Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00777-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00777-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2020-00777-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2020-00777-02 (2358-2025)
Demandante: Jairo Enrique Romo Ortiz
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Tema: Retiro del gerente del Hospital Universitario Julio Méndez
Barreneche por la intervención forzosa de la Superintendencia
Nacional de Salud. Alcances de la sentencia C-1049 de 2000.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada contra la sentencia del 19 de febrero de 2025, mediante la cual
el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. La parte actora solicitó la nulidad parcial de la Resolución nro.
002304 del 11 de mayo de 2020, por medio del cual la Superintendencia Nacional
de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios,
así como la intervención forzosa administrativa del Hospital Universitario Julio
Méndez Barreneche de Santa Marta (Magdalena), particularmente la decisión
relacionada con la separación del señor Jairo Enrique Romo Ortiz del cargo de
gerente de esa institución de salud y la consecuente designación de un agente
especial interventor.
3. Asimismo, exigió la nulidad de la Resolución nro. 009882 del 7 de septiembre
de ese mismo año, a través de la cual se resolvió negativamente el recurso de
reposición interpuesto contra aquella primigenia decisión.
4. A título de restablecimiento del derecho, pidió lo siguiente: i) el reintegro al cargo
que venía desempeñando, ii) el reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de recibir desde la fecha de la desvinculación hasta
la presentación de la demanda, iii) la cancelación de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde el día siguiente a la presentación de la demanda
y hasta que se ordenara su reincorporación o se profiriera la sentencia, lo que
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Demandante: Jairo Enrique Romo Ortiz
ocurriera primero, iv) la reparación del daño emergente presente y futuro y, v) la
indemnización de los daños morales causados.
5. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:
6. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, la Superintendencia
Nacional de Salud realizó dos (2) visitas al Hospital Universitario Julio Méndez
Barreneche, con el propósito de verificar la información contable, financiera y
jurídico-administrativa de la entidad, así como las condiciones en las que se
prestaban los servicios de salud.
7. Como resultado del proceso de auditoría, la Superintendencia Delegada para la
Supervisión Institucional elaboró un análisis de hallazgos en el que identificó
aproximadamente cincuenta y nueve (59) irregularidades.
8. Con el propósito de corregir las deficiencias advertidas, el anterior gerente del
hospital remitió a la Superintendencia Nacional de Salud, el 6 de marzo de 2020, un
plan de mejoramiento que contenía las acciones destinadas a subsanar los
hallazgos identificados. Sin embargo, dicho plan no fue aprobado por la entidad de
vigilancia, por lo que se concedió un plazo de diez (10) días para efectuar los ajustes
correspondientes.
9. Mediante el Decreto nro. 112 del 1.º de abril de 2020, el gobernador del
departamento del Magdalena nombró en propiedad al señor Jairo Enrique Romo
Ortiz como gerente de la referida empresa social del Estado, previo agotamiento del
respectivo proceso de selección.
10. El 8 de mayo de 2020, el nuevo gerente remitió a la Superintendencia Nacional
de Salud las correcciones efectuadas al plan de mejoramiento1.
11. Durante el corto período en que ejerció el cargo, el demandante adelantó
diversas gestiones encaminadas a optimizar el funcionamiento del hospital, entre
ellas: i) el pago de mensualidades adeudadas al personal de la entidad, ii) la
depuración de los contratos de prestación de servicios, iii) la ampliación de la unidad
de cuidados intensivos (UCI) y, iv) la celebración de un contrato de comodato con
SaludCoop para habilitar otra unidad de cuidados intensivos, además de distintas
actuaciones administrativas.
12. Pese a lo anterior, la entidad demandada, por medio de la Resolución nro.
002304 del 11 de mayo de 2020, ordenó la toma de posesión inmediata de los
bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa del
hospital, decisión que produjo la separación del actor del cargo de gerente.
1 No se dijo en la demanda si esto fue aprobado o rechazado por la entidad accionada.
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Demandante: Jairo Enrique Romo Ortiz
13. Contra dicho acto administrativo se interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto desfavorablemente mediante la Resolución nro. 009882 del 7 de
septiembre de 2020.
14. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 1.°, 2.°, 6.°, 13, 25, 29, 53, 121 y 125 de la
Constitución Política; 1.°, 8.°, 25 y 26 de la Convención Americana de los Derechos
Humanos; 21, 22 y 24 de la Ley 510 de 1999; 10 de la Ley 1437 de 2011 y la
sentencia C-1049 de 2000.
15. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que los actos administrativos
demandados fueron expedidos sin competencia, con infracción de las normas en
que debieron fundarse, con desviación de poder y con pleno desconocimiento del
precedente constitucional aplicable.
16. En primer lugar, manifestó que la separación del señor Romo Ortiz del cargo de
gerente no era una consecuencia automática de la intervención forzosa
administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud ni correspondía
a una potestad absoluta de dicha entidad. A su juicio, esa facultad se encontraba
limitada por la necesidad de establecer la responsabilidad del administrador frente
a los hechos que dieron lugar a la toma de posesión, conforme a lo expuesto por la
Corte Constitucional en la sentencia C-1049 de 2000.
