Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00605-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00605-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2016-00605-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: JULIO ARMANDO GUERRERO SAIZ
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)
Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Expropiación por vía
administrativa está sujeta a posterior acción contencioso-administrativa,
incluso para controvertir el precio indemnizatorio / Justo precio de la
indemnización expropiatoria
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 14 de febrero de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
I.1.1. Las pretensiones
1. El señor Julio Armando Guerrero Saiz, a través de apoderado y en ejercicio de
la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho 2, presentó demanda
con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…]
Acorde con el Artículo 58 de la Constitución Política; numeral segundo del
Artículo 68 de la Ley 388 de 1997; Sentencia 1074 de 2002 de la Corte
Constitucional y Sentencia C-476 del 2007, se declare la Nulidad Parcial de la
Resolución No. 49337 (sic) del 03 de Julio de 2015, “POR LA CUAL SE
ORDENA UNA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA". Modificando
los Artículos SEGUNDO. TERCERO y CUARTO. Parte Resolutiva -en lo que
concierne al “VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.”, FORMA DE PAGO
Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Y en consecuencia de la
Resolución No. 58771 del 27 de Agosto de 2015 "POR LA CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION” y por ser la que confirma en
todas sus partes la No. 49637 del 03 Julio de 2015, Ordenando pagar el Precio
Justo.
2.-Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388 de 1997, se
declare que mi mandante se encuentra exento de los pagos tributarios que por
razones de expropiación administrativa le obligaron a cancelar, toda vez que si
1
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_07Demanda(.pdf) NroActua 19” y
subsanación de la demanda “ED_C01_63OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 19” folios 217 a 219.
2
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
2
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
optó por la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que lo llevo
(sic) el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar y pagar un precio injusto,
así como por la falta de negociación, más no por capricho del demandante.
3.-Que como consecuencia de lo anterior se condene al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y así pagar a mi mandante
JULIO ARMANDO GUERRERO SAIZ, los valores que en adelante relaciono
y/o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso; montos que han
de ser actualizados en su valor.
3.1. DAÑO EMERGENTE
3.1.1. La suma de OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/cte, ($82.094.S25.oo), por ajuste
al valor ordenado y pagado con la Resolución No. 49637 del 03 de Julio de
2015, confirmada en todas sus partes por la Resolución No. 58771 del 27 de
Agosto de 2015, por concepto de terreno y construcción del inmueble ubicado
en la Calle 131 D No. 92 -08 de Bogotá, identificado con cédula catastral
009204730100000000, CHIP AAA0129PXSK y matrícula inmobiliaria
50N20331537.
3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro por la compra
que deba realizar mi mandante en reposición del bien expropiado, como Gastos
Notariales proporcional al valor que se declare en la sentencia, así.
Gastos Notariales: 3X1000
Iva Gastos Notariales; (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5 %
Beneficencia: (1. %)
3.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:
• Energía Codensa Retiro de 4 acometidas y medidores. Conexión residencial
$365.888.00.
– Acueducto EAAB Dos medidores con suministro de tapón macho de hg
$342.920.oo.
• Gas Natural: suspensión definitiva $262.064.oo.
3.1.4. El valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
NOVESCIENTOS NOVENTA PESOS M/cte ($7,236.990.oo) equivalente al
2.5% que le retuvo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de
bienes Raíces, toda vez que se le aplicó la tabla de la tarifa tributaria de manera
indebida, ya que mi mandante debe ser exento de la misma por ser
expropiación por vía administrativa por la decisión unilateral y arbitraria del
precio ofertado y pagado por parte del IDU, y que en el peor de los casos la
retención correspondería al 1.5%.
3.1.5. El Valor de DOS MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CIEN PESOS M/cte ($2.765.100.00) equivalente al 20 % de Retención que les
realizó el IDU de los dineros que reconocieron como Lucro Cesante, en razón
a que no hay justificación legal para retener dineros por ingreso de
arrendamiento.
3.1.6. El valor de NOVESCIENTOS SETENTA MIL OCHOSCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($970.872.00) correspondiente al descuento por
concepto de Impuesto Predial, toda vez que viola Resolución 1044 del 2014,
que modifica la Resolución 898 del 2014, en el entendido de que este factor se
3
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
tendrá en cuenta pero en trimestre acorde con la época en que se realice la
expropiación.
3.1.7. El valor que se determine a través de perito designado por el Honorable
Tribunal, donde se calcule el valor de la Plusvalía no reconocido en la
indemnización y que eleva el precio del bien expropiado por el anuncio del
proyecto de no haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.
4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los
términos de los artículos 192 del C.C.A […]”.
I.1.2. Los hechos
2. Refirió que adquirió el inmueble ubicado en la Calle 131D # 92-08, Suba,
mediante escritura pública núm. 1697 de 4 de mayo de 2000 y que sobre dicho
predio construyó un edificio de cuatro pisos con apartamentos independientes
destinados al arrendamiento. Señaló que la última planta fue finalizada en 2014, sin
que tuviera conocimiento de afectación urbanística alguna al momento de su
edificación.
3. Manifestó que: i) el inmueble le ha generado ingresos durante 16 años,
representando su sustento económico y el de su familia; ii) la construcción fue
ejecutada de manera progresiva; y iii) que la cuarta planta fue edificada con
acabados modernos, con destino a arriendo, como forma de asegurar estabilidad
económica.
4. Argumentó que el 10 de diciembre de 2014, el Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU) expidió la Resolución núm. 107225, mediante la cual inició el proceso de
adquisición del inmueble por vía administrativa en la que se incluyó una oferta de
compra por un valor que calificó de injusto, y que además reconoció valores
mínimos por lucro cesante y daño emergente, sin reflejar la realidad económica del
bien.
5. Indicó que fue notificado de dicha resolución el 19 de diciembre de 2014, sin
que se admitiera recurso alguno, al considerarse un acto de trámite. Afirmó que con
ello se abrió formalmente la etapa de negociación, la cual, en su criterio, fue
inexistente, toda vez que el IDU se limitó a imponer un valor sin permitir su
contradicción.
6. Expresó que la oferta del IDU se realizó con base en el avalúo comercial núm.
2014-2494 de 13 de noviembre de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital (UAECD), desconociendo normas como el Decreto
1420 de 24 de julio de 19983 y diversas resoluciones aplicables y las sentencias C-
1074 de 2002 y C-476 de 2007, afectando gravemente el derecho a una
indemnización integral.
3
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos [...]”.
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Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
7. Adujo que el avalúo fue elaborado considerando un estrato socioeconómico
incorrecto, aunque el inmueble figuraba como estrato dos en 2014, una reclamación
posterior permitió su corrección a estrato tres, lo que impactaba de manera
sustancial el valor del bien, omisión que debió ser subsanada por la entidad que
adelantó el proceso de adquisición.
8. Señaló que el avalúo no reconoció adecuadamente la destinación comercial del
predio ni su configuración como edificio de cuatro plantas. Alegó que se omitió
valorar los ingresos por arrendamiento como parte del lucro cesante, confundiendo
el avalúo con el concepto de indemnización, y que no se consideró el daño
patrimonial causado al impedirle seguir percibiendo renta mensual.
9. Sostuvo que, para el 27 de agosto de 2015, fecha en la que se resolvió el
recurso de reposición contra la resolución de expropiación núm. 49637, ya existían
evidencias del estrato tres en la zona. Sin embargo, sostuvo que esta actualización
no fue tenida en cuenta por la entidad al mantener los valores desactualizados del
avalúo inicial.
10. Explicó que el avalúo presentó errores técnicos y metodológicos, como el uso
de tipologías generales no sustentadas, la ausencia de anexos presupuestales, y
comparaciones inadecuadas con predios no similares. Además, advirtió que se le
asignó erradamente al cuarto piso una antigüedad de 17 años, cuando su
construcción concluyó en 2014.
