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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2018-00034-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2018-00034-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para tal efecto se fijan como agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, que se distribuirá por partes iguales entre las dos entidades demandadas. TERCERO: RECONOCER personería adjetiva para actuar en representación judicial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al abogado Leonardo Juniors Martínez Joven, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.016.008.625 y portador de la tarjeta profesional No. 237.928. CUARTO: COMUNICAR por Secretaría de la Sección, al Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, D.C, y con destino al proceso ejecutivo No. 110013103-048-2021-00351-00, las resultas del presente proceso. QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2018-00034-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Salud y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

TEMAS: CAUSA COMÚN – La uniformidad u homogeneidad exigida en el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo no recae sobre todos los elementos de la
responsabilidad, sino sobre la existencia del origen común. Por ello, es perfectamente
posible que, aun proviniendo de la misma causa, entre los integrantes del grupo se
presenten situaciones particulares en las que las manifestaciones o consecuencias lesivas
difieran entre sí; de ahí que las reparaciones sean individualizables y divisibles, por cuanto
“el daño es subjetivo”. FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – La
primera consiste en la atribución que tiene el Estado para solicitar, confirmar y analizar la
información emitida por las entidades vigiladas sobre su situación jurídica, económica y
administrativa, así como la potestad de adelantar investigaciones administrativas a dichos
entes; la segunda se erige como aquella función de policía administrativa encaminada a
velar porque las entidades vigiladas en su formación y funcionamiento, y en desarrollo de
su objeto social, se ajusten a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos que la
rigen; y la tercera es aquella potestad que tiene la Administración frente a las entidades
vigiladas a efectos de ordenar todos los correctivos que se estimen necesarios tendientes a
subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Salud y negó las pretensiones de
la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Superintendencia Nacional de Salud dispuso la intervención forzosa
administrativa de Humana Vivir S.A. – EPS. En el curso del proceso liquidatorio
cincuenta y cuatro instituciones prestadoras del servicio de salud presentaron
reclamaciones a la entidad pretendiendo el pago de sendas acreencias por
concepto de prestación de servicios. Durante el trámite del proceso referido se
declaró el desequilibrio financiero de la sociedad intervenida y, posteriormente,
el agente liquidador declaró terminada la existencia legal de la EPS.
1

Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

El grupo demandante considera que la Nación – Ministerio de Salud y Protección
Social y la Superintendencia Nacional de Salud son patrimonialmente
responsables, por el impago de las acreencias adeudadas, debido a la
inadecuada e inoportuna actuación de aquellas en el ejercicio de sus funciones
de inspección, vigilancia y control sobre la empresa promotora de salud.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Salud y negó las pretensiones
de la demanda al constatar que la Superintendencia Nacional de Salud realizó
un cabal ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Esta
decisión fue apelada por la parte actora.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 16 de enero de 20181-2, el Centro Médico Provinsalud IPS Ltda., Centro
Médico Oftalmológico y Laboratorio Clínico Andrade, Clínica La Milagrosa S.A.,
Clínica Partenón Ltda., E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Pilar, Servicios
Médicos Integrales de Salud S.A.S., Clínica Santa María S.A.S., Procardio
Servicios Médicos Integrales Ltda., Oncomedic Ltda., Porsalud Ltda., Hospital
Universitario Cari E.S.E., Clínica Los Almendros S.A.S., Clínica San Rafael Ltda.,
Orthopedics S.A., Sociedad Clínica Emcosalud S.A.S., Clínica Santa Teresa
S.A., Nefro Boyacá Ltda., IPS de la Costa S.A., Unidad de Cuidados Intensivos
Renacer Ltda., Clínica Candelaria IPS S.A.S., Hemera Unidad de Infectología
S.A.S., Medical Pharmacy Ltda., Medimex S.A., Clínica Jaller, Inverclínicas S.A.,
Clínica Auros S.A., Audiocoms S.A.S., IPS Medicas S.A.S., Cooperativa de
Servicios Médicos en Cáncer, Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios
Integrales COOPSIN, Hospital Universitario Clínica San Rafael, Congregación
de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, Fundación
Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, Clínica del Occidente S.A., Organización
Clínica General del Norte S.A., Clínica Chicamocha S.A., Fundación
Cardiovascular de Colombia, Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva, Sociedad Clínica Boyacá Ltda., Hospital Rosario Pumarejo
de López, Fundación Hospital de la Misericordia, Unión Temporal Niño de Jesús
de Barranquilla, Clínica Evaluamos IPS Ltda., Fundación Hospital Infantil
Universitario de San José, Organización Vihonco IPS S.A.S., Global Life
Ambulancias S.A.S., Disama Medics S.A.S., Clínica General del Caribe S.A.,
Clínica San Juan Bautista S.A.S., Vihonco IPS Costa S.A.S., Clínica Cardio 100
S.A.S., Hospital Niño Jesús de Barranquilla, Institución Prestadora de Servicios
de Salud de la Udea y Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué; mediante

1 Fl. 1-16, C. 1.
2 Mediante auto del 21 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió

la demanda. Fl. 24-27, C. 1.
2

Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, contra la Nación - Ministerio de
Salud y Seguridad Social ─Hoy Ministerio de Salud y Protección Social─ y la
Superintendencia Nacional de Salud, para que fueran declaradas
patrimonialmente responsables porque Humana Vivir S.A. – EPS no les pagó las
acreencias adeudas por concepto de servicios de atención de pacientes
afiliados.

En su escrito, la parte demandante formuló expresamente las siguientes
pretensiones declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con
posibles errores):

“1. Que se declare la responsabilidad de la Superintendente Nacional de Salud y
del ministerio de salud y protección social, al incurrir en una falla del servicio, al
presentar demora injustificada en la intervención administrativa que se inició con
la expedición de la Resolución 806 del 14 de Mayo de 2013 del Superintendente
Nacional de salud por la cual se intervino, con fines de liquidación, a la sociedad
'humana vivir s.a. eps, y concluyó con la Resolución 018 del 31 de Mayo de 2016
del funcionario liquidador designado por la mencionada Superintendente Nacional
de Salud, por la cual se declaró terminada la existencia legal de la sociedad
intervenida.

