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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2017-00244-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2017-00244-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de primera instancia, proferida el 16 de julio de 2020, por el Tribunal Administrativo de Casanare, que declaró la violación del derecho o interés colectivo a la moralidad administrativa. SEGUNDO: no condenar en costas. TERCERO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 85001-23-33-000-2017-00244-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 7 de febrero de 2025

Radicación número: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y Servicios del
Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Referencia: Acción popular

Temas: ACCIÓN POPULAR –– MORALIDAD ADMINISTRATIVA – cobros de tasas de uso sin
competencia – ausencia de elemento subjetivo de la inmoralidad administrativa.

Síntesis del caso: el actor popular solicitó que se amparara el derecho o interés colectivo a
la moralidad administrativa porque, en el municipio de Yopal, Casanare, se entregó a un
particular la administración de la terminal de transportes mediante un contrato de
arrendamiento y se le autorizó para cobrar tasas por los servicios que presta la terminal, a
pesar de que la terminal no estaba homologada y, por lo tanto, no tenía habilitación para
el cobro de las tasas de uso.

Decide la Sala el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia
que amparó el derecho o interés colectivo a la moralidad administrativa y,
por lo tanto, ordenó al particular la devolución de lo recaudado por
concepto de tasa de uso de la terminal de transportes y al municipio de
Yopal, el giro de los recursos recibidos a los entes encargados de los
programas de seguridad vial.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 14 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala es
competente para proferir esta providencia, por tratarse de un recurso de
apelación interpuesto en contra de una sentencia adoptada por un tribunal
administrativo en un proceso de acción popular.

Contenido: I. Antecedentes - II. Consideraciones – II. Decisión

I. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2 Posición de la parte demandada-
1.3 Sentencia de primera instancia. 1.4 Recurso de apelación y el trámite relevante de
segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 24 de noviembre de 2017 Guillermo Gaviria Giraldo, en ejercicio de la
acción popular1, prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
presentó demanda contra la Superintendencia de Puertos y Transporte
(Supertransporte, en adelante) y la empresa CEIBA EICE de Yopal para que
se protegieran los derechos e intereses colectivos de los consumidores y
usuarios del servicio de transporte y a la moralidad administrativa, violados,
a su juicio, por la celebración irregular del contrato 75 de 2017, así como por
el cobro irregular de la tasa de uso de la plataforma de la terminal y por las
omisiones de la Supertransporte respecto de tales irregularidades. La parte
actora elevó pretensiones principales y subsidiarias así, (se trascribe):

“PRIMERO: que se DECLARE que la Superintendencia de Puertos y Transporte es
responsable por la vulneración del derecho colectivo de los consumidores y
usuarios, por la omisión en tomar las medidas correspondientes tendientes a hacer
cesar los hechos de la denuncia por el irregular cobro de tasa de uso que se viene
presentando en el terminar de transporte de Yopal.
SEGUNDO: Que se DECLARE que la empresa Ceiba EICE es responsable de la
vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el derecho
de los consumidores y usuarios, en razón al cobro de manera directa de tasas de
uso en los meses de diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017 y la posterior
firma del contrato de “arrendamiento” 075 de 2017 firmado con la empresa
Transportes y Servicios del Oriente SAS, identificada con NIT844.003790-6, en razón
a la inhabilidad para contratar que ostenta su accionista y a entregarle a un
particular en cobro indebido de esas tasas.
TERCERO: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ORDENE a la
Superintendencia de Puertos y Transporte realizar las investigaciones
administrativas que determinen responsables de la irregular situación, y a la
empresa Ceiba EICE a terminar y liquidar de manera definitiva el contrato de
“arrendamiento” nro. 075 del 23 de febrero de 2017, así como no volver a incurrir
en esta indebida práctica, para que cese de manera definitiva la vulneración de
los derechos colectivos de los ciudadanos de Yopal.”

2. En la demanda el actor narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes,
como fundamento de sus peticiones:

3. (1) La ciudad de Yopal no cuenta con una terminal de transportes
homologada por el Ministerio de Transporte.

4. (2) En 2015, el municipio de Yopal creó la empresa CEIBA EICE y le
entregó la administración y manejo de la terminal de transporte.

1 Folios 1-9 c. 1.

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

5. (3) El municipio no trasladó el dominio del inmueble donde funciona la
terminal, pese a lo cual, CEIBA lo ha venido administrando y haciendo
cobros indebidos a las empresas de transporte público.

6. (4) La empresa Ceiba celebró el contrato 75 de 23 de febrero de 2017,
mediante el cual entregó en arrendamiento a la empresa de Transportes del
Oriente SAS, el área destinada para bahías y parqueaderos del predio
donde funciona la terminal. Dicho contrato no es de arrendamiento, sino de
explotación comercial de un bien fiscal destinado al servicio público. En
dicho contrato se autorizó al particular a cobrar tarifas por el uso de bahías
de parqueo y a realizar pruebas de alcoholemia a los conductores, por las
cuales también cobra.

7. (5) Los cobros realizados no son legales, porque la terminal no ha sido
homologada por el Ministerio de Transporte.