11. Relató que, ante la negativa de aceptar la oferta por considerarla injusta y
desproporcionada, el IDU expidió la Resolución núm. 49637 de 3 de julio de 2015,
ordenando la expropiación administrativa del inmueble, lo que agravó aún más su
situación patrimonial.
12. Manifestó que fue notificado personalmente de la Resolución 49637 el 3 de
agosto de 2015, y que interpuso recurso de reposición el 18 de agosto del mismo
año. Señaló que en dicho recurso solicitó la revisión del avalúo elaborado por la
UAECD, por cuanto se omitieron normas legales y técnicas aplicables que incidían
directamente en el valor indemnizatorio ofrecido.
13. Adujo que, pese a que la resolución ordenó el pago inmediato de la
indemnización, el IDU incumplió dicha obligación legal al no poner el dinero a
disposición de manera oportuna ni informar al demandante sobre su disponibilidad,
generando incertidumbre y cargas innecesarias, máxime cuando se trataba de una
persona sin conocimientos jurídicos.
14. Argumentó que el IDU interpretó erróneamente el mandato de inmediatez
contenido en el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, supeditándolo a sus reglamentos
internos y que solo hasta el 23 de octubre de 2015 le fue entregado un cheque por
valor de $298.190.658, contrariando la finalidad protectora de la norma y
desconociendo su carácter imperativo.
15. Indicó que el valor inicialmente ofertado por el IDU ascendía a $310.738.075,
pero que en la Resolución 49637 fue reducido a $308.192.748, descontando
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
conceptos como desconexión de servicios públicos, predial y gastos de
escrituración. Añadió que el pago neto finalmente recibido fue inferior, afectando
aún más su patrimonio.
16. Sostuvo que la indemnización desconoció lo dispuesto en los artículos 23 y 37
de la Ley 1682 de 2014, que ordenan una reparación integral del daño, incluyendo
lucro cesante y daño emergente. Afirmó que la resolución base del proceso de
expropiación omitió dichos conceptos, vulnerando el principio de reparación plena.
17. Precisó que al momento del pago se le aplicaron retenciones por enajenación
de bienes raíces por valor de $7.236.990, además de otra retención por el mismo
monto, lo cual sumado a los descuentos previos redujo considerablemente el valor
neto de la indemnización, profundizando el desequilibrio entre el precio justo y el
efectivamente recibido.
18. Explicó que el avalúo realizado por la Asociación Lonja de Propiedad Raíz,
Avaluadores y Constructores de Colombia, con fecha del 5 de enero de 2015, fijó el
valor comercial del inmueble en $371.574.425, conforme a los requisitos legales, lo
cual comparado con el pago recibido de $298.190.658, evidencia un detrimento
patrimonial.
19. Aclaró que no se opuso a la expropiación ni al interés general, pero que rechazó
la oferta del IDU por considerar que desconocía el valor real del inmueble y sus
características económicas. Por ello, decidió acudir a la jurisdicción contenciosa
para que se ponderara judicialmente el monto de la indemnización, en aras de una
reparación justa.
20. Expuso que es un adulto mayor de más de sesenta años, sin profesión, que
dependía junto con su esposa de los ingresos derivados del arrendamiento del
inmueble. Argumentó que, con el dinero recibido, no ha sido posible adquirir otro
bien con características similares, afectando su estabilidad económica y calidad de
vida.
21. Refirió que la entidad demandada no adelantó una verdadera etapa de
negociación, pues se limitó a expedir la resolución de oferta y a esperar 30 días
para que los propietarios aceptaran o no el valor impuesto. Sostuvo que no se dio
oportunidad de contradicción ni se convocó audiencia alguna para discutir o
ponderar el valor ofertado.
22. Relató que, con los recursos recibidos, no ha podido adquirir un bien equivalente
al que poseía, lo que ha generado incertidumbre y afectación emocional. Indicó que
permanece en zozobra por la entrega del inmueble, sin haber logrado restablecer
su situación patrimonial.
23. Esgrimió que el IDU no entregó acta formal de recibo del cheque ni certificación
sobre las retenciones practicadas, ni tampoco la orden de pago. Señaló además
que la copia del avalúo entregada por la UAECD era ilegible, lo que impidió verificar
la base real del cálculo indemnizatorio, obstaculizando el ejercicio del derecho de
defensa.
6
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
24. El demandante afirmó que los actos demandados no otorgaron el valor del
precio justo como indemnización, además incurrieron en una falsa motivación y
desviación de poder al estar soportados en un avalúo comercial que tiene falencias.
Igualmente, transgreden los artículos 2, 4, 6, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución
Política; los artículos 67, 68, 70 y 71 de la Ley 388 de 1997 y los artículos 2, 3 y 22
del Decreto 1420 de 1998, al establecer que: i) el IDU no puso a disposición
inmediata los dineros del precio indemnizatorio ni comunicó su disponibilidad; ii) no
realizó una adecuada tasación del precio; y iii) no tuvo en cuenta otro concepto de
avalúo.
25. Indicó que la entidad demandada nunca puso de manera inmediata a
disposición los dineros, porque el cheque se entregó hasta el día 23 de octubre de
2015, dos meses después de expedida la Resolución núm. 58771 de 27 de agosto
de 2015 que ordenaba la expropiación a pesar de que el avalúo que sirvió para esta
indemnización se realizó el 13 de noviembre del 2014.
26. Argumentó que la demandada estaba obligada a observar, por ser de estricto
cumplimiento, los preceptos normativos invocados supra, y que le señalan el
ejercicio justo, imparcial y de buena fe del poder o de la atribución de sus funciones,
atendiendo el principio de protección y efectividad de los derechos, así como el de
acatar los presupuestos de orden sustancial que la Ley le señala.
27. Sostuvo que el IDU al dejar de pagar el valor de la indemnización justa violó los
postulados de imparcialidad y buena fe, como también desconoció los fines
esenciales del Estado.
28. Expresó que el Instituto de Desarrollo Urbano confundió el avalúo comercial
realizado por la unidad con el valor que debería reconocer por indemnización y
elevarlo a precio justo. Además, no tuvo en cuenta otro concepto de avalúo,
desconociendo que podía haber realizado una licitación con Unilonjas o peritos
privados para obtener otro concepto.
I.2. La contestación de la demanda
29. El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU4 mediante apoderado se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, toda vez los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento, los cuales
fueron expedidos cumpliendo los preceptos señalados en la Constitución Política y
las leyes vigentes al momento de la expedición.
4
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“ED_C02_01ContestacionDeLaDemandaConAnexos(.pdf) NroActua 19”.
7
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
30. Indicó que el avalúo que sirvió de base para proferir los actos administrativos
demandados fue elaborado por la UAECD, entidad facultada mediante Decreto 583
de 2011.
31. En relación con los hechos de la demanda, sostuvo que no se precisó cuáles
fueron las normas desconocidas por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital de Bogotá en la realización del informe técnico del avalúo comercial núm.
2014-2494 de 13 de noviembre de 2014. Aclaró que la designación del estrato
socioeconómico de los inmuebles no es competencia del instituto mencionado sino
de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo tanto, no es cierto que el cambio de
estrato del sector modifique de manera significativa el valor del bien expropiado.
32. Mencionó que en cuanto a la antigüedad del inmueble tampoco le asistía razón
al demandante, teniendo en cuenta que en el informe técnico de avalúo comercial
se pondera en 1 año la edad para 82.44 m2 que corresponden al cuarto piso, edad
menor que la manifestada en los escritos presentados con anterioridad a la
demanda.
