Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00394-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00394-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00394-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00394-01 (2090-2023)
Demandante: Juliana Valencia Andrade
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Concurso de mérito para la provisión de empleos de
procuradores judiciales. Improcedencia de utilizar la lista de
elegibles conformada en la convocatoria 006 de 2015 frente al
resto de convocatorias de los empleos de procurador judicial II.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de las Resoluciones nro.
005328 del 5 de julio de 2018 y 006438 del 22 de agosto del mismo año, por medio
de las cuales la entidad demandada negó el nombramiento de la demandante en el
empleo de procurador judicial II EPJ-EC.
3. Como restablecimiento del derecho exigió lo siguiente: i) su nombramiento en
cualquiera de las vacantes existentes en los 94 cargos que fueron ofertados en la
convocatoria nro. 006 de 2015; ii) de no ser posible lo anterior y en virtud del último
inciso del artículo 216 del Decreto 262 de 2000, se ordene su vinculación en
cualquiera de los empleos de procurador judicial II EPJ-EC de las convocatorias
distintas a la anterior que no fueron provistos por la insuficiencia de elegibles y; iii)
el pago indexado de los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir desde el
momento en que adquirió el derecho hasta la fecha de su vinculación.
1 La demanda fue presentada inicialmente en el mes de marzo de 2019 (PDF 01 del expediente digital); sin
embargo, fue reformada en septiembre de la misma anualidad (PDF 16 del expediente digital). En ese contexto,
dado que mediante auto del 31 de enero de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió dicha
reforma, la Sala tendrá en cuenta el contenido de esta última versión para el análisis del caso.
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Demandante: Juliana Valencia Andrade
4. Asimismo, reclamó el cumplimiento de la sentencia en los términos consagrados
en el CPACA y la condena en costas y agencias en derecho de la accionada.
5. Hechos. La señora Juliana Valencia Andrade participó en la convocatoria nro.
006 de 2015, en la que se ofertaron 94 vacantes del cargo denominado procurador
judicial, código y grado EPJ-EC, asignados a la Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa.
6. Finalizadas las etapas del concurso, la actora ocupó el puesto 112 en la lista de
elegibles contenida en la Resolución nro. 345 del 8 de julio de 2016.
7. El 21 de mayo de 2018, presentó petición ante la PGN en la que solicitó
información sobre el número de vacantes existentes para el cargo en mención y la
provisión de la lista de elegibles; adicionalmente, en aplicación del artículo 216 del
Decreto 262 de 2000, pidió que se realizara su nombramiento en cualquiera de las
vacantes disponibles de las otras convocatorias para procurador judicial II de
diferentes especialidades.
8. En el oficio nro. 005328 del 5 de julio de 2018, la entidad demandada le informó
que todos los cargos ofertados en la convocatoria nro. 006 de 2015 habían sido
provistos con el personal de la lista de elegibles conformada para ese empleo y, por
otro lado, que no era posible su nombramiento en cargos de otras convocatorias,
debido a la especialidad, requisitos, competencias profesionales, funciones y
perfiles específicos de las mismas.
9. En esa misma respuesta, la procuraduría le comunicó que existían 4 cargos de
procurador judicial II para la Conciliación Administrativa ocupados en
provisionalidad, porque sus titulares de carrera se encontraban en comisión
especial.
10. Inconforme con lo expuesto por esa autoridad, la demandante recurrió en
reposición y en subsidio apelación la negativa de efectuar el nombramiento en
cargos vacantes de otras convocatorias, para lo cual adujo que existían 8 empleos
disponibles en las Procuradurías Delegadas para Asuntos de Restitución de Tierras,
Ambientales y Agrarios y del Trabajo y la Seguridad Social. No obstante, los
recursos fueron desestimados al considerar que el oficio nro. E-2018-339002 de 19
de julio (sic) no constituía un acto administrativo.
11. Posteriormente, en cumplimiento de una orden judicial, el procurador general
de la Nación nombró en periodo de prueba a los elegibles que ocupaban los puestos
106 y 107.
12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulnerados los siguientes
artículos: 29 y 280 de la Constitución Política; 127 y 128 de la Ley 270 de 1996; 216
del Decreto 262 de 2000; 43, 74 y 79 de la Ley 1437 de 2011; la Resolución nro.