8. (6) El contrato 75 está viciado de nulidad, porque el dueño de la
empresa Transporte y Servicios del oriente SAS se encuentra sancionado
inhabilitado por dieciocho años, por sanción disciplinaria.

9. (8) Se han elevado solicitudes a la Supertransporte para que sancione
las irregularidades, pero no ha intervenido.

10. (9) Se ha solicitado a la empresa CEIBA EICE que se abstenga de
continuar cobrando la tasa, pero ha respondido negativamente.

11. (10) La empresa CEIBA, mediante la Resolución 151 de 3 de octubre de
2017, terminó unilateralmente el contrato 75 de 2017, por encontrar
configurada una causal de nulidad absoluta del negocio. No obstante, la
gerente expidió las circulares 32 de 31 de octubre y 33 de 8 de noviembre
de 2017, comunicando que la empresa Transportes y Servicios del Oriente
SAS estaba autorizada para continuar desarrollando el objeto del contrato.

12. (11) La Supertransporte y CEIBA se han negado a poner fin a las
irregularidades.

13. La demanda alegó la vulneración del derecho o interés colectivo a la
moralidad administrativa por la firma de un contrato con una empresa cuyo
accionista único se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado,
aunque, para ocultar la inhabilidad, nombró a un tercero como
representante legal de la empresa y se acudió a actas privadas para simular
que él no hacía parte de la empresa. Adicionalmente, se alegó la
vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios del servicio
público, por la omisión de la Supertransporte, al no tomar medidas para
hacer cesar el cobro de la tasa por el uso de las áreas operativas. Dichos

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

cobros los realiza un tercero y el dinero no ingresa a la empresa que
administra la terminal.

14. Mediante Auto de 1 de diciembre de 2017, el Tribunal de primera
instancia vinculó a la empresa Transportes y Servicios del Oriente SAS2.

1.2 Posición de la parte demandada

15. La empresa Transportes y Servicios del Oriente SAS se opuso a las
pretensiones3 porque los derechos o intereses colectivos no deben ser
interpretados de manera aislada, sino en conjunto con otros, como el
acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente, así como la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Consideró
que tiene más de quince años de experiencia, por lo que, en consideración
de la seguridad de las personas, CEIBA EICE le envió invitación para
presentar propuesta de arrendamiento de parqueaderos y plataformas de
la terminal y para realizar pruebas de alcoholemia, para lo cual participó en
un proceso de selección. Indicó que la realización de los controles de
alcoholemia se concertó con las empresas de transporte y se tuvo en cuenta
la Resolución 101 de 30 de noviembre de 2016, concordante con el Decreto
2581 de 2003, expedido por el gerente de CEIBA EICE, por medio del cual se
adoptó el manual operativo de la terminal de transportes de Yopal.
Consideró que debe privilegiarse la seguridad de las personas y permitir, por
ello, la continuación de la realización de las pruebas de alcoholemia.

También indicó que actualmente existía un vacío normativo, porque el
Ministerio de Transporte debe fijar el valor de la tasa de uso, considerando
la clase del vehículo a despachar, longitud de la ruta y el número de
terminales en el recorrido, pero no lo ha hecho. Igualmente, de acuerdo con
el Decreto 3628 de 2003, el Ministerio debe determinar las categorías de las
terminales de transporte, para fijar las tasas de uso, pero ello no se ha
materializado para la terminal de Yopal.

16. Para CEIBA IECE4 la relación con la empresa Transportes y Servicios del
Oriente SAS es netamente económica, comercial y privada y la ejecución
del contrato no genera relación alguna con los transportadores ni usuarios,
por lo que por los servicios que se prestan no se genera ningún tipo de tasa
de uso o incremento en el valor de los pasajes. Indicó que, de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 336 de 1996, los servicios complementarios prestados
dentro de las terminales, tales como servicio de parqueo, control de ingreso
y salida de vehículos, no están sujetos a regulación, control ni vigilancia.

2 Folios 100-104 cuaderno de medidas cautelares.
3 Folios 353-362 c. 2.
4 Folios 393-412 c. 2.

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

17. También, resaltó que la ley no exige que la explotación económica de
un inmueble deba realizarse a través de concesión, porque el servicio
público esencial es el transporte de pasajeros, mientras que esta es una
actividad conexa y, en este caso, adicionalmente, se trata de una situación
atípica de ”habilitación y homologación” transitoria adoptada por orden
de un juez de acción popular el 16 de noviembre de 2016 en el proceso
2014-00234 que impuso medidas cautelares. Aseguró que la empresa Ceiba
debió poner en funcionamiento la terminal mediante contratos de
arrendamiento, respecto de espacios ocupados por comerciantes
informales e, incluso, instituciones públicas. Resaltó que los ingresos del
arrendamiento se destinan a la adecuación y mantenimiento de la terminal,
para cumplir lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Casanare en la
mencionada acción popular. Puso de presente que el Ministerio de
Transporte profirió la Resolución 2222 de 2002, mediante la cual reglamentó
la fijación de las tasa de uso que deben cobrar las terminales de transporte
y que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 105 de 1993, la fijación de los
precios por el uso de terminales les corresponde a los distritos y a los
municipios.

