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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00330-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00330-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de febrero de 2025, Rad. 25000234100020150240201, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 1 de agosto de 2019 - Rad: 05001-23-33-000-2014-00750-00, C.P.. Hernando Sánchez Sánchez. 22 Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01 Demandante: Édgar Adonay González González SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-00330-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00330-01
Demandante: ÉDGAR ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL -INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO (IDU)
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA / Expropiación por vía
administrativa - está sujeta a posterior acción contencioso administrativa,
incluso para controvertir el precio indemnizatorio / Justo precio de la
indemnización expropiatoria

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 15 de febrero de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor Édgar Adonay González González, a través de apoderado y en
ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó
demanda con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1.- Se sirva DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones Nos. 7303
del 6 de Febrero del año 2015 notificada el día 1° abril de 2015 y 47624 del 25
de junio del año 2015 notificada el día 6 de agosto del 2015, proferidas por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU por medio de las cuales
declara la expropiación por vía administrativa del predio urbano ubicado en la
calle 63 Bis No. 70D-42 de la ciudad de Bogotá, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria 50C-188642. CÉDULA CATASTRAL 58 T 68 7, de
propiedad del señor EDGAR ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

2.- Consecuencialmente con la anterior determinación, se sirva disponer EL
RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS conculcados al señor ÉDGAR
ADONAI (sic) GONZÁLEZ GONZÁLEZ, con ocasión de la expedición de las
citadas resoluciones, en especial y fundamentalmente en lo relacionado con el
valor de la indemnización que le debe ser reconocida y pagada como
consecuencia de la expropiación por vía administrativa del predio urbano
ubicado en la calle 63 Bis No. 70D-42 de la ciudad de Bogotá, identificado con
el folio de matrícula inmobiliaria 50C-188642, CÉDULA CATASTRAL 58 T 68
de propiedad del señor ÉDGAR ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ordenando

1 Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 4 a 15 y reforma de la demanda fol. 104 y ss.
2
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

en consecuencia que le sean pagadas a su favor, las siguientes sumas de
dinero, así:

2A - La suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS ($664.755.981,00) M/TE, correspondiente a la diferencia del valor
reconocido y pagado por el IDU en favor del señor ÉDGAR ADONAI (sic)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, por concepto de indemnización derivada de la
expropiación administrativa decretada en su contra y sobre el inmueble ya
mencionado y el VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE OBJETO DE
EXPROPIACIÓN, realizado por la firma DICTÁMENES PERICIALES
ESPECIALIZADOS S.A.S en su condición de perito privado conforme lo prevé
y lo autoriza el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, modificatoria de la Ley 9 de
1989.

2B - Por la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CINCO
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (sic) ($93.065.837,00) m/te,
correspondiente al valor de los intereses de la anterior suma de dinero,
liquidados a una tasa del 2% mensual y liquidados desde el momento en que
se decretó la expropiación por vía administrativa y hasta el momento en que se
presenta esta demanda.

2C - Por los intereses de mora de la suma de dinero adeudada como saldo
de la indemnización legal correspondiente, determinada en el numeral 2.A-
del presente acápite, liquidados a la tasa máxima legalmente autorizada para
ello, desde el momento de la presentación de esta demanda y hasta cuando el
pago se realice.

2D. Se sirva dispone la actualización de las anteriores sumas de dinero,
conforme a la liquidación del I.P.C que para el momento del pago se sirva
expedir el DANE […]” (Negrilla y mayúscula sostenida del texto).

I.1.2. Los hechos

2. Señaló que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU mediante la Resolución núm.
7303 de 6 de febrero de 2015 dispuso la expropiación por vía administrativa del
inmueble ubicado en la Calle 63 bis C # 70D - 42 en la ciudad de Bogotá, identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50C- 188642 y cédula catastral 58T687,
en la que se incluyó por concepto de precio indemnizatorio la suma de $
643.226.401, que contenía el valor del inmueble y el pago de lucro cesante y daño
emergente.

3. Adujo que interpuso recurso de reposición y que el IDU por la Resolución núm.
47664 de 25 de junio de 2015 modificó el valor del precio indemnizatorio, con
fundamento en el informe de reconocimiento económico RT 41967 elaborado por el
grupo económico de la Dirección Técnica de Predios del IDU y en el informe técnico
de avalúo comercial núm. 2014-1528 de 24 de septiembre de 2014 elaborado por
la Unidad Especial de Catastro Distrital, en el cual se estableció la suma de $
684.363.360.

4. Manifestó que el IDU no tuvo en cuenta que para el momento en que se expidió
la Resolución núm. 7303 de 6 de febrero de 2015 el predio se encontraba avaluado
catastralmente en la suma de $ 745.058.000, y fue sobre ese valor que se liquidó y
pagó en favor de la administración el impuesto predial.

3

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

5. Refirió que presentó reclamaciones por el valor comercial del predio y que el
grupo económico de la dirección técnica de predios del IDU elaboró un nuevo
informe técnico de avalúo comercial identificado con el núm. 2015- 0323 que
remplazó en su totalidad el informe núm. 2014-1528 y que no fue tenido en cuenta
en el trámite de la expropiación.

6. Indicó que en la indemnización no se tuvo en cuenta que el inmueble expropiado
se encontraba arrendado desde el 2011 y que se percibía por ese concepto la suma
de $ 3.000.000 mensuales.

