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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-33-31-003-2009-00807-02

Fecha
6 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-33-31-003-2009-00807-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: allí que la revisión eventual no sea una instancia adicional en el proceso, porque no está concebida para realizar un control de legalidad del fallo correspondiente”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia del 3 de diciembre de 2019, exp. 73001-23-31-000-2007- 00127-01 APREV. 18 Como precedente de la declaratoria de la carencia actual de objeto por existencia de unificación en la materia se encuentra la providencia del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección 2, Sub. B, en el expediente 68001-33-31-005-2010-00292-01(AP)REV. El asunto había sido previamente seleccionado para revisión, sin embargo, se concluyó que “como el mecanismo de revisión en este asunto cumplió su finalidad, carece de objeto su estudio, por sustracción de materia”. 12 de 14 Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02 Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro Referencia: Acción popular Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de revisión eventual de acciones populares y de grupo ________________________________________________________________________________________ PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO del mecanismo de revisión eventual de acciones populares y de grupo de la Sentencia del 7 de febrero de 2013, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Caldas, ante la unificación jurisprudencial de las condiciones para la condena en costas en las acciones populares, realizada por la Sala Especial de Decisión número Veintisiete del Consejo de Estado, a través de la Sentencia del 6 de agosto de 2019, proferida dentro del expediente 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. SEGUNDO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente a la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Caldas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-33-31-003-2009-00807-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

6 de diciembre de 2021

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚMERO CATORCE

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2021.
Radicación número: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular

Temas: ACCIÓN POPULAR – Requisitos para la condena en costas – unificación de
jurisprudencia.

Síntesis del caso: el actor popular solicitó el amparo del derecho o interés colectivo a la
seguridad y a la prevención de daños técnicamente previsibles, porque la edificación
donde funciona la planta de tratamiento de agua del municipio no contaba con un
reforzamiento estructural antisísmico.

Decide la Sala la revisión eventual1 respecto de la Sentencia del 7 de
febrero de 2013, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Caldas, que confirmó la Sentencia de primera instancia,
adoptada por el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Manizales, el 26
de julio de 2011, que había amparado el derecho o interés colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36A de la Ley Estatutaria 270 de 1996,
introducido por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, del artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011 y de los artículos 28 y 29 del Acuerdo 80 de 2019,
reglamento del Consejo de Estado la Sala es competente para proferir esta
providencia, por haber seleccionado la sentencia de segunda instancia,
para su revisión por parte de esta corporación.

Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2 Posición de la parte demandada-
1.3 Sentencia de primera instancia. 1.4 Recurso de apelación. 1.5 Sentencia de segunda
instancia y 1.6 Selección para revisión por parte del Consejo de Estado.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 1 de julio de 2009, Javier Elías Arias Idárraga, en ejercicio de la acción
popular, prevista en el artículo 88 de la Constitución, presentó demanda

1 La parte accionante solicitó la revisión eventual (folio 110 c 2) y esta fue aceptada por el Consejo de Estado

mediante el Auto del 20 de agosto de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
________________________________________________________________________________________
contra el Municipio de la Victoria, Caldas y Empocaldas S.A. E.S.P., para
que se protegiera el derecho o interés colectivo a la seguridad y a la
prevención de desastres previsibles técnicamente, porque la planta de
tratamiento de agua del municipio no contaba con un reforzamiento
estructural antisísmico, requerido por la Ley 400 de 1997. La parte actora
formuló las siguientes pretensiones (se trascribe literalmente):

“1. Se protejan los Derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención
de Desastres previsibles técnicamente, en los términos del Literal L), del
artículo 4 de la Ley 472 de 1992, de los ciudadanos.

2. Consecuencialmente con la pretensión anterior se ordene a los
ACCIONADOS la adopción de las medidas administrativas y operativas para
la intervención y reforzamiento del inmueble donde funciona la planta de
tratamiento de agua, que lleven al inmueble a un nivel de seguridad sísmica
equivalente al de una edificación nueva diseñada y construida de acuerdo
con los requisitos de la presente ley. Como lo ordena esta ley (400 de 1997)

3. Que en caso de llegarse a un pacto de cumplimiento entre las partes, se
nombre a una persona natural o jurídica como AUDITORA, para que vigile y
asegure el cumplimiento de lo pactado en la audiencia a que se refiere el
artículo 27 de la ley 472 de 1998.