18. La Supertransporte5 indicó que no existe violación a los derechos
invocados porque, a partir de la ejecutoria del fallo proferido dentro de la
acción popular anterior, se cuenta con un plazo de tres años para la
construcción y puesta en funcionamiento de la terminal y la
Superintendencia ha venido ejerciendo sus competencias al respecto,
como miembro del comité de verificación del cumplimiento de la orden del
juez popular. Aseguró que no hay violación de la moralidad administrativa,
porque no hay incumplimiento del interés general para favorecer a un
servidor público o a un tercero. También expuso la existencia de cosa
juzgada respecto del proceso de acción popular 85001-12331-02-2014-
0023400 respecto de la construcción, administración y puesta en
funcionamiento de la terminal de transportes de Yopal.

1.3 Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante Sentencia de 16 de
julio de 2020 declaró que hubo violación del derecho o interés colectivo a
la moralidad administrativa6. Para el Tribunal, no existía cosa juzgada
respecto de la sentencia de 17 de noviembre de 2016, en el proceso de
acción popular porque, aunque allí se ordenó la adecuación y puesta en
funcionamiento de una terminal de transporte terrestre homologada para

5 Folios 498-506 C. 3.
6 Folios 1020-1045 c. 4.

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

Yopal, no se profirieron órdenes concretas relacionadas con el cobro de
tasas de uso, por lo que, no existe identidad de objeto, ni de causa.

20. En cuanto al fondo, identificó como problema jurídico si la empresa
CEIBA EICA vulneró los derechos o intereses colectivos a la moralidad
administrativa y los derechos de los usuarios del servicio público de
transporte, al permitir que, en ejecución de un contrato de arrendamiento,
un particular cobre tasas de uso a las empresas de transporte y practique la
prueba de alcoholimetría a los conductores de los vehículos de transporte
público. Para el tribunal, sí existió vulneración de la moralidad administrativa
al desconocer normas que regulan el recaudo y destinación de las tasas de
uso, definidas en el artículo 11 del Decreto 2762 de 2001.

21. Consideró que el artículo 12 del Decreto 2762 de 2001 dispuso que la
fijación de las tasas de uso le corresponde al Ministerio de Transporte y en la
misma norma se previó el destino de dichos recursos. Igualmente, el artículo
24 del mismo decreto dio un plazo de un año para las terminales para la
obtención de la homologación de su habilitación, so pena de no poder
cobrar las tasas de uso. También la Resolución 2222 de 2002 del Ministerio de
Transporte, adicionada por la Resolución 4222 de 27 de marzo de 2002, fijó
las tasas de uso que podían cobrar las terminales de transporte terrestre
homologadas. Igualmente, en el artículo 3 de la misma resolución se autorizó
el cobro de la prueba de alcoholimetría y dispuso que dichos recursos son
un componente de la tasa de uso. Igualmente, el Decreto 1079 de 2015
dispuso, en su artículo 2.2.1.4.10.3.1 la definición de las tasas de uso; el
artículo 2.2.1.4.10.3.2 previó la fijación y destinación de dichas tasa y el
artículo 2.2.1.4.10.4.1 dispuso una serie de obligaciones que recaen sobre las
terminales de transporte, en particular, operar las terminales de acuerdo con
las normas prevista en ese decreto.

22. Consideró el tribunal que la sentencia de acción popular de 17 de
noviembre de 2016 ordenó que, en un plazo de tres años, se pusiera en
funcionamiento una terminal homologada por el Ministerio y tomó medidas
temporales para que se garantizara, transitoriamente la operación de la
actual terminal, sin que se hubiera ordenado o autorizado el cobro de tasas
por el uso de las áreas operativas de la terminal, ni la fijación de las mismas.
Así, concluyó que la empresa CEIBA EICE, en liquidación, permitió que, a
través de un contrato de arrendamiento, un particular cobrara tasas de uso,
sin estar facultada para ceder su administración en este aspecto y sin que
la terminal se encuentre homologada. También, la vulneración a la
moralidad administrativa se debió a que, a más de la falta de habilitación
para el cobro, no se rindieron cuentas sobre los cobros y el destino de los
recursos.

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

23. Concluyó que la violación del derecho o interés colectivo fue
responsabilidad de la empresa CEIBA, EICE, en liquidación y de la Empresa
Transportes y Servicios del Oriente SAS, a la que ordenó restituir todos los
dineros recibidos por concepto de tasas de uso de bahías y pruebas de
alcoholemia, percibidos entre el 23 de febrero de 2017 y el 18 de mayo de
2018, descontando los gastos debidamente acreditados, de acuerdo con
las normas mercantiles, en los que hubiera incurrido para efectuar dichos
cobros. A CEIBA EICE, en liquidación, le ordenó elaborar un balance donde
se discriminen los recaudos realizados por concepto de tasas de uso y girar
el porcentaje de los dineros que corresponde por este concepto a los fondos
o entidades que desarrollen programas de seguridad vial. Precisó que dicho
balance debe arrojar una obligación clara, expresa y exigible. Aclaró que,
de liquidarse la empresa, la obligación debía ser cumplida por el municipio
de Yopal. Ordenó que el comité de verificación del cumplimiento del fallo
fuera integrado por el Superintendente de Puertos y Transportes o su
delegado, el agente liquidador de CEIBA EICE, en liquidación, el alcalde de
Yopal, o su delegado, quien presidirá el comité y el agente del ministerio
público. Finalmente, dispuso remitir copias de lo actuado a la Fiscalía
General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría.

