Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00709-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-00709-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2019-00709-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Várgas(e)
13 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada interpretación normativa / LISTA DE ELEGIBLES VIGENTE - Instrumento válido e idóneo para efectuar el nombramiento de personas en vacantes temporales existentes dentro de las entidades públicas / NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD - Debe utilizarse la lista de elegibles vigentes / NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD - No afecta los derechos de carrera por la naturaleza y la temporalidad del mismo / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala considera que la sentencia [cuestionada], proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, no incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, pues la decisión de declarar la nulidad del Decreto 5715 de 30 de octubre de 2017, mediante el cual se nombró en provisionalidad al señor [H.R.C], estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, así como los hechos, pruebas documentales allegadas al proceso, lo que le permitió concluir que la actuación administrativa desplegada por la Procuraduría General de la Nación no se ajustaba a los parámetros fijados en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000. Lo anterior, porque si bien el nominador de la entidad accionante se encontraba facultado legalmente para realizar nombramientos en provisionalidad, con el fin de cubrir vacancias temporales de algunos empleos dentro de la institución, también es cierto que, esa potestad no es absolutamente discrecional, pues, en los eventos en los que exista una lista de elegibles vigente y se requiera proveer una vacante de un empleo de igual y denominación, el uso de la lista de elegibles es un deber y no una facultad del nominador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, toda vez que ello es una garantía del principio de mérito de los ciudadanos que participaron en igualdad de condiciones, a efectos de proveer otro cargo vacante (…) Así las cosas, la Sala considera que la interpretación normativa realizada por [la autoridad judicial demandada] en la sentencia acusada (…) fue producto de un ejercicio hermenéutico autónomo e independiente que a juicio esta Subsección no resulta indebido, irracional o contrario a la ley, en la medida en que analizó el asunto puesto a su consideración, con fundamento en los principios constitucionales del mérito e igualdad, que rigen la carrera administrativa, los cuales le permitieron resaltar la importancia de la lista de elegibles, como un instrumento idóneo para proveer cargos al interior de las entidades públicas y seleccionar de manera objetiva a las personas, que además de reunir los requisitos legales y constitucionales para desempeñar el empleo, también superaron de forma meritoria cada etapa del concurso. En este sentido, cabe señalar que el uso de la lista de elegibles para proveer una vacante temporal de un cargo de carrera que hizo parte de la convocatoria, no afecta los derechos del titular del empleo que accedió al mismo, a través de concurso de méritos, ni de la persona que integra la lista que se designe en provisionalidad, toda vez que la naturaleza del nombramiento y la temporalidad del mismo, no atribuyen derechos de carrera, que implique una designación en periodo de prueba y posterior inscripción en el sistema, así como tampoco, comporta una pérdida del turno dentro de la lista de elegibles que conforma.
FUENTE FORMAL: DECRETO 262 DE 2000 - ARTÍCULO 82 / DECRETO 262 DE 2000 - ARTÍCULO 216
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VÁRGAS(E)
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00709-01(AC)
Actor: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 22 de marzo de 2019 proferido por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por medio del cual se negó el amparo de tutela solicitado por la Nación – Procuraduría General de la Nación.
ANTECEDENTES
La solicitud y las pretensiones
La Nación – Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderada, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que estimó lesionado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, al proferir la sentencia de 2 de noviembre de 2018, dentro del proceso de nulidad electoral promovido por el Sindicato de Procuradores Judiciales - PROCURAR contra el Decreto Nº 5751 de 30 de octubre de 2017, proferido por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, mediante el cual se nombró en provisionalidad al señor Herman Rincón Cuéllar, en el cargo de Procurador 100 Judicial II Penal de Bogotá, Código 3PJ, grado EC.
En amparo de los derechos fundamentales invocados la parte actora solicitó:
“(…) Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera atenta solicito a esa Honorable Corporación que se tutele el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, afectado por la sentencia de fecha 2 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En consecuencia, solicito lo siguiente:
1) Que se revoque la sentencia materia de tutela y se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca expedir una nueva providencia en la cual se denieguen las pretensiones.
Los hechos y las consideraciones de la accionante
La apoderada de la parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación:
Señaló que mediante Decreto No. 3796 del 8 de agosto de 2016, se nombró en periodo de prueba a la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave, en el cargo de Procuradora 100 Judicial II Penal de Bogotá.
Informó que culminado el periodo de prueba, la señora Yepes Arroyave solicitó una comisión especial por 2 años, para ocupar el cargo de Magistrada Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, concedida por el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, mediante Decreto No. 564 de 27 de octubre de 2017.
Manifestó que para suplir la vacante temporal del cargo de Procurador 100 Judicial II Penal de Bogotá, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, profirió el Decreto No. 5715 de 30 octubre de 2017, mediante el cual se nombró en provisionalidad al doctor Hermán Rincón Cuellar.
Expuso que el 26 de enero de 2018, el Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR interpuso demanda de nulidad electoral, cuyo conocimiento se le asignó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante sentencia de 2 de noviembre de 2018, accedió a las pretensiones de la parte demandante, declarando la nulidad del Decreto No. 5175 de 30 de octubre de 2017, mediante el cual fue nombrado en provisionalidad, el señor Hermán Rincón Cuellar, en el cargo de Procurador 100 Judicial II Penal de Bogotá, Código 3PJ, grado EC.
2.1 Consideraciones de la parte actora
La entidad accionante en el escrito de tutela manifestó que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo, porque no interpretó en debida forma el artículo 216 del Decreto 262 de 2000, al señalar que la lista de elegibles debe ser utilizada para proveer cualquier tipo de vacante al interior de la Procuraduría General de la Nación, desconociendo el sentido o finalidad de la norma.
Explicó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 del Decreto 262 de 2000, la Procuraduría General de la Nación debe utilizar la lista de elegibles para la provisión de vacantes absolutas o definitivas, pues lo que se pretende con la norma, es garantizar a las personas que integra la lista los derechos de carrera administrativa y beneficiarse de la estabilidad que brinda la misma.