2. Que se declare que por la falla del servicio en la inspección; control y vigilancia,
la intervención para proceso liquidatario, se dio demasiado tarde, el cual con la
prudencia y diligencia debida; habría de haberse declarado el 31 de diciembre de
2012 (según puede deducirse de la intervención del día 14 de Mayo de 2013 hecha
por la misma Superintendencia, o en la fecha que indica la resolución de
desequilibrio financiero, situación esta que causo perjuicios a los miembros del
grupo, esto es a los acreedores de la sociedad humana vivir s.a. eps, perjuicios
que deben ser indemnizados.

3. Que como consecuencia se condene a la Superintendente Nacional de salud y
al ministerio de salud y protección social, en forma solidaria a pagar a los
miembros del grupo (acreedores de la sociedad humana vivir s.a. eps,), el valor
de los perjuicios causados con ocasión de la intervención administrativa que se
inició con la expedición de la Resolución 806 del 14 de Mayo de 2013 del
Superintendente Nacional de salud y culminó con la Resolución 018 del 31 de
Mayo de 2016 del funcionario liquidador designado por el mencionado
Superintendente Nacional de salud, perjuicios que se estiman en la cantidad de
$122.466.276.320.

4. Que se condene a la Superintendente Nacional de salud y del ministerio de
salud y protección social, en forma solidaria a pagar a los miembros del grupo
(acreedores de la sociedad humana vivir s.a. eps,), el ajuste por inflación de las
condenas anteriores, calculado según el índice de precios al consumidor
certificado por el Departamento Nacional de Estadística DANE' desde el 1 de
enero de 2016 hasta el día en que efectivamente se paguen dichas condenas.

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Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

5. Que se condene a la Superintendente Nacional de salud y del ministerio de
salud y protección social, en forma solidaria a pagar a los miembros del grupo
(acreedores de la sociedad humana vivir s.a.); el lucro cesante sobre el calor de
las condenas y ajustes a que se refiere las pretensiones anteriores, lo anterior por
cuanto, se dejó de reportar ganancia o provecho a consecuencia de no haberse
cumplido con la obligación, así como los intereses moratorios a que haya lugar de
conformidad con el artículo 884 y concordantes del código de comercio.

6. Que para el evento de retardo en el pago de las sumas que resulten a cargo de
las demandadas por las condenas que el Honorable Tribunal imponga, se
determine que ellas reconocerán intereses moratorios desde la fecha en que ha
debido hacerse el pago y hasta el día en que las sumas debidas sean
efectivamente canceladas, sin perjuicio del ajuste monetario a que haya lugar.

7. Que se condene a la Superintendente Nacional de Salud y del Ministerio de
Salud y Protección Social, a pagar las costas, gastos y agencias en derecho que
se causen en este proceso.

8. Que si fuere del caso, se ordene a la Superintendente Nacional de salud y del
Ministerio de Salud y Protección Social, que, dentro del término de ejecutoria de
la sentencia, entreguen al Fondo para la Defensa de los Derechos Humanos e
Intereses Colectivos, administrado por la Defensoría del Pueblo, el monto de la
indemnización que se decrete.

9. Que se disponga que el Defensor del Pueblo, en su calidad de administrador
del Fondo para la defensa de los Derechos Humanos Intereses Colectivos, pague
a los miembros del grupo (acreedores de la sociedad humana vivir s.a. eps,), las
correspondientes indemnizaciones”.

En sustento de sus pretensiones, el extremo activo narró que las sociedades
demandantes eran IPS habilitadas para atender pacientes y celebraron sendos
contratos con Humana Vivir S.A. – EPS, para la atención de sus afiliados.

Afirmó que prestaron dichos servicios con la confianza de que Humana Vivir S.A.
– EPS se encontraba debidamente vigilada por la Superintendencia Nacional de
Salud y que, por ende, “no habría riesgo alguno” de que estas obligaciones no
fueran efectivamente pagadas.

Relató que, mediante Resolución No. 806 del 14 de mayo de 2013, la
Superintendencia Nacional de Salud decretó la intervención forzosa
administrativa de Humana Vivir S.A. – EPS.

Agregó que las IPS demandantes solicitaron al agente liquidador de la EPS el
reconocimiento y pago de sus acreencias, correspondientes a “obligaciones
contenidas en títulos valores derivados” de los servicios de salud prestados a los
afiliados de dicha entidad promotora de salud.

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Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

Agregó que, por medio de Resolución No. 15 del 11 de abril de 2016, el agente
liquidador de Humana Vivir S.A. – EPS declaró el desequilibrio financiero de
entidad.

Finalmente, expuso que mediante Resolución No. 18 del 31 de mayo de 2016,
el agente liquidador de la EPS declaró terminada la existencia legal de Humana
Vivir S.A., precisando que conforme a lo definido en la resolución de acreencias
y en la declaración de desequilibrio financiero no se había podido realizar pago
alguno a sus acreedores.

La demandante considera que la falta de pago de las acreencias adeudadas por
Humana Vivir S.A. – EPS es atribuible a la Nación – Ministerio de Salud y
Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, debido a la
inadecuada e inoportuna actuación de dichas entidades en el ejercicio de sus
funciones de inspección, vigilancia y control.

2. Contestaciones

2.1. La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social3 se opuso a las
pretensiones. Argumentó que la demanda carecía de fundamentos fácticos y
jurídicos y, además, que dicho Ministerio no estaba legitimado como parte pasiva
en el proceso, pues su ámbito funcional se enmarcaba, principalmente, en la
formulación de políticas y directrices en materia de salud. Como excepciones
propuso las de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) inexistencia
de la relación sustancial y (iii) la innominada.

2.2. La Superintendencia Nacional de Salud4 se opuso a las pretensiones de la
demanda, argumentando que no era responsable de los daños reclamados
porque no era deudora de las accionantes. Como excepciones formuló: (i)
cumplimiento del ordenamiento legal y de las funciones de inspección, vigilancia
y control; (ii) falta de legitimación por pasiva; (iii) los actos y omisiones del agente
especial son autónomos e independientes, (iv) inexistencia de la obligación, (v)
inexistencia del nexo o relación de causalidad; (vi) improcedencia de la acción
por inexistencia de la misma causa generadora del perjuicio y (vii) la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte demandante5, la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social6
y la Superintendencia Nacional de Salud7 reiteraron los argumentos expuestos
en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

3 Fl. 51-61, C. 1.
4 Fl. 73-93, C. 1.
5 Escrito de alegaciones. Fl. 165-170, C. 1.
6 Escrito de alegaciones. Fl. 163-164, C. 1.
7 Escrito de alegaciones. Fl. 171-175, C. 1.