1.4 Recurso de apelación y trámite relevante de segunda
instancia

24. La Sociedad Transportes y Servicios del Oriente S.A.S. interpuso recurso
de apelación7 en el que solicitó que se revocara la condena. Argumentó
que el contrato de arrendamiento goza de presunción de legalidad, porque
no ha sido anulado judicialmente. Adicionalmente, expuso que no había
vulneración de la moralidad administrativa ya que no hubo afectación del
patrimonio público, corrupción, ni vulneración del interés general, porque se
trató de una relación económica entre particulares: los transportadores y la
terminal y dichos costos no fueron trasladados a los usuarios. Aseguró que
la demanda persiguió amparar el interés particular de la empresa
Transportes Morichal y no el interés general, el que no estaba vulnerado.
Adicionalmente, indicó que la sentencia no cuantificó el recaudo, porque
en el expediente solamente obran nueve desprendibles de pago de una
misma empresa, aunque sus fechas no corresponden a la vigencia del
contrato de arrendamiento. Argumentó que la sentencia de primera
instancia desconoció que el informe de incidencia en el mercado de
servicio conexo – terminal de transporte de los servicios informales”,
elaborado por el Ministerio de Transporte en 2008, se indicó que respecto de
las terminales no homologadas, no existe uniformidad en cuanto a dichos
cobros, pero aclaró que se debe dar margen para realizar cobros, a fin de

7 Documento 88 del expediente digital.

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

permitirles el funcionamiento, sin detrimento patrimonial para los
prestadores. Arguyó que la empresa actuó de buena fe y prevalida de
confianza legítima. Solicitó que, en caso de que no se revoque la condena,
por ausencia de vulneración a la moralidad administrativa, se aclare que los
dineros recobrados deben destinarse a programas de seguridad vial en un
fondo cuenta que, de acuerdo con el concepto del Consejo de Estado, no
puede constituirse por empresas privadas ni por asociaciones de
prestadores del servicio de transporte público, teniendo en cuenta que no
es posible obligar a las empresas a asociarse para estos fines, ya que este no
es su objeto social.

25. En el término previsto para alegar de conclusión, las partes guardaron
silencio8. El agente del Ministerio Público rindió concepto9 en el que pidió
confirmar la sentencia de primera instancia. Consideró que el contrato de
arrendamiento sobre un bien público tenía objeto ilícito. También cuestionó
que se hubiera trasladado la administración del predio a una empresa
industrial y comercial Ceiba. Adicionalmente, indicó que el particular
carecía de competencia para cobrar las tasas de uso y los dineros
recaudados por este concepto ingresaron al patrimonio del particular
contratista, contrariando la destinación prevista en las normas
reglamentarias para estos dineros. De esta manera, aseguró que se vulneró
el interés general, porque, a pesar de tratarse de recursos tributarios, dichos
dineros no ingresaron al patrimonio público, para ser invertido en proyectos
de interés público. Aseguró que la realización de las pruebas de
alcoholimetría no podía transferirse al particular, para que la convirtiera en
un actividad comercial.

2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán. 2.2. Cuestión previa al
examen sustantivo: la imposibilidad de declarar la carencia actual de objeto; (b). 2.3. La
moralidad administrativa y su vulneración en el caso bajo estudio. 2.4. Los derechos de los
consumidores y usuarios y su vulneración en el caso bajo examen. 2.5. Sobre la condena
en costas.

2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán

26. Tras verificarse el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto
en el inciso 3 del artículo 144 del CPACA10, se fallará de fondo el presente
asunto.

8 Documento 111 del expediente digital.
9 Índices 20 y 21 SAMAI.
10 Los requerimientos al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de Puertos y Transporte y a la empresa CEIBA

EICE, así como las respuestas obtenidas, se encuentran en los anexos de la demanda, folios 8-17, tomo 1-6-03 del
expediente digital.

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

27. Mediante una acción popular dirigida al amparo de los derechos o
intereses colectivos a la moralidad administrativa y los derechos de los
usuarios y consumidores se solicitó que se ordenara la terminación de un
contrato de arrendamiento mediante el cual se permitió a un particular, que
cobrara por la explotación de las bahías de parqueo en la terminal de
transportes y por la realización de las pruebas de alcoholimetría a los
conductores de los buses. Alegó que la única manera jurídicamente válida
para entregar la administración de la terminal era mediante un contrato de
concesión y, adicionalmente, indicó que el contrato celebrado era nulo
porque el accionista único de la empresa estaba inhabilitado. Alegó que la
Supertransporte se negó a cumplir sus funciones y a hacer cesar los cobros.
La empresa contratista alegó que no existe la vulneración alegada, porque,
con el contrato, se garantizó la prestación eficiente del servicio y la
seguridad vial. La empresa CEIBA, contratante, indicó que los pagos no
constituyen tasas de uso, sino son propios de una relación comercial entre
particulares y que se acudió al arrendamiento para cumplir la orden del juez
de acción popular, que dispuso poner en funcionamiento la terminal de
transportes. Finalmente, la Supertansporte alegó que no hay violación de la
moralidad administrativa, porque no se pretendió favorecer indebidamente
a un particular o a un servidor público.