040 de 2015; el Manual Específico de Funciones y de Requisitos de la PGN y la
sentencia SU-691 de 2017. Al desarrollar el concepto de violación, expuso que los
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actos enjuiciados fueron expedidos con infracción de las normas en que debieron
fundarse y con falsa motivación, como pasa a explicarse.
13. En relación con la primera causal, aseguró que la entidad demandada
desconoció de manera flagrante el artículo 216 del Decreto 262 de 2000, que avaló
el uso de las listas de elegibles de convocatorias cuyas vacantes ya fueron
provistas, para cubrir los empleos disponibles en otras, siempre que se cumplan los
mismos requisitos.
14. Bajo ese entendido, sostuvo que, como las exigencias para el cargo de
procurador judicial II, código y grado 3PJ-EC eran las mismas en las convocatorias
001 a 007 de 2015, la entidad estaba obligada a nombrarla en cualquiera de las
vacantes disponibles en cada una de ellas.
15. En cuanto a la segunda causal, afirmó que la respuesta otorgada en el primer
acto demandado adolece de falsa motivación, en la medida en que los criterios
invocados por la PGN (especialidad, funciones, competencias profesionales y
perfiles específicos) no corresponden a los requisitos exigidos para el empleo en
mención.
16. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad legal, la procuraduría
ejerció su derecho de defensa y contradicción en los siguientes términos3:
17. A través de la convocatoria nro. 006 de 2015 se ofertaron 94 cargos de
procurador judicial II para asuntos administrativos, código 3PJ, grado EC. Dentro de
la vigencia de la lista de elegibles conformada para proveer dichos empleos, se
efectuó el nombramiento de 93 enlistados.
18. El cargo restante lo ocupó el señor Javier Enrique Munera Oviedo en virtud de
una orden de tutela con efectos transitorios. Posteriormente, y una vez agotada la
vigencia de la lista de elegibles, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el
marco de otra acción constitucional, ordenó el nombramiento de la señora Laura
Marcela Olier Martínez, quien ocupaba el puesto ciento siete (107) de la lista de
elegibles en el cargo previamente asignado al señor Munera Oviedo.
19. Así las cosas, afirmó que con el nombramiento de esta última persona se
agotaron los empleos disponibles en esa convocatoria, lo que impedía la vinculación
de la señora Valencia Andrade.
20. De otra parte, sostuvo que las normas de la convocatoria no contemplaron la
posibilidad de nombrar personas de una lista de elegibles de una convocatoria en
los empleos vacantes de otras, ya que tal situación desconocería la especialidad y
las áreas de formación del concurso. A título ilustrativo, señaló que los requisitos
para un procurador judicial en asuntos civiles difieren de aquellos exigidos para las
especialidades de restitución de tierras o familia.
2 PDF 30ED_C01_26 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, contentivo del expediente digital el cual puede ser
descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
3 Se tendrá en cuenta la contestación de la demandada, posterior a la reforma de la demanda.
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21. Añadió que, aunque algunos servidores con derechos de carrera administrativa
se encontraban en comisión de servicios y sus cargos estaban siendo
desempeñados en provisionalidad, la terminación de esas vinculaciones solo podía
darse con la reincorporación de sus titulares.
22. Finalmente, destacó que la lista de elegibles ya no se encontraba vigente y, en
todo caso, existían aspirantes con mejor derecho que la demandante.
23. Sentencia de primera instancia4. El 31 de octubre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia en la que negó las pretensiones
de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
24. La señora Juliana Valencia Andrade participó en la convocatoria nro. 006 de
2015, para el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC para la
conciliación administrativa, en la que se ofertaron 94 empleos. Una vez superadas
todas las fases del concurso, ocupó el lugar ciento 112 de la lista de elegibles
contenida en la Resolución nro. 345 del 8 de julio de 2019.
25. No obstante, la demandada certificó que las vacantes ofertadas en la
mencionada convocatoria fueron provistas en estricto orden de mérito, ya fuera con
integrantes de la lista de elegibles o por órdenes judiciales, sin que la demandante
alcanzara a ser nombrada.