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Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

3.2. El Ministerio Público8 solicitó negar las pretensiones de la demanda,
aduciendo que las entidades accionadas cumplieron con sus funciones de
inspección, vigilancia y control frente a Humana Vivir S.A. – EPS.

4. Sentencia de primera instancia

El 29 de mayo de 20209, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación
– Ministerio de Salud, porque esta entidad no era competente para ejercer
funciones de inspección, vigilancia y control frente a las entidades promotoras
de salud, y negó las pretensiones de la demanda al constatar que la
Superintendencia Nacional de Salud había cumplido sus funciones a cabalidad,
respecto de Humana Vivir S.A. – EPS.

Destacó que, aunque las accionadas sufrieron un daño con ocasión del impago
de sus acreencias, la Superintendencia Nacional de Salud ejerció
adecuadamente sus funciones y no incurrió en falla del servicio, porque durante
la toma de posesión de la entidad promotora de salud: (i) garantizó la prestación
del servicio de salud a los afiliados y, (ii) protegió el sistema de seguridad social
para recobrar la confianza pública.

5. Apelación

5.1. La parte actora10 solicitó revocar la sentencia de primera instancia reiterando
los argumentos de la demanda, esto es, aduciendo que la falta de pago de las
acreencias adeudadas por Humana Vivir S.A. – EPS era atribuible a la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de
Salud, debido a la inadecuada e inoportuna actuación de dichas entidades en el
ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6.1. La parte actora11, la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social12 y la
Superintendencia Nacional de Salud13 reiteraron los argumentos expuestos en
el recurso de apelación y en las contestaciones de la demanda, respectivamente.

8 Escrito de alegaciones. Fl. 171-175, C. 1.
9 Fl. 192-217, C. ppal.
10 Escrito de apelación del 22 de julio de 2020. Fl. 225-227, C. ppal.
11 Escrito de apelación de la parte actora. Samai, índices No. 15 y 28.
12 Escrito de apelación del Ministerio de Salud. Samai, índice No. 27.
13 Escrito de apelación de la Superintendencia Nacional de Salud. Samai, índice No. 26.

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Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

6.2. El Ministerio Público14 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
afirmando que el plenario no permitía advertir que las demandadas hubiesen
incurrido en una falla del servicio.

6.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado15 solicitó negar las
pretensiones de la demanda, aduciendo que las actuaciones de las accionadas
se ejercieron dentro del ámbito de sus competencias y con el objeto propio de
velar por la debida prestación de los servicios de salud a los usuarios del sistema.

III. CUESTIÓN PREVIA

1. Mediante Oficio No. 0870 del 19 de diciembre de 202316, el Juzgado Cuarenta
y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, D.C., dentro del proceso ejecutivo No.
110013103-048-2021-00351-00, informó a este Despacho la orden de embargo
y retención de derechos de crédito, acreencias u otros que pudieran
corresponderle a Procardio Servicios Médicos Integrales S.A.S. en el presente
trámite.

Por auto del 20 de marzo de 202417, el Despacho sustanciador comunicó al
juzgado oficiador que tomó nota de la referida medida cautelar.

En consecuencia, para los fines pertinentes, la decisión que se adopte en este
asunto se pondrá en conocimiento del Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito
de Bogotá, D.C.

2. Con Oficio del 22 de julio de 202518, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, a través del Director de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional
allegó poder con sus respectivos anexos, conferido al abogado Leonardo Juniors
Martínez Joven, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.016.008.625 y
portador de la tarjeta profesional No. 237.928, para que represente los intereses
de la entidad. Como quiera que se reúnen los requisitos del artículo 76 19 del
CGP, se reconocerá personería adjetiva al mencionado profesional del derecho.
El poder reconocido pondrá término a cualquier otro que le anteceda.

IV. CONSIDERACIONES

14 Concepto del Ministerio Público. Samai, índice No. 29.
15 Escrito de intervención. Samai, índice No. 66.
16 Oficio del Juzgado. Samai. Índice No. 46, certificado No. 84247140E4CAB56E
5714ADA7B79721D3 79E055E029B92804 0020CCEF0A21AED7.
17 Auto del 20 de marzo de 2024. Samai, Índice 50.
18 Poder y Anexos. Samai. Índice No. 77.
19 “Artículo 76. Terminación del poder. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito

en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se
hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso”.
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Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

La Sala anticipa que confirmará la sentencia del 29 de mayo de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al constatar que la Nación –
Ministerio de Salud no se encuentra legitimada en la causa por pasiva y que la
Superintendencia Nacional de Salud no incurrió en falla del servicio.

Para el análisis, a continuación se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso
concreto, (5) conclusión, (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para
conocer del asunto, según lo previsto en el artículo 5020 de la Ley 472 de 1998
y, en el artículo 152.1621 del CPACA, estatuto vigente a la fecha de presentación
de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable porque se demanda la
reparación de perjuicios causados a un grupo, cuyo conocimiento corresponde
a la Sección Tercera del Consejo de Estado, en razón al criterio de especialidad
previsto en el reglamento de la Corporación22.

1.2. El medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
constituye el mecanismo procesal idóneo para obtener la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados a un conjunto de
personas —igual o superior a veinte (20)— que, frente a una misma causa
generadora, acrediten condiciones uniformes en relación con los perjuicios
sufridos, en los términos del artículo 14523 del CPACA.

Dentro de las notas características de este medio de control se destaca la
exigencia de una causa común en la producción de los daños. Ahora bien, la
uniformidad u homogeneidad exigida no recae sobre todos los elementos de la
responsabilidad24, sino sobre la existencia de ese origen común. Por ello, es
perfectamente posible que, aun proviniendo de la misma causa, entre los

20 “Artículo 50. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se

susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
21 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. […]. 16. De

los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a
un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas
que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
22 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo

de Estado”.
23 “Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona

perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones
uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar
en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia […]”.
24 Ver al respecto, Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004, Fundamentos 80 y 84.

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Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

integrantes del grupo se presenten situaciones particulares en las que las
manifestaciones o consecuencias lesivas difieran entre sí; de ahí que las
reparaciones sean individualizables y divisibles, por cuanto “el daño es
subjetivo”25.

En este caso, el medio de control resulta procedente, pues la causa común y la
condición uniforme que identifica al grupo para reclamar la indemnización de
perjuicios se relaciona con la calidad de acreedores quirografarios dentro del
trámite de liquidación de Humana Vivir S.A. EPS.