17. En ese sentido, indicó que, para que la separación del cargo pudiera
considerarse justificada, era necesario acreditar que el gerente había tenido
responsabilidad en las circunstancias que motivaron la intervención administrativa.
18. Por consiguiente, afirmó que su desvinculación, fundada exclusivamente en la
adopción de la medida de intervención y sin que se hubiera examinado su
responsabilidad individual, resultaba contraria al ordenamiento jurídico.
19. En segundo lugar, aseguró que la desvinculación carecía de fundamento
normativo, pues, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, el retiro
del gerente de una empresa social del Estado únicamente podía producirse por una
calificación insatisfactoria del plan de gestión, por destitución o en cumplimiento de
una orden judicial, supuestos que, según afirmó, no se configuraron en el presente
asunto.
20. Contestación de la demanda2. Dentro del término legal, la Superintendencia
Nacional de Salud ejerció su derecho de contradicción y defensa en los siguientes
términos:
21. Señaló que, mediante los autos nro. 0537 y 00660 de 2019, se ordenó la
práctica de visitas al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche durante los
2 PDF «053AgregarMemoria_19CONTESTACIONJAIROE», el cual puede ser descargado en la plataforma
SAMAI de primera instancia.
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meses de noviembre y diciembre de 2019, con el propósito de verificar su situación
contable, financiera, jurídica, administrativa y asistencial.
22. Expuso que entre los principales hallazgos identificados se encontraban: i) el
cuarenta y cinco por ciento (45 %) del personal estaba destinado a labores de apoyo
y el cincuenta y cinco por ciento (55 %) al desarrollo de funciones misionales,
proporción considerada excesiva en cuanto al personal administrativo, ii) existían
obligaciones pendientes por tres (3) meses con los médicos especialistas, iii) se
habían prestado servicios de salud a 21.826 usuarios, por un valor aproximado de
«$21.247 millones» que no han sido facturados y, iv) el hospital registraba
obligaciones tributarias con la DIAN por aproximadamente «$2.329 millones», entre
otras irregularidades.
23. Indicó que el anterior gerente presentó un plan de mejoramiento el 4 de marzo
de 2020; sin embargo, este no fue aprobado debido a las inconsistencias
detectadas. Posteriormente, el Comité de Medidas Especiales de la
Superintendencia Nacional de Salud, en sesión del 8 de mayo de 2020, recomendó
ordenar la intervención de la entidad.
24. Asimismo, manifestó que el superintendente nacional de salud dispuso, en
primer lugar, la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, así
como la intervención forzosa administrativa para administrar la ESE Hospital
Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta (Magdalena). En desarrollo
de esa decisión y con fundamento en el literal b) del numeral 2 del artículo 9.1.1.1.1
del Decreto 2555 de 2010, ordenó la separación del gerente del centro hospitalario.
Finalmente, con apoyo en el numeral 5 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, en
concordancia con el Decreto 2462 de 2013, designó al agente especial interventor.
25. De otra parte, expresó que el gerente de una Empresa Social del Estado no se
encuentra exento del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control
atribuidas a la Superintendencia Nacional de Salud, las cuales tienen como finalidad
garantizar el cumplimiento de la normatividad que regula el sector y la adecuada
prestación del servicio público de salud.
26. En síntesis, destacó la intervención del hospital fue una medida legal adoptada
para corregir graves deficiencias administrativas y financieras y garantizar la
prestación del servicio de salud. En ese contexto, la separación de Jairo Enrique
Romo del cargo de gerente y la designación de un agente interventor constituyeron
consecuencias jurídicas legítimas y accesorias de la medida de intervención para
administrar.
27. Por último, agregó que el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y la sentencia C-1049 de 2000, invocados por el demandante, regulan
principalmente la intervención para liquidar y, por tanto, no resultan aplicables al
caso concreto, en el cual se ordenó una intervención para administrar.
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28. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de «inexistencia de
causal alguna que afecte la validez de los actos administrativos demandados, y en
consecuencia la legalidad de la actuación» y «genérica».
29. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 19 de febrero de 2025, a
través de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena concedió parcialmente a
las súplicas de la demanda. Con tales propósitos, concluyó lo siguiente:
30. Luego de examinar los artículos 116 del Decreto Ley 663 de 1993, 9.1.1.1.1 del
Decreto 2555 de 2010 y 68 de la Ley 715 de 2001, así como la exposición de
motivos de esta última y la jurisprudencia del Consejo de Estado, concluyó que el
procedimiento previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero resulta
aplicable tanto a la intervención para liquidar como a la intervención para
administrar.
