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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00931-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00931-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $564.451 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-00931-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE
DESVIRTUADA LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL FUE EXPROPIADO EL
PREDIO DE LA ACTORA. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 58 SUPERIOR.
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. DECLARATORIA DE UTILIDAD
PÚBLICA NO SE REALIZÓ EN EL ACTO DEMANDADO. ANÁLISIS DE
LOS DICTAMENES APORTADOS Y DECRETADO EN EL PROCESO.
CARATERÍSTICAS DEL AVALUO OFICIAL. ESTRATIFICACIÓN COMO
FACTOR PARA RENDIR EL AVALÚO. FECHA DE SU ELABORACIÓN.
COSTAS PROCESALES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora

contra la sentencia de 3 de julio de 2020, proferida por la

Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca1, que denegó las pretensiones

de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA

La señora YOLANDA ROJAS DIMATÉ, actuando por conducto de

1
En adelante el Tribunal.

2

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Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ

apoderado, promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo CPACA 2 , contra el INSTITUTO DE DESARROLLO

URBANO -IDU3, con la finalidad de discutir la legalidad parcial del

siguiente acto administrativo:

“[…] artículos segundo, tercero y cuarto de la
Resolución 61795 de 8 de octubre de 2015, “POR LA
CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA”, proferida por la directora técnica de
Predios del IDU, en lo relativo al precio indemnizatorio,
forma de pago y apropiaciones presupuestales.

Además de la nulidad solicitada pidió como restablecimiento del

derecho, lo siguiente:

«[…] 2.- Que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 67 de la
Ley 388 de 1997, se declare que mi mandante se encuentra
exenta de los pagos tributarios que por razones de
expropiación administrativa le obligaron a cancelar, toda
vez que si optó por la vía contenciosa administrativa, fue por la
necesidad a que la llevó el Instituto de Desarrollo Urbano IDU,
al ofertar y pagar un precio justo, así como por la falta de
negociación, más no por capricho de la demandante.

3.- Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y
así pagar a mi mandante YOLANDA ROJAS DIMATÉ, los valores
que en adelante relaciono y/o de conformidad con lo que resulte
probado en el proceso, montos que han de ser actualizados en
su favor.

3.1. DAÑO EMERGENTE 3.1.1. La suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/Cte ($282.225.992.
00), por ajuste al valor ordenado y pagado con la Resolución

2
En adelante CPACA.
3
En adelante el IDU.

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Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ

No. 61795 del 08 de octubre de 2015, por concepto de terreno y
construcción del inmueble ubicado en la KR 90 C No. 127 D -04
de Bogotá, identificado con cédula catastral
00918350400000000, CHIP AAA0132YPUH y matricula
inmobiliaria 50 N- 20110330.

3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compara que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como gastos notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia,
así:

Gastos Notariales: 3x 1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5%
Beneficencia: (1%)

3.1.3. Los gastos de desconexión de servicios públicos, así:

Energía condensa retiro de 1 acometida y medidor. Conexión
residencial $91.472.00
Acueducto EAAB dos medidores con suministro de tapón macho
de hg $171.460.00.
Gas natural: suspensión definitiva $131 .032.00

3.1.4. El valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL SETESCIENTOS VEINTICINO PESOS M/cte
($4.346.725.00) equivalente al 2.5% que le retuvo el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de bienes raíces,
toda vez que se le aplicó la tabla de la tarifa tributaria de
manera indebida, ya que mi mandante debe ser exento de la
misma por ser expropiación por vía administrativa por la
decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado por
parte del IDU, y que en el peor de los casos la retención
correspondería al 1.5%.

3.1.5- El valor de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS M/cte ($1.253.200.00)(sic) equivalente al
20% de retención que les realizó el IDU de los dineros que
reconocieron como lucro cesante, en razón a que no hay
justificación legal para retener dineros por ingreso de
arrendamiento.

3.1.6. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.

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4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del CCA […]»

I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos relevantes de la demanda, la actora señaló los

siguientes:

Indicó que era la propietaria del inmueble ubicado en la KR 90C #

127D - 04 de la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula

catastral 00918350400000000, el CHIP AAA0132YPUH y la

matrícula inmobiliaria 50N-20110330, el cual adquirió inicialmente

en el año 2001 y sobre el cual adelantó un proceso progresivo de

consolidación y construcción de varias unidades habitacionales.

Explicó que en desarrollo del proyecto vial denominado “Avenida El

Rincón”, mediante Resolución 89399 de 16 de octubre de 2014, el

IDU determinó la adquisición del inmueble de su propiedad por vía

administrativa, para lo cual formuló oferta de compra, con

fundamento en el avalúo comercial 2014-0738 de 9 de julio de

2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital -UAECD 4 , que fijó como valor indemnizatorio la suma de

$182.931.484.

Adujo que dicha resolución le fue notificada el 11 de noviembre de

4
En adelante la UAECD.

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2014, con lo que se inició la etapa de enajenación voluntaria

prevista en la Ley 388 de 18 de julio de 19975, sin que procediera

recurso alguno por tratarse de un acto de trámite dentro del

procedimiento expropiatorio.

Explicó que, durante el trámite administrativo, la demandante elevó

diversas solicitudes ante el IDU encaminadas a la verificación y

corrección del avalúo comercial, cuestionando, entre otros

aspectos, la antigüedad de la construcción, los parámetros

utilizados para la reposición, la estratificación del inmueble y la falta

de ponderación de las condiciones reales del bien y de su

destinación económica.

Puso de presente que para la fecha de elaboración del avalúo el

predio figuraba en estrato 2, situación que fue posteriormente

corregida por la Secretaría Distrital de Planeación mediante

Resolución 0008 de 27 de febrero de 2015, en la que se le calificó

como estrato 3, sin que dicho ajuste fuera incorporado de manera

integral en la valoración económica del predio.

Afirmó que, como consecuencia de una adición al avalúo comercial

realizada el 29 de abril de 2015, el IDU expidió la Resolución 39453

de 5 de junio de 2015, mediante la cual modificó la Resolución

5
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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89399 de 2014, se determinó un nuevo valor indemnizatorio total

de $184.323.583, discriminado así:

Valor Concepto
$173.869.000 Avalúo comercial terreno y construcción
$4.688.583 Daño emergente
$5.766.000 Lucro cesante

Indicó que al no lograrse acuerdo en la etapa de negociación directa

y vencido el término de enajenación voluntaria, mediante

Resolución 61795 de 8 de octubre de 2015, el IDU ordenó la

expropiación por vía administrativa del inmueble y fijó de manera

definitiva el precio indemnizatorio en los términos señalados, pero

dispuso deducciones por gastos de escrituración, desconexión de

servicios públicos e impuesto predial.

Adujo que la Resolución 61795 de 2015 le fue notificada

personalmente el 23 de octubre de 2015, oportunidad en la cual

manifestó su renuncia a los términos de ejecutoria, con el fin de

posibilitar el pago inmediato del valor reconocido, dadas las

necesidades de reubicación habitacional derivadas de la pérdida del

inmueble.

Afirmó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el acto

expropiatorio, el IDU efectuó el pago del precio indemnizatorio el 23

de noviembre de 2015, no obstante, a su juicio, las sumas no

consultaron el real valor comercial del bien, ni garantizaron una
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indemnización justa, integral y previa, esto último, porque no fue

pagada en término.

Sostuvo que el valor reconocido por la entidad expropiante no

correspondía al valor comercial real del inmueble, porque contrató

un avalúo con la firma Soluciones Inmobiliarias Sarmiento & Osorio,

que rindió su informe el 20 de octubre de 2014, en el cual

determinó que el bien tenía un valor comercial de $456.094.992,

suma ostensiblemente superior al precio indemnizatorio fijado por

el IDU en el acto de expropiación.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como apoyo de las pretensiones de la demanda, la parte actora

indicó como vulnerados los artículos:

• 4°, 6°, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política,

• 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el

Ciudadano de 1789 y

• 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos,

• 8° y artículo 70 (numerales 2 y 4) de la Ley 388 y

• 2°, 3° y 22 (numeral 7 y literal b) del Decreto 1420 de 24 de

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julio de 19986.

