Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00931-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00931-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2016-00931-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE
DESVIRTUADA LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL FUE EXPROPIADO EL
PREDIO DE LA ACTORA. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 58 SUPERIOR.
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. DECLARATORIA DE UTILIDAD
PÚBLICA NO SE REALIZÓ EN EL ACTO DEMANDADO. ANÁLISIS DE
LOS DICTAMENES APORTADOS Y DECRETADO EN EL PROCESO.
CARATERÍSTICAS DEL AVALUO OFICIAL. ESTRATIFICACIÓN COMO
FACTOR PARA RENDIR EL AVALÚO. FECHA DE SU ELABORACIÓN.
COSTAS PROCESALES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora
contra la sentencia de 3 de julio de 2020, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1, que denegó las pretensiones
de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA
La señora YOLANDA ROJAS DIMATÉ, actuando por conducto de
1
En adelante el Tribunal.
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Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
apoderado, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA 2 , contra el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU3, con la finalidad de discutir la legalidad parcial del
siguiente acto administrativo:
“[…] artículos segundo, tercero y cuarto de la
Resolución 61795 de 8 de octubre de 2015, “POR LA
CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA”, proferida por la directora técnica de
Predios del IDU, en lo relativo al precio indemnizatorio,
forma de pago y apropiaciones presupuestales.
Además de la nulidad solicitada pidió como restablecimiento del
derecho, lo siguiente:
«[…] 2.- Que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 67 de la
Ley 388 de 1997, se declare que mi mandante se encuentra
exenta de los pagos tributarios que por razones de
expropiación administrativa le obligaron a cancelar, toda
vez que si optó por la vía contenciosa administrativa, fue por la
necesidad a que la llevó el Instituto de Desarrollo Urbano IDU,
al ofertar y pagar un precio justo, así como por la falta de
negociación, más no por capricho de la demandante.
3.- Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y
así pagar a mi mandante YOLANDA ROJAS DIMATÉ, los valores
que en adelante relaciono y/o de conformidad con lo que resulte
probado en el proceso, montos que han de ser actualizados en
su favor.
3.1. DAÑO EMERGENTE 3.1.1. La suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/Cte ($282.225.992.
00), por ajuste al valor ordenado y pagado con la Resolución
2
En adelante CPACA.
3
En adelante el IDU.
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No. 61795 del 08 de octubre de 2015, por concepto de terreno y
construcción del inmueble ubicado en la KR 90 C No. 127 D -04
de Bogotá, identificado con cédula catastral
00918350400000000, CHIP AAA0132YPUH y matricula
inmobiliaria 50 N- 20110330.
3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compara que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como gastos notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia,
así:
Gastos Notariales: 3x 1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5%
Beneficencia: (1%)
3.1.3. Los gastos de desconexión de servicios públicos, así:
Energía condensa retiro de 1 acometida y medidor. Conexión
residencial $91.472.00
Acueducto EAAB dos medidores con suministro de tapón macho
de hg $171.460.00.
Gas natural: suspensión definitiva $131 .032.00
3.1.4. El valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL SETESCIENTOS VEINTICINO PESOS M/cte
($4.346.725.00) equivalente al 2.5% que le retuvo el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de bienes raíces,
toda vez que se le aplicó la tabla de la tarifa tributaria de
manera indebida, ya que mi mandante debe ser exento de la
misma por ser expropiación por vía administrativa por la
decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado por
parte del IDU, y que en el peor de los casos la retención
correspondería al 1.5%.
3.1.5- El valor de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS M/cte ($1.253.200.00)(sic) equivalente al
20% de retención que les realizó el IDU de los dineros que
reconocieron como lucro cesante, en razón a que no hay
justificación legal para retener dineros por ingreso de
arrendamiento.
3.1.6. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.
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4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del CCA […]»
I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Como hechos relevantes de la demanda, la actora señaló los
siguientes:
Indicó que era la propietaria del inmueble ubicado en la KR 90C #
127D - 04 de la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula
catastral 00918350400000000, el CHIP AAA0132YPUH y la
matrícula inmobiliaria 50N-20110330, el cual adquirió inicialmente
en el año 2001 y sobre el cual adelantó un proceso progresivo de
consolidación y construcción de varias unidades habitacionales.
Explicó que en desarrollo del proyecto vial denominado “Avenida El
Rincón”, mediante Resolución 89399 de 16 de octubre de 2014, el
IDU determinó la adquisición del inmueble de su propiedad por vía
administrativa, para lo cual formuló oferta de compra, con
fundamento en el avalúo comercial 2014-0738 de 9 de julio de
2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital -UAECD 4 , que fijó como valor indemnizatorio la suma de
$182.931.484.
Adujo que dicha resolución le fue notificada el 11 de noviembre de
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En adelante la UAECD.
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2014, con lo que se inició la etapa de enajenación voluntaria
prevista en la Ley 388 de 18 de julio de 19975, sin que procediera
recurso alguno por tratarse de un acto de trámite dentro del
procedimiento expropiatorio.
Explicó que, durante el trámite administrativo, la demandante elevó
diversas solicitudes ante el IDU encaminadas a la verificación y
corrección del avalúo comercial, cuestionando, entre otros
aspectos, la antigüedad de la construcción, los parámetros
utilizados para la reposición, la estratificación del inmueble y la falta
de ponderación de las condiciones reales del bien y de su
destinación económica.
Puso de presente que para la fecha de elaboración del avalúo el
predio figuraba en estrato 2, situación que fue posteriormente
corregida por la Secretaría Distrital de Planeación mediante
Resolución 0008 de 27 de febrero de 2015, en la que se le calificó
como estrato 3, sin que dicho ajuste fuera incorporado de manera
integral en la valoración económica del predio.
Afirmó que, como consecuencia de una adición al avalúo comercial
realizada el 29 de abril de 2015, el IDU expidió la Resolución 39453
de 5 de junio de 2015, mediante la cual modificó la Resolución
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“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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89399 de 2014, se determinó un nuevo valor indemnizatorio total
de $184.323.583, discriminado así:
Valor Concepto
$173.869.000 Avalúo comercial terreno y construcción
$4.688.583 Daño emergente
$5.766.000 Lucro cesante
Indicó que al no lograrse acuerdo en la etapa de negociación directa
y vencido el término de enajenación voluntaria, mediante
Resolución 61795 de 8 de octubre de 2015, el IDU ordenó la
expropiación por vía administrativa del inmueble y fijó de manera
definitiva el precio indemnizatorio en los términos señalados, pero
dispuso deducciones por gastos de escrituración, desconexión de
servicios públicos e impuesto predial.
Adujo que la Resolución 61795 de 2015 le fue notificada
personalmente el 23 de octubre de 2015, oportunidad en la cual
manifestó su renuncia a los términos de ejecutoria, con el fin de
posibilitar el pago inmediato del valor reconocido, dadas las
necesidades de reubicación habitacional derivadas de la pérdida del
inmueble.
Afirmó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el acto
expropiatorio, el IDU efectuó el pago del precio indemnizatorio el 23
de noviembre de 2015, no obstante, a su juicio, las sumas no
consultaron el real valor comercial del bien, ni garantizaron una
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indemnización justa, integral y previa, esto último, porque no fue
pagada en término.
Sostuvo que el valor reconocido por la entidad expropiante no
correspondía al valor comercial real del inmueble, porque contrató
un avalúo con la firma Soluciones Inmobiliarias Sarmiento & Osorio,
que rindió su informe el 20 de octubre de 2014, en el cual
determinó que el bien tenía un valor comercial de $456.094.992,
suma ostensiblemente superior al precio indemnizatorio fijado por
el IDU en el acto de expropiación.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como apoyo de las pretensiones de la demanda, la parte actora
indicó como vulnerados los artículos:
• 4°, 6°, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política,
• 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano de 1789 y
• 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
• 8° y artículo 70 (numerales 2 y 4) de la Ley 388 y
• 2°, 3° y 22 (numeral 7 y literal b) del Decreto 1420 de 24 de
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julio de 19986.