26. En cuanto a la solicitud de nombramiento en cargos de igual denominación
pertenecientes a otras convocatorias, el tribunal concluyó que ello no era viable,
dado que cada una de ellas involucra una dependencia y/o área específica de
trabajo.
27. Por esa razón, en los lineamientos del concurso se dejó claro que cada empleo
tenía una clasificación, nivel, nomenclatura, especialidad y requisitos propios, lo cual
requiere de competencias y conocimientos específicos y no generalizados, como lo
plantea la actora.
28. Adicionalmente, precisó que los títulos de postgrado exigidos para la
convocatoria nro. 006 diferían de los requeridos en las demás convocatorias, en
razón a la especialidad de trabajo.
29. Por último, consideró acertado el concepto del agente del Ministerio Público,
debido a que la interpretación realizada por la demandante no daba garantías de un
adecuado ejercicio de las funciones, especialmente por los perfiles requeridos.
30. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante la recurrió en apelación con fundamento en los siguientes
argumentos:
4 PDF 49ED_C01_45FALLO contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la opción de
gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
5 PDF 51ED_C01_47 RECURSO APELACIÓN, contentivo del expediente digital descargado en la opción de
gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
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31. El tribunal aceptó los argumentos presentados por la demandada, pero no tuvo
en cuenta lo previsto en el último inciso del artículo 216 del Decreto 262 de 2000,
los precedentes judiciales y los lineamientos de la convocatoria.
32. De acuerdo con lo probado en el proceso, a la fecha de presentación de la
demanda existían 8 empleos disponibles en otras convocatorias, distribuidos así:
Vacantes ofertadas / Vacantes
Cargo Convocatoria
lista de elegibles disponibles
Procurador judicial II –
001 de 2015 23 / 21 2
Restitución de tierras
Procurador judicial II –
002 de 2015 31 / 28 3
Ambiental y agrario
Procurador judicial II –
Trabajo y seguridad 005 de 2015 14 / 11 3
social
33. En ese contexto, la entidad accionada debió aplicar el último inciso de la norma
antedicha, teniendo en cuenta que los requisitos para la provisión del empleo
denominado procurador judicial II 3PJ-EC eran idénticos en las distintas
convocatorias, tal como se desprende de la Resolución nro. 040 de 2015 y del
Manual Específico de Funciones.
34. De otra parte, indicó que el derecho preferente de la demandante a ser
nombrada en vacantes temporales de la convocatoria 006 de 2015 se deriva de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso radicado nro.
11001-03-15-000-2019-00709-01.
35. Finalmente, citó las sentencias SU-691 de 2017 y T-340 de 2020, para sostener
que es posible aplicar retrospectivamente la Ley 1960 de 2019 cuando se trata de
mismos empleos.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
36. La admisión del recurso. Mediante auto del 15 de septiembre de 20236 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad concedida intervinieron la
parte demandada7 y el agente del Ministerio Público8, quienes solicitaron confirmar
la sentencia de primera instancia.
37. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
6 Actuación visible en el índice 5 de la plataforma SAMAI.
7 Actuación visible en el índice 11 de la plataforma SAMAI.
8 Actuación visible en el índice 12 de la plataforma SAMAI.
9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
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II. CONSIDERACIONES
38. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,10 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación presentado.
39. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, corresponde determinar si:
40. ¿La demandante tiene derecho a ser nombrada en vacantes temporales de los
cargos ofertados en la convocatoria 006-2015 o, en su defecto, en empleos
vacantes de otras convocatorias al interior de la Procuraduría General de la Nación?
41. ¿Se desconocieron las sentencias SU-691 de 2017, T-340 de 2020 y la
proferida dentro del proceso identificado con el radicado nro. 11001-03-15-000-
2019-00709-01?
42. El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.
43. Primer interrogante: ¿La demandante tiene derecho a ser nombrada en
vacantes temporales de los cargos ofertados en la convocatoria 006-2015 o, en su
defecto, en empleos vacantes de otras convocatorias al interior de la Procuraduría
General de la Nación?
