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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2018-00666-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2018-00666-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERA: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Fredy Ibarra Martínez. SEGUNDA: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 29 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y en su lugar DECLÁRASE la improcedencia del medio de control. TERCERA: SIN CONDENA en costas. CUARTA: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2018-00666-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

24 de agosto de 2026

Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Radicación: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango
Demandado: Procuraduría General de la Nación

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por Carlos Arturo Castro
López y Óscar Leonardo Romero Bareño, coadyuvantes del actor popular, en contra
de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró la carencia actual de
objeto y denegó las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir
esta providencia porque resuelve la apelación interpuesta contra la sentencia dictada
por el Tribunal, el cual conoció el proceso en primera instancia, en razón de la
naturaleza del asunto y de la entidad demandada1.

SÍNTESIS2

Esteban Garces Arango promovió demanda con el fin de obtener la protección de los
derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la
prestación eficiente de los servicios públicos, que consideró vulnerados por la
Procuraduría General de la Nación (en adelante, la “Procuraduría”) al no proveer las
vacantes de la entidad con las personas de las listas de elegibles del concurso de
méritos realizado en 2015 para los cargos de Procurador Judicial I y II. El Tribunal
declaró la carencia actual de objeto y denegó las pretensiones porque la Procuraduría
sí proveyó las vacantes con las personas incluidas en las listas de elegibles, además
de que, según las reglas del concurso, no era procedente usar las listas de elegibles
para nombrar a las personas en otros empleos equivalentes o de inferior jerarquía. La
Sala modifica la decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar la
improcedencia del medio de control habida cuenta de que la controversia busca la
tutela de derechos subjetivos, además de que la discusión versa sobre la legalidad de
una actuación administrativa, por lo que desborda el objeto de la acción popular.

1 El numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, antes de la modificación de la Ley 2080 de 2021, establecía

que los tribunales administrativos conocían de los procesos “relativos a la protección de derechos e intereses
colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional
o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”. En este caso,
fue demandada la Procuraduría General de la Nación.
2 Tema: protección de derechos e intereses colectivos – improcedencia del medio de control.

1

Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El señor Esteban Garcés Arango (en adelante, el “actor popular”) formuló, el 28 de
junio de 2018, demanda en ejercicio del medio de control judicial de protección de
derechos e intereses colectivos en contra de la Procuraduría, de acuerdo con las
siguientes pretensiones:

1. Se declare que la Procuraduría General de la Nación ha amenazado y/o vulnerados
los derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la
defensa del patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna.
2. En consecuencia de lo anterior, se ordene a la Procuraduría General de la Nación:
a. Suspender inmediatamente la vigencia de las listas de elegibles para proveer los
empleos de procurador judicial I y II.
b. Establecer un plan de trabajo en el cual se establezcan procedimientos,
estrategias, recursos necesarios y plazos para la utilización de las listas de elegibles.
c. Una vez establecido el plan de trabajo y se disponga de los recursos necesarios,
levantar la suspensión de las vigencias de las listas de elegibles y utilizarlas en los
términos establecidos en el artículo 216 del decreto 262 del 2000.
3. Prevenir a la Procuraduría General de la Nación para que no vuelvan a incurrir en
los actos que motivaron la presentación acción popular3.

2. La demanda se sustentó, en síntesis, en las siguientes afirmaciones:

2.1. La Corte Constitucional, en sentencia C-101 de 2013, ordenó que la Procuraduría
convocara a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de
Procurador Judicial II y I de la entidad.

2.2. La Procuraduría, mediante Resolución 040 del 20 de enero de 2015, convocó al
proceso de selección para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales II
y I. Así, ofreció un total de 745 cargos (427 empleos de Procurador Judicial II y 318
empleos de Procurador Judicial I) mediante 14 convocatorias diferenciadas según la
procuraduría delegada a la que correspondía cada cargo.

2.3. Culminado el proceso de selección, la Procuraduría conformó las listas de
elegibles del siguiente modo:

Elegibles
Cantidad de
que
Empleo Convocatoria Dependencia cargos
integran
Convocados
la lista
Delegada para la Restitución de
001 - 2015 23 21
Tierras
Delegada para Asuntos
002 - 2015 31 28
Ambientales y Agrarios
003- 2015 Delegada para Asuntos Civiles 12 14
Delegada para el Ministerio
004 - 2015 208 366
Público en Asuntos Penales
Delegada para Asuntos del
005 - 2015 14 11
Trabajo y la Seguridad Social

3 Folio 1 cuaderno 1.

2

Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

Delegada para la Conciliación
006 - 2015 94 239
Procurador Administrativa
Judicial II Delegada para la Defensa de
007 - 2015 los Derechos de la Infancia, la 45 97
Adolescencia y la Familia
Delegada para la Restitución de
008 - 2015 23 7
Tierras
Delegada para Asuntos
009 - 2015 3 2
Ambientales y Agrarios
010 - 2015 Delegada para Asuntos Civiles 3 4
Procurador Delegada para el Ministerio
011 - 2015 149 198
Judicial I Público en Asuntos Penales
Delegada para Asuntos del
012 - 2015 19 11
Trabajo y la Seguridad Social
Delegada para la Conciliación
013 - 2015 107 91
Administrativa
Delegada para la Defensa de
014 – 2015 los Derechos de la Infancia, la 14 11
Adolescencia y la Familia

2.4. De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, para el 17 de
mayo de 2018, la entidad registraba 1273 vacantes en distintos cargos de su planta de
personal, entre ellos, los de procurador judicial (II y I), profesional universitario,
coordinador administrativo, secretario (en sus distintas denominaciones),
sustanciador, técnicos, auxiliar administrativo, oficinistas, conductor y citador. Estas
vacantes debían ser provistas con las personas que integraban las listas de elegibles
vigentes.

2.5. El Decreto 262 de 2000, “por el cual se modifica la estructura y la organización de
la Procuraduría General de la Nación”, establece en el artículo 216 que las listas de
elegibles tienen una vigencia de dos (2) años y deben ser usadas para proveer las
vacantes que se presenten en el mismo empleo, en otros iguales o en empleos de
inferior jerarquía4. No obstante, la entidad no ha ocupado las vacantes de la entidad
con los integrantes de las listas de elegibles.