Manifestó que el acto administrativo incurrió en falsa motivación, al
fijar el precio indemnizatorio con fundamento exclusivo en el avalúo
comercial elaborado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, sin efectuar una valoración integral de las
circunstancias particulares del predio ni ponderar los intereses de la
afectada, como lo exigen el artículo 58 de la Constitución Política y
los artículos 67 y 68 de la Ley 388.
Explicó que el IDU no tuvo en cuenta que la actora por su edad
estaba impedida de trabajar; tampoco consideró su grado de
instrucción, el tiempo que duró con su familia haciendo la
construcción del inmueble ni el hecho de que “[…] en Bogotá se ha
venido incrementando ostensiblemente en un 83% el valor de los
inmuebles, lo que impide adquirir uno de similares características
[…]”.
Afirmó que el IDU confundió el avalúo comercial con el precio
indemnizatorio, limitándose a reproducir el valor arrojado por
aquel, pese a que, fracasada la etapa de negociación voluntaria, la
administración estaba obligada a motivar de manera autónoma el
monto de la indemnización, consultando tanto el interés general
6
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
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como el particular.
Adujo que el valor reconocido no garantizó una indemnización justa
e integral, en la medida en que no comprendió de forma plena el
daño emergente y el lucro cesante, ni permitió la reposición del
bien expropiado en condiciones equivalentes, desconociendo el
carácter reparatorio de la indemnización previsto en el artículo 58
superior y desarrollado por la jurisprudencia constitucional.
Cuestionó el que se hubieran practicado descuentos sobre los
conceptos reconocidos como daño emergente, tales como gastos de
escrituración, desconexión de servicios públicos e impuesto predial,
lo cual, a su juicio, redujo injustificadamente el monto del precio
indemnizatorio fijado en el acto de expropiación.
Indicó que el avalúo comercial utilizado por la administración
presentó deficiencias técnicas, al no observar los parámetros
previstos en el Decreto 1420 de 1998, particularmente en lo
relativo a la estratificación económica del inmueble.
Afirmó que el acto administrativo que ordenó la expropiación no
cumplió con el deber de motivación suficiente, en tanto no expuso
de manera razonada los motivos por los cuales el precio
indemnizatorio fijado satisfacía los estándares constitucionales y
legales, ni explicó por qué se descartaron las observaciones y
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solicitudes formuladas durante el trámite administrativo.
I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
Por auto de 31 de octubre de 2016, y luego de ordenar su
corrección el magistrado conductor del proceso en el Tribunal a quo
admitió la demanda y ordenó la notificación al IDU como entidad
demandada.
Es del caso referir que, por auto de 28 de agosto de 2017, no se
aceptó el llamamiento en garantía de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro – UAECD que solicitó el IDU.
Cumplida la notificación ordenada, la entidad vinculada a este
trámite contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:
I.4.1.- El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Afirmó que las actuaciones cuestionadas no desconocieron las
normas invocadas, toda vez que el procedimiento de expropiación
administrativa se adelantó en correspondencia con la Ley 388 y
demás normas complementarias.
Añadió que el valor indemnizatorio fijado en la Resolución 89399 del
16 de octubre de 2014 no fue arbitrario o irrisorio, pues se soportó
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íntegramente en el avalúo comercial 2014-0738 de 9 de julio de
2014, elaborado por la UAECD, entidad legalmente habilitada, y en
cumplimiento de las leyes 9° de 1989 y 388.
Explicó que, como consecuencia de las objeciones presentadas por la
demandante al avalúo inicial, dio traslado a la UAECD, quien expidió
el avalúo comercial modificatorio el 29 de abril de 2015, ajustando el
valor de la construcción y del daño emergente, lo que condujo a fijar
un nuevo precio indemnizatorio por la suma de $184.323.583,
discriminado en terreno y construcción, lucro cesante y daño
emergente.
Añadió que el cambio de estrato socioeconómico del inmueble no
incidió en el valor del predio, porque el considerado en el avalúo era
el vigente al momento de su elaboración y que, en todo caso, el
estrato es una variable incorporada dentro de los valores de mercado
del sector, cuya asignación no es de su competencia sino de la
Secretaría Distrital de Planeación.
Adujo que el avalúo privado aportado por la demandante no cumplía
los requisitos metodológicos previstos en la Resolución IGAC 620 de
2008, en particular por no aplicar correctamente los métodos
valuatorios, no discriminar adecuadamente el valor del terreno y de
la construcción, ni justificar las fuentes de información utilizadas.
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Además de los anteriores argumentos de defensa, propuso las
excepciones que denominó: i) Falta de elementos que desvirtúen la
presunción de legalidad del acto administrativo atacado; ii) Legalidad
de los actos administrativos demandados y iii) Ausencia de
imputabilidad del perjuicio alegado al IDU.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 3 julio de 2020, el Tribunal denegó las
pretensiones de la demanda.
Destacó que la entidad demandada formuló objeción por error
grave contra el dictamen pericial practicado en el proceso, la cual
fue presentada conforme con los parámetros del artículo 228 del
Código General del Proceso, por lo que no era procedente darle
trámite autónomo, sin perjuicio de que los cuestionamientos
formulados serían valorados.
Que en relación con la alegada vulneración del artículo 70 de la Ley
388, por la no disposición inmediata del precio indemnizatorio,
concluyó que no se configuró dicha irregularidad, al encontrar
acreditado que el pago se puso a disposición de la demandante
dentro de los términos previstos en la normativa y esta recibió
efectivamente el valor reconocido.
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Indicó que el avalúo privado aportado por la demandante no
lograba desvirtuar la legalidad ni la idoneidad técnica del avalúo
oficial, en la medida en que no aplicó de manera adecuada los
métodos valuatorios previstos en la Resolución IGAC 620 de 2008,
en particular porque en aquel se utilizó el método de reposición, el
cual no es apropiado para el cálculo del valor del terreno.
Agregó que, pese a que existe coherencia en el área de
construcción establecida en el avalúo traído por la demandante y el
avalúo oficial, difieren en casi el doble en el valor de la
construcción, sin que se expliquen las razones.
Destacó que, aspectos como los señalados por la actora referentes
al incremento de los inmuebles en Bogotá, el tiempo que gastaron
levantando la construcción y las circunstancias que rodean su
familia, no son factores para tener en cuenta en la determinación
de la indemnización.
Explicó que el estrato socioeconómico del predio objeto de la
controversia era 2 para el momento en que la UAECD hizo la visita
técnica para la elaboración del predio, razón por la cual los
reproches de la actora respecto de esta alegación no prosperaron.
Explicó que los descuentos por gastos de escrituración, desconexión
de servicios públicos, impuesto predial y retención en la fuente no
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desnaturalizaron el carácter reparatorio de la indemnización, ni
implicaron un desconocimiento del artículo 58 de la Constitución
Política ni de las normas de la Ley 388, en la medida en que no se
trató de deducciones arbitrarias, sino de cargas económicas
legalmente exigibles.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La actora recurrió la sentencia proferida en primera instancia, para
lo cual manifestó que, de los hechos, las pretensiones y las pruebas
documentales obrantes en el plenario era procedente concluir que
había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.
Explicó que la fijación del precio de indemnización en el acto
administrativo expropiatorio no solo puede basarse en el avalúo
oficial, sino que debe consultar los intereses de la comunidad y el
afectado, conforme con el artículo 58 de la Constitución Política,
“[…] hecho que no sucedió pues nunca se consultó los intereses del
demandante (sic), tampoco se tuvo en cuenta sus condiciones,
personales […]”.
Agregó que el acto acusado no está debidamente motivado porque
no explica “[…] los motivos por los cuales esta expropiación se
realizara por motivos de utilidad pública, o de interés social […]”.
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Reprochó que, en el avalúo oficial, la UAECD haya aplicado el
método de reposición para la determinación del valor de la
construcción, apoyándose en costos por tipología elaborados por la
misma entidad, circunstancia que a su juicio comprometía la
imparcialidad y objetividad del ejercicio valoratorio.