7. Por último, adujo que realizó un nuevo avalúo en el que se indicó que el
inmueble expropiado tiene un valor comercial de $ 1.267.273.171, desvirtuando el
realizado por el IDU.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

8. El señor Édgar Adonay González González afirmó que los actos acusados
transgreden los artículos 13, 48, 83 y 90 de la Constitución Política al establecer un
precio indemnizatorio que no corresponde a la realidad, en la medida que: i) para
determinar el valor comercial del inmueble no tuvo en cuenta el informe técnico de
avalúo realizado por la Unidad Especial de Catastro identificado con el núm. 2015-
0323 que incrementaba su valor; ii) desconoció el avalúo asignado al inmueble con
ocasión de la liquidación del impuesto predial para el año 2015; y iii) para el
reconocimiento de los perjuicios por daño emergente y lucro cesante no tuvo en
cuenta que el bien inmueble se encontraba arrendado desde el año 2011 con un
canon mensual de $ 3.000.000.

I.2. La contestación de la demanda

9. El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU3 mediante apoderado se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, toda vez que el proceso de
expropiación administrativa se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico
y el reconocimiento de la indemnización se fundamentó en: i) el avalúo núm. 2014-
1528 de 24 de septiembre de 2014 elaborado por la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital con ocasión de un requerimiento presentado de la Dirección
Técnica de Predios del IDU, para verificar unas diferencias encontradas en el área
del predio en el que se incluyó el valor del terreno y construcción, así como el daño
emergente, realizando los descuentos por escrituración del predio, desconexión y/o
taponamiento de servicios públicos y por impuesto predial; y ii) el informe de
reconocimiento económico del RT 41967.

10. Manifestó que no tuvo conocimiento del informe técnico de avalúo núm. 2015-
323, comoquiera que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
mediante oficio de 3 de octubre de 2014 le hizo entrega del informe técnico de
avalúo núm. 2014 - 1528 con el que se dio inicio al proceso de adquisición del
predio, sin que exista prueba técnica que indique algún error en dicho informe

3
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 139 a 154 y contestación a la reforma de la demanda folio 358 a 372.

4

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

técnico de avalúo “[…] por lo que los métodos y técnicas utilizados en este son
acordes con lo reglado en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución no. 620 de 2008
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi […]”.

11. Señaló que el fundamento técnico de los actos acusados se encuentra ajustado
a derecho resaltándose que el dictamen aportado por el actor fue realizado por un
consorcio avaluador ajeno al IDU.

12. Finalmente, propuso las excepciones denominadas: i) falta de elementos que
desvirtúen la presunción de legalidad del acto administrativo atacado; ii) legalidad
de los actos administrativos demandados; y iii) excepción genérica o innominada

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

13. Mediante auto de 17 de marzo de 20164 se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

14. A través de proveído de 10 de noviembre de 20165 se resolvió sobre el decreto
y práctica de las pruebas solicitadas por las partes, de conformidad con lo previsto
en el artículo 71 de la Ley 388.

15. El 7 de febrero de 20176 se llevó a cabo la audiencia en la que se presentó el
dictamen pericial aportado por la parte demandante, realizado por la sociedad
Dictámenes Periciales Especializados S.A.S. y se negó por extemporánea la
solicitud de objeción por error grave formulada por la parte demandada.

16. Por auto de 16 de febrero de 20177 se ordenó correr el traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

17. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 15 de febrero de 20188, negó las
pretensiones de la demanda.

18. Determinó que los problemas jurídicos consistían en establecer:

“[…] a) Si para el momento en que se expidió la Resolución no. 7303 de 6 de
febrero de 2015 mediante el cual se ordenó la expropiación por vía
administrativa el inmueble se encontraba avaluado catastralmente en la suma

4
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 126 a 127.
5
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 386 a 387.
6
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 418 a 419.
7
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 454.
8
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 506 a 556.

5

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

de $ 745.058.000, hecho que supuestamente evidenciaba que el bien
expropiado tenía un valor comercial superior al asignado por el IDU en los actos
acusados.

b) Si el IDU elaboró el informe técnico de avalúo comercial identificado con el
no. 2015-0323 cuya existencia supuestamente ha sido negada a través del cual
al parecer se anulaba y remplazaba en su totalidad el informe no. 2014- 1528,
y en donde se asignaba un mayor valor al inmueble objeto de expropiación pero
que sin embargo fue desconocido y no se tuvo en cuenta para determinar el
valor comercial del inmueble.

c) Si el valor comercial real del inmueble asciende a la suma de $1.267.273.171
de conformidad con el dictamen pericial aportado con la demanda.

d) Si se pagó el precio comercial real y justo del inmueble expropiado […]”.

19. Después de realizar un recuento de la normativa aplicable al caso concreto y de
las pruebas obrantes en el expediente, consideró que mediante la Resolución núm.
101362 de 19 de noviembre de 2014 se fijó el precio indemnizatorio del bien con
base en el informe técnico de avalúo comercial núm. 2014-1528 de 24 de
septiembre de 2014, practicado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital de Bogotá, el cual fue tenido en cuenta para expedir el acto administrativo
que ordenó la expropiación y que fue modificado por el informe 2014-1528 RT-
41967 de 25 de junio de 2015, en atención al recurso de reposición formulado por
la parte actora contra el acto expropiatorio y las observaciones realizadas por la
Dirección Técnica de Predios del IDU, lo cual quedó consignado en la Resolución
núm. 47624 de 25 de junio de 2015 .

20. Adujo que las resoluciones núm. 7302 de 6 de febrero de 2015 y núm. 47624
de 25 de junio de 2015 fueron expedidas en vigencia del avalúo núm. 2014-1528 de
24 de septiembre de 2014, en tanto que este tenía plena validez hasta el 24 de
septiembre de 2015.

