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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-02151-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-02151-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte demandante y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante. CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-02151-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DENULIDADY RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-02151-01
Actor: JOSÉ DEL CARMEN ARDILA BARAJAS

TESIS: CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE
DESVIRTUADA LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETÓ LA EXPROPIACIÓN DE UN
BIEN DEL ACTOR. EL AVALÚO QUE FUNDAMENTA LA POSICIÓN
JURÍDICA DE LA DEMANDA PROPONE DE FORMA AUTÓNOMA UN
VALOR COMERCIAL POR EL PREDIO EXPROPIADO. NO OBSTANTE,
NO ADVIERTE NI DEMUESTRA LOS ERRORES EN LOS QUE PUDO
HABER INCURRIDO EL AVALUÓ OFICIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante contra la sentencia de 25 de octubre de 2018,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección “B”1, por medio de la cual declaró

probada la objeción por error grave, formulada por el apoderado del

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU contra el avalúo aportado

por el actor, y negó las pretensiones de la demanda.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación:25000-23-41-000-2016-02151-01
José del Carmen Ardila Barajas

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El señor José del Carmen Ardila Barajas, actuando a través

de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

• CPACA, presentó demanda contra el IDU, en la que formuló las

siguientes pretensiones:

“[…] PRETENSIONES

PRIMERO: Que se declare la nulidad parcial de la resolución
2777 del 22 de febrero de 2016, por la cual se ordenó la
expropiación administrativa del inmueble ubicado en la Calle
128 B 89 B 12 de Bogotá, confirmada por la resolución 4783
del 21 de abril de 2016, por haber sido expedida con infracción
de las normas en que deberían fundarse respecto a la vigencia
del avalúo comercial, y se restablezca el derecho de mi
poderdante en el sentido de reajustar el precio pagado por el
inmueble expropiado y pagar los perjuicios materiales
causados con el acto acusado y se tenga en cuenta el área de
terreno del predio que es de CIENTO CINCUENTA Y UNO CON
TREINTA METROS CUADRADOS (151.30 M2), como consta en
las escrituras públicas N° 3952 de 01 octubre de 1991 y No
3857 de 20 de agosto de 1996 y ratificada en el certificado de
libertad y tradición con Matrícula Inmobiliaria 50N - 478492
Cedula catastral 122 T 89B 12 CHIP AAA0136FZLW, sin que en
estos documentos se evidencie que exista aclaración alguna
con respecto de las áreas del terreno y/o aclaración de
linderos. Teniendo presente la resolución 070 del IGAC la cual
indica que “la transcripción en catastro no constituye título de
dominio, ni sanea los vicios que tenga una titulación o una
posesión…”.

SEGUNDO: Que se REPARE EL DAÑO causado por la resolución
2777 del 22 de febrero de 2016, por la cual se ordenó la
expropiación administrativa del inmueble ubicado en la Calle
128B No. 89B 12 de Bogotá, respecto al valor del precio

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indemnizatorio, resultando el mismo y ordenando como pago
adicional la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS ($88.536.254) correspondiente a la diferencias
que no fueron tenidas en cuenta en la resolución mencionada
(pues el avalúo realizado por catastro, se encuentra vencido)
teniendo como base el avalúo comercial actualizado a agosto
24 del año 2016, realizado por un perito de la lista de
auxiliares de la justicia, en el entendido que el precio a
cancelar será el vigente a la fecha de la resolución
correspondiente.

TERCERO: Que se reconozca los intereses moratorios de la
suma antes indicada a la tasa máxima legal, desde el 23 de
febrero de 2016 y hasta que se verifique su pago.

CUARTO: Que reconozca como perjuicios morales al señor
JOSE DEL CARMEN ARDILA BARAJAS, correspondientes al
sufrimiento originado por la expropiación administrativa del
inmueble, en el cual había vivido desde el año 1991, perjuicio
que se tasa a la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos
mensuales vigentes.

QUINTO: Que se reconozca como perjuicios morales a la
señora ANA ROSA VARGAS CANO, correspondientes al
sufrimiento originado por la expropiación administrativa del
inmueble, en el cual había vivido desde el año 1991 en su
calidad de esposa, perjuicio que se tasa a la suma equivalente
a cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes.

SEXTO: Que se reconozca como perjuicios morales al señor
JOSE LUIS ARDILA VARGAS, correspondientes al sufrimiento
originado por la expropiación administrativa del inmueble, en el
cual había vivido desde el año 1991, en su calidad de hijo,
perjuicio que se tasa a la suma equivalente a cincuenta salarios
mínimos mensuales vigentes.

SÉPTIMO: Que se reconozca como perjuicios morales a la
señora CAROLINA ARDILA VARGAS, correspondientes al
sufrimiento originado por la expropiación administrativa del
inmueble, en el cual había vivido desde el año 1991, en su
calidad de hija, perjuicio que se tasa a la suma equivalente a
cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes.

OCTAVO: Que se reconozca como perjuicios morales a la
señora INGRID YURLEY ARDILA, correspondientes al
sufrimiento originado por la expropiación administrativa del
inmueble, en el cual había vivido desde el año 1991, en su

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calidad de hija, perjuicio que se tasa a la suma equivalente a
cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes.

NOVENO: Solicito se tenga en cuenta el avalúo presentado
mediante perito avaluador afiliado a la lonja de propiedad raíz
de Bogotá e inscrito ante las entidades judiciales y
gubernamentales del Estado y/o se revise el realizado por
CATASTRO DISTRITAL cumpliéndose los lineamientos del
DECRETO 1420 DE 1998 (JULIO 24).
“Capitulo segundo
De las personas naturales o jurídicas de carácter privado que
realizan avalúos y de las lonjas de propiedad raíz.
Artículo 8. Las personas naturales o jurídicas de carácter
privado que realicen avalúos en desarrollo del presente
Decreto, deberán estar registradas y autorizadas por una lonja
de propiedad raíz domiciliada en el municipio o distrito donde
se encuentre el bien objeto de la valoración.
Artículo 9. Se entiende por lonja de propiedad raíz las
asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca
raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles.
Artículo 10. -Las Lonjas de propiedad raíz interesadas en que
los avaluadores que tiene afiliados realicen los avalúos a los
que se refiere el presente Decreto elaboraran un sistema de
registro y de acreditación de los avaluadores.
El registro que llevará cada lonja de sus avaluadores deberá
tener un reglamento que incluirá, entre otros, los mecanismos
de admisión de los avaluadores, los derechos y deberes de
estos, el sistema de reparto de fas solicitudes de avalúo, el
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y
prohibiciones de los avaluadores, las instancias de control y el
régimen sancionatorio.
Artículo 11.- La entidad privada a la cual se le solicite el avalúo
y la persona que lo adelante, serán solidariamente
responsables por el avalúo realizado de conformidad con la
ley."

DECIMO: Se ordene el pago por perjuicios denominados daño
emergente la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($12.390.567) por concepto de los dineros descontados por el
IDU al momento de desembolsar la suma indicada en el acto
administrativo de expropiación.

DECIMO PRIMERO: Una vez finalice el trámite respectivo, le
solicito se expida copia autentica del acta respectiva, con la
indicación de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo o la
constancia respectiva de no llegarse a ningún acuerdo […]”.

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I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los

siguientes:

Que el actor es propietario del predio ubicado en la Calle 128B

núm. 89 B-12, identificado con la cédula catastral 1 2 2 T 89B

12, CHIP núm. AAA0136FZLW y matrícula inmobiliaria 50N-

478492 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

Bogotá.

Que el IDU expidió la Resolución núm. 108911 de 12 de diciembre

de 2014, por medio de la cual formuló una oferta de compra sobre

el inmueble del actor por la suma de $370.658.660, conforme al

avalúo 2014-2531 RT 39946, de fecha 12 de noviembre de 2014,

que realizó la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –

UAECD, en la que se determinó un área de terreno a expropiar de

139.07m2, pero omitió pronunciarse sobre los conceptos de daño

emergente y lucro cesante.

Que la parte actora elevó un derecho de petición ante el IDU

manifestando su inconformidad frente registro topográfico 39946,

bajo el argumento de que la escritura pública núm. 3857 de 20 de

agosto de 1996 de la Notaría 20 de Bogotá, y el certificado de

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libertad y tradición del inmueble evidenciaban que el metraje real

del predio es de 151.30m2. Para el efecto, señaló que el día 9 de

enero de 2015 realizó el avalúo comercial 152040-2015 con la

entidad SERFIN LTDA -Servicios Técnicos Financieros- en la que

reafirmó el mismo metraje y se determinó que el valor del predio

ascendía a $427.573.700.

Que a través de la Resolución 66526 de 28 de diciembre de 2015,

el IDU modificó parcialmente la Resolución 108911 de 2014, para

lo cual incluyó el lucro cesante y el daño emergente dejando una

oferta por valor de $395.427.316.

Que el 7 de enero de 2016 la parte actora presentó derecho de

petición ante el Catastro Distrital solicitando la actualización del

avalúo comercial núm. 2014-2531 RT 39946, la que le fue resuelta

de manera desfavorable al señalar que dicha entidad no era la

competente, toda vez que el avalúo había sido contratado por el

IDU, razón por la cual el trámite fue remitido a esta última entidad

con el propósito de que, si lo consideraba pertinente, autorizara la

actualización solicitada.

Que el 27 de enero de 2016 se recibió respuesta por parte del IDU

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en la se expuso que “en el presente caso, el IDU recibió el informe

técnico 2014-2531 mediante radicado IDU 20145261933782 del

24/11/2014, es decir, conforme a la anterior disposición el año de

vigencia del avalúo estaba definido hasta el 23/11/2015, término

dentro del cual se debía iniciar el respectivo proceso administrativo

mediante la notificación de la oferta de compra, etapa que

efectivamente se surtió a través de la Resolución 10911 de 12 de

diciembre de 2014, notificada al propietario del inmueble el 21 de

diciembre de 2014. Lo anterior, quiere decir que la tasación

voluntaria plasmada en el informe técnico 2014-2407 se encuentra

en firme y, por tanto, no hay mérito conforme al ordenamiento

jurídico de actualizarla.”

Que el IDU, mediante la Resolución núm. 2777 de 22 de febrero de

2016, resolvió la expropiación por vía administrativa del inmueble

señalando como precio indemnizatorio la suma de $393.055.746.