Manifestó que el acto administrativo incurrió en falsa motivación, al

fijar el precio indemnizatorio con fundamento exclusivo en el avalúo

comercial elaborado por la Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital, sin efectuar una valoración integral de las

circunstancias particulares del predio ni ponderar los intereses de la

afectada, como lo exigen el artículo 58 de la Constitución Política y

los artículos 67 y 68 de la Ley 388.

Explicó que el IDU no tuvo en cuenta que la actora por su edad

estaba impedida de trabajar; tampoco consideró su grado de

instrucción, el tiempo que duró con su familia haciendo la

construcción del inmueble ni el hecho de que “[…] en Bogotá se ha

venido incrementando ostensiblemente en un 83% el valor de los

inmuebles, lo que impide adquirir uno de similares características

[…]”.

Afirmó que el IDU confundió el avalúo comercial con el precio

indemnizatorio, limitándose a reproducir el valor arrojado por

aquel, pese a que, fracasada la etapa de negociación voluntaria, la

administración estaba obligada a motivar de manera autónoma el

monto de la indemnización, consultando tanto el interés general

6
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

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como el particular.

Adujo que el valor reconocido no garantizó una indemnización justa

e integral, en la medida en que no comprendió de forma plena el

daño emergente y el lucro cesante, ni permitió la reposición del

bien expropiado en condiciones equivalentes, desconociendo el

carácter reparatorio de la indemnización previsto en el artículo 58

superior y desarrollado por la jurisprudencia constitucional.

Cuestionó el que se hubieran practicado descuentos sobre los

conceptos reconocidos como daño emergente, tales como gastos de

escrituración, desconexión de servicios públicos e impuesto predial,

lo cual, a su juicio, redujo injustificadamente el monto del precio

indemnizatorio fijado en el acto de expropiación.

Indicó que el avalúo comercial utilizado por la administración

presentó deficiencias técnicas, al no observar los parámetros

previstos en el Decreto 1420 de 1998, particularmente en lo

relativo a la estratificación económica del inmueble.

Afirmó que el acto administrativo que ordenó la expropiación no

cumplió con el deber de motivación suficiente, en tanto no expuso

de manera razonada los motivos por los cuales el precio

indemnizatorio fijado satisfacía los estándares constitucionales y

legales, ni explicó por qué se descartaron las observaciones y
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solicitudes formuladas durante el trámite administrativo.

I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

Por auto de 31 de octubre de 2016, y luego de ordenar su

corrección el magistrado conductor del proceso en el Tribunal a quo

admitió la demanda y ordenó la notificación al IDU como entidad

demandada.

Es del caso referir que, por auto de 28 de agosto de 2017, no se

aceptó el llamamiento en garantía de la Unidad Administrativa

Especial de Catastro – UAECD que solicitó el IDU.

Cumplida la notificación ordenada, la entidad vinculada a este

trámite contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:

I.4.1.- El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Afirmó que las actuaciones cuestionadas no desconocieron las

normas invocadas, toda vez que el procedimiento de expropiación

administrativa se adelantó en correspondencia con la Ley 388 y

demás normas complementarias.

Añadió que el valor indemnizatorio fijado en la Resolución 89399 del

16 de octubre de 2014 no fue arbitrario o irrisorio, pues se soportó

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íntegramente en el avalúo comercial 2014-0738 de 9 de julio de

2014, elaborado por la UAECD, entidad legalmente habilitada, y en

cumplimiento de las leyes 9° de 1989 y 388.

Explicó que, como consecuencia de las objeciones presentadas por la

demandante al avalúo inicial, dio traslado a la UAECD, quien expidió

el avalúo comercial modificatorio el 29 de abril de 2015, ajustando el

valor de la construcción y del daño emergente, lo que condujo a fijar

un nuevo precio indemnizatorio por la suma de $184.323.583,

discriminado en terreno y construcción, lucro cesante y daño

emergente.

Añadió que el cambio de estrato socioeconómico del inmueble no

incidió en el valor del predio, porque el considerado en el avalúo era

el vigente al momento de su elaboración y que, en todo caso, el

estrato es una variable incorporada dentro de los valores de mercado

del sector, cuya asignación no es de su competencia sino de la

Secretaría Distrital de Planeación.

Adujo que el avalúo privado aportado por la demandante no cumplía

los requisitos metodológicos previstos en la Resolución IGAC 620 de

2008, en particular por no aplicar correctamente los métodos

valuatorios, no discriminar adecuadamente el valor del terreno y de

la construcción, ni justificar las fuentes de información utilizadas.

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Además de los anteriores argumentos de defensa, propuso las

excepciones que denominó: i) Falta de elementos que desvirtúen la

presunción de legalidad del acto administrativo atacado; ii) Legalidad

de los actos administrativos demandados y iii) Ausencia de

imputabilidad del perjuicio alegado al IDU.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 3 julio de 2020, el Tribunal denegó las

pretensiones de la demanda.

Destacó que la entidad demandada formuló objeción por error

grave contra el dictamen pericial practicado en el proceso, la cual

fue presentada conforme con los parámetros del artículo 228 del

Código General del Proceso, por lo que no era procedente darle

trámite autónomo, sin perjuicio de que los cuestionamientos

formulados serían valorados.

Que en relación con la alegada vulneración del artículo 70 de la Ley

388, por la no disposición inmediata del precio indemnizatorio,

concluyó que no se configuró dicha irregularidad, al encontrar

acreditado que el pago se puso a disposición de la demandante

dentro de los términos previstos en la normativa y esta recibió

efectivamente el valor reconocido.

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Indicó que el avalúo privado aportado por la demandante no

lograba desvirtuar la legalidad ni la idoneidad técnica del avalúo

oficial, en la medida en que no aplicó de manera adecuada los

métodos valuatorios previstos en la Resolución IGAC 620 de 2008,

en particular porque en aquel se utilizó el método de reposición, el

cual no es apropiado para el cálculo del valor del terreno.

Agregó que, pese a que existe coherencia en el área de

construcción establecida en el avalúo traído por la demandante y el

avalúo oficial, difieren en casi el doble en el valor de la

construcción, sin que se expliquen las razones.

Destacó que, aspectos como los señalados por la actora referentes

al incremento de los inmuebles en Bogotá, el tiempo que gastaron

levantando la construcción y las circunstancias que rodean su

familia, no son factores para tener en cuenta en la determinación

de la indemnización.

Explicó que el estrato socioeconómico del predio objeto de la

controversia era 2 para el momento en que la UAECD hizo la visita

técnica para la elaboración del predio, razón por la cual los

reproches de la actora respecto de esta alegación no prosperaron.

Explicó que los descuentos por gastos de escrituración, desconexión

de servicios públicos, impuesto predial y retención en la fuente no
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desnaturalizaron el carácter reparatorio de la indemnización, ni

implicaron un desconocimiento del artículo 58 de la Constitución

Política ni de las normas de la Ley 388, en la medida en que no se

trató de deducciones arbitrarias, sino de cargas económicas

legalmente exigibles.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La actora recurrió la sentencia proferida en primera instancia, para

lo cual manifestó que, de los hechos, las pretensiones y las pruebas

documentales obrantes en el plenario era procedente concluir que

había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

Explicó que la fijación del precio de indemnización en el acto

administrativo expropiatorio no solo puede basarse en el avalúo

oficial, sino que debe consultar los intereses de la comunidad y el

afectado, conforme con el artículo 58 de la Constitución Política,

“[…] hecho que no sucedió pues nunca se consultó los intereses del

demandante (sic), tampoco se tuvo en cuenta sus condiciones,

personales […]”.

Agregó que el acto acusado no está debidamente motivado porque

no explica “[…] los motivos por los cuales esta expropiación se

realizara por motivos de utilidad pública, o de interés social […]”.