21. Refirió que allegó un documento denominado “[…] informe técnico avalúo
comercial no. 2015-0323 RT 41967IDU […]”, en el que se presentó un resumen de
un avalúo comercial; sin embargo, dicho documento no fue suscrito por los
funcionarios que presuntamente lo emitieron ni identificaba el inmueble al que
corresponde el avalúo y, en esa medida, señaló que no existía certeza sobre su
origen, autoría, autenticidad, validez ni podía afirmarse que hubiese anulado o
reemplazado el informe técnico de avalúo núm. 2014-1528, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, con base en el cual se
expidieron los actos administrativos acusados.

22. Manifestó que el precio indemnizatorio del terrero se definió utilizando el método
comparativo o de mercado, en el que se tuvo en cuenta el estudio de las ofertas o
transacciones para la época del avalúo, de bienes semejantes y comparables al
objeto del avalúo.

23. Añadió que, en cuanto a las construcciones -una bodega a doble altura y un
edificio de tres pisos en la parte frontal del predio-, el precio se determinó aplicando
el método de costo de reposición, estimando el costo total de la edificación con base

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

en la descripción del bien inmueble, su edad, vida útil, estado de conservación, nivel
de depreciación y valor de reposición, entre otros aspectos técnicos. Además, se
indemnizó el daño emergente y el lucro cesante, siendo este último la utilidad dejada
de percibir por concepto de renta (arrendamiento).

24. Respecto del avalúo aportado por el demandante, señaló que no contaba con
los soportes probatorios y se traduce en consideraciones subjetivas o juicios del
avaluador que carecen de sustento; por lo tanto, consideró que no lograba
desvirtuar el precio indemnizatorio establecido con fundamento en el dictamen
presentado por la Unidad Especial de Catastro Distrital.

25. Por último, expresó que el documento aportado que contiene el avalúo catastral
del año 2015 no podía ser valorado porque no podía tenerse en cuenta factores
distintos a los vigentes para la fecha en la que se practicó el avalúo.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

26. El señor Édgar Adonay González González solicitó9 la revocatoria de la
sentencia de 15 de febrero de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

27. Indicó que el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 prevé que la acción también
puede interponerse con el propósito de controvertir el precio indemnizatorio
reconocido, por lo que se debió analizar si la indemnización fue justa en los términos
desarrollados por la Corte Constitucional.

28. Argumentó que el dictamen pericial aportado con la demanda no fue objetado
por la parte interesada dentro del término de traslado y contradicción, lo que debía
considerarse como una conducta negligente desplegada por la entidad demandada
y, en consecuencia, se debía realizar un análisis completo de dicho dictamen, el
cual tenía la finalidad de desvirtuar el precio indemnizatorio.

29. Refirió que la entidad demandada le asignó al mismo predio en la liquidación
del impuesto predial un precio mayor que el asignado para efectos de la
expropiación.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. Esta autoridad judicial, a través de auto de 5 de julio de 201810, admitió el
recurso de apelación y corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran
por escrito sus alegatos de conclusión.

9
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 567 y ss.
10
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “010ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
APELACIÓN SENTENCIA.pdf”, folio 5.

7

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

31.En la oportunidad procesal, se pronunciaron las partes demandante11 y
demandada12 y el Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

32. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) el planteamiento del problema jurídico; iii)
los actos administrativos demandados; y iv) el análisis del caso concreto.

V.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113 y en el artículo 1314 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201915, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

V.2. El planteamiento del problema jurídico

34. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
de 15 de febrero de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

35. En la decisión cuestionada, el a quo negó las pretensiones de la demanda, por
un lado, al considerar que los actos administrativos se expidieron en vigencia del
avalúo comercial número 2014-1528 y que contrario a lo indicado por el
demandante, este no fue objeto de reemplazo y anulación. Además, consideró que
el precio indemnizatorio se soportó en un avalúo que cumplía con los parámetros
legales establecidos en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución
IGAC de 23 de septiembre de 2008 y que incluyó tanto el valor comercial del
inmueble como la indemnización por los perjuicios causados.

36. En suma, concluyó que el avalúo presentado con la demanda carece de soporte
que justifique el valor que determinó, razón por la que logra desvirtuar el precio
indemnizatorio establecido por la Unidad Especial de Catastro Distrital.

37. El recurrente afirmó que discute el precio determinado en la expropiación, el
cual el tribunal debió analizar en el marco del principio de justa indemnización.
Igualmente, manifestó que el dictamen pericial aportado con la demanda no fue
objetado y que no se realizó un análisis detallado sobre el mismo. Finalmente, que
la administración incurrió en una conducta contradictoria al exigir el pago del

11
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “010ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
APELACIÓN SENTENCIA.pdf”, folio 19 y ss.
12
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “010ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
APELACIÓN SENTENCIA.pdf”, folio 5 y ss.
13
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
14
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
15
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.

