Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2014-00188-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2014-00188-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2014-00188-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-40-000-2014-00188-01 (6308-2024)
Demandante: Maritza del Rosario León Vanegas
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Tema: Control integral de los actos administrativos disciplinarios.
Prescripción de la acción disciplinaria. Elementos de la actuación
disciplinaria. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra de
la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de la Guajira, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Maritza del Rosario León Vanegas instauró demanda en contra de
la Nación-Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria expedida el 31 de
octubre de 2012 por la Procuraduría Regional de La Guajira, mediante la cual se le
declaró disciplinariamente responsable y de la decisión del 6 de noviembre de 2013
que la confirmó, proferida por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa. De igual manera, se solicitó la nulidad de la decisión que resolvió la
solicitud de aclaración y adición del fallo de segunda instancia y de los actos de
ejecución de la sanción, en particular los expedidos por el gobernador del
Departamento de La Guajira y la Universidad de La Guajira.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el pago de los
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante
el tiempo de la sanción, con la debida actualización e indexación; el reconocimiento
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de los perjuicios causados; la continuidad en la afiliación al sistema de seguridad
social y la eliminación de las anotaciones disciplinarias derivadas de los actos
acusados. También pidió la condena en costas y el cumplimiento de la sentencia en
los términos legales.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que mediante fallo de primera instancia, del 31 de octubre de 2012, la
Procuraduría Regional de La Guajira la declaró disciplinariamente responsable y le
impuso sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de doce (12)
meses, decisión que fue confirmada mediante fallo de segunda instancia del 6 de
noviembre de 2013 por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa.
6. Que mediante Resolución nro. 1074 del 1 de septiembre de 2014, el
gobernador del Departamento de La Guajira ejecutó la sanción disciplinaria
impuesta. Posteriormente, mediante Resolución nro. 1839 del 15 de octubre de
2014, la Universidad de La Guajira dio cumplimiento a la sanción disciplinaria, en
acatamiento de lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.
7. Indicó que la sanción disciplinaria le generó perjuicios económicos y morales,
derivados de la suspensión del cargo y sus efectos, en particular por los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo
de la sanción, la afectación en su afiliación al sistema de seguridad social y el
impacto negativo en su buen nombre, trayectoria profesional y condiciones
personales.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Constitución Política artículos 6 y 29; Ley 734 de 2002 artículos 4, 21, 29, 30,
35 numeral 18, 43, 53 numeral 18, 89, 90 parágrafo, 94, 119, 121, 128, 129, 130,
140, 143 numerales 2 y 3 y 169; Código General del Proceso artículo 302; Ley 1437
de 2011 artículos 91 y 213.
9. Sostuvo que la acción disciplinaria se encontraba prescrita, porque el último
nombramiento –correspondiente a Misael Velásquez Granadillo– fue realizado el 10
de marzo de 2009, de modo que la Procuraduría tenía hasta el 10 de marzo de 2014
para imponer una sanción y notificarla. En ese sentido, afirmó que para el 18 de
marzo de 2014, fecha en que se notificó la decisión que resolvió la solicitud de
aclaración y adición del fallo de segunda instancia, había operado la prescripción.
10. Por otro lado, alegó que la Procuraduría decretó pruebas antes del fallo sin
fundamento en la Ley 734 de 2002, pues el auto del 23 de julio de 2012 fue expedido
después del pliego de cargos y del decreto de pruebas de descargos. Agregó que
esa actuación no podía justificarse como auto para mejor proveer, porque no
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buscaba esclarecer puntos oscuros de la controversia, sino cuestionar si para la
fecha de los nombramientos se había modificado el Manual de Funciones.
11. Expuso que esa actuación afectó su derecho de defensa, porque introdujo de
manera indirecta un reproche distinto al contenido en el pliego de cargos,
relacionado con la supuesta expedición irregular de resoluciones que modificaban
el manual, sin que hubiera tenido oportunidad real de defenderse frente a esa
imputación. Afirmó, además, que la Procuraduría desconoció el deber de búsqueda
de la verdad real, al no vincular al procedimiento disciplinario a los jefes de talento
humano, pese a que el Manual de Funciones y el Decreto 2772 de 2005 les
asignaban la verificación de los requisitos para la posesión de los cargos.
