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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2015-00619-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2015-00619-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de acto no sujeto a control judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2015-00619-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros1
Demandado: Municipio de Floridablanca
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Susceptibilidad de control judicial de los actos expedidos en
cumplimiento de un fallo de tutela
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declara
probada de oficio la excepción de acto no sujeto a control judicial.
Sin condena en costas en esta instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda y se condenó en costas a la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), los ciudadanos Efraín Díaz Díaz, Carmen Julia
García de Zapata, Enrique Eudoro Villegas Salazar, Misael Velandia Figueroa, Rodrigo
Rojas Palomino, Germán Antonio Meneses Hernández, Jairo Macareo Arenas, Jhon
Martínez Porras y Josimar Jair Alexander González Pineda, a través de apoderado
judicial, demandaron al municipio de Floridablanca, con el objeto de que se accediera a
las siguientes pretensiones3:

1 Carmen Julia García de Zapata, Enrique Eudoro Villegas Salazar, Misael Velandia Figueroa, Rodrigo

Rojas Palomino, Germán Antonio Meneses Hernández, Jairo Macareo Arenas, Jhon Martínez Porras y
Josimar Jair Alexander González Pineda.
2 Cuaderno 2 del Tribunal, folio 393. La demanda se admitió por auto del 15 de septiembre de 2015. (Folio

446)
3El expediente se encuentra digitalizado en el índice 40 del SAMAI.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

1.1.1. Pretensiones4

PRIMERA. Declarase nulo el acto administrativo contenido en la Resolución No. -
4359 del 22 de Diciembre de 2014 proferida por la Alcaldía Municipal de
Floridablanca Santander, citada resolución fue notificado por notificación
electrónica el día Jueves, 8 de Enero, 2015 a las 16:57:34 por medio del email
franjopla1@hotmail.com al señor ENRIQUE EUDORO VILLEGAS SALAZAR
tutelante principal de la sentencia T-210-2101 y por medio del email
dilaed@hotmail.com; con escrito del 19 de Enero de 2015 fue notificada la
Resolución No.- 4359 del 22 de Diciembre de 2014 proferida por la Alcaldía
Municipal de Floridablanca Santander a los señores posesionarios que trata la
sentencia T-210-2010, aclarase que en el respectivo escrito en comento no fue
enviado la resolución No.- 4359 del 22 de Diciembre de 2014 a : JHON MARTINEZ
PORRAS, GERMAN ANTONIO MENESES, JOSIMAR GONZALEZ PINEDA,
OSCAR JAIME ZAPATA SANCHEZ, MISAEL VELANDIA FIGUEROA, MACAREO
ARENAS, EFRAIN DIAZ DIAZ, RODRIGO ROJAS PALOMINO y respectivamente,
Declarase nulo los siguientes actos administrativos contenido en la
Resolución No.- 0731 Marzo 4 de 2015, Resolución No.- 0732 Marzo 4 de 2015,
Resolución No.- 0733 Marzo 4 de 2015 Marzo 4 de 2015, Resolución No.- 0734
Marzo 4 de 2015, Resolución No.- 0735 Marzo 4 de 2015, Resolución No.- 0736
Marzo 4 de 2015, Resolución No.- 0737 Marzo 4 de 2015, Resolución No.- 0738
Marzo 4 de 2015, Resolución No.- 0739 Marzo 4 de 2015 proferidos por la
Alcaldía Municipal de Floridablanca Santander, Citadas resoluciones fueron
notificadas por correo electrónico alcalde@floridablanca.gov.co en fecha
Marzo 4 de 2015.

SEGUNDA: Condénese ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA SANTADER representada por el señor CARLOS ROBERTO
ALEXANDER AVILA AGUILAR alcalde municipal alcaidía municipal de
Floridablanca Santander o quien haga sus veces , a pagar a los demandantes por
concepto de mejoras la suma de ONCE MIL TRECIENTOS CUARENTA PUNTO
TREITA Y SIETE (sic) (11340,37) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTE moneda legal Colombiana, debidamente indexados al momento de la
sentencia por concepto de las mejoras que trata el articulo (sic) tercero de la
sentencia de Tutela T210-2010 proferida por la Corte Constitucional

TERCERA: Condénese ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA SANTADER representada por el señor CARLOS ROBERTO
ALEXANDER AVILA AGUILAR alcalde municipal alcaldía municipal de
Floridablanca Santander o quien haga sus veces, a pagar a los demandantes por
concepto de intereses del 6% anual a partir de la fecha de la sentencia T-210- 2010
Marzo 23 de 2010 la suma de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y a CUATRO
PUNTO OCHENTA Y UNO (2564,81) SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTE moneda legal Colombiana a los demandantes

[…]

7- PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

7.1. - Que antes de proceder al pago de las mejoras que trata la sentencia T-210-
2010 la Alcaldía Municipal de Floridablanca Santander-Representante Legal

4 Se presentan con los eventuales errores del texto original.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

ordene un estudio técnico, financiero y jurídico dentro del marco legal y
jurisprudencial mencionado en esta demanda nombrando un grupo
interdisciplinario universitario D) de profesionales con conocimiento y experiencia
en la (sic) siguientes profesiones:

7.1.1. - Un Abogado para que este interprete el ordenamiento exegético y
hermenéutico relacionado a la aplicación de la Ley, decretos, resoluciones,
jurisprudencias con el pago de las mejoras bajo el contexto al derecho al trabajo y
al mínimo vital ordenado en la sentencia de Tutela T-210-2010, que enmarcan la
legalidad del debido proceso y los procedimientos del cumplimiento del pago,
evitando vulnerar los derechos constitucionales de los actores y de la Alcaldía en
comento y la aplicabilidad del debido proceso formal, constitucional y normativo
para estos casos.

7.1.2.-Un contador público titulado, para que este determine la cuantificación y
valores reales de los derechos al pago de las mejoras, derechos laborales,
derechos a la fuerza de trabajo aplicada en terrenos del estado.

7.1.3.-Un ingeniero agrónomo o un ingeniero catastral para que determine todo lo
relacionado con las mejoras respecto a las plantaciones y cultivos conforme a las
normas de avaluó entre ellas La ley 388 de 1997, Resolución 620 de 2008 del
Instituto Agustín Codazzi, Resoluciones Nos. 762 de 1998, No. – 1463 de 1993,
No. 70 de 2011, Ley 56 de 1981. Ley 9 de 1989, Decreto 222 de 1983, Decreto
3444 de 1985.

7.1.4.-Un Ingeniero Civil para que determine todo lo concerniente a evaluar los
valores de las obras civiles y demás materiales distintos a las plantaciones y
cultivos conforme a la normatividad vigente de avaluó de obras civiles.

1.1.2. Los actos acusados

A continuación, se transcriben los apartes relevantes de los actos demandados.

Resolución núm. 4359 de 2014, expedida por el alcalde municipal de Floridablanca5

RESOLUCIÓN No. 4359
22 de diciembre de 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y SE AUTORIZA EL PAGO DE UNA
CUENTA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas
por la Ley 136 de 1994,
CONSIDERANDO:

5 Cuaderno 1 del Tribunal, folio 26 y ss. Se presenta con los eventuales errores del texto original.

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3

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

1. Que mediante Fallo de Acción de tutela T-210 de 2010 de fecha 23 de marzo de
2010 La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional se ordenó al Municipio
de Floridablanca:
[…]
TERCERO: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Floridablanca
que, antes de proceder al desalojo, llegue a un acuerdo con el
peticionario en el que, en todo caso, se le reconozcan las
mejoras que éste hubiere hecho sobre el inmueble, con el fin de
proteger sus derechos al trabajo y al mínimo vital. Esta decisión
tendrá efectos inter comunis por lo que se hará extensiva a
todos aquellos ocupantes del bien de uso público, objeto del
proceso policivo de restitución No. 106 de 2006, que se
encuentren en una situación similar a la del peticionario, en la
medida en la que subsistan gracias a los recursos derivados de
la explotación económica del predio y/o que tengan su vivienda
en dicho terreno.
[…]
2. Que existe Avalúo Comercial Corporativo realizado por GONZALO
GUTIÉRREZ MANCILLA perito Auxiliar de Justicia No 0821-2013 solicitado por
el JUZGADO VEINTE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO en el cual se reconocen las siguientes sumas de dinero por
concepto de mejoras así:

3. Que dentro del trámite del INCIDENTE DE DESACATO a la sentencia T-210 de
2010, el día 27 de noviembre de Dos mil catorce, el Alcalde Municipal solicito un
plazo no superior a un (1) mes para el pago a los incidentantes del avaluó solicitado
por el juzgado, por valor de TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS
($ 326.374.623.00) realizado por GONZALO GUTIERREZ MANCILLA auxiliar de
la justicia.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