1.3. En el caso de marras la demanda fue ejercida en tiempo, pues fue
presentada dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 47 de la Ley
472 de 199826 y, en el numeral 2°, literal h) del artículo 16427 del CPACA para
formular pretensiones de reparación de perjuicios causados a un grupo. De
hecho, se advierte: (i) que mediante la Resolución No. 15 del 11 de abril de 2016,
el agente liquidador de Humana Vivir S.A – EPS declaró el desequilibrio
financiero de la EPS intervenida y, a su vez, insolutos, entre otros, los créditos
de la quinta clase (hecho probado 3.4.); y (ii) que aunque no se conoce cuándo
se notificó esta decisión, lo cierto es que aun tomando en consideración la fecha
de su emisión la demanda se presentó dentro del término legalmente previsto,
pues se radicó el 16 de enero de 201828.

1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto
es, de un lado, los demandantes grupales, y de otro, la Nación – Ministerio de
Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, se advierte
lo siguiente:

(i) Los actores grupales Centro Médico Provinsalud IPS Ltda., Centro Médico
Oftalmológico y Laboratorio Clínico Andrade, Clínica La Milagrosa S.A., Clínica
Partenón Ltda., E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Pilar, Servicios Médicos
Integrales de Salud S.A.S., Clínica Santa María S.A.S., Procardio Servicios
Médicos Integrales Ltda., Oncomedic Ltda., Porsalud Ltda., Hospital
Universitario Cari E.S.E., Clínica Los Almendros S.A.S., Clínica San Rafael Ltda.,
Orthopedics S.A., Sociedad Clínica Emcosalud S.A.S., Clínica Santa Teresa
S.A., Nefro Boyacá Ltda., IPS de la Costa S.A., Unidad de Cuidados Intensivos
renacer Ltda., Clínica Candelaria IPS S.A.S., Hemera Unidad de Infectología
S.A.S., Medical Pharmacy Ltda., Medimex S.A., Clínica Jaller, Inverclínicas S.A.,

25 Íbid. Fundamento 53.
26 “Artículo 47. Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la
indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.
27 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

[…] h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de
los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño […]”.
28 Fl. 1 a 16, C. 1.

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Radicado: 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540)
Demandante: Centro Médico Provinsalud IPS Ltda. y otros

Clínica Auros S.A., Audiocoms S.A.S., IPS Medicas S.A.S., Cooperativa de
Servicios Médicos en Cáncer, Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios
Integrales COOPSIN, Hospital Universitario Clínica San Rafael, Congregación
de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, Fundación
Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, Clínica del Occidente S.A., Organización
Clínica General del Norte S.A., Clínica Chicamocha S.A., Fundación
Cardiovascular de Colombia, Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva, Sociedad Clínica Boyacá Ltda., Hospital Rosario Pumarejo
de López, Fundación Hospital de la Misericordia, Unión Temporal Niño de Jesús
de Barranquilla, Clínica Evaluamos IPS Ltda., Fundación Hospital Infantil
Universitario de San José, Organización Vihonco IPS S.A.S., Global Life
Ambulancias S.A.S., Disama Medics S.A.S., Clínica General del Caribe S.A.,
Clínica San Juan Bautista S.A.S., Vihonco IPS Costa S.A.S., Clínica Cardio 100
S.A.S., Hospital Niño Jesús de Barranquilla, Institución Prestadora de Servicios
de Salud de la Udea y Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué se encuentran
legitimados en la causa por activa, dado que se logró constatar, a través de las
Resoluciones Nos. 010 del 16 de diciembre de 2015 y 015 del 11 de abril de
2016 ─ya referidas─, que cada una de las 54 sociedades tuvieron la calidad de
acreedores quirografarios en el trámite de liquidación de Humana Vivir S.A.
EPS., pues sus créditos fueron reconocidos como parte del pasivo de la sociedad
liquidada, de ahí que les asistiera interés para formular las pretensiones de este
medio de control, por las posibles afectaciones económicas que pudieron
derivarse del impago de sus acreencias.

(ii) La Superintendencia Nacional de Salud se encuentra legitimada en la causa
por pasiva, comoquiera que fue la entidad que dispuso la intervención forzosa
de la extinta Humana Vivir S.A. EPS. De igual modo, porque tiene a su cargo las
funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las entidades
prestadoras de salud, tal como lo dispone el artículo 429 del Decreto 1018 de
2007 ─vigente para cuando se dispuso la toma de posesión de bienes─.

(iii) La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social no se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, pues no cumple funciones de inspección,
vigilancia y control respecto de las entidades prestadoras de salud. De hecho,
de acuerdo con el artículo 2°30 del Decreto 4107 de 2011, la entidad tiene otras

29 “Artículo 4o. Sujetos de inspección, vigilancia y control. Corresponde a la Superintendencia

Nacional de Salud la inspección, vigilancia y control de los siguientes sujetos: […] 7. Las
instituciones prestadoras de Servicios de salud; […]”.
30 Artículo 2°. Funciones. El Ministerio de Salud y Protección Social, además de las funciones

determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las
siguientes: 1. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y
proyectos del Sector Administrativo de Salud y Protección Social. 2. Formular la política, dirigir,
orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de Salud y Protección
Social. […]5. Dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud pública. […] 8. Formular y evaluar
las políticas, planes, programas y proyectos en materia de […], de aseguramiento en salud y
riesgos profesionales, de prestación de servicios y atención primaria, de financiamiento y de
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competencias, entre las que se destacan: (i) formular la política pública en
materia de salud; (ii) dirigir el Sistema General de Seguridad Social en Salud; (iii)
dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud pública y, (iv) coordinar
acciones entre los distintos actores institucionales y componentes del sistema de
salud.

2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a esta Sala verificar si
la Superintendencia Nacional de Salud omitió el cumplimiento de sus funciones
de inspección, vigilancia y control respecto de Humana Vivir S.A. - EPS., y si ello
conllevó a la afectación patrimonial de los acreedores quirografarios.

3. Hechos probados

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:

3.1. Mediante la Resolución No. 805 del 14 de mayo de 201331, la
Superintendencia Nacional de Salud revocó el certificado de habilitación para la
operación y administración del régimen contributivo y subsidiado de Humana
Vivir S.A. - EPS., por infringir las disposiciones de funcionamiento de una EPS
dentro del Sistema General de Seguridad Social, aunado a que “los indicadores
de permanencia referentes al margen de solvencia y patrimonio mínimo con corte
a marzo de 2012”, no evidenciaban recuperación en la sostenibilidad financiera
para la prestación de los servicios de salud.