Agregó que el artículo 82 del Decreto 262 de 2000 permite a la entidad designar en provisionalidad a funcionarios que no pertenecen a la carrera administrativa, para ocupar vacantes de manera temporal derivadas de situaciones administrativas como una licencia, una comisión especial o un encargo.
Afirmó que el nombramiento en provisionalidad del señor Hermán Rincón Cuellar se originó en la vacancia temporal del cargo ocupado por la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave, creada por la comisión especial otorgada por la Entidad, por lo que su designación estaba condicionada a la terminación de la referida situación administrativa. En este sentido, proveer el cargo con un integrante de la lista de elegibles podría afectar los derechos adquiridos de la señora Yepes Arroyave, al ocupar su cargo con otra persona que también tiene derechos de carrera.
Añadió que la providencia acusada le impuso a la entidad una carga de motivar los actos de nombramiento que no tiene respaldo jurídico, como quiera que sustentó su decisión en una interpretación inadecuada de la norma y en una sentencia de la Corte Constitucional (C-753 de 2008), que no se aplicaba al caso concreto, dado que la misma realiza un estudio de la carrera administrativa en el sector defensa, desconociendo que la Procuraduría tiene sus propias normas en la materia, contenidas en el Decreto 262 de 2000.
Trámite
El Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección B mediante auto de 19 de febrero de 2019 admitió la demanda y ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, al Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR, la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave, el señor Hermán Rincón Cuellar, a quien actualmente ocupe el cargo de Procurador Judicial II Penal de Bogotá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Informe de las entidades accionadas
4.1 El Sindicado de Procuradores Judiciales – PROCURAR, solicitó que se mantenga la decisión acusada argumentando que el principio de mérito resulta de obligatoria observancia como fórmula interpretativa de las reglas que versen sobre el acceso a los cargos públicos, entre ellas, el artículo 216 del Decreto – Ley 262 de 2000.
Adujo que impedir que se utilicen las listas de elegibles para proveer empleos de carrera administrativa vacantes no lo convierte en un cargo de libre nombramiento y remoción, por cuanto ello desconocería el principio de mérito.
Explicó que si bien el literal c) del artículo 82 del Decreto 262 de 2000 permite que en casos de vacancia temporal se pueda proveer el empleo, mediante un nombramiento en provisionalidad, también es cierto que dicha designación no es discrecional, pues siempre que se presente una vacante transitoria en un cargo, ésta deberá suplirse con una nominación provisional, que deberá recaer sobre una persona que integra la lista de elegibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del referido decreto, lo cual no implica un menoscabo a los derechos de carrera del titular del empleo.
Aseveró que la motivación de los actos administrativos de nombramiento tiene sustento en la sentencia C – 753 de 2008 de la Corte Constitucional y en el artículo 185 del Decreto – Ley 262 de 2000, por lo que la decisión acusada no incurrió en alguna vía de hecho o arbitrariedad al resolver dicho argumento en la providencia cuestionada, contrario a lo alegado por la parte actora.
4.2 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B solicitó que se niegue el amparo de tutela con fundamento en lo siguiente:
Indicó que la providencia cuestionada, accedió a las pretensiones de la demanda electoral, al constatar que para el momento en que se efectuó la provisión del empleo Procurador 100 Judicial II Penal de Bogotá, con el señor Hermán Rincón Cuéllar, existían personas en carrera administrativa que integraban la lista de elegibles, siendo susceptibles de ser nombrados en virtud de lo previsto en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000.
Explicó que la sentencia acusada realizó un análisis adecuado de las pruebas y la normativa aplicable, lo que permitió concluir que la entidad accionante incumplió con lo previsto en el artículo 125 de la Constitución; el artículo 25 de la Ley 909 de 2004; los artículos 82, 183, 185, 187 y 216 del Decreto Ley 262 de 2000, además de no motivar debidamente el nombramiento.
Argumentó que en atención con lo dispuesto en los artículos 186 y 187 del Decreto Ley 262 de 2000, la Procuraduría General de la Nación puede realizar nombramientos en provisional con personas que no pertenecen a la carrera, por el tiempo que dure la situación administrativa que originó la vacante, no obstante, con el fin de garantizar el principio del mérito, el nominador para proveer la vacante suscitada, debe utilizar la lista de elegibles, atendiendo a lo estipulado en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000 y en la sentencia C-942 de 2003 de la Corte Constitucional.
Sostuvo que el Procurador General de la Nación expidió el Decreto 5715 de 2017 sin la debida motivación propia de los actos administrativos, toda vez que omitió justificar las razones por las cuales se recurre a la excepción de la provisionalidad para proveer un cargo de carrera administrativa.
En virtud de lo anterior concluyó, que la sentencia de 2 de noviembre de 2018 se encuentra debidamente motivada y ajustada a derecho, como quiera que efectuó un análisis adecuado del material probatorio, la normativa y la jurisprudencia aplicable, sin vulnerar los derechos fundamentales de la accionante.
4.3 El señor Hermán Rincón Cuéllar solicitó que se conceda el amparo demandado por la apoderada de la Procuraduría General de la Nación toda vez que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó una indebida interpretación de los artículos 82 y 216 del Decreto Ley 262 de 2000, y omitió la aplicación de normas que rigen la carrera administrativa y los conceptos que ha emitido el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre el nombramiento en provisionalidad con personas ajenas a la lista de elegibles en los empleos con vacancia temporal.
Indicó que el literal c) del artículo 82 del Decreto Ley 262 de 2000 autoriza a la Procuraduría General de la Nación a llenar una vacante temporal, con un nombramiento en provisionalidad, lo cual guarda relación con el artículo 25 de la Ley 909 de 2004.