2.6. Mediante escritos del 2 de mayo de 2017, del 4 de diciembre de 2017 y del 18 de
abril de 2018, el actor popular solicitó a la Procuraduría que proveyera las vacantes de
acuerdo con las normas de carrera, pero la entidad no procedió de conformidad.

2.7. El actor popular sostuvo que la actuación de la entidad demandada vulneró los
derechos colectivos de: i) la moralidad administrativa, por vulneración de las normas
del régimen de carrera administrativa que afectaron la expectativa legítima de quienes,
tras superar el concurso de méritos, aspiraban a acceder a un empleo público; ii) el
patrimonio público, al desaprovechar los esfuerzos administrativos y económicos
invertidos en la realización del concurso de méritos; y iii) el acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por cuanto el adecuado
funcionamiento de la administración pública exige que la función pública sea

4 “Artículo 216. Lista de elegibles. (…) Efectuados los respectivos nombramientos para proveer los empleos objeto

de la convocatoria u otros iguales a éstos, se retirarán de la lista de elegibles los servidores en los que hayan
recaído dichos nombramientos, salvo que no hayan aceptado o no se hayan posesionado por razones ajenas a su
voluntad. El nominador deberá utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se
presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos requisitos, o en empleos de
inferior jerarquía. En este último caso, la no aceptación del nombramiento no constituye causal para la exclusión
de la lista de elegibles.”
3

Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

desempeñada por servidores públicos con las calidades requeridas, finalidad que se
garantiza mediante el sistema de carrera administrativa.

B. Posición de la parte demandada

3. La Procuraduría se opuso a las pretensiones de la demanda. Luego de precisar las
características generales de las acciones populares y de los antecedentes
administrativos del concurso de méritos, afirmó que el concurso para la provisión en
propiedad de los cargos de procuradores Judiciales I y II fue llevado a cabo sin que
exista acción u omisión de la que se derive la vulneración de los derechos colectivos
invocados en la demanda. Agregó que el concurso de méritos se realizó con sujeción
a los principios que rigen la función pública, y que el actor popular no justificó la
supuesta vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, razón por la
cual la demanda es improcedente5.

C. Trámite relevante en primera instancia

4. Con la demanda se solicitó, como medida cautelar de urgencia, la suspensión de la
lista de elegibles de los cargos de Procuradores Judiciales I y II porque vencían el 8
de julio de 20186.

5. El Tribunal, mediante auto del 6 de julio de 2018, suspendió de manera transitoria
la lista de elegibles ante su inminente vencimiento mientras se esclarecía el estado del
proceso de selección y los nombramientos de las personas de las listas de elegibles
por parte de la Procuraduría7.

6. Luego de las respuestas de la Procuraduría, el Tribunal, por auto del 18 de
septiembre de 20188, ordenó el levantamiento de la medida cautelar porque la entidad
demandada había gestionado las actuaciones tendientes para agotar las listas de
elegibles del concurso de méritos. La parte demandante recurrió la anterior decisión,
pero el Tribunal rechazó el recurso en providencia del 11 de marzo de 2019.

7. El Tribunal reconoció a varias personas como coadyuvantes del actor popular
mediante providencias del 13 de agosto de 20189, 11 de marzo de 201910 y 26 de
septiembre de 201911. En las providencias se indicó que los coadyuvantes estaban
facultados para realizar las actuaciones procesales propias del actor popular, sin que
les fuera permitido introducir hechos o pretensiones diferentes a los planteados en la
demanda.

5 Folios 661 a 665 cuaderno 2.
6 Folios 1 a 5 cuaderno 1.
7 Folios 9 a 25 cuaderno 1.
8 Folios 517 a 537 cuaderno 2.
9 Los coadyuvantes reconocidos fueron los señores: Horacio Muñoz Villegas, Carlos Arturo Castro López, Colegio

Nacional de Procuradores Judiciales - Colprocu, Sergio Reyes Blanco, Fernando Arias García, Claudia Patricia
Tapia Santana, Laura Marcela Olier Martínez, Darío Eduardo Leal Rivera, Julio Alberto Duarte Acosta, Pedro Alirio
Quintero Sandoval, Luis Miguel Alonso Ortiz, Jairo Rafael Martínez Cubillos, Omar Alfonso Ochoa, Cesar Augusto
Delgado Ramos, Diana Cristina Tobón López, Juliana Valencia Andrade, Dexter Emilio Cuello Villarreal, Oscar Iván
Hernández Salazar, Fabio Andrés Dussan Alarcón y Oscar Leonardo Romero Bareño (folios 414 a 426 cuaderno
1).
10 Los coadyuvantes reconocidos fueron los señores: María Magali Santos Murillo y Mario Dulcey Gómez (folios

637 a 6548 cuaderno 2).
11 Se reconoció como coadyuvante al señor Jorge Eliecer Gómez Toloza (folios 78 a 89 cuaderno medida cautelar)

4

Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

D. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en
sentencia del 29 de septiembre de 2022, declaró la carencia actual de objeto y denegó
las pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones:

8.1. Concluyó, de los informes allegados por la Procuraduría al proceso, que la
totalidad de las vacantes de la entidad habían sido ocupadas por personas de las listas
de elegibles de los cargos de procurador judicial II y I con algunas excepciones,
relacionadas con nombramientos en provisionalidad ordenados por mandato judicial,
y con personas que no habían aceptado los nombramientos o, que no se habían
pronunciado sobre la aceptación del cargo. Por lo anterior, declaró la carencia actual
de objeto por hecho superado, ya que no era necesario impartir órdenes adicionales.

8.2. Precisó que, de conformidad con la Resolución 040 de 2015, por la cual se realizó
convocatoria del concurso de méritos, este tenía por objeto proveer los cargos de
Procurador Judicial II y I. Según el acto administrativo, los aspirantes solo podían
inscribirse en una de las convocatorias, y para cada una de ellas se conformaría una
lista de elegibles, con el fin de efectuar los nombramientos exclusivamente entre
quienes hubieran superado el concurso y se encontraran inscritos en la respectiva
convocatoria.