Como motivos para adoptar esa sanción administrativa, la Superintendencia
refirió que, desde el 24 de agosto de 2012 había iniciado un proceso
sancionatorio en contra de la mencionada EPS, a raíz de un informe que indicaba
un incremento significativo del número de quejas en su contra, durante el año
2011. Así mismo, refirió que la Superintendencia Delegada para la Generación y
la Gestión de los Recursos Económicos del Sector Salud había conceptuado que
la investigada reflejaba una situación financiera de riesgo, por cuanto presentaba
un margen de solvencia negativo y un incumplimiento de patrimonio mínimo,
esto, con corte a diciembre de 2011 y con tendencia de que la situación se fuera

sistemas de información, así como los demás componentes del Sistema General de Seguridad
Social en Salud. […] 3. Definir los requisitos que deben cumplir las entidades promotoras de
salud e instituciones prestadoras de servicios de salud para obtener la habilitación y acreditación.
[…] 20. Realizar los estudios y el análisis de viabilidad, estabilidad y equilibrio financiero de los
recursos asignados a la salud y promoción social a cargo del Ministerio. 21. Administrar los
recursos que destine el Gobierno Nacional para promover la sostenibilidad financiera del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, cuando quiera que no exista norma especial que los
regule o reglamente, ni la administración se encuentre asignada a otra entidad. […]”.
31 Resolución No. 805 del 14 de mayo de 2013, obrante en CD que reposa a Fl. 37 A, C. 1.

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agudizando, máxime que a marzo de 2012 no se había evidenciado recuperación
en la sostenibilidad financiera.

3.2. Por Resolución No. 806 del 14 de mayo de 201332, la Superintendencia
demandada dispuso la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de
Humana Vivir S.A. EPS, así como su intervención forzosa administrativa.
Igualmente, designó un agente especial liquidador e interventor. Además,
dispuso, entre otras medidas: (i) la guarda inmediata de los bienes de la
intervenida; (ii) el registro de la decisión en la Cámara de Comercio; y (iii) la
suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta ese momento.

Lo anterior se fundó, entre otras razones, en que en diciembre de 2012 la entidad
vigilada no remitió la información financiera pertinente, omisión que imposibilitó
que la Superintendencia ejerciera sus funciones de forma adecuada. Esta
situación, además, evidenció un riesgo inminente para el aseguramiento en
salud, la garantía en la prestación del servicio y la estabilidad financiera tanto de
la EPS como del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3.3. En fechas indeterminadas las cincuenta y cuatro (54) IPS demandantes
solicitaron al agente liquidador de la EPS referida el reconocimiento y pago de
sus acreencias, correspondientes a servicios de salud prestados a los afiliados
de dicha entidad promotora de salud.

3.4. A través de la Resolución No. 10 del 16 de diciembre de 201533, el designado
agente liquidador de Humana Vivir S.A. - EPS reconoció 333 créditos “de quinta
clase” o quirografarios, dentro de los que se encontraban aquellos
correspondientes a las 54 accionantes.

3.5. Por Resolución No. 15 del 11 de abril de 201634, el agente liquidador de
Humana Vivir S.A. - EPS declaró configurado el desequilibrio financiero del
proceso de liquidación forzosa administrativa de la entidad y, en consecuencia,
insolutas las acreencias reconocidas de primera y quinta clase por agotamiento
total de sus activos. Entre los motivos para adoptar la decisión se destacaron: (i)
el hecho de que para agosto de 2012 Humana Vivir S.A. - EPS “reflejaba una
situación financiera de riesgo inminente no solo en el aseguramiento en la salud
y la garantía en la prestación de servicios de salud sino en su estabilidad
financiera y en la del Sistema General de Seguridad Social en Salud”; (ii) que “la
última transmisión de información financiera ante la Superintendencia Nacional
de Salud se realizó el 30 de junio de 2012 […]”. y; (iii) que el activo solo
representaba el 8% de los pasivos y resultaba a todas luces insuficiente para
honrar los pasivos de la sociedad, dentro de los cuales, el 89.14% correspondía
a créditos de quinta clase.

32 Resolución No. 806 del 14 de mayo de 2013, obrante en CD que reposa a Fl. 37 A, C. 1.
33 Fl. 144-161 C. 1.
34 Fl. 121-143, C. 1.

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3.6. Mediante la Resolución No. 18 del 31 de mayo de 201635, el agente
liquidador de Humana Vivir S.A. - EPS declaró la terminación de la existencia
legal de la intervenida y, por ende, la culminación del proceso de liquidación. En
dicha resolución, se indicó:

“El proceso de cancelación del pasivo externo, se realizó con respeto al principio
de igualdad de acreedores y a la prelación de créditos, cuya prioridad le
corresponde a las sumas y bienes excluidos de la masa liquidación (sic) que están
compuestos por dos aspectos, primero, los bienes que encontrándose en poder
de la entidad pertenecen a otra persona por lo que estos deben ser restituidos al
propietario; segundo, las sumas que por mandato legal no deben incluirse como
parte de la masa de la liquidación, debido a que no son recursos propios y tienen
un trato especial, por lo que no deben utilizarse para satisfacer las acreencias, que
para el caso que ocupa son los recursos pertenecientes al sistema de seguridad
social en salud, los cuales por mandato legal y constitucional deben ser restituidas
(sic) en primera medida, por sobre toda acreencia”.

4. Caso concreto

En su recurso de apelación, el grupo de demandantes solicitó revocar la
sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Adujo que la falta de pago de las acreencias adeudadas por
Humana Vivir S.A. – EPS era atribuible a las demandadas, debido a la
inadecuada e inoportuna actuación de dichas entidades en el ejercicio de sus
funciones de inspección, vigilancia y control.

Así pues, teniendo en cuenta los reparos presentados por la parte actora, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso
(CGP), se resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como
desfavorable en el recurso36. Por ello, a continuación, se examinará si la
Superintendencia Nacional de Salud es patrimonialmente responsable porque

35 Resolución No. 18 del 31 de mayo de 2016, obrante en CD que reposa a Fl. 37 A, C. 1.
36 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones
[…]”. No obstante, tratándose de acciones de grupo, cuya finalidad es la protección y reparación
de los perjuicios causados a una pluralidad de personas que comparten condiciones uniformes
respecto de una misma causa generadora del daño, el juez conserva un margen de actuación
orientado a garantizar la efectividad de los derechos del grupo afectado. En tal virtud, si bien el
estudio del fallador de segunda instancia se encuentra delimitado por los cargos formulados en
la apelación, puede abordar aquellos aspectos estrechamente relacionados con estos cuando
resulte necesario para resolver adecuadamente el litigio y asegurar la protección integral de los
intereses del grupo, en atención a la naturaleza y finalidad de este mecanismo procesal de
reparación colectiva.
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Humana Vivir S.A. – EPS no pagó a las demandantes grupales las acreencias
que les adeudaba por concepto de servicios de atención de pacientes afiliados.

