de octubre de 201245, e incluyendo
la suspensión de términos46 a que alude el artículo 3 del Decreto 1716 de 14 de
mayo de 200947, el medio de control también habría caducado.
84. Para la Sala la señora María José Arango Piedrahita, al solicitar la nulidad de la
Resolución 092 de 22 de octubre de 2012, pretendía revivir los términos para acudir
a la jurisdicción, los cuales se encontraban caducados, pues dicho acto no tenía la
43
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL
APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 85”, página 174.
44
“[…] Por medio de la cual se deja sin valor ni efecto jurídico, el auto de fecha 07 de junio de 2012, que ordeno la nulidad
de todo lo actuado dentro del presente proceso, junto con las actuaciones decretadas después de dicho auto hasta la fecha,
así mismo se ordena mantener incólume las Resoluciones no 101 de 2011, Resolución no 000106 de 2011 y 006 de 2012,
dictadas en este proceso, dando cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bucaramanga de fecha 26 de junio de 2012 […]”.
45
Cfr. Índice 85 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL
APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 85”, página 122.
46
La solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Publico se radicó el 12 de marzo de 2013, y el 6 de mayo de 2013
se expidió la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad por ausencia de ánimo conciliatorio.
47
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V
de la Ley 640 de 2001 […]”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
virtualidad de ser controvertidos en sede judicial como lo explicó esta Sección en la
sentencia de 14 de agosto de 201448.
85. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia de 3 de julio de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, se declarará
probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de las Resoluciones números 101 de 5 de
octubre de 2011; 106 de 27 de octubre de 2011 y 006 de 24 de febrero de 2012.
86. Finalmente, se advierte que los presupuestos previstos en el artículo 188 de la
Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564, sobre condena en costas en segunda
instancia, no se configuran, porque no se acreditó su causación en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda
respecto de la Resolución 092 de 22 de octubre de 2012 y, en consecuencia,
INHIBIRSE de decidir las pretensiones de la demanda respecto de este acto
administrativo.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 3 de julio de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR probada de oficio la
excepción de caducidad del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho
respecto de las Resoluciones números 101 de 5 de octubre de 2011; 106 de 27 de
octubre de 2011 y 006 de 24 de febrero de 2012, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
48
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, acción de nulidad y restablecimiento del derecho
radicación núm. 13001-23-31-000-2003-01809-01. En esa sentencia se precisó que “[…] el acto atacado no contiene ninguna
decisión o expresión de la voluntad de la Administración para crear o modificar una situación jurídica respecto de la parte
actora y, de otra parte, los argumentos en los cuales fundamenta su inconformidad se dirigen contra las decisiones que
establecieron los derechos y tasas a pagar contenidas en los actos administrativos que si tenían la virtualidad de ser
controvertidos en sede judicial por ser de aquellos que crean una situación jurídica concreta respecto de la demandante y,
frente a los cuales, para la fecha de la petición (24 de febrero de 2003), la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
se encontraba caducada […]”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2013-00530-01
Demandante: María José Arango Piedrahita
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Aclara voto
Aclara voto
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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