44. Para resolver el asunto, es pertinente recordar que la apertura y reglamentación
del proceso de selección para proveer los cargos de procuradores judiciales se
efectuó mediante la Resolución nro. 040 del 20 de enero de 2015, en la cual se
establecieron las condiciones generales del concurso, así como la distribución de
los empleos por código, grado, denominación y área de trabajo, así:
«ARTÍCULO PRIMERO: Dar apertura al concurso abierto de méritos, para proveer
todos los empleos de procuradores judiciales I (3PJ-EG) Y 11 (3PJ-EC) y reglamentar
las condiciones generales de la convocatoria y de las etapas del proceso de selección.
Los cargos objeto de concurso son 744, de los cuales 317 son procuradores judiciales
I (3PJ-EG) Y 427 procuradores judiciales 11 (3PJ-EC), que se encuentran distribuidos
en la planta de personal de la Entidad a nivel nacional. Estos empleos se identifican
según el código, grado, denominación y área de trabajo a la cual están asignados, y se
clasifican por número de convocatoria, así:
Código y grado Denominación del Dependencia o Número de la
empleo área de trabajo convocatoria
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 001-2015
II Delegada para la
Restitución de
Tierras
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 002-2015
II Delegada para
Asuntos
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Demandante: Juliana Valencia Andrade
Ambientales y
Agrarios
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 003-2015
II Delegada para
Asuntos Civiles
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 004-2015
II Delegada para el
Ministerio Público
en Asuntos Penales
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 005-2015
II Delegada para
Asuntos del Trabajo
y la Seguridad
Social
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 006-2015
II Delegada para la
Conciliación
Administrativa
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 007-2015
II Delegada para la
Defensa de los
Derechos de la
Infancia, la
Adolescencia y la
Familia
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 008-2015
I Delegada para la
Restitución de
Tierras
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 009-2015
I Delegada para
Asuntos
Ambientales y
Agrarios
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 010-2015
I Delegada para
Asuntos Civiles
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 011-2015
I Delegada para el
Ministerio Público
en Asuntos Penales
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 012-2015
I Delegada para
Asuntos del Trabajo
y la Seguridad
Social
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 013-2015
I Delegada para la
Conciliación
Administrativa
EPJ-EC Procurador Judicial Procuraduría 014-2015
I Delegada para la
Defensa de los
Derechos de la
Infancia, la
Adolescencia y la
Familia
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00394-01 (2090-2023)
Demandante: Juliana Valencia Andrade
Parágrafo primero: Los requisitos, competencias, ubicación geográfica inicial, número
de empleos a proveer por área de trabajo, sueldo y demás detalles de los cargos
ofertados, así como otros aspectos de las etapas del proceso están indicados en los
formatos de las convocatorias, los cuales forman parte integral de la presente
Resolución.
Parágrafo segundo: En este concurso abierto de méritos también podrán participar
quienes se encuentren inscritos en el Registro Único de Carrera de la Procuraduría
General de la Nación, de conformidad con lo previsto en artículo 192 del Decreto Ley
262 de 2000.
[…]
ARTÍCULO TERCERO: CONVOCATORIA. La convocatoria es la norma reguladora de
este concurso y permite informar a los posibles aspirantes: la fecha de apertura de
inscripciones, la identificación y ubicación inicial de los empleos, el propósito principal,
los requisitos, funciones esenciales, las pruebas a aplicar, las condiciones para el
desarrollo de las distintas etapas, los requisitos para la presentación de documentos y
demás aspectos concernientes al proceso de selección, reglas que son obligatorias
tanto para la administración como para los participantes.»
45. De dicha regulación se destaca que los empleos ofertados se identificaron no
solo por su código y grado, sino también por la dependencia o área funcional a la
cual se encuentran adscritos, aspecto que resulta determinante para definir su
naturaleza. (Énfasis de la Sala).
46. En el sub examine, no existe controversia respecto de que la señora Juliana
Valencia Andrade participó en la convocatoria 006-2015, destinada a proveer 94
cargos de procurador judicial II en la Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa, y que ocupó el puesto ciento 112 en la lista de elegibles conformada
mediante la Resolución nro. 345 del 8 de julio de 201611.