8

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

impuesto predial sobre un avalúo mayor al reconocido en la expropiación, lo cual, a
su juicio, evidencia una injusticia en el valor indemnizatorio

V.3. Los actos administrativos demandados

38. En la demanda se cuestionó la legalidad de la Resolución 7303 de 201516,
expedida por la directora técnica de predios del Instituto de Desarrollo Urbano, que
resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en
favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble
ubicado en la CALLE 63 BIS No. 70D-42 de la ciudad de Bogotá D.C., con
cédula catastral 58 T68 7, CHIP AAA0060REEP y matrícula inmobiliaria 50C-
188642, cuyo titular del derecho de dominio inscrito objeto de expropiación es
el señor EDGAR ADONAY GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cédula
de ciudadanía […], conforme al registro topográfico número 41967, donde
aparece delimitado y alinderado, con un área de 198.48 M2 de terreno, 1 piso
teja doble altura de 94.44 M2 - 3 piso teja de 317.82 M2, alinderado así: Por el
NORTE: Del punto A al punto B, en línea recta y en distancia de diez metros
doce centímetros (10.12 mts), lindando con propiedad privada; Por el
ORIENTE: Del punto B al punto C, en línea recta y en distancia de veinte metros
(20.00 mts), lindando con propiedad privada. Por el SUR: Del punto C al punto
D, en línea recta y en distancia de nueve metros cincuenta centímetros (9.50
mts), lindando con la Calle 63 Bis y Por el OCCIDENTE: Del punto D al punto
A en línea recta y distancia de veintidós metros sesenta centímetros (22.60
mts), lindando con propiedad privada.

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor
del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente
resolución es de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
($643.226.401.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor comprende: A) La
suma de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($632.595.000.00) MONEDA CORRIENTE,
por concepto de avalúo comercial de terreno y construcción. B) La suma de
DIEZ MILLONES/ SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN
PESOS'($10.631.401.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de
indemnización daño emergente, este último descontando los valores
correspondientes a la desconexión y/o taponamiento de servicios públicos,
gastos de escrituración predio a adquirir por IDU y gastos de impuesto predial,
lo anterior de conformidad con el informe de reconocimiento económico RT
41967 del 5 de febrero de 2015 y el Informe Técnico Avalúo Comercial No.
2014-1528 de fecha 24 de septiembre de 2014.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la
aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994, que establece la cesión de
los contratos de servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio:
“En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de
todos los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes
acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho e incluye la propiedad
de los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el
servicio”, teniendo en cuenta que los predios adquiridos por el IDU, por motivos
de utilidad pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un cambio en la
naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de domicilio

16
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 20 a 24.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser destinatario
de servicios públicos domiciliarios motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos EDGAR ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Identificado con cédula de ciudadanía […].

ARTÍCULO TERCERO .- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará
por la Tesorería del instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa
y escrita de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s)
orden(es) de pago así: Un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o
sea la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
($643.226.401.oo) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será puesto por
parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano a disposición del señor
EDGAR ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía […], una vez ejecutoriada la presente resolución y efectuados los
respectivos tramites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto
a disposición del señor EDGAR ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía […]., no es retirado dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, este se consignará en la entidad financiera
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del
artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta manera
ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y
contribuciones aplicables, contemplados en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero
correspondiente al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por
la contribución de valorización: en caso de existir saldo alguno por este
concepto, se dará aplicación a la compensación consagrada en los artículos
1714 y 1715 del código civil colombiano.

ARTÍCULO CUARTO. -APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El Instituto
de Desarrollo Urbano, efectuara la correspondiente apropiación y reserva
presupuestal. Así el valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto
del IDU según el Certificado de Registro Presupuestal No. 4435 del 26 de
Noviembre de 2014 expedidos por la Subdirección Técnica de Presupuesto y
Contabilidad.

ARTÍCULO QUINTO.- DESTINACIÓN.-Avenida José Celestino Mutis (AC 63)
desde Avenida de la Constitución (AK 70) hasta Avenida Boyacá (AK 72), de
acuerdo con la Resolución 0114 del 31 de enero de 2014, expedida por la
Secretaria Distrital de Planeación.

ARTÍCULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVÁMENES
Y LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se ordena cancelar
la Anotación; 17 Fecha; 23-12-2014 Radicación; 2014-109883 del Folio de
Matricula Inmobiliaria 50C-188642 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos Zona Centro, donde se encuentra registrado el oficio DTDP No.
20143251787341 de fecha 18 de diciembre de 2014, mediante el cual se envió
la Resolución No. 101362 del 19 de Noviembre de 2014 “POR LA CUAL SE
DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA
UNA OFERTA DE COMPRA”.

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Demandante: Édgar Adonay González González

ARTÍCULO SÉPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCIÓN. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, ORDENASE al (a)
señor (a) Registrador (a) de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos/Zona Centro, inscribir la presente resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 50C-188642, con lo que se surtirán los efectos atinentes a la
transferencia del derecho de dominio en cabeza del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU, identificada con Nit: 899.999.081-6.

ARTÍCULO OCTAVO. ENTREGA.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente
resolución el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del
inmueble identificado en el artículo primero (1°), para lo cual en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades de policía.

ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de conformidad con
las reglas establecidas en el artículo 66 y Ss del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al señor EDGAR ADONAY
GONZALEZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía […], haciéndole
saber que contra la presente solo procede el recurso de reposición, dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”. (Negrilla y mayúscula sostenida del texto original).

39.También se cuestionó la legalidad de la Resolución 47624 de 25 de junio de
201517, expedida por el director técnico del Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá, que resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos segundo, tercero y cuarto
de la resolución número 7303 del 06 de febrero de 2015. “Por la cual se ordena
una expropiación por vía administrativa” los cuales quedaran así:

ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor
del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente
resolución es de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
($684.363.360.oo) MONEDA CORRIENTE, el citado valor incluye: A) La suma
de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($659.956
430.oo) MONEDA CORRIENTE por concepto de avalúo del inmueble terreno
y construcción, B) la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($13.317.500.oo) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de lucro cesante y C) La suma de ONCE
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($11.089.430.oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de daño emergente de
conformidad con el informe de reconocimiento económico del RT 41967
elaborado por el grupo económico de la Dirección Técnica de Predios - Instituto
de Desarrollo Urbano de fecha 25 de junio de 2015 y el Informe Técnico Avalúo
Comercial No. 2014-1528 de fecha 25 de junio de 2015, elaborado por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la
aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los
contratos de servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: “En
la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos

17
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 26 a 31.