4. Se me señale el incentivo a que hubiere lugar, y se ordene su pago a cargo
de los Demandado, lo anterior por el ejercicio de la presente Acción Popular,
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la ley 472 de 1998 y se
aplique el artículo 2359 y 2360 del C.C. Daño Contingente, pues no se cuenta
con dicha INTERVENCIÓN O REFORZAMIENTO que ordena la ley, se pone en
peligro inminente a la población de manera indiscriminada, ya que NO se
tiene la seguridad real que la Planta Física donde funciona la Planta de
Tratamiento de Agua Potable en el Municipio (de propiedad de
EMPOCALDAS), soporte un sismo Leve, Moderado o Intenso, de ocurrir.

5. Condenar en costas al demandado.

6. Utilizar el fuero de atracción de ser necesario para vincular a personas
jurídicas o naturales a esta demanda”.

2. En la demanda, el actor narró, en síntesis, los siguientes hechos
relevantes, como fundamento de sus peticiones:

(1) El artículo 45 de la Ley 400 de 1997 dio un plazo de tres años para
evaluar la vulnerabilidad sísmica de las construcciones existentes, que sean
clasificadas como edificaciones indispensables y de atención a la

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Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
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comunidad, localizadas en zona de amenaza sísmica alta e intermedia,
como es el caso del municipio de La Victoria y un plazo de seis años para
realizar las obras de reforzamiento estructural que resulten necesarias.

(2) La planta de tratamiento de agua potable del municipio de La Victoria,
de propiedad de la empresa EMPOCALDAS, pero de responsabilidad del
municipio, de acuerdo con la Constitución y la Ley, es un servicio
calificado como de uso indispensable y de atención a la comunidad.

(3) EMPOCALDAS no ha hecho los trabajos de intervención o reforzamiento
estructural de la planta de tratamiento de agua potable, necesarios para
que la edificación tenga un nivel de seguridad sísmica equivalente al de
una edificación nueva, a pesar de que el plazo legal para ello vence el 19
de diciembre de 2009, mientras que el municipio no ha ejercido control
alguno para que se cumpla lo ordenado por la Ley 400 de 1997.

1.2 Posición de la parte demandada

3. El municipio de La Victoria, Caldas, contestó la demanda. Advirtió que
la planta de tratamiento de agua potable no es de propiedad ni
responsabilidad del municipio. Sostuvo que, si no se han hecho las labores
de reforzamiento estructural en cuestión, ello no significa que se ponga en
peligro la vida de los ciudadanos, ya que la edificación se encuentra en
buen estado. Se opuso a las pretensiones y formuló excepciones: (1)
improcedencia de la acción incoada, ya que para obtener el respeto de
normas legales existe la acción de cumplimiento; (2) ausencia de
amenaza o vulneración de derechos colectivos, porque el accionante no
indica cuáles serían las acciones u omisiones del municipio que serían la
causa de la acción y no aporta pruebas al respecto; (3) improcedencia de
la acción para buscar la causación de erogaciones presupuestales y (4)
falta de legitimación en la causa por pasiva, considerando que la planta
de tratamiento está a cargo de EMPOCALDAS y no del municipio.

4. La empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. contestó igualmente la demanda
y se opuso a la prosperidad de la acción. Formuló las siguientes
excepciones: (1) inexistencia de derechos colectivos vulnerados o
amenazados, porque no se aportó prueba alguna de la vulnerabilidad
sísmica de la planta de tratamiento. Alegó que la edificación no debe
reforzarse ya que no es de uso público, cumple con los requerimientos de

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Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
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sismo resistencia y no genera riesgo para la pérdida de vidas humanas.
También sostuvo que el artículo 3 de la Ley 400 de 1997 excluye
expresamente de su ámbito de aplicación las estructuras hidráulicas y
todas aquellas cuyo comportamiento dinámico difiera del de
edificaciones convencionales. (2) No vulneración de derechos colectivos
al no probarse omisión alguna de EMPOCALDAS y sobre el accionante
pesaba la carga de la prueba; (3) ausencia de responsabilidad de
EMPOCALDAS, porque sus plantas de tratamiento cumplen con las
especificaciones técnicas sobre vulnerabilidad sísmica de estructuras
hidráulicas y cuenta con una póliza de responsabilidad que cubre las
contingencias derivadas de terremotos, temblores y erupciones volcánicas
y (4) ausencia del derecho al incentivo, porque la acción es infundada.