31. En cuanto a la facultad para remover al administrador de una entidad prestadora
de servicios de salud, sostuvo que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-
1049 de 2000, declaró exequible el parágrafo del artículo 22 de la Ley 510 de 1999,
bajo el entendido de que la justa causa para la terminación del vínculo laboral y la
consecuente exclusión de la indemnización solo se configura cuando se demuestra
la responsabilidad del administrador en los hechos que dieron lugar a la toma de
posesión de la entidad, supuesto que, a juicio del tribunal, no se acreditó en el
presente asunto.
32. Consideró que la Superintendencia Nacional de Salud no valoró la gestión
desplegada por el demandante durante el tiempo que ejerció el cargo, sino que
fundamentó su separación exclusivamente en las irregularidades atribuidas a su
antecesor.
33. Ello fue así, porque, a pesar del poco tiempo, el gerente adoptó medidas
encaminadas a mejorar el funcionamiento del hospital, tales como la expansión de
las unidades de cuidados intensivos (UCI), la conformación del comité asesor para
la mitigación de la emergencia derivada de la COVID-19, la corrección del plan de
mejoramiento y la celebración de un contrato de comodato con SaludCoop, entre
otras.
34. En ese orden de ideas, concluyó que respecto del demandante no se configuró
una justa causa para su desvinculación, razón por la cual tenía derecho a
permanecer en el cargo hasta la finalización de su período institucional.
35. Frente al restablecimiento del derecho, el operador judicial, al tener en cuenta
que era imposible la designación del demandante como gerente del hospital,
precisamente porque el empleo era para un periodo de cuatro (4) años, el cual había
finalizado, condenó a la entidad demandada pagar al señor Romo Ortiz los salarios
y prestaciones sociales dejados de recibir entre la fecha del despido y la
3 PDF «041Sentencia_accede_202000777SentenciaPr», Ib.
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presentación de la demanda —lucro cesante consolidado—; asimismo, desde el día
siguiente a la presentación de la demanda hasta la terminación del periodo
institucional, esto es, el 2 de abril de 2024 —lucro cesante futuro—.
36. De igual manera, dispuso descontar de la condena las sumas que el
demandante hubiera percibido por concepto de ingresos provenientes de
actividades públicas o privadas durante el período indemnizado. Igualmente,
precisó que no resultaba aplicable la Sentencia SU-556 de 2014, por cuanto el actor
no desempeñaba un cargo de carrera administrativa en provisionalidad.
37. Finalmente, al no encontrar elementos probatorios que justificaran la causación
de los perjuicios morales y el daño emergente reclamados, negó su petición.
38. Recurso de apelación4. Inconforme con el restablecimiento del derecho
ordenado en la anterior decisión, la apoderada de la superintendencia presentó el
siguiente reproche:
39. El tribunal interpretó erróneamente la sentencia C-1049 de 2000, pues dicha
providencia no estableció cuál era la entidad obligada a asumir el pago de las
acreencias laborales derivadas de la desvinculación del administrador, máxime
cuando la Superintendencia Nacional de Salud nunca ostentó la calidad de
empleadora del señor Jairo Enrique Romo Ortiz.
40. En ese orden de ideas, señaló que, si bien la Superintendencia Nacional de
Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para administrar la ESE Hospital
Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta (Magdalena) y, en desarrollo
de dicha medida, dispuso la separación del demandante del cargo de gerente, tal
decisión no fue adoptada en calidad de empleadora, sino en ejercicio de las
funciones legales de inspección, vigilancia y control que el ordenamiento jurídico le
atribuye.
41. Finalmente, solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado por falta de
integración del contradictorio, al considerar que antedicho hospital debió ser
vinculado al proceso en calidad de parte demandada.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
42. La admisión del recurso5. Mediante auto de 28 de agosto de 2025 se admitió
la alzada. Dentro de la oportunidad prevista en la ley no se registraron actuaciones
de las partes ni del Agente del Ministerio Público que actúa ante esta corporación.
43. No obstante, por medio del auto del 5 de junio de 2026, se ordenó devolver el
expediente al tribunal de origen con el propósito de que se pronunciara sobre la
solicitud de nulidad procesal formulada por la entidad demandada en el escrito de
apelación.
4 PDF «043MemorialWeb_Recurso-RecursodeApelación», Ib.
5 Actuación visible en el índice 18 de la plataforma SAMAI.
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44. El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través del auto del 16 de julio de
20266, negó la solicitud de nulidad. Para sustentar su decisión, consideró que la
falta de vinculación del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche no fue
alegada por la Superintendencia Nacional de Salud en la contestación de la
demanda ni en los alegatos de conclusión, razón por la cual la eventual irregularidad
quedó saneada.
45. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
46. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.
47. Problema jurídico. De acuerdo con el reproche formulado en la impugnación,
la Sala determinar si ¿la Superintendencia Nacional de Salud debe asumir el pago
de la condena dineraria impuesta en la sentencia primera instancia?
48. El caso concreto. Interrogante único: ¿la Superintendencia Nacional de
Salud debe asumir el pago de la condena dineraria impuesta en la sentencia de
primera instancia?