47. Pues bien, el primer motivo de inconformidad se contrae a la supuesta omisión
de la entidad de nombrarla en cargos provistos en provisionalidad, derivados de la
ausencia temporal de sus titulares por comisión especial. Véase que en la respuesta
a la petición de la actora se informó lo siguiente12:
«Se me informe cuáles de los 94 empleos se encuentran provisto en encargo o en
provisionalidad a la fecha de la respuesta a la presente petición. En este caso solicito
se me informen las razones por las cuales dichos empleos no fueron provistos por
quienes ocuparon un puesto en la lista de elegibles establecida en la Resolución 345
de 2016 en estricto orden descendente, tal y como lo ordena el artículo 216 del Decreto
Nacional 262 de 2000, así como los nombres de las personas que se encuentran
ocupando los respectivos cargos y la ciudad o sede territorial asignada a los mismos.
Los cargos de Procurador Judicial II para la Conciliación Administrativa que se
relacionan a continuación están provistos por asignación de Comisión Especial a los
titulares de dichos empleos y en consecuencia para suplir la ausencia temporal de los
servidores de carrera administrativa, según lo previsto en el Decreto Ley 262 de 2000,
artículo 187.
11 Carpeta 56ED_C01_CD01_FOLIO 201A, contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en
la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
12 Folios 4 a 6 del PDR 7ED_C01_03 ANEXOS DE DEMANDA, contentivo del expediente digital el cual puede
ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
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Demandante: Juliana Valencia Andrade
Nombre Cargo del nombramiento en
provisionalidad
FERNANDO VELÁSQUEZ PROC 157 JUD II CONCILIA ADTIVA
CÉSPEDES ARMENIA
ADRIANA SANCLEMENTE ALZATE PROC 56 JUD II CONCILIA ADTIVA
BOGOTÁ
GLORIA MARTÍNEZ RONDÓN PROC 129 JUD II CONCILIA ADTIVA
BOGOTÁ
JAIRO ENRIQUE MEJÍA ABELLO PROC 22 JUD II CONCILIA ADTIVA
CARTAGENA
Cabe resaltar que los nombramientos en provisionalidad se realizan en virtud a que los
titulares en carrera administrativa deberán reintegrarse a sus cargos una vez culmina
la Comisión Especial y en estos casos no puede hacerse nombramiento en periodo de
prueba a algún de los integrantes de las lista (sic) de elegibles, pues, la vinculación
será meramente transitoria y ajena a los fines del concurso, que es el de proveer de
manera definitiva y en carrera administrativa los cargos ofertados».
48. En criterio de la Sala, no es de recibo la pretensión de la demandante, en la
medida en que la provisión de empleos en vacancia temporal no se encuentra
regulada, ni en la Resolución nro. 040 de 2015. ni en las reglas de la convocatoria,
como un supuesto que habilite el uso de la lista de elegibles.
49. Por el contrario, conforme al artículo 187 del Decreto 262 de 2000, las vacantes
temporales deben proveerse mediante encargo o nombramiento provisional, mas
no a través de listas de elegibles, cuya finalidad es la provisión definitiva de empleos
de carrera.
50. El segundo motivo de reproche guarda relación con la no utilización de esa lista
para proveer cargos en una convocatoria diferente a la que aspiró la señora
Valencia Andrade.
51. La Sala comparte la conclusión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
cuanto a la improcedencia de utilizar la lista de elegibles de la convocatoria nro.
006-2015 para proveer cargos correspondientes a otras ofertas.
52. En efecto, el diseño del concurso para proveer cargos al interior de la
Procuraduría General de la Nación se estructuró en convocatorias separadas por
área de trabajo, con el propósito de garantizar que los aspirantes contaran con los
conocimientos, competencias y experiencia requeridos para cada ámbito funcional.
Esta segmentación no fue meramente formal, sino que obedeció a la necesidad de
asegurar la idoneidad en el ejercicio del cargo. De ahí la razón de ser de la
prohibición de inscripción en múltiples.
53. Si bien el inciso final del artículo 216 del Decreto 262 de 2000 prevé la
posibilidad de utilizar listas de elegibles para proveer vacantes en «el mismo empleo
u otros iguales», lo cierto es que dicha equivalencia no puede predicarse
exclusivamente a partir del código y grado del cargo, sino que exige identidad
material en cuanto a sus funciones, propósito y especialidad.
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Demandante: Juliana Valencia Andrade
54. En ese sentido, aunque las 7 primeras convocatorias demandan los mismos
requisitos para desempeñar el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC,
no debe perderse de vista que «mismo empleo» también comprende igualdad de
propósito y funciones.