12. Considera que la autoridad disciplinaria desconoció la presunción de
legalidad de los actos administrativos que modificaron el Manual de Funciones,
pues, sin competencia para anularlos o inaplicarlos, restó efectos a esas
resoluciones y concluyó que los nombramientos eran irregulares. Cuestionó,
igualmente, la valoración de documentos aportados por el quejoso, al considerar
que este no era sujeto procesal y que su intervención se limitaba a presentar y
ampliar la queja, aportar pruebas en su poder y recurrir decisiones de archivo o
fallos absolutorios.
13. Finalmente, sostuvo que no existió dolo ni ilicitud sustancial, porque los
nombramientos se realizaron con apoyo en actos administrativos vigentes que
modificaban el Manual de Funciones. También afirmó que la Procuraduría calificó
indebidamente la falta y graduó de manera incorrecta la sanción.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
14. El veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014)1. La Procuraduría
General de la Nación guardó silencio en este trámite procesal.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
15. El Tribunal Administrativo de la Guajira mediante sentencia del 16 de octubre
del 2020 negó las pretensiones. En relación con la prescripción, concluyó que no se
configuró, porque, según el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, el término de cinco (5) años se interrumpe con la expedición y
notificación del fallo de primera instancia, por ser este el acto principal que define la
responsabilidad disciplinaria. En esa medida, verificó que entre las fechas de los
nombramientos cuestionados y la notificación del fallo de primera instancia –23 de
noviembre de 2012– no transcurrió el término prescriptivo, por lo que el cargo no
estaba llamado a prosperar.
16. En cuanto al reproche por indebido decreto de pruebas antes del fallo,
consideró que la Procuraduría actuó dentro de sus facultades legales, porque la
autoridad puede decretar pruebas de oficio en cualquier etapa, con el fin de
1Ver pág. 179 del archivo «000-2014-00188-00 Cuaderno 1», disponible en la siguiente ruta: enlace de
OneDrive disponible en el índice No. 00012 de SAMAI.
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esclarecer los hechos y garantizar la búsqueda de la verdad real, sin que ello
implique la formulación de cargos nuevos.
17. Respecto de la no vinculación de los jefes de talento humano, sostuvo que la
responsabilidad por los nombramientos recae en el rector, en su condición de
representante legal y autoridad nominadora, quien no demostró la existencia de una
norma que trasladara dicha competencia a otros funcionarios, por lo que no se
desvirtuó la presunción de legalidad de los actos sancionatorios.
18. Por otro lado, concluyó que no se acreditó la falta de aplicación de las
modificaciones del Manual de Funciones, pues la decisión disciplinaria se limitó a
declarar la responsabilidad e imponer la sanción, sin anular ni dejar sin efectos
dichos actos. De igual forma, descartó irregularidad en la valoración de las pruebas
aportadas por el quejoso, al precisar que, si bien este no es sujeto procesal, sí está
facultado para allegar elementos probatorios, los cuales pueden ser valorados por
la autoridad disciplinaria.
19. Finalmente, el Tribunal concluyó que la conducta fue adecuadamente
calificada como falta grave dolosa y que la sanción de suspensión e inhabilidad
especial por doce meses fue proporcional, atendiendo la condición de la
demandante como rectora y el impacto de su actuación.
RECURSO DE APELACIÓN
20. La demandante2 interpuso recurso de apelación, donde sostuvo que se
aplicaron precedentes del Consejo de Estado posteriores a los hechos investigados,
lo cual desconoce el debido proceso. Afirmó que, para la época de ocurrencia de la
conducta, la tesis vigente señalaba que el término de prescripción debía
contabilizarse hasta la notificación del fallo de segunda instancia y no con el de
primera, como lo entendió el tribunal. A partir de esto, entendió que la acción
disciplinaria se encontraba prescrita.
21. Agregó que la aplicación de una línea jurisprudencial posterior vulnera el
principio de confianza legítima, en la medida en que modifica las reglas bajo las
cuales se adelantó la actuación disciplinaria. Invocó además el principio pro homine
para sostener que, ante varias interpretaciones posibles, debe preferirse la más
favorable a la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el debido
proceso.
22. En relación con el cargo por indebido decreto de pruebas antes del fallo,
insiste en que la Procuraduría actuó por fuera de sus competencias. Señala que el
auto denominado «pruebas antes del fallo» carece de fundamento en la Ley 734 de
2002 y fue proferido en una etapa procesal no prevista, después de cerrado el
debate probatorio. Además, afirmó que las decretadas no estaban orientadas a
verificar los hechos imputados, sino a cuestionar la validez de actos administrativos
que modificaban el manual de funciones, lo cual desbordó el marco del
procedimiento disciplinario.