8.3. Estimó que la solicitud del actor popular, consistente en que las personas incluidas
en las listas de elegibles que no podían ser nombradas en los cargos a los que
concursaron fueran designadas en empleos equivalentes o de inferior jerarquía, se
fundamentaba en una interpretación errónea del artículo 216 del Decreto Ley 262 de
2000, “por el cual se modifica la estructura y la organización de la Procuraduría General
de la Nación”. Al respecto, señaló:

[L]a norma no pretende señalar, como supone el accionante, que en caso de que una
persona que se presenta a un cargo de mayor jerarquía y que no logra alcanzar un
cupo en una determinada convocatoria, podrá ser elegido en un cargo de menor
jerarquía, sino que lo que realmente dice la norma es que, el nominador deberá hacer
uso de las listas de elegibles en un estricto orden descendente, tanto para designar o
proveer al personal idóneo para un empleo determinado o para otro que ostente los
mismo requisitos, de igual manera, señala que el uso de esas listas deben ser
utilizadas con el mismo rigor que para la designación de los empleos de inferior
jerarquía. Así las cosas, el legislador fue muy claro y coherente con la redacción y
argumentación de la norma que reglamenta el régimen de carrera administrativa para
la Procuraduría General de la Nación, toda vez que, si se aplica la norma de acuerdo
con el criterio del accionante y de los coadyuvantes, se presentarían situación en que
se vulneren derecho fundamentales de personas que hayan optado por estos cargos
de menor jerarquía, en el sentido que, en caso de que unas personas hayan pasado
la prueba de méritos y que tengan certeza de alcanzar a ocupar una de los cupos de
trabajo ofertados, podría perderlo por el solo hecho de que una persona que se
presentó a una oferta para un cargo de mayor jerarquía y que no alcanzó un cupo
dentro de su convocatoria, pueda quitarle su derecho a ocupar el empleo para el cual
se presentó.

8.4. Por todo lo anterior, estimó que no existía una afectación de los derechos
colectivos invocados, ya que la Procuraduría había cumplido con su deber de proveer

5

Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

los cargos mediante el sistema de mérito.

E. Recursos de apelación

9. El señor Carlos Arturo Castro López, coadyuvante del actor popular, solicitó la
revocatoria de la decisión con base en los siguientes reparos12:

9.1. La interpretación del juez de primera instancia del artículo 216 del Decreto Ley 262
de 200013 fue errada y hace inaplicable la norma, pues impide que las listas de
elegibles cumplan su finalidad de garantizar el acceso a cargos públicos bajo el
sistema de mérito.

9.2. La Procuraduría no agotó las listas de elegibles pese a la existencia de un número
significativo de vacantes en la entidad. Esta omisión resulta aún más grave si se tiene
en cuenta que la propia resolución de convocatoria estableció expresamente que la
conformación y utilización de las listas de elegibles se regiría por lo dispuesto en el
artículo 216 del Decreto Ley 262 de 200014.

9.3. La entidad vulneró la normativa aplicable, toda vez que, aunque las listas de
elegibles tenían una vigencia de dos (2) años, la Procuraduría pretendió subsanar su
omisión en un lapso de un mes y medio, y, además no recompuso las listas de
elegibles para la provisión de cargos de igual o inferior jerarquía. Por esta razón, en el
concurso de Procuradores Judiciales se vencieron listas de elegibles, lo que tornó
nugatorio los derechos de quienes integraban las listas.

9.4. La falta de aplicación integral y completa del artículo 216 del Decreto 262 de 2000
por parte de la Procuraduría “constituye una conducta que desconoce el derecho al
debido proceso, confianza legítima y moralidad pública, porque hace inane y carente
de eficacia jurídica el contenido normativo de la disposición incumplida”15

10. El señor Oscar Leonardo Romero Bareño, coadyuvante del actor popular, también
solicitó la revocatoria de la decisión por las siguientes razones16:

10.1. La Procuraduría no proveyó los cargos según lo dispuesto en el artículo 216 del
Decreto 262 de 2000, pese a que en respuestas iniciales manifestó que los
nombramientos se efectuarían según lo dispuesto en dicha norma (en orden
descendiente para proveer vacantes del mismo empleo o de otros de inferior
jerarquía).

10.2. Existen al menos 44 cargos vacantes de Procurador Judicial I que siguen

12 Folios 764 a 769 cuaderno principal.
13 “Artículo 216. Lista de elegibles. (…) Efectuados los respectivos nombramientos para proveer los empleos objeto

de la convocatoria u otros iguales a éstos, se retirarán de la lista de elegibles los servidores en los que hayan
recaído dichos nombramientos, salvo que no hayan aceptado o no se hayan posesionado por razones ajenas a su
voluntad. El nominador deberá utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se
presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos requisitos, o en empleos de
inferior jerarquía. En este último caso, la no aceptación del nombramiento no constituye causal para la exclusión
de la lista de elegibles.”
14 Ibidem
15 Folio 769 cuaderno principal.
16 Folios 772 a 775 cuaderno principal.

6

Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

ocupados en provisionalidad por cuanto las listas de elegibles resultaron insuficientes,
circunstancia que le da derecho a ser nombrado en alguno de dichos cargos porque
aprobó el concurso y aparece en la lista de elegibles de Procurador Judicial I para
asuntos civiles.

10.3. No ha existido un hecho superado, sino una vulneración continúa de derechos
colectivos, especialmente la moralidad administrativa, al mantener cargos en
provisionalidad en lugar de proveerlos mediante las listas del concurso.

10.4. Finalmente, allegó como prueba de segunda instancia una sentencia proferida en
un proceso de acción de cumplimiento.

F. Actuación surtida en segunda instancia

11. Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 30 de enero de
2025, providencia en la que igualmente se negó la incorporación de las pruebas
allegadas en el recurso del señor Oscar Leonardo Romero Bareño 17.

12. El 28 de febrero de 2025, con base en el artículo 12 de la Ley 2213 de 202218, se
dio traslado a las partes no recurrentes de la apelación, oportunidad en la que
únicamente intervino la Procuraduría que solicitó la confirmación de la decisión de
primera instancia19.

13. El 3 de agosto de 2026, el magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó su
impedimento para conocer de este asunto con fundamento en la causal dispuesto en
los numerales 3 y 4 del artículo 130 del CPACA, debido a que su cónyuge labora en la
Procuraduría General de la Nación en un cargo de provisionalidad. En la parte
resolutiva de esta providencia se declarará fundado este impedimento.

