Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-02337-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2016-02337-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-02337-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2016-02337-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Temas: ACCIÓN POPULAR – acto administrativo que declara insubsistencia del cargo –
ausencia de vulneración de derechos colectivos.
Síntesis del caso: el actor popular solicitó que se ampararan los derechos e intereses
colectivos a la moralidad administrativa, libre competencia económica y derechos
conexos según la Constitución y la ley, que consideró vulnerados por el acto que declaró
la insubsistencia de su nombramiento provisional en el cargo de Tercer secretario de la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de Ecuador.
Decide la Sala el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia
que declaró no probada la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción y negó las pretensiones de la demanda al no
encontrar vulnerados los derechos e intereses colectivos alegados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 14 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala es
competente para proferir esta providencia, por tratarse de un recurso de
apelación interpuesto en contra de una sentencia adoptada por un tribunal
administrativo en un proceso de acción popular.
Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2 Posición de la parte demandada-
1.3 Sentencia de primera instancia. 1.4 Recurso de apelación y el trámite relevante de
segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 28 de noviembre de 2016 Felipe Guillén Jiménez, en ejercicio de la
acción popular1, prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
1 Folios 1-9 del cuaderno No. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
para que se protegieran los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa, la libre competencia y derechos conexos según la
Constitución y la ley, vulnerados, a su juicio, por el Decreto 1650 de 24 de
mayo de 2005, por medio del cual se declaró insubsistente su nombramiento
provisional en el cargo de Tercer Secretario, grado ocupacional 1 EX, de la
Embajada de Colombia ante el gobierno de Ecuador. La parte actora elevó
las siguientes pretensiones (se trascribe):
“1.- Que se protejan los derechos e intereses colectivos de la moralidad
administrativa, la libre competencia económica y derechos conexos según la
Constitución Política y la ley, declarándose nulo el Decreto No. 1650 de 24 de
mayo de 2005, firmado por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,
notificado a mi mandante el 6 de junio de este mismo año, mediante el cual, se
declara insubsistente su nombramiento provisional en el cargo de Tercer
Secretario, Grado Ocupacional 1 EX, de la Embajada de Colombia ante el
Gobierno de Ecuador, que venía desempeñando desde el 14 de julio de 2003.
2.- Como consecuencia, buscando la protección de los derechos colectivos en
mención, ordénese a LA NACIÓN-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES que
mediante nuevo acto administrativo vincule a mi poderdante al mismo cargo de
la pretensión anterior o a uno equivalente o superior según las normas de carrera
diplomática y consular, y de conformidad con las disposiciones protectoras de la
ley 790 de 2002.
3.- Que la demandada pague a mi representado, el valor de todo lo dejado de
recibir por concepto de sueldos, primas, bonificaciones, aumentos, intereses,
vacaciones, cesantías, sobresueldos, y demás conceptos consecuenciales de su
vínculo oficial, desde el momento de la desvinculación hasta cuando
efectivamente se haga el pago como efecto del nuevo vinculo, sumas pagaderas
junto con los incrementos legales a título de corrección monetaria e intereses
moratorios, según la
4.- Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a LA
NACIÓN-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de los perjuicios materiales daño
emergente y lucro cesante-morales y a la vida de relación ocasionados al actor,
como consecuencia de la expedición del acto administrativo contenido en el
Decreto No. 1650 de 24 de mayo de 2005, a través del cual, se declara
insubsistente su nombramiento provisional en el cargo de Tercer Secretario, Grado
Ocupacional 1 EX, de la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Ecuador,
que venía desempeñando desde el 14 de julio de 2003, por no haberse respetado
las garantías y derechos colectivos relacionados, para el ejercicio de la profesión
de periodista
5.- Como consecuencia de la anterior declaración -pretensión 5°, se condene al
LA NACIÓN-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a pagar integralmente al
demandante, los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación que resulten
probados durante el proceso
6.- En aras de proteger los citados derechos colectivos, la liquidación de las
anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de
curso legal en Colombia, y devengarán dichas condenas los intereses moratorios
de que tratan los artículos 192 a 195 de nuevo Código Contencioso Administrativo.
7.- Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos
192 a 195 del Código Contencioso Administrativo, en materia de intereses de mora
que se pagaran desde cuando se hacen exigibles hasta que se hagan
efectivamente los pagos.
8.- Que se condene en costas a la entidad demandada.”