Sostuvo que, pese a invocar el método de reposición, el avalúo
oficial no se basó en los costos actuales de un bien semejante, ni
explicó adecuadamente la descripción de los materiales, la
depreciación física ni el estado de conservación de la edificación,
limitándose a utilizar valores generalizados derivados de tipologías
cuya procedencia no fue debidamente justificada.
Afirmó que, ante tales falencias, allegó con la demanda el avalúo
comercial 9875 de 20 de octubre de 2014, elaborado por la firma
Sarmiento & Osorio, el cual fue practicado directamente sobre el
inmueble, con exposición clara de los métodos utilizados y soporte
técnico suficiente, a diferencia del avalúo de la UAECD, que se
habría elaborado con base únicamente en documentos
suministrados por el IDU, sin inspección directa del bien.
Agregó que, además, en el dictamen pericial practicado en el
proceso, la perito manifestó que el avalúo realizado por la UAECD
no se ajustó a las Resoluciones 620 de 2008 ni al Decreto 1420 de
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1998, al presentar falencias en el estudio de la construcción, en la
determinación del valor del metro cuadrado, en la depreciación o
vetustez del inmueble y al no valorar la totalidad del edificio
construido, para lo cual refirió que se omitieron áreas como el
depósito, el garaje y el primer piso.
Afirmó que, en la demanda solicitó expresamente el reconocimiento
de una indemnización integral, pero dicho aspecto no fue verificado
probatoriamente por el Tribunal, pues a su juicio el a quo se limitó
a comparar el avalúo de Sarmiento & Osorio con el de la UAECD
para descartar aquel, sin valorar que este sí incorporó la vetustez
real del inmueble (15 años), circunstancia que incluso habría sido
reconocida posteriormente por la UAECD al corregir el suyo, lo cual
debía generar dudas sobre la calidad técnica de este.
Adujo que el Tribunal realizó un análisis meramente aparente de los
avalúos, al exigir al particular el estricto cumplimiento de la
Resolución IGAC 620 de 2008, pese a que en su criterio tanto el
avalúo privado como el dictamen pericial emplearon los mismos
métodos utilizados por la UAECD, sin que se explicara por qué tales
exigencias no se aplicaron con igual rigor al avalúo oficial.
Reiteró la violación del Decreto 1420 de 1998, en cuanto a la
estratificación económica del inmueble, al sostener que el predio
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fue valorado como estrato 2, cuando correspondía al estrato 3, lo
que habría generado una disminución del valor comercial, sin que
dicho aspecto hubiera sido resuelto de fondo durante el trámite
judicial.
IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
Luego de admitido el recurso de apelación el Despacho corrió
traslado para alegar de conclusión, según se aprecia en el auto de 5
de marzo de 2021, término en el que únicamente participó la
entidad demandada, así:
IV.1.- EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que estas carecen de
fundamento fáctico, legal y probatorio, y que no se logró desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados.
Sostuvo que, conforme con las leyes 9 de 1989, 388, el Decreto
1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008, actuó dentro del
marco de sus competencias y observó las etapas del procedimiento
de enajenación voluntaria y expropiación administrativa, con
respeto del debido proceso, el derecho de defensa y los principios
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de publicidad, celeridad y eficacia de la función administrativa.
Indicó que el precio indemnizatorio fue fijado con base en un avalúo
comercial elaborado por la UAECD, entidad competente para la
prestación de ese servicio, lo que se ajustó a los parámetros
técnicos y normativos vigentes, sin que se acreditara irregularidad
alguna en su elaboración.
Afirmó, en relación con el dictamen pericial practicado en el
proceso, que este no constituye prueba idónea del valor comercial
del inmueble, debido a las falencias técnicas y metodológicas que
presenta.
Señaló que el estrato socioeconómico considerado en el avalúo
comercial correspondía al vigente al momento de su elaboración,
conforme a la información suministrada por la Secretaría Distrital
de Planeación.
En cuanto a los descuentos aplicados al precio indemnizatorio, la
entidad afirmó que estos obedecieron al cumplimiento de
obligaciones tributarias legales, tales como la retención en la fuente
sobre el lucro cesante y el impuesto por enajenación de inmuebles,
cuya aplicación resulta obligatoria, de conformidad con el Estatuto
Tributario y la normativa reglamentaria vigente
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Sostuvo que la parte actora no probó la existencia de perjuicios
ciertos distintos a los ya reconocidos, recordando que, conforme a
la jurisprudencia del Consejo de Estado, la indemnización
expropiatoria debe tener carácter reparatorio, pero no puede
exceder los perjuicios efectivamente causados, cuya carga
probatoria recae en el demandante.
IV.2.- MINISTERIO PÚBLICO
El agente de la Procuraduría General de la Nación no rindió
concepto.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la
Constitución Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo
150 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019,
modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
V.2.- ACTO DEMANDADO
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En el presente asunto se demandan los apartes de la Resolución
61795 de 08 de octubre de 2015, que corresponde a los ordinales
segundo, tercero y cuarto de la, expedida por el IDU, en la que
dispuso:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 61795 DE 2015
“POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA”
[…]
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto No. 316 del 19 de julio de 2007, el
alcalde Mayor declaró las condiciones de urgencia por razones
de utilidad pública e interés social en la adquisición de los
inmuebles requeridos para la ejecución de obras de
valorización contempladas en el Acuerdo 180 de 2005,
modificado por el Acuerdo 523 de 2013, entre las que se
cuenta el Proyecto No. 108 Avenida El Rincón desde la
Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 por la Calle 125.
[…]
Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo
previsto en el artículo 59 de la ley 388 de 1997, el artículo
455 del Decreto Distrital 190 de junio 22 de 2004 y el artículo
2º del Decreto 316 del 19 de julio de 2007, el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO, como Establecimiento Público
del orden Distrital, creado por el Acuerdo 19 de 1.972 del
Concejo de Bogotá, es el encargado de ejecutar las obras
viales y de espacio público para el desarrollo urbano de la
Capital y goza de la competencia para decretar la expropiación
de inmuebles con miras al cumplimiento de los fines previstos
por el artículo 63 de la Ley 388 de 1.997, dentro de las cuales
se encuentra el inmueble ubicado en la KR 90C No 127D
04/de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral
009218350400000000, CHJP AAA0132YPUHY y matricula
inmobiliaria 50N-20110330, conforme al registro topográfico
número 39975, donde aparece debidamente delimitado y
alinderado, en un área de 72.00M2de terreno, piso 1 y 2 de
150.44 m2, piso 3 de 78.44 m2.
[…]
Que se determinó como valor indemnizarlo dentro de la
Resolución No. 89399 de 16 de octubre de 2014 la suma de”
CIENÁO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
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Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y: CUATRO PESOS
($182.931.484) MONEDA CORRIENTE, el citado valor
comprende:
[…]
Que mediante radicado IDU N* 201 552607436+2 de fecha
20 de mayo de 2015 la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica, remitió adición del
avalúo comercial 2014- 0738 de 29 de abril de 2015, por lo
que mediante Resolución.39453 de 5 de junio de 2015 se
modificó el valor del avalúo estableciendo como valor de
precio indemnizatorio la suma de CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINJITRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS($184.323.583)
MONEDA CORRIENTE el cual comprende:
[…]
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa en favor del Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en la KR 90C
N* 127D 04 de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral
009218350400000000, CHIP AAA0132YPUH 4 matrícula
inmobiliaria 50N-20110330, cuyos titulares del derecho de
dominio inscritos objeto de expropiación es la señora
YOLANDA ROJAS DIMATE […]
ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($183.117.328Y MONEDA
CORRIENTE, el cual corresponde a:
1. La suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($173.869.000)
MONEDA CORRIENTE por concepto de avalúo terreno y
construcción conforme el avalúo comercial No 2014-0738 de
fecha 9 de julio del 2014, complementado por el avalúo
comercial No 2017-0738 de fecha 29 de abril de 2015
elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital – Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica.