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Demandante: Édgar Adonay González González

los contratos de servicios "públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden
otra cosa. La cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los
bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio”,
teniendo en cuenta que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la construcción de
obras de infraestructura vial lo que implica un cambio en la naturaleza del
mismo que pasa de ser una zona de terreno con vocación de domicilio para
convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser destinatario de
servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos al señor EDGAR ADONAY GONZÁLEZ
GONZÁLEZ identificado con Cédula de Ciudadana No. […] de Jesús María,
Santander.

ARTÍCULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará
por la Tesorería de TRANSMILENIO S.A., previa autorización expresa y escrita
de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de
pago así: un ciento por ciento del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
($684.363.360.oo) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será puesto por
parte de la Tesorería de TRANSMILENIO S.A a disposición del señor EDGAR
ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con Cédula de Ciudadana […]
de Jesús María, Santander, una vez ejecutoriada la presente resolución y
efectuados los respectivos trámites financieros, de la siguiente manera.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto
a disposición por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa
autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de Predios al señor
EDGAR ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con Cédula de
Ciudadana […] de Jesús María, Santander, y no es retirado dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, este se consignará en la entidad financiera
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del
artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta manera
ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y
contribuciones aplicables, contemplados en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero
correspondiente al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por
la contribución de valorización; en caso de existir saldo alguno por este
concepto, se dará aplicación a la compensación consagrada en los artículos
1714 y 1715 del código civil colombiano.

ARTÍCULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES - El valor
inicial de la adquisición se encuentra amparado en el presupuesto del IDU
mediante el registro presupuestal No. 4435 del 26 de noviembre de 2014,
expedido por la Dirección Técnica Administrativa Financiera - Subdirección
Técnica de Presupuesto y Contabilidad y frente al reconocimiento económico
adicional se expedirá la disponibilidad presupuestal con su registro
correspondiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el trámite presupuestal tendiente a amparar
el mayor valor objeto de la presente decisión conforme a la parte considerativa.

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Demandante: Édgar Adonay González González

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar los demás artículos de la Resolución No.
7303 del 06 de febrero de 2015, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente resolución al señor EDGAR
ADONAY GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con Cédula de Ciudadana No.
[…] de Jesús María, Santander, de acuerdo con las reglas establecidas en el
artículo 68 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, informándole que contra la presente providencia no procede
recurso alguno y queda agotada la actuación administrativa, según lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997 […]” (Negrilla del texto
original).

V.4. Análisis del caso concreto

40. El recurrente solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al
considerar que: i) la indemnización no fue justa; ii) el tribunal realizó una valoración
deficiente del dictamen pericial aportado por el demandante, por lo tanto, la
sentencia carece de motivación; y iii) se presentó una contradicción en la actuación
administrativa respecto del valor del predio al determinar el valor del impuesto
predial sobre un valor superior.

41. Para resolver los referidos planteamientos, la Sala pone de presente, que en los
términos del artículo 58 de la Constitución Política, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, mediante una indemnización previa, la cual
se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.

42. El artículo 67 de la Ley 388 indicó que el acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación “[…] deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo
comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente
ley […]”.

43.La Corte Constitucional explicó en las sentencias C-153 de 199418, C-1074 de
200219 y C-476 de 2007 que la indemnización, por regla general, no se limita al

18
La Corte Constitucional estudió la inconstitucionalidad del artículo 457 del Código de Procedimiento Civil, que permite la
entrega anticipada de inmuebles en procesos de expropiación, concluyendo que la entrega anticipada no viola el derecho a
la propiedad, siempre que se garantice la indemnización previa, y aclara el carácter reparatorio de dicha indemnización.
19
Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Las referidas reglas
tienen el siguiente alcance “[…] 1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del afectado
y, por lo tanto, esos intereses deben ser ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional
la hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante o el juez contencioso en el evento
de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio. Comprende tanto el daño emergente como el
lucro cesante. No obstante, en algunas circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función compensatoria. De otra parte, en
circunstancias diversas, al ser consultados los intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial,
como en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia, la indemnización puede, tanto
en su monto como en su forma de pago, asumir una modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si se paga la indemnización con instrumentos
distintos al dinero, éstos han de reunir por lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien expropiado; (ii) deben garantizar un
pago cierto de la obligación y no meramente simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones,
de tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben permitir que el valor de la indemnización
por expropiación reconocido como justo, en el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar que el afectado pueda convertirlos, en

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
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precio del bien, toda vez que esta incluye los daños y perjuicios sufridos como
consecuencia de la expropiación.

44. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.220 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos21 y 1722 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio.

45. Sin embargo, se aclaró que “[…] para poder obtener la reparación de los daños
accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable
que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad
entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
[…] En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse
de lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe
una alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”23.

46.Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estudiará cada argumento del recurso
de apelación de manera agrupada, para lo cual se analizarán en apartes
específicos.

V.4.1. Sobre el precio indemnizatorio reconocido

47. El recurrente sostiene que la acción ejercida tiene como único objeto controvertir
el valor de la indemnización reconocida por la administración y que, en ese sentido,
el análisis del a quo debió centrarse en determinar si el precio reconocido
corresponde a una indemnización justa, conforme a lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 y la jurisprudencia constitucional.

