Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2018-01176-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2018-01176-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2018-01176-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 250002341000 2018 01176 01
Demandante: Reinaldo Rodríguez Reina
Demandado: Contraloría General de la República 1
Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Daño patrimonial y gestión fiscal del
interventor del contrato de obra. Reiteración jurisprudencial 2.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 3 de agosto de 2023 por la Subsección
“B”, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 3.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda4
1. Reinaldo Rodríguez Reina 5, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte
1 Cfr. folio 1 del cuaderno núm. 1 del expediente.
2 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de
septiembre de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 250002341000 2019 00168
01 […]”.
3 En adelante Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4 Cfr. Folios 1 a 27 del cuaderno núm.1 del expediente.
5 Por intermedio de apoderado
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Demandante: Reinaldo Rodríguez Reina
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 6.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló la siguiente pretensión:
“[…] PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de los actos administrativos, Auto No.
0841 del 19 de junio de 2018, por medio de la cual el Contralor Delegado Intersectorial
No. 15 del Grupo Interno de Trabajo para el Conocimiento y Trámite del Proceso de
responsabilidad fiscal relacionado con el sistema general de regalías, falla con
responsabilidad fiscal y del Auto No. ORD.80112-0178-2018 del 06 de agosto de
2018, por medio del cual se decide el grado de consulta y apelación dentro del
proceso, proferido por el señor Contralor General dentro del proceso ordinario No.
2014- 03515-081, confirmando el fallo de primera instancia […]”.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“[…] SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento
del derecho, se disponga que el señor REINALDO RODRIGUEZ REINA, no es
responsable fiscal, por lo tanto, se debe ordenar su exclusión inmediata del boletín de
responsables fiscales que reposa en la Contraloría General de la República y en la
Procuraduría General de la Nación.
TERCERA: Igualmente, se ordene el levantamiento inmediato de cualquier orden de
embargo proferido en contra de sus bienes.
CUARTA: Que a título de restablecimiento del derecho se le reconozca una suma
igual a CIEN SALARIOS MINIMO (sic) LEGALES MENSUALES VIGENTES, a título
de indemnización de perjuicios.
QUINTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en
el artículo 192 del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la
fecha de la promulgación de la resolución No. 1640, esto es desde el 30 de septiembre
de 2016 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.
La Contraloría General de la República, dará cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del C.P.A.C.A. y si no se efectúa el pago en forma oportuna,
la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena dicho
artículo […]”.
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
6 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
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5. Mediante Auto núm. 001306 de 9 de agosto de 2013, la Contraloría Delegada
Intersectorial núm. 24 abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra varios
funcionarios, exfuncionarios, contratistas e interventoría de un proyecto de obra
realizado en el municipio de Aquitania, Boyacá.
6. En la época de los hechos investigados, la parte demandante desempeñaba
el cargo de director de interventoría y era subalterno de la entidad que actuaba como
interventora, la Cooperativa de Entidades Territoriales “CONGETER”.
7. Entre el Municipio de Aquitania, Boyacá, y la Cooperativa Nacional para la
Administración, Gestión y Desarrollo de Entidades Territoriales “CONGETER”, se
celebró el convenio interadministrativo núm. 005 de 2007, con el objetivo de realizar
la "interventoría técnica y ambiental para la construcción de 500 unidades sanitarias
y pozos sépticos en el Municipio de Aquitania", con un plazo inicial de 270 días y un
valor de $131.000.000,00. Dicho convenio fue modificado posteriormente,
incrementando su valor en $26.455.420,34 y extendiendo el plazo en 120 días
adicionales.
8. La parte demandante no tenía la condición de servidor público, sino que
participaba en la relación contractual como un particular que desempeñaba el cargo
de director de interventoría del convenio interadministrativo.
9. El 29 de marzo de 2007, el Municipio de Aquitania firmó un convenio
interadministrativo con la Organización Cooperativa para el Desarrollo de los
Municipios y Entidades Estatales de Colombia “CODECOL”, cuyo objetivo era la
construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el municipio, por un
valor de $2.058.072.888 y un plazo de 270 días calendario. Este convenio fue
modificado, aumentando su valor en $472.420.199,66 y su plazo en 120 días
calendario.
10. En el auto de apertura de responsabilidad fiscal, la parte demandada alegó
que, durante la ejecución del convenio interadministrativo, las obras no se realizaron
conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños inicialmente aprobados.
11. La parte demandante fue vinculada al proceso de responsabilidad fiscal,
señalando que, como director de interventoría “hizo una deficiente vigilancia en la
construcción de las unidades sanitarias y pozos sépticos, lo cual conllevó a que la
obra se ejecutará con deficiencias”.
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12. El 13 de agosto de 2014, el Contralor Intersectorial núm. 23 del Grupo para
el Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal, adscrito a la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, mediante el Auto núm.
001877, decidió imputar responsabilidad fiscal a varias personas, incluidos
funcionarios, exfuncionarios y particulares, entre ellos, la parte demandante.
13. El 17 de septiembre de 2014, la parte demandante presentó descargos y
adujo que no fue negligente en su actividad, dado que siempre estuvo atento a
presentar los informes necesarios para la ejecución del convenio núm. 004 de 2003.
14. El 17 de octubre de 2014, mediante el Auto núm. 002240, el Contralor
Delegado Intersectorial núm. 23 corrigió el auto de imputación fiscal núm. 001877
de 13 de agosto de 2014, aclarando que los presuntos responsables fiscales no
eran las cooperativas “CODECOL LTDA” ni “CONGETER”, sino las personas
naturales que las representaban.
15. Mediante Auto núm. 0841 de 19 de junio de 2018, la Contraloría Delegada
Intersectorial núm. 015, profirió fallo con responsabilidad fiscal contra los
investigados, , imponiendo de manera solidaria a la parte demandante, en su calidad
de director de interventoría, la obligación de pagar la suma total de los valores del
convenio de obra y del convenio de interventoría, equivalente a $3.843.392.769,99
16. Mediante Auto núm. 0178 de 6 de agosto de 2018, el despacho del Contralor
General de la República resolvió los recursos interpuestos contra el Auto núm. 0841
de 19 de junio de 2018, declarando la responsabilidad de la parte demandante de
manera solidaria por un monto de $3.843.392.769,99. La notificación de este auto
se realizó el 10 de agosto de 2018, y la decisión quedó ejecutoriada el 11 de agosto
de 2018.
Normas violadas 7
17. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 29, 267, 268 y 272 de la Constitución Política.
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Cfr. folio 5 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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• Artículos 1,4,5,9 y 53 de la Ley 610 de 2000 8.
Concepto de violación 9
18. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:
Primer cargo: Falta de competencia
19. Si se acepta que la gestión fiscal es una manifestación de la función
administrativa, se puede concluir que, para ser considerado gestor fiscal, es
necesario contar con un título jurídico habilitante. Un contratista del Estado solo
puede ser considerado gestor fiscal si se le ha conferido la autoridad administrativa
para gestionar bienes o fondos públicos.
20. La participación de particulares en funciones administrativas debe estar
precedida por la emisión de una ley o un acto administrativo, asegurando así el
principio de legalidad administrativa. En este sentido, el segundo párrafo del artículo
210 de la Constitución Política establece que "los particulares pueden desempeñar
funciones administrativas en las condiciones que determine la ley", y de manera
similar, el artículo 110 de la Ley 489 de 1998 prevé que la delegación de funciones
administrativas debe estar precedida de un acto administrativo y ser
complementada con convenios, si fuera necesario.
21. La parte demandante nunca tuvo disponibilidad jurídica sobre los bienes del
Estado, dado que participó bajo un contrato privado, en este caso, como
subordinado de la empresa “CONGETER LTDA”, desempeñándose como ingeniero
civil director de interventoría, supervisando los avances de obra de un contratista
del Estado.
22. En ningún momento, la firma de la parte demandante autorizaba pagos, dado
que sus funciones consistían en verificar los avances de obra conforme a un
presupuesto previamente establecido, en el cual no intervino ni determinó sus
alcances, dado que este se basó en un proyecto aprobado por la Dirección Nacional
de Regalías.
8 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías […]"
9 Cfr. folios 6 a 24 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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23. En las cláusulas del contrato celebrado entre el Municipio de Aquitania y las
cooperativas, se estableció como objeto contractual el desarrollo de ciertas
actividades y la remuneración por su ejecución. En ningún apartado se indicó que
“CONGETER” o “CODECOL” tuvieran la responsabilidad de administrar o manejar
fondos públicos.