Que el 8 de abril de 2016 la parte actora interpuso recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación contra la decisión de

expropiación, expresando que el avalúo contaba con más de un año

y cuatro meses de expedición, circunstancia que evidenciaba su

vencimiento y, por tanto, carecía de validez.

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Que a través de la Resolución núm. 4783 de 21 de abril de 2016 se

desató el recurso de reposición, en el que el IDU manifestó que el

afectado fue notificado de la oferta de compra por el valor del

terreno, la construcción, el lucro cesante y el daño emergente, de

acuerdo con el informe técnico de avalúo núm.2014-2531 de 12 de

noviembre de 2014 elaborado por Catastro Distrital e informe

complementario de 23 de diciembre de ese mismo año, lo cual

considera el actor que no es cierto ya que “solo se le ofertó el valor

del terreno y construcción, por lo cual mediante derecho de petición

manifestó que no se había incluido desde un inicio y se incluyó sólo

hasta el 28 de abril de 2015”, por lo que se pretende darle vigencia

a una decisión que está viciada de ilegalidad como se desprende de

la Resolución 66526 de 2015, a través de la cual el IDU continuó

con el trámite de expropiación a sabiendas de la ilegalidad del acto

administrativo por ser expedido por fuera del término legal.

Que la parte actora sostuvo que el valor total de la expropiación

debía ser puesto a disposición del propietario de manera inmediata,

conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 388

de 1997; sin embargo, ello no aconteció, pues el desembolso que

debió efectuarse el 29 de abril de 2016 solo se realizó el 22 de julio

de ese año, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el numeral

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4 ibidem, la expropiación por vía administrativa carece de efectos

jurídicos.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 90 y 116 de la Constitución Política; 67 y 71 de la Ley

388 de 19972; y 20, 21, 22 y 25 del Decreto 1420 de 19983.

En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:

Señaló que se vulneraron los artículos 67 de la Ley 388 de 1997, 20

y 25 del Decreto 1420 de 1998 al desconocerse el verdadero valor

comercial del inmueble objeto de expropiación dentro del trámite

administrativo, en tanto el acto que dispuso la medida se

fundamentó en un avalúo comercial vencido, pues había

transcurrido más de un año desde su expedición y no se atendió al

valor vigente al momento de dictarse la decisión.

Indicó que la finalidad de la Ley 388 de 1997 es que al expropiado

se le indemnice el costo integral del daño material que se le
2
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
3
Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y,
el artículo 11 del Decreto Ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.

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causare con ocasión de la expropiación, lo que exige de la

administración un método de cálculo que cuantifique con la mayor

exactitud posible el valor real del predio expropiado, mecanismo

que debe efectuarse nuevamente si ha caducado o vencido, dado

que su término de duración es de un año. En el caso concreto,

dicho término había expirado al momento de expedirse la

resolución de expropiación administrativa.

Destacó que se desconocieron los artículos 71 de la Ley 388 de

1997 y 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998, al omitirse la

indemnización de todos los componentes económicos previstos por

la normativa para la expropiación administrativa. En particular, se

desatendió el área de terreno que era de propiedad del

demandante, pues el avalúo comercial no incluyó la extensión real

adquirida mediante escritura pública núm. 3857 de 20 de agosto de

1996, otorgada en la Notaría 20 de Bogotá, ni lo consignado en el

certificado de libertad y tradición, en el cual consta que la superficie

efectiva del predio corresponde a 151,30 m², por lo que solicitó

tener en cuenta los avalúos allegados al proceso expedidos por la

Empresa SERFIN LTDA, de fecha 9 de agosto de 2015 y de 24 de

agosto de 2016, rendido por el perito avaluador Rene Macías

Montoya.

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I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- El IDU contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de

las pretensiones, en los siguientes términos:

Expresó que mediante la Resolución 108911 de 12 de diciembre de

2014, dispuso la adquisición del predio ubicado en la calle 128B No.

89B-12 de Bogotá D.C., formulando oferta de compra al titular del

derecho de dominio por la suma de $370.658.660, valor fijado

conforme al informe técnico de avalúo comercial No. 2014-2531 del

12 de noviembre de 2014 elaborado por la Unidad Administrativa

Especial de Catastro Distrital, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 58 de la Constitución Política y en las leyes 9ª de 1989 y

388 de 1997.

Indicó que en el artículo tercero de dicha resolución se estableció el

valor indemnizatorio por terreno y construcción, y en el parágrafo

primero se previó que, de ser procedente, Catastro Distrital

reconociera y liquidara el daño emergente y el lucro cesante.

Posteriormente, mediante complemento al avalúo 2014-2531, el 23

de diciembre de 2014, se adicionaron las sumas de $9.148.156 por

daño emergente y $15.620.500 por lucro cesante, en cumplimiento

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del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013 y con base en ello expidió la

Resolución 66526 de 28 de diciembre de 2015, por la cual modificó

el artículo 3° de la Resolución 108911 y fijó un nuevo precio

indemnizatorio por valor de $395.427.316.

Adujo que contra el acto administrativo de oferta de compra no

proceden recursos, situación que fue puesta en conocimiento al

actor y se le informó de las diferencias entre el registro topográfico

y las escrituras públicas, razón por la cual se solicitó a Catastro

Distrital la certificación de cabida y linderos, la cual fue negada por

inconsistencias entre los documentos aportados y la realidad física

del inmueble.

Sostuvo que el informe técnico de avalúo comercial 2014-2531 de

12 de noviembre de 2014 y su complemento de 23 de diciembre de

ese año, expedido por la Unidad Administrative Especial de Catastro

Distrital de Bogotá, fue elaborado por una entidad autorizada por la

ley y en cumplimiento de los lineamientos legales y técnicos que

rigen la materia valuatoria y goza de plena validez.

Precisó que en el proceso de expropiación administrativa se

respetaron todas y cada una de las etapas que establece la Ley 388

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de 1997 intentando en primera instancia la obtención de un

acuerdo de compra por enajenación voluntaria; y que de igual

forma se realizó el respectivo acompañamiento social al

demandante y a su familia, con el fin de mitigar los efectos que trae

consigo una expropiación por vía administrativa.

Anotó que si bien la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital de Bogotá allegó el 31 de diciembre de 2014 el

complemento al informe técnico de avalúo comercial 2014-2531 de

12 de noviembre de 2014, también es cierto que se encontraba en

trámite una solicitud de aclaración de cabida y linderos del predio a

expropiar, por lo que hasta que no se tuviera claridad sobre los

mismos no era posible expedir la resolución modificatoria, y así lo

demuestra el auto de 6 de febrero de 2015, por medio del cual, -de

conformidad con el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 y con el fin

de dar claridad al valor del terreno y construcción en ocasión a las

diferencias entre el registro topográfico 39946 y el titulo adquisitivo

de dominio-, se ordenó requerir a Catastro Distrital de Bogotá para

que allegara la mencionada certificación y así proceder a solicitar

las modificaciones al informe técnico de avalúo comercial núm.

2014-2531.

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Resaltó que el informe técnico de avalúo comercial 2014-2531 de

12 de noviembre de 2014 fue notificado dentro del término de su

vigencia, toda vez que la oferta de compra con la que se puso de

presente ese avalúo al propietario fue expedida el 12 de diciembre

de 2014 y notificada el 26 de diciembre de ese año, es decir dentro

del término de un año que establece el Decreto 1420 de 2008 en su

artículo 19.

Mencionó que, en el trámite adelantado por la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá para

certificar la cabida y linderos del predio a expropiar, se realizaron

dos visitas. La primera, el 18 de septiembre de 2015; y la segunda,

el 2 de octubre de ese año, ambas atendidas por el actor, las que

arrojaron como resultado que el área del predio era de 141.6 M2,

con lo que el propietario no estuvo de acuerdo y, por ende, no

aceptó el resultado.

Explicó que debido a que no se logró obtener el acuerdo con el

demandante, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

de Bogotá no pudo certificar la cabida y linderos del predio a

expropiar, por lo que se procedió a confirmar los linderos del

registro topográfico 39946 y, en consecuencia, se expidió la

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Resolución 66526 de 2015, adicionando al precio indemnizatorio las

sumas fijadas como daño emergente y lucro cesante en el

complemento del avalúo núm. 2014-2531

Resaltó que todas las actuaciones administrativas adelantadas y los

actos expedidos por parte del IDU en el proceso de expropiación

del predio ubicado en la calle 128B no. 89B -12 de Bogotá DC

identificado con el RT 39946, se realizaron con base en el informe

técnico de avalúo comercial 2014 - 2531.

Expresó que si bien es cierto se establece la fecha de vencimiento

del avalúo para dar inicio al proceso administrativo con la oferta de

compra, este se cumplió teniendo en cuenta que con la Resolución

108911 de 12 de diciembre de 2014 el IDU determinó la

adquisición del predio ubicado en la calle 128B no. 89B - 12 de

Bogotá DC y se formuló oferta de compra dirigida al titular del

derecho de dominio, la cual se notificó el 26 de diciembre de ese

año, es decir, dentro del año que establece el Decreto 1420 de

2008.

Aseveró que el proceso administrativo se inició al momento de

notificar la Resolución núm. 108911 de 12 de diciembre de 2014.

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Anotó que una vez surtido el trámite previsto en la Ley 388 de

1997 y teniendo en cuenta que no se pudo llegar a un acuerdo para

enajenar voluntariamente el inmueble, el IDU procedió a expedir la

Resolución 2111 de 22 de febrero de 2016, por medio de la cual se

ordenó la expropiación administrativa del predio identificado con el

RT39946 ubicado en la calle 128B No. 89B - 12 de Bogotá, fijando

como precio indemnizatorio el monto de $393,055,746

correspondiente a la suma de $370,658,660 por concepto de

terreno y construcción, el valor de $15,620,500 por concepto de

lucro cesante y la suma de $6,776,586 por concepto de daño

emergente, en concordancia con el informe técnico de avalúo

comercial núm. 2014-2531 de 12 de noviembre de 2014 y su

complemento de 23 de diciembre de 2014, elaborado por la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, y el informe

de reconocimiento económico de 18 de febrero de 2016, realizado

por el Grupo Económico de la Dirección Técnica de Predios del IDU.