4. Que el acta de fecha 27 de noviembre de dos mil catorce, del Juzgado Séptimo
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, fue sometida y
aprobada por el comité de conciliaciones del Municipio de Floridablanca el día 2
de diciembre de 2014.
5. Que para el pago correspondiente existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 14-02610, con cargo al código G.1.3.19 Sentencias y
Conciliaciones.
Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago por concepto de mejoras
agrícolas y mejoras de los inmuebles ubicados en el predio de la calle 205 entre
las carreras 41D y Carrera 37 del Barrio los Andes del Municipio de Floridablanca
de las siguientes sumas de dinero a las personas que se relacionan así:

PARAGRAFO. - El mencionado pago se imputará al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 14-02610, con cargo al código G.1.3.19 Sentencias y
conciliaciones.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar a los interesados el contenido de la presente,
advirtiéndole que contra la misma procede recurso de reposición dentro de los diez
(10) días siguientes, contados a partir de la firma de la misma, conforme lo estipula
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: Si los notificados no comparecen a reclamar el pago,
consignese (sic) en la cuenta del Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal
acusatorio No. [6]80012048001 del Banco Agrario y a nombre de cada uno de los
tutelantes.
[…]

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5

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

Resoluciones núm. 0731 a 0739 a de 2015, expedidas por el alcalde municipal de
Floridablanca, por cada uno de los 9 recurrentes6

RESOLUCION No 0731
04 MARZ 2015
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION EN
CONTRA DE LA RESOLUCION No 4359 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2014.”
EL ALCALDE MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA (E)
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por la ley 136 de 1994,
CONSIDERANDO
1- Que mediante Resolución Numero 4359 de fecha Diciembre 22 de 2014, el
señor Alcalde Municipal de Floridablanca reconoció y ordeno el pago de una
cuenta a favor de JHON MARTINEZ PORRAS y otros por concepto de mejoras
de los inmuebles ubicados en el predio de la calle 205 entre carreras 41 D Y
37 del barrio los Andes del Municipio de Floridablanca.
2- Que el ciudadano JHON MARTINEZ PORRAS, identificado con la cédula de
Ciudadanía No 91.150.420, interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN contra la
resolución 4359 de 2014 por medio de la cual se reconoce y autoriza el pago
de una cuenta a favor de JHON MARTINEZ PORRAS y OTROS por concepto
de mejoras de los inmuebles ubicados en el predio de la calle 205 entre
carreras 41D y 37 del barrio los Andes del Municipio de Floridablanca.
3- El señor JHON MARTINEZ PORRAS, JUSTIFICA EL RECURSO
reiteradamente en lo siguiente:
[…]
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
El numeral tercero del fallo de tutela 210-2010 de la Honorable Corte
Constitucional dispuso:
“Tercero.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Floridablanca, que
antes de proceder al desalojo, llegue a un acuerdo con el peticionario
en el que, en todo caso, se le reconozcan las mejoras que este hubiere
hecho sobre el inmueble, con el fin de proteger sus derechos al
trabajo y al mínimo vital. Esta decisión tendrá efectos inter comunis
por lo que se hará extensiva a todos aquellos ocupantes del bien de uso
público, objeto del pr[o]ceso policivo de restitución No. 106 de 2006,
que se encuentren en una situación similar a la del peticionario, en la
medida en la que subsistan gracias a los recursos derivados de la
explotación económica del predio y/o que tengan su vivienda en dicho
terreno.” Negrilla, cursiva y subrayado fuera de texto.
En relación con lo manifestado por el recurrente en el sentido de que la
“resolución no cumple con el procedimiento del debido proceso para la
aprobación de lo ordenado en el resuelve del artículo tercero de la
sentencia T-210-2010 y violó los derechos de defensa y contradicción del
señor JHON MARTINEZ PORRAS” No es cierto, porque para llegar a un
acuerdo sobre el valor de las mejoras se presentaron tres avalúos: UN

6 Cuaderno 1 del Tribunal, folio 41 y ss. Se presentan con los eventuales errores del texto original.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

PRIMER AVALUO por parte de los accionantes por valor de DIEZ MIL
TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($10.032.229.828.00) M/CTE, peritaje
que no fue aceptado por el Municipio de Floridablanca, ante lo cual y con el fin
de llegar a un acuerdo se realizó un SEGUNDO AVALÚO contratado por el
Municipio de Floridablanca con la LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE
SANTANDER el cual arrojó un valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS
($290.325.523.00) avalúo que no fue aceptado por los accionantes, por lo que
se ORDENÓ UN TERCER AVALÚO POR EL JUEZ DE TUTELA el cual
designó al profesional GONZALO GUTIERREZ MANCILLA, perito auxiliar de
la Justicia No 0821-2013, a efectos de establecer el valor de dichas mejoras
debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes,
valorado finalmente en la suma de $326.374.623= (TRESCIENTOS
VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE), avalúo que se tomó como base
para cumplir el fallo de tutela.
En relación con el acta de fecha Abril 25 de 2014, es necesario precisar que
después de someterla a un análisis legal, fiscal y financiero, se determinó que
no era prudente ni conveniente para el Municipio contratar una Consultoría
Interdisciplinaria, ya que con estos gastos se estaría ocasionando daño fiscal
por cuanto existe un avalúo por parte del Juzgado de tutela, por ello dentro del
incidente de desacato promovido en el Juzgado de tutela se solicitó el plazo de
(1) mes para cumplir con el pago del avalúo realizado por el Despacho Judicial,
tal como consta en el acta de descargos rendidos por el Alcalde Municipal de
Floridablanca, Dr. Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar, ante el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, el día 27 de
Noviembre de 2014.
En relación a lo manifestado por el recurrente en la Justificación de su recurso
al expresar: “Al incumplir el debido proceso de pago de mejoras y los
derechos al trabajo al mínimo vital al señor JHON MARTINEZ PORRAS”; es
importante aclarar por parte de la Administración Municipal, que la Honorable
Corte Constitucional ordenó al Municipio de Floridablanca en su parte
Resolutiva Numeral Tercero, “se le reconozcan las mejoras que este hubiere
hecho sobre el inmueble, con el fin de proteger sus derechos al trabajo y al
mínimo vital.” Obsérvese que la Honorable Corte Constitucional ordenó que
se reconocieran MEJORAS y no está ordenando pagar suma adicional alguna
para garantizar el mínimo vital de los años que le quedan de vida a los
accionantes y a su familia, como ha sido manifestado por el señor ENRIQUE
EUDORO VILLEGAS, en derecho de petición de fecha 10 de septiembre de
2014, en el cual solicita el pago de 16.223 salarios para garantizar el mínimo
vital de los accionantes y de su familia por el tiempo que les queda de vida al
manifestar: (…) “entendiéndose en derecho que al reconocerles valores
inferiores a 16.223 salario mínimo legal vigente estas personas junto con
sus esposas e hijos no podrán sobrevivir de lo que le queda de vida…”
Negrilla fuera de texto.
El recurrente solicita un valor adicional de 16.223 salarios mínimos legales por
concepto del mínimo vital durante los años que le quedan de vida, valor que no
fue ordenado por la Honorable Corte Constitucional, situación que hizo
imposible llegar a un acuerdo con los dos avalúos realizados por las partes,
motivo por el cual fue necesario un tercer avaluó por parte del juez de Tutela,

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

siendo este último el que se tiene en cuenta para realizar el pago ordenado en
la resolución 4359 del 22 de diciembre de 2014.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto con el Art. 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “No habrá
recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite,
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa”. La negrilla y el subrayado es nuestro.
La Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia 923 de 2011, del 07 de
Diciembre de 2011, del Magistrado Ponente. Humberto Antonio Sierra Porto,
ha señalado “… En este orden de ideas, como regla general, frente a los actos de
ejecución de las sentencias no procede recurso alguno en vía gubernativa ni control
judicial; sin embargo, sí procederán, de forma excepcional, cuando quiera que la
decisión de la administración vaya más allá de lo ordenado por el juez, en la medida
en que se cree, modifique o extinga una determinada relación jurídica entre el Estado
y un particular…”
Para el caso en concreto se está dando cumplimiento a lo ordenado por la
Honorable corte constitucional en sentencia T 210-2010 y al compromiso
adquirido en el Incidente de Desacato a esta tutela, tramitado en el Juzgado
Veinte Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Bucaramanga, por
lo que se confirmará la resolución 4359 del 22 de diciembre de 2014.
En mérito de lo expuesto
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Confirmar la resolución 4359 del 22 de diciembre 2014
por medio de la cual se reconoce y autoriza el pago de una cuenta a favor de
JHON MARTINEZ PORRAS y otros por concepto de mejoras de los inmuebles
ubicados en el predio de la calle 205 entre carreras 41D y 37 del barrio los
Andes del Municipio de Floridablanca.
ARTICULO SEGUNDO. Ordénese al TESORERO MUNICIPAL consignar en
la cuenta Judicial No 680012048001 del Banco Agrario y a favor del señor
JHON MARTINEZ PORRAS identificado con la cédula de ciudadania No.
91.150.420, la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($12.987.990.00) por
concepto de mejoras de los inmuebles ubicados en el predio de la calle 205
entre carreras 41D y 37 del barrio los Andes del Municipio de Floridablanca,
dando cumplimiento al fallo de tutela T-210-2010 de la Corte Constitucional.
ARTICULO TERCERO. Notifíquese el contenido de la presente resolución al
recurrente, advirtiéndole que contra la presente Resolución no procede recurso
alguno.
[…]

Las ocho resoluciones restantes reproducen esa motivación y esa parte resolutiva, con
variación del nombre del recurrente y de la suma ordenada, y con dos salvedades7.