33. Señaló que el informe técnico enunció los aspectos que fueron tenidos en
cuenta para establecer el lucro cesante por concepto de perdida de utilidad por
renta, el cual fue proyectado a futuro de acuerdo con lo establecido en el inciso 3
del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, el parágrafo 1 del artículo 18 de la Resolución
898 de 2014 y demás normas concordantes.
34. Argumentó que una vez quedó ejecutoriado el acto administrativo se iniciaron
los trámites administrativos para realizar el pago del valor indemnizatorio y que el
término “inmediato” mencionado en el artículo 70 de la Ley 388 de 1997 no supone
un plazo perentorio o precluyente, que incluye el agotamiento de los trámites
presupuestales que implican el desembolso del valor indemnizatorio, el cual se
pondrá a disposición del propietario cuando sean efectuados.
35. Aclaró que el valor indemnizatorio varió del determinado en la resolución de
oferta y los establecidos en el informe técnico de avalúo comercial, por cuanto estos
incluían dentro del concepto de daño emergente las sumas relacionadas con los
gastos en los que incurriría el propietario para sufragar los gastos notariales y los
gastos por desconexión o traslado de servicios públicos, los cuales al haberse
expropiado el bien no se incurriría si se hubiera adquirido por enajenación
voluntaria.
36. Indicó que el avalúo aportado con la demanda no cumplía con todos los
requisitos exigidos por la Resolución 620 de 2008 del IGAC, por cuanto desconoció
la metodología allí establecida.
37. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “[…] Falta de elementos
que desvirtúen la presunción de legalidad del acto administrativo atacado […]”; “[…]
Legalidad de los actos administrativos demandados […]”; y “[…] Excepciones
oficiosas […]”.
8
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
I.3. Trámite del proceso en primera instancia
38. Mediante auto de 6 de febrero de 20175 se ordenó admitir la demanda y notificar
a la parte demandada y al Ministerio Público.
39. A través de proveído de 17 de octubre de 20176 se negó la solicitud de
llamamiento en garantía de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
(UECD); y se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas en el proceso, además
se decretó el dictamen pericial.
40. Por auto de 4 de diciembre de 20177 el magistrado sustanciador rechazó por
improcedentes los recursos de reposición y apelación interpuestos por el apoderado
del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) contra el auto de 17 de octubre de 2017.
41. El 3 de agosto de 20188 se llevó a cabo la audiencia en la que se presentó el
dictamen pericial realizado por el auxiliar de justicia.
42.Por auto de 22 de agosto de 20189 se ordenó correr el traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
43. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 14 de febrero de 201910, negó las
pretensiones de la demanda.
44. Determinó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si:
“[…] ¿Son nulos los actos administrativos demandados, esto es, las
Resoluciones Nros. 49637 de 2015 “por la cual se ordena una expropiación por
vía administrativa” y 58771 de 2015 “por la cual se resuelve un recurso de
reposición", ambas proferidas por la Directora Técnica de Predios (E) del IDU,
por medio de las cuales se dispuso la expropiación del inmueble del señor Julio
Armando Guerrero Saiz, por falsa motivación y desviación de poder? […]”.
45. Después de realizar un recuento de la normativa aplicable al caso concreto y de
las pruebas obrantes en el expediente, consideró que mediante la Resolución núm.
107225 de 10 de diciembre de 2014, se determinó la adquisición de un inmueble
por el procedimiento de expropiación por vía administrativa y se formuló oferta de
compra respecto del inmueble ubicado en la calle 131 D 92-08 de Bogotá D.C.,
identificado con cédula catastral 009204730100000000 CHIP AAA0129PXSK y
5
Ibidem folios 259 a 262.
6
Ibidem folios 311 a 316.
7
Ibidem folios 387 a 390.
8
Ibidem folios 478 a 565.
9
Ibidem folios 488 a 489.
10
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_63OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 19”, folios 515 a 552.
9
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
matrícula inmobiliaria 50 N - 20331537, con destino a la obra Avenida El Rincón (AK
91 y AC 131 A) desde la carrera 91 hasta la Avenida La Conejera.
46. Indicó que el precio indemnizatorio comprendió la suma de: i) $289.479.600 por
concepto de avalúo comercial, terreno y construcción; ii) $13.825.500 por concepto
de indemnización por lucro cesante; iii) $7.432.975 por concepto de indemnización
por daño emergente. Manifestó que el monto de la indemnización se estableció
teniendo en cuenta el informe técnico de avalúo núm. 2014-2494 de 13 de
noviembre de 2014, practicado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital.
47. Señaló que el IDU en la Resolución núm. 49637 de 3 de julio de 2015 ordenó la
expropiación por vía administrativa, determinando como valor del precio
indemnizatorio la suma de $308.192.748, que incluyó: a) la suma de $289.479.600
por concepto de avalúo comercial de terreno y construcción: b) la suma de
$13.825.500 por concepto de lucro cesante; y, c) la suma de $4.887.648 por
concepto de daño emergente. La Resolución núm. 58771 de 27 de agosto de 2015
confirmó en todas sus partes la Resolución 49637 de 2015.
48. Refirió que en relación con el cuestionamiento del demandante por no habérsele
puesto de manera inmediata el pago del precio indemnizatorio, no tenía vocación
de prosperidad, en la medida que se probó que se le entregó un sobre sellado
contentivo del número de identificación del pago solicitado por la suma de
$298.190.658, que el pago estaba supeditado a que se efectuaran los trámites
financieros respectivos y que posterior a ello se puso a disposición dicho pago al
demandante dentro de un término razonable.
49. En relación con los dictámenes realizados sobre el inmueble objeto de la
demanda, tanto el presentado por el demandante como el ordenado en el proceso,
concluyó que no se desvirtuó la legalidad del avalúo oficial elaborado por la UAECD
porque no se tenía certeza que el valor reconocido por m2 de construcción debiera
ser reconocido en la forma señalada en el avalúo comercial.
50. Aclaró que la antigüedad del inmueble si fue tenida en cuenta por la entidad que
realizó el avalúo, así como el estado del inmueble. En efecto, se diferenció la
construcción de 4 pisos con un estado de conservación 2 de la construcción del
último piso a la que determinó con un estado de 1 año.
51. Consideró que el avalúo comercial fue elaborado por la UAECD, el cual tenía
una vigencia de un año, contado desde la fecha de su expedición o desde aquella
en que se decidió la revisión o impugnación; en esa medida, manifestó que en el
caso sub examine, el avalúo se realizó el 13 de noviembre de 2014 y se encontraba
vigente a la fecha de expedición de los actos acusados, sin que fuera posible que
dentro del término de vigencia se realiza un nuevo avalúo o se modificara con
información posterior a la de la visita realizada.
52. Determinó que, al no haberse realizado la enajenación voluntaria del inmueble,
el demandante no tuvo que incurrir en gastos de escrituración, porque la tradición
del dominio se efectuó con la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos
10
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
Públicos de la resolución de expropiación; tampoco tuvo que incurrir en gastos de
desconexión de servicios públicos por cuanto el predio adquirido se encuentra
destinado a la construcción de obras de infraestructura vial. Igualmente, tampoco
sería del caso hacer reconocimiento alguno al demandante por el pago del impuesto
predial, el cual correría a su cargo mientras fuese el propietario del inmueble, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Decreto 352 de 2002.
53. Refirió que al precio indemnizatorio reconocido en los actos demandados le
fueron realizadas unas deducciones por la suma de $10.002.090, discriminadas así:
i) $7.236.990 por concepto de enajenación de bienes raíces 2.5%; y ii) $2.765.100
por concepto de retención en la fuente lucro cesante residentes 20%.
54. Sostuvo que como en el caso concreto no hubo lugar a una enajenación
voluntaria, el demandante no sería acreedor de los beneficios tributarios señalados
en el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388 de 1997, por lo que era del caso
realizar las deducciones señaladas en el inciso 2 del artículo 5 del Decreto 1512 de
1985, modificado por el artículo 2 del Decreto 2418 de 2013, así como en el artículo
401-2 del Estatuto Tributario.