Agregó que el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997 debe

entenderse sin perjuicio de los tramites presupuestales que

implican el desembolso del valor indemnizatorio, el cual se pondrá a

disposición del propietario una vez ejecutoriada la resolución de

expropiación, efectuados los respectivos tramites financieros y

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radicada la orden de pago en la Subdirección Técnica de

Presupuesto y Registro Contable de la Dirección Técnica

Administrativa y Financiera del IDU.

Sostuvo que el actor manifestó que la indemnización debía ser

previa a la transferencia del derecho de dominio, hecho que no fue

vulnerado dado que el pago se realizó el 5 de agosto de 2016 y la

entrega del predio solo se efectuó hasta el 7 de septiembre de ese

año.

Destacó que El IDU realizó los descuentos de ley, entre ellos la

retención en la fuente que es el equivalente al 20% del valor fijado

como lucro cesante (artículo 401-2 del Estatuto Tributario), y el

equivalente al 2.5% por concepto de enajenación de inmuebles

(Decreto 1512 de 1985 - artículo 2° del Decreto 2418 de 2013).

Propuso como excepciones las de i) falta de elementos que

desvirtúen la presunción de legalidad del acto acusado; ii) legalidad

de los actos demandados; y iii) la genérica o innominada, en los

siguientes términos:

i) Los actos acusados tienen plena eficacia al ser expedidos por la

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autoridad competente de acuerdo con las atribuciones conferidas a

la junta directiva del IDU por el Consejo Distrital, y en atención a lo

previsto en el artículo 58 de la Constitución Política el que prevé

que procede la expropiación cuando existan motivos de utilidad

pública o interés social definidos por la ley.

En desarrollo de lo previsto en el artículo 64 de la Ley 388 de 1997,

el Consejo Distrital mediante Acuerdo núm. 15 de 1999 asignó

competencia al alcalde Mayor de Bogotá para declarar la existencia

de condiciones de urgencia que autoricen la expropiación por vía

administrativa del derecho de dominio y demás derechos reales que

recaen sobre inmuebles ubicados en el Distrito Capital. En razón a

ello, el alcalde expidió el Decreto 450 de 16 de octubre de 2014 en

la que por razones de utilidad pública e interés social se requería la

adquisición de inmuebles para la ejecución de obras de valorización

previstas en el Acuerdo 180 de 2015, mediante expropiación

administrativa, entre las que se encuentran las obras de la avenida

el Rincón (AK 91 y AC 131A) desde la carrera 91 hasta la avenida

La Conejera (transversal 97).

Una vez declaradas las condiciones de urgencia y con fundamento

en lo previsto en el artículo 59 de la Ley 387 de 1997, en el artículo

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491 del Decreto Distrital 619 de 2000 y en el artículo 2° del

Decreto Distrital 316 de 19 de junio de 2007, el IDU recibió la

competencia para decretar la expropiación de inmuebles con miras

al cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 63 de la Ley

388 de 1997.

En cumplimiento de la competencia asignada, el IDU expidió la

Resolución 108911 de 12 de diciembre de 2014, por la cual se

determinó la expropiación administrativa y se formuló oferta de

compra del inmueble ubicado en la Calle 128 B No. 89 B-12 de la

ciudad de Bogotá, cuyo titular del derecho de dominio es el señor

José del Carmen Ardila Barajas, acto que fue notificado

personalmente el 26 de diciembre de 2014, posteriormente

modificado por la Resolución 66526 de 28 de diciembre de 2015 y

notificado el 7 de enero de 2016.

Que en atención a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1437 de

2022 y con el fin de dar claridad al valor del terreno y construcción

en atención a las diferencias entre el registro topográfico 39946 y el

título adquisitivo del dominio, ordenó requerir a Catastro Distrital

para que allegara la mencionada certificación y así proceder a

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solicitar las modificaciones al informe técnico de avalúo comercial

núm. 2014-2531 de 12 de noviembre de 2014.

Que al vencimiento del plazo para llegar a una enajenación

voluntaria se expidió la Resolución 2777 de 22 de febrero de 2016,

“por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa” acto

que fue notificado por aviso el 29 de abril de 2016; y el 21 de abril

siguiente se profirió la Resolución 4783 de 21 de abril de 2016, “por

la cual se resuelve un recurso de reposición”, la que se notificó

personalmente el actor, el 28 de abril de 2016.

Así las cosas, indicó que el precio indemnizatorio por vía

administrativa fue de $393,055,746 el cual incluyó: i) la suma de

$370,658,660 por concepto de avalúo del inmueble - terreno y

construcción; el monto de $15,620,500 por concepto de lucro

cesante de acuerdo con el informe de tasación; y ii) el valor de

$6,776,586 por concepto de daño emergente, de conformidad con

el informe técnico de avalúo comercial núm. 2014-2531 de 12 de

noviembre de 2014, su complemento de 23 de diciembre de 2014

elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

de Bogotá, y el informe de reconocimiento económico de 18 de

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febrero de 2016 realizado por el Grupo Económico de la Dirección

Técnica de Predios del IDU.

De igual manera precisó que los actos acusados gozan de la

presunción de legalidad, por cuanto el IDU cumplió el

procedimiento de expropiación e hizo el pago de conformidad con el

valor comercial; el avalúo practicado por la UAECD no presenta

ningún tipo de vacío, toda vez que fue realizado por profesionales

especializados e independientes con las facultadas atribuidas en el

Decreto 583 de 2011; la indemnización tuvo una base reparatoria

conforme a los principios de imparcialidad y equidad; y los actos

fueron expedidos por la autoridad competente con fundamento en

las facultades legales otorgadas al director técnico del IDU,

mediante la Resolución 1696 de 28 de mayo de 2009.

I.5. Mediante providencia de fecha 27 de julio de 2017 el

magistrado sustanciador abrió el proceso a pruebas, dentro de las

cuales ordenó correr traslado a la parte demandada del avalúo

aportado por el demandante y rendido por el perito avaluador Rene

Macías Montoya de fecha 24 de agosto de 2016.

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I.6. El IDU mediante oficio de fecha 11 de enero de 2018 descorrió

el traslado ordenado en el auto de apertura del período probatorio y

en los términos de lo previsto en el artículo 228 del CGP objetó por

error grave el dictamen pericial rendido por el perito Macías

Montoya, argumentando que el inmueble objeto de valoración se

localiza en el barrio o sector catastral Ciudad Hunza (009235) y no

dentro del sector considerado en el dictamen –barrio El Rincón- por

lo que se encuentra injustificado que se aplique para la realización

del avalúo el valor de $1.480.000.000, que según el perito

corresponde al metro cuadrado del barrio El Rincón de Bogotá; que

el perito desconoció los parámetros previstos en la Resolución 620

de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al

omitir realizar de manera independiente la valoración del terreno y

de la construcción, circunstancia que resulta relevante tratándose

de un bien no sometido al régimen de propiedad horizontal, razón

por la cual aplicó el valor del metro cuadrado de suelo al área

construida del inmueble, procedimiento que contraviene lo

dispuesto en la citada resolución; que el avalúo presenta una

solución arbitraria respecto a la diferencia de áreas de terreno, ya

que únicamente considera el área construida y le asigna un valor

por metro cuadrado sin explicar de manera transparente el criterio

o la metodología utilizada para determinar dicho valor; y que el

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dictamen carece del soporte técnico derivado del estudio de

mercado y del análisis estadístico que justificaría la fijación del

valor de $1.480.000 por metro cuadrado para el barrio El Rincón,

resultando además jurídicamente improcedente y temerario

establecer un valor comercial para un sector de aproximadamente

258.000 m², asignación que ni siquiera ha sido determinada por la

autoridad catastral competente.

II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal, mediante sentencia de 25 de octubre de 2018, declaró

probada la objeción por error grave formulada por el IDU contra el

avalúo al aportado por el actor en el escrito de la demanda y

denegó las pretensiones de la demanda4.

Adujo que la objeción por error grave estuvo llamada a prosperar

en razón a que de la revisión del certificado de libertad y tradición,

del sistema integrado de información catastral y de los actos

acusados, se evidenció que la nomenclatura oficial del predio

corresponde al Barrio Ciudad Hunza, Localidad de Suba, zona norte

de Bogotá y no al barrio El Rincón como lo afirmó erradamente el

perito Rene Macías Montoya en el dictamen pericial que se aportó

4
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con la demanda. Por ello, el valor del metro cuadrado fijado en

$1.480.000 no resulta idóneo, al haber sido calculado para un

sector distinto al de la ubicación real del inmueble, lo que

constituye fundamento suficiente para la prosperidad de la

objeción.

Precisó que el perito Macías Montoya presentó un avalúo comercial

del inmueble objeto de expropiación aplicando el método de

comparación o de mercado, con base en ofertas de inmuebles

similares en el sector, fijando un valor de $1.480.000 por metro

cuadrado y determinando un total de $481.592.000 sobre un área

construida de 325,40 m². Sin embargo, advirtió que dicho dictamen

no se ajustó a las metodologías establecidas en la Resolución 620

de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual dispone

que para inmuebles no sometidos al régimen de propiedad

horizontal el terreno debe valorarse mediante el método de

comparación y la construcción mediante el método de costo de

reposición, analizando ambos de manera independiente; y que el

perito, contrariando esta exigencia, valoró conjuntamente el terreno

y construcción aplicando únicamente el método de mercado.

Además, indicó que el dictamen carece de soporte técnico pues,

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aunque el perito afirmó haber realizado un estudio de mercado

inmobiliario, no aportó pruebas ni documentos que acreditaran la

información utilizada, incumpliendo los requisitos de la Resolución

620 de 2008 que exige la identificación, clasificación y verificación

de las ofertas o transacciones empleadas.

En tales condiciones, concluyó que la valoración realizada por el

señor René Macías Montoya fue inapropiada y contraria a la

normativa vigente, razón suficiente para declarar probadas las

objeciones por error grave formuladas por la parte demandada

contra el dictamen pericial aportado por el actor.

Asimismo, denegó las pretensiones de la demanda, con

fundamento en los siguientes argumentos:

1) De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto

1420 de 1998, se establece que para la solicitud de avalúos deben

allegarse los documentos como identificación del inmueble, copia de

la cédula catastral, copia de la cédula catastral, certificado de

libertad y tradición vigente, plano del predio con áreas de terreno y

construcciones, reglamentación urbanística vigente y en ciertos

casos, información sobre el tiempo de afectación del inmueble. En

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cumplimiento de estos requisitos el IDU realizó un levantamiento

topográfico del predio identificado como RT 39946 encontrando un

área real de 139.07 m2, mientras que el título de adquisición

reportaba 151.30 m2 lo que generó una diferencia que llevó a

solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital la

certificación de cabida y linderos conforme a la Resolución 0193 de

2014 del IGAC.