24. Según el convenio núm. 005 de 2007, celebrado entre el Municipio de
Aquitania y la Cooperativa “CONGETER LTDA”, cuyo propósito era llevar a cabo la
interventoría técnica y ambiental del objeto acordado en el convenio núm. 004 de
2007, se determina que no se realizó gestión fiscal alguna, dado que no
correspondía a su responsabilidad ni obligación administrar recursos públicos.
25. La parte demandante no cumple con los requisitos para ser considerada
gestor fiscal según la ley y la jurisprudencia; además, no existe certeza sobre el
presunto daño patrimonial, su comprobación ni su cuantificación.
26. La caducidad y la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal se
establecen desde el inicio del auto de apertura de investigación. Para evitar la
caducidad, dicho auto no puede exceder los cinco años contados a partir del suceso
o acto que originó el detrimento o menoscabo al patrimonio público. Además, la
acción fiscal prescribe si, después de cinco años, no se ha proferido un fallo con
responsabilidad fiscal.
27. En relación con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
cuestión, el acto administrativo de segunda instancia se expidió fuera del plazo legal
para la conclusión de las actuaciones administrativas.
28. El Auto núm. 0178 de la oficina del Contralor General de la República,
mediante el cual se resolvieron incidentes de nulidad y se atendieron las
apelaciones, se expidió el 6 de agosto de 2018 y se fijó en el estado del 8 de agosto
de 2018. Por tanto, adquirió fuerza ejecutoria tres días después, es decir, el 13 de
agosto de 2018 a las 6:00 p.m., evidenciando que la prescripción había ocurrido
antes de que el auto adquiriera fuerza ejecutoria, conforme al artículo 9 de la Ley
610 de 2000.
Segundo cargo: Expedición de forma irregular
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29. La parte demandada, mediante el Auto núm. 002240 del 17 de octubre de
2014, corrigió el auto de imputación fiscal núm. 001877 del 13 de agosto de 2014,
aclarando que los presuntos responsables fiscales no eran las cooperativas
"CODECOL LTDA" ni "CONGETER", sino las personas naturales que las
representaban. En este auto se cometió una actuación irregular que viola
flagrantemente el debido proceso, dado que, al evidenciar su error de vinculación,
la parte demandada debió haber declarado la nulidad de la actuación a partir del
auto de apertura de la investigación.
30. Si el objetivo del Contralor Delegado Intersectorial núm. 23 era subsanar su
actuación, debió, como lo establece la ley, decretar la nulidad de lo actuado desde
la expedición del auto de apertura de investigación, es decir, desde el 9 de agosto
de 2013. El no hacerlo resultó en que todo lo actuado esté viciado de una nulidad
insanable, incluidos los fallos proferidos en primera y segunda instancia.
31. La ausencia de una declaratoria de nulidad, y en su lugar optar por subsanar
la actuación mediante la expedición de un auto que no permite presentar recurso,
invalida la actuación por dos motivos: primero, por violar el derecho de defensa de
los investigados; y segundo, por la existencia de irregularidades sustanciales que
afectan el debido proceso.
Tercer cargo: Falsa motivación
32. El artículo 23 de la Ley 610 de 2000 prevé que el fallo con responsabilidad
fiscal solo procederá cuando exista prueba que conduzca a la certeza del daño
patrimonial y de la responsabilidad del investigado.
33. A pesar de que la parte demandante no poseía la condición de gestor fiscal,
el proceso de responsabilidad fiscal tampoco demostró objetivamente la certeza del
daño, conforme lo dispone el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.
34. El convenio núm. 004 de 2007, celebrado entre el municipio de Aquitania y
la Cooperativa “COODECOL”, se pactó con el objeto de construir 500 unidades
sanitarias y pozos sépticos en el Municipio de Aquitania, de acuerdo con unas
especificaciones técnicas basadas en análisis de precios unitarios.
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35. El antecedente al convenio que tenía como objeto la construcción de las
unidades sanitarias fue el proyecto viabilizado ante el entonces Fondo Nacional de
Regalías, entidad que definió el alcance del proyecto.
36. El detrimento patrimonial no existió, ni se consumó; lo que ocurrió fue un
menor alcance de la obra, el cual fue debidamente informado y documentado por el
director de interventoría. Este hecho fundamentó la decisión del Alcalde del
Municipio de Aquitania de expedir la Resolución núm. 0905 de 16 de diciembre de
2011, mediante la cual se declaró el siniestro de incumplimiento y se hizo efectiva
la cláusula penal pecuniaria del convenio interadministrativo núm. 004 de 2007.
37. Del informe final de la interventoría y del informe técnico de la Contraloría se
determinó que no se demostró el daño en la suma cuantificada en los actos
acusados, puesto que, si bien no se construyeron totalmente las unidades conforme
al alcance inicialmente previsto, más de 500 familias se beneficiaron con el
proyecto. Por tanto, en caso de haber un detrimento patrimonial, este no supera los
115.000.000, cifra que fue recuperada por el Municipio de Aquitania a través de la
declaratoria de incumplimiento del contratista.
38. El proyecto fue aprobado por el Consejo Asesor de Regalías el 27 de
diciembre de 2006 mediante el Acuerdo núm. 035, asignando recursos del Fondo
Nacional de Regalías al Municipio de Aquitania por un valor de $2.280.723.000 para
la ejecución del proyecto BPIN 11500024100000 FNR 30990 "Construcción de 500
unidades sanitarias y pozos sépticos en el Municipio de Aquitania, Departamento
de Boyacá".
39. El Fondo Nacional de Regalías, en liquidación, responsable de los cierres de
proyectos financiados con recursos de regalías, determinó inicialmente mediante la
Resolución núm. 706 del 29 de diciembre de 2017, que el Municipio de Aquitania
había incumplido los parámetros del proyecto, exigiendo la devolución de
$2.189.072.013. Sin embargo, el municipio presentó descargos y recurso de
reposición; y en respuesta, mediante Resolución núm. 072 del 15 de mayo de 2018,
se modificó esta decisión, otorgándole viabilidad técnica al proyecto en términos de
su ejecución y alcance. Las modificaciones fueron aprobadas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
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40. Los objetivos previstos en la formulación del proyecto se cumplieron, por lo
cual no corresponde al Municipio de Aquitania reembolsar ningún recurso por la
ejecución del mismo.
41. Concluyó que no solo la interventoría señala que no existe daño como
componente sustancial de la responsabilidad fiscal, sino también la misma parte
demandada, a través de los profesionales peritos y los funcionarios del Fondo
Nacional de Regalías.
Contestación de la demanda
42. La parte demandada 10 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas así 11:
Sobre la falta de competencia
43. Respecto al cargo de nulidad, en el que se aduce que la parte demandante
no poseía la condición de gestor fiscal, cabe señalar que esta afirmación no
corresponde a los hechos registrados en la actuación administrativa. A la persona
en cuestión no se le imputó responsabilidad como gestor fiscal directo, sino por su
contribución en la generación del daño, conforme a lo establecido en los artículos 1
y 6 de la Ley 610 de 2000.
44. El director de interventoría, designado por la firma contratista Cooperativa
Nacional para la Administración, Gestión y Desarrollo de Entidades Territoriales
Ltda "CONGETER LTDA", fue la parte demandante. Él firmó los documentos que
constan en el expediente, relacionados con las actas de avance de obra, el acta de
inicio, las actas de suspensión, las actas de reinicio de obra, el acta final, el acta de
liquidación y, en general, los informes de interventoría relacionados con la ejecución
de las obras objeto del Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007.
45. Si el director de la interventoría hubiese ejercido, como era su obligación, una
vigilancia permanente respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y
los planos arquitectónicos, estructurales y técnicos de las unidades sanitarias, tal
como se establece en la Convocatoria Pública para Entidades Cooperativas núm.
005-2007 y en el Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, habría advertido
10
Por intermedio de apoderado
11 Cfr. Folios 889 a 904 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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sobre las necesarias correcciones en la ejecución de las unidades. De este modo,
se habría evitado entregar a los beneficiarios unidades sanitarias con deficiencias
significativas de calidad y cantidad que afectan el funcionamiento adecuado de
dichas obras.
46. Se evidenció una falta de seguimiento, control y vigilancia de la obra por parte
de la demandante, agravada por el hecho de que recibió las unidades sanitarias a
satisfacción, presentando como soporte de obra terminada las actas de entrega y
recibo firmadas por los beneficiarios, como si estuvieran completamente finalizadas.
Esto constituye una falta gravísima al deber de ejercer una vigilancia adecuada en
la ejecución de la obra, dado que se suponía que debían entregarse totalmente
terminadas y conforme a las cantidades de obra previstas en el Convenio
Interadministrativo núm. 004 de 2007 y sus modificaciones adicionales.