49. Antes de resolver el anterior cuestionamiento, la Sala advierte que la única
inconformidad formulada en la alzada está dirigida a cuestionar que la obligación
dineraria impuesta en la sentencia apelada no debe ser asumida por la
Superintendencia Nacional de Salud. En consecuencia, de conformidad con los
artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, el análisis y decisión en esta
instancia se limitará exclusivamente a ese aspecto.
50. Además, es necesario destacar que en la sentencia C-1049 de 20009, la Corte
Constitucional no determinó cuál era la entidad llamada a asumir el pago de una
eventual indemnización derivada de la separación del administrador de una de las
entidades vigiladas por la otrora Superintendencia Bancaria, con ocasión de la toma
de posesión reglada en el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
—Decreto Ley 663 de 1993—, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999.
6 PDF «059Autoniegasoli_niegsoli», contentivo del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción
de «Gestionar documentos», de la plataforma SAMAI de primera instancia.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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51. En efecto, en tal pronunciamiento, la Corte se limitó a examinar la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 22 de la Ley 510 de 199910 y, partir de
ese examen, lo declaró exequiblemente condicionado, bajo el entendido de que la
terminación del vínculo por justa causa y la consecuente exclusión de la
indemnización solo proceden cuando se encuentre demostrada la responsabilidad
del regente en los hechos que dieron lugar a la intervención forzosa.
52. Resulta apenas obvio que la Corte no definiera la entidad responsable de asumir
una eventual condena patrimonial, toda vez que la demanda de inconstitucionalidad
formulada no tuvo esa finalidad.
53. En ese contexto, no le asiste razón a la entidad recurrente cuando afirmó que
el tribunal de primera instancia interpretó erróneamente esa sentencia pues, lo que
hizo el a quo fue aplicar la regla fijada por la Corte Constitucional y concluir, con
fundamento en el material probatorio que reposa en el expediente, que frente al
señor Jairo Enrique Romo Ortiz no se configuró una justa causa para su
desvinculación, debido a que la intervención forzosa obedeció a circunstancias
anteriores a su designación como gerente y no a una conducta activa u omisiva
atribuible a él.
54. Por el contrario, las pruebas aportadas a la actuación evidenciaron que durante
el breve tiempo en que aquel fungió como gerente, adelantó actuaciones dirigidas
a superar la crisis institucional del hospital, circunstancia que no fue valorada por la
Superintendencia Nacional de Salud al expedir el acto de intervención y,
específicamente, al ordenar su separación del empleo.
55. Decantado lo anterior, resulta necesario abordar los alcances de la intervención
forzosa y la toma de posesión que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud.
56. La intervención forzosa y la toma de posesión por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud.
57. La facultad de intervención cuenta con un régimen especial previsto en el
capítulo XII del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero —Decreto Ley 633 de
1993—, aplicable por remisión expresa del parágrafo segundo del artículo 233 de la
Ley 100 de 199311.
58. Asimismo, encuentra desarrollo en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de
2010 y en el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, entre otras
disposiciones.
10 «Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público
de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades».
11 Que establece que «PARÁGRAFO 2. El procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de
Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria […]».
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59. El artículo 152 de la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, cuya finalidad consiste en regular la prestación del servicio público
de salud y garantizar el acceso de la población a todos los niveles de atención.
60. En este contexto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 ejusdem, la
Superintendencia Nacional de Salud12 integra el aludido sistema, en su rol de
institución de inspección, vigilancia y control sobre los distintos actores de ese
sector.
61. Dentro de las competencias atribuidas a esta superintendencia13 se encuentra
la facultad de ordenar la toma de posesión de las entidades vigiladas, cuando se
configura alguna de las causales enlistadas en el artículo 114 del Decreto Ley 663
de 199314, adicionado parcialmente por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999.
62. Conforme al artículo 115 del citado estatuto, la toma de posesión tiene por
finalidad determinar si la entidad intervenida debe ser objeto de liquidación, si es
posible adoptar medidas que permitan restablecer su funcionamiento o si procede
implementar otras actuaciones encaminadas a garantizar la adecuada prestación
del servicio y la protección de los intereses de los usuarios y acreedores.
63. A su turno, el artículo 116 del mismo reglamento establece las consecuencias
jurídicas derivadas de la toma de posesión, entre las cuales se encuentra la
12 Artículo 155 de la Ley 100 de 1993.
13 Artículo 68 de la Ley 715 de 2001.
14 Que dice, a la letra, que «Artículo 114º. Causales.
1. Modificado por el art. 32, Ley 795 de 2003. <El nuevo texto es el siguiente> Corresponde a la
Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada
cuando se presente alguno de los siguientes hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo
concepto del consejo asesor.
a. Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones;
b. Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus archivos, libros de
contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superintendencia Bancaria;
c. Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios;
d. Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia Bancaria debidamente
expedidas;
e. Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley;
f. Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, y
g. Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
h. Adicionado por el art. 20, Ley 510 de 1999. <El texto adicionado es el siguiente> Cuando existan graves
inconsistencias en la información que suministra a la Superintendencia Bancaria que a juicio de ésta no permita
conocer adecuadamente la situación real de la entidad;
i. Adicionado por el art. 20, Ley 510 de 1999.<El texto adicionado es el siguiente> Cuando la entidad no cumpla
los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos en el artículo 80 de este Estatuto;
j. Adicionado por el art. 20, Ley 510 de 1999. <El texto adicionado es el siguiente> Cuando incumpla los planes
de recuperación que hayan sido adoptados.
k. Adicionado por el art. 33, Ley 795 de 2003.<El texto adicionado es el siguiente> Cuando incumpla la orden
de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida por la Superintendencia Bancaria, y
l. Adicionado por el art. 33, Ley 795 de 2003. <El texto adicionado es el siguiente> Cuando se incumpla el
programa de desmonte progresivo acordado con la Superintendencia Bancaria.
2. Adicionado por el art. 20, Ley 510 de 1999. <El texto adicionado es el siguiente> La Superintendencia
Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada, cuando
se presente alguno de los siguientes hechos:
a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento (40%) del nivel mínimo
previsto por las normas sobre patrimonio adecuado;
Adicionado por el art. 34, Ley 795 de 2003.<El texto adicionado es el siguiente> Tratándose de las entidades
aseguradoras, se entenderá configurada esta causal por defecto del fondo de garantía.
b). Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se cumplan las metas de los
mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 48,
literal i).»
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posibilidad de separar de sus funciones a los administradores y directivos de la
entidad intervenida, en los siguientes términos:
«ARTICULO 116. TOMA DE POSESION PARA LIQUIDAR. <Artículo modificado
por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:>
a). La separación de los administradores y directores de la administración de los
bienes de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia
Bancaria podrá abstenerse de separar determinados directores o administradores,
salvo que la toma de posesión obedezca a violación a las normas que regulan los
cupos individuales de crédito o concentración de riesgo, sin perjuicio de que
posteriormente puedan ser separados en cualquier momento por el agente especial;
b). La separación del revisor fiscal, salvo que en razón de las circunstancias que
dieron lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior
sin perjuicio de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia
Bancaria. El reemplazo del revisor fiscal será designado por el Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras. En el caso de liquidación Fogafin podrá encomendar
al revisor fiscal el cumplimiento de las funciones propias del contralor;
c). La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen
constituido a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta
a registro, salvo expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los
registradores no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de
propiedad de la intervenida, so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido
realizado por la persona antes mencionada;
d). La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir
nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por
razón de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se
aplicarán en lo pertinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley
222 de 1995, y cuando allí se haga referencia al concordato se entenderá que se
hace relación al proceso de toma de posesión. La actuación correspondiente será
remitida al agente especial;
e). La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de
posesión que afecten bienes de la entidad. La Superintendencia Bancaria librará los
oficios correspondientes;
f). La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la
toma de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto
de toma de posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los
pagos, la Superintendencia Bancaria en el momento en que lo considere
conveniente, podrá decretar dicha suspensión. En tal caso los pagos se realizarán
durante el proceso de liquidación, si ésta se dispone, o dentro del proceso destinado
a restablecer la entidad para que pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con
el programa que adopte el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o se
acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina continuará pagándose
normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan;
g). La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de
los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles
antes de la toma de posesión.
En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad,
o se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital
suscrito, la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva;
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h). El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados,
quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo
cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que
dispongan frente a la entidad intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de
toma de posesión y de conformidad con las disposiciones que lo rigen. En relación
con los créditos con garantías reales se tendrá en cuenta la preferencia que les
corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado si son garantías
muebles y de tercer grado si son inmuebles.
Parágrafo. La separación de los administradores y del revisor fiscal por causa
de la toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da lugar a
la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará
indemnización alguna. (Negrilla y subrayado de la Sala)
2. Término. Dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables contados
a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria, previo concepto del
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determinará si la entidad debe ser
objeto de liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda
desarrollar su objeto conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras
medidas que permitan a los depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el
pago total o un pago parcial de sus créditos de conformidad con este artículo. En los
dos últimos casos, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras presentará a
la Superintendencia Bancaria el programa que aquél seguirá con el fin de lograr el
cumplimiento de la medida y en el cual se señalarán los plazos para el pago de los
créditos. Dicho programa podrá ser modificado cuando las circunstancias lo
requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a los
interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los
acreedores y la entidad objeto de la toma de posesión.
En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la
Superintendencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la
existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al
liquidador designado por los accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se
decide adoptar las medidas necesarias para que la entidad pueda desarrollar su
objeto social de acuerdo con las normas que la rigen u otras medidas que permitan
obtener el pago total o parcial de los créditos de los depositantes, ahorradores e
inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma de posesión se
mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad a los
accionistas.
Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá
exceder del plazo de un (1) año, prorrogable por la Superintendencia Bancaria, por
un plazo no mayor de un año; si en ese lapso no se subsanaren las dificultades que
dieron origen a la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la
disolución y liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el
Gobierno por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se
requiera en razón de las características de la entidad.»