7 La Resolución 0733 intercala un considerando tercero en el que advierte que en la Resolución 4359 “se

reconoció y ordenó el pago a favor de MACAREO ARENAS y no de JAIRO MACAREO ARENAS siendo
este último el nombre completo del tutelante”. La Resolución 0734 resuelve el recurso interpuesto por
Carmen Julia García de Zapata y, con todo, confirma la Resolución 4359 “a favor de OSCAR JAIME
ZAPATA y otros” y ordena consignar a nombre de él la suma de $10.400.700. Obra en el expediente que
ella es la esposa de Óscar Jaime Zapata Sánchez y que este falleció.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

La individualización de cada acto es la siguiente:

Res. Recurrente Cédula Suma ordenada
0731 Jhon Martínez Porras 91.150.420 $ 12.987.990
0732 Misael Velandia Figueroa 5.561.513 $ 30.241.500
0733 Jairo Macareo Arenas 5.667.036 $ 4.402.860
0734 Carmen Julia García de Zapata 41.717.745 $ 10.400.700
0735 Josimar Jair González Pineda 91.152.995 $ 49.540.443
0736 Enrique Eudoro Villegas Salazar 5.556.114 $ 78.468.600
0737 Efraín Díaz Díaz 2.195.165 $ 14.402.020
0738 Rodrigo Rojas Palomino 5.637.990 $ 67.445.560
0739 Germán Antonio Meneses 5.638.330 $ 58.484.950

1.1.3. Fundamentos de hecho

Como fundamento de las pretensiones, la demanda relató en primer término los hechos
que dieron lugar a la sentencia T-210 de 23 de marzo de 2010, proferida por la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional. Según ese relato, Enrique Eudoro
Villegas Salazar ejercía desde 1992 actos de señor y dueño sobre la parcela "Villa
Carolina", ubicada en Floridablanca y entonces de propiedad privada. Mediante escritura
pública 1037 de 30 de junio de 1995, su propietaria, la empresa Marval, cedió el terreno
al Fondo de Inmuebles Urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga como
contraprestación al permiso de construcción de la urbanización Los Andes, con lo cual el
predio adquirió la calidad de bien de uso público. Sobre esa base, mediante la Resolución
núm. 0484 de 16 de julio de 2008, dictada dentro del proceso policivo 106 de 2006, la
Inspección Segunda de Policía de Floridablanca ordenó a los ocupantes la restitución del
bien.

Contra esa orden, Villegas Salazar interpuso acción de tutela contra la Alcaldía Municipal
de Floridablanca (en adelante, la Alcaldía) y la Inspección Segunda de Policía. La Corte
Constitucional, en sede de revisión, concedió el amparo por violación del principio de
confianza legítima, pues el peticionario había poseído de buena fe durante más de una
década sin que la Alcaldía iniciara la restitución.

En consecuencia, en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-210 de
2010 la Corte ordenó a la Alcaldía que, antes de proceder al desalojo, llegara a un
acuerdo con el peticionario en el que en todo caso se le reconocieran las mejoras hechas
sobre el inmueble, con el fin de proteger sus derechos al trabajo y al mínimo vital, y otorgó
a esa decisión efectos inter comunis respecto de los demás ocupantes del bien que se
encontraran en situación similar8.

8 Orden tercera de la Sentencia T – 210 de 2010 de la Corte Constitucional. MP: Juan Carlos Henao.
“Tercero. - ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Floridablanca que, antes de proceder al desalojo, llegue
a un acuerdo con el peticionario en el que, en todo caso, se le reconozcan las mejoras que éste hubiere
hecho sobre el inmueble, con el fin de proteger sus derechos al trabajo y al mínimo vital. Esta decisión
tendrá efectos inter comunis por lo que se hará extensiva a todos aquellos ocupantes del bien de uso
público, objeto del proceso policivo de restitución No. 106 de 2006, que se encuentren en una situación
similar a la del peticionario, en la medida en la que subsistan gracias a los recursos derivados de la
explotación económica del predio y/o que tengan su vivienda en dicho terreno”.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

Dicha sentencia quedó en firme, pues mediante el auto 193 de 31 de agosto de 2011, la
Sala Plena de la Corte Constitucional negó la solicitud de nulidad parcial que contra ella
presentó la empresa Marval.

La parte actora afirmó que la Alcaldía no celebró el acuerdo pese a los oficios en que se
le pidió cumplir la sentencia, razón por la cual, el 14 de marzo de 2012, Villegas Salazar
promovió ante la Corte Constitucional incidente de desacato, acompañado del avalúo
comercial de las nueve parcelas elaborado por el ingeniero agrónomo Jairo Gilberto
Buitrago Rodríguez. La Corte remitió el incidente al Juzgado Veinte Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga (hoy Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento, en adelante el juzgado de tutela).

Según el relato de la demanda, la controversia suscitada en el incidente de desacato se
concentró en la determinación del valor de las mejoras. Para ese efecto se allegaron tres
avalúos comerciales. El primero fue elaborado por Jairo Gilberto Buitrago Rodríguez y
aportado con la solicitud de desacato como sustento de la pretensión de los
posesionarios. El segundo fue encargado por la Alcaldía a la Lonja de Propiedad Raíz de
Santander, por sugerencia de los apoderados de la parte actora, con el propósito de
contar con una valoración adicional frente a la inicialmente presentada.

Ante la falta de acuerdo, el juzgado de tutela designó como auxiliar de la justicia a
Gonzalo Gutiérrez Mancilla, quien rindió un tercer avalúo. Sobre este dictamen versó la
audiencia de conciliación para el pago de las mejoras convocada para el 4 de julio de
2013, en la cual tampoco se alcanzó acuerdo entre las partes. Sobre ese dictamen giró
la audiencia de conciliación de pago de mejoras que el juzgado convocó para el 4 de julio
de 2013, en la que el juez dirigió el desarrollo bajo los objetivos de establecer quiénes
eran los poseedores, si les servía el valor del peritaje, qué monto y qué pretensiones
tenían y cuál era el ofrecimiento, y al término determinó, conforme a la prueba de audio,
"QUE NO SE ALLEGO A NINGÚN ACUERDO Y NO SE LOGRÓ LA ALTURA
PROCESAL RELACIONADO CON LA LEY 640 DE 2001", motivo por el cual dio por
terminada la diligencia.

La parte actora afirmó que controvirtió ese dictamen mediante varios escritos
presentados entre octubre de 2013 y febrero de 2014. Señaló que solicitó que se tramitara
su contradicción y que, el 14 de febrero de 2014, pidió la acumulación de los tres avalúos
para que, conforme al artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, se surtiera el
respectivo trámite y se contara con un fundamento definitivo para determinar la cuantía
que debía acordarse con la Alcaldía.

Mientras esas peticiones seguían sin respuesta, en febrero de 2014 Villegas Salazar
acudió directamente al nuevo alcalde, a quien pidió programar una reunión oficial con el
actor de la tutela y sus apoderados para dar cumplimiento al numeral tercero de la
sentencia T-210 de 2010. La reunión se celebró el 25 de abril de 2014 y en ella se aprobó,
según el acta invocada en la demanda, la realización de una consultoría a cargo de un
equipo interdisciplinario integrado por un abogado, un contador público, un ingeniero
agrónomo o catastral y un ingeniero civil, encargado de determinar los montos por pagar
conforme a los parámetros de la sentencia.

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Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

Con fundamento en esa acta, Villegas Salazar solicitó el 21 de julio de 2014 el
desistimiento del incidente de desacato, y los demás demandantes hicieron lo propio el
25 de julio siguiente, al considerar que se había puesto en marcha el mecanismo
convenido para cumplir la sentencia. En agosto de ese año, Villegas Salazar informó a la
Alcaldía que el desistimiento había obedecido a esa circunstancia.

Entre tanto, el 27 de noviembre de 2014 el alcalde rindió descargos ante el juzgado de
tutela dentro del incidente de desacato. Según el relato de la demanda, allí manifestó que
no resultaba conveniente incurrir en nuevos gastos que pudieran generar detrimento
patrimonial y que, por ello, la administración optaría por pagar el valor establecido en el
avalúo elaborado por Gutiérrez Mancilla. La parte actora agregó que el juzgado de tutela
no se pronunció sobre la firmeza ni sobre la vigencia de ese dictamen.

El 22 de diciembre de 2014 el alcalde expidió la Resolución núm. 4359, mediante la cual
reconoció y ordenó el pago de las mejoras. La demanda relató que ese acto fue notificado
electrónicamente a Villegas Salazar el 8 de enero de 2015, con entrega de la resolución,
y a los demás demandantes el 19 de enero siguiente, sin copia de ella, de modo que
estos debieron recurrir a terceros para conocerla y ejercer la defensa. Contra la
resolución, Villegas Salazar interpuso recurso de reposición el 10 de enero de 2015, y los
demás demandantes lo hicieron entre el 22 y el 27 de enero siguientes.