47. Del acervo probatorio recaudado, es posible concluir que el director de la
interventoría incurrió en una conducta gravemente culposa, de acuerdo con el
artículo 63 del Código Civil y el artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Esto se debe tanto
a la infracción directa del convenio interadministrativo núm. 005 de 2007, como a la
violación del literal e) del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, dado que omitió el
cumplimiento de sus obligaciones como director de la interventoría.
48. En el Auto núm. 002234 de 16 de octubre de 2014, titulado "POR EL CUAL
SE RESUELVEN UNAS SOLICITUDES DE NULIDAD DENTRO DEL PROCESO
DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 081-2013", se aclaró que efectivamente se
cometió un error al incluir a la Cooperativa Nacional para la Administración, Gestión
y Desarrollo de Entidades Territoriales Ltda. “CONGETER LTDA” en la imputación.
Sin embargo, se determinó que esto no constituye per se una violación del derecho
de defensa de la parte demandante ni una irregularidad sustancial que afecte el
debido proceso. Como señala la jurisprudencia, serán consideradas sustanciales
aquellas formalidades o procedimientos cuya omisión implique que la decisión
hubiera sido diferente. Una irregularidad es sustancial solo si se puede demostrar
que afectó las garantías de los sujetos procesales o socavó las bases
fundamentales de la instrucción o del juicio. Por tanto, se corrigió lo relacionado con
la vinculación de las cooperativas y, en consecuencia, no se aceptaron las
solicitudes de nulidad.
49. El despacho del Contralor General, mediante el Auto número ORD-80112-
0017-2014 de 12 de febrero de 2015, "por el cual se decide un recurso de apelación
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dentro del proceso de responsabilidad fiscal No PRF 081-2013", al resolver los
recursos de apelación interpuestos, mencionó que la nulidad es un mecanismo
excepcional que se utiliza para corregir irregularidades o vicios presentes en el
proceso cuya magnitud y trascendencia sean tales que afecten su estructura o
contravengan las garantías fundamentales establecidas en el artículo 29 de la Carta
Política. Se estableció que no se declarará la invalidez de un acto cuando este
cumpla la finalidad para la que estaba destinado, siempre y cuando no se viole el
derecho de defensa.
Sobre el debido proceso
50. Contrario a lo manifestado por la parte demandante, es evidente que no se
vulneró el debido proceso al aclarar un error. Por el contrario, se garantizó el
ejercicio del derecho de defensa del demandante, dado que este tuvo la oportunidad
de rendir versión libre el 13 de enero de 2014, interponer nulidades, presentar
descargos, recursos y solicitar aclaración y complementación del informe técnico el
22 de junio de 2016.
Sobre la falsa motivación
51. El principal objetivo del proyecto aprobado era controlar las aguas negras
que vertían a las quebradas y afluentes de la laguna de Tota, situación que genera
un daño ambiental por el incremento de la contaminación de la laguna y la afectación
de la calidad del agua, la salubridad y la agricultura de la región.
52. Una vez que el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, el Municipio de Aquitania, representado por su alcalde y su
secretario de planeación, planificaron, elaboraron y firmaron los Convenios
Interadministrativos núm. 004 de 2007 y su adicional del 18 de diciembre de 2007,
así como el núm. 005 de 2007. En estos convenios no se incluyeron las Unidades
Sanitarias con sus respectivos sistemas de tratamiento de aguas residuales (trampa
de grasa, pozo séptico de 1.000 litros y campo de infiltración, debidamente
conectados o instalados), según lo había aprobado inicialmente el Ministerio.
53. La ausencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales individual
(trampa de grasa, pozo séptico de 1.000 litros y campo de infiltración, debidamente
conectados o instalados) en el proyecto de inversión aprobado, no contribuyó a
impactar la descontaminación de los afluentes y la laguna de Tota. Esto generó un
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Demandante: Reinaldo Rodríguez Reina
daño por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, debido a que la
inversión realizada no cumplió con los objetivos y los fines esenciales del Estado.
54. El daño fue cuantificado en la inversión efectivamente realizada en la
ejecución del Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007 con los recursos de
los proyectos FNR30990 y FNR31515, debidamente indexados. Según la tabla
registrada en la decisión, el valor total del daño indexado por este hecho asciende
a $3.463.698.284,39.
Sobre la prescripción y caducidad
55. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 610 - ley especial -,
el fallo núm. 0841-2018, el Auto núm. 0947 y el Auto ORD80112-0178-2018
cobraron fuerza ejecutoria una vez que se resolvieron los recursos de apelación y
se desató el grado de consulta, lo cual ocurrió el 6 de agosto de 2018, sin perjuicio
de la suspensión de términos que tuvo lugar durante el proceso.
56. El proceso de responsabilidad fiscal se llevó a cabo conforme a la ley, sin
que sea procedente alegar la ocurrencia de la prescripción, toda vez que mediante
el Auto núm. 001306, expedido el 9 de agosto de 2013, se dio apertura al proceso
de responsabilidad fiscal PRF 2014-03515 PRF 081 y el fallo con responsabilidad
fiscal núm. 0841 del 19 de junio de 2018, en contra del demandante y otros, fue
confirmado por la segunda instancia mediante el Auto ORD-80112-0178 del 6 de
agosto de 2018, es decir, que se profirió dentro de los 5 años previstos por la ley.
57. Concluyó que, en el presente asunto, respecto de los actos acusados, se
observa que: i) fueron expedidos con observancia y respeto a los postulados
contenidos en la Constitución Política y la ley; ii) los funcionarios que expidieron los
actos administrativos censurados actuaron en pleno ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales; iii) la expedición fue el resultado del trámite del proceso
de responsabilidad fiscal, que se adelantó con estricto apego a la ley; iv) los hechos
y normas en que se fundamentó su expedición y se sustentó su decisión están
demostrados como ciertos con el acervo probatorio obtenido de forma legal dentro
del proceso; y v) su expedición se realizó conforme a las atribuciones establecidas
en la Constitución y la ley, siguiendo las finalidades para las cuales fue concebido
el proceso de responsabilidad fiscal, sin que se haya vulnerado el derecho de
contradicción y defensa o se haya incurrido en abuso de poder.
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Demandante: Reinaldo Rodríguez Reina
Alegatos de conclusión
58. El Magistrado sustanciador, vencido el término probatorio y mediante auto
proferido en audiencia inicial el 20 de enero de 2020 12, resolvió correr traslado
común a las partes por el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión
y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término
para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el
mencionado artículo.
59. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
60. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda.
Concepto del Ministerio Público
61. El Ministerio Público rindió concepto en los siguientes términos:
62. El director de interventoría debía tener pleno conocimiento de las cláusulas
del convenio interadministrativo núm. 005 de 2007 y de todos los documentos que
formaban parte del convenio núm. 004 de 2007, con el fin de ejercer
adecuadamente sus funciones. No obstante, dentro del proceso de responsabilidad
fiscal se ha comprobado que no se gestionó ninguna acción para que el convenio
núm. 004 de 2007 se ajustara al proyecto aprobado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial respecto a la construcción de las 500 unidades
sanitarias y los pozos sépticos en la zona rural del municipio de Aquitania, ni
respecto a las 120 unidades adicionales.
63. En el presente asunto, se cumplen las condiciones necesarias para concluir
que la parte demandante tenía la calidad de gestor fiscal, dado que contaba con la
habilitación o la competencia para administrar adecuadamente los recursos
públicos. Como director de interventoría, desempeñaba las funciones de interventor
del contrato y, por ende, tenía conocimiento directo sobre la ejecución del mismo en
representación de la entidad.
12
Cfr. Folio 917 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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64. El cargo referente a la falta de competencia, que según la parte demandante
se presenta porque el acto núm. 178 de 6 de agosto de 2018 fue expedido fuera del
término legal para la conclusión de los procesos de responsabilidad fiscal, tampoco
procede. Esto se debe a que el auto que dio apertura al proceso de responsabilidad
fiscal es del 9 de agosto de 2013, y por lo tanto, la Contraloría tenía hasta el 9 de
agosto de 2018 para llevar a cabo el proceso de responsabilidad fiscal y expedir las
decisiones correspondientes, evitando así la prescripción prevista en el artículo 9
de la Ley 610 de 2000. De hecho, el auto mediante el cual se resuelve el grado de
consulta y el recurso de apelación interpuesto fue notificado por estado núm. 141
del 8 de agosto de 2018.
65. En cuanto al argumento en el cual la parte demandante alega una violación
flagrante del debido proceso y el derecho de defensa, por el hecho de que la
Contraloría corrigió el auto de imputación fiscal núm. 1877 de 13 de agosto de 2014,
aclarando que los presuntos responsables eran los señores Martha Bonilla y
Mauricio Daza, y no las empresas cooperativas “CONGETER LTDA” y “CODECOL”,
se concluye que no se configura la causal mencionada. Este asunto fue revisado en
la actuación administrativa a través del auto núm. 002234 de 16 de octubre de 2014,
donde se explicó claramente la naturaleza pública de “CONGETER LTDA” y los
motivos por los cuales no procedía su vinculación, garantizando el debido proceso
y los derechos de defensa y contradicción de las partes intervinientes en el proceso.