En octubre de 2015 se presentó al propietario una propuesta

técnica para certificar un área de 141.6 m2, pero este no la aceptó

insistiendo en que el predio debía negociarse según el área de la

escritura y no la verificada por catastro lo que impidió concluir el

trámite y obtener la certificación. Ante la ausencia de esta y

aplicando los principios de lógica y primacía de la realidad el avalúo

debía realizarse con base en el levantamiento topográfico RT 39946

que determinó un área de 139.07 m2, lo cual se ajusta a lo

dispuesto en el artículo 6° de la Resolución 620 de 2008 del IGAC

que ordena el reconocimiento en terreno y la verificación de

mediciones.

En consecuencia, consideró que el cargo no prospera porque no es

posible reconocer suma alguna por un área que si bien figura en el

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título jurídico de adquisición no se encuentra acreditada

físicamente.

2) Descartó el argumento según el cual se desconocieron los

componentes de la indemnización en la expropiación administrativa,

toda vez que según da cuenta el informe de avalúo núm. 2014-

2531 de 12 de noviembre de 2014 y su adición de 23 de diciembre

de ese año, expedido por Catastro Distrital de Bogotá, con

fundamento en el cual se expidieron los actos acusados, el valor

total del avalúo incluyó de manera independiente el valor comercial

del terreno, la construcción y la indemnización por lucro cesante y

daño emergente, como legalmente era de rigor. Es así como en el

acto acusado en concordancia con el citado avalúo se estableció que

el precio indemnizatorio era de $393,055,746, el cual incluía

$370,658,660 por concepto de avalúo comercial del terreno y

construcción (monto de dinero resultante de sumar el valor del

terreno más el valor de la construcción como se desprende del

informe de avalúo), $6,776,586 por concepto de daño emergente

(suma de dinero establecida luego de efectuarse los descuentos

relacionados en el acto acusado), y $15,620,500 por concepto de

lucro cesante.

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3) Respecto del desconocimiento del ordenamiento jurídico

aplicable a la vigencia de los avalúos, precisó que el artículo 19 del

Decreto 1420 de 1998 establece que los avalúos tienen vigencia de

un año contado desde su expedición o desde la decisión de revisión

o impugnación, disposición que fue compilada en el Decreto 1170

de 2015. En el caso concreto el avalúo comercial 2014-2531 fue

expedido el 12 de noviembre de 2014 y complementado el 23 de

diciembre de ese año, por lo que en principio su vigencia iba hasta

el 12 de noviembre de 2015; sin embargo, ante la diferencia de

áreas entre el título adquisitivo y el registro topográfico 39946 el

IDU solicitó el 6 de febrero de 2015 a Catastro Distrital el trámite

de certificación de cabida y linderos, lo que suspendió el contenido

y vigencia del avalúo hasta que se culminara dicha actuación; el 2

de octubre de 2015 Catastro presentó al propietario una propuesta

técnica de actualización de cabida y linderos para certificar un área

de 141.6 m2, pero este no la aceptó, concluyéndose así el trámite y

levantándose la suspensión del avalúo. Para ese momento habían

transcurrido 2 meses y 24 días desde la expedición del avalúo,

quedando un término faltante de 9 meses y 6 días que debía

adicionarse a partir del 2 de octubre de 2015, lo que extendía su

vigencia hasta el 8 de julio de 2016.

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En gracia de discusión, señaló que aunque la Resolución 4783 que

resolvió el recurso de reposición contra el acto de expropiación se

profirió el 21 de abril de 2016, es decir 5 meses y 9 días después

de superada la vigencia inicial del avalúo, consideró que los actos

fueron expedidos en un tiempo razonable porque la dilación

obedeció exclusivamente a la controversia sobre el área del predio

planteada por el mismo propietario mediante derecho de petición

del 10 de febrero de 2015, lo que obligó a surtir el trámite de

certificación de cabida y linderos, y además porque la adquisición

del predio se realizó en beneficio del interés general para la

construcción de la avenida El Rincón, razones estas que tuvo para

considerar que la censura no estaba llamada a prosperar.

4) Respecto del desconocimiento del plazo para aceptar la oferta

de compra, indicó que en lo que respecta a la expropiación

administrativa, los artículos 66 y 68 de la Ley 388 de 1997

disponen que la determinación de adelantar el procedimiento por

esta vía debe hacerse mediante acto administrativo formal que se

notifique al propietario y que constituye la oferta de compra, y si

transcurridos treinta días hábiles desde la ejecutoria de dicho acto

no se logra un acuerdo formal de enajenación voluntaria contenido

en un contrato de promesa de compraventa, la autoridad

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competente podrá disponer la expropiación administrativa. Que el

artículo 67 ibidem complementa lo anterior, al señalar que el acto

que determine el carácter administrativo debe indicar el precio

indemnizatorio, el cual debe corresponder al avalúo comercial

practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad

que cumpla sus funciones o peritos inscritos en lonjas o

asociaciones.

Adujo que, en el caso concreto, el IDU expidió la Resolución

108911 de 12 de diciembre de 2014, mediante la cual se decidió la

adquisición del inmueble por expropiación administrativa y se

formuló la oferta de compra, acto notificado personalmente al

propietario el 26 de diciembre de 2014, en el que se le concedió

expresamente el plazo de treinta días hábiles para llegar a un

acuerdo formal de enajenación voluntaria, cumpliéndose así lo

dispuesto en la ley. En el mismo acto se fijó el precio

indemnizatorio con base en el avalúo comercial 2014-2531

practicado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital, el cual fue complementado el 23 de diciembre de 2014

para incluir indemnización por lucro cesante y daño emergente.

Posteriormente, mediante la Resolución 66526 de 28 de diciembre

de 2015, notificada el 7 de enero de 2016, se modificó la

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Resolución inicial para incluir en el precio indemnizatorio no solo el

valor del terreno y la construcción sino también los conceptos de

lucro cesante y daño emergente, otorgando nuevamente al

propietario la posibilidad de aceptar o no la enajenación voluntaria

con fundamento en el nuevo valor.

De lo anterior, el Tribunal concluyó que en el trámite de

expropiación administrativa sí se respetaron las garantías del

propietario, otorgándole la oportunidad de llegar a un acuerdo

formal de enajenación voluntaria dentro del plazo legal, y que la

fijación del precio no podía ser objeto de negociación libre entre las

partes porque la ley establece que debe corresponder al avalúo

comercial determinado por la entidad competente, razón suficiente

para que ese cargo de nulidad no esté llamado a prosperar.

5) En lo que hace referencia a la vulneración de los numerales 2 y 5

del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, señaló que en el caso

concreto la Resolución 2777 de 22 de febrero de 2016 dispuso que

el pago se efectuaría por la tesorería del IDU por el 100% del valor

indemnizatorio equivalente a $393.055.746, acto confirmado por la

Resolución 4783 de 21 de abril de 2016, la cual quedó ejecutoriada

el 29 de abril de 2016. Posteriormente, el 22 de julio de 2016 se

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expidió la orden de pago 2062; y el 5 de agosto de 2016 el

demandante suscribió el acta de entrega del cheque por

$380.665.179, quedando constancia del desembolso. Así evidenció

que, aunque el pago no fue inmediato, sí se realizó dentro de un

término razonable y lógico, pues la administración debía esperar la

ejecutoria del acto y adelantar los trámites financieros y contables

internos, como lo demuestra la Resolución 1047 de 28 de junio de

2016 con la cual se reconoció el pago de pasivos externos para

ordenar el desembolso.

En consecuencia, consideró que el lapso entre la ejecutoria del acto

y la entrega del pago, esto es del 29 de abril al 22 de julio de 2016,

resulta prudente y razonable dadas las exigencias propias de la

administración pública, motivo por el cual manifestó que el cargo no

está llamado a prosperar.

6) En cuanto a la improcedencia alegada respecto de los descuentos

aplicados al precio indemnizatorio, precisó que tales erogaciones

tienen fundamento legal y constituían obligación del IDU, en la

medida en que corresponden a cargas tributarias de obligatorio

cumplimiento a cargo del propietario. Para el efecto, indicó que el

descuento del 2.5% por concepto de enajenación de inmuebles está

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previsto en el artículo 2° del Decreto 2418 de 2013, el cual

establece que cuando el pago corresponda a la adquisición de

bienes raíces distintos a vivienda de habitación, la retención será

del 2.5%. En el presente caso, el inmueble expropiado estaba

destinado a la construcción de la obra pública denominada Avenida

El Rincón, razón por la cual resultaba aplicable la citada disposición.

De igual manera, el descuento del 20% sobre el valor fijado como

lucro cesante, por concepto de retención en la fuente, se encuentra

previsto en el artículo 401-2 del Estatuto Tributario, que dispone la

aplicación de dicha tarifa a las indemnizaciones percibidas por

residentes en el país.

En consecuencia, consideró que las deducciones efectuadas al

precio indemnizatorio del inmueble expropiado se ajustaron

plenamente a la ley y constituyen obligaciones tributarias de

carácter imperativo.

7) Descartó el dictamen pericial aportado por la parte actora,

elaborado por la firma SERFIN LTDA dentro de la actuación

administrativa, al precisar los siguientes aspectos:

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El precio indemnizatorio fue estimado en $427.533.700; sin

embargo, no allegó al plenario los soportes que justifiquen el mayor

valor asignado al avalúo del lote de terreno por $219.399.500, de la

construcción de primer y segundo pisos por $179.006.400 y de la

construcción del tercer piso por $29.127.800. El perito manifestó

que los criterios utilizados para la estimación fueron, entre otros,

las características generales del sector de localización, la

delimitación del sector homogéneo, los barrios o urbanizaciones

adyacentes, las actividades predominantes, las vías de acceso y su

influencia, la infraestructura urbanística, el transporte público, la

actividad edificadora y las perspectivas de valorización. No

obstante, no allegó prueba alguna que acreditara tales

circunstancias ni elementos técnicos que respaldaran dichas

afirmaciones.