55. Concluyó que al no identificar el demandante en que aspectos desconoció el
IDU la sentencia C- 1074 de 2002, C-476 de 2007, algunos artículos del Decreto
1420 de 1998, la Resolución 620 de 2008, la Resolución 898 y 1044 de 2014, al
momento de realizar la oferta con fundamento en el avalúo comercial núm. 2014-
2494 de 2014, no era posible realizar un pronunciamiento de fondo por falta de
carga argumentativa.
56. Por último, determinó la procedencia de la condena en costas en favor de la
parte vencida.
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
57. El señor Julio Armando Guerrero Saiz solicitó11 la revocatoria de la sentencia
de 14 de febrero de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
58. Cuestionó el hecho de que el pago estuvo sujeto a trámites presupuestales, por
cuanto considera que tal afirmación no desvirtúa la orden emanada de la Ley 388
de 1997, la cual es clara respecto del término en el cual debe la entidad poner a
disposición el dinero de la expropiación.
59. Señaló que “[…] no existe una argumentación de fondo sobre el porqué se
considera que el avalúo aportado por la UAECD, cumple con los requisitos legales,
omitiendo lo que se probó y evidenció dentro del proceso que el sector correspondía
al estrato 3 y no 2, debiendo esta condición ser verificada por el avaluador.
Limitándose el despacho a transcribir el avaluó sin realizar una comparación real
[…]”.
11
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_63OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 19”, folios 559 a 561.
11
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
60. Sostuvo que se desconocieron los artículos 2 y 3 del Decreto 1420 de 1998,
toda vez que se podía realizar una licitación con Unilonjas o peritos privados para
obtener otro concepto y determinar el precio indemnizatorio.
61. Argumentó que se vulneró lo indicado en el numeral 7 y el literal b) del artículo
22 del Decreto 1420 de 1998 al congelarse la estratificación económica, porque
para la fecha de elaboración del avalúo comercial, el inmueble se encontraba en
estratificación 2; sin embargo, la Secretaría de Planeación debido a una reclamación
de 29 de mayo de 2015 determinó que para la manzana en la cual se localiza el
inmueble de uso residencial, el estrato era 3.
62. Refirió que en el pago del precio indemnizatorio se descontaron valores
inicialmente reconocidos, desconociendo la totalidad del daño emergente por lo cual
se vulneró lo dispuesto en los artículos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2014. Indicó que
tuvo que incurrir en gastos para el reemplazo de la vivienda y que el despacho
desconoce los motivos por los cuales se descuentan valores como el de
desconexión de servicios públicos.
63. Cuestionó las retenciones realizadas por la entidad demandada al momento del
pago de la indemnización, relacionadas con la imputación contable como la
retención por enajenación de bienes raíces y la retención en la fuente, lo cual redujo
ostensiblemente el valor justo.
64. Advirtió que por medio de la expropiación administrativa no se le puede delegar
a entidades como la UAECD determinar el valor del daño emergente y el lucro
cesante, en razón a que tiene la calidad de perito avaluador, lo cual se traduce en
un abuso del poder o facultad conferida.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
65. A través de auto de 10 de mayo de 201912 se admitió el recurso de apelación y
se corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran por escrito sus
alegatos de conclusión.
66. En la oportunidad procesal, se pronunció la parte demandante13 en los
siguientes términos:
67. Indicó que la controversia atañe solo al precio de indemnización, por lo cual el
juez contencioso no puede adecuar dicho término para discutir una desviación de
poder, una falsa motivación o falta de competencia.
68. Argumentó que se logró demostrar que el sector a expropiar tiene una
destinación comercial y el inmueble difícilmente podrá ser reemplazado con el valor
reconocido por el IDU en la expropiación. Además, para el año 2014 el valor del
12
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C04_10OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 19”, folio 6 a 7.
13
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C04_10OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 19”, folio 20 a 23.
12
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
metro cuadrado en Bogotá se incrementó para el estrato 3, situación que nunca tuvo
en cuenta la entidad demandada.
69. En relación con el avalúo realizado por la UAECD mencionó que se utilizó como
referencia los costos por tipología elaborados por esa entidad. Al respecto señaló
que es una entidad descentralizada de la Alcaldía Mayor de Bogotá lo que impide
una imparcialidad y valoración real de los predios a expropiar. Señaló que lo que se
debió aplicar fue el concepto de costo de reposición, es decir, estimar el costo total
de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo y
restarle la depreciación física y por estado de conservación.
70. Refirió que desconoce cuáles fueron los valores de construcción a comparar,
porque no se realizó una descripción de los materiales en que se encontraban los
terminados de la construcción. En relación con el estado de conservación sostuvo
que no se aportó justificación alguna para calificarlo como regular.
71. Solicitó la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo
22 del Decreto 1420 de 1998, en el avalúo comercial elaborado por la unidad, debido
a que los soportes no fueron verificados por el IDU y tampoco fueron aportados con
la contestación de la demanda. El demandando nunca aportó la fuente de las
tipologías para determinar el metro de construcción.
72. Indicó que no hay registro fotográfico ni actas de verificación del predio por parte
de la unidad para llevar a cabo el avalúo. Tampoco se aportaron los comparativos
del mercado para el valor del terreno.
73. Argumentó que “[…] deberá hacerse un análisis de las Resoluciones 620 de
2008, decreto 1420 de 1998, a fin de que se estudie la posibilidad de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad frente a la expropiación realizada, pues estas no
están acordes con la sentencia C-476 de 2007 ni C-1074 de 2014, las cuales deben
mirarse de manera integral […]”.
74. Sostuvo que con el procedimiento de expropiación y el valor pagado al
demandante se desconoció en su totalidad precedentes constitucionales y deberá
condenarse a la entidad demandada a pagar el valor justo y demostrado con el
avalúo que se encuentra dentro del expediente y que fue objeto de contradicción y
que no se logró desvirtuar por la parte demandada.
75. Aclaró que no se controvierte la legalidad de los actos sino el precio injusto que
se planteó en las resoluciones y menoscabaron el derecho fundamental a una vida
digna.
76. También se pronunció la parte demandada14, reiterando los argumentos de la
contestación de la demanda. El Ministerio Público no rindió concepto.
14
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C04_10OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 19”, folio 14 a 19.
13
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
77. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) el planteamiento del problema jurídico; iii)
los actos administrativos demandados; y iv) el análisis del caso concreto.
V.1. Competencia
78. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115 y en el artículo 1316 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201917, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
V.2. El planteamiento del problema jurídico
79. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
de 14 de febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
80. En la decisión cuestionada, el a quo negó las pretensiones de la demanda, por
cuanto: i) el pago del precio indemnizatorio estuvo supeditado a trámites financieros
respectivos y una vez efectuados se puso a disposición del demandante; ii) no se
logró desvirtuar la legalidad del avalúo oficial elaborado por la UAECD; iii) no se
desconoció que la indemnización fue justa; iv) el avalúo comercial fue realizado por
una entidad competente y no se podía solicitar otro respecto del inmueble, dado que
el primero se encontraba vigente; v) el cálculo del avalúo se realiza con base en la
información entregada así como aquella recopilada por el avaluador al momento de
la visita y no es posible su modificación con información posterior a la diligencia; vi)
al no configurarse la enajenación voluntaria del inmueble no se reconocieron gastos
de escrituración, de desconexión de servicios públicos y el reconocimiento por el
pago del impuesto predial; vii) tampoco se reconocieron beneficios tributarios
derivados de una enajenación voluntaria; y por último el a quo no realizó
pronunciamiento sobre el desconocimiento de algunos preceptos normativos
explicados en líneas precedentes por falta de carga argumentativa.