48. Previo al análisis de los argumentos de inconformidad expuestos por la parte
actora, la Sala recuerda que el artículo 58 de la Constitución Política protege y
garantiza el derecho a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, siempre que su adquisición se haya ajustado a las
prescripciones del ordenamiento jurídico.

49. El inciso cuarto del citado precepto fue modificado por el Acto Legislativo núm.
1 de 30 de julio de 1999, norma que prescribe que, por motivos de utilidad pública
o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa, que se fijará consultando los intereses de

dinero en el momento en que lo desee, inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”
20
“[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
21
Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de
1972.
22
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón;
sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601

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la comunidad y del afectado y que, en los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contencioso administrativa, incluso respecto del precio.

50. Como se advierte, en caso de conflicto entre el derecho a la propiedad privada
y el interés general, es este último el llamado a primar, razón por la cual el derecho
de propiedad debe ceder en procura de la satisfacción de los intereses de la
colectividad, lo que devela que no se trata de un derecho absoluto ni tampoco
intangible24.

51. En armonía con lo expuesto, el derecho a la propiedad privada puede ser
limitado cuando no cumple la función social o ecológica, cuando su adquisición
quebrante las normas que la sustenta o, incluso, cuando entra en conflicto con el
interés general, razón por la cual el constituyente y el legislador, en el marco de los
cometidos constitucionales, diseñaron diferentes instrumentos dirigidos a enervar
ese derecho por la ocurrencia de alguno de los supuestos mencionados.

52. Uno de los mecanismos es la expropiación por vía administrativa, la cual
procede por motivos de utilidad pública o interés social y está sujeta a una
indemnización previa.

53. En orden a resolver, la Sala destaca que el artículo 61 de la Ley 388 de 1997
dispone que el precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo
determinado por el Decreto Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre
avalúos expida el gobierno.

54. La norma igualmente señala que el valor comercial se determinará teniendo en
cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y, en particular, con su
destinación económica.

55. El Decreto 1420 de 1998 dispone que los avalúos comerciales de inmuebles
que se requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se deberán
efectuar aplicando el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual o, si el caso lo
amerita, varios de ellos (artículo 25). Igualmente, el Decreto establece que cuando
las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de uno o más
de los métodos enunciados, el avaluador debe realizar las estimaciones
correspondientes y sustentar el valor que se determine (artículo 26).

56. La Resolución IGAC 620 de 2008 define y precisa el alcance de cada uno de
los métodos referidos y su forma de aplicación e igualmente regula las etapas,
procedimientos y normas metodológicas para la realización.

24
Corte Constitucional. Sentencia C-459 del 1º de junio de 2011. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
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57. En el caso sub examine, la Sala evidencia que el valor comercial del inmueble
expropiado se determinó mediante el avalúo comercial 2014-1528 RT-41967 de 25
de junio de 2015, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital25. La técnica de evaluación utilizada para resolver el valor comercial del
terreno fue el método de comparación o de mercado, mientras que el valor de la
construcción se determinó por medio del método de costo de reposición. La
conclusión del informe rendido por la entidad avaluadora es la siguiente26:

58. Con el fin de demostrar que el valor que arrojó el avalúo definido por la entidad
no corresponde con el valor comercial de inmueble, la parte demandante allegó un
avalúo realizado por Dictámenes Periciales Especializados S.A.S. en el que se
determinaron los siguientes valores27:

59.La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa y
ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; igualmente, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.

25
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 314 y ss.
26
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folio 331.
27
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 74.

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Demandante: Édgar Adonay González González

60. En la sentencia C-476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla general,
la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta pude incluir los
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin embargo,
esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la Constitución
Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico, sino a una
carga que debe soportar el particular.

61. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.

62. En el caso concreto la Sala observa que, en efecto el avalúo oficial incluyó
valores relacionados con el lucro cesante y el daño emergente como
indemnización28 de la siguiente manera:

63. No obstante, de la parte considerativa del acto administrativo se deriva que el
valor del daño emergente descontaron los siguientes factores: i) por el factor de
gastos de escrituración predio a adquirir por el IDU, el monto de $1.190.084; ii) por
desconexión y taponamiento de servicios públicos, la suma de $262.932; y iii) por
impuesto predial, el valor de $6.965.000 de conformidad con el informe de
reconocimiento económico del RT 41967 elaborado por el grupo económico de la

28
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folio 330.

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dirección técnica de predios del IDU de 25 de junio de 2015, por lo que el daño
emergente fue determinado finalmente en el monto de $11.089.430 como se
estableció en el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición interpuesto
frente al acto de expropiación.

64.En relación con estos valores, mediante respuesta de 4 de febrero de 201529
con asunto: derechos de petición con radicado No. 20155260017202 y
20155260064252 – RT 41967 se indicó:

“[…] El peticionario solicita calcular el Daño Emergente incluido en el avalúo
comercial No 2014-1528, lo cual no es procedente debido a que los cálculos de
variables como Gastos Notariales, están referenciados por el valor del terreno y
la construcción. Para el caso del taponamiento de servicios públicos, se tienen
en cuenta las tarifas vigentes de las Empresas de Servicios Públicos en el
momento de la realización del avalúo; en relación con el caso del impuesto
predial, se toma como base el valor pagado en el último año. Lo anterior, se
encuentra fundamentado en la Resolución No 3898 expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, el 19 de Agosto de 2014, en el Capítulo I,
disposiciones generales, "Actualización de avalúo”:.. En cuanto a la realizar un
nuevo cálculo de daño emergente; este se realizaría después de transcurrido el
término de su vigencia; es de resaltar que el avalúo efectuado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD corresponde al 24 de
Septiembre de 2014 […]”.