Resaltó que con la demanda de nulidad electoral instaurada por el Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR – no solamente se le vulnera el derecho al trabajo, sino que se lesionó gravemente la administración pública representada en la Procuraduría General de la Nación, toda vez que con la imposición de la medida cautelar de suspensión del acto administrativo que efectuaba su nombramiento, como Procurador 100 Judicial II Penal en provisionalidad, la institución quedó impedida para proveer ese cargo mientras dura la comisión solicitada por su titular, limitando de esta manera la prestación del servicio público que esta presta como órgano de control.
Agregó que el argumento planteado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia acusada, conlleva a que la administración pública reconozca derechos de la carrera a quienes están en las listas de elegibles y aún no han superado el periodo de prueba de 6 meses de desempeño del cargo para el cual concursaron, lo cual generaría expectativas de estabilidad laboral de dichos servidores.
4.4 La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, actuando en virtud de la Agencia Especial conferida por el Procurador General de la Nación en el presente asunto, solicitó que se acojan las pretensiones invocadas en la presente acción de tutela, argumentando que se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en la medida que se acreditó la existencia del defecto sustantivo en la que incurrió la providencia del de 2 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la interpretación inadecuada que realizó de las normas de carrera de la entidad.
Afirmó que no tiene “(…) fundamento judicial que la provisión de un empleo de carrera administrativa, en situación de vacancia temporal, se efectúe con el agotamiento de una lista de elegibles, no solo porque así no se prevé en el régimen normativo especial aplicable en la entidad, sino porque además se trataría de un nombramiento precario, que no está llamado a generar derechos de carrera para el nombrado – en la medida en que, como se explica, el cargo ya está provisto en carrera -, generando, por el contrario, posibles falsas expectativas y eventuales perjuicios por cuanto bien pudiere acontecer que el nombrado de una lista de elegibles, en un empleo en vacancia temporal estuviere vinculado en otro empleo de carrera (…)”.
4.5 El Colegio de Procuradores, mediante escrito visible a folio 48, manifestó actuar como coadyuvante del Sindicado de Procuradores Judiciales – PROCURAR, cuyos argumentos se dirigen a defender la legalidad de la providencia judicial cuestionada en el presente trámite constitucional y solicitó que se adicione el auto admisorio de la tutela, para que se disponga la vinculación de la comunidad de la misma manera en que se ordenó su participación en proceso de nulidad electoral.
4.6 El señor Fernando Arias García, a través de escrito visible a folio 66 manifestó que actúa como coadyuvante de la parte tutelada dentro de presente asunto, con el fin de señalar que la entidad no puede desconocer los derechos de la lista de elegibles para realizar nombramientos discrecionales.
Agregó que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se dirige a mantener la vigencia de la lista de elegibles para el cargo de Procurador Penal en casos de vacancia temporal, resaltando que en estos eventos se debe nombrar a quienes siga en la lista y no a quien discrecionalmente quiera la entidad, por lo que solicita que se declare improcedente o en su defecto se niegue el amparo de tutela.
5. La providencia impugnada
El Consejo de Estado – Sección Tercera, mediante sentencia de 22 de marzo de 2019, dispuso: i) negar el amparo de tutela invocado por la Nación – Procuraduría General de la Nación; ii) reconocer como coadyuvantes al Colegio de Procuradores Judiciales y el señor Fernando Arias García; y iii) negar la solicitud de vincular a la comunidad en general al presente trámite de tutela, argumentando lo siguiente:
Indicó que en la presente acción no se configura un defecto sustantivo, como quiera que no fue indebida, irracional o contraria a la ley la interpretación de las normas sobre nombramientos en provisionalidad en la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, así mismo, el precedente constitucional sobre la motivación de los actos administrativos por los cuales se hacen este tipo de nombramientos es vinculante, independientemente, si se refiere a un determinado sistema general o especial de carrera.
Explicó que sobre la indebida interpretación del artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000 y el desconocimiento del artículo 82 ibidem, si bien, ante la comisión especial concedida a la señora Sandra Lucía Arroyave, la Procuraduría General de la Nación debía proveer el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá, mediante un nombramiento en provisionalidad, también es cierto que las normas por las cuales se rige el sistema especial de carrera de la entidad, esto es el Decreto Ley 262 de 2000, ni las normas generales de carácter supletorio, Ley 909 de 2004, establecen las reglas sobre la forma en que la Procuraduría debía realizar tal designación para suplir el mencionado cargo.
Adujo que la interpretación normativa realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acerca de las normas que regulan los nombramientos en provisionalidad dentro del sistema especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación, no es indebida, irracional o contraria a la ley, sino que está en armonía con la realidad constitucional, bajo el entendido que el mérito es la base de los principios y las reglas que orientan la gestión de personal a través del sistema de carrera administrativa, pues la lista de elegibles fue el resultado del desarrollo de un concurso para seleccionar de manera objetiva a las personas que reunieran los requisitos legales y constitucionales para desempeñar el cargo y superaran plausivamente cada etapa de dicho proceso.
Agregó que el uso de las listas de elegibles para proveer en provisionalidad las vacantes temporales de un cargo de carrera, no afecta de ninguna manera los derechos de la titular del concurso, es decir, la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave, pues sus derechos de carrera permanecen intactos al estar en una situación administrativa laboral que la separó temporalmente del cargo; así mismo, tampoco se vulneran los derechos del elegible en turno que se designe en provisionalidad, pues dada la naturaleza y temporalidad de su nombramiento, i) no adquiere derechos de carrera por el mero nombramiento en esas condiciones; ii) no se trata de un periodo de prueba que implique con posterioridad la inscripción de aquel en carrera; y iii) no hace que pierda su turno dentro de la lista de elegibles a la que pertenece.