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Reprochó que, en el avalúo oficial, la UAECD haya aplicado el

método de reposición para la determinación del valor de la

construcción, apoyándose en costos por tipología elaborados por la

misma entidad, circunstancia que a su juicio comprometía la

imparcialidad y objetividad del ejercicio valoratorio.

Sostuvo que, pese a invocar el método de reposición, el avalúo

oficial no se basó en los costos actuales de un bien semejante, ni

explicó adecuadamente la descripción de los materiales, la

depreciación física ni el estado de conservación de la edificación,

limitándose a utilizar valores generalizados derivados de tipologías

cuya procedencia no fue debidamente justificada.

Afirmó que, ante tales falencias, allegó con la demanda el avalúo

comercial 9875 de 20 de octubre de 2014, elaborado por la firma

Sarmiento & Osorio, el cual fue practicado directamente sobre el

inmueble, con exposición clara de los métodos utilizados y soporte

técnico suficiente, a diferencia del avalúo de la UAECD, que se

habría elaborado con base únicamente en documentos

suministrados por el IDU, sin inspección directa del bien.

Agregó que, además, en el dictamen pericial practicado en el

proceso, la perito manifestó que el avalúo realizado por la UAECD

no se ajustó a las Resoluciones 620 de 2008 ni al Decreto 1420 de

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1998, al presentar falencias en el estudio de la construcción, en la

determinación del valor del metro cuadrado, en la depreciación o

vetustez del inmueble y al no valorar la totalidad del edificio

construido, para lo cual refirió que se omitieron áreas como el

depósito, el garaje y el primer piso.

Afirmó que, en la demanda solicitó expresamente el reconocimiento

de una indemnización integral, pero dicho aspecto no fue verificado

probatoriamente por el Tribunal, pues a su juicio el a quo se limitó

a comparar el avalúo de Sarmiento & Osorio con el de la UAECD

para descartar aquel, sin valorar que este sí incorporó la vetustez

real del inmueble (15 años), circunstancia que incluso habría sido

reconocida posteriormente por la UAECD al corregir el suyo, lo cual

debía generar dudas sobre la calidad técnica de este.

Adujo que el Tribunal realizó un análisis meramente aparente de los

avalúos, al exigir al particular el estricto cumplimiento de la

Resolución IGAC 620 de 2008, pese a que en su criterio tanto el

avalúo privado como el dictamen pericial emplearon los mismos

métodos utilizados por la UAECD, sin que se explicara por qué tales

exigencias no se aplicaron con igual rigor al avalúo oficial.

Reiteró la violación del Decreto 1420 de 1998, en cuanto a la

estratificación económica del inmueble, al sostener que el predio

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fue valorado como estrato 2, cuando correspondía al estrato 3, lo

que habría generado una disminución del valor comercial, sin que

dicho aspecto hubiera sido resuelto de fondo durante el trámite

judicial.

IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Luego de admitido el recurso de apelación el Despacho corrió

traslado para alegar de conclusión, según se aprecia en el auto de 5

de marzo de 2021, término en el que únicamente participó la

entidad demandada, así:

IV.1.- EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las

pretensiones de la demanda, al considerar que estas carecen de

fundamento fáctico, legal y probatorio, y que no se logró desvirtuar

la presunción de legalidad de los actos administrativos

demandados.

Sostuvo que, conforme con las leyes 9 de 1989, 388, el Decreto

1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008, actuó dentro del

marco de sus competencias y observó las etapas del procedimiento

de enajenación voluntaria y expropiación administrativa, con

respeto del debido proceso, el derecho de defensa y los principios

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de publicidad, celeridad y eficacia de la función administrativa.

Indicó que el precio indemnizatorio fue fijado con base en un avalúo

comercial elaborado por la UAECD, entidad competente para la

prestación de ese servicio, lo que se ajustó a los parámetros

técnicos y normativos vigentes, sin que se acreditara irregularidad

alguna en su elaboración.

Afirmó, en relación con el dictamen pericial practicado en el

proceso, que este no constituye prueba idónea del valor comercial

del inmueble, debido a las falencias técnicas y metodológicas que

presenta.

Señaló que el estrato socioeconómico considerado en el avalúo

comercial correspondía al vigente al momento de su elaboración,

conforme a la información suministrada por la Secretaría Distrital

de Planeación.

En cuanto a los descuentos aplicados al precio indemnizatorio, la

entidad afirmó que estos obedecieron al cumplimiento de

obligaciones tributarias legales, tales como la retención en la fuente

sobre el lucro cesante y el impuesto por enajenación de inmuebles,

cuya aplicación resulta obligatoria, de conformidad con el Estatuto

Tributario y la normativa reglamentaria vigente

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Sostuvo que la parte actora no probó la existencia de perjuicios

ciertos distintos a los ya reconocidos, recordando que, conforme a

la jurisprudencia del Consejo de Estado, la indemnización

expropiatoria debe tener carácter reparatorio, pero no puede

exceder los perjuicios efectivamente causados, cuya carga

probatoria recae en el demandante.

IV.2.- MINISTERIO PÚBLICO

El agente de la Procuraduría General de la Nación no rindió

concepto.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la

Constitución Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo

150 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019,

modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de

diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado es

competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- ACTO DEMANDADO

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En el presente asunto se demandan los apartes de la Resolución

61795 de 08 de octubre de 2015, que corresponde a los ordinales

segundo, tercero y cuarto de la, expedida por el IDU, en la que

dispuso:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 61795 DE 2015
“POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA”
[…]

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto No. 316 del 19 de julio de 2007, el
alcalde Mayor declaró las condiciones de urgencia por razones
de utilidad pública e interés social en la adquisición de los
inmuebles requeridos para la ejecución de obras de
valorización contempladas en el Acuerdo 180 de 2005,
modificado por el Acuerdo 523 de 2013, entre las que se
cuenta el Proyecto No. 108 Avenida El Rincón desde la
Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 por la Calle 125.

[…]

Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo
previsto en el artículo 59 de la ley 388 de 1997, el artículo
455 del Decreto Distrital 190 de junio 22 de 2004 y el artículo
2º del Decreto 316 del 19 de julio de 2007, el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO, como Establecimiento Público
del orden Distrital, creado por el Acuerdo 19 de 1.972 del
Concejo de Bogotá, es el encargado de ejecutar las obras
viales y de espacio público para el desarrollo urbano de la
Capital y goza de la competencia para decretar la expropiación
de inmuebles con miras al cumplimiento de los fines previstos
por el artículo 63 de la Ley 388 de 1.997, dentro de las cuales
se encuentra el inmueble ubicado en la KR 90C No 127D
04/de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral
009218350400000000, CHJP AAA0132YPUHY y matricula
inmobiliaria 50N-20110330, conforme al registro topográfico
número 39975, donde aparece debidamente delimitado y
alinderado, en un área de 72.00M2de terreno, piso 1 y 2 de
150.44 m2, piso 3 de 78.44 m2.
[…]
Que se determinó como valor indemnizarlo dentro de la
Resolución No. 89399 de 16 de octubre de 2014 la suma de”
CIENÁO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA

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Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y: CUATRO PESOS
($182.931.484) MONEDA CORRIENTE, el citado valor
comprende:

[…]

Que mediante radicado IDU N* 201 552607436+2 de fecha
20 de mayo de 2015 la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica, remitió adición del
avalúo comercial 2014- 0738 de 29 de abril de 2015, por lo
que mediante Resolución.39453 de 5 de junio de 2015 se
modificó el valor del avalúo estableciendo como valor de
precio indemnizatorio la suma de CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINJITRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS($184.323.583)
MONEDA CORRIENTE el cual comprende:

[…]

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa en favor del Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en la KR 90C
N* 127D 04 de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral
009218350400000000, CHIP AAA0132YPUH 4 matrícula
inmobiliaria 50N-20110330, cuyos titulares del derecho de
dominio inscritos objeto de expropiación es la señora
YOLANDA ROJAS DIMATE […]

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($183.117.328Y MONEDA
CORRIENTE, el cual corresponde a:

1. La suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($173.869.000)
MONEDA CORRIENTE por concepto de avalúo terreno y
construcción conforme el avalúo comercial No 2014-0738 de
fecha 9 de julio del 2014, complementado por el avalúo
comercial No 2017-0738 de fecha 29 de abril de 2015
elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital – Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica.