Sentencia proferida, en primera instancia
66. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca 13, mediante sentencia proferida
el 3 de agosto de 2023, resolvió:
“[…] 1.º) Deniéganse las pretensiones de la demanda.
2°) Declárase probada la excepción de mérito denominada “Inexistencia de causales
de nulidad” formulada por la parte demandada.
3.°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.
4.°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por concepto
del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del proceso.
5.º) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 203 del
Código Contencioso Administrativo.
13
Cfr. folios 519 a 530 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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6.°) Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las constancias
secretariales de rigor. […]” (Negrillas de texto original).
Consideraciones del Tribunal
67. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo siguiente:
Respecto a si, la parte demandante fue gestor fiscal
68. La parte demandante manifestó que se le atribuyó responsabilidad fiscal por
culpa grave debido a acciones u omisiones, a pesar de que no ostentaba la calidad
de gestor fiscal, toda vez que no gestionó bienes o fondos públicos “[…] cabe
precisar que tanto el Auto de Formulación de Imputación N°001877 de 13 de agosto
de 2014, como el Auto N°0841 de 2018 por medio del cual se profirió el fallo con
responsabilidad fiscal dentro del proceso N°2014-03515-081, fueron claros en
manifestar que, si bien el señor Reinaldo Rodríguez Reina no ostentaba la calidad
de gestor fiscal, su actuar omisivo consistente en la falta de seguimiento, control y
vigilancia de la obra, contribuyó a que se causara el detrimento patrimonial, lo cual
guarda una relación de conexidad próxima y necesaria con el desarrollo de la
gestión fiscal, pues omitió obligaciones propias del contrato de interventoría y que
debía realizar en calidad de director […]”.
69. Del material probatorio “[…] cabe resaltar que dentro de las funciones que le
correspondían a la parte actora en su calidad de director de la interventoría técnica
y ambiental del objeto contractual del Convenio N°004 de 2007, se destacan las
siguientes: i) revisión de planos del proyecto y sus obras complementarias; ii)
presentación mensual de informes donde se consigne el estado actual de la obra;
iii) entregar al contratista el proyecto debidamente revisado; y iv) analizar los planos
y especificaciones del proyecto, lo cual indica que dicha persona tenía a su alcance
elementos suficientes para garantizar el efectivo cumplimiento en la ejecución del
convenio interadministrativo N°004 de 2007 y su adicional modificatorio de 18 de
diciembre de 2007, por lo que era su deber establecer las pautas para la ejecución,
dirección y ejecución de la obra, así como todo lo relacionado con la interventoría
ambiental. No obstante, dichas funciones no se llevaron a cabo en debida forma
[…]”.
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70. En los actos acusados se expuso que “[…] el demandante […] contribuyó a
que se causara el detrimento patrimonial, pues dicha interventoría no realizó gestión
alguna para que el Convenio Interadministrativo N°004 de 2007 se ajustara al
proyecto aprobado por el Ministerio de Ambiente y, mucho menos, sobre el adicional
modificatorio de las 120 unidades sanitarias, a tal punto que la Contraloría General
de la República en el Auto de formulación de Imputación N°001877 de 13 de agosto
de 2014 adujo lo siguiente: “[…] que hubo por parte del Director de la Interventoría,
falta de seguimiento, control y vigilancia de la obra, con el agravante de que recibió
las unidades sanitarias a satisfacción, aportando o entregando como soportes de
obra terminada actas de entrega y recibo de ellas firmadas por los beneficiarios,
como si estuvieran totalmente terminadas […]”.
Respecto al daño patrimonial
71. El daño patrimonial se encuentra debidamente acreditado y determinado por
el valor de los Convenios Interadministrativos núm. 004 y 005 de 2007 girados al
contratista “[…] el cual ejecutó el contrato con desconocimiento de las
especificaciones técnicas respecto de planos y diseños establecidas inicialmente,
aunado al hecho de que omitió la construcción del sistema de tratamiento de aguas
residuales, lo cual da cuenta de que no se logró mitigar el daño ambiental por la
contaminación de la Laguna de Tota y sus afluentes […]”.
72. La conducta omisiva realizada por la parte demandante “[…] el señor Reinaldo
Rodríguez Reina tiene una relación de conexidad directa, próxima y necesaria con
el desarrollo de la gestión fiscal y, por lo tanto, impactó negativamente el patrimonio
público, ya que dicha persona fungía como director de la interventoría del Convenio
Interadministrativo N.° 004 y fue quien suscribió las actas de entrega parcial, actas
de avance, los informes parciales de interventoría y el Informe Final de Interventoría.
No obstante, dicha persona no efectuó la vigilancia dirección y control de la obra,
resaltándose que era su deber funcional velar por su efectiva ejecución, pues la
obra no se ejecutó en el plazo y con las condiciones técnicas exigidas, debido
también, entre otros factores, a su negligencia o falta al deber de supervisión y
vigilancia. Lo anterior da cuenta de que no hay lugar a duda que en este caso el
demandante con su actuar omisivo y pasivo generó detrimento de los intereses
patrimoniales del municipio de Aquitania y menoscabó a los recursos de origen
público con destino al cubrimiento de obligaciones específicas, para el caso en
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particular la construcción de las unidades sanitarias y los pozos sépticos en el
Municipio de Aquitania – Boyacá […]”.
73. La parte demandante “[…] en calidad de director de la firma interventora
“CONGETER LTDA”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 1474 de
2011, que modificó el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, está llamado a responder
fiscalmente por el incumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de
interventoría, así como por los hechos u omisiones que causen daño al patrimonio
público y que le fueren imputables, derivados de la celebración y ejecución de los
contratos sobre los cuales hayan ejercido labores de interventoría, ya que el
demandante no logró controvertir los argumentos y pruebas por medio de las cuales
la autoridad administrativa determinó que le correspondía una culpa grave, porque
como director de la interventoría, actuó de forma omisiva, descuidada y negligente
[…]”.
74. Frente al nexo causal entre la conducta omisiva realizada por la parte
demandante y el daño, “[…] se tiene que lo constituye la falta de diligencia por parte
de dicha persona, lo cual contribuyó a la causación del detrimento patrimonial del
Estado, pues no se realizó gestión alguna para que el Convenio N°004 de 2007 se
ajuste al proyecto aprobado por el Ministerio de Ambiente respecto de la
construcción de las 500 unidades sanitarias y los pozos sépticos, ni sobre las 120
unidades adicionales […]”.
75. Además, la Sala precisó que “[…] si bien la nulidad es un mecanismo
excepcional para subsanar irregularidades o vicios presentados en el proceso, en
el presente asunto no se configuran los supuestos establecidos en la norma para
declarar la nulidad del proceso, pues no hubo afectación alguna del debido proceso
y el derecho de defensa que le asiste al señor Reinaldo Rodríguez Reina, ya que
se corrigió el error cometido y, en ese mismo orden, se le brindó al demandante la
oportunidad de presentar descargos, solicitar pruebas e interponer los recursos
procedentes, como en efecto lo hizo, a través de los oficios identificados con los
radicados Nos. 2014ER0126170 de 12 de septiembre de 2014 y 2018ER0070513
de 10 de julio de 2018, respectivamente […]”.
76. Respecto la prescripción de la responsabilidad fiscal, el a quo analizó “[…]
que en el caso en estudio el proceso de responsabilidad fiscal inició mediante Auto
N°001306 de 9 de agosto de 2013 proferido por la Contralora Delegada
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Intersectorial número 24 (fls. 28 a 55 del cuaderno principal del expediente), lo que
significa que el término de 5 años que dispone la norma para que ocurra el
fenómeno de prescripción de la responsabilidad fiscal, en principio, fenecía el 8 de
agosto de 2018, fecha en la que se notificó por estado el Auto N°ORD-80112-0178-
2018, por medio del cual se decidió en grado de consulta y apelación el proceso de
responsabilidad fiscal número PRF-2014-03515-081 […]”.
77. En la actuación administrativa se suspendieron los términos procesales en
varias oportunidades “[…] Los actos administrativos en cita suspendieron en
repetidas oportunidades los términos procesales, hechos estos que evidencian aún
más que no se presentó la alegada prescripción de la responsabilidad fiscal, toda
vez que si bien la prescripción de la acción fiscal inicialmente ocurría el 8 de agosto
de 2018, el proceso se suspendió en repetidas oportunidades por el término total de
39 días, motivo por el cual el extremo final para contar la prescripción de 5 años
señalado en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 debía extenderse en un tanto igual
a los días en que la actuación fue suspendida, no obstante el fallo de
responsabilidad fiscal quedó debidamente ejecutoriado el 13 de agosto de
2018,esto es, dentro del término de 5 años que dispone la norma […]”.