Señaló que los argumentos de la entidad accionante respecto a la aplicación inadecuada del precedente de la sentencia de la Corte Constitucional C – 753 de 2008, no son de recibo, pues dada la naturaleza excepcional que tiene el nombramiento en provisionalidad de cara a la regla general, de orden constitucional, esto es, de proveer cargos a través de concurso de méritos, la administración tiene el deber de motivar la decisión por medio de la cual acude a la figura de la provisionalidad, para justificar en debida forma la omisión del principio de mérito.
Sostuvo que si bien la sentencia C – 753 de 2008 efectuó un estudio de las normas de carrera administrativa del sector defensa, también es cierto que, su contenido fija una regla jurisprudencial de aplicación transversal, pues la misma Corte constitucional ha sostenido que los principios básicos que orientan la carrera administrativa (entre otros el mérito) se aplican, independientemente, si se trata de un sistema de carrera general o especial.
La impugnación
La apoderada de la Procuraduría General de la Nación impugnó la sentencia del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, solicitando su revocatoria y la prosperidad de sus pretensiones con fundamento en las siguientes razones:
Expresó que la sentencia de 2 de noviembre de 2018, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo, debido a que desconoció la teleología del artículo 216 del Decreto Ley 262 del 2000, en la medida en que concluyó que las listas de elegibles debían ser utilizadas para proveer cualquier tipo de vacantes al interior de la Procuraduría General de la Nación, sin que ese sea la finalidad que el legislador quiso darle.
Precisó que el artículo 216 del Decreto Ley 262 del 2000 desarrolla el agotamiento de las listas de elegibles, indicando cuál es el procedimiento que debe adelantar la administración para proveer las vacantes que existan en la entidad en los empleos de carrera administrativa, con el objeto que quienes integran dicha lista puedan acceder a los mismos y adquieran derechos de carrera, así como la estabilidad que brinda la misma, por lo que la referida norma se refiere a las vacantes definitivas.
Informó que en los empleos de carrera administrativa se presentan dos tipos de vacantes, una definitiva y la otra temporal, esta última se configura cuando el titular del empleo en carrera se encuentra en una situación administrativa que implica una separación transitoria de su empleo (licencia, comisión especial o encargo).
Adujo que el agotamiento de la lista para proveer cargos temporales, le impone una carga a la administración que podría afectar la prestación del servicio, pues la labor operativa y administrativa de ofrecer la vacante temporal a los integrantes de la lista podría demorar casi el mismo tiempo que la vacante.
Manifestó que el artículo 216 del Decreto Ley 262 del 2000 fue incluido en el capítulo que regula lo ateniente al ingreso a la carrera especial de la Procuraduría General de la Nación, por lo que hace referencia a “(…) vacantes que se presenten en el mismo empleo (…) dichas vacantes deben considerarse vacantes absolutas (…)
Reiteró que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó una interpretación indebida de las normas que regulaban la materia, al declarar la nulidad del Decreto 5751 de 30 de octubre de 2017, que nombró en provisionalidad al señor Hermán Rincón Cuéllar, por cuanto de haber realizado un análisis adecuado del artículo 216 del Decreto Ley 262 del 2000, conforme su finalidad de la norma, hubiese concluido que la actuación de la entidad se encontraba ajustada a Derecho, amparada en las normas que regulan la carrera especial de la Procuraduría General de la Nación (artículo 82 Decreto Ley 262 del 2000).
Relató que el nombramiento del señor Rincón Cuéllar fue producto de la vacancia temporal del cargo ocupado por la señora Sandra Yepes Arroyave, creada por la comisión especial otorgada por la entidad, por lo que dicha designación estaba condicionada a la terminación de la situación administrativa, por lo tanto, efectuar un nombramiento con integrantes de la lista de elegibles no honraría el mérito que comporta los concursos, ya que arriesgarían los derechos adquiridos por la Doctora Yepes Arroyave al ocupar su cargo con otra persona también con derechos de carrera
Agregó que la providencia impugnada no explicó las razones por las cuales, resultaba aplicable la sentencia C-753 de 2008, que realizó un estudio de la carrera administrativa del sector defensa, pues la Procuraduría General de la Nación tiene regulada la carrera administrativa espacial en el Decreto Ley 262 de 2000, y por ende no hay lugar a acudir a normas distintas o sentencias de constitucionalidad ajenas.
Otras intervenciones en el trámite de impugnación.
7.1 El Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR mediante escrito visible a folios 150 a 169, solicitó que se mantenga la decisión cuestionada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia dentro de la presente acción de tutela.
7.2 La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, actuando en virtud de la Agencia Especial conferida por el Procurador General de la Nación en presente asunto, solicitó que se revoque el fallo impugnado y se acojan las pretensiones invocadas en la presente acción de tutela, argumentando que el nombramiento en provisionalidad del señor Hermán Rincón Cuéllar en el cargo de Procurador 100 Judicial II Penal de Bogotá, se debió a la vacante temporal suscitada con el retiro transitorio de la titular del empleo, esto es, la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave, como consecuencia de la comisión especial por 2 años que se le otorgó a través del Decreto 564 de 2017, para desempeñarse como Magistrada Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto 262 de 2000.
Explicó que en el caso concreto se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el defecto sustantivo en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de 2 de noviembre de 2018, pues no tiene fundamento alguno, que la provisión de un empleo de carrera administrativa en situación de vacancia temporal, se efectué con el agotamiento de una lista de elegibles, no solo porque así no está previsto en el régimen normativo especial aplicable a la entidad, sino porque, además se trataría de un nombramiento precario, que no está llamado a generar derechos de carrera para el designado.
Aseveró que realizar los nombramientos en cargos con vacancia temporal, con personas de la lista de elegibles, crearía falsas expectativas de estabilidad laboral y eventuales perjuicios, que haría inconveniente conferir licencias o comisiones.
CONSIDERACIONES
Competencia.
La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.
Problema jurídico
La Sala debe decidir si se confirma o no, la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la Procuraduría General de la Nación, o si como lo alega la entidad accionante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 2 de noviembre de 2018, incurrió en un defecto sustantivo, al negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por el Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR - contra la Nación – Procuraduría General de la Nación.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.