2. La suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOZ OCHENTA Y
DOS MIIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($3.482.328)
/MONEDA CORRIENTEZ por concepto de daño emergente
conforme al informe de reconocimientos económicos de fecha
7 de octubre de 2015 elaborado por el Grupo Económico de la

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Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU y al informe técnico de avalúo No 2014 - 0738
de fecha 9 de julio de 2014 modificado por el avalúo comercial
No 2017-
0738 de fecha 29 de abril de 2015 elaborado por la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital.

3. La suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL PESOS ($5.766.000) - MONEDA CORRIENTE, por
concepto de lucro cesante conforme el avalúo comercial No
2014-0738 de fecha 9 de julio del 2014, elaborado por la
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia de
• Información = Catastral, Subgerencia de Información
Económica.

[…]

ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO.- El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano, previa autorización expresa y escrita de la Dirección
Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de
pago así en único contado: La cantidad CIENTO OCHENTA Y
TRES MILLOMES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTIO PESOS ($183.117.328) MONEDACORRIENTE, la cual
será puesta a disposición por parte de la Tesorería del
Instituto de Desarrollo Urbano, una vez ejecutoriada la
presente resolución de la señora YOLANDA ROJAS DIMATE,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.659.387 una vez
ejecutoriada la presente resolución y efectuados los
respectivos trámites financieros.

[…]

ARTÍCULO CUARTO: APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El valor total de la adquisición se ampara
96 el presupuesto del IDU según el Certificado de Registro
Presupuestal No. 4313 del 19 noviembre de2014 Certificado
de Registro Presupuestal N* 2497 de 29 de julio de
2015%expedido por la Dirección Técnica Administrativa y
Financiera, Subdirección Técnica de Presupuesto y
Contabilidad del IDU […]”.

Este acto, como se aprecia, dispuso la expropiación administrativa

del inmueble de propiedad de la actora, con fundamento en el

artículo 58 de la Constitución Política y las leyes 9 de 1989 y 388 de

1997.

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Para tal efecto, destacó que en el Decreto Distrital 316 de 19 de

julio de 2007 se declararon las condiciones de urgencia y utilidad

pública que autorizaron la expropiación administrativa respecto de

los inmuebles requeridos para la ejecución de obras de valorización

previstas en el Acuerdo 180 de 2005, entre las cuales se encuentra

el proyecto 108 Avenida El Rincón desde la Avenida Boyacá hasta la

Carrera 91 por la Calle 125.

Identificó el inmueble objeto de expropiación como el ubicado en la

KR 90C No. 127D-04 de Bogotá D.C., con cédula catastral

009218350400000000, CHIP AAA0132YPUHY, matrícula

inmobiliaria 50N-20110330, tenía un área de 72.00 m² de terreno y

señaló como titular del derecho de dominio a la señora Yolanda

Rojas Dimaté.

La parte considerativa del acto acusado describe que mediante

Resolución 89399 de 16 de octubre de 2014, el IDU formuló oferta

de compra sobre el inmueble, que fue inicialmente por valor de

$182.931.484, discriminado en avalúo de terreno y construcción,

lucro cesante y daño emergente, con base en el avalúo comercial

2014-0738 de 9 de julio de 2014 elaborado por la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD.

Sin embargo, dicha oferta fue modificada como consecuencia de la

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adición al avalúo comercial remitida el 20 de mayo de 2015

estableciéndose en la suma de $184.323.583, que comprendía el

avalúo del terreno, la construcción, el lucro cesante y el daño

emergente.

Respecto de la indemnización por daño emergente, se aplicaron

descuentos por concepto de gastos de escrituración, desconexión

de servicios públicos e impuesto predial, de conformidad con el

informe técnico de avalúo y el informe de reconocimientos

económicos de 7 de octubre de 2015.

V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS

La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada

únicamente a los aspectos que fueron objeto de reproche en el

recurso de apelación presentado por la parte actora.

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera

instancia debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a

que: i) no se consideró la ponderación de intereses generales y

particulares en la estimación de la indemnización; ii) la falta de

motivación de las razones de utilidad pública y urgencia en el acto

acusado; iii) las tipologías y características señaladas en el avalúo

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oficial; iv) la desestimación del avalúo allegado con la demanda y

el practicado en el proceso y; v) la estratificación usada para el

cálculo del valor del bien.

V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN

Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título

de cuestionamientos contra el fallo del tribunal a quo.

V.4.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad
es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En
los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción

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contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que 7 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido

el carácter limitado de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el

procedimiento que debe ser atendido con el propósito de llevar a

cabo la expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

7
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

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llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 8 , la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la

destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto

administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;

v) la orden de notificar a los titulares del derecho de dominio u

otros derechos reales del predio y la información sobre los recursos

procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada

el artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa,
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá
que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la

8
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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consignación correspondiente conforme a lo previsto en
el numeral 2 de este artículo.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado,
según sea el caso, el valor total correspondiente o
el porcentaje del precio indemnizatorio que se
paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá
consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregara copia de
la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área
de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro
de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE
EXPROPIADO, sin necesidad de intervención judicial,
para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de
policía si es necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de
este artículo, la decisión de expropiación por vía
administrativa no producirá efecto alguno y la entidad
deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o
interés social que hayan sido invocados, en un término
máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

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En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que
la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a
la entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]”. (Destacado fuera de texto).

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS

PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se

utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 9 de la

presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características

esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación

del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,

previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende

su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha

medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.

9
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la
Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].

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30

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Al respecto esta Sección10 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a
cargo de la autoridad que ostenta la potestas
expropiandi, de indemnizar plena y previamente al
afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio
roto por la privación patrimonial a la cual es sometido
de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en
estos casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no
puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”. Destacado fuera de texto.

Asimismo, la Sala destaca que a través del Decreto 1420 de 199811

fueron reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y

criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se habilita

la determinación del valor comercial de los bienes inmuebles, entre

otros, para el caso de expropiaciones administrativas.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
11
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”

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Ahora bien, mientras en el artículo 2012 del decreto en mención se

establece que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 23 13 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a

través de resolución las disposiciones metodológicas para la

realización de estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente

expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones

que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 200814, que

establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del

marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución determina como métodos para la elaboración de

los avalúos el de: i) comparación o de mercado, ii) capitalización

de rentas o ingresos, iii) el residual, iv) el de consulta de

encuestas y v) el de costo o reposición.

V.4.2. CASO CONCRETO

La Sala pasa a resolver cada uno de los problemas jurídicos

planteados, que corresponden a los reproches que la parte actora

12
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación
[…]”.
13
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que
trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la
publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.
14
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.

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por conducto de su apoderado judicial plasmó en el recurso de

apelación.

V.4.1.1. De la ponderación de intereses de la comunidad y de
la actora para la determinación de la indemnización

La actora manifestó que el IDU omitió considerar al fijar la

indemnización por virtud de la expropiación, los intereses de la

comunidad y también las situaciones particulares, como su edad,

grado de instrucción y tiempo que tardó su familia en la

construcción del inmueble expropiado, según el mandato contenido

en el artículo 58 de la Constitución Política15.

Además, la actora indicó como argumento adicional que la

demandada no motivó en debida forma las razones por las cuales

se configuró la utilidad pública y la urgencia en la expropiación.

En relación con estos argumentos en los que se apoya para

controvertir la decisión apelada, es preciso que la Sala distinga el

alcance de la expresión contenida en el artículo 58 Superior y del

que se sirve la recurrente para asegurar que de tal mandato se

15
“[…] ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social,
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social.
[…]
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación
podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa,
incluso respecto del precio […]”.

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desprende el deber de que la indemnización por expropiación

administrativa se fije “consultando los intereses de la comunidad y

del afectado”.