78. Concluyó que: “[…] la actuación administrativa concluyó una vez quedó en firme
el Auto N°ORD-80112-0178-2018 de 6 de agosto de 2016, mediante el cual se
resolvieron los recursos de apelación y se surtió el grado de consulta contra el fallo
con responsabilidad […] esto es, el 13 de agosto de 2016, fecha en la que quedó
ejecutoriado el citado auto, el cual fue notificado por estado a la parte actora el 8
de agosto de 2016 (según constancia de ejecutoría visible en el folio 857 del
expediente), considera la Sala que no existe prescripción de la responsabilidad
fiscal toda vez que, como se explicó, los actos acusados debían quedar en firme,
en principio, a más tardar el 8 de agosto de 2018 y si bien ello ocurrió el 13 de
agosto de la misma anualidad, en atención a las múltiples suspensiones de términos
que se presentaron en el transcurso del proceso de responsabilidad fiscal, es
posible concluir sin duda alguna que no habían pasado los 5 años de los que habla
el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, razón por la cual no había prescrito la
responsabilidad fiscal […]”.
Recurso de apelación 14
14 Cfr. Folios 1012 a 1026 del cuaderno núm. 2 del expediente
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79. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:
80. Para efectos del recurso de apelación, la parte demandante señaló que no se
cumplen los presupuestos establecidos por la Ley 610, argumentando en primer
lugar la indeterminación del daño y, en segundo lugar, que no posee la condición
de gestor fiscal en los términos exigidos por la ley.
81. La Cooperativa COODECOL LTDA, al suscribir el convenio núm. 004 de 2007
y su adicional para la construcción de 620 unidades sanitarias en el Municipio de
Aquitania “[…] por tratarse de la construcción de obras civiles en sitios dispersos,
se trataba en realidad de la celebración de 620 contratos de obra, algo que por la
magnitud, distancias, interferencia de terceros, tenía un manejo complejo, siendo
además los responsables del cuidado y protección los mismos particulares que se
benefician con los sistemas de potabilización de agua que se les instala, es por ello
que cuando se hacen la visita a estas obras, el resultado puede ser que algunas de
estas se encuentren estado de deterioro y muchos sin los componentes que fueran
instalados de acuerdo con el convenio y al recibido de interventoría, ya que su uso
y mantenimiento le corresponde a cada usuario beneficiario del programa […]”.
82. De la versión libre de la parte demandante y de los dos alcaldes del Municipio
de Aquitania para los periodos 2004-2007 y 2008-2011 “[…] se colige, que el daño
patrimonial no existió, ni se consumó, lo que si se presentó fue un menor alcance
de obra, el cual fue debidamente informado y documentado por parte del entonces
director de interventoría, ingeniero REINALDO RODRÍGUEZ REINA lo que sirvió de
fundamento al alcalde municipal, Dr. SILVERIO MONTAÑA, expidiera la resolución
No. 0905 del 16 diciembre de 2011, por medio de la cual se declaró siniestro de
incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria del convenio
interadministrativo No. 004 de 2007 […] Quiere decir de acuerdo con lo anterior,
que es con base en la actitud diligente del director de interventoría que se declara
el siniestro del contrato y se ponen salvo los recursos del contrato […]”.
83. La parte demandante adujo que no se ha determinado con exactitud el posible
daño fiscal “[…] Para efectos de acreditar el daño, el organismo de control, toma
como referencia el informe de la Contraloría rendido el día 31 de marzo de 2016 […]
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Del referido informe son varias las conclusiones que sirven para demostrar que no
está probado el daño en la suma que es cuantificada en los actos demandados, ya
que según éstos se debe elevar a faltante fiscal la totalidad de los recursos
invertidos, cuando si bien es cierto que no se logró construir la totalidad de las
unidades el alcance previsto de manera inicial, también lo es, que con el proyecto
se benefició a más de 500 familias. Por lo que, en caso de haber un detrimento
patrimonial, el mismo no sobre pasaría los $115.000.000,00, que el Municipio de
Aquitania los recuperó haciendo efectivas las pólizas del contrato, cuando declara
su incumplimiento […]”.
84. La parte demandada manifestó que “[…] el costo total de las obras construidas
por ítem en cada una de las unidades sanitarias es de $2.172.962.962,59, y la
diferencia con lo certificado por el interventor en las actas es de $ 127.490.705,59.
Este valor fue recuperado por el municipio a través de la declaratoria de
incumplimiento del contratista, razón por la cual no se puede afirmar que existe
detrimento patrimonial […] Tanto en el escrito de la demanda que en su texto fuera
sometido a examen por parte del Honorable Tribunal de Cundinamarca, como lo es
ahora al momento de solicitar que se revoque el mismo y en su lugar, se disponga
que prosperan las causales de nulidad alegadas, es primordial verificar el informe y
tratamiento dado por parte del Fondo Nacional de Regalías al determinar que no se
presentaron irregularidades frente al alcance del proyecto […]”.
85. El Departamento Nacional de Planeación certificó el 100% de avance del
proyecto “[…] Tal y como se indicaba, este proyecto fue aprobado por parte del
Consejo Asesor de Regalías el 27 de diciembre de 2006, mediante acuerdo No.
035, con una asignación de recursos del Fondo Nacional de Regalías al municipio
de Aquitania, Boyacá por valor de $2.280.723.000, para la ejecución del proyecto
BPIN 11500024100000 FNR 30990 “Construcción 500 unidades sanitarias y pozos
sépticos en el municipio de Aquitania en el Departamento de Boyacá”. El Fondo
Nacional de Regalías en liquidación, entidad a la cual le corresponde efectuarle los
cierres a los proyectos financiados con recursos de regalías, consideró en primera
instancia mediante resolución No. 706 del 29 de diciembre de 2017, que el municipio
había incumplido con los parámetros del proyecto y por lo tanto le correspondía la
devolución de los $ 2.189.072.013. Ante esta situación, el municipio presentó sus
descargos y el respectivo recurso de reposición, ante lo cual le entidad que está a
cargo del Fondo en liquidación, esto es la Dirección Nacional de Regalías, adscrita
al Departamento Nacional de Planeación profiere la resolución No. 072 del 15 de
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mayo de 2018, por medio de la cual se modifica la decisión tomada en primera
instancia y resuelve dar viabilidad técnica al proyecto, con respecto a su ejecución
y alcance […]”.
86. Lo anterior indica que, a la luz de lo decidido por parte del Departamento
Administrativo de Planeación Nacional, el proyecto cumplió con su objetivo para lo
cual fue viabilizado y contratado, por lo tanto, no le corresponde al Municipio de
Aquitania reembolsar recurso alguno por deficiencias o irregularidades en su
ejecución. “[…] Bajo esta premisa, la conclusión es que no existe el daño al
patrimonio público como componente sustancial de la responsabilidad fiscal, no solo
lo señala la interventoría, sino también la misma Contraloría general de la República
a través de los profesionales peritos y los funcionarios del Fondo Nacional de
Regalías en Liquidación, entidad adscrita a la Dirección de Regalías del
Departamento Nacional de Planeación […]”.
87. La parte demandante no es gestor fiscal “[…] Los ingredientes normativos que
le dan forma al concepto de gestión fiscal son entonces dos, a saber: i) un objeto:
el recurso o fondo público y ii) un poder jurídico: el de administrar tales fondos.
Luego, para acotar el concepto de gestión fiscal es necesario establecer, primero,
qué se entiende por recurso o fondo público y, además, cuál es naturaleza jurídica
y la fuente del poder de manejar recursos públicos. Bajo las premisas anteriores, se
puede advertir que en ninguno de los apartes del proceso se allega prueba, siquiera
sumaria, de la condición de servidor público del señor REINALDO RODRIGUEZ
REINA, o de que a esta persona se le hubiera confiando la administración o manejo
de recursos públicos […]”.