4.1. El impago de las acreencias de los demandantes y su posible relación
con omisiones de la Superintendencia Nacional de Salud en sus funciones
de inspección, vigilancia y control

4.1.1. Desde ahora se precisa que no prosperará la tesis de la alzada, pues el
acervo probatorio no permite establecer que la Superintendencia Nacional de
Salud hubiera incumplido sus funciones de inspección, vigilancia y control frente
a Humana Vivir S.A. – EPS, ni que en el trámite liquidatorio se hubiera dado un
manejo irregular a los recursos de la masa de la liquidación, en perjuicio del pago
de las acreencias debidamente reconocidas a las demandantes.

4.1.2. En el caso concreto está probado: (i) que mediante la Resolución No. 805
del 14 de mayo de 2013 la Superintendencia Nacional de Salud revocó el
certificado de habilitación para la operación y administración del régimen
contributivo y subsidiado de Humana Vivir S.A. – EPS, al constatar el
incumplimiento de las condiciones de funcionamiento y una situación de
insostenibilidad financiera reflejada, entre otros, en indicadores negativos de
margen de solvencia y patrimonio mínimo (hecho probado 3.1.); (ii) que, en esa
misma fecha, por Resolución No. 806 del 14 de mayo de 2013, la
Superintendencia dispuso la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios
de la EPS, ordenó su intervención forzosa administrativa, designó agente
especial liquidador e interventor y, además, adoptó medidas como la guarda
inmediata de bienes, el registro de la decisión en Cámara de Comercio y la
suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta entonces, por el riesgo
inminente para el aseguramiento, la prestación del servicio y la estabilidad
financiera del sistema, agravado por la falta de remisión de información
financiera (hecho probado 3.2.); (iii) que, en fechas indeterminadas, las
cincuenta y cuatro (54) IPS demandantes solicitaron al agente liquidador el
reconocimiento y pago de acreencias derivadas de servicios de salud prestados
a afiliados de la mencionada EPS (hecho probado 3.3.); (iv) que mediante la
Resolución No. 10 del 16 de diciembre de 2015 el agente liquidador reconoció,
dentro del proceso de liquidación, créditos quirografarios que incluían los de las
54 demandantes (hecho probado 3.4.); (v) que por Resolución No. 15 del 11 de
abril de 2016 el agente liquidador declaró configurado el desequilibrio financiero
del proceso de liquidación forzosa administrativa y, por agotamiento total de
activos, dejó insolutas acreencias reconocidas —incluidas de primera y quinta
clase—, tras evidenciar, entre otros aspectos, que el activo representaba apenas
una fracción de los pasivos y que la mayoría de estos correspondía a créditos de
quinta clase (hecho probado 3.5.); y (vi) que, finalmente, mediante la Resolución
No. 18 del 31 de mayo de 2016 el agente liquidador declaró la terminación de la
existencia legal de Humana Vivir S.A. – EPS y la culminación del proceso
liquidatorio, precisando que el pago del pasivo externo se había adelantado bajo

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criterios de prelación, con prioridad de restitución de bienes y sumas excluidas
de la masa —en especial, recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud— por su tratamiento legal y constitucional (hecho probado 3.6.).

4.1.3. Para la fecha en que se dispuso la intervención forzosa con fines de
liquidación de Humana Vivir S.A. – EPS, la función de inspección, vigilancia y
control sobre las entidades promotoras de salud recaía en la Superintendencia
Nacional de Salud, tal como lo advertía el parágrafo 2°37 del artículo 230 de la
Ley 100 de 1993 y los artículos 3°38 y 4°39 del Decreto 1018 de 200740.

Según reiterada jurisprudencia de esta Corporación, esta función trivalente
entraña tres potestades. La primera, la facultad de inspección, que consiste en
“la atribución que tiene el Estado para solicitar, confirmar y analizar la
información emitida por las entidades vigiladas sobre su situación jurídica,
económica y administrativa, así como la potestad de adelantar investigaciones
administrativas a dichos entes”41. La segunda, la facultad de vigilancia, que “se
erige como aquella función de policía administrativa encaminada a velar porque
las entidades vigiladas en su formación y funcionamiento, y en desarrollo de su
objeto social, se ajusten a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos
que la rigen”42. Y la tercera, correspondiente a la facultad de control, entendida
como “aquella potestad que tiene la Administración frente a las entidades
vigiladas a efectos de ordenar todos los correctivos que se estimen necesarios

37 “Parágrafo 2. La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección,

control y vigilancia respecto de las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica”.
38 “Artículo 3. Objetivos. Los objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud son los

siguientes: 1. Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. 2. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo. 3.
Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia y control del
aseguramiento, la afiliación, la calidad de la prestación de los servicios y la protección de los
usuarios. 4. Velar por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo, administración, custodia y
aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud. […]”.
39 “Artículo 4. Ámbito de Inspección, Vigilancia y Control. Corresponde a la Superintendencia

Nacional de Salud, en el marco que determine la ley, la inspección, vigilancia y control de: 1. Los
que programen, gestionen, recauden, distribuyan, administren, transfieran o asignen los recursos
públicos y demás arbitrios rentísticos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. […] 6.
Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) de cualquier
naturaleza. 7. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 8. Los agentes que ejerzan
cualquier función o actividad del Sector Salud o del Sistema General de Seguridad Social en
Salud”.
40
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras
disposiciones.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de julio de 2025. Rad.

69013.
42 Ibidem.

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tendientes a subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable,
económico y/o administrativo”43.

En armonía con tales funciones, se advierte que la Superintendencia Nacional
de Salud era la entidad encargada de realizar los procedimientos de toma de
posesión y liquidación de las empresas prestadoras de salud, tal como lo dispone
el artículo 6°44 del precitado Decreto 1018 de 2007, en concordancia con lo
previsto en el artículo 9.1.1.1.145. y subsiguientes del Decreto 2555 de 201046
─vigente para la época de los hechos─.