81. El recurrente afirmó que discute el precio determinado en el proceso de
expropiación administrativa, el cual el tribunal debió analizar en el marco del
principio de justa indemnización. Igualmente, cuestionó el análisis realizado al
avalúo oficial y la omisión en la obtención de otros avalúos. Las deducciones
tributarias aplicadas al momento del pago y el desconocimiento de la totalidad del
daño emergente.
15
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
16
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
17
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
14
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
V.3. Los actos administrativos demandados
82. Se cuestionó la legalidad de la Resolución 49637 de 3 de julio de 201518 “[…]
Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa […]”, expedida por la
directora técnica del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, que resolvió:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa a
favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU con NIT. 899.999.081-6 del
inmueble ubicado la CL 131 D 92 08 de la Ciudad de Bogotá D.C., identificado
con la cédula catastral 009204730100000000, CHIP AAA0129PXSK, y
matrícula inmobiliaria 50N-20331537 todo de acuerdo con el Registro
Topográfico número 44249, donde aparece delimitado y alinderado, con un
área de terreno de 72.00 M2 construcción 1 (4 piso placa) 236.88 M2
Construcción 2 (4 piso placa) 82.44 M2 cuyo titular del derecho de dominio
inscrito objeto de expropiación es el señor JULIO ARMANDO GUERRERO
SAIZ identificado con cédula de ciudadanía No. […] expedida en Gachantivá
conforme al Registro Topográfico número 44249, elaborado por la Dirección
Técnica de Predios en el mes de Mayo de 2014, cuyos linderos específicos
son:
POR EL NORTE: Del punto A al punto B, en línea recta y distancia (12.00 mts),
lindando con propiedad particular; POR EL ORIENTE: Del punto B al punto C,
en línea recta y recta y distancia de (6.00 mts), lindando con vía pública Kr 92;
POR EL SUR: Del punto C al punto D en línea recta y distancia de (12.00 mts),
lindando con vía pública CL 131 D POR EL OCCIDENTE: Del punto D al punto
A en línea recta y distancia de (60 mts) lindando con propiedad particular cierra.
ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor
del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente
resolución es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($308.192.748.oo)
MONEDA CORRIENTE el citado valor incluye:
1. La suma de DOSCIENTOS OCHENTA CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL ($289.479.600.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
avalúo comercial de terreno y construcción conforme el avalúo comercial
No 2014-2494 del 13 de noviembre de 2014, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia de Información
Catastral, Subgerencia de Información Económica.
2. La suma de QUINIENTOS PESOS Lucro Cesante conforme el avalúo
comercial No 2014-2494 del 13 de noviembre La suma de CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS ($4.887.648.oo) MONEDA CORRIENTE por
concepto de Daño Emergente conforme el avalúo comercial No 2014-2494
del 13 de noviembre de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica
3. La suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTES CUARENTA Y OCHO PESOS ($4.887.648.00)
MONEDA CORRIENTE por concepto de Daño Emergente conforme el
avalúo comercial No. 2014-2494 del 13 de noviembre de 2014, elaborado
por la Unidad Administrativa Catastro Distrital – Gerencia de Información
Catastral, Subgerencia de Información Económica y el informe de
reconocimiento económico RT N°44249 elaborado por el grupo económico
18
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_63OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 19”, folios 120 a 126.
15
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
de la Dirección Técnica de Predios – Instituto de Desarrollo Urbano de fecha
26 de febrero de 2015.
PARAGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la
aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los
contratos de servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: “En
la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos
los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden
otra cosa. La cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los
bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio”,
teniendo en cuenta que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la construcción de
obras de infraestructura vial lo que implica un cambio en la naturaleza del
mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de domicilio para convertirse
en un bien de uso público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable del
consumo deudas y demás cargos que se generen hasta/la cancelación de los
mismos a el señor JULIO ARMANDO GUERRERO SAIZ identificado con
cédula de ciudadanía No. […] expedida en Gachantivá.
ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará
por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa
y escrita de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s)
orden(es) de pago así: Un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o
sea la cantidad TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($308.192.748.oo )
MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será puesto por parte de la Tesorería
del Instituto de Desarrollo Urbano a disposición del señor JULIO ARMANDO
GUERRERO SAIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.121.052
expedida en Gachantiva una vez ejecutoriada la presente resolución y
efectuados los respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto
a disposición del señor JULIO ARMANDO GUERRERO SAIZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.121.052 expedida en Gachantiva, no es retirado
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este se consignará en la entidad
financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2° del artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la
consignación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerándose que
de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y
contribuciones aplicables, contemplados en la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero
correspondiente al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por
la contribución de valorización; en caso de existir saldo alguno por este
concepto, se dará aplicación a la compensación consagrada en los artículos
1714 y 1715 del código civil colombiano.
ARTÍCULO CUARTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor
total de la adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, según el Certificado de Registro Presupuestal No.
4989 del 16 de diciembre de 2014 expedido por la Subdirección Técnica de
Presupuesto y Contabilidad.
ARTICULO QUINTO.- DESTINACIÓN.- El inmueble referido, será destinado
para la construcción de la obra AVENIDA EL RINCON (AK 91 Y AC 131 A)
DESDE LA CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA
16
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
(TRANSVERSAL 97), de acuerdo con la Resolución 0811 del 15 de Julio de
2014, expedida por la Secretaria Distrital de Planeación.
ARTICULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVÁMENES
Y LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se ordena cancelar
la Anotación número 3 de fecha 08 de enero de 2015 Radicación: 2015-1176
del Folio de Matricula Inmobiliaria 50N-20331537 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona Norte, donde se encuentra registrado el oficio No
20153250056731 por medio del cual se solicito la inscripción de la oferta
realizada mediante Resolución No. 107225 del 10 de diciembre de 2014 “POR
EL CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA YSE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA".
ARTICULO SÉPTIMO.- ORDEN DE INSCRIPCIÓN.- De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, ORDENASE al (a)
señor (a) Registrador (a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Zona Norte, inscribir la presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria
50N-20331537/ con lo que se surtirán los efectos atinentes a la transferencia
del derecho de dominio en cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO IDU, identificada con Nit; 899.999.081-6.
ARTICULO OCTAVO. ENTREGA.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 1997, efectuado el registro de la presente resolución el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble identificado en el
artículo primero (1°), para lo cual en caso de renuencia del expropiado, acudirá
al auxilio de las autoridades de policía.
ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de conformidad con las
reglas establecidas en el artículo 66 y s.s. del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al señor JULIO ARMANDO
GUERRERO SAIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.121.052 expedida
en Gachantiva Haciéndoles saber que contra la presente solo procede el recurso
de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la ley 388 de 1997, en concordancia
con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”. (Negrilla y mayúscula sostenida del texto original).
83. También se controvirtió la legalidad de la Resolución 58/771 de 27 de agosto
de 201519 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la
directora técnica de predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, que
resolvió:
“[…] ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No
49637 del 03 de julio de 2015, por medio de la cual se ordena la expropiación por
vía administrativo a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, del inmueble
ubicado CL 131 D 92 08 de la ciudad de Bogotá D.C. identificado con la cédula
catastral 009204730100000000, CHIP AAA0129PXSK y matrícula inmobiliaria
50N-20331537, la cual fue notificada personalmente al Señor JULIO ARMANDO
GUERRERO SAIZ Identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.121.052,
conforme al registro topográfico número 44249, elaborado por la Dirección
Técnica de Predios en el mes de mayo de 2014, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
19
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_63OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 19”, folios 136 a 146.