88. El particular que maneja fondos públicos “[…] debe estar amparado por una ley
o acto administrativo. Este caso, relativamente sencillo, es el de las cámaras de
comercio y el de los curadores urbanos. (…) el señor RODRIGUEZ REINA (…)
nunca tuvo disponibilidad jurídica de los bienes del Estado, concurre dentro de un
contrato privado, para este caso, como subalterno de la empresa CONGETER
LTDA, ejerciendo una actividad profesional liberal en su condición de ingeniero civil,
revisando los avances de obra de parte de un contratista del Estado. En ningún
momento con su firma autorizaba pagos, lo que hacía era verificar avances de obra
de acuerdo a un presupuesto previamente acordado, del cual no participó, ni fijó sus
alcances, ya que el mismo obedece a un proyecto que fuera aprobado por la
Dirección Nacional de Regalías; máxime cuando la interventoría contratada era
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técnica y ambiental, ya que la administrativa y financiera le correspondía por
mandato legal asumirla a una persona jurídica vinculada directamente por la
Dirección Nacional de Regalías dependiente del Departamento Nacional de
Planeación […] máxime se recalca, cuando ni siquiera el señor RODRIGUEZ
REINA, tenía disponibilidad jurídica o materia de los bienes inmersos dentro de los
contratos cuestionados por el organismo de control (…) en ninguno de sus apartes
señaló el referido acto contractual, que le correspondía a CONGETER o a
CODECOL, la administración o manejo de fondos públicos, el cual en principio
recaería en manos de su representante legal, lo que aleja más aún a mi mandante
de la posición de gestor fiscal […]”.
89. Las cantidades de obra ejecutadas se cuantificaban por actas de avance “[…]
ya que la forma de pago era a través del método de precios unitarios y no obra
terminada, o por precio global fijo. Una vez se suscribía el acta de avance
verificando los ítems ejecutados y las cantidades, ésta pasaba para autorización al
interventor administrativo y financiero (IAF), que dependía directamente del
Departamento Nacional de Planeación, quienes eran los que autorizaban el pago,
al igual que el supervisor del municipio que verificaba las obras cuantificadas para
su respectivo pago. Por dicha circunstancia se reafirma una vez más que el señor
RODRIGUEZ REINA, no tenía la disposición física o jurídica de los bienes del
contrato No 004 de 2007 o del mismo 005 del mismo año […]”.
90. Concluyó que: “[…] Es necesario demostrar que la gestión fiscal del agente es
la causa adecuada del detrimento patrimonial del Estado, por lo que para el caso
del ingeniero RODRÍGUEZ REINA, además de estar ausente el elemento del daño,
también lo está en consecuencia el elemento del nexo causal […]”.
Actuación en segunda instancia
91. Este Despacho, mediante auto de 7 de noviembre de 2023 15, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida, en primera instancia, el 3 de agosto de 2023 por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
15
Cfr. folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
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92. Vistos los numerales 4.° a 6.° del artículo 247 de la Ley 1437, sobre trámite del
recurso de apelación contra sentencias, encuentra el Despacho sustanciador que,
las partes no se pronunciaron en relación con el recurso de apelación y tampoco fue
necesario realizar el decreto de pruebas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
93. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco
normativo de las atribuciones de la Nación – Contraloría General de la Republica en
los procesos de responsabilidad fiscal; v) el marco normativo del proceso de
responsabilidad fiscal; vi) el marco normativo de la culpa como elemento de la
responsabilidad fiscal; vii) el marco normativo del daño patrimonial al Estado; viii) el
marco del debido proceso administrativo; ix) el marco normativo del régimen
probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal; y x) el análisis del caso en
concreto.
Competencia de la Sala
94. Vistos el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 16, sobre la competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
95. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
96. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de
16 “[…] Artículo 150. Inciso modificado por el artículo 25, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. […]”
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Cundinamarca, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 2012.
Actos administrativos acusados
97. Los actos acusados 17 son los siguientes:
137.1. El acto administrativo que contiene el fallo con responsabilidad fiscal Auto
núm. 0841 de 19 de junio de 2018 18 resolvió:
“[…] ARTICULO PRIMERO: FALLAR con responsabilidad fiscal de conformidad
con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, por la existencia de un detrimento patrimonial
a los recursos de regalías del Municipio de Aquitania, en cuantía de TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.843.392.769,99), a partir de lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia para lo cual deberán responder SOLIDARIAMENTE
como responsables fiscales las siguientes personas:
1. LUIS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.438.752 en su condición de Alcalde del Municipio de Aquitania –
Boyacá, desde el 01 de Enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007, quien
suscribió el Convenio Interadministrativo 004 de 2007.
2. EDWIN FARLEY PEREZ CHAPARRO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.189.808, en su condición de Secretario de Planeación del
Municipio de Aquitania-Boyacá, periodo 01 de noviembre de 2006 al 31 de diciembre
de 2007.
3. FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.797.747, en su condición de Secretario de Planeación del
Municipio de Aquitania-Boyacá, periodo 01 de enero de 2008 al 06 de noviembre de
2008.
4. CAMILO MAURICIO DAZA DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.164.949, quien suscribió el Convenio Interadministrativo 004 de 2007.
5. MARTHA NEYLA BONILLA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía
No. 40.022.732, quien suscribió el Convenio Interadministrativo 005 de 2007
(Interventoría).
6. REINALDO RODRIGUEZ REINA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.386.491, en su condición de Director de Interventoría del Convenio
Interadministrativo No. 005 de 2007. […]"
137.2. El Auto núm. ORD-80112-0178-2018 de 6 de agosto de 2018 19, “[…] Por el
cual se decide el Grado de Consulta y Apelación dentro del Proceso de
17 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin
perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
18 Cfr. Folio 141 del cuaderno núm. 1 del expediente.
19 Cfr. Folios 555 a 653 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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Responsabilidad Fiscal No. PRF-2014-03515-081 […]”, que modificó el fallo de
responsabilidad fiscal Auto núm. 0841 de 19 de junio de 2018 en los siguientes
términos:
“[…] ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR, en grado de consulta lo dispuesto en el
artículo PRIMERO del Auto No. 00841 del 19 de junio de 2018, proferido por la
Contraloría Delegada Intersectorial 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales
Contra la Corrupción, respecto del proceso de responsabilidad fiscal No. 2014 –
03515 – 081, con base en los argumentos expuestos en la parte considerativa de la
presente providencia el cual quedará así:
“ARTICULO PRIMERO: FALLAR con responsabilidad fiscal de conformidad con
el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, por la existencia de un detrimento patrimonial a
los recursos de regalías del Municipio de Aquitania, en cuantía de TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($3.843.392.769,99), a partir de lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia para lo cual deberán responder SOLIDARIAMENTE como responsables
fiscales las siguientes personas:
• LUIS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.438.752 en su condición de Alcalde del Municipio de Aquitania –
Boyacá, desde el 01 de Enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007, quien
suscribió el Convenio Interadministrativo 004 de 2007.
• EDWIN FARLEY PEREZ CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.189.808, en su condición de Secretario de Planeación del Municipio de Aquitania-
Boyacá, periodo 01 de noviembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007.
• FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.797.747, en su condición de Secretario de Planeación del Municipio de
Aquitania-Boyacá, periodo 01 de enero de 2008 al 06 de noviembre de 2008.
• MARTHA NEYLA BONILLA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
40.022.732, quien suscribió el Convenio Interadministrativo 005 de 2007
(Interventoría).
• REINALDO RODRIGUEZ REINA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.386.491, en su condición de Director de Interventoría del Convenio
Interadministrativo No. 005 de 2007.
[…] ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en sede de consulta lo dispuesto en los
artículos SEGUNDO a DÉCIMO del Auto No. 00841 del 19 de junio de 2018, proferido
por la Contraloría Delegada Intersectorial 15 de la Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupción, respecto del proceso de responsabilidad fiscal No.
2014 – 03515 – 081, con base en los argumentos expuestos en la parte considerativa
de la presente providencia.
[…] ARTÍCULO CUARTO: CONFIRMAR en sede se apelación lo dispuesto en el Auto
No. 00841 del 19 de junio de 2018, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial
15 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, respecto del
proceso de responsabilidad fiscal No. 2014 – 03515 – 081, salvo el ajuste realizado
en Grado de Consulta, respecto a la Cuantía del daño atribuido al responsable fiscal
CAMILO DAZA DAZA, con base en los argumentos expuestos en la parte
considerativa de la presente providencia. […]"
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Problema jurídico
98. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
99. Si se encuentra acreditado el daño como primer elemento de la
responsabilidad fiscal.
100. Si la parte demandante tenía la calidad de gestor fiscal.
101. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida, en primera instancia.
Marco normativo de las atribuciones de la Nación – Contraloría General de la
República
102. Visto el numeral 5.° del artículo 26820 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
103. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República,
entre otros aspectos, establecen la responsabilidad que se derive de la gestión
fiscal, la cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal
104. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
dispone:
“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.
20 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”
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105. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 21 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de
cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.
106. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.
107. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se
configura sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.
108. Visto el artículo 5.° ejusdem, los elementos de la responsabilidad fiscal son
los siguientes:
109. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.
110. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio
público por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el
deterioro de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos,
generada por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna
que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
21 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”21.
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organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías 22.
111. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
112. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones
irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.
Marco normativo de la culpa como elemento de la responsabilidad fiscal
113. Como quedó visto, la Ley 42 reglamentó en los artículos 72 y siguientes el
proceso de responsabilidad fiscal, pero no hizo mención al grado de culpa en que
debían incurrir quienes tuvieran a su cargo la gestión fiscal para efectos de declarar
su responsabilidad.
114. Visto el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 610, se refirió al grado de culpa
generador de responsabilidad fiscal en los siguientes términos:
“[…] Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.
Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta
el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión
fiscal.
Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende
sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.
22 Artículo 6.° de la Ley 610
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Parágrafo 2°. El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer
responsabilidad fiscal será el de la culpa leve." […]”. (Destacado fuera de texto)
115. Visto el artículo 53 de la Ley 610, respecto del mismo concepto dispuso:
“[…] "Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente
proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el
proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio
público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con
culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.
Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del
daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los
índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos
correspondientes. […]”. (Destacado fuera de texto)
116. La Corte Constitucional 23 declaró inexequibles los textos acusados con los
siguientes argumentos:
“[…] 6. (…) En el marco de la responsabilidad fiscal, el criterio normativo de
imputación no puede ser mayor al establecido por la Constitución Política en el
inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial de los
agentes frente al Estado.
6.1. (…) a diferencia de lo que ocurre con la acción de repetición, el constituyente no
señala un criterio normativo de imputación de responsabilidad fiscal -entendiendo por
tal una razón de justicia que permita atribuir el daño antijurídico a su autor […]
6.2. En ese contexto, es entendible que el criterio normativo de imputación de la
responsabilidad fiscal sea determinado por el legislador con base en el artículo 124
de la Carta, de acuerdo con el cual "La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva" […]
6.3. Pero entonces, surge el siguiente cuestionamiento: ¿El legislador es autónomo
para determinar la fuente de la responsabilidad fiscal? Desde luego que no. En
ejercicio de la libertad de configuración política, en particular para regular los
procedimientos judiciales y administrativos, aquél se encuentra sometido al conjunto
de valores, principios, derechos y garantías que racionalizan el ejercicio del poder en
el Estado constitucional. […]
6.4. […] El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha
determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales
en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede
concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de
equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos
elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el
caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta […]
6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las
expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un
23 Corte Constitucional. Sentencia C- 619 de 8 de agosto de 2002
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régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el
constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la
acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a
la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de
responsabilidad y remite a la culpa leve […]
6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura
un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un
fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para
la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición.
Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación
proporcional […]
6.8. Téngase en cuenta que ambas modalidades de responsabilidad -tanto la
patrimonial como la fiscal- tienen el mismo principio o razón jurídica: la protección del
patrimonio económico del Estado. En este sentido, la finalidad de dichas
responsabilidades coincide plenamente ya que la misma no es sancionatoria (reprimir
una conducta reprochable) sino eminentemente reparatoria o resarcitoria, están
determinadas por un mismo criterio normativo de imputación subjetivo que se
estructura con base en el dolo y la culpa, y parten de los mismos elementos
axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado, la acción u omisión
imputable al funcionario y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del
agente. […]
6.11. […] desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la
diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente
discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que,
por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad
material. […]”. (Destacado fuera de texto)
117. Conforme la sentencia citada supra, al legislador le está vedado establecer
un régimen de responsabilidad patrimonial con una exigencia de conducta mayor
que aquella que es utilizada para determinar la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos a través de acción de repetición, en los términos previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.
Marco normativo del daño patrimonial al Estado
118. De conformidad con el artículo 5.° ibidem, son elementos de la
responsabilidad fiscal: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona
(natural o jurídica) que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y iii)
un nexo causal entre los dos elementos anteriores.
119. Visto el artículo 6.° de la Ley 610, por daño patrimonial al Estado se entiende
“[…] la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
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producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento
al patrimonio público […]” 24 (Destacado fuera de texto).
Marco normativo del debido proceso administrativo
120. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.
121. El Decreto 1 de 2 de enero de 1984 25 y la Ley 1437 regulan, de acuerdo con
el régimen de transición y vigencia, los procedimientos administrativos: entendidos
como el conjunto de normas a los que la autoridad acude para surtir un trámite que
sirve para formar la voluntad de la administración y que culmina con un acto
administrativo o una decisión que tiene efectos respecto de una situación jurídica,
general, impersonal o abstracta; o individualizada, según el destinatario de la
manifestación de la voluntad.
122. Las normas citadas constituyen el marco general para el trámite de los
procedimientos administrativos a los que es aplicable esa normativa, salvo el evento
en que el trámite se encuentre regido por una norma especial, caso en el cual la
administración tiene la obligación de aplicar ese procedimiento, por disposición
expresa de los artículos 1.° del Decreto 1 de 1984 y de la Ley 1437.
Marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad
fiscal
24 Mediante sentencia C-340 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “o a los
intereses patrimoniales del Estado” contenida en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, así como la inexequibilidad
de las expresiones “uso indebido” e “inequitativa” contenidas en la misma disposición.
25 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”
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123. Visto el Título II, Capítulo I de la Ley 610, sobre pruebas en el proceso de
responsabilidad fiscal, en especial los artículos 22 a 32, en las cuales se prevé lo
siguiente:
124. El principio de necesidad de la prueba en materia de responsabilidad fiscal
conforme al cual, los actos administrativos que contienen los fallos de
responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del
investigado 26.
125. “[…] El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá
pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La
denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y
notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de
reposición y apelación […]” 27.
126. El daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse
con cualquier medio de prueba28 y las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional 29.
127. El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición
espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal 30.
128. El investigado podrá controvertir las pruebas vencido el término de traslado
del auto de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 50 de la Ley
610, y podrá presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones
efectuadas, así como solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer.
129. El artículo 51 de la Ley 610 regula el decreto y práctica de pruebas en el
proceso de responsabilidad fiscal, según el cual, una vez vencido el término de
traslado del auto de imputación, la Nación – Contraloría General de la República
debe ordenar la práctica de las pruebas solicitadas o decretar de oficio las que
considere pertinentes y conducentes.
26 Artículo 23
27 Artículo 24
28 Artículo 25
29 Artículo 26
30 Artículo 32
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130. La parte interesada podrá interponer los recursos de reposición y apelación
contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas.
131. Visto el artículo 30 de la Ley 610, las pruebas recaudadas sin el lleno de las
formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales
del investigado se tendrán como inexistentes, es decir, no podrán ser valoradas por
la autoridad para determinar la responsabilidad fiscal.
132. Visto el artículo 31 de la Ley 610, en la práctica de visitas especiales, el
funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos
y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y
simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará
pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las
manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas
que intervengan en la diligencia.
133. Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones
juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos
autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo.
134. Visto el artículo 117 de la Ley 1474, los órganos de vigilancia y control fiscal
podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se
relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a
entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes
técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas
pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso.
El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su
derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el
funcionario competente, de acuerdo con la complejidad de este.
Acervo probatorio
135. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes 31:
136. El Municipio de Aquitania (Boyacá) suscribió con la Organización
Cooperativa para el Desarrollo de los Municipios y Entidades Estatales de Colombia
31 Cfr. Folios 1033 y 1034 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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“CODECOL O.C.”, el Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, cuyo objeto
consistió en la construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el
Municipio. El costo del proyecto fue de $2.058.072.888 m/cte., y se pactó que su
ejecución sería en 270 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta
de iniciación 32.
137. A través del documento suscrito el 18 de diciembre de 2007, se adicionó el
Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, mediante el cual se dispuso la
construcción de 120 unidades sanitarias adicionales para la zona rural del Municipio,
con un costo de $472.420.199,66 m/cte., y se amplió la ejecución a 120 días
adicionales al plazo inicialmente pactado, es decir, el plazo total de ejecución de la
obra era de 390 días.
138. Ante este incumplimiento por parte del contratista, el 16 de diciembre de
2011, el Municipio de Aquitania (Boyacá) declaró el siniestro dentro del convenio
interadministrativo núm. 004 de 2007, y resolvió hacer efectiva la póliza de seguros
por incumplimiento y por obra cancelada al contratista y no ejecutada.
139. El Municipio de Aquitania (Boyacá) suscribió con la Cooperativa Nacional
para la Administración, Gestión y Desarrollo de Entidades Territoriales Ltda.