El dictamen señaló que aplicó el método de comparación o de

mercado para establecer el valor comercial del bien, el canon de

arrendamiento y la relación entre ambos, a partir del estudio de

ofertas o transacciones recientes de inmuebles semejantes y

comparables, indicando que se tuvieron en cuenta ofertas de

inmuebles dentro de la urbanización y sectores similares, realizando

la comparación con base en factores como área del terreno y

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construcción, distancia a ejes viales, características de la

edificación, antigüedad, estado de conservación, remodelaciones,

normatividad aplicable, frente sobre vías públicas y disposición en

la manzana. Sin embargo, tampoco aportó prueba alguna que

acreditara la existencia de dichas ofertas o transacciones ni

elementos técnicos que sustentaran tales conclusiones.

El dictamen refirió la utilización del método de costo de reposición

para establecer el valor comercial del inmueble, consistente en

estimar el costo total de construcción a precios actuales de un bien

semejante y restarle la depreciación acumulada, aplicando las

ecuaciones de depreciación previstas en la Resolución 620 de 2008

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las tablas de Fitti y

Corvini. No obstante, tampoco se allegaron pruebas o soportes

técnicos que acreditaran la aplicación de tales parámetros.

En consecuencia, al carecer las conclusiones del avalúo de un

debido y necesario respaldo probatorio, concluyó que las mismas

constituyen simples apreciaciones subjetivas del avaluador, sin

sustento técnico ni jurídico que les otorgue validez dentro del

proceso.

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Por último, señaló que el demandante no logró desvirtuar la

legalidad del avalúo oficial el cual que se fundamentó en

información jurídica, descripción del sector, reglamentación

urbanística, características del inmueble y métodos técnicos de

valoración, cumpliendo con lo previsto en el Decreto 1420 de 1998

y la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi.

Indicó que el informe técnico aplicó el método comparativo o de

mercado para determinar el valor del terreno, basado en ofertas y

transacciones recientes de bienes semejantes, encontrando un

promedio de $1.418.147 por metro cuadrado, con un límite inferior

de $1.406.490 y superior de $1.429.802, asignando finalmente un

valor de $1.410.000 por metro cuadrado, teniendo en cuenta su

ubicación sobre vía comercial secundaria.

Adujo que para el valor de las construcciones se aplicó el método

de costo de reposición, consistente en estimar el costo total de una

obra semejante a precios actuales y descontar la depreciación física

y por estado de conservación, utilizando las tablas de Fitto y Corvini

y los costos por tipología elaborados por la UAECD, criterio que

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también se aplicó para otras construcciones con base en el método

de Heidecke.

Concluyó que el avalúo se realizó conforme al Decreto 1420 de

1998 y la Resolución 620 de 2008, definiéndose el precio

indemnizatorio del terreno mediante el método comparativo de

mercado y el de las construcciones mediante el costo de reposición,

considerando edad, vida útil, estado de conservación, depreciación

y valor de reposición, arrojando un resultado de $370.658.660.

Destacó que el valor del terreno fue soportado en estudio técnico

de ofertas y transacciones de bienes semejantes y comparables,

mientras que el valor de las construcciones, consistentes en una

bodega de doble altura y un edificio de tres pisos, se acreditó

mediante estudio técnico documentado en el expediente,

complementado con el denominado “avalúo indemnización” que

incluyó daño emergente y lucro cesante.

Refirió que la indemnización realizada por el IDU estuvo

debidamente soportada en un avalúo ajustado a la Ley 388 de

1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008,

obteniéndose el avalúo comercial del terreno y las construcciones

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conforme a los métodos legales y reconociéndose además los

perjuicios causados, incluyendo la pérdida de utilidad derivada del

arrendamiento, razón por la cual el dictamen de la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital que sirvió de

fundamento para los actos acusados incluyó tanto el valor comercial

del inmueble como la indemnización por daño emergente y lucro

cesante.

III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia

y que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad de los

actos acusados. Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia,

así5:

Precisó que lo pretendido es la nulidad parcial de la Resolución

2777 de 22 de febrero de 2016, mediante la cual se ordenó la

expropiación administrativa del inmueble ubicado en la calle 128 B

N° 89 B 12 de Bogotá, confirmada por la Resolución 4783 de 21 de

abril de 2016, pues su finalidad es que el IDU reconozca las áreas

reales de su predio.

5
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Afirmó que parte del terreno expropiado no fue avaluado ni pagado

en debida forma, razón por la cual solicita que se ordene el pago

del justo precio de las áreas determinadas en las escrituras 3857 de

1996 y 3952 de 1991, en el avalúo allegado por SERFIN, así como

en el certificado de matrícula inmobiliaria 50N-478492.

Precisó que el avalúo realizado por el IDU mediante RT 39946 núm.

2014-2531 recogió los linderos descritos en la escritura y en el

certificado de tradición, pero omitieron el lindero norte de 7.45

metros, mientras que el avalúo de SERFIN LTDA sí incluyó todos los

linderos, por lo que es el documento idóneo para rebatir el avalúo

oficial para efectos del pago de un precio justo en la indemnización.

Relató que presentó derecho de petición al IDU manifestando su

inconformidad porque no se reconocía el área consignada en las

escrituras; y que en el trámite de certificación de cabida y linderos

se propuso un área de 141.6 m2, distinta a la inicialmente

registrada por Catastro en 139.07 m2, sin que se llegara a un

acuerdo, pues aceptar esa medida implicaba renunciar a lo

adquirido de buena fe en las escrituras.

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Sostuvo que el IDU conocía de estas áreas adicionales y pudo

modificar la Resolución 108911 de 2014, pero no lo hizo, generando

afectación al propietario pese a las discrepancias evidentes entre el

registro topográfico y las escrituras.

Por último, argumentó que el avalúo comercial perdió vigencia al

haber transcurrido más de un año pues, aunque la entidad solicitó a

Catastro la certificación de cabida y linderos para modificarlo, este

trámite estuvo suspendido entre el 6 de febrero y el 2 de octubre

de 2015, lapso de siete meses y veintiséis días que considera

injusto y desigual.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora, reiteró los argumentos esgrimidos

en el recurso de apelación6.

IV.2- Por su parte, El IDU indicó que los actos acusados se

ajustaron a derecho teniendo en cuenta que fueron expedidos con

el lleno de los requisitos legales; y que en el proceso no se acreditó

ninguna falencia en el avalúo oficial, en el trámite adelantado, ni
6
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tampoco en la apelación se señaló omisión probatoria o error de

interpretación normativa7.

IV.3.- El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Actos demandados

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

La Resolución núm. 2777 de 22 de febrero de 2016, expedido por la

directora técnica de Predios del IDU, por medio de la cual ordenó la

expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la Calle

128 B 89B -12, identificado con la cédula catastral 122 T89B 12,

CHIP AAA0136FZLW y matrícula inmobiliaria 50N-478492, en los

siguientes términos8:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -1 DU
del inmueble ubicado en la CL 128B 89B 12, de la Ciudad de
Bogotá D.C., con un área de 139.07M2 de terreno, identificado
con la cedula catastral 122 T89B 12, CHIP AAA0136FZLW y
matricula inmobiliaria 50N-478492, donde aparece delimitado y
alinderado, con un drea de terreno de 139.07 m2 y una

7
Índice 23 del sistema digital SAMAI. ED_C04_12Otros_CuadernoEnBLoque
8
Índice 23 del sistema digital SAMAI.ED_C01_01Demanda_ConPoderYAnexos (.pdf) folios 146-149

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construcción de (piso 1 y 2) de 352.70 m2, (piso 3) 84.92 m2 y
un (antepecho) 7.49 m2, conforme al Registro Topográfico
numero 39946 elaborado por la Dirección Técnica de Predios en
el mes de noviembre de 2014, cuyos linderos específicos son;
POR EL NORTE: Del punto B al punto C en línea recta y distancia
de (7.45 mts.), con propiedad particular; POR EL ORIENTE: Del
punto C al punto D en línea recta y distancia de (18.43 mts)
lindando con propiedad particular. POR EL SUR: Del punto D al
punto A en línea recta y distancia de (7.49 mts.), con CL 128B
POR EL OCCIDENTE: Del punto A al punto B en línea recta y
distancia de (18.82 mts.), con propiedad particular.
El titular inscrito del inmueble objeto de expropiación es el
Señor JOSE DEL CARMEN ARDILA BARAJAS identificado con la
cedula de ciudadanía No 91.340.582.

ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO -
El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es de TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($393.055.746.oo)
MONEDA CORRIENTE, de acuerdo con el Avalúo Comercial No.
2014-2531 del 23 de diciembre de 2014, que complementa el
informe técnico de avalúo No 2014-2531 del 12 de noviembre
de 2014, elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CATASTRO DISTRITAL - Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica y el informe de
Reconocimiento Económico del 18 de febrero de 2016, el citado
valor incluye:
1.La suma de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
($370.658.660.oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
avalúo comercial terreno y construcción.
2.La suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($6.776.586.oo)
MONEDA CORRIENTE por concepto de daño emergente.
3. La suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS PESOS ($15.620.500.oo) MONEDA CORRIENTE,
por concepto de Lucro Cesante.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no
implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión a la transferencia del dominio: "En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho,
e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio” teniendo en cuenta

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que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble
con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos
domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable
del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos el señor JOSÉ DEL CARMEN ARDILA
BARAJAS identificado con la cédula de ciudadanía 91.340.58.

ARTÍCULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. El trámite de pago se
efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden (es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS ($393.055.746) MONEDA CORRIENTE el citado valor,
será puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición del señor JOSÉ DEL CARMEN ARDILA
BARAJAS identificado con la cédula de ciudadanía
No.91.340.582, una vez ejecutoriada la presente resolución y
efectuados los respectivos trámites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO: - Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición del señor JOSÉ DEL CARMEN
ARDILA BARAJAS identificado con la cédula de ciudadanía
91.340.582, no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, este se consignará en la entidad financiera
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2º del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, remitiéndose
copia de la consignación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado
formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización; en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
Código Civil Colombiano

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ARTÍCULO CUARTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES; El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, según Certificado de
Registro Presupuestal No. 5054 del 17 de diciembre de 2014 y
No 5723 del 30 de diciembre de 2015, emitido por la Dirección
Técnica Administrative y Financiera, Subdirección Técnica de
Presupuesto y Contabilidad del IDU.