Fijado el reproche se tiene que esta disposición no impone a la

administración ni al juez un ejercicio discrecional o subjetivo frente

al reconocimiento económico que surge por la decisión

expropiatoria, sino que orienta al legislador en el marco regulatorio

que le corresponde desarrollar para la delimitación de las reglas

que gobiernan la expropiación y con ello la herramienta prevista

con tal fin para identificar a través del avalúo comercial el valor del

predio y con ello, los perjuicios que resulten indemnizables.

Tal desarrollo normativo se cumplió a través de la Ley 388 de 1997,

la que fija entre otras la ponderación de intereses a los que alude la

apelante pero no frente a las consideraciones subjetivas a las que

recurre (edad, nivel de educación y proyecto de vida) sino a las

normas de la aplicación objetiva del régimen legal de expropiación,

que desarrollaron en el marco de la función social de la propiedad el

marco jurídico que evidencie que la medida administrativa se

adoptan en desarrollo de una obra o proyecto que se sustenta en el

privilegio del beneficio del interés general en oposición a la

necesidad de indemnizar al afectado con la decisión expropiatoria

con base en un avalúo técnico reglado y el reconocimiento de

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perjuicios probados.

De ahí que el entendimiento de esta norma superior no pueda

desligarse de la interpretación con las disposiciones de orden legal

que establecen que si bien la indemnización derivada de la

expropiación administrativa tiene naturaleza reparatoria, también lo

es que, tal restitución no es ilimitada ni tampoco genera una

compensación automática respecto de cualquier afectación alegada

por el propietario, sino que impone de la administración un examen

previo que delimite los valores del inmueble y de los perjuicios

patrimoniales efectivamente causados y probados.

La anterior conclusión implica, que además del valor comercial del

bien deben repararse los daños derivados, como el lucro cesante y

el daño emergente, no obstante, su resarcimiento exige prueba

idónea, certeza sobre su existencia y monto, además del nexo de

causalidad con la expropiación, en los términos del artículo 67 de la

ley 388 de 1997.

Precisamente, en relación con estos conceptos y los intereses

personales que se predican del propietario del bien expropiado es

que la Corte Constitucional16 en el examen de constitucionalidad de

estas normas refirió que:

16
Sentencia C-476/07. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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“En la misma sentencia, la Corte 17 señaló que el requisito
constitucional de que la indemnización sea justa, lleva
necesariamente a no exigir que siempre responda
integralmente a los intereses del afectado. En ciertas
ocasiones dicha indemnización puede cumplir una función
meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria
que comprenda tanto el daño emergente como el lucro
cesante, y ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello
sea necesario para garantizarle efectividad de derechos
especialmente protegidos en la Carta Al respecto la Corte
señaló lo siguiente:

"El artículo 58 de la Carta no dice que la indemnización
debe ser plena. En cuanto al alcance de la
indemnización en el caso de expropiación, esta Corte
aclaró, en la misma sentencia C-153 de 1994 citada,
que comprende el daño emergente y el lucro cesante,
pues puede cumplir, en principio, una función
reparatoria. Dijo entonces la Corte:

La indemnización es pues una consecuencia de la
facultad expropiatoria del Estado. Ella se explica por el
deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de
dicha facultad: la producción de un daño generado por
una actividad legítima de la acción administrativa.

La actividad es legítima porque la expropiación sólo
opera por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés
general para cumplir los fines esenciales del Estado, de
que trata el artículo 2° superior: promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.

Pero ese daño legítimo debe en principio ser
indemnizado (...), porque la persona expropiada no
tiene por qué soportar una carga específica que debe
asumir toda la sociedad, en razón del principio de
igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo
fundamento es el derecho de igualdad establecido en el
artículo 13 de la Carta. Esto explica entonces que el
ordenamiento superior haya consagrado el derecho a la
indemnización reparatoria en cabeza del afectado.

[…]

Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista
por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria (...), ya

17
Se refiere a la sentencia C-1074 de 2002.

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que ella debe comprender el daño emergente y el lucro
cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha
sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de
comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en
el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega
del mismo y la entrega de la indemnización. (subrayado fuera
de texto)”

Sobre este aspecto, también esta Sección ha indicado18:

“[…] Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a
que es cierto que la Jurisprudencia ha estimado que la
indemnización que se reconoce a quienes se ven
afectados con la expropiación, tiene carácter
reparatorio y debe comprender no sólo el precio
comercial del bien sino los demás perjuicios que
pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño
emergente y el lucro cesante, es deber del interesado probar
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa cuáles son los
perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la
expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la
referencia […]”.

De este modo, se aprecia que en relación con las circunstancias

particulares a las que alude la apelante tales como como su edad,

su grado de instrucción y tiempo que le tomó hacer la construcción,

y su posibilidad de sumar como perjuicios ciertos y cuantificables en

los componentes del monto indemnizatorio, lo cierto es que no

existe prueba que acredite que tales situaciones debieron

considerarse en la determinación del precio indemnizatorio por

constituir valores cuantificables e integrantes del lucro cesante, del

daño emergente o incluso del precio comercial del bien, sumado a

que no pasaron de ser meras afirmaciones que están ancladas

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
marzo de 2014, MP NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, número único de radicación 25000-23-24-000-
2012-00486-01.

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sobre algunos aspectos orientados a la afectación moral y los

vínculos de tal carácter con el bien, los cuales desbordar los

conceptos indemnizatorio y la fijación de un precio justo.

Precisamente, en relación con circunstancias subjetivas como

aquellas a las que alude la actora, esta Sección puntualizó19:

“[…] 115. Por lo demás, el apoderado aseveró que en el caso
concreto procede la indemnización por perjuicios morales,
toda vez que las demandantes tenían unas condiciones
especiales de minusvalía que hacían que su vivienda,
ubicada en la zona céntrica de Ibagué, frente a una vía
de fácil e inmediato acceso, fuera vital para ellas.

[…]

118. Esta Sección, haciendo suyos los transcritos
argumentos de la Corte Constitucional, ha considerado
que, en tratándose de expropiación administrativa, en
razón del interés general que prevalece sobre el interés
particular, la indemnización sólo tiene carácter
reparatorio, de manera que no procede el
reconocimiento de perjuicios morales […]”. (Destacado
fuera de texto).

En relación con los intereses de la comunidad, la Sala no encuentra

que este sea un componente de la indemnización, pues en realidad

constituye el motivo de la declaratoria de interés que sustenta la

expropiación, luego tampoco es posible integrar este concepto en la

construcción del valor y el reconocimiento de la indemnización,

como lo pretende la apelante.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de
marzo de 2024, número único de radicación 15001233100020060143302. MP Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.

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Por lo expuesto, los reclamos de la apelación frente al examen

precedente no prospera.

V.4.2.2. los motivos de utilidad pública y urgencia

En lo que respecta al cuestionamiento de la inexistencia de “los

motivos por los cuales esta expropiación se realizara por motivos de

utilidad pública”, basta señalar que fue a través del Decreto 316 de

19 de julio de 2007 que el Distrito declaró las condiciones de

urgencia por razones de utilidad pública e interés social, y dispuso

la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de

obras de valorización contemplados en el Acuerdo 180 de 2005,

modificado por el Acuerdo 523 del 8 de julio de 2013, entre los que

se encontraba la obra “PROYECTO N° 108 AVENIDA EL RINCÓN

DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 POR LA CALLE

125”.

Así las cosas, el cuestionamiento a tales razones no es posible de

examinarse a través de este medio de control por cuanto está

restringido al examen de legalidad del acto administrativo que

ordenó la expropiación no en el que se fundamentó para identificar

los precios requeridos para la obra que justificó la declaratoria de

interés público.

En ese orden de ideas, este reproche no tiene vocación de

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prosperar.

V.4.2.3.- De las tipologías y características de materiales
descritas en el avalúo oficial

La apelante cuestionó las fuentes en que se basó el avalúo oficial

para desarrollar el ítem de tipologías y la falta de certeza de la

descripción de los materiales de construcción.