3.1 El defecto sustantivo
La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial incurre en defecto sustantivo cuando: “(…) (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática (…)”.
La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, consideró:
“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”.
En las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó:
“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]”. (Destacado de la Sala).
Caso concreto
4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que el defecto alegado puede llevar consigo una violación del derecho fundamental al debido proceso, el cual constituye bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues el proceso de nulidad electoral instaurado por el Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR - contra la Procuraduría General de la Nación, se tramitó en única instancia y, no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión.
Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la sentencia de 2 de noviembre de 2018 se notificó a las partes por correo electrónico el 6 de noviembre de 2018 y la demanda de tutela se presentó el 15 de febrero de 2019, es decir, dentro de un término prudencial.
Adicionalmente, se observa que la accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad electoral.
4.2 Análisis de las causales específicas de procedibilidad
La apoderada de la Procuraduría General de la Nación plantea la vulneración del derecho al debido proceso, porque considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir, la sentencia de 2 de noviembre de 2018 incurrió en un defecto sustantivo, al no interpretar en debida forma el artículo 216 del Decreto 262 de 2000, como quiera que concluyó que la lista de elegibles debe ser utilizada para proveer cualquier tipo de vacante al interior de la entidad, desconociendo que la finalidad de la norma se dirige a suplir cargos con vacancias absolutas o definitivas con los resultados de un concurso de méritos, dado que tiene por objeto garantizar a las personas que integra la lista, los derechos de carrera administrativa y beneficiarse de la estabilidad que brinda la misma.
Agregó que el artículo 82 del Decreto 262 de 2000 permite a la entidad designar en provisionalidad a funcionarios que no pertenecen a la carrera administrativa, para ocupar vacantes de manera temporal derivadas de situaciones administrativas como una licencia, una comisión especial o un encargo.
Afirmó que el nombramiento en provisionalidad del señor Hermán Rincón Cuéllar se originó en la vacancia temporal del cargo ocupado por la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave, creada por la comisión especial otorgada por la Entidad, por lo que su designación estaba condicionada a la terminación de la referida situación administrativa. En este sentido, proveer el cargo con un integrante de la lista de elegibles podría afectar los derechos adquiridos de la señora Yepes Arroyave, al ocupar su cargo con otra persona que también tiene derechos de carrera.
Añadió que la providencia acusada le impuso a la entidad una carga de motivar los actos de nombramiento que no tiene respaldo jurídico, como quiera que sustentó su decisión en una interpretación inadecuada de la norma y en una sentencia de la Corte Constitucional (C-753 de 2008), que no se aplicaba al caso concreto, dado que la misma realiza un estudio de la carrera administrativa en el sector defensa, desconociendo que la Procuraduría tiene sus propias normas en la materia, contenidas en el Decreto 262 de 2000.
Con el fin de examinar los motivos de inconformidad de la parte actora, la Sala revisará el análisis normativo y jurisprudencial realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de 2 de noviembre de 2018, en el cual consideró lo siguiente:
“(…) Primer cargo: Violación de la Constitución Política en su artículo 145 y Desconocimiento de los artículos 82, 183, 185, 187 y 216 del Decreto Ley 262 de 2000.
(…)
1) Se aclara, contrario a lo manifestado por la parte demandada en su contestación de la demanda, que el cargo de “procurador judicial” es un empleo que pertenece a la carrera y no a la provisionalidad, toda vez que, la sentencia de la Corte Constitucional C 101 de 2013 declaró la inexequibilidad de dicha expresión del artículo 182 del Decreto Ley 262de 2000.
Ahora bien, el nombramiento en provisionalidad de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación está regulado en los artículos 186 y 187 del Decreto Ley 262 de 2000 “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”, cuyo textos son del siguiente tenor:
(…)
De conformidad con estas perspectivas, se tiene que, dentro de la Procuraduría General de la Nación está permitido el nombramiento provisional de funcionarios que no pertenecen a la carrera (artículo 186), por el tiempo que dure dicha situación (artículo 187).
No obstante, en aras de garantizar el principio del mérito, tal como establece el artículo 216 del Decreto Ley 252 de 2000, el nominador para proveer la vacante suscitada primordialmente deberá utilizar lista de elegibles para el empleo materia de discusión, que en este caso sería la Resolución 357 de 2016, la norma mencionada, es del siguiente tenor:
(…)
2) En lo que concierne a la primacía de la carrera en las entidades públicas, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:
(…)
Por lo anterior, es pertinente afirmar que se debe preferir nombrar provisionalmente en el empleo de carrera a un servidor que se encuentre en turno en la lista de elegibles (Resolución 357 de 2016), por la razón de que, la persona de carrera ingresó mediante concurso, lo que lleva consigo las garantías de ser favorecido con nombramientos en provisionalidad, como una manera de estimular la estabilidad del servidor en la Administración, y no que se provea dicha vacante temporal por quien no esté en carrera, como ocurrió en este caso, que se designó al señor Hermán Rincón Cuellar, quien no se encuentra registrado en la lista de elegibles para el cargo materia de discusión, ni pertenece a la carrera administrativa.
Segundo cargo: Deber de motivación de los nombramientos provisionales en cargos de carrera
(…)
Así las cosas, al establecerse el deber de motivación de los actos administrativos mediante los cuales se realizan los nombramientos en provisionalidad, se ajustan a derecho, toda vez que, de un lado debe justificarse las razones por las cuales se recurre a la excepción para proveer el cargo de carrera pública, y de otro lado, si bien la vinculación en provisionalidad es transitoria, la estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que lo haga en provisionalidad, debiéndose motivar, por ejemplo, arguyendo que el cargo será proveído a esa persona, por razones del servicio (inciso segundo, artículo 185 D.L 262 de 2000), cuestión que no ocurrió en este caso, ya que, solo se emitió el Decreto 5715 de 30 de octubre de 2017, sin sustento jurídico ni fáctico alguno, tampoco se acreditó que el señor Hermán Rincón Cuellar cumpliera los requisitos legales para el desempeño del empleo a proveer.