II. CONSIDERACIONES

G. Aspectos procesales

14. La coadyuvancia en las acciones populares está regulada por el artículo 24 de la
Ley 472 de 1998, disposición que autoriza a cualquier persona intervenir en apoyo del
actor popular20. No obstante, la norma no precisa las facultades procesales del
coadyuvante, razón por la que, en virtud de la remisión del artículo 4421, la norma debe

17 Folios 804 a 805 cuaderno principal
18 “Artículo 12. Apelación de sentencias en materia civil y familia. El recurso de apelación contra sentencia en los

procesos civiles y de familia, se tramitará así: (…) Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la
solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes.
De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. (…)”.
19 Índice 21 del Samai.
20 “Artículo 24. Coadyuvancia. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de que se

profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente
estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus delegados,
los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o
defender los derechos e intereses colectivos.”
21 “Artículo 44. Aspectos no regulados. En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del

Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le
corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad
de tales acciones”
7

Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

integrarse con lo dispuesto en el artículo 71 del Código General del Proceso 22, según
el cual el coadyuvante puede realizar los actos procesales permitidos a la parte que
apoya, siempre que no se opongan a su actuación ni impliquen la disposición del
derecho en litigio.

15. A partir del anterior marco normativo, la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido que el coadyuvante puede recurrir la decisión de primera instancia, incluso
si el actor popular no lo hace, siempre que guarde “estrecha relación con las
pretensiones iniciales de la parte actora y la defensa de los derechos e intereses
colectivos invocados por el mismo en su escrito de demanda”23. Al respecto, la
Subsección A de esta Sección ha señalado:

[e]n la acción popular el coadyuvante podrá impugnar la sentencia de primera
instancia siempre que: i) exista congruencia y no contravenga o exceda los cargos de
la demanda ni los derechos colectivos invocados, bajo el entendido de que actúa en
protección de derechos cuya titularidad recae en toda la comunidad, a través de una
acción pública y no movido por el ánimo de salvaguardar un derecho subjetivo y ajeno
al de la parte que coadyuva; y ii) la parte principal no haya revelado conductas que
sugieran su inconformidad con el recurso interpuesto por el coadyuvante.24

16. De conformidad con lo expuesto, la Sala estima que los coadyuvantes Carlos
Arturo Castro López y Oscar Leonardo Romero Bareño estaban legitimados para
recurrir la sentencia de primera instancia, pues el actor popular no realizó actos
procesales de los que se deduzca su inconformidad con la impugnación por estos
presentada. Además, sin perjuicio del análisis de fondo, los recursos de apelación
buscan que se examine si la conducta de la Procuraduría vulneró la moralidad
administrativa que fue unos de los derechos colectivos cuya protección se invocó en
la demanda.

H. Sentido de la decisión

17. La Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró la carencia actual
de objeto y denegó las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción popular porque con este se pretende la protección y
amparo de derechos subjetivos que debieron reclamarse a través de otros medios de
control; además, tanto la demanda como los recursos de apelación se limitan a
cuestionar la legalidad de una actuación administrativa por lo que se desborda la
competencia del juez popular.

I. La acción popular: mecanismo de protección de derechos colectivos mas no
de control abstracto de legalidad

18. Las acciones populares son el mecanismo judicial con el que se busca la
protección de derechos e intereses colectivos. Su desarrollo normativo se encuentra

22 “Artículo 71. Coadyuvancia. (…) El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el

momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no
estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. (…)”.
23 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de diciembre de 2018, expediente 17001-23-31-000-2011-

00424-03(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
24 Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, expediente 25000-23-24-000-2013-00006-

01(AP), CP Marta Nubia Velasquez Rico.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

en la Ley 472 de 1998, mediante la cual el legislador dio cumplimiento al mandato
previsto en el artículo 88 de la Constitución política de regular este tipo de acciones25,
ahora medio de control.

19. Al respecto, los artículos 2 y 9 de la Ley 472 de 1998 disponen que las acciones
populares proceden contra acciones u omisiones de autoridades públicas o de
particulares que vulneren o amenacen los derechos e intereses colectivos, y tienen
como finalidad prevenir el daño contingente, hacer cesar el peligro o la afectación y,
cuando sea posible, restituir las cosas a su estado anterior26.

20. Así, la acción popular no plantea una controversia sobre la titularidad o
reconocimiento de un derecho subjetivo, sino corresponde a un mecanismo de
protección judicial de derechos colectivos, de allí que sea una acción pública que
puede ser promovida por cualquier persona en defensa de la comunidad, así como por
organizaciones sociales y organismos de control en los términos del artículo 12 de la
Ley 472 de 199827. En relación con las características de los derechos e intereses
colectivos la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado:

Los derechos e intereses colectivos son aquellos predicables de la comunidad en
general, considerada de manera indivisible y no coligada, es decir, que trascienden
los meramente individuales de los miembros de la sociedad o de un determinado
grupo o colectividad, en razón de su vinculación con el interés general. Constituyen
prerrogativas, condiciones y valores esenciales, entre otros, para la convivencia
pacífica, el orden y la conservación de la sociedad política establecida, incluida su
historia y su cultura. Esto significa que no se trata de derechos o intereses que
conciernen determinados grupos sociales, sino a la sociedad política colombiana,
razón por la cual pueden también denominarse como derechos o intereses públicos.
(…) Justamente la naturaleza popular o colectiva de los derechos o intereses
protegidos mediante esta acción, es lo que justifica que cualquier persona se
encuentre legitimada para ejercerla, al ser un asunto que le concierne, pero no de
manera individual, sino difusa, en ejercicio de su calidad de miembro de la comunidad
nacional28.

21. Con base en lo expuesto, no deben confundirse los derechos colectivos con los
individuales comunes a un grupo de personas, pues en este evento la acción popular
no es el mecanismo adecuado para buscar la protección. Al respecto, la jurisprudencia
de esta Corporación ha sostenido que si un grupo de particulares estima afectados sus
derechos por una actuación administrativa deben acudir a los mecanismos pertinentes
para la protección de sus intereses individuales, sin trasladar al escenario de la acción

25 “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,

relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”.
26 “Artículo 2. Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses

colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible.” “Artículo 9. Procedencia de las Acciones Populares. Las acciones populares proceden contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los
derechos e intereses colectivos.”
27 “Articulo 12. Titulares de las acciones. Podrán ejercitar las acciones populares: 1. Toda persona natural o jurídica.