ARTÍCULO QUINTO.- DESTINACIÓN.- El inmueble referido, será
destinado para la construcción de la obra: AVENIDA EL RINCON
(AK 91 Y AC 131 A) DESDE LA CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA
LA CONEJERA (TRANSVERSAL 97), de acuerdo con la Resolución
No. 0811 del 15 de Julio de 2014, expedida por la Secretaria
Distrital de Planeación.

ARTÍCULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA,
GRAVÁMENES Y LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 num. 4 de la
ley 388 de 1997, se ordena cancelar la Anotación número 14 de
fecha 02 de enero de 2015, Radicación: 2015-43 del Folio de
Matricula Inmobiliaria 50N-478492 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona Norte, donde se encuentra
registrada la Resolución No 108911 del 12 de diciembre de
2014, "POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN
INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR
VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE
COMPRA".

ARTÍCULO SÉPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCIÓN - De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley
388 de 1997, ORDENASE al (a) señor (a) Registrador (a) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 50N-478492 con lo que se surtirán los efectos
atinentes a la transferencia del derecho de dominio en cabeza
del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, identificado con
Nit: 899.999.081-6.

ARTÍCULO OCTAVO. ENTREGA. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997,
efectuado el registro de la presente resolución el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1°), para lo cual en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades
de policía.

ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de
conformidad con las reglas establecidas en el artículo 66 y ss del

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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrative al señor JOSÉ DEL CARMEN ARDILA BARAJAS
Identificado con la cédula de ciudadanía No 91.340.582,
haciéndole saber que contra la presente solo precede el recurso
de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha
de notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69
de la ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.

Resolución núm. 4783 de 21 de abril de 2016, expedida por la

directora técnica de Predios del IDU, por medio del cual resolvió9:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la
Resolución No 2777 del 22 de febrero de 2016, por la que se
ordenó la expropiación administrativa del inmueble ubicado en
la CL 128B 89B 12, de la ciudad de Bogotá D.C, identificado con
la cedula catastral 122 T89B 12, CHIP AAA0136FZLW y
matricula inmobiliario 50N-478492, la cual fue notificada por
aviso al señor JOSÉ DEL CARMEN ARDILA BARAJAS identificado
con la cedula de ciudadanía No 91.340.582, el día 29 de marzo
de 2016, conforme al registro topográfico número 39946,
elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de
noviembre de 2014, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución al
señor JOSÉ DEL CARMEN ARDILA BARAJAS identificado con la
cedula de ciudadanía No 91.340.582, de acuerdo con las reglas
establecidas en el artículo 68 y ss del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, informándole
que contra la presente providencia no procede recurso alguno y
queda agotada la actuación administrativa, según lo establecido
en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997 […]”.

V.2.- Problemas jurídicos

Con base en los argumentos planteados por el actor en su recurso

9
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de apelación, corresponde a la Sala determinar:

➢ Si el avalúo presentado con la demanda por la Empresa

SERFIN LTDA, de fecha 9 de enero de 2015, es suficiente

para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos

demandados, en relación con el precio de la indemnización

reconocida y en atención a los linderos y áreas reconocidas.

➢ Si el avalúo comercial oficial núm. 2014-2531 perdió vigencia

por el transcurso de más de un año desde su expedición, o si

dicho término se encontraba válidamente suspendido

mientras se adelantaba el trámite administrativo de

certificación de cabida y linderos ante la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital, conforme a lo

previsto en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998.

Para resolver los interrogantes planteados, la Sala hará referencia

al marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para enseguida abordar el estudio del caso concreto.

Del procedimiento de expropiación administrativa,

generalidades

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El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que10 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido

el carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

10
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

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Acorde con el desarrollo de este precepto constitucional,

inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la

adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad

pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley

388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el

procedimiento que debe ser atendido con el propósito de llevar a

cabo la expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria11, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la

destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto

administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;
11
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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v) la orden de notificar a los titulares del derecho de dominio u

otros derechos reales del predio y la información sobre los recursos

procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada

el artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:

1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad que ha
dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el registro de
la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El
registrador exigirá que la entidad acredite que el propietario o
los titulares de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han
retirado el valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.

2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al

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auxilio de las autoridades de policía si es necesario.

4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.

5.La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que
el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá
reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para
los efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro
ordenado […]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el

cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos

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previstos en el artículo 6112 de la presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características

esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación

del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,

previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende su

valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida,

con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.

Al respecto esta Sección13 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la
cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el
hecho de que en estos casos el interés general deba
prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo
alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las

12
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la
Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.

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garantías que la Constitución reconoce en favor del
propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir
a título personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.

Ahora, para la Sala se hace necesario traer a colación los criterios

expuestos por esta Sección en relación con la acción especial

contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del

derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

interpuesto. Al respecto, se ha manifestado14:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada
las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo
que ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando
la demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste
del precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el
principio de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho,

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.

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es uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.

Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo

acusado, que decretó la expropiación, este se encuentra amparado

por la misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de

las decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como

válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien

recurre, en este caso, al demandante, demostrar en el proceso que

el avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorreciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento

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para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.15
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección16 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]”17

Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron

reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios

para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse

el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso

de expropiaciones administrativas.

15
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01

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Ahora bien, mientras en el artículo 2018 del decreto en mención

está establecido que en el avalúo debe indicarse el método

utilizado, el artículo 2319 de la misma norma facultó al IGAC para

expedir a través de resolución las disposiciones metodológicas para

la realización de estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente

expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones

que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en

la actualidad establece los procedimientos para los avalúos

ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los

avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de

rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de

costo o reposición.

Caso concreto

18
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación
[…]”.
19
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución
que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este
decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

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La Sala pasa a resolver los problemas jurídicos planteados y así

atender los reproches que el actor plasmó en el recurso de

apelación.

Del avalúo comercial en la determinación del valor a

reconocer por la expropiación.

En el presente asunto se controvierte si dentro del proceso de

expropiación adelantado por el IDU se garantizó el pago del justo

precio respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria 50N-478492, por lo que resulta necesario establecer si

el avalúo oficial practicado por la entidad demandada se ajusta a lo

previsto en la Ley 388 de 1997 y sus disposiciones

complementarias, o si, por el contrario, debe ser desvirtuado con

fundamento en el avalúo comercial núm. 152040 elaborado por la

sociedad SERFIN LTDA de fecha 9 de enero de 2015.

La relevancia de esta discusión radica en que un avalúo que emplee

los métodos integrales previstos por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi (IGAC) tiene la aptitud de controvertir la presunción de

acierto del avalúo oficial y de garantizar la indemnización plena

consagrada en la Constitución Política y desarrollada en los

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términos de la Ley 388 de 1997.

En consecuencia, corresponde a la parte recurrente, demostrar

dentro del proceso que el avalúo oficial carece de validez,

acreditando de manera precisa las incorrecciones que lo afectan.

En el presente caso, se encuentra que la Dirección Técnica de

Predios del IDU de Bogotá, mediante Resolución núm. 2777 del 22

de febrero de 2016, ordenó la expropiación por vía administrativa,

en favor del IDU, del inmueble ubicado en la Calle 128B No. 89B-

12 de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula catastral 122

T89B 12, Chip AAA0136FZLW y matrícula inmobiliaria No. 50N-

478492.

El predio comprende un área de terreno de 139,07 m², con

construcción en primer y segundo pisos de 352,70 m², tercer piso

de 84,92 m² y un antepecho de 7,49 m², de propiedad del señor

José del Carmen Ardila Barajas y la destinación del inmueble

correspondió a la ejecución de la obra denominada Avenida El

Rincón (AK 91 y AC 131A), proyectada desde la Carrera 91 hasta la

Avenida La Conejera (Transversal 97), en la ciudad de Bogotá.

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Para efectos indemnizatorios, se fijó como precio la suma de

$393.055.746, discriminada de la siguiente manera:

• $370.658.660 por concepto de terreno y construcción.

• $15.620.500 por lucro cesante.

• $6.776.586 por daño emergente.

Dicha valoración se realizó conforme al avalúo comercial 2014-2531

de 12 de noviembre de 2014, con la adición introducida el 23 de

diciembre de año, practicado por la Unidad Administrativa Especial

de Catastro Distrital.

El acto administrativo 2777 fue confirmado por la Resolución 4783

de 21 de abril de 2016, a través del cual se desató el recurso de

reposición.

El precio indemnizatorio tuvo como fundamento el avalúo comercial

núm. 2014-2531 de 12 de noviembre de 2014 con la adición

introducida el 23 de diciembre de 2014, dictaminado por Catastro

Distrital20.

20
Índice 23 del sistema digital SAMAI.ED_C01_01Demanda_ConPoderYAnexos (.pdf) folios 49-68 y
69-75

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El análisis contenido en el avalúo permitió verificar que para la

determinación del valor comercial del inmueble —conformado por

un área de terreno de 139,07 m², construcciones en primer y

segundo piso con un área de 352,70 m², tercer piso con un área de

84,92 m² y un antepecho de 7,49 m²— se tuvieron en cuenta y

ponderaron aspectos tales como i) la información general en la que

se identificó el solicitante del avalúo, la radicación, el propósito del

avalúo, tipo de inmueble, dirección, chip, cédula catastral, código

barrio y/o sector catastral (ciudad Hunza -009235) destino

económico, fecha visita – 1 noviembre de 2015; ii) la información

jurídica; iii) la descripción del sector; iv) la reglamentación

urbanística; v) la descripción del inmueble en la que se determinó

la ubicación – predio medianero con frente a vía comercial

secundaria CL 128B), los linderos, la topografía -plana, la forma

geométrica, el frente, el fondo, el área de terreno (139,07 m2), los

servicios públicos; vi) las características generales de la

construcción, la que incluyó la descripción, el área de construcción,

el equipamiento comunal, además de los siguientes aspectos:

-Distribución:

Piso 1: 2 locales con baño, corredor, baño, tres alcobas, comedor, cocina y
patio.
Piso 2: Sala. Comedor, cocina, cinco alcobas y baño
Piso 3: Sala, Comedor, cocina, baño, dos alcobas, lavadero y terraza cubierta
Bodega a doble altura con una construcción de tipo oficina con baño y taller

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Edad aproximada de construcción: 25 años
Edad aproximada piso 3: 15 años

-Área de construcción: Fuente- registro topográfico núm. 39946

ITEM AREA
PISOS 1 Y 2 352,70
AREA TOTAL 352,70

ITEM AREA
PISOS 3 84,92
AREA TOTAL 84,92

-Otros

ITEM AREA
Antepecho 7,49
AREA TOTAL 7,49

• Las condiciones generales

-Los resultados finales del avalúo

-Los métodos de avalúos, cálculo y justificación de resultados en

donde se establecieron los métodos utilizados para establecer el

valor del terreno y la construcción.