No obstante, lo anterior, se observa que, para el momento de la expedición del acto demandado, esto es, el 30 de octubre de 2017, existían funcionarios de carrera para ocupar provisionalmente la vacante de la doctora Sandra Yepes Arroyave (…)
(…) De todo lo expuesto, se desprende que existían funcionarios en carrera (lista de elegibles), al momento de efectuarse la provisión del empleo al señor Hermán Rincón Cuellar como Procurador Judicial II Penal de Bogotá, código 3PJ, grado EC, mediante Decreto 5715 del 30 de octubre de 2017, y en esa medida eran suceptibles de ser nombrados en virtud de lo previsto en el artículo 2016 del Decreto Ley 262 de 2000.
No obstante, como se indicó previamente, al ser esta una excepción de carácter potestativa la Procuraduría General de la Nación debió haber optado por nombrar a la persona que seguía en la lista de elegibles vigente para la época de los hechos (Resolución 357 de 11 de julio de 2016), sin embargo, su decisión fue la contraria y procedió a nombrar a un tercero mediante Decreto No. 5715 de 30 de octubre del año 2017, demandado en este asunto.
Lo anterior permite concluir que, la Procuraduría General de la Nación en forma indiscriminada realizó el nombramiento haciendo uso del literal c) del artículo 82 del Decreto Ley 262 de 2000 como facultad excepcional para comisionar anticipadamente a los funcionarios disponibles (por existir lista de elegibles) para ser nombrados en el cargo vacante de su mismo, como lo prevé el del artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, no los asigna sino que acude a terceros que no hacen parte de la carrera, haciendo uso de la provisionalidad.
Bajo el anterior contexto, se encuentra probado dentro del presente asunto que, si bien para el momento de la expedición del acto demandado existían funcionarios de carrera para ser nombrados en la vacante suscitada, la Procuraduría General de la Nación acudió a un tercero que no hace parte de la carrera, contrariando las normas aplicables, concretamente dispuesto en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 200 y aplicando la provisionalidad sin que hubiere lugar a ella (…)”.
Revisado el contenido de la providencia acusada, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección B, para desatar la demanda electoral promovida contra el Decreto Nº 5715 de 30 de octubre de 2017, por medio del cual se nombró en provisionalidad al señor Hermán Rincón Cuellar, en el cargo de Procurador 100 Judicial II Penal de Bogotá, Código 3PJ, grado EC, efectuó el análisis de los siguientes cargos: a) Violación de la Constitución Política en su artículo 125 y desconocimiento de los artículos 82, 183,185 y 216 del Decreto Ley 262 de 2000; y b) Deber de motivación de los nombramientos provisionales en cargos de carrera.
Frente al primer cargo, la autoridad judicial examinó el contenido del artículo 125 de la Constitución Política, para precisar que los empleos en los órganos y entidades del Estado deben regirse por las norma que regulan la carrera administrativa con excepción de los de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley, precisando que su ingreso y ascenso se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley al respecto para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
En este orden resaltó que, el Decreto Ley 262 de 2000, en su artículo 183 dispuso que la carrera administrativa al interior de la Procuraduría General de la Nación, es un sistema técnico de administración de personal, que regula “el ingreso, la permanencia y el retiro de los funcionarios pertenecientes a dicha carrera, teniendo en cuenta el mérito”, así como también establece la forma en que los funcionarios pertenecientes a la carrera acceden a los cargos.
A partir de lo anterior informó que de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 del Decreto Ley 262 de 2000, los nombramientos al interior de la Procuraduría General de la Nación se pueden hacer: i) ordinario, para proveer empleos de libre nombramiento y remoción; ii) En período de prueba: para proveer empleos de carrera con personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de méritos; y iii) Provisional: para proveer empleos de carrera definitivamente vacantes, con personas no seleccionadas mediante el sistema de méritos, mientras se provee el empleo mediante concurso y, también, para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción temporalmente vacantes, mientras duren las situaciones administrativas o los movimientos de personal que generaron la vacancia temporal del empleo.
Posteriormente, el Tribunal accionado efectuó un estudio de las disposiciones normativas del Decreto 262 de 2000, que regulan las facultades del Procurador General de la Nación para realizar nombramientos en provisionalidad, explicando lo siguiente: a) En caso de vacancia definitiva de un empleo de carrera, el Procurador General podrá nombrar en encargo a empleados de carrera o en provisionalidad a cualquier persona que reúna los requisitos para su desempeño; efectuado el nombramiento en encargo o en provisionalidad, la convocatoria del concurso deberá hacerse dentro de los tres (3) meses siguientes a este nombramiento (artículo 185); b) El nombramiento tendrá carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente un empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito, aunque en el respectivo acto administrativo no se determine la clase de nombramiento que se trata (artículo 186) y; c) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos podrán ser provistos por encargo o en forma provisional por el tiempo que duren aquellas situaciones (artículo 187).
Seguidamente, la Corporación judicial accionada señaló que el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, establece que “(…) El nominador deberá utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos requisitos, o en empleos de inferior jerarquía (…)”.
Por lo expuesto, el Tribunal concluyó que en los eventos en los que se presente una vacante temporal o definitiva en la Procuraduría General de la Nación, el nominador podrá efectuar nombramientos en provisionalidad, con el fin de dar continuidad al servicio, para lo cual deberá utilizar de la lista de elegibles en estricto orden descendente, siempre y cuando, dicha lista se encuentre vigentes, en caso contrario, o una vez agotada esta opción, se podrá acudir a realizar nombramientos provisionales con personas externas.