64. Como se dijo anteriormente, el parágrafo de esta disposición fue objeto de
control constitucional en la sentencia C-1049 de 2000, oportunidad en la que la
Corte Constitucional declaró su exequibilidad condicionada «bajo el entendido de
que la justa causa para la terminación del contrato de trabajo y la exclusión de la
indemnización se configuran únicamente cuando se encuentre probada la
responsabilidad del trabajador en los hechos que dieron lugar a la toma de posesión
de la entidad».
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65. Por su parte, el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 201015 reguló el
procedimiento de toma de posesión y distinguió entre las medidas preventivas
obligatorias y las facultativas, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 9.1.1.1.1 Toma de posesión y medidas preventivas. De
conformidad con el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, la toma de posesión tendrá por
objeto establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidación; si es posible
colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se
pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para
que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o
parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deberá adoptarse por la
Superintendencia Financiera de Colombia en un término no mayor de dos (2) meses
contados a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un término
igual por dicha entidad, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras-FOGAFIN.
Para el efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras-FOGAFIN durante dicho plazo, mantendrán
mecanismos de coordinación e intercambio de información sobre los antecedentes,
situación de la entidad, posibles medidas a adoptar y demás acciones necesarias,
para lo cual designarán a los funcionarios encargados de las distintas labores
derivadas del proceso.
Lo anterior no impedirá que la Superintendencia Financiera de Colombia adopte las
medidas previstas en el inciso tercero del artículo 115 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999.
El acto administrativo que ordene la toma de posesión de los bienes, haberes y
negocios de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
dispondrá las siguientes medidas preventivas:
1. Medidas preventivas obligatorias.
a) La inmediata guarda de los bienes de la institución financiera intervenida y la
colocación de sellos y demás seguridades indispensables;
b) La orden de registro del acto administrativo que dispone la toma de posesión en
la cámara de comercio del domicilio de la intervenida y en las del domicilio de sus
sucursales; y, si es del caso, la de los nombramientos de los administradores y del
revisor fiscal;
c) La comunicación al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN
para que proceda a nombrar el agente especial;
d) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten
procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la
ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase
contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores
a dicha medida, y la obligación de dar aplicación a las reglas previstas por los
artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006;
e) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o
actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al agente
especial, so pena de nulidad;
15 «por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado
de valores y se dictan otras disposiciones».
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f) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha
entidad mediante circular ordene a todos los registradores de instrumentos públicos
que dentro de los treinta días siguientes a la toma de posesión, realicen las
siguientes actividades y se abstengan de adelantar las que se mencionan a
continuación:
Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales
figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos;
disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes
inmuebles de la institución financiera intervenida; cancelar los embargos decretados
con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que
afecten los bienes de la intervenida; y cancelar los gravámenes que recaigan sobre
los bienes de la institución financiera intervenida a solicitud elevada sólo por el
agente especial mediante oficio.
Se deberá advertir además a los registradores para que se abstengan de cancelar
los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya
mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; así
como de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la
intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada,
caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de
posesión;
g) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente
o mediante solicitud a todas las secretarias de tránsito y transporte proceda a
realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de
automotores correspondiente o en el registro único nacional de tránsito; para que
cancelen los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la
medida de toma de posesión que afecten los vehículos de la intervenida; para que
cancelen los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la institución
financiera intervenida a solicitud unilateral del agente especial mediante oficio; para
que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor
de la institución financiera intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo
expresa autorización del agente especial; y para que se abstengan de registrar
cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de propiedad de la intervenida a
menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada;
h) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su
poder activos de propiedad de la institución financiera intervenida, para que proceda
de manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;
i) La advertencia de que el agente especial está facultado para poner fin a cualquier
clase de contrato existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no
son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha
de la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que
rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa, especialmente las previstas
en el presente Libro;
j) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al agente
especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como
el aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia sobre la adopción de la medida, para que procedan de
conformidad;
k) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben
entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales;
l) La designación del funcionario comisionado para ejecutar la medida, quien podrá
solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento
a la toma de posesión.
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2. Medidas preventivas facultativas. El acto administrativo podrá disponer también
las siguientes medidas:
a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de
administración y dirección, así como del revisor fiscal, salvo en los casos que la
Superintendencia Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad
con el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la
facultad de removerlos con posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal,
su reemplazo será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras FOGAFIN.".
b) La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento
de la toma de posesión, cuando sea del caso, sin perjuicio de la facultad de ordenar
esta medida posteriormente.
PARÁGRAFO 1. Para todos los efectos y especialmente para los previstos en el
literal n) del numeral 9 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
la Superintendencia Financiera de Colombia deberá poner a disposición del
representante legal de la entidad intervenida, los documentos que dieron origen a la
toma de posesión.