1.3 Sentencia de primera instancia

5. El Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Manizales, mediante
Sentencia del 26 de julio de 20112, amparó el derecho a la seguridad y a la
prevención de desastres técnicamente evitables3. La sentencia advirtió
que el incumplimiento de normas legales puede amenazar o vulnerar
derechos o intereses colectivos, por lo que la acción popular es
procedente. Indicó que el municipio cuenta con obligaciones de
vigilancia y control sobre la adecuada prestación del servicio, por parte de
la empresa contratada. Sostuvo que para que se ampare el derecho o
interés colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles
técnicamente “basta que una comunidad geográficamente determinada
sea vulnerable a padecer un evento que tenga el carácter de
catastrófico”. Concluyó que las entidades demandadas debieron
adelantar un estudio de vulnerabilidad sísmica de la planta del acueducto
y adelantar su reforzamiento estructural, al tratarse de una central de
operación y control de líneas vitales de agua, que es calificada como una
edificación indispensable por el Decreto 33 de 1998 y considerando que el
municipio de La Victoria se encuentra en zona de amenaza sísmica alta y
que en dicho lugar laboran personas, por lo que a la edificación le son
aplicables las exigencias de la Ley 400 de 1997. Por lo tanto, dispuso que,
en un término de máximo seis meses, se realice el correspondiente estudio
de vulnerabilidad sísmica y, en el evento de requerir el reforzamiento
estructural, debe realizarse en un término no superior a ocho meses

2 Folios 95-108 c. 1.
3 Folios 498-515 c. 1.

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Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
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después del estudio. Finalmente, negó la condena al incentivo, al concluir
que la norma que le daba fundamento se encontraba derogada y
decidió no condenar en costas, de acuerdo con el artículo 171 del CCA y
con fundamento en un precedente del Tribunal Administrativo de Caldas4.

1.4 Recurso de apelación

6. El actor consideró que la decisión de primera instancia debió aplicar los
artículos 2359 y 2360 del Código Civil y 357 del Código de Procedimiento
Civil y, por lo tanto, debió ordenar el pago del incentivo y de las costas.
Refirió como precedente, en apoyo de su solicitud, la Sentencia del
Consejo de Estado del 20 de enero de 2011, exp. 76001-23-31-000-2005-
04950-01 AP.

1.5 Sentencia de segunda instancia

7. La Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Caldas5
mediante Sentencia del 7 de febrero de 2013, confirmó la sentencia de
primera instancia que negó la condena al incentivo y a las costas
procesales. En cuanto al incentivo económico consideró que no era
posible concederlo, ya que las normas que lo preveían fueron derogadas
por la Ley 1425 de 2010, norma que, al tener carácter sustantivo, tiene
aplicación inmediata. En cuanto a la condena en costas a las entidades
demandadas, consideró que, de acuerdo con el artículo 38 de la LAPAG
(Ley de acciones populares y de grupo, 472 de 1998), del artículo 171 del
CCA y de la jurisprudencia administrativa, únicamente procede la
condena en costas cuando se demuestre actuación temeraria o de mala
fe, lo que no ocurrió en este caso, considerando que las entidades
demandadas se limitaron a ejercer sus derechos de contradicción y
defensa, en las oportunidades procesales pertinentes. Ahora bien, en
gracia de discusión precisó que “el actor no acreditó que hubiere incurrido
en algún gasto que habilite la condena en costas, pues no demostró la
cancelación del valor de la publicación, al no aportar el recibo
correspondiente; tampoco se observa que haya incurrido en expensas de
notificación y, menos, asistió al pacto de cumplimiento, para pensar que
incurrió en gastos de desplazamiento”.