2. La suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOZ OCHENTA Y
DOS MIIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($3.482.328)
/MONEDA CORRIENTEZ por concepto de daño emergente
conforme al informe de reconocimientos económicos de fecha
7 de octubre de 2015 elaborado por el Grupo Económico de la
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Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU y al informe técnico de avalúo No 2014 - 0738
de fecha 9 de julio de 2014 modificado por el avalúo comercial
No 2017-
0738 de fecha 29 de abril de 2015 elaborado por la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital.
3. La suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL PESOS ($5.766.000) - MONEDA CORRIENTE, por
concepto de lucro cesante conforme el avalúo comercial No
2014-0738 de fecha 9 de julio del 2014, elaborado por la
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia de
• Información = Catastral, Subgerencia de Información
Económica.
[…]
ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO.- El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano, previa autorización expresa y escrita de la Dirección
Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de
pago así en único contado: La cantidad CIENTO OCHENTA Y
TRES MILLOMES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTIO PESOS ($183.117.328) MONEDACORRIENTE, la cual
será puesta a disposición por parte de la Tesorería del
Instituto de Desarrollo Urbano, una vez ejecutoriada la
presente resolución de la señora YOLANDA ROJAS DIMATE,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.659.387 una vez
ejecutoriada la presente resolución y efectuados los
respectivos trámites financieros.
[…]
ARTÍCULO CUARTO: APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El valor total de la adquisición se ampara
96 el presupuesto del IDU según el Certificado de Registro
Presupuestal No. 4313 del 19 noviembre de2014 Certificado
de Registro Presupuestal N* 2497 de 29 de julio de
2015%expedido por la Dirección Técnica Administrativa y
Financiera, Subdirección Técnica de Presupuesto y
Contabilidad del IDU […]”.
Este acto, como se aprecia, dispuso la expropiación administrativa
del inmueble de propiedad de la actora, con fundamento en el
artículo 58 de la Constitución Política y las leyes 9 de 1989 y 388 de
1997.
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Para tal efecto, destacó que en el Decreto Distrital 316 de 19 de
julio de 2007 se declararon las condiciones de urgencia y utilidad
pública que autorizaron la expropiación administrativa respecto de
los inmuebles requeridos para la ejecución de obras de valorización
previstas en el Acuerdo 180 de 2005, entre las cuales se encuentra
el proyecto 108 Avenida El Rincón desde la Avenida Boyacá hasta la
Carrera 91 por la Calle 125.
Identificó el inmueble objeto de expropiación como el ubicado en la
KR 90C No. 127D-04 de Bogotá D.C., con cédula catastral
009218350400000000, CHIP AAA0132YPUHY, matrícula
inmobiliaria 50N-20110330, tenía un área de 72.00 m² de terreno y
señaló como titular del derecho de dominio a la señora Yolanda
Rojas Dimaté.
La parte considerativa del acto acusado describe que mediante
Resolución 89399 de 16 de octubre de 2014, el IDU formuló oferta
de compra sobre el inmueble, que fue inicialmente por valor de
$182.931.484, discriminado en avalúo de terreno y construcción,
lucro cesante y daño emergente, con base en el avalúo comercial
2014-0738 de 9 de julio de 2014 elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD.
Sin embargo, dicha oferta fue modificada como consecuencia de la
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adición al avalúo comercial remitida el 20 de mayo de 2015
estableciéndose en la suma de $184.323.583, que comprendía el
avalúo del terreno, la construcción, el lucro cesante y el daño
emergente.
Respecto de la indemnización por daño emergente, se aplicaron
descuentos por concepto de gastos de escrituración, desconexión
de servicios públicos e impuesto predial, de conformidad con el
informe técnico de avalúo y el informe de reconocimientos
económicos de 7 de octubre de 2015.
V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS
La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada
únicamente a los aspectos que fueron objeto de reproche en el
recurso de apelación presentado por la parte actora.
A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera
instancia debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a
que: i) no se consideró la ponderación de intereses generales y
particulares en la estimación de la indemnización; ii) la falta de
motivación de las razones de utilidad pública y urgencia en el acto
acusado; iii) las tipologías y características señaladas en el avalúo
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oficial; iv) la desestimación del avalúo allegado con la demanda y
el practicado en el proceso y; v) la estratificación usada para el
cálculo del valor del bien.
V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN
Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al
marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,
para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título
de cuestionamientos contra el fallo del tribunal a quo.
V.4.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la
propiedad privada, en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad
es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En
los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
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contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
Con base en la norma en cita se tiene que 7 i) la garantía a la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con
arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las
formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido
el carácter limitado de la propiedad; iv) hay condiciones en que
prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la
propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)
están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.
De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto
constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció
instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por
motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se
reguló por la Ley 388 de 1997.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el
procedimiento que debe ser atendido con el propósito de llevar a
cabo la expropiación por vía administrativa.
El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el
proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30
días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin
7
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.
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llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 8 , la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
administrativa correspondiente.
El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe
contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)
el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la
destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto
administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;
v) la orden de notificar a los titulares del derecho de dominio u
otros derechos reales del predio y la información sobre los recursos
procedentes.
Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada
el artículo 70 ibidem, prevé:
“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa,
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos:
1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá
que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la
8
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
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consignación correspondiente conforme a lo previsto en
el numeral 2 de este artículo.
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado,
según sea el caso, el valor total correspondiente o
el porcentaje del precio indemnizatorio que se
paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá
consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregara copia de
la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área
de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro
de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.
3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE
EXPROPIADO, sin necesidad de intervención judicial,
para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de
policía si es necesario.
4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de
este artículo, la decisión de expropiación por vía
administrativa no producirá efecto alguno y la entidad
deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio.
5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o
interés social que hayan sido invocados, en un término
máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.
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En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que
la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a
la entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]”. (Destacado fuera de texto).
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS
PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se
utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 9 de la
presente ley […]”.
De acuerdo con esta normativa, una de las características
esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación
del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,
previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende
su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha
medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.
9
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la
Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].
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Al respecto esta Sección10 ha precisado:
“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a
cargo de la autoridad que ostenta la potestas
expropiandi, de indemnizar plena y previamente al
afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio
roto por la privación patrimonial a la cual es sometido
de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en
estos casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no
puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”. Destacado fuera de texto.
Asimismo, la Sala destaca que a través del Decreto 1420 de 199811
fueron reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se habilita
la determinación del valor comercial de los bienes inmuebles, entre
otros, para el caso de expropiaciones administrativas.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
11
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
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Ahora bien, mientras en el artículo 2012 del decreto en mención se
establece que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el
artículo 23 13 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a
través de resolución las disposiciones metodológicas para la
realización de estos.
En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente
expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones
que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 200814, que
establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del
marco de la Ley 388 de 1997.
Dicha resolución determina como métodos para la elaboración de
los avalúos el de: i) comparación o de mercado, ii) capitalización
de rentas o ingresos, iii) el residual, iv) el de consulta de
encuestas y v) el de costo o reposición.
V.4.2. CASO CONCRETO
La Sala pasa a resolver cada uno de los problemas jurídicos
planteados, que corresponden a los reproches que la parte actora
12
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación
[…]”.
13
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que
trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la
publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.
14
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.
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Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
por conducto de su apoderado judicial plasmó en el recurso de
apelación.
V.4.1.1. De la ponderación de intereses de la comunidad y de
la actora para la determinación de la indemnización
La actora manifestó que el IDU omitió considerar al fijar la
indemnización por virtud de la expropiación, los intereses de la
comunidad y también las situaciones particulares, como su edad,
grado de instrucción y tiempo que tardó su familia en la
construcción del inmueble expropiado, según el mandato contenido
en el artículo 58 de la Constitución Política15.
Además, la actora indicó como argumento adicional que la
demandada no motivó en debida forma las razones por las cuales
se configuró la utilidad pública y la urgencia en la expropiación.
En relación con estos argumentos en los que se apoya para
controvertir la decisión apelada, es preciso que la Sala distinga el
alcance de la expresión contenida en el artículo 58 Superior y del
que se sirve la recurrente para asegurar que de tal mandato se
15
“[…] ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social,
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social.