17
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer personería jurídica al Doctor JORGE
ORLANDO RUBIANO CARRANZA, identificado con cédula de ciudadanía N°
19.327.657 y T.P 45964 del C. S. de la J, para actuar como apoderado del Señor
JULIO ARMANDO GUERRERO SAIZ, de conformidad con el poder especial
otorgado el 19 de mayo de 2015 en la Notaría 50 de Bogotá D.C.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución al Doctor JORGE
ORLANDO RUBIANO CARRANZA, en calidad de apoderado del Señor JULIO
ARMANDO GUERRERO SAIZ, identificado con la cédula de ciudadanía N°
4.121.052, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 68 y ss del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, informándole
que contra .la presente providencia no procede recurso alguno y queda agotada
la actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de
1997 […]”. (Negrilla y mayúscula sostenida del texto original).
V.4. Análisis del caso concreto
84. El recurrente solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al
considerar que: i) no se dispuso de manera inmediata el pago de la indemnización;
ii) el a quo no realizó una comparación real del avalúo oficial y el aportado con la
demanda; iii) no se realizó una licitación con Unilonjas o peritos privados para
obtener otro concepto; iv) el cambio de estratificación influía en la determinación del
precio indemnizatorio; v) fueron descontados en el pago del precio valores como la
desconexión de servicios públicos; y vi) sobre los descuentos tributarios al momento
del pago de la indemnización.
85. Para resolver los referidos planteamientos, la Sala pone de presente, que en los
términos del artículo 58 de la Constitución Política, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, mediante una indemnización previa, la cual
se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.
86. El artículo 67 de la Ley 388 indicó que el acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación “[…] deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo
comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente
ley […]”.
87.La Corte Constitucional explicó en las sentencias C-153 de 199420, C-1074 de
200221 y C-476 de 2007 que la indemnización, por regla general, no se limita al
20
La Corte Constitucional estudió la inconstitucionalidad del artículo 457 del Código de Procedimiento Civil, que permite la
entrega anticipada de inmuebles en procesos de expropiación, concluyendo que la entrega anticipada no viola el derecho a
la propiedad, siempre que se garantice la indemnización previa, y aclara el carácter reparatorio de dicha indemnización.
21
Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Las referidas reglas
tienen el siguiente alcance “[…] 1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del afectado
y, por lo tanto, esos intereses deben ser ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional
la hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante o el juez contencioso en el evento
de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio. Comprende tanto el daño emergente como el
lucro cesante. No obstante, en algunas circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función compensatoria. De otra parte, en
circunstancias diversas, al ser consultados los intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial,
como en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia, la indemnización puede, tanto
en su monto como en su forma de pago, asumir una modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si se paga la indemnización con instrumentos
distintos al dinero, éstos han de reunir por lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
18
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
precio del bien, toda vez que esta incluye los daños y perjuicios sufridos como
consecuencia de la expropiación.
88. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.222 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos23 y 1724 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio.
89. Sin embargo, se aclaró que “[…] para poder obtener la reparación de los daños
accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable
que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad
entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
[…] En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse
de lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe
una alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”25.
90.Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estudiará cada argumento del recurso
de apelación de manera individual, para lo cual se analizarán en apartes
específicos.
91. Previo a resolver, se advierte que en el recurso de apelación presentado en esta
instancia, el demandante indicó que “el Avalúo No. 2014-2494 del 13 de Noviembre
de 2014, realizado por la UAECD, con base en el cual se pagó la indemnización por
concepto de la construcción se realizó bajo el método de REPOSICION y se dice
en el numeral parte final: “para determinar el valor de reposición se utilizaron como
referencia los costos por tipología elaborado por la UAECD […]”.
92. Resaltó que “[…] esta clase de “TIPOLOGIA” es de la misma entidad a la cual
le pagaron para que realizara el Avalúo, pero que además es una entidad
descentralizada de la Alcaldía Mayor de Bogotá, razón que impide una imparcialidad
y valoración real de los predios a expropiar, y lo que es peor a la fecha se desconoce
de dónde sale la TIPOLOGIA […]”.
93. También indicó que “[…] se aduce que el estado de conservación del bien es el
2.0 lo que es igual a decir que “condiciones físicas” Regular, requiere o ha recibido
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien expropiado; (ii) deben garantizar un
pago cierto de la obligación y no meramente simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones,
de tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben permitir que el valor de la indemnización
por expropiación reconocido como justo, en el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar que el afectado pueda convertirlos, en
dinero en el momento en que lo desee, inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”
22
“[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
23
Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de
1972.
24
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón;
sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
19
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
reparo sin importancia, sin embargo pese a variar la edad de construcción, la
UAECD, lo califico acorde con la tabla de Heideken, sin que se aporte justificación
alguna con el avalúo que sustente dicha calificación […]”.
94. Adicionalmente solicitó: “[…] se verifique el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, en el avalúo comercial
elaborado por la UAECD, pues estos soportes no fueron verificados por el IDU, y
tampoco fueron aportados con la contestación de la demanda […]”.
95. Requirió “[…] deberá hacerse un análisis de las Resoluciones 620 de 2008,
decreto 1420 de 1998, a fin de que se estudie la posibilidad de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad frente a la expropiación realizada, pues estas no están
acordes con la sentencia C-476 de 2007 ni C-1074 de 2014, las cuales deben
mirarse de manera integral […]”.
96. En relación con estos argumentos, se evidencia que el demandante no realizó
las anteriores precisiones en la demanda ni formuló ningún cargo sobre esos
aspectos en el recurso de apelación.
97. El marco de competencia del juez de segunda instancia debe estar limitado por
los argumentos del recurso de apelación, sin perjuicio de las decisiones que debe
proferir de oficio; además, debe existir correspondencia entre el petitum de la
demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de
oposición a la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia.
98. La etapa para alegar de conclusión, en segunda instancia, está establecida con
posterioridad a la oportunidad probatoria para que las partes puedan exponer los
puntos de hecho, de derecho y probatorios que fueron objeto de controversia en el
recurso de apelación. En esa medida, los alegatos de conclusión no son un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del acto administrativo acusado
porque ello desconocería los principios de lealtad procesal, contradicción, defensa
y congruencia.
99. Por lo tanto, la Sala se encuentra relevada de hacer el estudio sobre lo
anteriores planteamientos.
V.4.1. En cuanto a la violación del numeral 2 del artículo 70 de la Ley 388 de
1997
100.El demandante manifestó, en el recurso de apelación, que el argumento de no
poner a disposición de inmediato el dinero de la indemnización por trámites
presupuestales no desvirtúa el mandato de la Ley 388 de 1997, la cual ordena que
la entidad debe poner a disposición inmediata el dinero del precio indemnizatorio.
101.Para resolver lo anterior, se debe precisar que el numeral 4. ° del artículo 70 de
la Ley 388 de 1997, indica que en caso de que la entidad no ponga a disposición
del propietario el precio indemnizatorio, la decisión de expropiación por vía
20
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
administrativa no producirá ningún efecto y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.
102. Esta Sección26 determinó que el alcance jurídico de la norma indicada supra se
refiere a la eficacia del acto administrativo que declara la expropiación y no a una
causal de nulidad; en tal virtud, en caso de verificarse la falta de pago, la
administración no puede ejecutar esa decisión ni exigir su cumplimiento porque
omitió adelantar las actuaciones indispensables para que el acto existente y válido
provoque los efectos jurídicos deseados, por lo tanto, es un asunto que, en principio,
debe resolverse en la vía administrativa.
103. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente 27, la Subdirección
Técnica de Tesorería y Recaudo del Instituto de Desarrollo Urbano expidió el 5 de
octubre de 2015 orden de pago número 3768. Posteriormente se certificó que la
Resolución núm. 58771 del 27 de agosto de 2015 por medio de la cual se resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 49637 de 3 de julio
de 2015, quedó ejecutoriada el día 8 de septiembre de 2015.