2. En la demanda el actor narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes,
como fundamento de sus peticiones:
2 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
3. 1) Mediante Decreto 1952 de 14 de julio de 2003, Felipe Guillén Jiménez
fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Tercer secretario, grado
ocupacional 1EX, de la Embajada de Colombia ante el gobierno de
Ecuador, para desarrollar funciones de periodista.
4. 2) Para la época de los hechos, el señor Guillén estaba divorciado y era
padre de 2 menores de edad, que dependían económicamente de él.
5. 3) Según la parte actora, Felipe Guillén era beneficiario de las medidas
de protección previstas en el artículo 12 de la Ley 790 de 20022, por tener la
calidad de padre cabeza de familia y por estar próximo a cumplir los
requisitos para acceder a la pensión especial de periodista, circunstancias
que comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores el 11 de mayo de 2005.
6. 4) A través del Oficio DTH-45684 de 16 de mayo de 2005, la Dirección de
Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores le informó que esa
protección operaba únicamente respecto de retiros producidos en
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública, por lo
cual consideró que dicha normativa no le resultaba aplicable.
7. 5) Mediante Decreto 1650 de 24 de mayo de 2005, el Ministerio de
Relaciones Exteriores declaró insubsistente el nombramiento provisional del
señor Felipe Guillén Jiménez. Esta decisión le fue notificada mediante oficio
de 6 de junio de 2005.
8. Con fundamento en lo anterior, se promovió la presente acción popular3
y se alegó la vulneración del derecho e interés colectivo a la moralidad
administrativa porque el ministerio lo declaró insubsistente pese a que, según
afirmó, estaba amparado por la protección especial prevista en el artículo
12 de la Ley 790 de 2002, por su condición de padre y por encontrarse
próximo a pensionarse, circunstancias que habían sido puestas en su
conocimiento.
9. También se alegó la vulneración del derecho colectivo a la libre
competencia económica, porque la persona nombrada para reemplazarlo
no tenía la formación profesional que, a su juicio, exigía el cargo de Tercer
secretario, situación que, en su criterio, desmejoró el servicio y desconoció
los principios que debían regir el acceso y desempeño de la función pública.
Adicionalmente, alegó la vulneración de otros derechos colectivos conexos
2 “ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN ESPECIAL De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno
Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración
Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual
o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar
de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la
presente ley.”.
3 Mediante Auto de 30 de noviembre de 2016, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca inadmitió la demanda, con el fin de que la parte actora indicara con precisión la naturaleza de la
acción. El accionante subsanó la demanda (folios 56-57 del cuaderno No. 1) y, mediante Auto de 20 de enero de
2017, el tribunal admitió la demanda como acción popular.
3 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
por las consecuencias que el acto administrativo produjo sobre él y su
núcleo familiar, particularmente por la disminución de los ingresos
destinados al sostenimiento y educación de sus hijos menores.
1.2 Posición de la parte demandada
10. La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso a las
pretensiones4 al considerar que no existió vulneración de los derechos
colectivos invocados, ya que la acción popular fue utilizada para cuestionar
una situación jurídica estrictamente individual. Sostuvo que la parte actora
pretendió obtener la nulidad del acto administrativo que lo declaró
insubsistente, su reintegro al cargo, el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, las cuales son propias de otros medios de control.
11. Así mismo, explicó que el demandante ocupaba un cargo en
provisionalidad y fue reemplazado por un funcionario de carrera, con
fundamento en las facultades previstas en el Decreto Ley 274 de 2000 para
los funcionarios provisionales de la Carrera Diplomática y Consular. También
señaló que la protección especial prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de
2002 únicamente cobijaba a quienes fueran retirados en desarrollo del
Programa de Renovación de la Administración Pública, supuesto que no se
cumplía en el caso del demandante.
12. Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción, al estimar que la controversia debía ventilarse, en
su momento, mediante los mecanismos ordinarios de control de legalidad y
reparación previstos por el ordenamiento jurídico. También puso de presente
una tutela que presentó el accionante en 2005, por medio de la cual
pretendió obtener su reintegro, la cual fue negada en primera y segunda
instancia.