La Sala advierte que dichos planteamiento solo fueron aducidos en

el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra el

acto acusado, que no fue invocado en la demanda, situación que a

todas luces es improcedente, no solo por extemporáneo, pues se

insiste que el momento procesal oportuno era la demanda, sino

también porque de acogerse su estudio se violaría el derecho de

defensa y contradicción de la parte demandada en el proceso,

siendo deber del juez hacer efectiva la igualdad de estas en el

mismo.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201820, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que no
fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018. Núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02. C.P. María Elizabeth
García González.

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la Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a todas
luces improcedente, no solamente por extemporáneos, pues
el momento procesal es en la demanda o su adición, sino en
razón a que de acometer su estudio se estaría violando el
derecho de defensa de la parte demandada en el proceso y el
deber del juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el
mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo
de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).

Así mismo, en un asunto similar al presente, en el en cual solo

hasta el recurso de apelación la parte actora propuso discusiones

sobre las tipologías y las condiciones físicas del bien, en sentencia

de 24 de julio de 2025, esta Sección indicó21:

“[…] 91. Previo a resolver, se advierte que en el recurso de
apelación presentado en esta instancia, el demandante indicó
que “el Avalúo No. 2014-2494 del 13 de Noviembre de 2014,
realizado por la UAECD, con base en el cual se pagó la
indemnización por concepto de la construcción se realizó bajo
el método de REPOSICION y se dice en el numeral parte final:
“para determinar el valor de reposición se utilizaron como
referencia los costos por tipología elaborado por la UAECD […]

93. También indicó que “[…] se aduce que el estado de
conservación del bien es el 2.0 lo que es igual a decir que
“condiciones físicas” Regular, requiere o ha recibido reparo sin
importancia, sin embargo pese a variar la edad de
construcción, la UAECD, lo califico acorde con la tabla de
Heideken, sin que se aporte justificación alguna con el avalúo
que sustente dicha calificación […]”.

[…]
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2025, MP Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 25000-23-41-000-
2016-00605-01.

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96. En relación con estos argumentos, se evidencia que el
demandante no realizó las anteriores precisiones en la
demanda ni formuló ningún cargo sobre esos aspectos en el
recurso de apelación.

97.El marco de competencia del juez de segunda instancia
debe estar limitado por los argumentos del recurso de
apelación, sin perjuicio de las decisiones que debe proferir de
oficio; además, debe existir correspondencia entre el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia.

98.La etapa para alegar de conclusión, en segunda instancia,
está establecida con posterioridad a la oportunidad probatoria
para que las partes puedan exponer los puntos de hecho, de
derecho y probatorios que fueron objeto de controversia en el
recurso de apelación. En esa medida, los alegatos de
conclusión no son un instrumento para incluir cargos nuevos
en contra del acto administrativo acusado porque ello
desconocería los principios de lealtad procesal, contradicción,
defensa y congruencia […]”.

Por consiguiente, la Sala se abstiene de pronunciarse de fondo

frente a este nuevo cargo identificado, habida cuenta que solo fue

invocado como argumento de defensa en el recurso de apelación.

Proceder de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la

igualdad de las partes, pues la parte demandada no tendría la

posibilidad de controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en

tanto no fue planteado en la demanda22.

V.4.2.4.- Del avalúo allegado con la demanda, el practicado
en el proceso y la incorreción del oficial

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017. Número único de radicación 23001233300420160014301. C.P. María Elizabeth García
González.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ

La actora adujo que el avalúo que aportó con la demanda sí cumplió

con los requisitos técnicos para su elaboración, pues con este

demostraba el valor comercial real del inmueble, además que el

rendido dentro del proceso advirtió que el “[…] avaluó realizado por

la UAECD, no se realizó conforme a las resoluciones 620 del 2008 y

el decreto 1420 de 1998, pues como se pudo detallar que habían

falencias en el estudio de la construcción, valor del metro cuadrado,

depreciación o vetustez aunado a esto la Unidad catastral no valoró

todo el edificio construido, desconociendo partes como el depósito,

garaje y el primer piso […]”.

Sobre este asunto, esta Sección ha sostenido que el avaluó soporte

del acto administrativo, calificado como avalúo oficial, por el hecho

de incorporarse a la decisión administrativa para la fijación del valor

comercial del inmueble, goza también del atributo de la presunción

de legalidad y por ello se tiene como válido, creíble y

fundamentado.

De ahí que le corresponde a la parte que se siente afectada con

este, probar en el proceso judicial que sus conclusiones son

equivocadas, y para ello deberá demostrar sus incorreciones y, en

particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ

bien expropiado. Al respecto, esta Sección, puntualizó23:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento
jurídico, lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación dado
que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
que lo incorporó […]” (Destacado fuera de texto).

Por otra parte, en lo que concierne al alcance de la carga de la

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019. Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00196-01. , C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
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prueba para desvirtuar el avalúo oficial, esta Sección24 precisó:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base
en las normas que regulan la materia, indique el
defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio
oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de
que se ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).

Conforme con los anteriores precedentes jurisprudenciales, para

desvirtuar el valor incorporado en los actos administrativos de

expropiación no basta con el hecho de acompañar con la demanda

otros avalúos del bien sobre el cual recayó la medida, sino que

corresponde al interesado probar los errores del avalúo

oficial y, en particular, la incidencia de estos en el precio

establecido para la indemnización.

En relación con el avalúo allegado con la demanda el a quo

desestimó su alcance porque el valor del bien fue calculado en su

totalidad bajo el método de reposición, sin que se especificara el

utilizado para calcular el valor del metro2 de terreno.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020. Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00115-01. C.P. Oswaldo Giraldo
López.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
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Para resolver este cargo, la Sala recuerda que el Decreto 1420 de

199825 fijó los lineamientos técnicos y metodológicos que rigen los

avalúos para efectos de expropiación administrativa, cuya

reglamentación delegó en el IGAC, entidad que expidió la

Resolución 620 de 200826, por la cual se establecieron los métodos

y los parámetros para la elaboración de los avalúos presentados en

relación con los procedimientos de que trata la Ley 388 de 1997,

que se distinguen bajo las siguientes características:

MÉTODO NORMA TÉCNICA PARA APLICACIÓN REQUISITOS
IDENTIFICAR EL (PROCEDIMIENTO
VALOR TÉCNICO)
COMERCIAL
Comparación Art. 1º Se desarrolla Homogeneización de Se deben usar
o de Mercado mediante el estudio muestras: Se toman los fuentes verificables.
de ofertas o datos de mercado y se Si el mercado es
transacciones ajustan mediante variables activo, este método
recientes de bienes (zona, edad, área, estado). tiene prioridad
comparables y Se busca un valor unitario respecto de los
similares al del promedio por m2. demás.
avalúo. ARTÍCULO 10.
Capitalización Art. 2º Determina el Fórmula de Valor Los cánones deben
de Rentas valor con base en Presente: Se calcula la ser de mercado. No
los ingresos o renta líquida y se divide se deben incluir
rentas que el bien por una tasa de muebles o equipos a
puede producir. capitalización (V = R / i). menos que sea
En este método se necesario para la
considera la vida renta.
remanente del inmueble
(70 o 100 años según la
construcción).
Costo de Art. 3º Calcula el costo Depreciación Requiere
Reposición de construir hoy Lineal/Técnica: Se tasa presupuesto
una estructura la construcción "como detallado de obra
igual, descontando nueva" y se le resta la (materiales, mano de
el desgaste. depreciación usando las obra, honorarios) y
Tablas de Fitto y el estado de
Corvini. Se suma el valor conservación.
del terreno. ARTÍCULO 13
Técnica Art. 4º Valora el terreno Proyecto Hipotético: Se rige por el
Residual a partir del Se calcula el valor total de principio de "Mayor
potencial de ventas del proyecto, se y Mejor Uso". Solo
desarrollo de un restan costos de aplica si el proyecto
proyecto construcción, financieros y es legalmente

25
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
26
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.