Por otra parte, la autoridad judicial accionada se refirió al segundo cargo planteado contra el acto administrativo demandado (el deber de motivación del acto de nombramiento), señalando que de acuerdo con la jurisprudencia Constitucional (sentencia C- 753 de 2008), por regla general “(…) (ii) el sistema de nombramiento en los cargos de carrera se realizará mediante concurso público; (…) (iv) que el nombramiento en provisionalidad o en encargo son excepciones a la regla general; (v) que estas excepciones son válidas desde el punto de vista constitucional en aras de preservar la continuidad del servicio público de la administración, y no vulnera el principio de la carrera administrativas ni el principio de igualdad de oportunidades, siempre y cuando el Legislador fije claros límites temporales a ella, y la administración justifique dichos nombramientos en provisionalidad o en encargo mediante actos administrativos motivados (…)”.
Bajo esa óptica, el Tribunal explicó que en el caso concreto la Procuraduría General de la Nación omitió justificar el acto administrativo que nombró en provisionalidad al señor Hermán Rincón Cuéllar, como quiera que no expuso las razones por las cuales se acudió a la figura de la provisionalidad para proveer un cargo de carrera administrativa, así como tampoco expresó las razones para no acudir a la lista de elegibles y las condiciones legales para el desempeño del empleo por parte del designado.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que el Decreto Nº 5715 de 30 de octubre de 2017, por medio del cual se nombró en provisionalidad al señor Hermán Rincón Cuéllar, en el cargo de Procurador 100 Judicial II Penal de Bogotá, Código 3PJ, grado EC, fue expedido con desconocimiento del artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000 y demás normas legales y constitucionales en las que debía fundarse, en la medida en que efectuó un nombramiento en un cargo de carrera administrativa, con una persona ajena al sistema de mérito, sin tener en cuenta que para la fecha se encontraba vigente la lista de elegibles constituida para el empleo (Resolución 357 de 11 de julio de 2016), con la que podía nombrar a la persona que seguía en orden descendente.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia de 2 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, no incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, pues la decisión de declarar la nulidad del Decreto 5715 de 30 de octubre de 2017, mediante el cual se nombró en provisionalidad al señor Hermán Rincón Cuéllar, estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, así como los hechos, pruebas documentales allegadas al proceso, lo que le permitió concluir que la actuación administrativa desplegada por la Procuraduría General de la Nación no se ajustaba a los parámetros fijados en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000.
Lo anterior, porque si bien el nominador de la entidad accionante se encontraba facultado legalmente para realizar nombramientos en provisionalidad, con el fin de cubrir vacancias temporales de algunos empleos dentro de la institución, también es cierto que, esa potestad no es absolutamente discrecional, pues, en los eventos en los que exista una lista de elegibles vigente y se requiera proveer una vacante de un empleo de igual y denominación, el uso de la lista de elegibles es un deber y no una facultad del nominador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, toda vez que ello es una garantía del principio de mérito de los ciudadanos que participaron en igualdad de condiciones, a efectos de proveer otro cargo vacante.
Con relación a la importancia de las listas de elegibles, como instrumento válido e idóneo para efectuar el nombramiento de personas en vacantes temporales existentes dentro de las entidades públicas, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:
“(…) La interpretación en virtud de la cual no existe una absoluta discrecionalidad del nominador para la realización del proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos, sino que, por el contrario, el mismo está limitado por los principios de la función pública de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, la cual es constitucional, pues permite delimitar la actuación de la administración pública. Esta interpretación exige el cumplimiento de los siguientes parámetros:
(i) Para la provisión de los empleos temporales los nominadores deberán solicitar las listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil anexando como mínimo la información exigida en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004.
(ii) En caso de ausencia de lista de elegibles se debe dar prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el cargo y trabajen en la misma entidad.
(iii) Se deberá garantizar la libre concurrencia en el proceso a través de la publicación de una convocatoria para la provisión del empleo temporal en la página web de la entidad con suficiente anticipación.
(iv) El procedimiento de selección para los empleos temporales deberá tener en cuenta exclusivamente factores objetivos como: el grado de estudios, la puntuación obtenida en evaluaciones de Estado como las pruebas ICFES, ECAES, Saber Pro y Saber, la experiencia en el cumplimiento de funciones señaladas en el perfil de competencias y otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar (…)” (negrilla fuera de texto).
En relación a la finalidad de la lista de elegibles, constituida como consecuencia de un concurso de méritos, la jurisprudencia Constitucional ha señalado que “(…) La conformación de la lista de elegibles es un acto administrativo de carácter particular, cuyo fin es de establecer un orden para proveer los cargos estrictamente ofertados y no otros, lo que obliga a las entidades nominadoras a proveer exclusivamente el número de plazas ofertadas en cada una de las convocatorias o las que se generen durante su vigencia, siempre y cuando se refieran al mismo cargo para el cual se ofertó el concurso en donde el nombramiento debe hacerse en estricto orden de mérito con quienes se encuentren en el primer lugar en la lista. Las plazas que no correspondan a la convocatoria o que con posterioridad resulten vacantes, requerirán de un nuevo concurso (…)” (subrayado y negrilla fuera de texto).