1.3 Sentencia de primera instancia
13. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante Sentencia de 18 de agosto de 2022 declaró no
probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la
acción y negó las pretensiones5. Consideró que los argumentos planteados
en la demanda se centraron en cuestionar la legalidad del Decreto 1650 de
2005 que declaró insubsistente al señor Guillén Jiménez, pues alegó que se
encontraba protegido por la Ley 790 de 2002, que era padre cabeza de
familia, que estaba próximo a pensionarse y que la persona designada en
su reemplazo no reunía el perfil profesional adecuado. Para el tribunal, esos
cuestionamientos planteaban una controversia estrictamente individual
4 Folios 73-91 del cuaderno No.1.
5 Folios 177 – 193 del cuaderno principal.
4 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
sobre la legalidad de un acto administrativo particular, propio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y no de una acción
popular. En ese sentido, recordó que la finalidad de la acción popular era
la protección de derechos e intereses colectivos y no la defensa de
derechos subjetivos ni la obtención de indemnizaciones o restablecimientos
individuales como se pretendía en este caso.
14. En relación con los derechos colectivos invocados, precisó que la
vulneración de la moralidad administrativa no se acreditaba con la sola
afirmación de una ilegalidad, sino que exigía demostrar conductas
amañadas, deshonestas o contrarias al interés general, circunstancias que
no fueron probadas en el proceso. Asimismo, señaló que el actor no cumplió
con una carga argumentativa y probatoria mínima que permitiera
establecer la afectación de ese derecho colectivo.
15. Respecto de la libre competencia económica, indicó que el actor no
explicó ni acreditó cómo la declaratoria de insubsistencia podía afectar el
mercado, la concurrencia de oferentes o los derechos de los consumidores
y usuarios. Frente a los denominados derechos conexos, el tribunal observó
que ni siquiera fueron identificados en la demanda, por lo que su sola
mención no es suficiente para considerarlos amenazados o vulnerados.
16. Por otra parte, rechazó la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción, con fundamento en el artículo 23 de la Ley 472 de
1998 y en la Sentencia de unificación del Consejo de Estado de 26 de agosto
de 2021, según los cuales esa excepción no procede en acciones populares.
No obstante, destacó que, desde la etapa de admisión, se advirtió al
demandante que las pretensiones formuladas correspondían realmente a
otros medios de control, razón por la cual inicialmente se inadmitió la
demanda. Sin embargo, al subsanarla, el actor insistió en que se trataba de
una acción popular, de manera que fue admitida y tramitada como tal.
17. En todo caso, la Sala destacó que, si en gracia de discusión se
adecuaran las pretensiones al medio de control correspondiente, las
dirigidas a obtener la nulidad del decreto, el reintegro y el pago de salarios
eran propias de una nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que
las orientadas a obtener indemnizaciones por concepto de perjuicios
materiales, morales y a la vida de relación, correspondían a una reparación
directa. Sin embargo, encontró que, para la fecha de presentación de la
demanda en 2016, todas esas acciones se encontraban ampliamente
caducadas, pues el acto administrativo cuestionado se notificó el 6 de junio
de 2005. En consecuencia, aun si las pretensiones se analizaran desde la
óptica de los medios de control procedentes, tampoco habría lugar a
acceder a ellas.
5 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
1.4 Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia
18. El señor Felipe Guillén Jiménez interpuso recurso de apelación6 en el que
solicitó que se revocara la decisión de primera instancia. Argumentó que el
tribunal interpretó erróneamente que lo pretendido era únicamente el
reintegro y el pago de salarios. Sostuvo que la finalidad principal de la
acción era “obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, la libre competencia económica y otros derechos conexos,
y que los eventuales beneficios individuales eran una consecuencia de ese
amparo”. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional para indicar que sí era posible solicitar medidas con efectos
particulares cuando estas deriven de la protección de derechos colectivos.
19. En relación con la vulneración de los derechos colectivos invocados, la
parte actora insistió en que la moralidad administrativa fue vulnerada
porque el ministerio declaró insubsistente al actor, a pesar de estar
amparado por el retén social de la Ley 790 de 2002, era padre cabeza de
familia y estaba cerca de cumplir los requisitos para la pensión especial de
periodistas. Aunque centró su argumentación en la moralidad
administrativa, frente a la libertad económica y otros derechos conexos
señaló que se vieron afectados porque la conducta del ministerio desmejoró
el servicio y el Estado no tenía dentro de sus funciones desnivelar a sus
servidores públicos. Según el actor, al ser reemplazado por una persona que
no tenía formación periodística, se afectó la imagen institucional de
Colombia en Ecuador hasta el punto en el que el presidente de Ecuador de
la época rompió relaciones diplomáticas con Colombia el 2 de marzo de
2008.