Finalmente, mediante las Resoluciones núm. 0731 a 0739 de 4 de marzo de 2015, la
Alcaldía resolvió los recursos y ratificó la Resolución núm. 4359. Frente a esa decisión,
por escrito de 13 de abril de 2015 la parte actora comunicó a la Alcaldía que había
instaurado conciliación prejudicial ante la Procuraduría Provincial de Bucaramanga contra
las Resoluciones núm. 4359 y 0731, que seguidamente presentaría demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, y que por ello "se abstiene de recibir cualquier dinero
relacionado con la resolución" hasta que se surtieran la etapa prejudicial y la judicial.

1.1.4. Normas violadas y concepto de violación

Como concepto de violación, la parte actora formuló diversos reparos contra la
Resolución núm. 4359 de 22 de diciembre de 2014 y las Resoluciones núm. 0731 a 0739
de 4 de marzo de 2015, los cuales pueden sintetizarse así:

[…] por ser estos actos administrativos contrario a las normas superiores, y que se
le restablezca en su derecho al trabajo y al mínimo vital dentro del reconocimiento
de las mejoras para resarcir un compensatorio de todo lo que invirtió el
posesionario desde el año 1992 en los terrenos del estado máxime que EXISTEN
CUATRO POSESIONARIOS DE LA TERCERA EDAD ENFERMOS QUE
REQUIEREN DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE SUS DERECHOS […]

Precisó a continuación qué perseguía con esa solicitud:

[…] estos posesionarios e intercomunis solo pretenden se le reconozca las mejoras
realizadas desde el año de 1992 de acuerdo a derecho y a estudios técnicos
probados conforme a la dispuesto por el Instituto Agustín Codazzi y demás normas
que en derecho se apliquen para el reconocimiento del pago de las mejoras en
forma legal, justa y constitucional de manera que el accionante y sus intercomunis

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recuperen su patrimonio invertido en las mejoras en su conservación,
mantenimiento, protección y seguridad de cada parcela contra invasores,
delincuentes y protección del medio ambiente desde el año 1992 con pago justo y
ceñido a la Ley logrando con ello el cumplimiento de la sentencia […]

Expuesto lo anterior, la parte actora señaló como primera razón de ilegalidad el
incumplimiento de la orden establecida en el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia T-210 de 2010, pues el acuerdo allí dispuesto nunca se celebró, y prueba de
ello es que "no existe un acta o elemento escrito entre la parte accionada" y la accionante.

Como segunda razón adujo la omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos
previstos en el acta de 25 de abril de 2014, así como el desconocimiento de las normas
que rigen los avalúos (la Ley 388 de 1997, las Resoluciones núm. 620 y 698 de 2008 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y los Decretos núm. 1420 de 1998 y 422 de 2000),
enumeración que extendió a más de 50 disposiciones adicionales, en su mayoría de
materia laboral y de seguridad social.

Como tercera razón sostuvo que todo peritaje de avalúo tiene vigencia de un año,
conforme al numeral 7 del artículo 2 del Decreto núm. 422 de 2000 y al artículo 19 del
Decreto núm. 1420 de 1998, de modo que los peritajes existentes en el proceso vencieron
el 11 de enero de 2012 y los actos acusados se expidieron sin avalúo comercial vigente.

Como cuarta razón afirmó que la Alcaldía incumplió "sin motivación ni fundamento legal"
el acta de 25 de abril de 2014, documento que en su criterio "solo se puede objetar o
anular en estrado judicial" por haberse expedido en cumplimiento de una sentencia de
las altas cortes.

Como última razón alegó la violación del debido proceso y de los derechos de
contradicción y defensa. Sostuvo, en primer término, que el valor de las mejoras se fijó
como "una imposición a criterio personal de quienes firmaron la resolución", sin
posibilidad de debatirlo. Agregó que los actos ignoraron el estado del dictamen de
Gutiérrez Mancilla, que fue "objetado, contradicho e impugnado" antes de la audiencia,
en ella y después de ella, y que los nueve posesionarios rechazaron porque su contenido
"carece de la verdad": las plantaciones están incompletas y las direcciones y las obras
civiles son inexactas. En cambio, afirmó, no existe evidencia de que la Alcaldía hubiera
debatido o impugnado los peritajes de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander y de la
parte accionante, ni prueba de que el juzgado de tutela hubiera aprobado el dictamen del
auxiliar de la justicia o declarado su firmeza.

Finalmente, adujo que la Resolución núm. 4359 se notificó a ocho de los posesionarios
sin copia del acto, de modo que debieron recurrir a terceros para conocerlo y ejercer la
defensa.

1.2. La contestación de la demanda

El Municipio de Floridablanca, por conducto de apoderada, contestó la demanda 9. En el
acápite de antecedentes reprodujo el planteamiento de la acción de tutela que dio lugar

9 Cuaderno 2 del Tribunal, folio 459 y ss.

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a la sentencia T-210 de 2010 y los hechos que la Corte Constitucional tuvo por probados
en esa providencia, en los mismos términos ya relacionados, y transcribió sus órdenes,
entre ellas la de llegar a un acuerdo con el peticionario en el que en todo caso se le
reconocieran las mejoras, con efectos inter comunis.

Frente a las pretensiones se opuso a todas, por ausencia de fundamento de derecho que
facultara su prosperidad, en tanto los actos enjuiciados no comportan ninguno de los
vicios del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 y, por el contrario, cada uno "guarda estricta
coherencia con el ordenamiento jurídico vigente", porque el comportamiento del
municipio obedeció estrictamente a la sentencia de tutela T-210 de 2010. Sostuvo, en
ese sentido, que al no existir acuerdo ni consenso entre las partes, el juzgado de tutela
"procedió a nombrar perito idóneo para determinar los valores que se debían cancelar
por parte de la administración municipal de Floridablanca, tal y como se realizó".

En las razones de defensa, bajo el título de inexistencia del derecho a reclamar, sostuvo
que no existió consenso entre los demandantes y el municipio respecto del valor de las
mejoras, aunque reconoció que entre las partes se adelantaron distintas mesas de
trabajo. Explicó que, ante la falta de acuerdo, el juzgado de tutela designó perito a fin de
determinar ese valor, quien presentó avalúo por $326.374.623, y afirmó que "LOS
DEMANDANTES ACUDIERON ANTE LA AUTORIDAD DE TUTELA A TRAVES DEL
MECANISMO DEL DESACATO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO QUE HABIA
ARROJADO EL PERITAZGO" (mayúsculas del original).

Agregó que el 27 de noviembre de 2014, al rendir descargos en el incidente de desacato,
el alcalde se comprometió a cancelar la obligación designada por el perito auxiliar por
esa suma. Señaló que el Secretario General del municipio notificó por aviso la Resolución
núm. 4359: el 8 de enero de 2015 a Villegas Salazar y el 19 de enero siguiente a los
demás demandantes, con el valor reconocido a cada uno. Y relató que el 18 de marzo de
2015 el municipio consignó las cantidades mediante títulos judiciales, notificados a cada
beneficiario y al juzgado de tutela.

Concluyó que, si la inconformidad de los demandantes recae sobre las sumas del peritaje,
debieron "realizar e interponer los recursos y las observaciones del caso" dentro de la
misma actuación procesal, sin dejar vencer los términos, pues al no existir consenso "el
despacho judicial de conocimiento procede al nombramiento de un auxiliar de la justicia
y es allí, es en esta esfera procesal donde se debió debatir e interponer los mecanismos
de defensa".

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 10 de junio de 2019,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante 10.

Conforme a la fijación del litigio, consideró que el problema jurídico consistía en
establecer si había lugar a declarar la nulidad de la Resolución núm. 4359 de 22 de
diciembre de 2014 y de las Resoluciones núm. 0731 a 0739 de 4 de marzo de 2015. Para
10 Cuaderno 2 del Tribunal, folio 771.

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ello debía determinarse si esos actos violaron el debido proceso y los derechos de
defensa y contradicción por tres motivos: la imposición arbitraria del valor de las mejoras
ordenadas en la sentencia T-210 de 2010, la indebida notificación de la Resolución núm.
4359 a ocho de los nueve demandantes y la falta de decisión oportuna de los recursos
de reposición.

Establecido lo anterior, debía resolverse si procedían la nulidad y, a título de
restablecimiento, el reconocimiento y pago de las mejoras solicitadas, o si el municipio
guardó coherencia con el ordenamiento jurídico y obedeció estrictamente lo señalado en
aquella sentencia.