4 Tribunal Administrativo de Caldas, Sentencia del 5 de noviembre de 2009, exp. 2008-00309, cuyo accionante

era el mismo del presente proceso y el demandado era el municipio de Risaralda, Caldas.
5 La decisión fue adoptada por la Sala de Descongestión, ya que a los magistrados del Tribunal les fue aceptado

el impedimento, al haber formulado, todos ellos, denuncia penal contra el accionante en el proceso, por los
delitos de injuria y calumnia.
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Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
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1.6 Selección para revisión por parte del Consejo de Estado

8. Tras sendas solicitudes del accionante dentro del proceso, la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante Auto del 20 de agosto de 2014,
decidió seleccionar el presente asunto para su revisión6. La decisión
identificó dos asuntos que podrían justificar la selección: lo relativo a la
condena al pago del incentivo respecto de procesos iniciados con
anterioridad a la derogatoria de la norma que lo preveía, pero fallados en
segunda instancia ya en vigencia de la Ley 1425 de 2010 y lo relativo a las
condiciones para que proceda la condena en costas en las acciones
populares. En cuanto al primer aspecto, se consideró que, aunque había
existido disparidad de posiciones jurisprudenciales, el asunto había sido
objeto de unificación mediante sentencia del 3 de septiembre de 2013
que estableció la regla, según la cual, a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 1425 de 2010 el incentivo económico se encontraba derogado,
incluso para los procesos iniciados con anterioridad7. Así, consideró que lo
relativo al incentivo ya no es un asunto que requiera unificación
jurisprudencial y las decisiones de primera y segunda instancia no
contradijeron la posición unificada. Por el contrario, en lo que respecta a
las condiciones para la condena en costas en acción popular, la Sección
Tercera concluyó que sí se requería proferir una sentencia que unifique este
aspecto. Puso de presente que existen sentencias de la Sección Tercera8 y
de la Sección Primera9 que únicamente condenan en costas cuando se
demuestre que la parte ha actuado con temeridad o mala fe y otras,
también de la Sección Primera, que consideran que la condena es
objetiva, a condición de que exista prueba de los gastos en los que se
incurrió10. Advirtió que en la Sentencia del 3 de septiembre de 2012 “se citó
tangencialmente la institución procesal de la condena en costas”, sin
unificar la jurisprudencia al respecto Y “sin que en ningún momento se
referenciara si la regulación contenida en el Código Contencioso

6 Con salvamento de voto del magistrado Hernán Andrade Rincón, quien expuso que el escrito de solicitud de

revisión no presentaba argumento alguno y, por lo tanto, la selección oficiosa no era procedente y contrariaba
la sentencia C-713 de 2008, que declaró inexequible la facultad de revisión oficiosa del Consejo de Estado y con
aclaración de voto de la magistrada Stella Conto, quien explicó que, en una oportunidad anterior, había
solicitado la selección de un asunto para unificar lo relativo a las condena en costas en la acción popular, pero
su proyecto fue derrotado y, con posterioridad, salvó el voto en autos de no selección con el mismo objeto.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 3 de septiembre de 2013, exp.

17001-33-31-001-2009-01566 (IJ).
8 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 2 de junio de 2005, exp. 19001-23-31-000-2004-00814-01 (P-00814) y

Secc. 3, Auto del 22 de noviembre de 2012, exp. 2008-00792 (AP).
9 Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 7 de junio de 2007, exp. 25000-23-24-000-2004-90185-01 (90185 AP); Secc. 1,

Sentencia del 30 de agosto de 2007, exp. 18001-23-31-000-2004-00623-01 (AP).
10 Consejo de Estado, Sec. 1, Sentencia del 22 de enero de 2004, exp. 68001-23-15-000-2002-90383-01 (AP-90383):

Secc. 1, Auto del 27 de agosto de 2009, exp. 08001-23-31-000-2004-00765-01 AP; Secc. 1, Auto del 25 de marzo de
2010, exp. 25000-23-27-000-2004-02676-01 AP.
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Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
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Administrativo le era aplicable a la acción popular”. Así, consideró que, en
virtud de los principios de seguridad jurídica e igualdad, se requiere unificar
la jurisprudencia en la materia.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán. 2.2. Las condiciones
para la procedencia de la condena en costas en las acciones populares ya fue objeto de
unificación mediante la Sentencia del 6 de agosto de 2019.