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inmobiliario. utilidad del promotor. El permitido y
sobrante es el valor del financieramente
suelo. viable. ARTÍCULO
14
Consulta de Arts. Procedimiento de Tratamiento
Se aplica si NO hay
Encuestas 11 y 12 apoyo basado en la Estadístico: Se realizan
ofertas o ventas
opinión de expertos entrevistas en número
reales. El perito debe
ante la falta de plural. Se debe calcular
haber visitado el
datos reales. obligatoriamente la Media,
predio antes de
la Varianza y el
realizar las
Coeficiente de Variación
encuestas.
para validar la muestra.

Las normas de la Resolución 620 de 2008 que los contienen,

prevén:

“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán
ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.

ARTÍCULO 2o. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O
INGRESOS. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos
que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles
semejantes y comparables por sus características físicas, de
uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los
probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente
del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o
interés.

PARÁGRAFO. Se entiende por vida remanente la diferencia
entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el
bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de
carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan
estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la
vida útil será de 100 años.

ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el que
busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a
partir de estimar el costo total de la construcción a precios de
hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la
depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe
adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:

[…]

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ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.

[…]

ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En
desarrollo de este método se debe entender por costo total de
la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en
que debe incurrirse para la realización de la obra. Después de
calculados los volúmenes y unidades requeridos para la
construcción, se debe tener especial atención con los costos
propios del sitio donde se localiza el inmueble.

Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.

PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de
propiedad horizontal […]”

Como quedó visto, la Resolución 620 de 2008 establece los

métodos técnicos mediante los cuales debe determinarse el valor

comercial de un inmueble, entre los cuales se encuentran: el

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método de comparación o de mercado, el método de costo de

reposición y la técnica residual, cada uno de los cuales parte de

supuestos distintos y exige un nivel propio de soporte técnico.

El método de comparación o de mercado constituye la técnica

por excelencia para determinar el valor comercial de un inmueble,

porque busca reproducir el comportamiento real del mercado

mediante el estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes

semejantes y comparables.

Para su adecuada aplicación, el avaluador debe identificar

inmuebles similares respecto de ubicación, uso, características

físicas y estado de conservación, recolectar información verificable

de esas ofertas o ventas y dejar constancia expresa del medio de

donde proviene, su fecha y los elementos que permitan su posterior

verificación.

Por su parte, el método de costo de reposición se orienta a

determinar el valor comercial de la edificación a partir del costo que

tendría reproducir hoy una construcción equivalente, restándole la

depreciación acumulada y sumándole el valor del terreno.

En este enfoque el avaluador debe estimar los costos directos e

indirectos, así como los financieros y administrativos necesarios

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para ejecutar una obra semejante, teniendo en cuenta las

condiciones del sitio donde se encuentra el inmueble.

De acuerdo con lo anterior, la Sala se permite examinar el avalúo

aportado con la demanda a fin de examinar si tiene el alcance

probatorio de desvirtuar el avalúo oficial, así:

“[…]

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[…]”

De la revisión del estudio aportado con la demanda se advierte que

la avaluadora manifestó haber aplicado el método de costo de

reposición, en los términos definidos por la Resolución IGAC 620 de

2008, incluso transcribiendo su definición normativa.

No obstante, de una lectura integral se constata que dicho método

fue utilizado como único soporte del ejercicio valuatorio, sin que se

haya desarrollado de manera diferenciada la metodología empleada

para la determinación del valor del terreno y de la construcción.

En efecto, el método de reposición, conforme al régimen técnico

aplicable, está concebido para establecer el costo de la

construcción, a partir de la estimación del valor de reproducirla a

precios actuales y de la aplicación de la depreciación

correspondiente por vetustez y estado de conservación.

En el avalúo aportado con la demanda bajo examen, si bien se

consigna un valor unitario por metro cuadrado de terreno y se

incorpora dicho valor en la fórmula general del avalúo, no se

identifica el método utilizado para su determinación, ni se explican

los criterios técnicos, las fuentes de información, los inmuebles

comparables, los rangos de precios ni los ajustes aplicados que

permitan verificar cómo se arribó a dicho valor.

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En otras palabras, el valor del terreno aparece incorporado como un

dato aritmético, sin desarrollo metodológico autónomo, lo que

impide ejercer un control técnico.

Una situación similar se presenta respecto del valor unitario

adoptado para la construcción, pues, aunque el informe describe de

manera detallada los materiales, acabados y distribución del

inmueble, no se explica cómo esas características constructivas se

tradujeron en el valor por metro cuadrado finalmente adoptado, ni

se indican las fuentes de costos o las referencias técnicas utilizadas

para su determinación.

Esta falencia metodológica explica por qué el avalúo aportado con

la demanda no resulta idóneo para desvirtuar la presunción de

legalidad del avalúo oficial, en la medida en que no permite

contrastar, de forma objetiva y controlable, la corrección de los

valores adoptados, ni el método utilizado para el cálculo del valor

del terreno.

Ahora bien, la actora alegó que conforme con el dictamen pericial

practicado en el proceso el “[…] avaluó realizado por la UAECD, no

se realizó conforme a las resoluciones 620 del 2008 y el decreto

1420 de 1998, pues como se pudo detallar había falencias en el

estudio de la construcción, valor del metro cuadrado, depreciación o

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vetustez aunado a esto la Unidad catastral no valoró todo el edificio

construido, desconociendo partes como el depósito, garaje y el

primer piso […]”.

Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, como consecuencia del

decreto de pruebas, el 2 de octubre de 201727 la perito avaluadora

Ana Feliz Ordóñez de García allegó un informe pericial en el que

expuso, a su juicio, diversas observaciones críticas frente al avalúo

oficial que sirvió de fundamento al acto administrativo demandado.

Sin embargo, dicho dictamen no fue incorporado al proceso como

prueba, pues en audiencia de 15 de noviembre de 2017 28 , el

Tribunal ordenó a la auxiliar de la justicia que presentara un nuevo

avalúo “[…] debido a que no se ha justificado de manera técnica los

valores allá descritos. Debe determinar, de manera clara, expresa

el valor del lote del terreno y el valor de inmueble, así como

establecer los métodos de valuación que le corresponda […]”.

En cumplimiento de lo anterior, la perito elaboró un nuevo

dictamen29, el cual fue incorporado al proceso en audiencia del 30

de octubre de 2018; sin embargo, del examen de este último

informe se constata que no contiene referencia alguna a las
27
SAMAI índice 18, cuaderno Tribunal, folios 307 a 326.
28
SAMAI índice 18, cuaderno Tribunal, folios 459 a 462. Al respecto señaló: “El Despacho procederá a
suspender la audiencia con el fin que la perito presente un nuevo avalúo pericial, determinar, tanto el
avalúo comercial del bien inmueble como el valor del lucro cesante y del daño emergente reclamado,
debido a que no se ha justificado de manera técnica los valores por ella descritos. Debe determinar,
de manera clara, expresa el valor del lote de terreno y el valor del inmueble, así como establecer los
métodos de valuación que le corresponda realizar. Se le conmina a la perito a realizar el dictamen
pericial en la forma como se ha decretado por el Despacho”
29
SAMAI índice 18, cuaderno Tribunal, folios 464 a 506.

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presuntas falencias del avalúo oficial que habían sido señaladas en

el primer informe, ni desarrolla reproches técnicos orientados a

desvirtuar la metodología, los valores o los componentes del avalúo

elaborado por la UAECD y que estas le sirvan de fundamento a la

apelante para fundar la apelación.

En tales condiciones, la Sala considera que no es posible conferirle

valor al informe pericial allegado el 2 de octubre de 2017, pues no

fue incorporado al proceso en razón a que la orden judicial fue la de

de rendirse nuevamente, lo que representa para esta instancia, la

improcedencia para considerar los resultados allí descritos.

Ahora bien, respecto del dictamen definitivo, el cual se incorporó al

proceso, se tiene que concluyó lo siguiente:

“[…]

[…]

[…]

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[…]”.