2. Las organizaciones No Gubernamentales, las Organizaciones Populares, Cívicas o de índole similar.
3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o
vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión. 4. El Procurador
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y municipales, en lo relacionado con su
competencia. 5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la
protección y defensa de estos derechos e intereses.”
28 Corte Constitucional, sentencia SU-585 de 2017, MP Alejandro Linares Cantillo.

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Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

popular debates que no versan realmente sobre la amenaza o vulneración de un
derecho colectivo:

No deben confundirse los derechos colectivos con los individuales comunes a un
grupo de personas determinadas o determinables. La distinción entre intereses
subjetivos y colectivos de un grupo depende de la posibilidad de apropiación exclusiva
de los objetos o bienes materiales o inmateriales involucrados en la relación jurídica.
Así, de los derechos colectivos puede afirmarse que a pesar de pertenecer a todos
los miembros de una comunidad ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de
los demás; en tanto que en relación con los derechos individuales, cada uno de los
sujetos que pertenecen al grupo puede obtener la satisfacción de su derecho de forma
individual y en momento diferente o puede ejercerlo con exclusión de los demás, y
sólo por razones de orden práctico pueden reclamar conjuntamente la indemnización
cuando han sufrido un daño por una causa común, sin perjuicio de las acciones
individuales que cada uno pueda iniciar.29

22. Ahora bien, uno de los asuntos que suscitó mayor discusión fue el relativo a la
posibilidad de que, en sede de acción popular, el juez se pronunciara y declarara la
nulidad de actos administrativos o contratos estatales cuando de ellos derivara la
afectación de un derecho colectivo.

23. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”), la
jurisprudencia de esta corporación admitió que el juez popular podía declarar la nulidad
de actos administrativos, pero se precisó que esta facultad no convertía la acción
popular en un mecanismo autónomo de control de legalidad. Así, la eventual
declaratoria de nulidad de un acto no operaba como un fin autónomo, sino como una
consecuencia accesoria y excepcional, únicamente admisible cuando la declaratoria
de nulidad resultara indispensable y necesaria para la protección del derecho o interés
colectivo vulnerado30.

24. El anterior panorama se modificó con la expedición del CPACA, pues el artículo
144 introdujo la regla según la cual el juez de la acción popular está facultado para
examinar si un acto administrativo o un contrato estatal vulnera o amenaza un derecho
o interés colectivo y, de ser así, puede impartir las órdenes necesarias para cesar la
conducta que lo afecta; sin embargo, no le es dado anular el acto administrativo ni el
contrato estatal31.

29 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 73001-23-31-000-2011-

00071 01(AP), CP María Claudia Rojas Lasso.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de septiembre de 20014, expediente 25000-23-27-000-

2002-2693-01(AP), CP María Elena Giraldo Gómez: “El Consejo de Estado advierte que la limitante de la acción
popular no estriba en la clase de conducta, sino en el objeto de la acción la cual no puede confundirse con el de las
acciones ordinarias, cuyo objeto principal no es la protección de los derechos e intereses colectivos, sino otros
diferentes a éste. Pero esto último no significa que como consecuencia de la determinación en una sentencia de
acción popular luego de la declaración principalísima de amparo a los derechos colectivos, no se pueda declarar la
ilegalidad de actos administrativos cuando tal declaratoria es indispensable para la protección de los derechos e
intereses colectivos y porque se demostró además que tal conducta amenaza o vulnera aquellos derechos e
intereses”.
31 “Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede demandar la

protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias
con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Cuando la vulneración de los derechos e
intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive
cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el
juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para
hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.” (negrilla de la Sala)

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Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

25. Con la referida modificación se reforzó la distinción entre la acción popular y los
demás medios de control de legalidad, pues resulta aún más claro que la acción
popular no es procedente para plantear un examen abstracto de legalidad. Su objeto
principal es la protección de derechos e intereses colectivos, razón por la que es
improcedente cuando lo que se persigue es exclusivamente el análisis de legalidad de
una actuación administrativa, pues “la sola prueba de ilegalidad de conductas no
deriva, por si sola, en la demostración de amenaza o vulneración” 32 de un derecho
colectivo.

26. La anterior precisión adquiere especial importancia en aquellos casos en los que
se invoca la moralidad administrativa como derecho colectivo vulnerado. La moralidad
administrativa constituye un mandato que orienta el ejercicio de la función pública
hacia la satisfacción del interés general, con sujeción al ordenamiento jurídico y al
principio de legalidad; sin embargo, este derecho colectivo no se agota en un simple
juicio de legalidad, ni puede entenderse lesionado cada vez que se alega el
desconocimiento de una norma33.

27. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la vulneración
de la moralidad administrativa exige un análisis cualificado de la conducta
administrativa, pues no toda irregularidad o infracción normativa comporta, por sí sola,
su afectación. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia de unificación del 1 de diciembre de 201534, precisó que la vulneración del
derecho colectivo a la moralidad administrativa exige la concurrencia de dos
elementos: uno objetivo, consistente en la vulneración del ordenamiento jurídico, y otro
subjetivo, referido a que dicha infracción sea consecuencia de una conducta
deshonesta, arbitraria o deliberadamente apartada del interés general:

2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este elemento
puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio de legalidad y (ii)
violación de los principios generales del derecho.
(i) El primero corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica por la
acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en
ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de septiembre de 20014, expediente 25000-23-27-000-

2002-2693-01(AP), CP María Elena Giraldo Gómez.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2008, expediente 25000-23-27-000-2004-