2 Ver índice 00004 de SAMAI.
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23. Respecto del cargo por violación del deber de investigación integral, explicó
que existían elementos normativos que atribuían funciones relevantes a los jefes de
talento humano, particularmente en la verificación de requisitos para los
nombramientos, por lo que su no vinculación al procedimiento afectó el
esclarecimiento de los hechos y limitó su derecho de defensa. Agregó que el pliego
de cargos introdujo elementos no previstos en la descripción típica aplicable, al
incorporar expresiones que ampliaban el alcance del tipo disciplinario.
24. De igual forma, sostuvo que la Procuraduría desconoció la presunción de
legalidad de los actos administrativos que modificaban el manual de funciones, al
restarles efectos sin que mediara decisión judicial. A partir de ello, afirma que no
podía predicarse ilicitud sustancial en su conducta, pues los nombramientos se
realizaron con fundamento en actos administrativos vigentes. Cuestionó la
calificación de la falta y la graduación de la sanción. Señaló que no se acreditó el
dolo ni el supuesto «daño social» invocado por la autoridad disciplinaria, por lo que
la sanción impuesta carece de sustento probatorio y resulta desproporcionada.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
25. El 4 de junio de 20243 se admitió el recurso de apelación.
26. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.
27. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
28. La Sala deberá determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira debe revocarse, porque, según lo afirma la parte
demandante, en la expedición de los actos administrativos disciplinarios se vulneró
el debido proceso, se desconocieron los principios de legalidad y presunción de
legalidad de los actos administrativos, se incurrió en irregularidades probatorias, y
se aplicó de manera indebida el régimen de prescripción de la acción disciplinaria,
lo que condujo a declarar su responsabilidad sin sustento jurídico suficiente.
29. Con el anterior propósito, la Sala se referirá al alcance del control judicial
integral de los actos administrativos sancionatorios en materia disciplinaria; a la
prescripción de la acción disciplinaria; a los elementos de la actuación disciplinaria
y, finalmente, abordará el caso concreto.
Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria:
control integral de los actos administrativos disciplinarios
30. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
3 Véase índice 00004 de SAMAI.
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economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
31. De ahí que la respectiva actuación esté regida por normas y procedimientos
propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la
defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido pacífica la
posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta
clase de actos, tal como pasa a exponerse.
32. La primera posición jurisprudencial sostuvo que el control del juez de lo
contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias4.
33. Luego, la jurisprudencia adoptó una posición en la que, incluso, en los casos
en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y
el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho
fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial
efectiva, lo que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia
especial»5.
34. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «[…] la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»6, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
5 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-
2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Elementos de la actuación disciplinaria: tipicidad
35. Conforme al artículo 27 de la Ley 734 de 2002: «las faltas disciplinarias se
realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo
o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones». La
disposición también prevé que: «[c]uando se tiene el deber jurídico de impedir un
resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De esta forma, el
alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en términos amplios (i)
de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la extralimitación en el
ejercicio de las funciones7.
36. Advertido que, de alguna de las formas señaladas, se incurrió en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el régimen normativo
exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
37. El primero, íntimamente relacionado con el principio de legalidad previsto en
el artículo 4 de la Ley 734 de 2002, implica que el comportamiento esté consagrado
como una falta disciplinaria en las disposiciones aplicables; el segundo exige
evaluar si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna, lo que para
el caso concreto corresponde al alcance del artículo 5 del Código Disciplinario
Único8; y el tercero supone la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria9, concretándose en la exigencia, para el operador disciplinario, de
analizar si ese comportamiento consagrado como falta disciplinaria, con el cual se
lesionó un deber funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o
culposa.
38. Respecto a la tipicidad, la jurisprudencia precisa que es un principio aplicable
al procedimiento disciplinario; aunque la exigencia de rigurosidad es menor, por lo
cual su aplicación es más flexible, debido a la naturaleza del mismo, pues sus
normas carecen de completitud y autonomía, por lo que resulta necesario remitirse
a aquellas donde se regulan concretamente los deberes, funciones, obligaciones o
7 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
8 Ley 734 de 2001. «Artículo 4. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna».
9 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
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prohibiciones para los servidores públicos.