[…]
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación
podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa,
incluso respecto del precio […]”.
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Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
desprende el deber de que la indemnización por expropiación
administrativa se fije “consultando los intereses de la comunidad y
del afectado”.
Fijado el reproche se tiene que esta disposición no impone a la
administración ni al juez un ejercicio discrecional o subjetivo frente
al reconocimiento económico que surge por la decisión
expropiatoria, sino que orienta al legislador en el marco regulatorio
que le corresponde desarrollar para la delimitación de las reglas
que gobiernan la expropiación y con ello la herramienta prevista
con tal fin para identificar a través del avalúo comercial el valor del
predio y con ello, los perjuicios que resulten indemnizables.
Tal desarrollo normativo se cumplió a través de la Ley 388 de 1997,
la que fija entre otras la ponderación de intereses a los que alude la
apelante pero no frente a las consideraciones subjetivas a las que
recurre (edad, nivel de educación y proyecto de vida) sino a las
normas de la aplicación objetiva del régimen legal de expropiación,
que desarrollaron en el marco de la función social de la propiedad el
marco jurídico que evidencie que la medida administrativa se
adoptan en desarrollo de una obra o proyecto que se sustenta en el
privilegio del beneficio del interés general en oposición a la
necesidad de indemnizar al afectado con la decisión expropiatoria
con base en un avalúo técnico reglado y el reconocimiento de
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Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
perjuicios probados.
De ahí que el entendimiento de esta norma superior no pueda
desligarse de la interpretación con las disposiciones de orden legal
que establecen que si bien la indemnización derivada de la
expropiación administrativa tiene naturaleza reparatoria, también lo
es que, tal restitución no es ilimitada ni tampoco genera una
compensación automática respecto de cualquier afectación alegada
por el propietario, sino que impone de la administración un examen
previo que delimite los valores del inmueble y de los perjuicios
patrimoniales efectivamente causados y probados.
La anterior conclusión implica, que además del valor comercial del
bien deben repararse los daños derivados, como el lucro cesante y
el daño emergente, no obstante, su resarcimiento exige prueba
idónea, certeza sobre su existencia y monto, además del nexo de
causalidad con la expropiación, en los términos del artículo 67 de la
ley 388 de 1997.
Precisamente, en relación con estos conceptos y los intereses
personales que se predican del propietario del bien expropiado es
que la Corte Constitucional16 en el examen de constitucionalidad de
estas normas refirió que:
16
Sentencia C-476/07. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
“En la misma sentencia, la Corte 17 señaló que el requisito
constitucional de que la indemnización sea justa, lleva
necesariamente a no exigir que siempre responda
integralmente a los intereses del afectado. En ciertas
ocasiones dicha indemnización puede cumplir una función
meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria
que comprenda tanto el daño emergente como el lucro
cesante, y ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello
sea necesario para garantizarle efectividad de derechos
especialmente protegidos en la Carta Al respecto la Corte
señaló lo siguiente:
"El artículo 58 de la Carta no dice que la indemnización
debe ser plena. En cuanto al alcance de la
indemnización en el caso de expropiación, esta Corte
aclaró, en la misma sentencia C-153 de 1994 citada,
que comprende el daño emergente y el lucro cesante,
pues puede cumplir, en principio, una función
reparatoria. Dijo entonces la Corte:
La indemnización es pues una consecuencia de la
facultad expropiatoria del Estado. Ella se explica por el
deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de
dicha facultad: la producción de un daño generado por
una actividad legítima de la acción administrativa.
La actividad es legítima porque la expropiación sólo
opera por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés
general para cumplir los fines esenciales del Estado, de
que trata el artículo 2° superior: promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.
Pero ese daño legítimo debe en principio ser
indemnizado (...), porque la persona expropiada no
tiene por qué soportar una carga específica que debe
asumir toda la sociedad, en razón del principio de
igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo
fundamento es el derecho de igualdad establecido en el
artículo 13 de la Carta. Esto explica entonces que el
ordenamiento superior haya consagrado el derecho a la
indemnización reparatoria en cabeza del afectado.
[…]
Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista
por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria (...), ya
17
Se refiere a la sentencia C-1074 de 2002.
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Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
que ella debe comprender el daño emergente y el lucro
cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha
sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de
comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en
el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega
del mismo y la entrega de la indemnización. (subrayado fuera
de texto)”
Sobre este aspecto, también esta Sección ha indicado18:
“[…] Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a
que es cierto que la Jurisprudencia ha estimado que la
indemnización que se reconoce a quienes se ven
afectados con la expropiación, tiene carácter
reparatorio y debe comprender no sólo el precio
comercial del bien sino los demás perjuicios que
pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño
emergente y el lucro cesante, es deber del interesado probar
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa cuáles son los
perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la
expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la
referencia […]”.
De este modo, se aprecia que en relación con las circunstancias
particulares a las que alude la apelante tales como como su edad,
su grado de instrucción y tiempo que le tomó hacer la construcción,
y su posibilidad de sumar como perjuicios ciertos y cuantificables en
los componentes del monto indemnizatorio, lo cierto es que no
existe prueba que acredite que tales situaciones debieron
considerarse en la determinación del precio indemnizatorio por
constituir valores cuantificables e integrantes del lucro cesante, del
daño emergente o incluso del precio comercial del bien, sumado a
que no pasaron de ser meras afirmaciones que están ancladas
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
marzo de 2014, MP NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, número único de radicación 25000-23-24-000-
2012-00486-01.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
sobre algunos aspectos orientados a la afectación moral y los
vínculos de tal carácter con el bien, los cuales desbordar los
conceptos indemnizatorio y la fijación de un precio justo.
Precisamente, en relación con circunstancias subjetivas como
aquellas a las que alude la actora, esta Sección puntualizó19:
“[…] 115. Por lo demás, el apoderado aseveró que en el caso
concreto procede la indemnización por perjuicios morales,
toda vez que las demandantes tenían unas condiciones
especiales de minusvalía que hacían que su vivienda,
ubicada en la zona céntrica de Ibagué, frente a una vía
de fácil e inmediato acceso, fuera vital para ellas.
[…]
118. Esta Sección, haciendo suyos los transcritos
argumentos de la Corte Constitucional, ha considerado
que, en tratándose de expropiación administrativa, en
razón del interés general que prevalece sobre el interés
particular, la indemnización sólo tiene carácter
reparatorio, de manera que no procede el
reconocimiento de perjuicios morales […]”. (Destacado
fuera de texto).
En relación con los intereses de la comunidad, la Sala no encuentra
que este sea un componente de la indemnización, pues en realidad
constituye el motivo de la declaratoria de interés que sustenta la
expropiación, luego tampoco es posible integrar este concepto en la
construcción del valor y el reconocimiento de la indemnización,
como lo pretende la apelante.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de
marzo de 2024, número único de radicación 15001233100020060143302. MP Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
Por lo expuesto, los reclamos de la apelación frente al examen
precedente no prospera.
V.4.2.2. los motivos de utilidad pública y urgencia
En lo que respecta al cuestionamiento de la inexistencia de “los
motivos por los cuales esta expropiación se realizara por motivos de
utilidad pública”, basta señalar que fue a través del Decreto 316 de
19 de julio de 2007 que el Distrito declaró las condiciones de
urgencia por razones de utilidad pública e interés social, y dispuso
la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de
obras de valorización contemplados en el Acuerdo 180 de 2005,
modificado por el Acuerdo 523 del 8 de julio de 2013, entre los que
se encontraba la obra “PROYECTO N° 108 AVENIDA EL RINCÓN
DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 POR LA CALLE
125”.
Así las cosas, el cuestionamiento a tales razones no es posible de
examinarse a través de este medio de control por cuanto está
restringido al examen de legalidad del acto administrativo que
ordenó la expropiación no en el que se fundamentó para identificar
los precios requeridos para la obra que justificó la declaratoria de
interés público.
En ese orden de ideas, este reproche no tiene vocación de
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
prosperar.