En cuanto a este último aspecto, determinó los siguientes aspectos

puntuales:21

"El presente informe cumple con las normas legales del Decreto
1420 de 1998 y las metodologías establecidas en la Resolución
620 de 2008 del Instituto geográfico Agustín Codazzi. En
desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes métodos para

21
Índice 23 del sistema digital SAMAI.ED_C01_01Demanda_ConPoderYAnexos (.pdf) folios 56-57

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determinar los valores reportados:
7.1 Para el valor del terreno: el método de comparación o de
mercado es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
objeto del avalúo, tales ofertas o transacciones deberán ser
calificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.
De acuerdo con el estudio de mercado anexo, se encontraron 2
ofertas sobre vías comerciales secundarias, dando un promedio
de $1,418,147 M2, con un límite inferior de $1,406,490 M2 y
límite superior de $1,429,802 y un coeficiente de variación de
0.82%.
Por lo anterior y teniendo en cuenta su ubicación sobre vía
comercial secundaria se le asigno un valor por metro cuadrado
de terreno de $1.410.000,oo M2.
7.2 Para el valor de la construcción: el método de costo de
reposición es el que busca establecer el valor comercial del bien
objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, un bien semejante el del objeto
de avalúo y restarle la depreciación física y por estado de
conservación, basadas en las tablas de Fitto y Corvini, según la
Resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC.
Para determinar el valor de reposición se realizó un presupuesto
de obra tomando como referencia los costos por tipología
elaborados por la UAECD.

Para determinar el valor de reposición se realizó un presupuesto
de obra tomando como referente los costos por tipología
elaborados por la UAECD.
7.3 Para el valor de otras construcciones: El método de costo de
reposición es el que busca establecer el valor comercial del bien
objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto
de avalúo, y restarle la depreciación física y por estado de
conservación.
Para el presente case se utilizará el criterio de heidecke, según
lo establecido en la siguiente tabla:
(....) Para determinar el valor de reposición se utilizaron como
referencia los costos por tipología elaborados por la UAECD.

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[…]”.

De la revisión de la mentada información, se evidencia que el

avalúo se realizó conforme a lo dispuesto en el Decreto 1420 del 24

de junio de 1998 y en la Resolución IGAC 620 del 23 de septiembre

de 2008, teniendo en cuenta que i) el precio indemnizatorio del

terreno se definió mediante el método comparativo de mercado,

con base en el estudio de ofertas y transacciones vigentes para la

época del avalúo, respecto de bienes semejantes y comparables al

objeto de valoración y ii) en cuanto a las construcciones, el precio

se estableció aplicando el método de costo de reposición, a partir

de la estimación del costo total de la obra, considerando la

descripción del inmueble, su antigüedad, vida útil, estado de

conservación, depreciación, valor de reposición, entre otros

aspectos pertinentes.

Así las cosas, con fundamento en las características previamente

señaladas del inmueble, este fue avaluado en la suma de

$370.658.660, aplicando el método comparativo de mercado para

la valoración del terreno y el método de costo de reposición para

las construcciones, de la siguiente manera:

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El valor correspondiente al terreno fue sustentado mediante un

estudio técnico de las ofertas y transacciones existentes a la época

del avalúo, respecto de bienes semejantes y comparables al objeto

de valoración, aplicando el método comparativo de mercado.

Asimismo, con la adición al informe técnico de avalúo comercial, se

allegó el denominado “avalúo de indemnización”, en el cual se

incluyó la valoración por daño emergente y lucro cesante en los

siguientes términos:22

22
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En ese contexto se resumió el valor comercial en los siguientes

términos:

Cabe resaltar que respecto de la indemnización por daño emergente

fijada inicialmente en la suma de $9.148.156 se efectuaron los

siguientes descuentos: i) $686.706 por concepto de gastos de

escrituración del predio a adquirir por el IDU; ii) $525.864 por

desconexión y/o taponamiento de servicios públicos; y iii)

$1.159.000 por impuesto predial. Tales deducciones se realizaron

conforme al informe de reconocimiento económico RT 39946,

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elaborado por el grupo económico de la Dirección Técnica de

Predios del IDU el 18 de febrero de 2016, así como al avalúo

comercial No. 2014-2531 de 23 de diciembre de 2014, que

complementó el avalúo practicado el 12 de noviembre de ese año.

En consecuencia, el daño emergente fue finalmente determinado en

la suma de $6.776.586, según lo establecido en el acto

administrativo de expropiación.

En ese orden, y según se desprende de los actos acusados, el

monto fijado como indemnización por la expropiación administrativa

ascendió a $393.055.746.

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la indemnización

reconocida por el IDU de Bogotá estuvo debidamente respaldada

en un avalúo que cumplía con los parámetros legales previstos en

la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución IGAC

620 del 23 de septiembre de 2008. Ello, en razón a que el avalúo

comercial, tanto del terreno como de las construcciones, se

determinó conforme a los métodos previstos en el ordenamiento

jurídico.

Adicionalmente, se reconocieron los conceptos de daño emergente

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y lucro cesante, este último derivado de la utilidad dejada de

percibir por concepto de arrendamiento. En este caso concreto, el

precio indemnizatorio establecido en el dictamen elaborado por la

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital —que sirvió de

fundamento para la expedición de los actos acusados— incluyó

tanto el valor comercial del inmueble como la compensación por los

perjuicios ocasionados, entre ellos la pérdida de la renta que el

propietario percibía por concepto de arrendamientos.

Por lo tanto, resulta evidente que el avalúo se ajustó a lo previsto

en los parámetros legales aplicables al caso.

Ahora bien, es preciso destacar que la parte actora allegó un avalúo

de fecha 9 de enero de 201523 por la firma Servicios Técnicos

Financieros - SERFIN LTDA en la que contiene i) la información

básica como el tipo de avalúo, el objeto, la vigencia, la fecha de

elaboración y el tipo de inmueble; ii) la fecha de visita -7 de enero

de 2015-; ii) la titulación en donde se indican los propietarios, el

título de adquisición y la identificación inmobiliaria y catastral; iii)

las características generales del sector, los barrios o urbanizaciones

adyacentes y las vias de acceso e influencia del sector.

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De igual manera, indicó las características generales del terreno en

donde se estableció la cabida superficiaria (151.31 m2) ubicación

dentro de la manzana, linderos, topografía y relieve; las

características generales de la construcción como el área de

construcción – primer y segundo piso 288.72m2, tercer piso 85.67

m2 para un total de 374.39 m2); la reglamentación urbanística, el

aspecto económico como la actividad económica y mercado del

Sector; y frente a las consideraciones del avalúo y los factores

tenidos en cuenta, consignó lo siguiente:

“[…] Se extractan en este capítulo las características más
relevantes de la propiedad expuesta en los capítulos anteriores,
las cuales se han tenido en cuenta particularmente para la
determinación del Justiprecio comercial materia del presente
informe:

• La localización del inmueble en estudio, al centro de la ciudad
de Bogotá, D.C., siendo parte integrante del barrio "Ciudad
Hunza", Jurisdicción de la Localidad Once (11) de Suba.

• La ubicación específicamente de la propiedad objeto de estudio
sobre el costado norte de la Calle 128B, entre las carreras 89B y
91, localizada aproximadamente a 600 metros al norte de la
Calle 127 - Transversal 86 (Avenida Ciudad de Cali) y 180
metros al sur de la calle 129; y 12,00 metros al occidente de la
Avenida Carrera 91 (Avenida El Rincón), entre otras vías
alternes que en general presentan un aceptable estado de
conservación y por las cuales circula un importante flujo
vehicular particular y servicio de transporte público.

• El buen estado de conservación de la infraestructura y
mobiliario urbano del sector de localización.

• La relativa facilidad de acceso al inmueble, a través de la
Avenida Carrera 91 y la Avenida Ciudad de Cali, vías que se
caracterizan per un alto grade de circulación vehicular.

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• Las condiciones propias del sector como son seguridad,
ubicación dentro de la ciudad y vecindad.

• La cabida superficiaria del terrene objeto de estudio, la cual se
considera típica en el sector de localización y su entorno
inmediato.

• El favorable hecho de contar la propiedad con dos locales
comerciales sobre la vía pública (Calle 128B.)

• Las sencillas especificaciones constructivas y acabados
internos de la edificación.

• El aceptable estado de conservación de la edificación, a pesar
de su vetustez de 30 años aproximadamente (1° y 2° Piso) y
destinación actual.

• La reglamentación urbanística vigente aplicable al inmueble, la
cual lo clasifica dentro de un área de actividad residencial con
Tratamiento de Mejoramiento Integral y modalidad de
Intervención Reestructurante.

• Las actuales características de baja oferta del mercado
inmobiliario en la zona específica de localización para inmuebles
con condiciones similares al inmueble avaluado.

• Se aclara que el área valuada fue la obtenida de los
documentos aportados, por lo tanto hacemos salvedad de
cualquier documento y/o áreas diferentes de los cuales no
hayamos tenido conocimiento; el valor global estará sujeto a
verificación si existiera diferencia de áreas […]”

En cuanto a la metodología del avalúo, expuso los siguientes

aspectos:

“[…] 9. METODOLOGÍA DEL AVALÚO

Para la determinación del valor comercial del inmueble en
estudio y de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1420 del
24 de Julio de 1998, expedido por la Presidencia de la
República, Ministerios de Hacienda y Desarrollo y su
correspondiente Resolución Reglamentaria No. 620 del 23 de
septiembre de 2.008, expedido por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, se utilizaron los siguientes Métodos:

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Método de Comparación o de Mercado. Método que busca
establecer el valor comercial del bien, el canon de
arrendamiento y la relación entre estos, a partir del estudio de
oferta o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al objeto de Avalúo. Propiamente se tuvieron en
cuenta oferta de Inmuebles al Interior de la urbanización y de
sectores de usos similares.