En relación con el marco normativo y jurisprudencial, el Tribunal expuso el contenido del
debido proceso administrativo a partir del artículo 29 de la Constitución y el régimen de
notificación de los actos administrativos como presupuesto de eficacia y no de validez,
con apoyo en sentencia de esta Corporación de 5 de diciembre de 2017 11. Se refirió
también al silencio administrativo en recursos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, al
régimen de la prueba pericial de los artículos 226 a 235 de la Ley 1564 de 2012 y a la
indexación, con apoyo en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de 18 de
julio de 2018 sobre sanción moratoria de cesantías12.

Entre los hechos que tuvo por probados, el Tribunal relacionó la designación del perito
por el juzgado de tutela el 22 de marzo de 2013, con posesión ese mismo día de Gonzalo
Gutiérrez Mancilla, y la presentación de su informe el 28 de marzo siguiente, con la suma
correspondiente a cada posesionario y un total de $326.374.623. Relacionó igualmente
la respuesta que el juzgado de tutela dio a la Corte Constitucional el 13 de julio de 2013,
en la que informó que en la audiencia de 4 de julio no se llegó a acuerdo porque los
accionantes pedían mil millones de pesos cada uno y el municipio ofrecía la suma del
peritaje.

Tuvo por probados, además, el acta de reunión de cumplimiento de 25 de abril de 2014,
la solicitud de desistimiento del incidente, los descargos del alcalde de 27 de noviembre
de 2014, la expedición y notificación por aviso de la Resolución núm. 4359 y los recursos
de reposición. De las Resoluciones núm. 0731 a 0739 destacó sus considerandos, en los
que se dejó constancia de que el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander,
por $290.325.523, tampoco fue aceptado, y de que el pago se liquidó con base en el
avalúo ordenado por el juzgado de tutela. Relacionó, por último, la consignación de las
sumas mediante depósitos judiciales el 18 de marzo de 2015, notificada a los poseedores
el 9 y el 13 de abril siguientes, y su coincidencia total con los valores del dictamen del
auxiliar de la justicia.

En el análisis del caso concreto, el Tribunal sostuvo que el acuerdo entre accionante y
accionado "no es la única forma de dar cumplimiento a esta sentencia", pues los
demandantes podían acudir a diferentes medios, como lo hicieron al promover el
incidente de desacato.

11 Radicación 11001-03-24-000-2017-00329-00.
12 Radicación 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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Señaló que dentro de ese incidente de desacato los accionantes presentaron el peritaje
de Buitrago Rodríguez, que no fue aceptado, y que el municipio presentó luego el avalúo
de la Lonja, que tampoco lo fue. Por esa razón el juzgado de tutela designó a Gutiérrez
Mancilla como auxiliar de la justicia, quien rindió dictamen "frente al cual no se formuló
reparo alguno", ya que de las pruebas del expediente no se advierte la radicación de
solicitudes de aclaración, complementación u objeción por error grave. De allí dedujo que
el peritaje aportado en el trámite del incidente no fue "controvertido por ninguna de las
partes", y que el municipio decidió el 27 de noviembre de 2014 aceptar y pagar lo
señalado en ese avalúo.

Advirtió, además, que el 30 de abril de 2014 los accionantes solicitaron el desistimiento
del incidente de desacato argumentando que ya se había llegado a un acuerdo con el
municipio mediante el oficio núm. 480 de 11 de abril de 2014. Esa solicitud fue posterior
a la presentación del dictamen y a la audiencia de pago de mejoras, y el desistimiento
puso fin al incidente, tras lo cual el municipio canceló las sumas del peritaje.

Descartó, en consecuencia, la violación al debido proceso, porque los demandantes
conocieron el inicio de la actuación, fueron oídos, ejercieron los derechos de defensa y
contradicción, presentaron y controvirtieron pruebas, fueron notificados, impugnaron las
decisiones y acudieron a esta jurisdicción, e insistió en que quienes solicitaron el
desistimiento fueron los mismos que hoy demandan. Sobre las mejoras precisó que la
expresión "en todo caso", empleada en el numeral tercero de la sentencia T-210 de 2010,
significa "al menos, como mínimo", de modo que en el acuerdo debía incluirse como
mínimo el reconocimiento de las mejoras hechas sobre los inmuebles.

Finalmente, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, condenó en costas a la parte
demandante "por ser la parte vencida en el proceso", difirió su liquidación a la secretaría
y la fijación de las agencias en derecho a auto separado.

III. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la parte actora apeló la sentencia 13.

Antes de exponer las razones de inconformidad, el recurrente relacionó los hechos que
el Tribunal encontró probados y los argumentos con que desestimó las pretensiones.
Dentro de esa relación sostuvo que el avalúo de Gonzalo Gutiérrez Mancilla, contrario a
lo expresado por el Tribunal, nunca se incorporó al incidente de desacato, por infracción
de las normas sobre su práctica y contradicción.

En primer lugar, en relación con la orden emitida por la Corte Constitucional en la T 210
de 2010, sostuvo que el reconocimiento del pago de las mejoras "hace alusión al
procedimiento civil aplicable a un poseedor de buena fe" vencido en un proceso
reivindicatorio, y que por lo tanto la orden dirigida a la Alcaldía debía ceñirse a ese
procedimiento.

13 Cuaderno 2 del Tribunal, pág. 382 y ss.

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Sobre las restituciones mutuas invocó el artículo 970 del Código Civil, que reconoce al
poseedor vencido el derecho de retener la cosa hasta que se verifique el pago del saldo
por expensas y mejoras o se le asegure a su satisfacción. Se apoyó en la jurisprudencia
de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia14, que exige que el crédito haya tenido
su origen con ocasión de la cosa retenida y que parte de la existencia de una condena
judicial al pago de las mejoras.

Precisó que el reconocimiento a favor de los demandantes no provino de una orden de
juez civil en proceso reivindicatorio, caso en el cual el cumplimiento podría lograrse
mediante incidente de liquidación de condena o de regulación de perjuicios de los
artículos 127 y siguientes del Código General del Proceso. La orden de restitución y pago
de mejoras provino de una acción constitucional "que prevé como único mecanismo para
ordenar su cumplimiento al incidente de desacato".

Sobre el incidente de desacato invocó los artículos 27 y 52 del Decreto núm. 2591 de
1991 y sostuvo que su objeto no se agota en imponer una sanción, sino que comprende
el pleno restablecimiento del derecho fundamental vulnerado. Transcribió un pasaje que
atribuyó a las sentencias T-458, T-744 y SU-1158 de 2003, con seis características que
distinguen el cumplimiento del desacato, y resaltó la última, según la cual el cumplimiento
puede lograrse a través del trámite del desacato sin que ello signifique que esa sea la
única posibilidad frente a la tutela incumplida.

Sostuvo que esa última circunstancia es la que aplica en el presente caso, pues las
pruebas del proceso demuestran que "las partes SI LLEGARON A UN ACUERDO PARA
EL PAGO DE LAS MEJORAS" el 25 de abril de 2014, con la firma del documento
denominado Acta de Reunión de Cumplimiento, en el cual acordaron un procedimiento
para el pago.

Transcribió también la providencia de 18 de marzo de 2016, mediante la cual el juzgado
de tutela admitió el desistimiento del incidente. En su parte motiva, esa providencia
registra que los incidentantes allegaron memoriales el 21 y el 25 de julio de 2014, en los
que informaron que desistían "por cumplimiento del numeral 3 de acción de tutela". Con
base en esa providencia sostuvo que el desistimiento obedeció al acuerdo contenido en
el acta de 25 de abril de 2014 y no a un acuerdo sobre el avalúo de las mejoras, como lo
entendió el Tribunal.

En segundo lugar, sobre el avalúo de Gonzalo Gutiérrez Mancilla, el recurrente reprochó
al Tribunal haber tenido por no objetado ese avalúo y haber derivado de ello que los
valores allí indicados constituyen el valor real de las mejoras ordenadas por la Corte.
Sostuvo que el avalúo fue ordenado por el juez séptimo penal municipal con funciones
de conocimiento como un dictamen pericial, y que su decreto, presentación, contradicción
y apreciación debía someterse al trámite de los artículos 226 y siguientes del Código
General del Proceso.

Precisó que la prueba pericial se allega por escrito pero se incorpora en audiencia, y que
el artículo 231 de ese código exige la asistencia obligatoria del perito a la audiencia para
practicar y contradecir el dictamen. Como Gutiérrez Mancilla no acudió, "razón suficiente

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de mayo de 1936, Gaceta Judicial

XLIV, páginas 50 a 57.

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para señalar que los incidentantes no pudieron controvertir el dictamen", el incidente
culminó sin que el peritaje se incorporara y el juez de tutela no pudo pronunciarse sobre
él ni apreciarlo con las reglas de la sana crítica. Infirió de ello que el peritaje "NO ES
VINCULANTE para ninguna de las partes" y mucho menos podía servir de base a la
Resolución núm. 4359.

En tercer lugar, sobre la ilegalidad de los actos demandados, reprochó que el Tribunal no
hubiera encontrado causal de nulidad aplicable. Invocó el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, que transcribió, y sostuvo que todo acto administrativo expedido con violación al
debido proceso es ilegal, con apoyo en el artículo 29 de la Constitución y en la sentencia
C-341 de 4 de junio de 2014.