4.1.4. Ahora bien, en desarrollo de esas competencias y en lo que atañe al caso
concreto, la Resolución No. 805 del 14 de mayo de 2013 la Superintendencia
Nacional de Salud revocó el certificado de habilitación de Humana Vivir S.A. –
EPS (hecho probado 3.1.), decisión que constituye el primer hito documentado
en el proceso. El acto administrativo dejó constancia que, desde agosto de 2012,
se había dado inicio a un procedimiento sancionatorio, motivado, entre otras
razones, en el incremento de quejas de los usuarios y en el deterioro de los
indicadores financieros reportados con corte a diciembre de 2011 y marzo de
2012.

Si bien en el expediente no reposan las piezas que permitan reconstruir con
detalle todas las actuaciones surtidas con anterioridad al inicio formal del
procedimiento sancionatorio, del contenido de las Resoluciones Nos. 805 y 806
de 2013 y de los antecedentes allí referidos se desprende que, entre el 24 de
agosto de 2012 y el 14 de mayo de 2013, la entidad adelantó el mencionado

43 Ibidem.
44 “Artículo 6. Funciones. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá las siguientes funciones:

1. Formular, dirigir y coordinar la política de inspección, vigilancia y control del Sector Salud y del
Sistema General de Seguridad Social en Salud […]18. Ejercerla inspección, vigilancia y control
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en relación con el cumplimiento de las
normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del Sector Salud y del Sistema General
de Seguridad Social en Salud […] 22. Practicar visitas de inspección y vigilancia a los sujetos
vigilados a fin de obtener un conocimiento integral de su situación administrativa financiera y
operativa, del manejo de los negocios, o de aspectos especiales que se requieran […] 24.
Realizar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones formuladas en el ejercicio de
inspección, vigilancia y control. 25. Realizar, de acuerdo con la normatividad vigente, los
procedimientos de fusión, adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma
de posesión para ad-ministrar o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades
promotoras y prestadoras que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud.”.
45 Artículo 9.1.1.1.1 Toma de posesión y medidas preventivas. De conformidad con el artículo

115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de
1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de
liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social,
o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los
depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus
acreencias.[…]”.
46 “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y

del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”.
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trámite con las etapas propias del debido proceso administrativo, mediante las
actuaciones orientadas a verificar la información, el traslado para controvertirla,
la adopción de determinaciones interlocutorias y, finalmente, la imposición de la
medida sancionatoria - al amparo de lo previsto en los artículo 5°47 del Decreto
506 del 25 de febrero de 2005 y 12848 de la Ley 1438 de 2011 (hechos probados
3.1. y 3.2.).

En esa perspectiva, no es posible calificar como tardía la intervención estatal a
partir del solo transcurso del tiempo49, pues la Superintendencia no está
habilitada para adoptar medidas definitivas de manera automática50. Su
actuación debe fundarse en información verificable y, cuando se trata de
variables financieras, en la constatación de un deterioro consistente y no
meramente coyuntural, todo ello bajo las garantías del debido proceso.

47 “Artículo 5. De la revocatoria, la suspensión del certificado de funcionamiento o la revocatoria

de la habilitación. La revocatoria y la suspensión del certificado de funcionamiento o la
revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud o de una Entidad Administradora
del Régimen Subsidiado, cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la
entidad, podrá adoptarse por el Superintendente Nacional de Salud, en cualquier momento que
se establezca alguna de las causales a que se refieren los artículos 230 y 153 numeral 4 de la
Ley 100 de 1993 o las que se determinen en las disposiciones legales, reglamentarias o
estatutarias vigentes, mediante providencia debidamente motivada, previo un derecho de
contradicción el cual tendrá como mínimo un período para la defensa de cinco (5) días hábiles.
La existencia de estas causales podrá establecerse, a partir de la información que reposa en la
Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la información que las entidades deban
enviar en cumplimiento de regulaciones de carácter general o en virtud de información que se
les solicite de manera particular a la entidad vigilada; a través de la información que se obtenga
en ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control; o a partir de las visitas que
realice el organismo de control”.
48 “Artículo 128. Procedimiento sancionatorio. La Superintendencia Nacional de Salud aplicará

las multas o la revocatoria de la licencia de funcionamiento realizando un proceso administrativo
sancionatorio consistente en la solicitud de explicaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles
después de recibida la información, la práctica de las pruebas a que hubiere lugar en un plazo
máximo de quince (15) días calendario, vencido el término probatorio las partes podrán presentar
alegatos de conclusión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. La Superintendencia
dispondrá de un término de diez (10) días calendario después del vencimiento del término para
presentar alegatos de conclusión para imponer la sanción u ordenar el archivo de las
actuaciones. Si no hubiere lugar a decretar pruebas, se obviará el término correspondiente. La
sanción será susceptible de los recursos contenidos en el Código Contencioso Administrativo”.
49 La Sección Tercera de esta Corporación, al analizar eventos de los cuales se predica una mora

o tardanza en resolver los asuntos, ha manifestado que el solo paso del tiempo no es suficiente
para concluir una mora injustificada, sino que debe atenderse a las circunstancias particulares
de cada caso. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C. Sentencia del 10 de
marzo de 2025. Rad. 69524. Sentencia del 18 de junio de 2025. Rad. 72151. Subsección A,
Sentencia del 14 de septiembre de 2017, Rad. 48.271.
50 De hecho, el artículo 230 de la Ley 100 de 1993, establece que la Superintendencia Nacional

de Salud, previo a imponer sanciones, deberá solicitar las explicaciones pertinentes para
establecer si la EPS investigada se encuentra incursa en alguna de las causales de revocatoria
del certificado de autorización otorgado para la prestación de servicios de salud.

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Así, a partir de los actos administrativos obrantes en el proceso, se acredita que
la entidad accionada advirtió el deterioro económico de la intervenida con base
en los reportes financieros con corte a diciembre de 2011, lo corroboró en marzo
de 2012 y, a partir de allí, inició actuaciones que culminaron en mayo de 2013
con la revocatoria del certificado de habilitación y la adopción de la medida de
toma de posesión e intervención forzosa administrativa con fines de liquidación
(hechos probados 3.1. y 3.2.). En consecuencia, ante el vacío probatorio sobre
lo ocurrido en 2009 y 2010, no resulta viable edificar un juicio de falla del servicio
por omisiones imputables a la demandada para ese periodo.