39. Recuérdese que el juicio de tipicidad exige que la conducta que se reprocha
a un servidor público esté prevista en el ordenamiento como una falta disciplinaria,
bien sea de aquellas que de manera taxativa señala el artículo 48 de la Ley 734 de
2002, o que se trate de las que, bajo la categoría de los tipos abiertos o en blanco,
se deban complementar por remisión a otras disposiciones legales o reglamentarias
40. En consecuencia, la aplicación de las disposiciones que consagran las faltas
disciplinarias, particularmente cuando se trata de faltas graves o leves, debe
complementarse con las normas que regulan la actividad de los servidores públicos.
Por esta razón, será esa remisión normativa la que finalmente permita establecer y
determinar, inequívocamente, el alcance de la conducta y la sanción.
De la prescripción de la acción disciplinaria
41. La Ley 200 de 1995, disponía en su artículo 34 lo siguiente:
«ARTICULO 34. TÉRMINOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA
SANCION. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La
prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas
desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las
de carácter permanente o continuado.
»[...]
»Parágrafo 2o. La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término
de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.
Estos términos prescriptivos se aplicarán a la acción disciplinaria originada en
conductas realizadas por los miembros de la fuerza pública».
42. Bajo la vigencia de esta norma, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 23 de mayo de 2002 –Exp. 17.112–, precisó
que como el legislador no señaló cuál era el acto que imponía la sanción e
interrumpía el término de prescripción, debía entenderse que la sanción se
consideraba impuesta cuando se hubiere expedido y notificado la decisión
disciplinaria y, si contra esta se interpusieron recursos, entonces cuando se
expidiera la decisión disciplinaria que los resolviera.
43. En cualquiera de los dos supuestos, debía proferirse la decisión dentro de los
5 años desde la comisión de la falta o desde la realización del último acto, de
acuerdo con lo previsto en la ley.
44. Contra esa providencia, la Procuraduría General de la Nación presentó
recurso extraordinario de revisión, el cual fue conocido por la Sala Plena
Contenciosa Administrativa de esta Corporación. En sentencia de unificación del 29
de septiembre de 2009, revocó la decisión y acogió como tesis que tratándose10:
«[…] de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera
10 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de
2009. Radicado: 11001031500020030044201. C.P. Susana Buitrago Valencia.
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oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y
se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que
es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa»11 (Cursiva de la Sala).
45. La anterior sentencia fue objeto de acción de tutela en la que, en sentencia
del 17 de abril de 2013, se controvirtió la tesis propuesta por la Sala Plena de la
Corporación, en el siguiente sentido:
«[…] no es válida la postura de la decisión judicial sometida a tutela pues al
declarar que la sanción queda impuesta con la notificación del acto
administrativo principal, olvida que es a partir de ese momento cuando se inicial
el plazo de ejecutoria, dentro del cual cabe la interposición de los recursos de
ley. En este orden, indicó la Sala de Conjueces, tener como impuesto este acto
primigenio al disciplinado, aún antes de su ejecutoria, constituye vía de hecho
que conculca su derecho al debido proceso, al desconocer su precariedad,
ineficacia e inoponibilidad debida a su condición de recurrible»12.
46. Con fundamento en este argumento, se revocó la posición jurisprudencial del
2009 y se retornó a lo establecido previamente, es decir, que la acción disciplinaria
no estaría prescrita si se resolvieron los recursos interpuestos y se notificó la
providencia de segunda instancia dentro del término establecido legalmente.
47. Posteriormente, en sentencia del 6 de marzo de 2014, al resolver las
impugnaciones interpuestas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la
decisión del 17 de abril de 2013 al determinar que los fallos de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado constituyen decisiones últimas,
intangibles, inimpugnables e inmodificables a través del mecanismo de la tutela.
Concluyó que esas características impiden cualquier pronunciamiento de fondo por
parte del juez de tutela 13.
48. En conclusión, al haberse revocado la sentencia del 2013, la tesis vigente es
la adoptada en la sentencia de unificación 2009 por la Sala Plena de esta
Corporación.
49. Por su parte, la Ley 734 de 2002 reprodujo en su artículo 30, parcialmente,
la normativa contenida en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 y, bajo la vigencia de
dicha norma, esta Corporación explicó que:
«[…] ha aplicado y reiterado la posición de la Sala Plena contenida en la
sentencia de unificación precitada de acuerdo con la cual dentro del término
de los 5 años a que se refiere el artículo transcrito, la autoridad
disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el acto principal,
esto es, la decisión de primera o única instancia que interrumpe el término de
prescripción»14 (negrillas originales).