28. La sentencia de primera instancia encontró vulnerado el derecho o
interés colectivo a la moralidad administrativa, porque los cobros sí
constituyen una tasa de uso, que no podía ser cobrada por parte del
particular y que, en todo caso, no se cumplió el destino de dichos recursos.
Por ello, ordenó la devolución de lo recaudado y el giro del porcentaje
correspondiente a las entidades encargadas de los programas de seguridad
vial. La empresa arrendataria apeló la sentencia, porque el contrato no ha
sido anulado por un juez. Insistió en que los cobros corresponden a una
relación comercial. Resaltó que el Ministerio de Transporte es consciente de
la falta de uniformidad en el cobro de estos servicios en las terminales no
homologadas, pero considera que dichos recaudos son imprescindibles
para la continuidad en la prestación del servicio. Alegó que, en todo caso,
actuó de buena fe y prevalido de confianza legítima.

29. En esta providencia la Sala abordará el estudio del asunto, porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar. Además, como la acción
popular puede interponerse en cualquier tiempo, mientras subsista la
amenaza o la vulneración del interés colectivo, conforme con lo dispuesto
en el artículo 11 de la ley 472 de 1998, se omite cualquier consideración
sobre la caducidad de la acción.

30. La Sala revocará la decisión de primera instancia, porque: aunque sí
existían irregularidades en la actividad cuestionada y se constatan los

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

elementos objetivos de vulneración de la moralidad administrativa, no existe
prueba de los ingredientes subjetivos, exigidos jurisprudencialmente, para
amparar este derecho o interés subjetivo. Adicionalmente, tampoco se
comprobó la vulneración de los derechos de los usuarios o consumidores.

31. Para sustentar la decisión, (2.2.) de manera previa al examen sustantivo
del asunto se explicará por qué no es posible declarar la carencia actual de
objeto. A continuación, (2.3 y 2.4) se expondrá por qué no se vulneraron los
derechos o intereses colectivos indicados en la demanda. Finalmente, (2.5)
se resolverá lo relativo a la condena en costas.

2.2. Cuestión previa: la imposibilidad de declarar la carencia
actual de objeto

32. Encuentra la Sala que el contrato de arrendamiento11 que se acusa de
vulnerar los derechos o intereses colectivos fue terminado, de manera
unilateral, mediante la Resolución 151 de 3 de octubre de 2017, proferida
por la empresa CEIBA, EICE12. El fundamento de la terminación unilateral del
contrato consistió en que este adolecía de vicios de nulidad absoluta, al
haber eludido, para su celebración, la realización de un proceso de
licitación pública y al haberse celebrado con una empresa cuyo único
propietario estaba inhabilitado para contratar con el Estado, por sanción
disciplinaria. La demanda de acción popular alegó que, no obstante la
terminación, el contrato continuó siendo ejecutado, en virtud de las
circulares 32 de 31 de octubre y 33 de 8 de noviembre de 2017, que
comunicaron que la empresa Transportes y Servicios del Oriente SAS estaba
autorizada para continuar desarrollando el objeto del contrato, pero no
constan las circulares a las que hizo referencia. Por otra parte, el Decreto
municipal 273 de 15 de noviembre de 2019, dispuso la liquidación de la
empresa contratante, CEIBA EICE. Por su parte, el Decreto municipal 276 de
18 de noviembre de 2019 dispuso que el municipio de Yopal asumiría la
operación de la terminal, mientras se creaban las entidades para ello.

33. Independientemente de ello, de acuerdo con la posición jurisprudencial
unificada del Consejo de Estado “El hecho de que, durante el curso de la
acción popular, el juez compruebe la desaparición de la situación que originó la
afectación de derechos colectivos, no es óbice para que proceda un análisis de
fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos”13. En estos términos,
la terminación del contrato y la orden de liquidación de la empresa
contratante no enervan la competencia del juez popular, considerando
que la acción popular no es un instrumento meramente cautelar o

11 Visible en folios 18-20 anexos de la demanda, documento 1-6-03 del expediente digital.
12 Folios 21-23 anexos de la demanda, documento 1-6-03 del expediente digital.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de lo CA Sentencia de Unificación

de 4 de septiembre de 2018, exp. 05001-33-31-004-2007- 00191-01(AP)SU.

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Radicación: 85001-2333-000-2017-00244-00 (66160)
Actor: Guillermo Gaviria Giraldo
Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

preventivo de afectaciones a los derechos o intereses colectivos sino,
también, permite remediar afectaciones a dichos derechos o intereses. Por
demás, en el presente caso, el tribunal de primera instancia no solamente
declaró la vulneración del derecho o interés colectivo a la moralidad
administrativa, sino que, ordenó la devolución de los dineros recaudados por
el uso de la terminal y por la realización de las pruebas de alcoholimetría,
decisión que debe ser examinada en apelación.