4.1.5. Además, a partir de la intervención, el trámite liquidatorio avanzó conforme
a su secuencia ordinaria. Según los antecedentes reseñados en las
Resoluciones Nos. 15 del 11 de abril de 2016 y 18 del 31 de mayo de 2016, se
efectuó el emplazamiento de interesados; se recibieron y tramitaron
reclamaciones; se elaboraron y aprobaron los inventarios y avalúos; se
adelantaron labores de depuración contable y determinación de bienes y sumas
excluidas de la masa liquidatoria; se definió el pasivo y se resolvieron recursos.
Posteriormente, se declaró el desequilibrio financiero y se dispuso la culminación
del proceso, con la extinción de la personalidad jurídica de la EPS (hechos
probados 3.5. y 3.6.).

De los antecedentes del acto que declaró el desequilibrio financiero se extrae
que el liquidador identificó y restituyó las sumas que legalmente debían
permanecer por fuera de la masa (hecho probado 3.5.). Conforme al artículo 2151
de la Ley 1105 de 200652, los recursos de la seguridad social no integraban el
patrimonio liquidable y, por ende, su devolución a la entidad estatal competente
no constituía una irregularidad, sino el cumplimiento de un mandato legal. En ese
orden, tales recursos no podían destinarse al pago de acreencias quirografarias.

En esa línea de actuaciones, no se evidencia incumplimiento atribuible a la
Superintendencia Nacional de Salud en estos aspectos. Por el contrario, se
advierte que el agente liquidador tramitó el proceso hasta reconocer los créditos
de los demandantes, y agotó cabalmente las etapas del proceso liquidatorio.

4.1.6. Ahora, que las obligaciones reclamadas por el grupo de demandantes no
hubieran resultado satisfechas se explica por la insuficiencia estructural del
activo frente al pasivo, circunstancia que condujo a la declaratoria de
desequilibrio financiero (hecho probado 3.5.).

51 “Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de

la liquidación: a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad
que determine el Gobierno Nacional; [...]”.
52 “Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de

liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras
disposiciones”.
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En otras palabras, el detrimento patrimonial alegado —consistente en el impago
de créditos quirografarios— no se ancla en una acción u omisión imputable a la
Superintendencia Nacional de Salud, sino a la insuficiencia patrimonial de la
entidad intervenida, circunstancia que quedó reflejada en la declaratoria de
desequilibrio financiero, sin que la parte actora haya demostrado que el impago
obedeció a irregularidades, desvíos de recursos o manejo indebido de la masa
de activos.

En este sentido, se advierte que la parte actora no satisfizo la carga probatoria
que le correspondía de cara a lo previsto en el artículo 167 del CGP, según el
cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, razón por la cual no hay lugar
a acceder a las pretensiones de la demanda y se impone, en la parte resolutiva,
confirmar la decisión de primera instancia.

5. Conclusión

La Sala procede a confirmar la sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que se constata, en primer
lugar, que la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social no se encuentra
legitimada en la causa por pasiva y, en segundo término, que las afectaciones
patrimoniales padecidas por los demandantes no son atribuibles a la
Superintendencia Nacional de Salud, pues las pruebas aportadas no permiten
acreditar que la entidad demandada hubiese omitido el cumplimiento de sus
funciones de inspección, vigilancia y control frente a Humana Vivir S.A. – EPS.

6. Costas

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo preceptúa que, salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy
Código General del Proceso, codificación que, a la vez, resulta aplicable en
materia de costas, por virtud de la remisión expresa de que trata el artículo 68
de la Ley 472 de 199853.

Nótese cómo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, contrario a lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo54, adoptó un criterio objetivo para la imposición de costas, es

53 “Artículo 68. Aspectos no Regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del

presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
54 “Artículo 171. Condena en costas. Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. En

todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la
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decir, no tiene en consideración el comportamiento de las partes. La única
excepción a esa regla general es que se trate de un proceso en el que se “ventile
un interés público”, supuesto que, pese a lo considerado por la primera instancia
no aplica en este asunto.

Desde luego, tal como lo ha referido esta Subsección55, las acciones públicas se
caracterizan porque en ellas no se discuten intereses subjetivos. Además,
poseen una legitimación universal o abierta a cualquier ciudadano, en función de
la cual permiten la intervención de terceros y la coadyuvancia, caracteres estos
que no se advierten en el medio de control de reparación de perjuicios causados
a un grupo que, por su naturaleza, es una acción civil indemnizatoria que protege
intereses subjetivos y que, solamente puede interponerse por las personas que
demuestren legítimamente una afectación. En consecuencia, el presente medio
de control no está exento de la imposición de costas como lo supuso la primera
instancia, decisión que, en todo caso se mantendrá por cuanto no fue
controvertida, lo que no obsta para que se estudien las costas de segunda
instancia.

En este orden de ideas, según lo previsto en el artículo 188 del CPACA 56, que
remite a las disposiciones del CGP, las costas están compuestas por expensas,
gastos procesales y agencias en derecho, que deben ser “tasadas y liquidadas
con criterios objetivos y verificables en el expediente”57. En cuanto a las reglas
para la imposición de la condena, la norma procesal general dispone que
procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación y “solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”58.

Así pues, atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda
instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.

conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente
o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
55 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 4 de

octubre de 2023, Rad. 63215.
56 “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la

condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
57 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de

la justicia) y 366-4 (agencias en derecho).
58 CGP, artículo 365. “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a

aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se
hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”.
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Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente
liquidación y tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fija por
concepto de agencias en derecho un (1) salario mínimo legal mensual vigente a
la fecha de la sentencia, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo
No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura59. La cifra que arroje la liquidación del salario mínimo se
distribuirá por partes iguales entre las dos entidades demandadas, comoquiera
que participaron en esta instancia alegando de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte
demandante. Para tal efecto se fijan como agencias en derecho el equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente, que se distribuirá por partes iguales
entre las dos entidades demandadas.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva para actuar en representación
judicial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al abogado
Leonardo Juniors Martínez Joven, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.016.008.625 y portador de la tarjeta profesional No. 237.928.

CUARTO: COMUNICAR por Secretaría de la Sección, al Juzgado Cuarenta y
Ocho Civil del Circuito de Bogotá, D.C, y con destino al proceso ejecutivo No.
110013103-048-2021-00351-00, las resultas del presente proceso.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

59“Artículo 5 Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en
general. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
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FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

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