11 Ibid.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sala de Conjueces. Sentencia del 17 de abril de 2013.
Rad. 11001-03-15-000-2010-00076-00(AC). C.P. Álvaro Escobar Henríquez.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de marzo de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2010-00076-
03(AC). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2019. Exp. 4891.16.
C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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50. En este punto, se aclara que el artículo 132 de la Ley 1474 de 201115 modificó
el artículo 30 de la Ley 734 de 2002; pero, atendiendo a la fecha de ocurrencia de
los hechos que se estudian, la norma aplicable al caso es la contenida originalmente
en el artículo 30 comentado, porque los hechos que dieron origen a la investigación
disciplinaria –los nombramientos–, conforme a lo que obra en el expediente,
ocurrieron entre 2008 y 2009.
51. Ahora bien, en atención a que la prescripción de la acción disciplinaria
depende de si la falta fue instantánea o continuada, se pone de presente que la
Corte Constitucional en relación con la clasificación de las faltas disciplinarias ha
precisado lo siguiente:
«[…] 6.3.1. Retomando la clasificación de las faltas, se reseña la postura
establecida por la Procuraduría General de la Nación, institución que en el
ejercicio de su control disciplinario prevalente, ha ordenado los tipos
sancionatorios conforme “a las circunstancias modales y temporales en que se
presentan, como de: […] iii) Instantáneas cuando la realización del
comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir
cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada,
cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la
consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta
Igualmente, el ente de control ha manifestado que “la conducta se puede agotar
con una única actividad que despliegue el autor en un solo momento o, por el
contrario, se suceda durante un periodo de tiempo y solo al cabo del mismo
puede decirse que el hecho se ejecutó”»16 (cursivas originales).
52. Esto significa que, en las faltas disciplinarias instantáneas, la infracción del
deber funcional se agota en un solo momento; mientras que en las faltas
disciplinarias continuadas hay una unidad de conducta que genera una afectación
al deber que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad
generadora de dicha infracción17.
Caso concreto
53. Para resolver la controversia, la Sala examinará si la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de La Guajira se ajusta al ordenamiento jurídico, a partir
del análisis de la prescripción de la acción disciplinaria, con la intención de
establecer si la potestad sancionatoria fue ejercida dentro del término permitido por
la ley y, en caso de que así fuere, se examinará si en el trámite disciplinario se
satisfizo el juicio de adecuación típica. Solo si tal cuestión sale avante, se abordarán
los demás motivos de reproche.
15 Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. <Artículo modificado por el artículo 132 de la
Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5)
años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado
el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción
disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-282A de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 04 de junio de 2020. Exp. 3965-2018.
C.P. William Hernández Gómez.
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54. Para empezar, es necesario señalar que del análisis del expediente
disciplinario se establece la siguiente secuencia temporal relevante:
• El 10 de marzo de 2009 se produjo el último de los nombramientos cuestionados,
correspondiente al señor Misael Velásquez Granadil.
• El 29 de julio de 2009 se expidió el auto que ordenó la indagación preliminar;
mientras que el 17 de mayo de 2011 se hizo lo propio con el «auto de cargos».
• El 31 de octubre de 2012 se profirió el fallo de primera instancia, el cual fue
notificado el 23 de noviembre del mismo año, mediante el cual se declaró
disciplinariamente responsable a la demandante18.
• El 6 de noviembre de 2013 se profirió el fallo de segunda instancia que confirmó
la decisión, notificada el 18 de diciembre de 2013.
• El 4 de febrero de 2014 se resolvió la solicitud de aclaración y adición, decisión
que fue notificada el 18 de marzo de 2014.
55. Con base en lo anterior, la Sala advierte que los hechos investigados
corresponden a conductas de carácter instantáneo, relacionadas con la expedición
de actos de nombramiento, por lo que el término de prescripción debe contabilizarse
desde la fecha de su realización, esto es, desde el último acto de nombramiento
identificado.
56. En ese sentido, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 734 de
2002, el término de prescripción de la acción disciplinaria es de cinco (5) años,
contados desde la consumación de la conducta, por lo que, en el caso concreto,
dicho término se extendía hasta el 10 de marzo de 2014.