2.3. El derecho o interés colectivo a la moralidad administrativa
en el caso bajo estudio

34. La moralidad administrativa es un derecho o interés colectivo
directamente previsto en el artículo 88 de la Constitución Política. Sin
embargo, constituye un concepto jurídico indeterminado. Para precisar su
contenido, la jurisprudencia ha recurrido a varios criterios o referentes de
moralidad pública. Así, es posible identificar su vulneración a partir del
análisis de tres elementos: uno objetivo, relativo al desconocimiento del
ordenamiento jurídico o a la afectación del patrimonio público; uno
subjetivo, que indica el desconocimiento del interés general y de los fines
del Estado y uno de imputación y carga probatoria, según el cual, para que
se concluya la vulneración o amenaza a la moralidad administrativa, es
necesario que el accionante cumpla con unas cargas argumentativas y
explicativas suficientes, que indiquen la reunión de los elementos objetivo y
subjetivo de inmoralidad administrativa14. A continuación se analizará si, en
el presente asunto, se configuraron los tres elementos de la inmoralidad
administrativa:

2.3.1 El elemento objetivo de la inmoralidad administrativa

35. En principio, existe vulneración a la moralidad administrativa, si la
actuación cuestionada desconoció el ordenamiento jurídico (el referente
normativo de la moralidad, incluidos los principios generales o específicos
del derecho); si se desconocieron los valores del ordenamiento jurídico (el
referente axiológico); o si se materializó una vulneración o amenaza para el
patrimonio público (el referente de protección al patrimonio público). En el
presente asunto, resulta pertinente el análisis de los dos primeros referentes
objetivos de moralidad.

2.3.1.1. El referente normativo de moralidad:

36. La Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 1 de diciembre de 2015, exp.

11001-33-31-035-2007-00033-01 (AP).

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disposiciones” dispuso, en el parágrafo 2 del artículo 17, que “La política sobre
terminales de transporte terrestre en cuanto a su regulación, tarifas y control
operativo, será ejercido por el Ministerio de Transporte”. De dicha norma, y por
una interpretación bastante amplia, se entendió que se derivaba la
competencia del ministerio para la fijación de las tarifas por el uso de las
terminales. De manera más clara, el artículo 29 de la Ley 336 de 1996 "Por la
cual se adopta el estatuto nacional de transporte" dispuso que “En su condición
rectora y orientadora del sector y del sistema nacional de transporte, le
corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte formular la
política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, controlada o libre
fijación de las tarifas en cada uno de los modos de transporte ” (negrillas no
originales). En desarrollo de tal atribución, el Decreto reglamentario 2762,
de 20 de diciembre de 2001 "Por el cual se reglamenta la creación, habilitación,
homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera" definió en su artículo 11: “Denomínase (SIC) tasas de uso
el valor que deben cancelar las Empresas de Transporte por el uso de las áreas
operativas de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la
empresa terminal de transporte”. Por su parte, el artículo 12 asignó
competencia al Ministerio de Transporte para fijar las tasas de uso, así como
el destino de dichos recursos: “una suma que se destinará al desarrollo de los
programas atinentes a la seguridad definidos en el numeral 8 del artículo 13 del
presente decreto la cual será recaudada por los Terminales de Transporte y
transferida íntegramente a la entidad administradora de los mencionados
programas y la otra parte restante ingresará a la Empresa Terminal de Transporte ”.
Este decreto reglamentario se encuentra compilado en el Decreto 1079 de
2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Transporte.” Allí se dispuso que es obligación de las terminales de transporte
terrestre “Operar los terminales de transporte de conformidad con los criterios
establecidos en la presente Sección y las normas que la complementen o
adicionen”.

37. Tal atribución del Ministerio de Transporte fue ejercida mediante la
Resolución 2222 de 2002, adicionada por la Resolución 4222 de 27 de marzo
de 2002, en donde el ministerio fijó las tasas de uso que podían cobrar las
terminales de transporte terrestre homologadas. Allí precisó, en su artículo 3,
que los cobros por las pruebas de alcoholimetría hacen parte de las tasas
de uso, tal como lo ha reconocido, igualmente, la jurisprudencia
administrativa15.

38. Pese a lo anterior, la regulación de las tasas de uso previstas en el
decreto reglamentario y en la resolución ministerial, se predican de las
terminales de transporte homologadas, es decir, aquellas que, tras el
cumplimiento de una serie de requisitos, (relativos, entre otros, al número de

15 “Si como lo señala el actor en la demanda, algunas terminales han empezado a efectuar el cobro de la prueba

de alcoholimetría por fuera de la tasa de uso, este no es un problema de la norma sino de su aplicabilidad lo cual
escapa al control de legalidad”: Consejo de Estado, Secc. 1, Sentencia de 22 de abril de 2004, exp. 11001-03-24-
000-2002-00335-01(8314).