20. Finalmente, cuestionó que el tribunal hubiera considerado caducadas
las otras acciones al adecuarlas a los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y reparación directa, pues estimó que ello
desconocía la verdadera naturaleza colectiva de la acción.
21. En el término previsto para alegar de conclusión, el Ministerio de
Relaciones Exteriores se opuso al recurso de apelación y solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia7. Además de reiterar los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda, sostuvo que la
finalidad real del accionante era obtener el reintegro y pago de salarios, así
como las indemnizaciones derivadas de su desvinculación. Por ello, afirmó
que la controversia debió haberse tramitado mediante los medios de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa, y no a
través de la acción popular como lo indicó el tribunal, de manera que la
decisión debía ser confirmada.
6 Folios 198-202 del cuaderno principal.
7 Índice 28 de SAMAI.
6 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
22. El agente del Ministerio Público rindió concepto8 en el que pidió
confirmar la sentencia de primera instancia. Consideró que el demandante
no demostró la vulneración de los derechos colectivos invocados, pues sus
argumentos estaban dirigidos a cuestionar el acto administrativo que lo
desvinculó del servicio y a obtener beneficios de carácter individual, sin
acreditar la afectación de la moralidad administrativa. Asimismo, indicó que
las afirmaciones sobre el supuesto impacto de su reemplazo en las
relaciones diplomáticas con Ecuador carecían de respaldo probatorio y que
la controversia no guardaba relación alguna con la libre competencia
económica.
23. El 13 de agosto de 20269, el magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó
su impedimento para conocer de este asunto con fundamento en la causal
2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido a que conoció
del proceso en la primera instancia. En la parte resolutiva de esta
providencia se declarará fundado este impedimento.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán. 2.2. Análisis sustantivo
2.3. Sobre la condena en costas.
2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán
24. Tras verificarse el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto
en el inciso 3 del artículo 144 del CPACA10, se fallará de fondo el presente
asunto.
25. Mediante una acción popular dirigida al amparo de los derechos o
intereses colectivos a la moralidad administrativa, la libre competencia
económica y derechos conexos, se solicitó que se declarara la nulidad del
acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente al actor y, en
consecuencia, se ordenara su reintegro, el pago de salarios y prestaciones
dejadas de percibir, así como los perjuicios ocasionados por esa decisión.
Alegó que su desvinculación se dio a pesar de que, a su juicio, estaba
amparado por el retén social de la Ley 790 de 2002, era padre cabeza de
familia y estaba próximo a pensionarse. Además, consideró que la persona
nombrada en su reemplazo no cumplía con el perfil profesional del cargo,
situación que, en su criterio, desmejoró el servicio prestado. El Ministerio de
Relaciones Exteriores alegó que no existió la vulneración alegada, porque,
la controversia en realidad se centraba en una situación jurídica individual
del actor y no comprometía derecho colectivo alguno. Sostuvo que el retiro
8 Índice 29 de SAMAI.
9 Índice 33 de SAMAI.
10 El requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la respuesta obtenida, se encuentra en los anexos
de la demanda, folios 39-42 del cuaderno No.1.
7 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
del demandante se debió a que ocupaba un cargo en provisionalidad y en
su reemplazo fue nombrado un funcionario de carrera. Además, la Ley 790
de 2002 no le era aplicable porque su desvinculación no se dio en el marco
del Programa de Renovación de la Administración Pública.
26. La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda
porque no encontró vulnerados los derechos e intereses colectivos
alegados. Consideró que los argumentos del actor estaban dirigidos a
cuestionar la legalidad del Decreto 1650 de 2005 que lo declaró
insubsistente y a obtener su reintegro, el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, asuntos propios de otros medios de control. Además,
señaló que no se demostraron conductas amañadas o contrarias al interés
general que permitieran configurar una afectación a la moralidad
administrativa, ni se explicó de qué manera la actuación cuestionada
incidía en la libre competencia económica. Igualmente, puso de presente
que las pretensiones correspondían a otros medios de control que para la
fecha de presentación de la demanda se encontraban caducados. La
parte demandante apeló la sentencia, porque estimó que el tribunal le dio
una indebida interpretación al objeto de la acción, pues lo pretendido era
la protección de los derechos colectivos invocados en la demanda.
27. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, porque no se
acreditó la afectación de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa ni a la libre competencia económica, pues los argumentos de
la demanda y del recurso de apelación se sustentan principalmente en
cuestionar la legalidad de un acto administrativo particular y concreto, que
modificó una situación jurídica individual del actor y en las consecuencias
que ese acto produjo.
28. Para sustentar la decisión, se expondrá por qué no se vulneraron los
derechos o intereses colectivos indicados en la demanda y, finalmente, se
resolverá lo relativo a la condena en costas.
2.2. Análisis sustantivo
29. La parte actora sostuvo en el recurso de apelación que el tribunal
interpretó erróneamente el objeto de la acción al concluir que lo pretendido
era el reintegro al servicio y el pago de salarios y prestaciones dejadas de
percibir por su desvinculación. Sin embargo, la sala comparte dicha
conclusión porque, aunque el actor invocó la afectación de los derechos e
intereses colectivos a la moralidad administrativa, la libre competencia y
otros derechos conexos, de los hechos expuestos, las pretensiones
formuladas y los argumentos desarrollados en el recurso solo se desprende
una controversia individual.
8 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
30. En efecto, del estudio integral de la demanda se advierte que la
inconformidad del actor se centra en los efectos del Decreto 1650 de 2005,
por medio del cual fue declarado insubsistente del cargo que ocupaba en
provisionalidad en la Embajada de Colombia para el gobierno de Ecuador.
Por ello, solicitó la nulidad del acto, su reintegro al servicio, el pago de
salarios y prestaciones dejados de percibir, y la indemnización por los
perjuicios que afirma haber sufrido con ocasión de esa decisión. Esos
planteamientos evidencian una controversia estrictamente individual
relacionada con la situación laboral, prestacional y patrimonial del
demandante, propia de los medios de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y reparación directa.
31. Ahora, aunque el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 permite que el juez
popular pueda adecuar la petición a la acción que corresponda11, en este
caso el juez de primera instancia, luego de inadmitir la demanda para que
el actor precisara la naturaleza de la acción ejercida y este insistir en que se
trataba de una acción popular, el tribunal resolvió continuar bajo dicho
trámite. Sin embargo, como ya fue identificado, dichas pretensiones no
corresponden a la naturaleza de esta acción, por lo que, debió adecuarse
al medio de control pertinente como lo dispone la norma12.
32. Si bien el apelante insistió en que la jurisprudencia ha admitido la
posibilidad de que las decisiones adoptadas dentro de una acción popular
produzcan efectos favorables para personas determinadas cuando ello sea
consecuencia de la protección de derechos e intereses colectivos, tal
consecuencia únicamente puede derivarse de la necesidad de proteger un
derecho o interés colectivo que efectivamente se haya vulnerado o
amenazado. En el presente asunto, el actor pretende justificar la
procedencia de la acción popular a partir de los efectos particulares que
eventualmente podría obtener de una decisión favorable, sin demostrar la
existencia de un verdadero interés colectivo susceptible de amparo.
33. Aunque el demandante señaló que se vulneró la moralidad
administrativa porque el acto cuestionado desconoció las garantías
previstas por la Ley 790 de 2002, su condición de padre cabeza de familia y
estar próximo a cumplir requisitos para pensionarse, de sus argumentos no se
advierte la afectación de un interés general cuya titularidad corresponda a
la comunidad.
11 “(…) Promovida la acción, es obligación del Juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena
de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá
adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda”.
12 Este criterio, también fue adoptado en la Sentencia de Unificación de 26 de agosto de 2021(exp:2008-00266-01)
que resolvió: “PRIMERO: UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA en el sentido de que, en las acciones populares no procede
la excepción de indebida acumulación de pretensiones, la inadmisión de la demanda o su rechazo, negar las
pretensiones, declarar la improcedencia de la acción, ni la sentencia inhibitoria, cuando tales decisiones se funden
en la inclusión de pretensiones incompatibles con la acción popular. En caso de que la demanda incluya
pretensiones que no puedan resolverse mediante la acción popular, el juez debe readecuar oficiosamente el
trámite, según el mecanismo que corresponda. La readecuación procesal de la demanda puede ser total o
respecto de ciertas pretensiones.”
9 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
34. Lo mismo ocurre respecto del derecho colectivo a la libre
competencia económica. Como bien lo señaló el tribunal, los hechos
expuestos por el actor no guardan relación alguna con las condiciones de
acceso al mercado, la libre concurrencia de agentes económicos ni la
protección de consumidores y usuarios. Sus reparos se dirigen a cuestionar
su retiro del servicio y el nombramiento de la persona que lo reemplazó,
pues, aunque alegó una desmejora del servicio, se basó en conjeturas sin
sustento probatorio que no permiten identificar vulneración a derecho
colectivo alguno.