2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán

9. Mediante una demanda de acción popular y alegando la vulneración
del derecho o interés colectivo a la seguridad y a la prevención de daños
técnicamente previsibles se solicitó ordenar la realización de obras de
reforzamiento estructural a un inmueble donde funciona la planta de
tratamiento de agua del municipio de La Victoria, Caldas. Tanto en
primera como en segunda instancia se amparó el derecho o interés
colectivo en cuestión, pero se negó la condena en costas y al incentivo. El
asunto fue seleccionado, con el objeto de que se unificara la
jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de los requisitos o
condiciones para la condena en costas en las acciones populares.

10. La Sala Especial de Decisión Número Catorce declarará la carencia
actual de objeto para proferir una sentencia de unificación dentro del
mecanismo de revisión eventual de acciones populares y de grupo,
considerando que (2.2) las condiciones para la procedencia de la
condena en costas en las acciones populares ya fue objeto de sentencia
de unificación jurisprudencial proferida por la Sala Veintisiete Especial de
Revisión, el 6 de agosto de 2019.

2.2. Las condiciones para la procedencia de la condena en
costas en las acciones populares ya fue objeto de unificación
mediante la Sentencia del 6 de agosto de 2019

11. La selección para la revisión del presente asunto fue decidida
mediante el Auto del 20 de agosto de 2014. Allí se indicó que la revisión
tendría por objeto unificar la jurisprudencia relativa a las condiciones para
la condena en costas en los procesos de acción popular. Sin embargo, la

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Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
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Sala Especial de Decisión Número Veintisiete 27 profirió, el 6 de agosto de
201911, una sentencia de unificación jurisprudencial respecto del objeto de
la presente revisión eventual.

12. En efecto, la Sentencia del 6 de agosto de 2019 consideró que era
necesario unificar la interpretación jurisprudencial respecto de la condena
en costas en los procesos de acciones populares, bajo las siguientes
premisas, que se sintetizan a continuación:

(1)La condena en costas fue objeto de regulación en una norma especial,
prevista en el artículo 38 de la LAPAG (Ley de Acciones Populares y de
Grupo, 472 de 1998) en donde, de manera expresa, se dispuso que la
condena en costas sí procedía en las acciones populares y de grupo12.
Ello, porque aunque en la generalidad de las acciones públicas en
defensa del interés general no procede la condena en costas13, el
legislador pretendió legítimamente compensar los gastos y el esfuerzo
procesal del accionante para la defensa de los derechos e intereses
colectivos, como una materialización de los principios de solidaridad y de
igualdad frente a las cargas públicas14.

(2) La esencia de las condiciones para la condena en costas se encuentra
prevista en la norma de la LAPAG, pero en los aspectos no previstos se
remitió al CPC, hoy CGP y, por lo tanto, no es posible realizar remisiones a
normas diferentes, en lo relativo a la condena en costas.

(3) Las costas son una figura o un instituto procesal que comprende dos
conceptos: las expensas o gastos procesales en los que se incurre para el
trámite, impulso o desarrollo del proceso y, por otra parte, las agencias en
derecho, destinadas a compensar los honorarios de representación de
abogados o el tiempo o esfuerzo dedicado al proceso, ya que este
concepto procede incluso si se actuó personalmente, sin intermediación

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión, Sentencia del 6

de agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
12 “(…) las costas procesales, en su componente de expensas y agencias en derecho, es un tema regulado de

manera expresa, especial, clara y completa, en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998”: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión, Sentencia del 6 de agosto de 2019, exp.
15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
13 La condena en costas se encuentra excluida de los procesos de acción pública de inconstitucionalidad, de

acción de nulidad por inconstitucionalidad y de acción de nulidad simple.
14 La condena en costas desarrolla el ““principio de distribución equitativa de las cargas” para que el interés

general beneficiado por la actuación del actor popular no signifique una carga desproporcionada para él”:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión, Sentencia del 6 de
agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
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Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
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de un profesional del derecho. Las costas son una compensación que no
puede convertirse en fuente de enriquecimiento para su beneficiario15.

(4)Las condiciones para la condena en costas en las acciones populares
son diferentes para el demandante y para el demandado.