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habitantes del municipio y a condiciones medioambientales, de usos del
suelo y de inclusión en el plan de desarrollo municipal) son avaladas por el
Ministerio de Transporte, de acuerdo con el artículo 2.2.1.4.10.2.1 y siguientes
del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

39. Esto significa que existen, en el país, terminales de transporte que no
cuentan con la homologación ministerial, tal como se constata en un
documento elaborado por el mismo ministerio en el año 2008 y que obra en
el expediente, denominado “Incidencia en el mercado de servicio conexo –
Terminal de transporte en los servicios informales”16. Allí, tras estudiar la situación
de las terminales de transporte no homologadas, de varios municipios del
país, sin que en el estudio se incluyera la ciudad de Yopal, se constató: “ se
observa que en los servicios conexos en que se aplica, los valores presentados son
heterogéneos, sin aplicar en ninguno de los casos la normatividad actualmente
existente dado que su condición no lo permite, induciendo de esta forma a la
existencia de una alta gama de criterios empleados de manera muy particular en
cada caso, desde un solo valor sin tener en cuenta el tipo de vehículo o la ruta
hasta detallar la ruta, tipo de vehículo o clase de servicio”17. Pese a ello, el
documento reconoce la necesidad, respecto de las terminales no
homologadas, de “integrar los costos del transporte a las actividades inherentes
a su operación y ser ampliado cuando sea necesario y posible, es decir adecuar la
contabilidad a centros de costos en cada uno de los negocios”18.

40. A partir de la definición legal de los cobros realizados a las empresas de
transporte por el uso de los servicios conexos de transporte, dispuestos en las
terminales de transporte, es necesario concluir que se trata de una
subespecie tributaria denominada tasas19, en concreto, tasas de uso y tal
noción no varía por el hecho de que la terminal en cuestión se encuentre o
no homologada y, en otras palabras, que su cobro se encuentre o no
regulado por el Ministerio de Transporte. Por ello, no le asiste razón a CEIBA
EICE, cuando afirmó, en la contestación de la demanda, que los cobros que
su arrendatario realizó a las empresas de transporte no constituyen tasas,
porque no aumentan los cobros a los usuarios, sino que son pagos derivados
de una relación privada por parte de CEIBA y su arrendatario. En realidad,
independientemente de que los cobros se ajustaran o no a la resolución
ministerial, por encontrarse o no homologada la terminal en cuestión, lo
cierto es que se trata de pagos obligatorios que se exigen para la prestación
del servicio público de transporte y que, al menos parcialmente, propenden
por la recuperación de los costos en los que se incurre para prestar los
servicios de la terminal de transportes. En este sentido, mal podría pensarse
que son obligaciones meramente de derecho privado y que de ellos no es
posible realizar un juicio de moralidad administrativa.

16 Folios 148-205 tomo 1-12-09 del expediente digital.
17 Folio 195 tomo 1-12-09 del expediente digital.
18 Folio 201 anverso tomo 1-12-09 del expediente digital.
19 Contrario a ello, el concepto 1601 de 2006, proferido por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, sostuvo que

dichos cobros corresponden a tarifas dentro de un servicio público comercial e industrial y no a tasas tributarias.

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Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

41. De la descripción normativa hecha, concluye la Sala que los cobros de
las tasas de uso realizados por la empresa Transportes y Servicios del Oriente
S.A.S. se hicieron al margen de la normatividad y que, el contrato de
arrendamiento celebrado no constituía un título jurídico válido para permitir
que el particular asumiera una de las prerrogativas propias del poder, al
exigir de los particulares el pago de dicha subespecie tributaria.

2.3.1.2. El referente de protección del patrimonio público:

42. El asunto bajo examen podría ser visto desde dos ángulos diferentes: por
una parte, puede considerarse que el patrimonio público sí resultó afectado,
teniendo en cuenta que las tasas de uso son recursos de naturaleza pública,
que, de acuerdo con las normas precitadas, tenían una destinación
específica: una parte dirigida a la financiación de programas de seguridad
vial y otra para la recuperación de costos del servicio prestado por la
terminal. Pese a ello, en este caso, los recursos fueron recaudados por el
particular arrendatario, con un único fin de recuperación de los costos y
garantía de utilidad de su actividad. No obstante, esta consideración
desconoce (1) que la terminal no se encontraba homologada, (2) que una
sentencia de acción popular había ordenado la puesta en funcionamiento
inmediato de una terminal y la realización de las actividades necesarias
para su futura homologación, (3) que los cobros realizados buscaban que la
operación del particular fuera financieramente sostenible, (4) que el
particular arrendatario cancelaba, mensualmente, un canon de doce
millones de pesos que, de acuerdo con lo afirmado por la empresa CEIBA
EICE, en su contestación a la demanda, eran recursos que se utilizaban para
realizar las adecuaciones necesarias para la terminal y cumplir así lo
ordenado por el juez popular. Adicionalmente, (5) que la destinación
específica de las tasas de uso se predica únicamente de las terminales de
transporte homologadas, lo que no era el caso de la terminal de Yopal.
Finalmente, (6) como lo reconoce el estudio del Ministerio de Transporte,
dichos cobros se permiten para evitar que la falta de equilibrio financiero de
la operación de la terminal, termine afectando la continuidad o la calidad
en la prestación del servicio público de transporte. Por ello, y ya que el
arrendatario cancelaba cánones de arriendo por la explotación de la
terminal de transportes no homologada, que se destinaban a la adecuación
de la terminal, aunque sí se constató una vulneración normativa, no se
constata la afectación a partir del criterio de afectación al patrimonio
público.