55. Así, al comparar los propósitos principales de los empleos de procurador judicial
II para la conciliación administrativa13, con aquellos adscritos al del procurador
judicial II para asuntos de restitución de tierras14, se observan que comparten la
misma estructura de intervenir como agentes del Ministerio Público, pero difieren
sustancialmente en los asuntos en que deben concentrarse esa intervención.
56. En efecto, cada especialidad exige conocimientos técnicos específicos:
mientras el cargo en conciliación administrativa demanda experticia en mecanismos
alternativos de solución de conflictos y derecho administrativo, los empleos en
restitución de tierras requieren dominio de materias como derecho civil, justicia
transicional, despojo y desplazamiento forzado, entre otras.
57. En consecuencia, no puede predicarse la equivalencia entre los empleos de
distintas convocatorias, lo que impide la utilización de la lista de elegibles en los
términos solicitados por la demandante.
58. Segundo interrogante: ¿Se desconocieron las sentencias SU-691 de 2017, T-
340 de 2020 y la proferida dentro del proceso identificado con el radicado nro.
11001-03-15-000-2019-00709-01?
59. Pues bien, pese a lo afirmado por el apoderado de la parte demandante, la Sala
considera que ninguna de las providencias citadas fue desconocida y, en todo caso,
no son aplicables para resolver el presente litigio.
60. En primer lugar, se descarta la aplicación de la sentencia SU-691 de 2017, toda
vez que en dicha decisión se analizó la posibilidad de utilizar vacantes de distintas
convocatorias para nombrar a personas que anteriormente estaban designadas en
provisionalidad, con el propósito de proteger situaciones constitucionalmente
reforzadas (como la condición de madre cabeza de familia o de prepensionado),
supuesto fáctico que difiere del aquí examinado.
61. En segundo lugar, la sentencia T-340 de 2020, que estudió lo relativo a la
aplicación en el tiempo de Ley 1960 de 2019 y concluyó que la norma se puede
13
«Intervenir como agente del Ministerio Público ante los tribunales administrativos, los jueces administrativos,
los tribunales de arbitramento y demás autoridades judiciales o administrativas, según su ámbito de
competencia, en defensa del orden jurídico, el patrimonio público, los derechos y garantías fundamentales, así
como en el trámite y celebración de las conciliaciones extrajudiciales, y ejercer las funciones preventivas, de
control de gestión y disciplinarias que le sean asignadas; según las directrices institucionales, dadas por el
Procurador General de la Nación o su Delegado.»
14 «Intervenir como agente del Ministerio Público en los procesos relacionados con asuntos de restitución de
tierras ante las salas civiles especializadas en restitución de tierras de los tribunales, los juzgados civiles del
circuito, especializados en restitución de tierras y ante las demás autoridades judiciales y administrativas que
señale la ley en defensa el orden jurídico, el patrimonio público, los derechos y garantías fundamentales, y
ejercerlas funciones preventivas, de control de gestión y disciplinarias que le sean asignadas; según las
directrices institucionales, dadas por el Procurador General de la Nación o su Delegado»
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00394-01 (2090-2023)
Demandante: Juliana Valencia Andrade
aplicar de manera retrospectiva, tampoco es pertinente para este caso, en la medida
en que dicha normativa opera de manera supletoria frente a los regímenes
especiales de carrera administrativa, circunstancia que no se configuró en el
presente asunto.
62. En tercer y último lugar, en cuanto al fallo de tutela del 13 de junio de 2019
proferido por esta corporación dentro del proceso con radicado nro. 11001-03-15-
000-2019-00709-01, advierte la Sala que sus efectos son inter partes, lo que implica
que sus órdenes y efectos se circunscriben exclusivamente a quienes intervinieron
en dicho trámite, sin que puedan extenderse a la comunidad en general.
63. Corolario, y dado que el recurso de apelación no alcanzó el fin pretendido por
la parte actora, se confirmará la sentencia impugnada.
64. Condena en costas en esta instancia. La modificación del artículo 188 del
CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
65. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00394-01 (2090-2023)
Demandante: Juliana Valencia Andrade
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de octubre de 2022, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió Juliana Valencia Andrade en contra de la Procuraduría General
de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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