(5)La condena al demandante o accionante responde a un criterio
subjetivo, ya que deberá ser condenado en costas si se encuentra
probado que actuó con temeridad o mala fe, caso en el cual, también se
le sancionará con la multa prevista en el artículo 38 de la LAPAG. La
condena al accionante en costas comprenderá únicamente la
compensación de las expensas o gastos procesales en los que incurrió el
demandado, mas no lo relativo a las agencias en derecho16.

(6) La condena al demandado, incluso si es una entidad pública, responde
a un criterio objetivo, ya que deberá ser condenado en costas si resulta
vencido en el proceso. Si, además de lo anterior, se comprueba que actuó
con temeridad o mala fe, se le impondrá la multa del artículo 38 de la
LAPAG. También debe condenarse al demandado al pago de las costas,
por un criterio subjetivo, si a pesar de no haber sido condenado en la
acción popular, se demuestra su temeridad o mala fe, sin perjuicio de la
multa.

Así, luego de concluir que procede la condena en costas, se requiere su
liquidación, de acuerdo con las siguientes reglas:

(7) De acuerdo con las normas del CGP, la liquidación del componente de
expensas o gastos procesales exige que obre prueba en el expediente de
dichas erogaciones y de su monto (requisito de comprobación), caso en el
cual se ordenará su pago, a condición de que se trate de expensas útiles
para el proceso, razonables y autorizadas por la ley.

15 “corresponden, en su naturaleza, finalidad y concepto, a una compensación y como tal no pueden ser fuente

de enriquecimiento injusto”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de
Decisión, Sentencia del 6 de agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
16 En lo que respecta a las agencias en derecho “119. No hay lugar a reconocerlas a favor de la entidad de

quien se demanda la protección, ni siquiera en caso de que el actor popular hubiese actuado de mala fe” (…)
“123. En caso de que se verifique que la actuación del actor popular fue temeraria o de mala fe, al tenor del
artículo 38 de la Ley 472 de 1998, no hay lugar a condenar al actor popular al pago de agencias en derecho,
por cuanto la literalidad de la disposición, armonizada con el artículo 364 del Código General del Proceso, es
claro al establecer que los honorarios corresponden a aquellos que se asumen para sufragar la labor de los
auxiliares de la justicia o de los peritos de parte”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión, Sentencia del 6 de agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

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Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
________________________________________________________________________________________
(8) Por su parte, la liquidación del componente de agencias en derecho
no requiere comprobación, pero sí implica una tasación razonable
respecto de su causación concreta, con referencia a las tarifas
establecidas mediante acto administrativo por el Consejo Superior de la
Judicatura y mediante una decisión motivada, entre otros criterios, en la
consideración de la naturaleza del proceso, su duración, la calidad y
eficacia de la intervención del abogado o del accionante, si actuó en
nombre propio, todo con el objeto de realizar una liquidación de agencias
en derecho que resulte razonable y acorde.

13. Así, fruto de las anteriores consideraciones, la sentencia del 6 de agosto
de 2019 decidió:

“PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido
de precisar el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472
de 1998 y su armonización con las disposiciones que regulan el
reconocimiento, la condena y la liquidación de las costas, así:

2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las
costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte
demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las
pretensiones protectorias de los derechos colectivos, y la condena en
costas, a la luz del artículo 361 del Código General del proceso,
incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el
de las agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en
los componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en
derecho, cuando haya obrado con temeridad o mala fe. En este último
evento, también habrá lugar a condenarlo al pago de la multa prevista
en la disposición 38 ibídem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a
cargo del actor popular, cuando este último actuó temerariamente o
de mala fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa
prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a
condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En este
evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los
honorarios y de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código
general del Proceso, es claro que las agencias en derecho no
corresponden a los honorarios a los que se refiere la norma, pues ellos se
señalan en relación con los auxiliares de la justicia.
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Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
________________________________________________________________________________________

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado
con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones
populares la condena en costas a favor del actor popular incluye las
expensas, gastos y agencias en derecho con independencia de que la
parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso mediante
apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las
costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos
procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor
popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las
reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme
con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso.