Se realizó comparación teniendo en cuenta elementos como: el
área de las unidades (terreno y construcción), distancia a ejes
Viales, característica de la edificación, edad, estado de
conservación, edad de remodelación, normatividad, frente sobre
vías públicas, disposición en la manzana, entre otros. De los
datos de mercado se busca encontrar el valor unitario de
terreno, ya que el valor de las construcciones se calcula por el
siguiente método de reposición.

Para el componente construcción se utilizó el Método de Costo
de Reposición. Método que busca establecer el valor comercial
del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de
construir a precios de hoy un bien semejante al objeto de
avalúo y restarle la depreciación acumulada. El procedimiento
consistió en la aplicación de las ecuaciones de depreciación
establecidas en la referida Resolución 620, y siendo el valor por
metro cuadrado determinado para cada unidad de construcción,
el promedio generado entre la Depreciación Lineal y la
Aplicación de las Tablas de Fitto y Corvini (relaciona el
porcentaje de vida y el estado de conservación).

10. AVALÚO COMERCIAL BARRIO “CIUDAD HUNZA” CALLE 128B
No. 89b-12 Localidad Once de Suba Bogota, DC…

[…]”

De la revisión del citado documento, se desprende que la parte

demandante no logró demostrar que el avalúo oficial elaborado por

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la Unidad de Catastro Distrital fuese erróneo, toda vez que no

controvirtió ni desvirtuó los fundamentos fácticos, técnicos y

metodológicos que lo soportan. En efecto, el documento presentado

por la actora no hizo referencia a diferencias sustanciales en el

precio del terreno respecto del avalúo oficial, ni cuestionó de

manera concreta el método aplicado o las conclusiones derivadas de

las discrepancias señaladas, lo que permite concluir que no logró

desvirtuar su validez.

Por su parte, se evidencia que el avalúo estimó el precio

indemnizatorio en la suma de $427.533.700; sin embargo, no

allegó los soportes que justificaran el mayor valor asignado al

terreno por $219.399.500 a las construcciones del primer y

segundo piso por $179.006.400, ni a la construcción del tercer piso

por $29.127.800.

El avaluador manifestó que los criterios empleados para la

estimación incluían, entre otros, las características generales del

sector de localización, la delimitación del área homogénea, los

barrios y urbanizaciones colindantes, las actividades

predominantes, las vías de acceso, la infraestructura urbanística, el

transporte público, la dinámica edificadora y las perspectivas de

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valorización. No obstante, lo cierto es que no aportó prueba alguna

que acreditara tales circunstancias ni respaldo técnico que

permitiera verificar dichos elementos de juicio.

De igual manera, indicó la aplicación del método comparativo de

mercado para establecer el valor comercial del bien, el canon de

arrendamiento y la relación entre ambos -a partir del estudio de

ofertas y transacciones recientes de inmuebles semejantes y

comparables-; que se tuvieron en cuenta ofertas de predios

ubicados en la misma urbanización y sectores similares; y que la

comparación se efectuó considerando aspectos como el área del

terreno y las construcciones, la proximidad a ejes viales, las

características de la edificación, su antigüedad, estado de

conservación, remodelaciones, normatividad aplicable, frente sobre

vías públicas y disposición en la manzana. Sin embargo, tampoco

se allegó al proceso prueba que acreditara de manera objetiva tales

hechos o soportes técnicos.

Finalmente, señaló que se utilizó el método de costo de reposición

para determinar el valor comercial del inmueble, consistente en

estimar el costo de construcción de un bien semejante a precios

actuales y deducir la depreciación acumulada, aplicando las

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fórmulas previstas en la Resolución 620 de 2008 expedida por el

IGAC. No obstante, también en este aspecto se advierte que no se

aportó evidencia concreta ni respaldo técnico que acreditara la

aplicación de tales parámetros en el caso objeto de estudio.

En esas condiciones, estima la Sala que el avalúo realizado por la

empresa SERFIN LTDA carece del soporte que justifique el avalúo

comercial presentado, por lo que en modo alguno desvirtúa las

consignas establecidas por la Unidad Especial de Catastro Distrital.

De la vigencia del avalúo

Para efectos de desarrollar el argumento invocado por el actor, es

preciso destacar que el artículo 19 del Decreto 1420 de 199824

establece lo siguiente:

“Artículo 19º.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1)
año contado desde la fecha de su expedición o desde
aquella en que se decidió la revisión o impugnación”.

En el presente asunto, el informe de avalúo comercial 2014-2531

elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

24
Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto Ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.

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de Bogotá, que sirvió de soporte para la expedición del acto

administrativo de expropiación, fue rendido el 12 de noviembre de

2014 y posteriormente adicionado el 23 de diciembre de ese año,

razón por la cual su vigencia inicial se extendía, en principio, hasta

el 12 de noviembre de 2015.

Sin embargo, frente a la discrepancia advertida entre el área

consignada en el título adquisitivo de dominio y la registrada en el

levantamiento topográfico núm. 39946 practicado por el IDU,

mediante auto de 6 de febrero de 2015 la entidad demandada ofició

a Catastro Distrital solicitando la apertura del trámite administrativo

de certificación de cabida y linderos del inmueble, conforme a lo

dispuesto en la Resolución 0193 de 20 de febrero de 2014,

expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el

propósito de que el resultado de dicha actuación y la prueba

obtenida sirvieran de fundamento para determinar si era

procedente o no modificar el informe del avalúo oficial.

De lo expuesto, se infiere que el contenido del avalúo núm. 2014-

2531 se encontraba suspendido hasta tanto se culminara la

actuación administrativa de certificación de cabida y linderos que

tenía como fin establecer de manera clara y precisa el área de

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terreno la cual constituía un componente dentro del avalúo para

determinar el valor del terreno.

En ese contexto, se entiende que la vigencia y el contenido del

avalúo quedaron suspendidos, como bien los sostuvo el Tribunal,

desde el 6 de febrero de 2015 con la expedición del auto que

ordenó el trámite de certificación de cabida linderos y la obtención

de esa prueba.25

Posteriormente, dentro de dicho procedimiento administrativo,

Catastro Distrital, mediante acta de 2 de octubre de 2015, presentó

al propietario del inmueble objeto de expropiación una propuesta

técnica de actualización de cabida y linderos, en la cual se

certificaba un área de 141.6 m²; no obstante, dicha propuesta fue

rechazada por el titular del derecho de dominio, dejando constancia

de su inconformidad al manifestar que no aceptaba las medidas

verificadas por Catastro y que su voluntad era que el predio se

negociara conforme al área y linderos consignados en la escritura

pública.

De lo anterior, se evidenció que el 2 de octubre de 2015 concluyó el

trámite de cabida y linderos indicado por Catastro Distrital,
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momento a partir del cual se levantó la suspensión del contenido y

vigencia del avalúo comercial 2014- 2531.

Así entonces, se comparte la posición adoptada por el Tribunal

según el cual para el momento que se produjo la suspensión del

contenido y la vigencia del avalúo oficial habían transcurrido 2

meses y 24 días desde su expedición y su posterior

complementación, lo que conduce a que faltaban 9 meses y 6 días

para que feneciera su vigencia.

Así las cosas, se infiere que el contenido y vigencia del avalúo

oficial estuvieron suspendidos desde el 6 de febrero de 2015 hasta

el 2 de octubre de ese año, finalización del trámite de cabida y

linderos, por lo que el termino faltante (9 meses y 6 días) debía ser

adicionado a partir del momento en que se levantó la suspensión,

de lo cual se colige que la vigencia del citado avalúo realmente iba

hasta el 8 de julio de 2016.

Ahora bien, la Resolución 2777, que ordenó la expropiación por vía

administrativa, fue expedida el 22 de febrero de 2016 y la

Resolución 4783 a través de la cual se resolvió el recurso de

reposición fue dictada el 21 de abril de 2016, hechos que

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evidencian que esos actos administrativos fueron expedidos cuando

aún se encontraba en vigencia el avalúo núm. 2014-2531 en tanto

que este gozaba de validez hasta el 8 de julio de 2016.

En consecuencia, se concluye que el avalúo comercial núm.

2014-2531, inicialmente vigente hasta noviembre de 2015, quedó

suspendido desde el 6 de febrero de ese año por la apertura del

trámite de certificación de cabida y linderos, reanudando su

vigencia el 2 de octubre de 2015, una vez concluida dicha

actuación. Al adicionarse el tiempo restante, su validez se extendió

hasta el 8 de julio de 2016, de modo que las resoluciones de

expropiación expedidas en febrero y abril de 2016 se emitieron

dentro del término de vigencia del avalúo oficial, lo que confirma la

tesis adoptada por el Tribunal de primera instancia.

En ese orden de ideas, en la medida en que los argumentos

plasmados en el recurso de apelación no tienen vocación de

prosperar, la sentencia recurrida será confirmada en su integridad,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

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Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18826 del CPACA en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP27, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo28, la Sala condenará al señor José del

Carmen Ardila Barajas en los términos del numeral 3° del artículo

36529 ibidem, al pago de las costas en segunda instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso30 y por las agencias en derecho31”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

26
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.<Inciso adicionado por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA
DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal […]”
27
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
28
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
29
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
30
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la entidad demandada a través de apoderado

judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación

se sujetará a la liquidación32 que realice el secretario de esta

Corporación y según la comprobación de que se incurrieron en

estos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP33, se fijan como agencias en derecho, la suma

de 1 SMLMV a favor del IDU. Lo anterior, de conformidad con las

tarifas establecidas en el artículo 5°34 del Acuerdo PSAA16-10554

de 5 de agosto de 201635, expedido por el Consejo Superior de la

Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de

la gestión realizada por la parte vencedora.

32
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de esta
Corporación, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
33
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
34
“[…] ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS
DECLARATIVOS EN GENERAL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”
35
Atendiendo a que el proceso se presentó ante el Tribunal a quo el 20 de octubre de 2016 y la
entidad demandada participó en esta instancia según se aprecia en el índice 23 del sistema digital
SAMAI. ED_C04_12Otros_CuadernoEnBLoque

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte

demandante y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano -

IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al

momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse

en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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