Del análisis del dictamen se advierte que, si bien señala de forma

autónoma un valor comercial para el bien expropiado, en cuantía

diferente a las determinadas por la UAECD, lo cierto es que lo hace

sin explicar las razones de tal acrecimiento y sin demostrar las

deficiencias del avalúo oficial, a fin de ser valoradas.

Además, pese a que la auxiliar de la justicia manifestó aplicar el

método de comparación o de mercado, apoyándose en información

de ofertas inmobiliarias, y, de manera complementaria, acudió a

referencias de costos de construcción para estimar el valor de la

edificación, lo relevante es que su ejercicio evidencia

inconsistencias en la aplicación de las herramientas valuatorias.

A tal conclusión se arriba por cuanto, como se indicó en

precedencia tratándose de un inmueble no sometido al régimen de

propiedad horizontal, la normativa técnica exige que el valor del

terreno y el valor de la construcción se analicen de forma

independiente, con identificación clara de las áreas

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correspondientes y de los valores unitarios aplicables para cada uno

de estos componentes.

De este modo, el que el estudio de mercado incorporado en el

dictamen haya considerados ofertas que contemplen un valor global

del inmueble, sin desagregar de manera diferenciada el precio del

suelo de aquel que le corresponde a la edificación, deriva en que

sea imposible considerarla como apoyo de la evaluación que se

examina habida cuenta que desconoce el procedimiento fijado y las

reglas del método de comparación de mercado previstas en la

Resolución 620 de 2008.

Por otra parte, en lo atinente a la determinación del valor de la

construcción, el dictamen acudió a valores promedio tomados de

publicaciones especializadas en costos de edificación, sin que se

evidencie una verificación suficiente de la similitud técnica entre las

tipologías de referencia y las características reales del inmueble

objeto de avalúo.

En particular, los costos adoptados corresponden a edificaciones

con especificaciones constructivas, áreas y condiciones

socioeconómicas que no guardan una correspondencia clara con el

inmueble valorado, lo que afecta la confiabilidad del valor unitario

aplicado.

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En este orden de ideas, la Sala concluye que el avalúo pericial

definitivo, aunque fue incorporado válidamente al proceso, presenta

falencias metodológicas relevantes, tanto en la aplicación del

método de comparación de mercado como en la estimación del

valor de la construcción, las cuales impiden otorgarle plena fuerza

probatoria para desvirtuar el avalúo oficial elaborado por la UAECD.

En efecto, dicho dictamen se orientó a la determinación de un valor

indemnizatorio autónomo, sin explicar de manera concreta las

supuestas falencias del avalúo oficial ni la incidencia técnica que

estas tendrían en el resultado económico finalmente obtenido.

V.4.2.5.- De la estratificación

La actora insistió en que el avalúo oficial desconoció la realidad

socioeconómica del inmueble, en la medida en que este fue

valorado como estrato 2, cuando durante el trámite de la

expropiación el sector ya correspondía al estrato 3.

Al respecto, la Sala advierte que la visita técnica para la elaboración

del avalúo fue efectuada el 20 de mayo de 2014, fecha a partir de

la cual quedó fijado el marco fáctico, técnico y normativo bajo el

cual debía determinarse el valor comercial del inmueble objeto de

expropiación.

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En ese contexto temporal, el estrato socioeconómico vigente del

sector era el 2, con fundamento en el Decreto Distrital 291 de 26

de junio de 2013, circunstancia que fue expresamente consignada

en el informe de avalúo oficial, así:

“ […]

[…]”30

En consecuencia, el ejercicio de avaluación se adelantó con base en

la estratificación oficialmente vigente para el momento en que se

efectuó la visita técnica para la elaboración del informe técnico.

Posteriormente, mediante Resolución 0008 de 27 de febrero de

2015, la Dirección de Estratificación de la Secretaría Distrital de

Planeación de Bogotá accedió a una solicitud de cambio de estrato

2 al 3, entre otros, respecto del predio objeto de la presente

controversia. Sin embargo, dicha modificación se produjo con

posterioridad a la elaboración a que se efectuó la visita técnica para

la elaboración del avalúo oficial.

Sobre el particular, la Sala precisa que el avalúo comercial no

constituye una valoración dinámica ni abierta a modificaciones

sucesivas, sino un ejercicio técnico con una vigencia definida, que

30
SAMAI índice 18, cuaderno contestación IDU folio 149.

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debe elaborarse a partir de la información oficial existente al

momento de la visita técnica y de la suscripción del informe, de

manera que los cambios posteriores en variables administrativas

como la estratificación no inciden automáticamente en el valor

comercial ya determinado.

Al respecto, en sentencia de 24 de julio de 202531, esta Sala indicó:

“[…] 122.En el momento en que se realizó el informe técnico
de avalúo comercial, el sector en el que se encontraba ubicado
el inmueble correspondía al estrato 2. Por lo tanto, el avalúo
debió realizarse conforme al estrato legalmente establecido en
ese entonces, tal como se procedió en este caso concreto.

123.Es importante precisar que, aunque mediante la
Resolución núm. 0053 de 9 de septiembre de 201533 el
director de Estratificación de la Secretaría Distrital de
Planeación modificó el estrato asignado por el Decreto Distrital
de 26 de junio de 2013 a la vivienda, este hecho no constituye
un argumento válido para modificar el valor de la
indemnización, en consideración a que conforme al numeral 8°
del artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, el estrato vigente
para el predio en el año 2014 era el estrato 234 y, en
consecuencia, el avalúo debe basarse en esa estratificación
[…]”.

En esa medida, resulta claro que el eventual cambio de estrato

ocurrido en 2015 no podía ser considerado para ajustar el valor del

avalúo oficial cuya recolección de información fue en el 2014, sin

que ello implique desconocimiento del derecho de propiedad ni del

principio de indemnización justa, además porque la actora no probó

como ese cambió de estratificación podía variar el valor del bien.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2025. Número único de radicación 25000-23-41-000-2016-00605-01. MP Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.

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Cabe anotar que la estratificación socioeconómica constituye una

variable administrativa orientada al cumplimiento de fines de

política pública y tarifarios, pero no es un factor determinante

autónomo del valor de mercado de un inmueble.

El precio comercial depende de un conjunto de elementos técnicos,

entre los cuales se destacan la ubicación, las condiciones físicas del

bien, su uso efectivo, el comportamiento real del mercado y los

comparables utilizados conforme a la metodología aplicable, todos

los cuales fueron considerados en el avalúo oficial.

Conforme con lo anterior, la Sala no encuentra desvirtuada la

presunción de legalidad del avalúo oficial.

Ante la no prosperidad de los reproches planteados en el recurso de

apelación se impone confirmar la decisión de primera instancia,

como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

V.5.- COSTAS PROCESALES

De conformidad con lo previsto en el artículo 18832 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP 33, esto es, en

32
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”

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aplicación de un criterio objetivo valorativo34, la Sala condenará a la

parte apelante, en los términos del numeral 3 del artículo 365 35

ibidem, al pago de las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso 36 y por las agencias en derecho 37 ”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandante a través de apoderado

judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, y por ser

estos previamente determinados por auto o acto que lo acredite

durante la actuación procesal, su fijación se sujetará a la

33
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
34
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
35
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
36
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
37
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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liquidación38 que realice el secretario del Tribunal a quo y según la

comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP39, se fijan como agencias en derecho, la suma

de $564.451 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones40) a

favor del IDU. Lo anterior, de conformidad con las tarifas

establecidas en el del artículo 6°41 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de

junio de 200342, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,

según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión

realizada por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

38
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
39
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
40
Expediente digitalizado obrante en el índice 18 de SAMAI. Cuaderno del Tribunal núm. 1 folio 23, el
valor de las pretensiones corresponde a $282.225.992.
41
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.
42
Norma aplicable en virtud de que la presentación de la demanda se hizo durante su vigor, esto es,
el 25 de abril de 2016, según da cuenta el sello de radicación.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora

y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $564.451

(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero

de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes

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63

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00931-01
Actora: YOLANDA ROJAS DIMATÉ

de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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