01402-02(AP), CP Myriam Guerrero De Escobar: “La ilegalidad de una actuación administrativa comporta un
análisis distinto al que implica un análisis axiológico o juicio de valor atinente a la moralidad administrativa (…). [d]e
afirmarse que de la ilegalidad de un acto jurídico deviene directamente la vulneración de la moralidad administrativa,
el Constituyente de 1991, no hubiese consagrado la acción popular para la protección del derecho colectivo a la
moralidad administrativa, pues para ese efecto hubiese sido suficiente la acción pura de legalidad (…). [d]ebe
precisarse que, cuando dicha ilegalidad se presenta, para que pueda predicarse la vulneración de dicho derecho,
es necesario probar que tal ilegalidad desconoció valores propios de la moralidad administrativa, es decir debe
acreditarse un elemento adicional a la ilegalidad que tenga tal relevancia que indique de manera contundente y
evidente el desconocimiento de dicho derecho colectivo.”
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de mayo de 2008, expediente 76001-23-31-000-2005-
01423-01(AP), CP Ramiro Saavedra Becerra: “la moralidad integra al derecho, y que la moralidad administrativa
integra a los valores, principios y normas correspondientes, razón por la cual cuando se trate de una vulneración a
la moralidad administrativa como derecho colectivo debe evidenciarse en el proceso la violación de los dos
contenidos, es decir, del contenido moral y del contenido jurídico de la norma, entendiéndose por la vulneración del
primero, según el caso concreto, la mala fe, las irregularidades, el fraude a la ley, la corrupción, la desviación de
poder, entre otras conductas que representan un desarrollo de conceptos morales, y que además están
contempladas en el ordenamiento jurídico.”
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de diciembre de 2015,

expediente 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP), CP Luis Rafael Vergara Quintero.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

que ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función
pública.
Esta conexión ‘moralidad – legalidad’ no ha tenido divergencia jurisprudencial al
interior del Consejo de Estado. Pero también ha sido uniforme la jurisprudencia en
señalar que no toda ilegalidad constituye vulneración a la moralidad administrativa;
que el incumplimiento per se no implica la violación al derecho colectivo: en palabras
de la misma Corporación ‘no se puede colectivizar toda transgresión a la ley’. Esto
quiere decir, que si bien el principio de legalidad es un elemento fundante de la
moralidad administrativa y, por ende, un campo donde se materializa en primer
término la violación del derecho colectivo, éste no es el único, pues debe concurrir
un elemento subjetivo para que se configure tal transgresión. Por ello, ha sido
enfática la jurisprudencia en cuestionar y rechazar aquellas acciones populares
erigidas únicamente sobre una argumentación pura de ilegalidad, en las que so
pretexto de proteger un derecho colectivo ponen a consideración del juez
constitucional un litigio particular, cuyo debate y decisión debiera hacerse mediante
el ejercicio de otro instrumento judicial, como los ahora denominados medios de
control contenciosos, entre ellos el de nulidad o el de nulidad y restablecimiento del
derecho, o la acción de cumplimiento si lo que se pretende es el acatamiento de una
norma con fuerza de ley o acto administrativo. Son esos escenarios los propios para
ejercer el control jurisdiccional de la legalidad administrativa.
(ii) Pero también forman parte del ordenamiento jurídico Colombiano aquellos
principios generales del derecho consagrados en la Constitución y la ley, como los
concretos de una materia. En este contexto y para efectos del derecho colectivo, la
acción u omisión reputada de inmoral en el ejercicio de una función administrativa
debe transgredir un principio del derecho, ya sea de carácter general o que se aplique
a un tema determinado, de manera que éste se convierte, al lado de la regla, en otro
criterio de control para la protección de la moralidad administrativa. (…)
2.2.2. Elemento subjetivo
No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública sin
hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si incurrió
en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta
función pública.
Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción u
omisión del funcionario en el desempeño de las funciones administrativas debe
acusarse de ser inmoral; debe evidenciarse que el propósito particular del servidor
se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento
o del de un tercero.
Este presupuesto está representado en factores de carácter subjetivo opuestos a los
fines y principios de la administración, traducidos en comportamientos deshonestos,
corruptos, o cualquier denominación que se les dé; en todo caso, conductas alejadas
del interés general y de los principios de una recta administración de la cosa pública,
en provecho particular.35

28. Así, cuando la controversia se limita a cuestionar la legalidad de una actuación,
sin acreditar de manera autónoma la afectación de un derecho colectivo, excede el
ámbito de este medio de control. En efecto, de un juicio de legalidad no puede
concluirse, por sí solo, la vulneración de un derecho colectivo y, menos el de moralidad
administrativa, cuya afectación exige la acreditación de un elemento subjetivo.

J. Análisis del caso concreto

29.La demanda se promovió con el fin de proteger los derechos colectivos de la
moralidad administrativa, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios
públicos presuntamente vulnerados por la Procuraduría General de la Nación al no

35Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de diciembre de 2015,
expediente 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP), CP Luis Rafael Vergara Quintero.
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Demandante: Esteban Garcés Arango

proveer las vacantes de los cargos de Procurador Judicial I y II de la entidad con las
personas de las listas de elegibles del concurso de méritos efectuado en 2015.

30. No obstante, la Sala advierte que las pretensiones de la demanda involucran
derechos subjetivos que no pueden ser definidos ni modificados en un proceso iniciado
en ejercicio de este medio de control. Las pruebas obrantes en el proceso evidencian
que los coadyuvantes apelantes participaron en el concurso de méritos y aparecen en
las listas de elegibles del concurso de méritos36, además que la Procuraduría negó el
nombramiento de varios de los coadyuvantes del actor popular mediante sendos actos
administrativos particulares37, los cuales debieron ser demandados a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

31. El uso de este medio de control como una vía para obtener el reconocimiento de
derechos subjetivos se evidencia en el recurso de apelación interpuesto por Oscar
Leonardo Romero Bareño, quien sostiene que, a partir de la interpretación del artículo
216 del Decreto Ley 262 de 2000 propuesta por la parte demandante, le asiste el
derecho a ser nombrado en uno de los cargos de las convocatorias para Procurador
Judicial I:

Lo anterior significa que en la entidad existían por lo menos 44 cargos vacantes que
estaban provistos en provisionalidad en el cargo de Procurador Judicial I, por cuanto
las listas de elegibles fueron insuficientes, incluso sin tener en cuenta el número de
personas que declinaron su nombramiento por diversas razones, lo que me da
derecho a obtener un nombramiento en uno de esos cargos, ya que en estricto orden
de mérito, considerando las listas que cubrieron en su totalidad las vacantes y
quedaron aún personas en las listas de elegibles (convocatoria 010 en Asuntos Civiles
y convocatoria 011 en Asuntos Penales), ocupo un puesto superior al número 44.38