PARÁGRAFO 2 En desarrollo de la facultad de suspender los pagos, la
Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la situación de la entidad
y las causas que originaron la toma de posesión, podrá disponer, entre otras
condiciones, que esta sea general, o bien que opere respecto de determinado tipo
de obligaciones en particular y/o hasta por determinado monto, en todo caso,
deberán cumplirse las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en
el mercado de valores antes de la toma de posesión, cuyas órdenes de transferencia
hubieren sido aceptadas por el respectivo sistema de compensación y liquidación,
con anterioridad a la notificación de la medida a dicho sistema. Así mismo, podrán
cumplirse las operaciones realizadas en el mercado de valores cuyas órdenes de
transferencia no hubieren sido aceptadas por un sistema de compensación y
liquidación de operaciones sobre valores, cuando, a juicio de la Superintendencia
Financiera de Colombia, ello sea conveniente para la entidad intervenida, La
Superintendencia Financiera de Colombia deberá notificar personalmente la medida
de toma de posesión, de manera inmediata, a los representantes legales de las
entidades administradoras de sistemas de compensación y liquidación de valores
en los cuales actúe como participante la entidad intervenida.
En todo caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesión podrá
realizar los gastos administrativos de que trata el artículo 9.1.3.5.2 del presente
decreto.".
PARÁGRAFO 3. Cuando quiera que al decretar la toma de posesión de una entidad
la Superintendencia Financiera de Colombia encuentre acreditado que la misma
debe ser liquidada, podrá disponer la liquidación en el mismo acto».
66. De especial relevancia para el asunto objeto de estudio resulta el numeral 2,
literal a), de la disposición transcrita, según el cual la separación de los
administradores, directores y órganos de administración constituye una medida
preventiva de carácter facultativo y no una consecuencia necesaria de toda
intervención administrativa.
67. En efecto, la norma autoriza expresamente a la superintendencia para disponer
o no la remoción de los administradores —en este caso, de los gerentes de las
Empresas Sociales del Estado—, lo que significa que la toma de posesión puede
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llevarse a cabo sin que necesariamente se produzca la separación del cargo de
estos.
68. Esta precisión resulta determinante para resolver el reproche vertido en la
alzada, pues evidencia que la desvinculación del demandante no constituyó un
efecto automático de la intervención, sino el resultado de una decisión específica
adoptada por la propia Superintendencia Nacional de Salud, aspecto que será
analizado a continuación.
69. Pues bien, de conformidad con lo expuesto, la Sala ratifica que la entidad
legitimada para cumplir la condena impuesta en primera instancia es la
Superintendencia Nacional de Salud.
70. En efecto, fue esa entidad, en ejercicio de sus funciones legales de inspección,
vigilancia y control, la que expidió la Resolución nro. 002304 del 11 de mayo de
2020, mediante la cual ordenó la intervención forzosa administrativa del Hospital
Universitario Julio Méndez Barreneche y dispuso, además, la separación del
demandante del cargo de gerente y la consecuente designación del agente especial
interventor.
71. Ciertamente, la Superintendencia Nacional de Salud no ostentaba la calidad de
empleadora del señor Jairo Enrique Romo Ortiz, pues este tenía una relación legal
y reglamentaria con el hospital arriba señalado. Sin embargo, esta última
circunstancia no determina que sea la institución de salud la que debe asumir las
consecuencias derivadas de la declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado.
72. Así, es necesario recordar que en los procesos judiciales en los que se debaten
las diversas modalidades de retiro del servicio público —insubsistencias de
empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, el llamamiento a calificar
servicios, el retiro discrecional, entre otros—, las condenas económicas que
emanan de la nulidad de los actos administrativos respectivos, recaen, por regla
general, sobre la entidad empleadora, en tanto es ella quien ejerce la facultad
nominadora y adopta la decisión objeto de control judicial.
73. Cosa distinta acaece en este asunto, pues sus condiciones son sui géneris,
dado que el Hospital Julio Méndez Barreneche no fue quien removió del ejercicio de
sus funciones al actor, sino que tal separación se produjo en el marco de la
intervención forzosa administrativa adelantada por la Superintendencia Nacional de
Salud, autoridad que, se reitera, ordenó la toma de posesión, removió al
demandante del cargo de gerente y designó al agente interventor.
74. En ese orden de ideas, y dadas las especiales condiciones de este asunto, no
puede confundirse la condición de empleador que ostentaba el citado hospital con
la autoridad que, en ejercicio de sus funciones legales de inspección, vigilancia y
control, emitió la determinación que separó al accionante de su cargo.
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75. Y es que la obligación indemnizatoria discutida en esta sede no emana del
vínculo laboral que el demandante sostenía con el hospital, sino de la decisión
excepcional de intervención adoptada por una autoridad externa que desplazó las
competencias ordinarias de aquella y produjo directamente la terminación
anticipada de la relación de trabajo que el actor ostentaba.