35. Con todo, de haberse dado aplicación a la facultad prevista en el
artículo 5 de la Ley 472 de 1998, las pretensiones tampoco habrían
prosperado. En efecto, aquellas dirigidas a obtener la nulidad del Decreto
1650 de 2005, el reintegro al servicio y el reconocimiento de salarios y
prestaciones correspondía al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Para ese momento, el artículo 136 del
Decreto 01 de 1984, establecía un término de caducidad de 4 meses
contados a partir de la notificación del acto administrativo, la cual ocurrió
el 6 de junio de 2005, por lo que el plazo para demandarlo vencía el 7 de
octubre de ese mismo año. Allí también podía formular las pretensiones
relativas al reconocimiento de los perjuicios materiales, morales y a la vida
de relación, aunque en vigencia del CCA también se consideraba que no
era posible acumular pretensiones y, por lo tanto, estas pretensiones debían
tramitarse mediante la acción de reparación directa, cuyo término de
caducidad era de 2 años, el cual venció el 7 de junio de 2007. En
consecuencia, cuando la demanda fue presentada el 28 de noviembre de
2016, las acciones que realmente correspondían a las pretensiones
formuladas se encontraban ampliamente caducadas, lo cual refuerza que
la controversia planteada no podía ser analizada como una acción popular
para obtener el restablecimiento de una situación jurídica individual, de
manera que la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.
2.3. Sobre la condena en costas
36. De acuerdo con la Sentencia de Unificación jurisprudencial del 6 de
agosto de 201913, la condena en costas en las acciones populares se
encuentra regulada en el artículo 38 de la Ley 472 de 199814. En lo que
respecta al demandante, dicha norma dispone que solo se le condenará al
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión, Sentencia del 6 de
agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Las reglas de unificación se encuentran explicadas
en la Sentencia 6 de diciembre de 2021, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial
de Decisión Número Catorce, exp. 17001-33-31-003-2009-00807-02.
14 “ARTÍCULO 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá
condenar el demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer
una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.”
10 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
pago de las costas procesales en caso de comprobarse que su acción fue
temeraria o de mala fe. La misma providencia precisó que la condena al
actor popular obedece a un criterio subjetivo y que, en caso de imponerse,
únicamente comprende las expensas y gastos procesales causados por la
parte demandada.
37. En el presente asunto, la Sala encuentra elementos suficientes para
concluir que la actuación del demandante fue temeraria, pues desde la
etapa inicial del proceso el tribunal le advirtió que las pretensiones
formuladas correspondían a otros medios de control y, por ello, inadmitió la
demanda para que aclarara la naturaleza de la acción ejercida. Pese a lo
advertido, el actor presentó recurso de reposición contra el auto que
inadmitió la demanda para insistir en que la acción procedente era la
popular. Confirmada la decisión, subsanó la demanda y reiteró nuevamente
que se trataba de una acción popular, manteniendo las pretensiones de
carácter individual de su controversia.
38. Aunado a lo anterior, en la sentencia de primera instancia el tribunal
explicó de forma razonada que la controversia planteada no correspondía
al objeto propio de la acción popular y, aun así, el actor interpuso recurso
de apelación para insistir en la procedencia de la acción para obtener la
nulidad del acto que desvinculación, el reintegro al servicio, el
reconocimiento de acreencias laborales y la indemnización de perjuicios
derivados de su desvinculación. Esas circunstancias permiten concluir que
utilizó un mecanismo procesal abiertamente improcedente para la finalidad
perseguida y persistió en ello a pesar de las advertencias judiciales recibidas,
conducta que la Sala considera temeraria para los efectos previstos en el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998.
39. En consecuencia, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de
1998 y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, se condenará
en costas de esta instancia al actor popular. a favor de la parte
demandada. La correspondiente liquidación será realizada por el tribunal
de primera instancia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
11 de 12
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-02337-01 (69064)
Actor: Felipe Guillén Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
magistrado Fredy Ibarra Martínez.
SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia de primera instancia, proferida el 18 de
agosto de 2022, por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.
TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia, al señor Felipe Guillén
Jiménez, a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales se fijarán
y liquidarán por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia,
DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
12 de 12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.