V.4.2.3.- De las tipologías y características de materiales
descritas en el avalúo oficial
La apelante cuestionó las fuentes en que se basó el avalúo oficial
para desarrollar el ítem de tipologías y la falta de certeza de la
descripción de los materiales de construcción.
La Sala advierte que dichos planteamiento solo fueron aducidos en
el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra el
acto acusado, que no fue invocado en la demanda, situación que a
todas luces es improcedente, no solo por extemporáneo, pues se
insiste que el momento procesal oportuno era la demanda, sino
también porque de acogerse su estudio se violaría el derecho de
defensa y contradicción de la parte demandada en el proceso,
siendo deber del juez hacer efectiva la igualdad de estas en el
mismo.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201820, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que no
fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018. Núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02. C.P. María Elizabeth
García González.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
la Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a todas
luces improcedente, no solamente por extemporáneos, pues
el momento procesal es en la demanda o su adición, sino en
razón a que de acometer su estudio se estaría violando el
derecho de defensa de la parte demandada en el proceso y el
deber del juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el
mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo
de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).
Así mismo, en un asunto similar al presente, en el en cual solo
hasta el recurso de apelación la parte actora propuso discusiones
sobre las tipologías y las condiciones físicas del bien, en sentencia
de 24 de julio de 2025, esta Sección indicó21:
“[…] 91. Previo a resolver, se advierte que en el recurso de
apelación presentado en esta instancia, el demandante indicó
que “el Avalúo No. 2014-2494 del 13 de Noviembre de 2014,
realizado por la UAECD, con base en el cual se pagó la
indemnización por concepto de la construcción se realizó bajo
el método de REPOSICION y se dice en el numeral parte final:
“para determinar el valor de reposición se utilizaron como
referencia los costos por tipología elaborado por la UAECD […]
93. También indicó que “[…] se aduce que el estado de
conservación del bien es el 2.0 lo que es igual a decir que
“condiciones físicas” Regular, requiere o ha recibido reparo sin
importancia, sin embargo pese a variar la edad de
construcción, la UAECD, lo califico acorde con la tabla de
Heideken, sin que se aporte justificación alguna con el avalúo
que sustente dicha calificación […]”.
[…]
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2025, MP Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 25000-23-41-000-
2016-00605-01.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
96. En relación con estos argumentos, se evidencia que el
demandante no realizó las anteriores precisiones en la
demanda ni formuló ningún cargo sobre esos aspectos en el
recurso de apelación.
97.El marco de competencia del juez de segunda instancia
debe estar limitado por los argumentos del recurso de
apelación, sin perjuicio de las decisiones que debe proferir de
oficio; además, debe existir correspondencia entre el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia.
98.La etapa para alegar de conclusión, en segunda instancia,
está establecida con posterioridad a la oportunidad probatoria
para que las partes puedan exponer los puntos de hecho, de
derecho y probatorios que fueron objeto de controversia en el
recurso de apelación. En esa medida, los alegatos de
conclusión no son un instrumento para incluir cargos nuevos
en contra del acto administrativo acusado porque ello
desconocería los principios de lealtad procesal, contradicción,
defensa y congruencia […]”.
Por consiguiente, la Sala se abstiene de pronunciarse de fondo
frente a este nuevo cargo identificado, habida cuenta que solo fue
invocado como argumento de defensa en el recurso de apelación.
Proceder de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la
igualdad de las partes, pues la parte demandada no tendría la
posibilidad de controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en
tanto no fue planteado en la demanda22.
V.4.2.4.- Del avalúo allegado con la demanda, el practicado
en el proceso y la incorreción del oficial
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017. Número único de radicación 23001233300420160014301. C.P. María Elizabeth García
González.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
La actora adujo que el avalúo que aportó con la demanda sí cumplió
con los requisitos técnicos para su elaboración, pues con este
demostraba el valor comercial real del inmueble, además que el
rendido dentro del proceso advirtió que el “[…] avaluó realizado por
la UAECD, no se realizó conforme a las resoluciones 620 del 2008 y
el decreto 1420 de 1998, pues como se pudo detallar que habían
falencias en el estudio de la construcción, valor del metro cuadrado,
depreciación o vetustez aunado a esto la Unidad catastral no valoró
todo el edificio construido, desconociendo partes como el depósito,
garaje y el primer piso […]”.
Sobre este asunto, esta Sección ha sostenido que el avaluó soporte
del acto administrativo, calificado como avalúo oficial, por el hecho
de incorporarse a la decisión administrativa para la fijación del valor
comercial del inmueble, goza también del atributo de la presunción
de legalidad y por ello se tiene como válido, creíble y
fundamentado.
De ahí que le corresponde a la parte que se siente afectada con
este, probar en el proceso judicial que sus conclusiones son
equivocadas, y para ello deberá demostrar sus incorreciones y, en
particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
bien expropiado. Al respecto, esta Sección, puntualizó23:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento
jurídico, lo cual no ocurrió en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación dado
que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
que lo incorporó […]” (Destacado fuera de texto).
Por otra parte, en lo que concierne al alcance de la carga de la
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019. Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00196-01. , C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
prueba para desvirtuar el avalúo oficial, esta Sección24 precisó:
“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base
en las normas que regulan la materia, indique el
defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio
oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de
que se ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).
Conforme con los anteriores precedentes jurisprudenciales, para
desvirtuar el valor incorporado en los actos administrativos de
expropiación no basta con el hecho de acompañar con la demanda
otros avalúos del bien sobre el cual recayó la medida, sino que
corresponde al interesado probar los errores del avalúo
oficial y, en particular, la incidencia de estos en el precio
establecido para la indemnización.
En relación con el avalúo allegado con la demanda el a quo
desestimó su alcance porque el valor del bien fue calculado en su
totalidad bajo el método de reposición, sin que se especificara el
utilizado para calcular el valor del metro2 de terreno.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020. Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00115-01. C.P. Oswaldo Giraldo
López.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
Para resolver este cargo, la Sala recuerda que el Decreto 1420 de
199825 fijó los lineamientos técnicos y metodológicos que rigen los
avalúos para efectos de expropiación administrativa, cuya
reglamentación delegó en el IGAC, entidad que expidió la
Resolución 620 de 200826, por la cual se establecieron los métodos
y los parámetros para la elaboración de los avalúos presentados en
relación con los procedimientos de que trata la Ley 388 de 1997,
que se distinguen bajo las siguientes características:
MÉTODO NORMA TÉCNICA PARA APLICACIÓN REQUISITOS
IDENTIFICAR EL (PROCEDIMIENTO
VALOR TÉCNICO)
COMERCIAL
Comparación Art. 1º Se desarrolla Homogeneización de Se deben usar
o de Mercado mediante el estudio muestras: Se toman los fuentes verificables.
de ofertas o datos de mercado y se Si el mercado es
transacciones ajustan mediante variables activo, este método
recientes de bienes (zona, edad, área, estado). tiene prioridad
comparables y Se busca un valor unitario respecto de los
similares al del promedio por m2. demás.
avalúo. ARTÍCULO 10.
Capitalización Art. 2º Determina el Fórmula de Valor Los cánones deben
de Rentas valor con base en Presente: Se calcula la ser de mercado. No
los ingresos o renta líquida y se divide se deben incluir
rentas que el bien por una tasa de muebles o equipos a
puede producir. capitalización (V = R / i). menos que sea
En este método se necesario para la
considera la vida renta.
remanente del inmueble
(70 o 100 años según la
construcción).
Costo de Art. 3º Calcula el costo Depreciación Requiere
Reposición de construir hoy Lineal/Técnica: Se tasa presupuesto
una estructura la construcción "como detallado de obra
igual, descontando nueva" y se le resta la (materiales, mano de
el desgaste. depreciación usando las obra, honorarios) y
Tablas de Fitto y el estado de
Corvini. Se suma el valor conservación.
del terreno. ARTÍCULO 13
Técnica Art. 4º Valora el terreno Proyecto Hipotético: Se rige por el
Residual a partir del Se calcula el valor total de principio de "Mayor
potencial de ventas del proyecto, se y Mejor Uso". Solo
desarrollo de un restan costos de aplica si el proyecto
proyecto construcción, financieros y es legalmente
25
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
26
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.