57. La demandante fundamentó su inconformidad en que la potestad disciplinaria
solo se ejercía válidamente con la expedición y notificación del fallo de segunda
instancia, por lo que, al haberse notificado la decisión que resolvió la aclaración el
18 de marzo de 2014, consideró configurada la prescripción.
58. Sobre este punto, la Sala precisa que la interpretación acogida por el Tribunal
se ajusta a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, según la cual la
sanción disciplinaria se entiende impuesta oportunamente cuando, dentro del
término legal, se expide y notifica el acto administrativo principal que define la
responsabilidad, esto es, el de primera instancia.
59. En ese sentido, el acto que materializa el ejercicio de la potestad
sancionatoria es el fallo de primera instancia –donde se le impuso la sanción–,
mientras que los actos que resuelven los recursos en sede administrativa
corresponden a una etapa posterior de revisión, que no incide en el cómputo del
término de prescripción. En esa medida, no se acoge el argumento de la
18 Ver pág. 179 del archivo «Binder1», disponible en el archivo ZIP, ubicado en el índice No. 00012 de SAMAI.
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demandante, según el cual la prescripción solo se evita con la expedición y
notificación del fallo de segunda instancia o de las decisiones posteriores, pues ello
implicaría introducir una exigencia no prevista en la ley y desconocer la regla fijada
por la jurisprudencia de unificación.
60. Tampoco resulta de recibo el planteamiento de la parte demandante según
el cual la aplicación de la regla jurisprudencial sobre el cómputo de la prescripción
vulnera el principio de confianza legítima. Este principio protege expectativas
razonables fundadas en actuaciones estables del Estado, pero no implica la
inmutabilidad de los criterios interpretativos ni habilita la aplicación ultractiva de
posturas jurisprudenciales cuando fueron unificados por la autoridad competente.
61. En efecto, la regla aplicada por el Tribunal no constituye una modificación
arbitraria del ordenamiento, sino la adopción de un criterio unificado por el Consejo
de Estado en ejercicio de su función de cierre de la jurisdicción. En este contexto,
la distinción entre el acto que impone la sanción –fallo de primera instancia– y los
actos que resuelven los recursos –propios del agotamiento de la vía administrativa–
no surge como una innovación aislada, sino como la consolidación de una línea
orientada a precisar el alcance del artículo 30 de la Ley 734 de 2002.
62. Adicionalmente, la aplicación de la regla de unificación no desconoce el
debido proceso, en tanto no altera situaciones jurídicas consolidadas ni introduce
efectos retroactivos en perjuicio del disciplinado, sino que se limita a precisar el
alcance de una disposición vigente al momento de los hechos. En ese sentido, la
confianza legítima no puede invocarse para impedir la aplicación de un criterio
interpretativo que busca garantizar la seguridad jurídica y la uniformidad en la
aplicación del derecho.
63. En consecuencia, la Sala concluye que la acción disciplinaria no se
encontraba prescrita y la Procuraduría conservaba competencia para imponer la
sanción.
64. Superado el análisis de la prescripción, a continuación es necesario
determinar si en la expedición de los actos demandados se satisfizo el juicio de
adecuación típica, pues la parte demandante sostuvo que la conducta imputada
carece de la tipicidad requerida, pues la Procuraduría no definió con claridad el
marco normativo aplicable para verificar el cumplimiento de los requisitos de los
cargos, ni precisó el alcance de las modificaciones al manual de funciones vigentes
para la época de los nombramientos. Además, alegó que la autoridad disciplinaria
desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos que modificaban
dicho manual y no realizó una valoración integral del material probatorio.
65. La Sala advierte que el tipo disciplinario aplicado es de carácter abierto, por
lo que su concreción exige la identificación precisa de las normas que establecen
los requisitos de cada empleo, es decir, la normativa que debían cumplir quienes
fueran nombrados en el cargo19. En el caso concreto, si bien es cierto que desde el
19 Como normas violadas se imputaron las siguientes: «Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor
público:
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pliego de cargos se identificó que el manual de funciones que debía aplicarse estaba
contenido en la Resolución nro. 01077 de 2001; sin embargo, durante el trámite se
precisó que esta fue modificada por varios actos administrativos, expedidos en
2006, 2008 y 2009.