104. Igualmente, el día 23 de octubre de 2015 en las oficinas de la Subdirección
Técnica de Tesorería y Recaudo del Instituto de Desarrollo Urbano, se hizo entrega
al demandante, en un sobre sellado, el cual contenía la identificación del pago “[…]
solicitado al Banco de Occidente en fecha 14/10/2016, para reclamar el cheque en
la Sucursal Avenida 19, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA-Y OCHO
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS. MCTE. ($298.190.658.00), por concepto del pago del precio indemnizatorio
señalado en el artículo Tercero de la Resolución de Expropiación número 49637 de
2015, con Orden de Pago No 3768 del 14/10/2015 […]”.
105.Para la Sala, contrario a lo afirmado por el apelante, el pago de la indemnización
se realizó en un término prudencial y razonable, teniendo en cuenta los trámites
administrativos surtidos al interior de la entidad demandada.
106.Por las razones expuestas, no está llamado a prosperar el recurso de apelación
respecto al argumento estudiado en este acápite.
V.4.2. Incorrección del avalúo respecto al valor comercial del bien inmueble
objeto de expropiación
107.En el recurso de apelación se indicó que “[…] nótese que no existe una
argumentación de fondo sobre el porqué se considera que el avalúo aportado por la
UAECD, cumple con los requisitos legales, omitiendo lo que se probó y evidencio
dentro del proceso que el sector correspondía al estrato 3 y no 2, debiendo esta
condición ser verificada por el avaluador. Limitándose el despacho a transcribir el
avaluó sin realizar una comparación real […]”.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de febrero de 2015, Rad.
25000234100020150240201, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
27
Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“ED_C02_01ContestacionDeLaDemandaConAnexos(.pdf) NroActua 19”, folios 28 a 50.
21
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
108.El demandante aportó un avalúo28 que realizó la empresa Inmobiliaria Éxito
Ltda. según el cual el valor total de la indemnización ascendía a la suma de
$371.574.425.19.
109.El a quo realizó una comparación de los dictámenes con la finalidad de
determinar si se lograba desvirtuar la legalidad del avalúo oficial que tuvo como
fundamento los actos administrativos demandados. Encontrando que respecto del
avalúo presentado con la demanda no hay certeza del valor reconocido por m2.
110. Para resolver este argumento de apelación, la Sala recuerda que la
jurisprudencia, con fundamento en la normativa que regula el asunto, ha
considerado que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por
lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección
del avalúo oficial.
111.Sobre el particular, esta Sección, mediante sentencia proferida el 20 de febrero
de 202029, precisó que al haber sido incorporado el avalúo comercial al acto
administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,
creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este caso,
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección.
112. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter
técnico, toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.
113.En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.
114.La Sala pone de presente que en la sentencia de primera instancia el a quo hizo
un análisis comparativo de los dictámenes realizados sobre el inmueble objeto de
expropiación en el cual se identificó el tipo de método que se usó y la fuente para
obtener los valores del terreno y la construcción, además, del lucro cesante y el
daño emergente. Tal como se analizará en el siguiente cuadro:
28
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_03Anexos(.pdf) NroActua 19”, folios
36 a 49.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Rad. 25000-23-24- 000-2011-00196-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
22
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
Ítem Avalúo oficial Avalúo demandante Dictamen pericial
Lote de Método de comparación o de No se especifica el Método de comparación o
terreno mercado método de mercado
Se realizó estudio de mercado con Señala que se tomó Anexa una tabla con 8
predios de similares características en cuenta un estudio, inmuebles, que
físicas del mismo sector catastral y en el cual se indica corresponden a valores
sectores aledaños, a las que se les que el valor del m2 de evaluados de ofertas de
descuenta el valor de la construcción, terreno se determina predios en el sector de Suba
a los valores resultantes de m2 de con obras de que presentan
terrenos se les aplica un tratamiento urbanismo, sin características similares.
estadístico según lo contemplado en embargo, no las
el artículo 11 de la Resolución IGAC aporta.
620 de 2003, información con la que
se procedió a calcular el valor
comercial del terreno del predio. Se
adjunta tabla en donde se identifican
los inmuebles consultados, así como
la fuente de la que provino la
información.
Método de costo de Método de costo de
Construcción Método de costo de reposición reposición reposición
Fuentes: Se tomó como referencia la Se indica que tomó en Utiliza como fuentes la
tabla de tipologías de construcción de cuenta un estudio de revista Construdata para el
la UAECD aplicando la depreciación mercado hecho en periodo comprendido entre
según la Tabla de Fito & Corvini y un proyectos de diciembre de 2014 a febrero
estado de conservación según lo construcción nuevos, 2015 núm. 173.
encontrado en el momento de la aplica el factor de
visita. depreciación de
Los valores de reposición tomados acuerdo con la Tabla
para la edificación son valores por Fitto & Corvini.
m2, de las tipologías de la unidad
para una construcción que asemeja a
las características de la construcción
del precio objeto de avalúo. Se aplicó
la fórmula de depreciación a la que
hace referencia el artículo 37 de la
Resolución IGAC 620 de 2008
AVALÚO
$371.574.425.19
INMUEBLE Terreno + construcción: $289.479.500 $ 375.794.232
Lucro cesante: $13.825.500 No describe No describe
Daño emergente: $7.432.975 No describe No describe
TOTAL $ 310.738.075 $371.574.425.19 $ 375.794.232
115. De la comparación se evidencia que: i) el avalúo presentado con la demanda
no precisa la fuente de la información para obtener el valor del terreno; ii) si bien en
los avalúos se utilizó el método de costo de reposición para determinar el valor de
la construcción, no es posible determinar el origen de la diferencia en los valores;
iii) no se hace una diferencia entre las áreas de la construcción, lo cual si realiza el
avalúo oficial; iv) el avalúo presentado con la demanda y el practicado en el proceso
no tienen claridad respecto de la tipología de la vivienda para determinar las áreas
construidas; y v) en cuanto al valor del lucro cesante y el daño emergente se ratifican
en relación con el avalúo oficial.
116.En efecto, el avalúo aportado por el demandante se analiza como construcción
semejante, la tipología multifamiliar descrito en la revista Construdata edición 173,
la cual tiene como características inmuebles de: 6 pisos y semi sótano, garajes en
semisótano. apartamentos de 68 m2, 2 alcobas, alcoba de servicio, 2 baños,
acabados intermedios estructura en concreto, cimentación en zapatas. La
mencionada descripción no es semejante con el inmueble objeto de expropiación.
23
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
117. Esta Sección ha expresado que en estos casos no resulta suficiente la mera
exposición de los resultados de las operaciones periciales practicadas y de las
deducciones extraídas por el perito sin que obren las explicaciones relativas a su
origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido a su obtención, omitiendo
la exposición y explicación de las razones por las cuales no es dable mantener otro
criterio diferente. Esto, teniendo en cuenta que las partes y la autoridad judicial no
cuentan con los conocimientos especializados del perito. Así, en sentencia de 14 de
mayo de 200930, la Sección sostuvo:
“[…] Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad
judicial no cuenten con los conocimientos especializados del perito, es de
esperar que éste revele los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien
un entendido en la materia puede reputar elementales, un profano puede
encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el cometido principal de cualquier
experticia no es otro que la persuasión, y esta difícilmente se logra cuando
solamente se efectúan afirmaciones o negaciones de manera apodíctica,
negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los rudimentos
básicos del análisis efectuado. La labor del perito consiste precisamente en
proporcionar, junto con el fruto de su propia interpretación, los fundamentos
que lo soportan, para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar
la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones
presentadas […]”.