76. Sobre el alcance de las funciones de inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud, esta corporación16 explicó lo siguiente:
«Según reiterada jurisprudencia de esta Corporación, esta función trivalente entraña
tres potestades. La primera, la facultad de inspección, que consiste en “la
atribución que tiene el Estado para solicitar, confirmar y analizar la información
emitida por las entidades vigiladas sobre su situación jurídica, económica y
administrativa, así como la potestad de adelantar investigaciones administrativas a
dichos entes”17. La segunda, la facultad de vigilancia, que “se erige como aquella
función de policía administrativa encaminada a velar porque las entidades vigiladas
en su formación y funcionamiento, y en desarrollo de su objeto social, se ajusten a
la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos que la rigen”18. Y la tercera,
correspondiente a la facultad de control, entendida como “aquella potestad que
tiene la Administración frente a las entidades vigiladas a efectos de ordenar todos
los correctivos que se estimen necesarios tendientes a subsanar una situación
crítica de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo”19.
En armonía con tales funciones, se advierte que la Superintendencia Nacional de
Salud era la entidad encargada de realizar los procedimientos de toma de posesión
y liquidación de las empresas prestadoras de salud, tal como lo dispone el artículo
6°20 del precitado Decreto 1018 de 2007, en concordancia con lo previsto en el
artículo 9.1.1.1.1.21 y subsiguientes del Decreto 2555 de 201022 ─vigente para la
época de los hechos─.»
77. Precisamente, en ejercicio de esas competencias fue expedida la Resolución
nro. 002304 del 11 de mayo de 2020, acto administrativo que constituyó la fuente
inmediata de la separación del demandante del cargo y cuya nulidad parcial fue
16 Sección Tercera, Subsección “C”., C.P. Adriana Polidura Castillo, sentencia del 24 de marzo de 2026,
expediente nro. 25000-23-41-000-2018-00034-01 (67540).
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de julio de 2025. Rad. 69013.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Artículo 6. Funciones. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá las siguientes funciones: 1. Formular,
dirigir y coordinar la política de inspección, vigilancia y control del Sector Salud y del Sistema General de
Seguridad Social en Salud […]18. Ejercerla inspección, vigilancia y control de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, en relación con el cumplimiento de las normas técnicas, científicas, administrativas y
financieras del Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud […] 22. Practicar visitas de
inspección y vigilancia a los sujetos vigilados a fin de obtener un conocimiento integral de su situación
administrativa financiera y operativa, del manejo de los negocios, o de aspectos especiales que se requieran
[…] 24. Realizar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones formuladas en el ejercicio de inspección,
vigilancia y control. 25. Realizar, de acuerdo con la normatividad vigente, los procedimientos de fusión,
adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para ad-ministrar o liquidar y
otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que permitan garantizar la adecuada
prestación del servicio de salud.”.
21 Artículo 9.1.1.1.1 Toma de posesión y medidas preventivas. De conformidad con el artículo 115 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, la toma de posesión
tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en
condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que
permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el
pago total o parcial de sus acreencias.[…]”.
22 “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado
de valores y se dictan otras disposiciones”.
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declarada en primera instancia —específicamente el apartado decisorio que ordenó
la remoción del actor de su empleo—.
78. Esta conclusión guarda coherencia con otros supuestos en los que una
autoridad administrativa expide un acto de desvinculación que posteriormente es
anulado judicialmente. Así ocurre, por ejemplo, cuando se declara la nulidad de un
acto administrativo sancionatorio expedido por la Procuraduría General de la Nación
que conlleva el retiro del servicio, evento en el que es esa entidad —y no la
institución empleadora del servidor público— la llamada a asumir las consecuencias
patrimoniales derivadas de la ilegalidad de su propia actuación23.
79. Esto fue lo que sucedió en este caso, pues, se repite, el retiro del servicio del
actor no fue fruto de la autonomía y voluntad del Hospital Julio Méndez Barreneche
—su empleador—, sino de la potestad excepcional de una autoridad de inspección,
vigilancia y control, como lo es la Superintendencia Nacional de Salud.
80. Por tanto, la anulación de la decisión que produjo la separación de ese empleo
conlleva a que la autoridad que emitió ese acto asuma, con sus propios recursos, la
condena económica impuesta en primera instancia. Admitir lo contrario, esto es, que
la autoridad nominadora sea quien responda por estos hechos, no solo
desconocería que, en esta materia, la responsabilidad está indisolublemente ligada
a la autoridad que expidió la decisión administrativa anulada, sino también avalaría
que una institución pública vea comprometidos sus recursos por las acciones y
omisiones que despliegue otra entidad.
81. En este orden de ideas, y ante la no prosperidad del cargo formulado en la
alzada, se confirmará la sentencia de primera instancia.
82. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
83. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP24.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 7 de mayo de 2026, radicado nro. 44001-23-40-000-2014-
00188-01 (6308-2024).
24 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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84. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
85. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandada, por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos
planteados en el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 19 de febrero de 2025, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó el señor Jairo Enrique Romo Ortiz en contra
de la Superintendencia Nacional de Salud.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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