65. En el caso concreto, se aplicó la Resolución 0898 de 19 de agosto de 2014 30,
en específico, el parágrafo 1 del artículo 17, que determina que en el cálculo del
daño emergente y/o el lucro cesante se tendrán en cuenta: “[…] los plazos de
entrega del inmueble y/o la forma de pago en el proceso de adquisición, estos
podrán disminuir, aumentar o suprimirse por parte de la entidad adquiriente, cuando
los plazos y/o la forma de pago señalada en la respectiva oferta de compra sean
disminuidos, ampliados o suprimidos en el transcurso del proceso […]”.

66. Por su parte, el artículo 17 de la resolución mencionada señala que se
presentan algunos conceptos de daño emergente que usualmente se pueden
generar en el marco del proceso de adquisición predial, como es el de notariado y
registro, el cual para efectos de su cálculo; como lo indica la norma, se toma el valor
comercial sin incluir el valor de la indemnización.

67. En cuanto al factor de desconexión por servicios públicos, se debe realizar para
llevar a cabo la entrega real y material del bien a la entidad adquirente y se
determina por las tarifas fijadas por las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y sobre el número de contadores y acometidas.

68. Respecto del impuesto predial, se debe pagar en forma proporcional. El
propietario solamente debe asumir el tiempo en que tuvo la propiedad y la entidad
adquiriente el periodo restante del correspondiente periodo fiscal.

29
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folio 283.
30
“Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos
comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013”.

18

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

69. Precisado lo anterior, la Sala precisa que en la sentencia proferida en primera
instancia, el tribunal señaló respecto de la indemnización realizada por el Instituto
de Desarrollo Urbano de Bogotá estuvo debidamente soportada en un avalúo que
cumplía con los parámetros legales de la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998
y la Resolución IGAC 620 de 23 de septiembre de 2008, toda vez que incluyó tanto
el valor comercial del inmueble como la indemnización por los perjuicios causados.

70. En consecuencia, se considera que los cargos analizados no tienen vocación
de prosperidad por cuanto el precio indemnizatorio determinado por la entidad
demandada comprendió el valor del inmueble y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]” 31

71. Esta Sección ha considerado que cuando la persona afectada acude a la
jurisdicción contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue
justa y plena, le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama
-daño emergente y lucro cesante- y su nexo de causalidad con el acto administrativo
que dispuso la expropiación32. Por lo tanto, en el acápite siguiente la Sala analizará
el dictamen allegado por la parte demandante para desvirtuar la presunción de
legalidad del avalúo oficial.

V.4.2. Sobre la valoración del dictamen pericial allegado por el demandante

72. El recurrente argumentó que el dictamen pericial no fue objetado por la parte
interesada dentro del término de traslado y contradicción, lo cual constituye una
conducta negligente desplegada por la entidad demandada.

73. Sobre el particular, esta Sala aclara que, si bien la falta de objeción no impide
al juez ejercer una valoración crítica del dictamen, ello no exime al juzgador de
motivar adecuadamente las razones por las cuales otorga o no mérito probatorio a
uno u otro. Es deber del juez evaluar con fundamento en la sana crítica la
pertinencia, conducencia e idoneidad del dictamen, conforme al artículo 232 del
Código General del Proceso.

74. En efecto, en audiencia de pruebas de 7 de febrero de 201733 se realizó la
contradicción del dictamen pericial presentado34 en el que se le consultó sobre las
razones y conclusiones del dictamen. El perito expresó la forma en que realizó su
trabajo y la conclusión a la que llegó.

75.A su vez, se le concedió el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte
demandante para que procediera a realizar el interrogatorio al perito.
Posteriormente, se le da el uso de la palabra a la parte demanda quien manifiesta
que objeta por error grave el dictamen pericial aportado.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 6 de febrero de 2020, C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de febrero de 2025, Rad.
25000234100020150240201, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
33
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folio 419.
34
Cfr. Índice 14 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “006ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL”, folios 55 a 75.

19

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

76. Por otra parte, la Sala destaca que, en la sentencia proferida en primera
instancia, el tribunal luego de determinar las normas aplicables al tema de los
avalúos para la adquisición predial, en las que destacó los métodos, realizó un
análisis del avalúo oficial utilizado en la determinación del precio indemnizatorio, en
el que identificó el contenido y la descripción del inmueble. Además, las
conclusiones a las que llegó el avalúo.

77. Esta Sección ha sostenido que al incorporarse el valor del avalúo oficial en el
texto de los actos que decretan la expropiación por vía administrativa, debe
entenderse que este se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad
y de certeza que se predica de las decisiones de la administración. Por lo tanto, es
obligación de la parte demandante demostrar en el proceso judicial los errores que
le atribuya a dicho avalúo. En sentencia de 14 de septiembre de 2020, esta Sección
expuso lo siguiente sobre el particular:

“[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que
recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración; no basta entonces con que se argumente que los
mismos no cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta
indispensable que la parte demandante indique el defecto en que se ha
incurrido y cuál es el impacto en el precio que se ofreció por la administración
conforme las normas que regulan la materia […]”35.

78. La Sección igualmente ha considerado que la determinación del valor comercial
del bien inmueble tiene un carácter técnico, en la medida en que se requiere la
aplicación de los métodos previstos en las normas que regulan la materia, así como
la aplicación de distintos criterios y parámetros como la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente, la destinación económica del inmueble, los valores
unitarios para cada una de las construcciones del terreno, aspectos físicos, la clase
del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación socio económica del bien
inmueble y las construcciones existentes, entre otros36.