32. Las anteriores consideraciones refuerzan que la controversia planteada desborda
el ámbito de la acción popular, pues revelan que el interés subyacente no es la
protección de derechos e intereses colectivos, sino la obtención del reconocimiento de
situaciones jurídicas individuales, las cuales, en todo caso, resultan de imposible
reconocimiento en atención al vencimiento de las listas de elegibles39. Sobre la

36 Carlos Castro Lopez aparece en la lista de elegibles 006 de 2015 correspondiente a los cargos de Procurador

Judicial II delegada para la Conciliación Administrativa, mientras que Oscar Leonardo Romero Bareño aparece en
la lista 010 de 2015 correspondiente a los cargos de Procurador Judicial I delegada para asuntos civiles (cd. Folio
715 cuaderno 2, archivos “lista_elegibles_convocatoria_006.pdf” y “lista_elegibles_convocatoria_010.pdf”).
37 Al respecto, obran los oficios: i) 1749 del 1 de marzo de 2017 en el que se niega la solicitud de nombramiento de

Carlos Castro Lopez, coadyuvante apelante, en un cargo dentro de la convocatoria 006 de 2015 (cd- folio 51,
cuaderno 1); ii) 4109 de 30 de mayo de 2018 en el que se niega el nombramiento de la coadyuvante Claudia Tapia
Santana en un cargo de la convocatoria 006 de 2015 (folio 72 cuaderno 1); iii) 3774 del 23 de mayo de 2018 en el
que se niega el nombramiento del coadyuvante Julio Duarte Acosta en un cargo diferente al que aspiró (folio 117
cuaderno 1); iv) 2610 del 5 de abril de 2018 en la cual se rechazó la petición del coadyuvante Pedro Quintero
Sandoval, quien en calidad de presidente del sindicato de Procuradores Judiciales había solicitado el nombramiento
en propiedad las personas de las listas de elegibles en los cargos que presentaran vacantes definitivas o temporales
(cd, folio 120 cuaderno 1); v) 5328 del 5 de julio de 2018 en el que se negó el nombramiento de la coadyuvante
Juliana Valencia Andrade (folio 211 cuaderno 1).
38 Folio 773 cuaderno principal.
39 Lo anterior, de conformidad con la constancia expedida por la Procuraduría General de la Nación el 8 de julio de

2021. En dicho documento se indicó que las listas de elegibles tenían una vigencia inicial de dos (2) años contados
a partir de su publicación, efectuada el 8 de julio de 2016, por lo que, en principio, expiraban el 8 de julio de 2018.
No obstante, como consecuencia de la medida cautelar decretada durante el trámite del proceso, su vigencia se
prorrogó hasta marzo de 2019, fecha en la que se notificó el auto que rechazó el recurso interpuesto contra la
providencia que dispuso el levantamiento de la medida cautelar. (cd. Folio 715 cuaderno 2, archivo
“constancia_vigencia_listas_elegibles.pdf”).
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

improcedencia de utilizar la acción popular para perseguir este tipo de intereses
subjetivos, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado:

No advierte la Sala, en consecuencia, que la protección de los derechos colectivos
(…) hubieran sido el verdadero cometido de las pretensiones del demandante, puesto
que subyace en cada uno de los apartes reseñados una intención inequívoca de
naturaleza subjetiva, que ha debido de ser perseguida mediante la utilización de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o mediante cualesquiera otras
acciones constitucionales u ordinarias que resultaran más acorde con la naturaleza
de sus reales intereses.
No quiere significar la Sala que en una acción popular, junto a los intereses colectivos
cuyo amparo se demanda, no puedan existir intereses subjetivos, pero sí, que estos
últimos no pueden ser la materia principal de la acción, y que la protección de los
primeros no puede ser utilizada como una excusa para recurrir a la vía expedita y
rápida de la acción popular, ni para revivir términos que eventualmente han podido
caducar por la falta de ejercicio oportuno de las acciones ordinarias.40

33. Adicionalmente, la controversia versa sobre el alcance del artículo 216 del Decreto
Ley 262 de 2000 y la forma en que la Procuraduría General de la Nación proveyó las
vacantes de la entidad con las listas de elegibles de los cargos de Procurador Judicial
I y II derivadas del concurso de méritos realizado en 2015.

34. Tanto la demanda como los recursos de apelación parten del supuesto de que la
entidad realizó una interpretación equivocada de la referida norma al abstenerse de
utilizar las listas de elegibles para proveer vacantes en cargos de igual o de inferior
jerarquía. A partir de esa premisa sostienen que la Procuraduría incumplió el régimen
de carrera administrativa y, por esa circunstancia, vulneró los derechos colectivos
invocados, en especial, el de la moralidad administrativa.

35. Como se expuso con anterioridad, el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos no constituye un mecanismo judicial destinado a definir
controversias sobre la legalidad de las actuaciones de la Administración. Si bien el juez
popular puede examinar determinada actuación para establecer si amenaza o vulnera
un derecho colectivo, dicho análisis únicamente es procedente cuando la eventual
ilegalidad constituye el presupuesto para la afectación de un derecho colectivo, pero
no cuando el único propósito consiste en obtener un pronunciamiento acerca de la
correcta interpretación y aplicación de una norma.

36. En efecto, si se admitiera, en gracia de discusión, que la Procuraduría realizó una
interpretación equivocada de la norma, ello sería insuficiente para considerar
vulnerado el derecho colectivo de la moralidad administrativa, que es el único que se
insiste como afectado en los recursos de apelación. Lo anterior, porque no todo
desconocimiento del ordenamiento jurídico constituye una vulneración a la moralidad
administrativa, pues además es necesario la acreditación de un elemento subjetivo;
sin embargo, en la demanda y en los recursos de apelación no se alegan ni prueban
hechos concretos que permitan concluir que la interpretación respondió a un propósito
deshonesto, u orientado a favorecer intereses particulares.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de mayo de 2008, expediente 76001-23-31-000-2005-

01423-01(AP), CP Ramiro Saavedra Becerra.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

37. En consecuencia, la demanda es improcedente habida cuenta de que el asunto
excede el ámbito de la acción popular en tanto que la controversia no versa sobre la
protección de un derecho colectivo sino que busca el reconocimiento y tutela de
situaciones jurídicas individuales, a partir de una discusión sobre el alcance y la
aplicación de una norma.