En desarrollo de lo anterior, sostuvo que el debido proceso exige que los actos
administrativos se orienten por los principios de buena fe, moralidad administrativa y
confianza legítima, y que durante la actuación que precedió a la Resolución núm. 4359
no se citó a los demandantes para que conocieran que su situación jurídica, creada por
la sentencia de tutela y definida por el acta de 25 de abril de 2014, "iba a ser modificada
unilateralmente por la Alcaldía". Añadió, en nota al pie, que al modificar una situación
jurídica preexistente la Alcaldía violó el principio de confianza legítima.

Agregó que la decisión unilateral de ordenar los pagos, sin respetar los acuerdos
pactados y sin notificarlo previamente, desconoce esos principios, pues la administración
se abstuvo de cumplir el compromiso adquirido "sin argumento legal y sólido", limitándose
a enunciar que su cumplimiento no era conveniente, razón que no la facultaba para
establecer unilateralmente los valores. Por ello afirmó que, al no haber sido acogido por
las partes en la audiencia de pruebas ni apreciado por el juez de tutela, el avalúo carece
de fuerza vinculante, lo cual deja en evidencia que el acto administrativo demandado "se
encuentra falsamente motivado".

Por último, frente a la condena en costas, sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011 "no ordena expresamente al juez de conocimiento imponer costas a la parte
vencida", sino que solo dispone un pronunciamiento acerca de ellas, y que el Consejo de
Estado ha sujetado la condena a la temeridad o mala fe del demandante, ausentes en
este caso.

Cerró pidiendo que la Resolución núm. 4359 de 22 de diciembre de 2014 y los demás
actos demandados "deben declararse nulos por violación al debido proceso
administrativo" y por haber sido proferidos con falsa motivación.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 16 de octubre de 201915 se admitió el recurso de apelación interpuesto
y sustentado oportunamente por la parte demandante, de conformidad con el numeral 3
del artículo 247 del CPACA. Por auto del 18 de agosto de 202016 se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto,
conforme al numeral 4 de la misma disposición.

15 Visto en el índice 03 del SAMAI.
16 Visto en el índice 11 del SAMAI.

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Dentro del término, la apoderada del Municipio de Floridablanca17 y el apoderado de la
parte demandante18 presentaron alegatos de conclusión, y el Procurador Quinto
Delegado ante esta Corporación rindió concepto19.

4.1. Alegatos de conclusión del municipio de Floridablanca

El municipio solicitó confirmar la sentencia apelada, por considerar que la Resolución
núm. 4359 de 22 de diciembre de 2014 no está incursa en ninguna de las causales del
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

Sostuvo que del recuento fáctico del plenario no queda duda de que los demandantes
tuvieron oportunidad de ejercer su defensa tanto en el incidente de desacato como en el
proceso policivo. El perito rindió su informe el 28 de marzo de 2013 y, sin embargo, los
incidentantes no formularon solicitud alguna de aclaración, modificación u objeción del
dictamen, y poco después desistieron del incidente por voluntad propia. De ahí que, a su
juicio, lo que realmente pretenden es revivir términos, pues su inconformidad radica en el
desacuerdo con la suma pagada.

Agregó que tampoco puede hablarse de falta de motivación, porque el acto se expidió en
cumplimiento de una orden judicial, sin suprimir ni cambiar lo ordenado en ella y sin crear
una situación jurídica adicional. Al respecto sostuvo que

[…] en el presente caso estamos hablando de un acto de ejecución, recordando
que el Consejo de Estado ha indicado que estos no son objeto de control, pues en
ellos no se concreta una función administrativa o electoral que puede ser
cuestionada o revisada, sino que obedece al acatamiento de una orden proferida
por una autoridad con jurisdicción frente a la cual no existe competencia para
controvertir las motivaciones y las ordenes impartida (sic).

Admitió, no obstante, que si el acto de ejecución excede, parcial o totalmente, lo dispuesto
en la sentencia que se pretende ejecutar, procede el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y que bajo esa hipótesis los demandantes promovieron
este proceso, al considerar que la resolución impuso arbitrariamente el valor de las
mejoras.

Finalmente, señaló que, como el valor reconocido estuvo acorde con el informe pericial,
esa hipótesis no se configura, y que el recurso "no se enfocó en controvertir de buena
manera el fallo de primera instancia, sino a reiterar los argumentos del escrito de
demanda".

4.2. Alegatos de conclusión de los demandantes

17 Visto en el índice 23 del SAMAI.
18 Visto en el índice 25 del SAMAI.
19 Concepto 20-170, visto en el índice 26 del SAMAI.

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Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

La parte demandante solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la
nulidad de la Resolución núm. 4359 de 22 de diciembre de 2014 y de los demás actos
demandados, por violación al debido proceso administrativo y falsa motivación. Sostuvo
que el Tribunal desconoció la orden impartida por la Corte Constitucional, la violación de
los principios que rigen las actuaciones administrativas y la contradicción de la prueba
pericial decretada de oficio.

Como el incidente de desacato carece de norma especial sobre la materia, el análisis del
material probatorio y su contradicción se rigen por el Código General del Proceso, cuyo
artículo 231 dispone: "Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito
SIEMPRE deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del artículo 228".

La consecuencia de la inasistencia del perito es, en su criterio, la ausencia de valor
probatorio del dictamen, con apoyo en la doctrina del magistrado Marco Antonio Álvarez
sobre la prueba pericial en el Código General del Proceso. Y Gutiérrez Mancilla, como lo
demuestran las grabaciones de las audiencias del incidente, "JAMÁS ASISTIÓ A LA
AUDIENCIA PARA QUE SE PRACTICARA LA CONTRADICCIÓN", de modo que su
dictamen no tenía vocación de vincular jurídicamente a las partes.

Para el recurrente, el acta de 25 de abril de 2014 respondió justamente a esa carencia:
por ello las partes suscribieron de común acuerdo el documento denominado "Acta de
Reunión de Cumplimiento", cuya finalidad era establecer un mecanismo para determinar
los montos por pagar conforme a las directrices de la sentencia T-210 de 2010. Con su
suscripción, afirmó, se creó en sus representados una expectativa, pues las actuaciones
de las entidades públicas, que deben regirse por los principios de buena fe, moralidad
administrativa y confianza legítima, los llevaron al convencimiento de que se realizaría
todo un protocolo encaminado al cumplimiento de la sentencia.

La administración, sin embargo, se apartó de ese compromiso "sin argumento legal y
sólido", limitándose a enunciar que su cumplimiento no era conveniente, razón que no la
facultaba para establecer unilateralmente los valores, y menos con base en un dictamen
que no pudo ser controvertido y carecía de todo valor probatorio. La resolución se expidió
entonces, a su juicio, con violación al debido proceso y falta de motivación.

Frente a la condena en costas, finalmente, adujo que el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011 no ordena imponerlas a la parte vencida, sino que solo dispone un pronunciamiento
acerca de ellas, y que la condena está sujeta a la temeridad o mala fe del demandante,
de modo que la actitud de la parte, sujeta a los postulados de la buena fe, no debía
generarla.

4.3. Concepto del Ministerio Público

Solicitó que los actos acusados permanezcan incólumes, por considerar que, aunque lo
reconocido por el municipio no está en consonancia con las pretensiones resarcitorias de
la parte actora, ello no constituye determinación arbitraria ni ilegal. En el incidente de
desacato se decretaron y practicaron tres peritajes destinados a establecer el valor de
las mejoras, y el juzgado aceptó el último tras descartar los realizados a instancia de cada
parte; respecto de esa pericia, presentada el 28 de marzo de 2013, no aparece que las

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partes hubieran solicitado aclaración o complementación ni presentada objeción por error
grave. De esas actuaciones estuvo enterada la Corte Constitucional, a la que se informó
el 13 de julio de 2013 que no se llegó a ningún acuerdo porque los accionantes solicitaban
mil millones de pesos cada uno y el municipio ofrecía los $326.374.623 tasados en el
dictamen.

Siendo así, el acuerdo previo al desalojo que ordenó la sentencia de tutela se intentó y
no fue posible, por lo disímiles y alejadas que estaban las pretensiones de los poseedores
frente al valor tasado pericialmente, de manera que era lógico buscar otra forma de pago
antes de generar mayores repercusiones económicas en el patrimonio de la entidad.

El proceder del municipio, lejos de demostrar arbitrariedad o ilegalidad, evidencia
prudencia en el manejo del erario, pues si en la actuación incidental se practicó un
dictamen que no fue atacado, este podía servir de presupuesto para reconocer las
mejoras, sin que se justificara contratar una consultoría para valorar ítems ajenos a la
reparación. Reconocer las mejoras con el fin de proteger los derechos al trabajo y al
mínimo vital “no significaba garantizar ingresos futuros, un mínimo vital por el resto de
sus vidas”, ni otros aspectos que desbordan ese concepto, como la vigilancia y el cuidado
por los años de posesión.

V. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

De conformidad con los artículos 150 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019,
modificado por el artículo 1 del Acuerdo núm. 434 de 2024, expedidos por la Sala Plena
de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander.

6.2. Hechos probados

1. Mediante sentencia T-210 de 23 de marzo de 2010 la Corte Constitucional ordenó
a la Alcaldía Municipal de Floridablanca que, antes de proceder al desalojo, llegara a un
acuerdo con el peticionario en el que en todo caso se le reconocieran las mejoras hechas
sobre el inmueble. El fallo determinó efectos inter comunis respecto de todos los
ocupantes del bien de uso público objeto del proceso policivo de restitución núm. 106 de
2006 que se encontraran en situación similar a la del peticionario.

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2. Los demandantes promovieron incidente de desacato contra el municipio de
Floridablanca por el incumplimiento de esa orden, bajo el radicado 2009-0045.

3. Por auto de 22 de marzo de 2013 el Juzgado Veinte Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Bucaramanga, juzgado de tutela, designó de oficio un perito
avaluador de la lista de auxiliares de la justicia y posesionó ese mismo día al señor
Gonzalo Gutiérrez Mancilla, a quien concedió treinta días para rendir el dictamen.

4. El 28 de marzo de 2013 el auxiliar de la justicia rindió dictamen en el que avaluó
las mejoras en $326.374.623, discriminados por posesionario.

5. El 25 de abril de 2014, en las instalaciones de la Oficina Asesora Jurídica de la
Alcaldía de Floridablanca, representantes de la administración, el apoderado de los
demandantes dentro del incidente y dos de ellos suscribieron el acta de reunión de
cumplimiento del fallo de tutela, en la que se determinó que, como primera medida para
establecer el monto de las pretensiones, era necesaria una consultoría a cargo de un
cuerpo interdisciplinario, para lo cual la administración adelantaría los trámites de costos,
apropiaciones presupuestales y concurso.

6. El 21 y el 25 de julio de 2014 los demandantes allegaron al juzgado de tutela
memoriales en los que manifestaron desistir del incidente de desacato por cumplimiento
del numeral tercero de la sentencia T-210 de 2010.

7. Mediante oficio núm. 7428-AMF-AOJ-FJPJ de 10 de noviembre de 2014 el
municipio comunicó al señor Enrique Eudoro Villegas Salazar que el acta de 25 de abril
de 2014 había sido remitida a su Comité de Conciliación, y que este decidió que, previo
a realizar la consultoría allí acordada, se solicitaría al juzgado de tutela informar si el
avalúo rendido por el auxiliar de la justicia se encontraba en firme y vigente.

8. El 27 de noviembre de 2014 el alcalde de Floridablanca rindió descargos ante el
juzgado de tutela dentro del incidente de desacato, y allí manifestó que la administración
había determinado no contratar la consultoría y acoger el peritaje del auxiliar de la justicia,
para lo cual solicitó un plazo no superior a un mes.

9. Mediante Resolución núm. 4359 de 22 de diciembre de 2014 el alcalde reconoció
y ordenó el pago de $326.374.623 por concepto de mejoras a favor de los nueve
posesionarios relacionados en el acto, con indicación de la suma correspondiente a cada
uno, dispuso la consignación en cuenta de depósitos judiciales para el evento de no
comparecencia y señaló que contra ella procedía el recurso de reposición.

10. La Resolución núm. 4359 fue notificada por aviso a los interesados en enero de
2015, y estos interpusieron contra ella recursos de reposición.

11. Mediante las Resoluciones núm. 0731 a 0739 de 4 de marzo de 2015 el alcalde
resolvió los recursos de reposición, confirmó la Resolución núm. 4359 y ordenó al
tesorero municipal consignar las sumas reconocidas en la cuenta de depósitos judiciales.

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12. Por auto de 18 de marzo de 2016 el juzgado de tutela admitió la solicitud de
desistimiento presentada por los demandantes y ordenó el archivo definitivo del incidente
de desacato.

6.3. Análisis de la Sala

Antes de entrar a examinar las razones de inconformidad formuladas contra la sentencia
apelada, la Sala debe establecer si los actos demandados son susceptibles de control
judicial, pues de ello depende la posibilidad de un pronunciamiento de fondo. Aunque
dicha cuestión no fue propuesta como excepción la Sala procede a examinarla de oficio,
ya que la susceptibilidad de control es un presupuesto de la sentencia de mérito y su
verificación procede en cualquier etapa del proceso, incluida la segunda instancia20.

Los actos de ejecución y su control judicial

Los actos demandados se expidieron para dar cumplimiento a la orden establecida en el
numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-210 de 2010, según lo declaran
sus propios considerandos. La categoría que gobierna su examen es, por tanto, la de los
actos de ejecución: aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o
administrativa. Como esa clase de actos no contiene una decisión distinta de la que
ejecuta, el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 dispone que contra ellos no procede recurso
alguno, salvo norma expresa.

Bajo este supuesto, esta Sala21 ha negado el control judicial de dichos actos, con una
única excepción cuyos términos ha delimitado así:

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme en señalar que los actos
administrativos expedidos en cumplimiento de una decisión judicial no son
susceptibles de control de legalidad ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, salvo cuando van más allá de lo ordenado por el Juez o crean
situaciones jurídicas nuevas o distintas a las que fueron objeto de análisis en la
providencia ejecutada.

De acuerdo con la regla expuesta, los actos expedidos para ejecutar una decisión judicial
no son susceptibles de control autónomo cuando se limitan a materializar lo resuelto en
la providencia que les sirve de fundamento. Distinto ocurre cuando la administración, so
pretexto de ejecutar la decisión judicial, introduce una determinación nueva, agrega o
suprime elementos de lo decidido o altera su alcance, de manera que el acto deja de ser
meramente ejecutivo y adquiere contenido decisorio propio. Por consiguiente, la
susceptibilidad de control no depende de la denominación formal del acto, sino de la
confrontación material entre su contenido y el de la decisión que pretende ejecutar.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero

de 2026, radicación 68001-23-33-000-2013-00530-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 4 de junio de 2026,

radicación: 08001 23 33 000 2025 00071 01, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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La exclusión del control judicial de estos actos tiene una razón de fondo, que la
jurisprudencia ha identificado en la cosa juzgada: mientras el acto se mantiene dentro de
la orden, juzgarlo equivaldría a juzgar la providencia que ejecuta22.

A su turno, la Corte Constitucional comparte ese entendimiento. En la sentencia T-923
de 2011 lo expresó en los siguientes términos23:

En este orden de ideas, como regla general, frente a los actos de ejecución de las
sentencias no procede recurso alguno en vía gubernativa ni control judicial; sin
embargo, sí procederán, de forma excepcional, cuando quiera que la decisión de
la administración vaya más allá de lo ordenado por el juez, en la medida en que se
cree, modifique o extinga una determinada relación jurídica entre el Estado y un
particular.

No se trata, además, de un criterio ajeno a este proceso. Las Resoluciones núm. 0731 a
0739, al resolver los recursos de reposición, transcribieron ese mismo pasaje, junto con
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, así:

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto con (sic) el Art. 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo "No habrá recurso
contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de
ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa". La negrilla y el
subrayado es nuestro.

La Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia 923 de 2011, del 07 de
Diciembre de 2011, del Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto, ha
señalado "... En este orden de ideas, como regla general, frente a los actos de
ejecución de las sentencias no procede recurso alguno en vía gubernativa ni
control judicial; sin embargo, sí procederán, de forma excepcional, cuando quiera
que la decisión de la administración vaya más allá de lo ordenado por el juez, en
la medida en que se cree, modifique o extinga una determinada relación jurídica
entre el Estado y un particular..."

Para el caso en concreto se está dando cumplimiento a lo ordenado por la
Honorable corte constitucional en sentencia T210-2010 y al compromiso adquirido
en el Incidente de Desacato a esta tutela, tramitado en el Juzgado Veinte Penal
Municipal con funciones de Conocimiento de Bucaramanga, por lo que se
confirmará la resolución 4359 del 22 de diciembre de 2014.

Conforme a ese marco, la Sala procederá a confrontar el contenido de los actos
demandados con el de la orden que ejecutan, a fin de establecer si son susceptibles de
control.

El caso concreto

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto de 26 de septiembre

de 2013, radicación 68001-23-33-000-2013-00296-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23 Corte Constitucional, sentencia T-923 de 7 de diciembre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Se examinaba la procedencia de la acción de tutela contra el acto mediante el cual una entidad, en
cumplimiento de una decisión judicial, ordenó a un pensionado el reintegro de sumas pagadas en exceso;
se confirmó la providencia que declaró improcedente el amparo, por existir contra el acto los recursos en
vía gubernativa y el control judicial cuando este crea, modifica o extingue una relación jurídica.

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Con el fin de aplicar el contraste anunciado, la Sala procede a examinar los actos
demandados, su contenido y su relación con la orden que dicen cumplir. Ese examen
empieza por la actuación que precedió a su expedición.