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inmobiliario. utilidad del promotor. El permitido y
sobrante es el valor del financieramente
suelo. viable. ARTÍCULO
14
Consulta de Arts. Procedimiento de Tratamiento
Se aplica si NO hay
Encuestas 11 y 12 apoyo basado en la Estadístico: Se realizan
ofertas o ventas
opinión de expertos entrevistas en número
reales. El perito debe
ante la falta de plural. Se debe calcular
haber visitado el
datos reales. obligatoriamente la Media,
predio antes de
la Varianza y el
realizar las
Coeficiente de Variación
encuestas.
para validar la muestra.
Las normas de la Resolución 620 de 2008 que los contienen,
prevén:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán
ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.
ARTÍCULO 2o. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O
INGRESOS. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos
que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles
semejantes y comparables por sus características físicas, de
uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los
probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente
del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o
interés.
PARÁGRAFO. Se entiende por vida remanente la diferencia
entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el
bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de
carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan
estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la
vida útil será de 100 años.
ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el que
busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a
partir de estimar el costo total de la construcción a precios de
hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la
depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe
adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:
[…]
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ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.
[…]
ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En
desarrollo de este método se debe entender por costo total de
la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en
que debe incurrirse para la realización de la obra. Después de
calculados los volúmenes y unidades requeridos para la
construcción, se debe tener especial atención con los costos
propios del sitio donde se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.
PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de
propiedad horizontal […]”
Como quedó visto, la Resolución 620 de 2008 establece los
métodos técnicos mediante los cuales debe determinarse el valor
comercial de un inmueble, entre los cuales se encuentran: el
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método de comparación o de mercado, el método de costo de
reposición y la técnica residual, cada uno de los cuales parte de
supuestos distintos y exige un nivel propio de soporte técnico.
El método de comparación o de mercado constituye la técnica
por excelencia para determinar el valor comercial de un inmueble,
porque busca reproducir el comportamiento real del mercado
mediante el estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes
semejantes y comparables.
Para su adecuada aplicación, el avaluador debe identificar
inmuebles similares respecto de ubicación, uso, características
físicas y estado de conservación, recolectar información verificable
de esas ofertas o ventas y dejar constancia expresa del medio de
donde proviene, su fecha y los elementos que permitan su posterior
verificación.
Por su parte, el método de costo de reposición se orienta a
determinar el valor comercial de la edificación a partir del costo que
tendría reproducir hoy una construcción equivalente, restándole la
depreciación acumulada y sumándole el valor del terreno.
En este enfoque el avaluador debe estimar los costos directos e
indirectos, así como los financieros y administrativos necesarios
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para ejecutar una obra semejante, teniendo en cuenta las
condiciones del sitio donde se encuentra el inmueble.
De acuerdo con lo anterior, la Sala se permite examinar el avalúo
aportado con la demanda a fin de examinar si tiene el alcance
probatorio de desvirtuar el avalúo oficial, así:
“[…]
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[…]”
De la revisión del estudio aportado con la demanda se advierte que
la avaluadora manifestó haber aplicado el método de costo de
reposición, en los términos definidos por la Resolución IGAC 620 de
2008, incluso transcribiendo su definición normativa.
No obstante, de una lectura integral se constata que dicho método
fue utilizado como único soporte del ejercicio valuatorio, sin que se
haya desarrollado de manera diferenciada la metodología empleada
para la determinación del valor del terreno y de la construcción.
En efecto, el método de reposición, conforme al régimen técnico
aplicable, está concebido para establecer el costo de la
construcción, a partir de la estimación del valor de reproducirla a
precios actuales y de la aplicación de la depreciación
correspondiente por vetustez y estado de conservación.
En el avalúo aportado con la demanda bajo examen, si bien se
consigna un valor unitario por metro cuadrado de terreno y se
incorpora dicho valor en la fórmula general del avalúo, no se
identifica el método utilizado para su determinación, ni se explican
los criterios técnicos, las fuentes de información, los inmuebles
comparables, los rangos de precios ni los ajustes aplicados que
permitan verificar cómo se arribó a dicho valor.
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En otras palabras, el valor del terreno aparece incorporado como un
dato aritmético, sin desarrollo metodológico autónomo, lo que
impide ejercer un control técnico.
Una situación similar se presenta respecto del valor unitario
adoptado para la construcción, pues, aunque el informe describe de
manera detallada los materiales, acabados y distribución del
inmueble, no se explica cómo esas características constructivas se
tradujeron en el valor por metro cuadrado finalmente adoptado, ni
se indican las fuentes de costos o las referencias técnicas utilizadas
para su determinación.
Esta falencia metodológica explica por qué el avalúo aportado con
la demanda no resulta idóneo para desvirtuar la presunción de
legalidad del avalúo oficial, en la medida en que no permite
contrastar, de forma objetiva y controlable, la corrección de los
valores adoptados, ni el método utilizado para el cálculo del valor
del terreno.
Ahora bien, la actora alegó que conforme con el dictamen pericial
practicado en el proceso el “[…] avaluó realizado por la UAECD, no
se realizó conforme a las resoluciones 620 del 2008 y el decreto
1420 de 1998, pues como se pudo detallar había falencias en el
estudio de la construcción, valor del metro cuadrado, depreciación o
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vetustez aunado a esto la Unidad catastral no valoró todo el edificio
construido, desconociendo partes como el depósito, garaje y el
primer piso […]”.
Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, como consecuencia del
decreto de pruebas, el 2 de octubre de 201727 la perito avaluadora
Ana Feliz Ordóñez de García allegó un informe pericial en el que
expuso, a su juicio, diversas observaciones críticas frente al avalúo
oficial que sirvió de fundamento al acto administrativo demandado.
Sin embargo, dicho dictamen no fue incorporado al proceso como
prueba, pues en audiencia de 15 de noviembre de 2017 28 , el
Tribunal ordenó a la auxiliar de la justicia que presentara un nuevo
avalúo “[…] debido a que no se ha justificado de manera técnica los
valores allá descritos. Debe determinar, de manera clara, expresa
el valor del lote del terreno y el valor de inmueble, así como
establecer los métodos de valuación que le corresponda […]”.
En cumplimiento de lo anterior, la perito elaboró un nuevo
dictamen29, el cual fue incorporado al proceso en audiencia del 30
de octubre de 2018; sin embargo, del examen de este último
informe se constata que no contiene referencia alguna a las
27
SAMAI índice 18, cuaderno Tribunal, folios 307 a 326.
28
SAMAI índice 18, cuaderno Tribunal, folios 459 a 462. Al respecto señaló: “El Despacho procederá a
suspender la audiencia con el fin que la perito presente un nuevo avalúo pericial, determinar, tanto el
avalúo comercial del bien inmueble como el valor del lucro cesante y del daño emergente reclamado,
debido a que no se ha justificado de manera técnica los valores por ella descritos. Debe determinar,
de manera clara, expresa el valor del lote de terreno y el valor del inmueble, así como establecer los
métodos de valuación que le corresponda realizar. Se le conmina a la perito a realizar el dictamen
pericial en la forma como se ha decretado por el Despacho”
29
SAMAI índice 18, cuaderno Tribunal, folios 464 a 506.
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presuntas falencias del avalúo oficial que habían sido señaladas en
el primer informe, ni desarrolla reproches técnicos orientados a
desvirtuar la metodología, los valores o los componentes del avalúo
elaborado por la UAECD y que estas le sirvan de fundamento a la
apelante para fundar la apelación.
En tales condiciones, la Sala considera que no es posible conferirle
valor al informe pericial allegado el 2 de octubre de 2017, pues no
fue incorporado al proceso en razón a que la orden judicial fue la de
de rendirse nuevamente, lo que representa para esta instancia, la
improcedencia para considerar los resultados allí descritos.
Ahora bien, respecto del dictamen definitivo, el cual se incorporó al
proceso, se tiene que concluyó lo siguiente:
“[…]
[…]
[…]
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[…]”.