38. En gracia de discusión, si se estimara procedente la demanda, procedería el
rechazo de las pretensiones porque no se advierte la vulneración de algún derecho
colectivo.

39. En relación con la moralidad administrativa, además de la ausencia de pruebas
respecto del elemento subjetivo, lo cierto es que tampoco se encuentra demostrado la
vulneración al elemento objetivo. El artículo 216 del Decreto 262 de 2000 señala que
las listas de elegibles deben ser usadas “en estricto orden descendente, para proveer
las vacantes que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales
se exijan los mismos requisitos, o en empleos de inferior jerarquía”, y en este caso se
demostró que la entidad utilizó las listas de elegibles de la convocatoria para nombrar
los participantes para los respectivos cargos a los que aplicaron hasta agotar las listas
o los cargos convocados.

40. La discusión que subsiste, y en la que insisten los coadyuvantes apelantes,
consiste en que las listas de elegibles también debieron utilizarse para efectuar
nombramientos en carrera en otros empleos convocados de igual categoría (por
ejemplo, que quienes aspiraron al cargo de Procurador Judicial I para Conciliación
Administrativa fueran designados en cargos de Procurador Judicial I para Asuntos
Civiles), o en empleos de inferior jerarquía (como el nombramiento de quienes
aspiraron al cargo de Procurador Judicial II como Procuradores Judiciales I).

41. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
estimado que la interpretación que plantean los demandantes no es correcta:

Si bien el inciso final del artículo 216 del Decreto 262 de 2000 prevé la posibilidad de
utilizar listas de elegibles para proveer vacantes en «el mismo empleo u otros
iguales», lo cierto es que dicha equivalencia no puede predicarse exclusivamente a
partir del código y grado del cargo, sino que exige identidad material en cuanto a sus
funciones, propósito y especialidad. En ese sentido, aunque las 7 primeras
convocatorias demandan los mismos requisitos para desempeñar el cargo de
procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, no debe perderse de vista que «mismo
empleo» también comprende igualdad de propósito y funciones. Así, al comparar los
propósitos principales de los empleos de procurador judicial II para la conciliación
administrativa13, con aquellos adscritos al del procurador judicial II para asuntos de
restitución de tierras14, se observan que comparten la misma estructura de intervenir
como agentes del Ministerio Público, pero difieren sustancialmente en los asuntos en
que deben concentrarse esa intervención. En efecto, cada especialidad exige
conocimientos técnicos específicos: mientras el cargo en conciliación administrativa
demanda experticia en mecanismos alternativos de solución de conflictos y derecho
administrativo, los empleos en restitución de tierras requieren dominio de materias
como derecho civil, justicia transicional, despojo y desplazamiento forzado, entre
otras. En consecuencia, no puede predicarse la equivalencia entre los empleos de

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Demandante: Esteban Garcés Arango

distintas convocatorias, lo que impide la utilización de la lista de elegibles en los
términos solicitados por la demandante.41

La obligación que tendría el nominador para recurrir a una lista de elegibles ya
integrada, a efectos de proveer cargos “ de inferior grado” correspondientes a la
misma denominación, vulnera la expectativa válida que tenían los ciudadanos de
presentarse a un concurso de méritos en la Defensoría del Pueblo, situación que no
tiene lugar cuando se está ante cargos de igual denominación, por las razones
anteriormente explicadas. En efecto, bien puede suceder que un ciudadano no pueda
presentarse a un concurso de méritos para ocupar determinado cargo de carrera en
la Defensoría del Pueblo, por cuanto no cumple con los requisitos para ello, quedando
expectante para cuando se abran las convocatorias para cargos de inferior grado. Tal
expectativa válida se verá frustrada si el nominador, en vez de convocar a un nuevo
concurso de méritos, debe recurrir a una lista de elegibles, ya conformada pero para
otros cargos. Este estado de cosas conduce, en la práctica, a que un grupo de
ciudadanos no puedan entrar a competir por ocupar determinados cargos en la
Defensoría del Pueblo, por cuanto las vacantes a las que podrían aspirar siempre
serán ocupadas por personas que concursaron para ocupar cargos de grado superior,
pero que por necesidad aceptan ser nombrados en grados inferiores. Tal situación
desconoce abiertamente el principio de igualdad de oportunidades, que inspira la
redacción del artículo 125 Superior.42

42. En relación con el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, tampoco
se advierte su vulneración, pues no se encuentra acreditado que la entidad haya
desaprovechado los recursos destinados a la realización del concurso de méritos. Por
el contrario, las pruebas recaudadas en el proceso permiten establecer que la entidad
utilizó las listas de elegibles para efectuar los nombramientos correspondientes a los
cargos objeto de las respectivas convocatorias.

43. Finalmente, tampoco se evidencia vulneración del derecho colectivo al acceso a
los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. Este derecho
colectivo no está dirigido a proteger las expectativas particulares de los aspirantes que
participaron en un concurso de méritos, sino a garantizar a los usuarios la adecuada,
eficiente y oportuna prestación de los servicios públicos. En este caso, no se alegó ni
se demostró que la forma en que la entidad proveyó los cargos objeto de las
convocatorias haya impedido, restringido o afectado la prestación de las funciones a
cargo de la Procuraduría General de la Nación.

K. Costas

44. La Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia teniendo en
cuenta que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 43, no se encuentra
acreditado que los coadyuvantes que formularon la apelación hubieran actuado
temerariamente o de mala fe.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2026, expediente 25000-23-

42-000-2019-00394-01 (2090-2023), CP Luis Eduardo Mesa Nieves
42 Corte Constitucional, sentencia C 319 de 2010, MP Humberto Antonio Sierra Porto. En esta decisión la Corte

analizó la constitucionalidad del artículo 145 de la Ley 201 de 1995 la cual con anterioridad al Decreto 262 de 2000
también era aplicable a la Procuraduría General de la Nación
43 “Artículo 38. Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar

al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada
sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta
de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-00666-01 (71648)
Demandante: Esteban Garcés Arango

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERA: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Fredy Ibarra Martínez.

SEGUNDA: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 29 de
septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, y en su lugar DECLÁRASE la improcedencia del medio de control.

TERCERA: SIN CONDENA en costas.

CUARTA: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen,
previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Impedido)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Aclara voto
Magistrado ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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