43. Así las cosas, permitir los cobros de las tasas de uso al particular
constituyó, desde un punto de vista objetivo - normativo, una vulneración al
derecho o interés colectivo a la moralidad administrativa. Por lo anterior, se
analizará si ello se constata igualmente, a partir de un análisis subjetivo.

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2.3.2 El elemento subjetivo de la inmoralidad administrativa

44. Habrá vulneración o amenaza a la moralidad administrativa, además de
la constatación del elemento objetivo o, incluso sin que ello esté
demostrado, si existen pruebas de que la actuación cuestionada no
perseguía el interés general o no estaba dirigida a la satisfacción de los fines
del Estado. Para ello, se recurre al referente teleológico de la moralidad:

2.3.2.1. El referente teleológico de moralidad:

45. Es claro que la situación descrita era irregular, al punto que el contrato
de arrendamiento fue terminado unilateralmente, tras constatar una causa
de nulidad absoluta. Pese a ello, la Sala no encuentra pruebas que
demuestren que, en la celebración del contrato de arrendamiento y en su
ejecución, no se persiguiera el interés general. Por el contrario, debe tenerse
en cuenta que el Tribunal Administrativo de Casanare había ordenado,
mediante Sentencia de 17 de noviembre de 201620, la puesta en
funcionamiento inmediata de una terminal de transportes y la gestión
necesaria para su posterior homologación. En este sentido, aunque el fallo
no ordenó que se acudiera a este instrumento contractual viciado, lo cierto
es que la empresa EICE y su arrendatario buscaban superar la informalidad
que fue constatada por el juez popular y avanzar en el cumplimiento del
fallo. También, se buscaba crear las condiciones necesarias para la
continuidad en la prestación del servicio público de transporte y los recursos
fruto del contrato se destinaron a la adecuación de las instalaciones de la
terminal. No es posible asegurar, con las pruebas obrantes en el expediente,
que la actuación bajo examen pretendía el enriquecimiento del
arrendatario de la terminal.

2.3.3. El elemento de imputación y carga de la prueba

46. Así las cosas, la Sala no encuentra que se hubiera demostrado una
vulneración de la moralidad administrativa, imputable a las demandadas.

47. Finalmente, precisa la Sala que, incluso en el evento de haber
encontrado que se reunían los elementos que configuran la inmoralidad
administrativa, en el presente caso no era posible ordenar la restitución de
los dineros recibidos en ejecución del contrato de arrendamiento, como lo
dispuso el tribunal de primera instancia, ya que este tipo de órdenes es
propio de las restituciones mutuas derivadas de la nulidad del contrato, lo
que, en virtud del inciso segundo del artículo 144 del CPACA escapa a la
competencia del juez de la acción popular. En efecto, dicha norma dispuso
que “Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de
la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive

20 Folios 91-112 tomo 1-12-09 del expediente digital.

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Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que
en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de
que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza
o vulneración de los derechos colectivos” (negrillas agregadas). Así, la restitución
de los dineros recibidos en virtud del contrato constituye una decisión que
se deriva de la nulidad del negocio y no es una medida destinada a “hacer
cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos”, sino a retrotraer
los efectos del contrato.

2.4 Los derechos de los consumidores y usuarios y su vulneración
en el caso bajo examen

48. La demanda alegó que las omisiones de Supertransporte para hacer
cesar los cobros vulneraron los derechos de los consumidores y usuarios,
previstos en el artículo 78 de la Constitución. No habiéndose demostrado
que los cobros realizados por el uso de la terminal de transportes y por la
realización de las pruebas de alcohometría fueran pagados por los usuarios
del servicio de transporte público, no se evidencia vulneración alguna de los
derechos en cuestión.

Conclusión

49. La decisión de primera instancia será revocada, por no encontrarse
demostrada la vulneración de derechos o intereses colectivos.

2.5. Sobre la condena en costas

50. De acuerdo con la Sentencia de Unificación jurisprudencial del 6 de
agosto de 201921, la condena en costas en las acciones populares se
encuentra regulada en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, Ley de acciones
populares y de grupo, LAPAG. En lo que respecta al demandante, dicha
norma dispone que solo se le condenará al pago de las costas procesales
en caso de comprobarse que su acción fue temeraria o de mala fe, lo que
no se evidencia en esta ocasión.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión, Sentencia del 6 de

agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Las reglas de unificación se encuentran explicadas
en la Sentencia 6 de diciembre de 2021, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial
de Decisión Número Catorce, exp. 17001-33-31-003-2009-00807-02.

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Demandado: CEIBA EICE en liquidación, Empresa Transportes y
Servicios del Oriente S.A.S. y Superintendencia de Puertos y Transporte
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de primera instancia, proferida el 16 de julio
de 2020, por el Tribunal Administrativo de Casanare, que declaró la violación
del derecho o interés colectivo a la moralidad administrativa.

SEGUNDO: no condenar en costas.

TERCERO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia,
DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
-Aclaración de voto-

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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