Del análisis del dictamen se advierte que, si bien señala de forma
autónoma un valor comercial para el bien expropiado, en cuantía
diferente a las determinadas por la UAECD, lo cierto es que lo hace
sin explicar las razones de tal acrecimiento y sin demostrar las
deficiencias del avalúo oficial, a fin de ser valoradas.
Además, pese a que la auxiliar de la justicia manifestó aplicar el
método de comparación o de mercado, apoyándose en información
de ofertas inmobiliarias, y, de manera complementaria, acudió a
referencias de costos de construcción para estimar el valor de la
edificación, lo relevante es que su ejercicio evidencia
inconsistencias en la aplicación de las herramientas valuatorias.
A tal conclusión se arriba por cuanto, como se indicó en
precedencia tratándose de un inmueble no sometido al régimen de
propiedad horizontal, la normativa técnica exige que el valor del
terreno y el valor de la construcción se analicen de forma
independiente, con identificación clara de las áreas
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correspondientes y de los valores unitarios aplicables para cada uno
de estos componentes.
De este modo, el que el estudio de mercado incorporado en el
dictamen haya considerados ofertas que contemplen un valor global
del inmueble, sin desagregar de manera diferenciada el precio del
suelo de aquel que le corresponde a la edificación, deriva en que
sea imposible considerarla como apoyo de la evaluación que se
examina habida cuenta que desconoce el procedimiento fijado y las
reglas del método de comparación de mercado previstas en la
Resolución 620 de 2008.
Por otra parte, en lo atinente a la determinación del valor de la
construcción, el dictamen acudió a valores promedio tomados de
publicaciones especializadas en costos de edificación, sin que se
evidencie una verificación suficiente de la similitud técnica entre las
tipologías de referencia y las características reales del inmueble
objeto de avalúo.
En particular, los costos adoptados corresponden a edificaciones
con especificaciones constructivas, áreas y condiciones
socioeconómicas que no guardan una correspondencia clara con el
inmueble valorado, lo que afecta la confiabilidad del valor unitario
aplicado.
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En este orden de ideas, la Sala concluye que el avalúo pericial
definitivo, aunque fue incorporado válidamente al proceso, presenta
falencias metodológicas relevantes, tanto en la aplicación del
método de comparación de mercado como en la estimación del
valor de la construcción, las cuales impiden otorgarle plena fuerza
probatoria para desvirtuar el avalúo oficial elaborado por la UAECD.
En efecto, dicho dictamen se orientó a la determinación de un valor
indemnizatorio autónomo, sin explicar de manera concreta las
supuestas falencias del avalúo oficial ni la incidencia técnica que
estas tendrían en el resultado económico finalmente obtenido.
V.4.2.5.- De la estratificación
La actora insistió en que el avalúo oficial desconoció la realidad
socioeconómica del inmueble, en la medida en que este fue
valorado como estrato 2, cuando durante el trámite de la
expropiación el sector ya correspondía al estrato 3.
Al respecto, la Sala advierte que la visita técnica para la elaboración
del avalúo fue efectuada el 20 de mayo de 2014, fecha a partir de
la cual quedó fijado el marco fáctico, técnico y normativo bajo el
cual debía determinarse el valor comercial del inmueble objeto de
expropiación.
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En ese contexto temporal, el estrato socioeconómico vigente del
sector era el 2, con fundamento en el Decreto Distrital 291 de 26
de junio de 2013, circunstancia que fue expresamente consignada
en el informe de avalúo oficial, así:
“ […]
[…]”30
En consecuencia, el ejercicio de avaluación se adelantó con base en
la estratificación oficialmente vigente para el momento en que se
efectuó la visita técnica para la elaboración del informe técnico.
Posteriormente, mediante Resolución 0008 de 27 de febrero de
2015, la Dirección de Estratificación de la Secretaría Distrital de
Planeación de Bogotá accedió a una solicitud de cambio de estrato
2 al 3, entre otros, respecto del predio objeto de la presente
controversia. Sin embargo, dicha modificación se produjo con
posterioridad a la elaboración a que se efectuó la visita técnica para
la elaboración del avalúo oficial.
Sobre el particular, la Sala precisa que el avalúo comercial no
constituye una valoración dinámica ni abierta a modificaciones
sucesivas, sino un ejercicio técnico con una vigencia definida, que
30
SAMAI índice 18, cuaderno contestación IDU folio 149.
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debe elaborarse a partir de la información oficial existente al
momento de la visita técnica y de la suscripción del informe, de
manera que los cambios posteriores en variables administrativas
como la estratificación no inciden automáticamente en el valor
comercial ya determinado.
Al respecto, en sentencia de 24 de julio de 202531, esta Sala indicó:
“[…] 122.En el momento en que se realizó el informe técnico
de avalúo comercial, el sector en el que se encontraba ubicado
el inmueble correspondía al estrato 2. Por lo tanto, el avalúo
debió realizarse conforme al estrato legalmente establecido en
ese entonces, tal como se procedió en este caso concreto.
123.Es importante precisar que, aunque mediante la
Resolución núm. 0053 de 9 de septiembre de 201533 el
director de Estratificación de la Secretaría Distrital de
Planeación modificó el estrato asignado por el Decreto Distrital
de 26 de junio de 2013 a la vivienda, este hecho no constituye
un argumento válido para modificar el valor de la
indemnización, en consideración a que conforme al numeral 8°
del artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, el estrato vigente
para el predio en el año 2014 era el estrato 234 y, en
consecuencia, el avalúo debe basarse en esa estratificación
[…]”.
En esa medida, resulta claro que el eventual cambio de estrato
ocurrido en 2015 no podía ser considerado para ajustar el valor del
avalúo oficial cuya recolección de información fue en el 2014, sin
que ello implique desconocimiento del derecho de propiedad ni del
principio de indemnización justa, además porque la actora no probó
como ese cambió de estratificación podía variar el valor del bien.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2025. Número único de radicación 25000-23-41-000-2016-00605-01. MP Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.
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Cabe anotar que la estratificación socioeconómica constituye una
variable administrativa orientada al cumplimiento de fines de
política pública y tarifarios, pero no es un factor determinante
autónomo del valor de mercado de un inmueble.
El precio comercial depende de un conjunto de elementos técnicos,
entre los cuales se destacan la ubicación, las condiciones físicas del
bien, su uso efectivo, el comportamiento real del mercado y los
comparables utilizados conforme a la metodología aplicable, todos
los cuales fueron considerados en el avalúo oficial.
Conforme con lo anterior, la Sala no encuentra desvirtuada la
presunción de legalidad del avalúo oficial.
Ante la no prosperidad de los reproches planteados en el recurso de
apelación se impone confirmar la decisión de primera instancia,
como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.
V.5.- COSTAS PROCESALES
De conformidad con lo previsto en el artículo 18832 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP 33, esto es, en
32
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
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aplicación de un criterio objetivo valorativo34, la Sala condenará a la
parte apelante, en los términos del numeral 3 del artículo 365 35
ibidem, al pago de las costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso 36 y por las agencias en derecho 37 ”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte demandante a través de apoderado
judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, y por ser
estos previamente determinados por auto o acto que lo acredite
durante la actuación procesal, su fijación se sujetará a la
33
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
34
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
35
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
36
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
37
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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liquidación38 que realice el secretario del Tribunal a quo y según la
comprobación de que se incurrieron en éstos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP39, se fijan como agencias en derecho, la suma
de $564.451 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones40) a
favor del IDU. Lo anterior, de conformidad con las tarifas
establecidas en el del artículo 6°41 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de
junio de 200342, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión
realizada por la parte vencedora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
38
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
39
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
40
Expediente digitalizado obrante en el índice 18 de SAMAI. Cuaderno del Tribunal núm. 1 folio 23, el
valor de las pretensiones corresponde a $282.225.992.
41
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.
42
Norma aplicable en virtud de que la presentación de la demanda se hizo durante su vigor, esto es,
el 25 de abril de 2016, según da cuenta el sello de radicación.
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62
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora
y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $564.451
(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero
de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
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63
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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