118.Del avalúo presentado con la demanda se pueden destacar las siguientes
falencias en la aplicación del método de costo de reposición31:
-El avalúo omite el desglose de estos elementos. Solo se indica que se toma el
valor por m² del mercado y se aplica una depreciación, pero no se especifica:
Costos directos (materiales, mano de obra)
Costos indirectos (administrativos, licencias)
Costos financieros (intereses)
Costos de gerencia (dirección técnica, supervisión)
-No se justifica técnicamente el uso del método de reposición y se evidencia una
confusión con el método comparativo.
-No se anexa el estudio del que proviene el valor por metro cuadrado.
-Se usa al mismo tiempo la depreciación de Fitto y Corvini y la del método lineal por
vida útil, sin claridad de cuál es la base técnica principal.
119.En conclusión, el avalúo presentado no logra desvirtuar el avalúo que sirvió de
sustento para la fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado en las
resoluciones acusadas.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:
05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
31
Resolución 620 de 2008 del IGAC Art. 13: “el costo total de la construcción es la suma de los costos directos, indirectos,
financieros y de gerencia del proyecto”.
24
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
120.Ahora bien, el recurrente manifestó que el cambio de estratificación económica
fue desconocido por la entidad que realizó el avalúo, así como las condiciones del
inmueble.
121.En relación con este argumento el Decreto 1420 de 1998 que reglamentó la Ley
388 en el artículo 21 indicó que para determinar el valor comercial del inmueble se
debe identificar la estratificación socioeconómica del bien. Además, el artículo 22
indica que se deben tener en cuenta las características tanto para el terreno como
para la construcción.
122. En el momento en que se realizó el informe técnico de avalúo comercial, el
sector en el que se encontraba ubicado el inmueble correspondía al estrato 2. Por
lo tanto, el avalúo debió realizarse conforme al estrato legalmente establecido en
ese entonces, tal como se procedió en este caso concreto32.
123. Es importante precisar que, aunque mediante la Resolución núm. 0053 de 9 de
septiembre de 201533 el director de Estratificación de la Secretaría Distrital de
Planeación modificó el estrato asignado por el Decreto Distrital de 26 de junio de
2013 a la vivienda, este hecho no constituye un argumento válido para modificar el
valor de la indemnización, en consideración a que conforme al numeral 8° del
artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, el estrato vigente para el predio en el año
2014 era el estrato 234 y, en consecuencia, el avalúo debe basarse en esa
estratificación.
124.En lo que tiene que ver con las condiciones del inmueble, el avalúo oficial tuvo
en cuenta las características generales de la construcción y lo describió de la
siguiente forma:
32
Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“ED_C02_01ContestacionDeLaDemandaConAnexos(.pdf) NroActua 19”, folios 120 a 122.
33
Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C01_63OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 19” folios 197 a 202.
34
En el avalúo se determinó que de conformidad con el Decreto 291 de 26 de junio de 2013, el sector El Rincón Norte se
encuentra clasificado dentro del estrato socioeconómico 2 para los predios destinados a vivienda.
25
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
125.En consecuencia, tampoco tienen vocación de prosperidad estos argumentos
de apelación.
126.Por otra parte, el apelante cuestiona los siguientes factores: i) gastos de
escrituración; ii) desconexión de servicios públicos y iii) el factor correspondiente al
impuesto predial, lo cuales fueron inicialmente reconocidos en la oferta.
127.En cuanto a los gastos por desconexión de servicios públicos, no procede su
reconocimiento por cuanto dicha carga pasa a ser del Instituto de Desarrollo Urbano,
que al ser el titular del derecho de dominio asume esos gastos. En lo que tiene que
ver con los gastos de escrituración para el procedimiento de expropiación
administrativa no aplica su reconocimiento, toda vez que la tradición del dominio se
efectúa con la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
respectiva.
128. Respecto del impuesto predial, de conformidad con los artículos 15 y 16 del
Decreto 352 de 2002 se establece que “El impuesto predial unificado se causa el
1.° de enero del respectivo año gravable”. Bajo ese entendido, el período gravable
del impuesto predial unificado es anual, y está comprendido entre el 1. ° de enero
al 31 de diciembre del respectivo año, en consecuencia, es deber de quien tiene la
propiedad del inmueble asumir los gastos de dicho impuesto.
129.Adicionalmente el apelante cuestiona los descuentos realizados por la entidad
expropiante al momento del pago, es decir aquellos relacionados con enajenación
de bienes raíces del 2.5% y la retención en la fuente del 20% por lucro cesante de
residentes. La Sala considera, que el asunto referido tiene que ver con deducciones
realizadas al momento del pago por parte de la Subdirección Técnica de Tesorería
y Recaudo en relación con la imputación contable, los cuales corresponden a
descuentos de ley, a cargo de quién recibe las sumas de dinero.
130.Por un lado, la retención en la fuente del 2.5% se configura cuando el comprador
es una persona jurídica, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 260 de 2001
modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 2418 de 2013; y por el otro, la
retención en la fuente del 20% lucro cesante de residentes, constituye un ingreso
gravado según el artículo 401-2 del Estatuto Tributario que señala: “[…] Los pagos
o abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las
indemnizaciones salariales y a las percibidas por los nacionales como resultado de
demandas contra el Estado y contempladas en los artículos 45 y 223 del Estatuto
Tributario, estará sometida a retención por concepto de renta […]. Si los
26
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa de retención por este
concepto será del veinte por ciento (20%) […]”.
Para la Sala, no tienen vocación de prosperidad las solicitudes realizadas por el
131.
demandante, de acuerdo con los argumentos y las normas señaladas.
V.4.3. En relación con la vigencia del avalúo y la imposibilidad de solicitar
otro en el término de este
132.El recurrente considera que se desconoció lo dispuesto en los artículos 2 y 3
del Decreto 1420 de 24 de julio de 199835 por no tenerse en cuenta otro avalúo
proferido por otra entidad.
133.De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el precio de adquisición
de los inmuebles corresponde a su valor comercial, el cual debe ser determinado
por el IGAC, por la entidad que cumpla sus funciones en el territorio, o por peritos
privados inscritos en las respectivas lonjas o asociaciones profesionales.
134.Por su parte, el artículo 2 del Decreto 583 de 15 de diciembre de 201136
establece que las entidades y organismos del orden distrital deben solicitar a la
UAECD la elaboración de los avalúos comerciales de los inmuebles requeridos para
el cumplimiento de sus funciones misionales.
135.En el mismo sentido, el numeral 5 del artículo 3 del Acuerdo 004 de 2012 asigna
como función de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital la
elaboración de avalúos comerciales solicitados por entidades distritales y empresas
privadas, siendo este el caso del avalúo requerido por el IDU en el presente proceso
de expropiación.
136.Además, el artículo 12 del Decreto 1420 de 1998 establece que el avalúo puede
ser solicitado tanto a lonjas de propiedad raíz ubicadas en el municipio o distrito del
inmueble como al IGAC o a la entidad que cumpla sus funciones en la jurisdicción
correspondiente. El parágrafo de esta disposición aclara que, mientras esté vigente
el avalúo, no puede pedirse a otra entidad, salvo que haya vencido el término legal
para su elaboración. Por su parte, el artículo 19 del mismo decreto señala que los
avalúos tienen una vigencia de un año desde su expedición o desde la fecha en que
se resuelva su revisión o impugnación.
137.En este caso, el avalúo fue elaborado el 13 de noviembre de 2014, por lo que,
conforme a las normas aplicables, no procedía que se solicitara otro avalúo a una
entidad diferente, pues la UAECD era competente para realizarlo dentro del término
legal.
138.La Sala considera que, tal y como lo concluyó el tribunal de primera instancia,
el demandante no logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
35
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
36
“[…] Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles, de que trata el
literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006 […]”
27
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00605-01
Demandante: Julio Armando Guerrero Saiz
IDU determinó el justo precio de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia,
no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
139. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en los
artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 sobre condena en costas en
segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de febrero de 2019, proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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