2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales,
sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

14. Igualmente, en su numeral tercero la sentencia resolvió “Advertir a la
comunidad en general que las reglas de unificación y sus razones de
decisión, constituyen precedente vinculante en los términos de los artículos
10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los procesos de acciones
populares que se encuentran en curso en la jurisdicción contencioso
administrativa y los que a futuro se inicien ante ella”.

15. Así las cosas, y considerando (1) que el asunto de la referencia fue
fallado en dos instancias; (2) que el mecanismo de revisión eventual de
acciones populares y de grupo no constituye una tercera instancia, sino un
instrumento al servicio del principio de seguridad jurídica, cuya finalidad es
la unificación jurisprudencial17 y, (3) que el objeto de la selección del

17 Una providencia que pone fin al proceso de acción popular se selecciona “con el único fin de unificar la
doctrina judicial en las acciones populares y de grupo. La unificación de jurisprudencia busca garantizar la
igualdad, la seguridad jurídica y la unidad del derecho para lograr la aplicación de la ley en condiciones iguales
frente a una misma situación. Por ello, la revisión eventual opera solamente cuando haya contradicciones o
divergencias interpretativas entre tribunales, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o cuando la
providencia objeto de revisión se oponga a una jurisprudencia reiterada de la Corporación. También aplica
cuando no haya desarrollo jurisprudencial en la materia o no hubiere una posición consolidada al respecto. De
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Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
________________________________________________________________________________________
expediente fue agotado por la Sentencia del 6 de agosto de 2019, en
donde se unificó la jurisprudencia respecto de las condiciones para la
condena en costas en las acciones procesales, la Sala Especial de
Decisión Número Catorce del Consejo de Estado declarará, en el caso
bajo estudio, la carencia actual de objeto de la revisión18.

16. Debe advertirse que el mecanismo de revisión eventual de acciones
populares y de grupo tiene las características de ser un instrumento
rogado, delimitado y condicionado. Rogado, ya que la selección del
asunto requiere la solicitud hecha por una de las partes del proceso o por
el Ministerio Público. Delimitado, porque la competencia de la Sala se
circunscribe a los aspectos o problemas jurídicos que justificaron la
selección. Y condicionado, teniendo en cuenta que la revisión y eventual
modificación de lo resuelto en la sentencia de segunda instancia se
supedita a que prospere la revisión eventual. Por lo tanto, al no proceder la
revisión, por haberse agotado previamente su objeto, esta Sala carece de
competencia para examinar las decisiones judiciales proferidas en el
expediente de la referencia.

Conclusión

17. Al haberse agotado el objeto de la revisión eventual para la unificación
de la jurisprudencia acerca de las condiciones para la condena en costas
en las acciones populares, la Sala Especial de Decisión Número Catorce
declarará la carencia actual de objeto en la revisión del presente asunto.

3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión Número Catorce del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

allí que la revisión eventual no sea una instancia adicional en el proceso, porque no está concebida para
realizar un control de legalidad del fallo correspondiente”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia del 3 de diciembre de 2019, exp. 73001-23-31-000-2007-
00127-01 APREV.
18 Como precedente de la declaratoria de la carencia actual de objeto por existencia de unificación en la

materia se encuentra la providencia del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección 2, Sub. B, en el expediente
68001-33-31-005-2010-00292-01(AP)REV. El asunto había sido previamente seleccionado para revisión, sin
embargo, se concluyó que “como el mecanismo de revisión en este asunto cumplió su finalidad, carece de
objeto su estudio, por sustracción de materia”.
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Radicación n.: 17001-33-31-003-2009-00807-02
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de La Victoria, Caldas y otro
Referencia: Acción popular
Decisión: Declara la carencia actual de objeto del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo
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PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO del mecanismo de
revisión eventual de acciones populares y de grupo de la Sentencia del 7
de febrero de 2013, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Caldas, ante la unificación jurisprudencial de las
condiciones para la condena en costas en las acciones populares,
realizada por la Sala Especial de Decisión número Veintisiete del Consejo
de Estado, a través de la Sentencia del 6 de agosto de 2019, proferida
dentro del expediente 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.

SEGUNDO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia,
DEVUÉLVASE el expediente a la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Caldas.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ROCÍO ARAUJO OÑATE MILTON CHAVES GARCÍA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA NUBIA MARGOTH PEÑA

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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