Las resoluciones acusadas se expidieron para cumplir la orden establecida en el numeral
tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-210 de 2010, según lo declaran sus
propios considerandos. En efecto, la Resolución núm. 4359 de 22 de diciembre de 2014
reconoció las mejoras y ordenó pagarlas con base en el avalúo rendido dentro del
incidente de desacato, mientras que las Resoluciones núm. 0731 a 0739 de 4 de marzo
de 2015 confirmaron esa decisión al resolver los recursos de reposición. De ese origen
se sigue, además, que ninguna de ellas hace parte del proceso policivo de restitución,
cuyas decisiones fueron otras y no fueron demandadas.

Establecido el origen, corresponde confrontar el contenido. El derecho que los actos
reconocen nació de la sentencia de tutela: fue el numeral tercero de la T-210 de 2010 el
que dispuso reconocer a los ocupantes las mejoras hechas sobre el inmueble. Para la
Sala, el contraste es nítido: la sentencia creó el derecho y definió a su deudor y a sus
beneficiarios; los actos acusados no constituyeron esa relación jurídica, sino que la
hicieron efectiva. La relación que ejecutan es, así, la misma que la Corte Constitucional
analizó en la acción constitucional.

La determinación del valor no alteró esa relación. La orden dispuso que "en todo caso"
se reconocieran las mejoras, y la Sala encuentra que la fijación de la suma constituye
una condición de ese cumplimiento: el reconocimiento ordenado solo se materializa
mediante un pago, y ningún pago puede efectuarse sin una suma determinada. Una
lectura que excluyera la cuantificación conduciría a que la orden fuera inejecutable, pues
impediría a la administración hacer exactamente aquello que la sentencia le mandó.

En el mismo sentido, esta Corporación, al examinar el acto que liquidó los intereses
debidos en cumplimiento de una conciliación, precisó que la controversia sobre el monto
"es propia de la ejecución misma y no constituye una nueva manifestación de voluntad
de la administración"24.

Lo mismo ocurre con la individualización de los beneficiarios, que permaneció dentro de
los límites de la orden. La propia sentencia definió a sus destinatarios por categoría, al
extender sus efectos inter comunis a todos los ocupantes del bien de uso público objeto
del proceso policivo de restitución núm. 106 de 2006 que se encontraran en situación
similar a la del peticionario. Identificar a quienes integran esa categoría y asignar a cada
uno el valor de sus mejoras aplica el efecto que la Corte dispuso; la determinación
patrimonial individual es una consecuencia necesaria de definir la suma que la orden
manda reconocer.

Distinto es el evento en que la orden de tutela dispone adelantar una actuación
administrativa destinada a crear situaciones jurídicas en favor de quienes resulten
vinculados: en ese caso esta Sección ha admitido el control del acto resultante25. Aquí la

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 8 de febrero de 2012, radicación 15001-23-31-000-1997-17648-01, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2019, radicación 11001-03-24-000-2011-00140-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Se

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sentencia no dejó la determinación de los beneficiarios a una actuación posterior, sino
que ella misma los definió por su situación.

La consignación de las sumas en depósitos judiciales tampoco añadió una decisión
distinta, pues constituye una modalidad del pago ordenado, prevista en el propio acto
para el evento de que los beneficiarios no comparecieran a reclamarlo. El pago era,
además, el desenlace previsto de la orden: el numeral cuarto de la misma sentencia
dispuso la repetición contra la constructora "una vez efectuado el pago de dichas
mejoras".

La adopción del avalúo rendido dentro del incidente de desacato tampoco desbordó lo
ordenado. El municipio acogió el dictamen del auxiliar de la justicia que el juzgado de
tutela designó de oficio, después de que los avalúos presentados por las partes no fueran
aceptados. Así lo explican los propios actos, según los cuales, ante la imposibilidad de
llegar a un acuerdo "con los dos avalúos realizados por las partes", "fue necesario un
tercer avalúo por parte del juez de Tutela, siendo este último el que se tiene en cuenta
para realizar el pago”. La suma pagada provino, entonces, del propio trámite de
cumplimiento y de una valoración ordenada por el juez que lo conducía, y su objeto
corresponde al que la orden mandó reconocer.

Esta circunstancia resulta relevante para determinar la naturaleza de los actos acusados.
La Sala no desconoce que la sentencia T-210 de 2010 ordenó a la Alcaldía llegar a un
acuerdo con los beneficiarios y que, según se encuentra acreditado, no existió consenso
definitivo acerca del valor de las mejoras. Sin embargo, esa circunstancia no convierte,
por sí sola, las resoluciones demandadas en actos administrativos susceptibles de control
judicial. La discrepancia acerca de si el mecanismo empleado por la administración
satisfizo integralmente la orden de tutela constituye, precisamente, una controversia
sobre la forma y el grado de cumplimiento de aquella providencia.

Lo determinante para efectos del presente medio de control es establecer si, al expedir
las resoluciones acusadas, la administración incorporó una decisión jurídica ajena a la
sentencia ejecutada. La Sala no advierte que ello haya ocurrido. La obligación de
reconocer las mejoras, los sujetos beneficiarios y la finalidad de dicho reconocimiento
fueron definidos directamente por la Corte Constitucional; a su turno, el valor acogido por
la administración provino del dictamen rendido por el auxiliar de la justicia designado de
oficio dentro del propio trámite de cumplimiento.

En esas condiciones, la controversia acerca de si la ausencia de acuerdo entre las partes
impedía adoptar esa forma de pago no transforma la naturaleza del acto, sino que plantea
un cuestionamiento acerca de la correcta ejecución de la sentencia, cuyo conocimiento
corresponde al juez constitucional encargado de hacerla cumplir.

La Sala constata que la inconformidad de los demandantes se dirige contra la vía
escogida para cumplir. Su reproche central consiste en que el municipio se apartó del
acta de 25 de abril de 2014, esto es, de la manera acordada para ejecutar el fallo. Esa es

encontró susceptible de control el acto expedido en cumplimiento de un fallo de tutela que ordenó adelantar
un procedimiento administrativo con citación y audiencia de los interesados, por cuanto el acto estaba
llamado a crear situaciones jurídicas en favor de los vinculados.

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una controversia sobre el cumplimiento de la sentencia de tutela, y su juez es el juez
constitucional.

La Corte Constitucional ha distinguido la sanción por desacato, que es "una facultad
optativa, muy diferente al cumplimiento del fallo"26, de la verificación del cumplimiento, y
ha precisado que corresponde al juez de la tutela establecer si el fallo "no se ha cumplido,
o se ha cumplido de manera meramente parcial, o se ha tergiversado"27.

De ahí que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no pueda
convertirse en un escenario paralelo para determinar si la autoridad accionada cumplió
correctamente una sentencia de tutela. Admitirlo supondría trasladar al juez contencioso
el control sobre la ejecución de una orden constitucional y permitir que, mediante el
examen de legalidad del acto instrumental que la materializa, se reabra una controversia
cuyo cumplimiento permanece sometido a las competencias del juez de tutela. Ello es
distinto, naturalmente, del supuesto en que la administración utiliza la ejecución de la
providencia para adoptar una decisión nueva o alterar su contenido, evento en el cual sí
existe una manifestación administrativa susceptible de control judicial.

Además, es necesario distinguir, entonces, entre la controversia relativa a la forma en
que se cumplió la sentencia y la existencia de una decisión administrativa autónoma que
exceda o altere lo resuelto judicialmente. Solo en este último supuesto el denominado
acto de ejecución adquiere contenido decisorio propio y, por esa razón, puede ser objeto
de control ante esta jurisdicción.

Conclusión

Las resoluciones acusadas no incorporaron una determinación jurídica autónoma ni
alteraron el contenido sustancial de la orden constitucional. El reconocimiento de las
mejoras, la identificación de sus beneficiarios, su cuantificación y la disposición material
del pago se mantuvieron funcionalmente vinculados a la ejecución del numeral tercero
de la sentencia T-210 de 2010. Las decisiones adoptadas para lograr el cumplimiento
esa orden no constituyeron un acto susceptible de control ante esta jurisdicción.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de 10 de junio de 2019 y, en su lugar,
con fundamento en el artículo 187 del CPACA28, declarará probada de oficio la excepción
de acto no sujeto a control judicial
26 Corte Constitucional, sentencia T-763 de 7 de diciembre de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero,
reiterada en la sentencia T-086 de 6 de febrero de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Se precisó
que la sanción por desacato es una facultad optativa del juez de tutela, distinta del cumplimiento del fallo.
27 Corte Constitucional, sentencia T-086 de 6 de febrero de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
que transcribe la sentencia T-188 de 2002. Se señaló que corresponde al juez del desacato establecer
objetivamente si el fallo se cumplió, se cumplió de manera parcial o se tergiversó.
28 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve

resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

6.4. Condena en costas

La Sala no condenará en costas en la presente instancia comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción
de acto no sujeto a control judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salva voto

Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el
Índice de Precios al Consumidor. (Énfasis de la Sala).

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00619-01
Demandantes: Efraín Díaz Díaz y otros
Demandado: Municipio de Floridablanca

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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