66. En esa medida, la Procuraduría debió precisar claramente cuál de estos era
aplicable a cada uno de los nombramientos cuestionados; por el contrario, la Sala
no advierte que se hubiera hecho este análisis, precisión y aplicación de estos a
cada caso concreto. Por el contrario, la autoridad se centró en cuestionar si para el
momento de los nombramientos, la Resolución nro. 01077 de 2001 –manual de
funciones– estaba verdaderamente modificada.
67. A partir de esto concluyó que estas no fueron expedidas en el momento que
indicaban, y por lo tanto, valoraron si los nombramientos incumplieron los requisitos
previstos para hacerlo, a partir de la Resolución nro. 01077 de 2001, obviando las
modificaciones del acto.
68. En este punto, la Sala resalta que los actos administrativos que modificaban
el manual de funciones gozaban de presunción de legalidad y, por tanto, eran
obligatorios y producían efectos jurídicos mientras no fueran anulados o
suspendidos por la jurisdicción contencioso-administrativa. En consecuencia, la
autoridad disciplinaria estaba obligada no solo a reconocer su existencia, sino a
incorporarlos de manera efectiva en la valoración probatoria y en la definición del
parámetro normativo aplicable.
69. Sin embargo, lo que se evidencia es que la Procuraduría, sin desconocer
formalmente dichos actos, los desestimó en la práctica, al no integrarlos en el
análisis o al reducir su alcance sin una justificación normativa suficiente. Esta forma
de proceder no solo compromete la presunción de legalidad de los actos
administrativos, sino que incide directamente en la estructuración de la tipicidad de
la conducta imputada, al excluir del análisis elementos determinantes para la
definición de esta.
70. Se resalta que esta forma de imputación resulta insuficiente desde la
perspectiva del principio de tipicidad, porque este exige que la conducta sancionable
se adecue de manera clara, expresa y concreta a una norma vigente que describa
el deber funcional específico presuntamente incumplido; mientras que en este caso,
la Procuraduría decidió omitir actos administrativos en firme.
71. En estas condiciones, la Sala concluye que la falta de precisión en la
determinación del parámetro normativo, el desconocimiento material de la
»[…]
»1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente».
«Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
»[…]
»18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos
constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación».
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presunción de legalidad de los actos administrativos y la ausencia de una valoración
integral del material probatorio impiden tener por acreditada la tipicidad de la
conducta, lo que compromete la validez de los actos disciplinarios acusados.
72. Al no superarse el juicio de tipicidad, no es necesario abordar los demás
motivos de reproche que contiene el recurso de apelación. Lo procedente es revocar
la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos
sancionatorios y adoptar las medidas de restablecimiento del derecho que se
desarrollan a continuación.
Del restablecimiento del derecho
73. El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, al disponer sobre el ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, señala:
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
(…)» (subrayas de la Sala).
74. De acuerdo con lo anterior, cuando se encuentra acreditado que un acto
administrativo está viciado de nulidad y, como consecuencia de ello, determina que
esta debe declararse, a continuación, es necesario adoptar las medidas para
restablecer el derecho subjetivo lesionado.
75. Restablecer, en un sentido amplio, significa «[v]olver a establecer algo o
ponerlo en el estado que antes tenía». De manera que, una primera forma de
restablecimiento, siguiendo el citado artículo 137, implica llevar al afectado con el
acto declarado nulo a la situación en la que se encontraría si este no se hubiese
expedido. Adicionalmente, la disposición referida permite acudir a una reparación
pecuniaria o por equivalente, que se refiere al pago de una indemnización para
resarcir la lesión causada por el acto declarado nulo, asociada a la posibilidad que
tiene el administrado de «(…) solicitar que se le repare el daño».
76. Con estas precisiones, a continuación se analizan las medidas de
restablecimiento del derecho solicitadas por la demandante.
Sobre el pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir
77. La señora León Vanegas solicitó el pago de los salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos que dejó de percibir durante el lapso en el cual se
ejecutó la sanción disciplinaria.
78. Según lo acreditado en el expediente, el correctivo disciplinario se ejecutó
mediante la Resolución 1839 del 15 de octubre de 2014. No obstante, no se tiene
constancia del lapso efectivo durante el cual la demandante estuvo suspendida en
el ejercicio de sus funciones.