79. En suma, la carga de desvirtuar el avalúo técnico que brindó soporte legal y
fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación administrativa recae en la
parte actora, sin que pueda ser trasladada a la autoridad judicial a cargo de la
decisión del proceso37, como lo pretende el recurrente al aducir que “[…] DEBIO
(sic), hacer un análisis, completo, verás y objetivo del dictamen pericial allegado
como prueba, para desvirtuar lo injusto del precio indemnizatorio recibido por el
demandante […]”.

80. Seguidamente, el tribunal realizó un análisis del dictamen pericial presentado
con la demanda, en el cual destacó: i) el objeto; ii) la fuente de la información, los
antecedentes de tradición y el desarrollo del dictamen; iii) la información básica del
inmueble; iv) fecha de visita; v) descripción del inmueble y el área; vi)

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre de 2020.
Radicado: 05001-2331-000-2007-00419-01. M.P.: Oswaldo Giraldo López.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de 2022. Radicado:
05001-2331-000-2010-00195-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de julio de 2022. Radicado:
05001-23-31-000-2008-00035-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

20

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

especificaciones y el estado del inmueble; vii) características generales del sector;
viii) las consideraciones; y ix) la metodología del avalúo.

81. Respecto del método para el valor del terreno, se concluyó que se utilizó el de
análisis de mercadeo inmobiliario, en el que indicó el valor de 6 inmuebles y el
cuadro estadístico de valores. Por su parte, para establecer el valor de la
construcción se utilizó el método reposición a nuevo y se realizaron encuestas a
personas idóneas, peritos avaluadores y profesionales de la construcción,
concluyéndose que el lote de terreno y la construcción debían ser avaluados por un
mayor valor. Sin embargo, conforme se indicó en primera instancia, no se
encuentran los soportes que fundamenten dicho aumento.

82. Esta Sección ha expresado que en estos casos no resulta suficiente la mera
exposición de los resultados de las operaciones periciales practicadas y de las
deducciones extraídas por el perito sin que obren las explicaciones relativas a su
origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido a su obtención, omitiendo
la exposición y explicación de las razones por las cuales no es dable mantener otro
criterio diferente. Esto, teniendo en cuenta que las partes y la autoridad judicial no
cuentan con los conocimientos especializados del perito. Así, en sentencia de 14 de
mayo de 200938, la Sección sostuvo:

“[…] Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad
judicial no cuenten con los conocimientos especializados del perito, es de
esperar que éste revele los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien
un entendido en la materia puede reputar elementales, un profano puede
encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el cometido principal de cualquier
experticia no es otro que la persuasión, y esta difícilmente se logra cuando
solamente se efectúan afirmaciones o negaciones de manera apodíctica,
negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los rudimentos
básicos del análisis efectuado. La labor del perito consiste precisamente en
proporcionar, junto con el fruto de su propia interpretación, los fundamentos
que lo soportan, para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar
la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones
presentadas […]”.

83. En conclusión, el dictamen pericial aportado con la demanda no logró desvirtuar
el avalúo que sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio reconocido
y pagado en las resoluciones acusadas.

84. En consecuencia, tampoco tienen vocación de prosperidad estos argumentos
de apelación.

V.4.3. Sobre la actuación contradictoria de la administración frente al valor
determinado en el avalúo comercial

85. El apelante afirmó que la administración incurrió en una conducta contradictoria
al exigir el pago del impuesto predial sobre un avalúo mayor al reconocido en la
expropiación, lo cual, a su juicio, evidencia una injusticia en el valor indemnizatorio.

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:
05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

21

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

86. La Sala aclara que los avalúos catastrales utilizados para asuntos fiscales no
tienen la misma finalidad ni siguen la misma metodología que los avalúos
comerciales practicados para efectos indemnizatorios. Así lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Sección39. En consecuencia, la existencia de un avalúo para
efectos fiscales más alto no constituye, por sí sola, prueba suficiente de injusticia en
la indemnización.

87. El valor comercial se determina “[…] por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes […]” mediante la elaboración de un avalúo
comercial, el cual es independiente del valor catastral, como lo ha señalado esta
Sección40, de la siguiente manera “[…] Es el avalúo comercial del predio y no el
avalúo catastral del mismo, el determinante para la fijación del precio indemnizatorio
o de adquisición del inmueble, atendiendo a las consideraciones contenidas en el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997, razón por la que los argumentos del recurrente
según los cuales el mayor incremento en el avalúo catastral que se produjo para el
año 2013 significa un mayor precio indemnizatorio no se ajustan a las disposiciones
en materia del establecimiento del precio indemnizatorio en el trámite de
expropiación administrativa […]”.

88. El propietario, por su parte, está obligado a cumplir con las cargas tributarias
mientras detente el dominio del bien, lo cual no implica aceptación de la validez de
dicho avalúo para otros efectos. Así, la disparidad entre ambos valores no desvirtúa
la legalidad ni la razonabilidad del precio fijado para la expropiación, el cual fue
determinado conforme al procedimiento técnico y legalmente previsto.

89. La Sala considera que, tal y como lo concluyó el tribunal de primera instancia,
el demandante no logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
IDU determinó el justo precio de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia,
no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

90. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en los
artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 sobre condena en costas en
segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2018, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de febrero de 2025, Rad.
25000234100020150240201, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 1 de agosto de 2019 - Rad:
05001-23-33-000-2014-00750-00, C.P.. Hernando Sánchez Sánchez.

22

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00330 01
Demandante: Édgar Adonay González González

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Aclara voto
Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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