Así pues, es importante mencionar que si bien la Corte Constitucional, ha indicado que la lista de elegibles debe ser empleada para proveer los cargos ofertados y no otros, luego, precisó que eventualmente, la entidad convocante puede disponer que la lista o registro definitivo de elegibles, sea utilizado para suplir empleos que no hayan sido objeto inicialmente de oferta en el concurso de méritos, siempre que: (i) dicha regla sea prevista en las normas del concurso, es decir, en las bases de la convocatoria, y (ii) que estos nuevos empleos sean de la misma denominación, naturaleza y perfil que los que fueron expresamente contemplados en la convocatoria. Al respecto dijo:
“(…) Lo anterior significa que es potestad del legislador señalar en la ley general de carrera o en las leyes de carrera especial que con el registro de elegibles se pueden proveer cargos diversos a los que fueron ofertados cuando sean de la misma naturaleza, perfil y denominación de aquellos. Facultad que también puede ostentar la entidad convocante, quien en las reglas que regirán el concurso puede señalar expresamente que la lista que se configure servirá para proveer las vacantes que se lleguen a presentar en vigencia de la lista para empleos de la misma naturaleza y perfil. La introducción de este criterio es una pauta de obligatoria observancia para la administración, que le permitirá, en el término de vigencia del registro de elegibles que se llegue a conformar, proveer las vacantes que se lleguen a presentar, por cuanto expresamente habilitó el uso de ese acto administrativo para tal efecto (…)”
De lo anterior, es posible inferir que las listas de elegibles tienen una connotación y relevancia significativa, en la medida en que son un instrumento idóneo para proveer cargos de carrera administrativa al interior de las entidades públicas, pues, (i) de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución, la regla general es que los empleos públicos son de carrera y deben ser provistos a través de concursos públicos que permitan comprobar, verificar y medir el mérito; y (ii) en virtud de la aplicación de criterios de razonabilidad, eficiencia y economía en el gasto público, de tal manera que se le dé el mayor uso posible a la lista de elegibles mientras esté vigente.
Así las cosas, la Sala considera que la interpretación normativa realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera– Subsección B, en la sentencia acusada, de 2 de noviembre de 2018, fue producto de un ejercicio hermenéutico autónomo e independiente que a juicio esta Subsección no resulta indebido, irracional o contrario a la ley, en la medida en que analizó el asunto puesto a su consideración, con fundamento en los principios constitucionales del mérito e igualdad, que rigen la carrera administrativa, los cuales le permitieron resaltar la importancia de la lista de elegibles, como un instrumento idóneo para proveer cargos al interior de las entidades públicas y seleccionar de manera objetiva a las personas, que además de reunir los requisitos legales y constitucionales para desempeñar el empleo, también superaron de forma meritoria cada etapa del concurso.
En este sentido, cabe señalar que el uso de la lista de elegibles para proveer una vacante temporal de un cargo de carrera que hizo parte de la convocatoria, no afecta los derechos del titular del empleo que accedió al mismo, a través de concurso de méritos, ni de la persona que integra la lista que se designe en provisionalidad, toda vez que la naturaleza del nombramiento y la temporalidad del mismo, no atribuyen derechos de carrera, que implique una designación en periodo de prueba y posterior inscripción en el sistema, así como tampoco, comporta una pérdida del turno dentro de la lista de elegibles que conforma.
Por otra parte, es necesario aclarar que si bien, la providencia del Tribunal accionada tomó como sustento una sentencia de constitucionalidad (C- 753 de 2008) en la que se analizan las normas sobre carrera administrativa del sector defensa, para referirse al deber de motivar los actos administrativos que hacen una designación en provisionalidad con sujetos ajenos a la lista de elegibles, también es cierto que la providencia citada, fija un criterio jurídico aplicable a la carrera administrativa, independientemente de si se trata de un sistema especial o general.
Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional e independencia interpretó de forma razonable la normativa y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactorio en su integridad a la parte demandada, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a Derecho.
Por otra parte, se debe señalar que los argumentos alegados por la entidad accionante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió, por tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso electoral, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Así las cosas, se concluye que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, no vulneró el derecho fundamental invocado por la entidad accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por defecto sustantivo, que amerite la intervención del juez de tutela.
III. DECISIÓN
En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 22 de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que negó el amparo de tutela invocado por la Procuraduría General de la Nación, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 22 de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que negó el amparo de tutela invocado por la Procuraduría General de la Nación, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO. Por secretaria, DEVOLVER al Despacho de origen, el expediente allegado en préstamo del proceso de nulidad electoral.
Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen.
Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VÁRGAS (E)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 1 - 7
Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Folio 28
Folio 31
Folio 36
Folio 35
Folio 61
Folio 60
Folio 34
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Folios 51 - 57
Folios 74 - 77
Folios 84 - 90
Folios 105 - 118
Folios 131 - 134
Folios 84 - 90
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Cfr. Sentencia T-567 de 1998. Cfr. Sentencia T-001 de 1999. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250. Folio 440 cuaderno Nº 1 expediente proceso de nulidad electoral
Folio 1
Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Folios 409 - 439 cuaderno principal, expediente proceso electoral, anexo
ARTÍCULO 82. Clases de nombramiento. En la Procuraduría General de la Nación se pueden realizar los siguientes nombramientos:
(…) c) Provisional: para proveer empleos de carrera definitivamente vacantes, con personas no seleccionadas mediante el sistema de méritos, mientras se provee el empleo mediante concurso. Igualmente, se hará nombramiento en provisionalidad para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción temporalmente vacantes, mientras duren las situaciones administrativas o los movimientos de personal que generaron la vacancia temporal del empleo. Parágrafo. Nadie podrá posesionarse en un empleo de la Procuraduría General de la Nación sin el lleno de los requisitos constitucionales y legales exigidos. Expedido por el Presidente de la Republica en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el numeral cuarto del artículo 1º de la Ley 573 de 2000 - “Por el cual se modifica la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictar normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nació, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentran sujetos”. Corte Constitucional, Sentencia C – 288 de 20 de mayo de 2014, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencia SU - 446 de 2011, M.P. 26 de mayo de 2011, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En similar sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado – Sección Segunda, sentencia de 26 de julio de 2018, expediente Nº 11001-03-25-000-2015-01101-00 (4970-2015), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Así mismo, Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 27 de septiembre de 2018, radicado Nº 11001032500020130130400 (3319-2013), acumulado con 11001032500020130157700 (4043-2013) y 11001032500020140049900 (1584-2014), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Entendidos como criterios auxiliares de interpretación normativa de la actividad judicial.
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