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79. Ahora bien, por corresponder a una consecuencia derivada de que se
desvirtúe la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, la
Sala accederá a esta pretensión y, en ese sentido, se ordenará a la Procuraduría
General de la Nación que, previa consulta a la Universidad de la Guajira respecto
del periodo durante el cual la señora León Vanegas estuvo separada del cargo y del
salario que le hubiese correspondido percibir, pague a la referida los emolumentos
correspondientes al término comprendido entre el 15 de octubre de 2014 y el 15 de
octubre de 2015 o el que la entidad le certifique como el correspondiente a la
ejecución de la medida disciplinaria.
80. Las sumas cuyo pago se ordena se ajustarán de conformidad con la siguiente
fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
81. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es la cantidad por pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la
fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada obligación,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento en que se causó
cada uno de ellos.
Sobre las demás medidas de restablecimiento del derecho
82. Se ordenará a la demandada que retire del registro de antecedentes
disciplinarios la anotación realizada con ocasión de la decisión disciplinaria cuya
nulidad se declarará en esta providencia y que adelante las actuaciones necesarias
para que la misma sea retirada de la hoja de vida de la demandante y de las bases
de datos de la entidad en que pudiere estar registrada.
Sobre el reconocimiento de perjuicios morales
83. La demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios morales derivados de
la sanción disciplinaria que le fue impuesta. Sin embargo, la Sala considera que de
las pruebas allegadas al proceso no se logró acreditar, con suficiencia, la aflicción,
el dolor o padecimiento sufrido por la demandante como consecuencia directa de
los actos administrativos disciplinarios.
84. En efecto, aunque en el proceso se incorporaron pruebas documentales
relacionadas con el diagnóstico médico, dichos medios de convicción no permiten
establecer de manera clara la existencia de un daño moral autónomo imputable
directamente a los actos administrativos demandados. En ese sentido, la Sala
concluye que, si bien la sanción disciplinaria que le fue impuesta a la demandante
implicó una restricción de sus derechos y produjo su retiro del servicio, no podría
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afirmarse que toda decisión disciplinaria conlleve necesariamente la materialización
de perjuicios morales.
85. En consecuencia, para que procediera el reconocimiento de los perjuicios
reclamados era indispensable que la demandante los acreditara dentro del proceso,
pues se trata de una carga probatoria que, conforme a lo dispuesto en el artículo
167 del Código General del Proceso, corresponde a quien los alega.
86. Por lo anterior, la Sala negará la pretensión relacionada con el
reconocimiento de perjuicios morales.
De la condena en costas
87. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
88. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
89. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
90. En consecuencia, se impondrán costas en contra de la parte demandada, en
ambas instancias, por cuanto se accede a las peticiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de la
Guajira.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil
veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de la Guajira. En su lugar:
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Segundo. DECLARAR la nulidad de la Resolución expedida 31 de octubre de 2012
por la Procuraduría Regional de La Guajira; de la decisión del 6 de noviembre de
2013 que la confirmó, proferida por la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa; y de la decisión que resolvió la solicitud de aclaración y
adición del fallo de segunda instancia, expedidos el 4 de febrero de 2014.
Tercero. En caso de que se hubiera separado temporalmente del cargo a la
demandante, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Procuraduría
General de la Nación que, previa consulta a la Universidad de la Guajira respecto
del periodo durante el cual la señora León Vanegas estuvo separada del cargo y del
salario que le hubiese correspondido percibir, pague a la referida los emolumentos
que dejó de percibir durante término comprendido entre el 15 de octubre de 2014 y
el 15 de octubre de 2015 o el que la entidad le certifique como el correspondiente a
la ejecución de la medida disciplinaria, suma que se ajustará de conformidad con la
siguiente fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad por pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago
correspondiente. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que
el índice inicial es el vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.
Cuarto. ORDENAR a la demandada que retire del registro de antecedentes
disciplinarios la anotación realizada con ocasión de la decisión disciplinaria cuya
nulidad se declarará en esta providencia y que adelante las actuaciones necesarias
para que la misma sea retirada de la hoja de vida de la demandante y de las bases
de datos de la entidad en que pudiere estar registrada
Quinto. CONDENAR en costas, en ambas instancias, a la Procuraduría General de
la Nación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de la
Guajira.
Sexto. RECONOCER personería al abogado Rafael Andrés Valenzuela Bueno,
identificado con la cédula de ciudanía nro. 80.793.679 y portador de la tarjeta
profesional nro. 293.866, para representar los intereses de la Procuraduría General
de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00009 de SAMAI.
Séptimo. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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