"CONGETER LTDA", el Convenio Interadministrativo núm. 005 de 2007, cuyo objeto
consistió en realizar la interventoría técnica y ambiental para la construcción de 500
unidades sanitarias y pozos sépticos en el Municipio, por un valor de
$131.000.000,00 m/cte.
140. La Resolución núm. 073 de 17 de mayo de 201833, "Por la cual se procede a
declarar el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con asignaciones del
Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo y se ordena el giro de unos
recursos".
141. Los oficios núm. 20186630189132 y 20186630189142 de 11 de abril de
2018, elaborados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en los que se
menciona que, para el proyecto dirigido al Municipio de Aquitania, el ajuste del
avance en condiciones aprobadas corresponde al 100%.
32 Cfr. Folio704. Cd que contiene el Expediente Administrativo en medio magnético. Cd 1, Carpeta Principal
33 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Aquitania, Boyacá, en
contra de la resolución No. 708 del 29 de diciembre de 2017 […]”. Cfr. Folios 608 a 617 del Cuaderno principal
núm. 4 del expediente.
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142. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente administrativo
de responsabilidad fiscal 34.
143. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Análisis del caso concreto
144. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
Análisis sobre el elemento de daño patrimonial al Estado
145. La parte demandada, en los actos acusados objeto de controversia,
individualizó la conducta desplegada por la parte demandante, quien fungió como
director de interventoría del convenio interadministrativo, y su nexo con el daño
patrimonial ocasionado al Estado, en los siguientes términos:
“[…] El señor REINALDO RODRIGUEZ REINA, identificado con la C.C. No.
79.386.491 de Tunja, suscribió el Convenio Interadministrativo No. 005 del 30 de
marzo de 2007.
La interventoría del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2007, y su adicional
modificatorio del 18 de diciembre de 2007, se hizo a través del Convenio
Interadministrativo No. 005 del 30 de marzo de 2007, que obligó a la COOPERATIVA
NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE
ENTIDADES TERRITORIALES LTDA "CONGETER LTDA.”, con respecto del
Municipio de Aquitania a realizar INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS PARA
EL MUNICIPIO DE AQUITANIA., por valor de $131.000.000.
(…) El Director de Interventoría designado para tal fin, por la firma Contratista
Cooperativa Nacional para la Administración, Gestión y Desarrollo de Entidades
Territoriales Ltda. "CONGETER Ltda.”, fue el Ingeniero REINALDO RODRIGUEZ
REINA, identificado con la C.C. No. 79.386.491, persona que aparece firmando los
documentos que reposan en el expediente, relacionadas con las Actas Parciales de
Obras, Actas de Inicio, Actas de Suspensión, Actas de Reinicio de Obra, y el Acta
Final; Acta de Liquidación, y en general los informes de interventoría, relacionados
34Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital […]”
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con la ejecución de las obras objeto del Convenio Interadministrativo No. 004 del 29
de marzo de 2007.
(…) Del acervo probatorio se observa como la Interventoría no realizó ninguna
gestión para que tanto el Convenio Interadministrativo No. 004 del 29 de marzo
de 2007, se ajustara al proyecto aprobado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre la construcción de las 500 unidades
sanitarias y los pozos sépticos. Al igual sobre el adicional modificatorio sobre
las 120 unidades sanitarias y pozos sépticos en la zona rural del Municipio de
Aquitania. Proyectos que se encontraban ajustados al Reglamento de Agua
Potable y Saneamiento Básico — RAS 2000, donde especialmente sus literales,
que a continuación se exponen la obligan a ser diligente:
(…) Por eso es que en el Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal, se le
manifestó:
"Si el Director de la Interventoría, como era su obligación, hubiera desde un comienzo
ejercido vigilancia permanente en cuanto al cumplimiento por parte del Contratista de
las especificaciones técnicas, acordes a los planos arquitectónicos, estructurales y
técnicos de las unidades sanitarias; señaladas en la Convocatoria Pública para
Entidades Cooperativas No. 005-2007, y en el Convenio Interadministrativo, habría
advertido que sobre las correcciones en la ejecución de las unidades sanitarias y no
hubiese permitido que a los beneficiarios se les entregara las unidades sanitarias con
tantas falencias de calidad y cantidad que perjudican el normal funcionamiento de
dichas obras.
Es decir, que hubo por parte del Director de la Interventoría, falta de seguimiento,
control y vigilancia de la obra, con el agravante de que recibió las unidades
sanitarias a satisfacción, aportando o entregando como soportes de obra terminada
actas de entrega y recibo de ellas firmadas por los beneficiarios, como si estuvieran
totalmente terminadas, lo que constituye falta gravísima al deber de ejercer una
correcta vigilancia en la ejecución de la obra, la que se supone debería entregarse
totalmente terminada y acorde a unas cantidades de obra estipuladas en el Convenio
Interadministrativo No. 004 de 2007, y en las diferentes modificaciones que se
hicieron.
Vemos como en reunión citada por el Supervisor de los Convenios 004 y 005 de 2007,
celebrada el 8 de marzo de 2011, plasmada a través del ACTA CONSTRUCCIÓN
500 UNIDADES SANITARIAS MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, suscrita por el Supervisor EDWIN EFREN
RODRGUEZ, el Interventor REINALDO RODRIGUEZ y el representante de
CREDIAFIANZAR NARCISO ONTIBON ROCHA (Folios 199 y 200); el señor Director
de la Interventoría manifiéstalo siguiente: "...en la presente acta coloca en
conocimiento que el Contratista CODECOL representada por el Ingeniero Camilo
Daza no se ha hecho presente en los sitios de trabajo para hacer entrega de cada
una de las unidades sanitarias anteriormente expuesto solicito tomar medidas por el
incumplimiento anteriormente mencionado..
Por eso llamó la atención, que tan solo hasta el 8 de marzo de 2011, solicita el señor
Director de Interventoría se tomen medidas por incumplimiento del Contratista.
Recordando que en el Acta de Inicio del Convenio 004 de 2007, es de fecha 30 de
marzo de 2007, esto significa que después de 4 años recordó que tenía la obligación
de informar a la Administración Municipal sobre hechos constitutivos de
incumplimiento del contrato por parte del contratista, lo cual debió hacer con mucha
anticipación, toda vez que se trataba de salvaguardar los recursos del Estado"
(…) De estos documentos, resulta impresionante, que la información suministrada por
el DIRECTOR DE INTERVENTORÍA en la suscripción de las Actas Parciales de Obra,
que se pagaron; no resulten veraces a lo comprobado por la Secretaría de Planeación
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Municipal de Aquitania; tal como lo manifestó en sus Oficios No. S.P. 014, S.P. 10 del
20 de enero de 2011, S.P. 01 1 del 20 de enero de 2011, S.P. No. S.P. 009 del 20 de
enero de 2011 , S.P. 015 del 20 de enero de 2011, S.P. 012 del 20 de enero de 2011,
S.P. 008 del 19 de enero de 2011 , S.P. 007 del 19 de enero de 2011 ; Acta del 28 de
enero de 2011 ; S.P. 0038 del 14 de febrero de 2011; S.P. 0036 del 14 de febrero de
2011; y 0035 del 14 de febrero de 2011; cuando se les manifestó: "Que una vez
realizado el trabajo de supervisión ordenado por la Alcaldía Municipal, se
determinó que las cantidades de obras presentadas por el contratista e
interventor para los pagos parciales no coinciden con las cantidades y unidades
terminadas verificadas por la supervisión"
Al igual que del INFORME TÉCNICO DEL 31 DE MARZO DE 2016 (Folios 4709 a
4727); prueba esta que demostró la cuantificación del daño por el no
cumplimiento de las especificaciones técnicas ni las dimensiones
contempladas en los planos y diseños sobre las cajas de inspección, cantidad
de enchape contratado, falta de construcción de murete de la ducha o sin
respetar las medidas del mismo donde se construyeron las unidades sanitarias
y los pozos sépticos, ni el sistema de tratamiento individual de las aguas
servidas que genera las unidades sanitarias. Visto lo anterior, es responsable
fiscalmente REINALDO RODRIGUEZ REINA.
La conducta de REINALDO RODRIGUEZ REINA, identificada con la C.C. No.
79.386.491, como Director de Interventoría del Convenio Interadministrativo No. 005
de 2007, y su adicional modificatorio del 18 de diciembre de 2007, es GRAVEMENTE
CULPOSO POR OMISIÓN, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil
colombiano; puesto que CONTRIBUYÓ AL DAÑO PATRIMONIAL PÚBLICO, y no
se cumplieron con los fines estatales consagrados en el ART. 30 DE LA Ley 80 de
1993.
En cuanto al NEXO CAUSAL entre el DAÑO y la conducta OMISIVA GRAVEMENTE
CULPOSO, del señor REINALDO RODRIGUEZ REINA, quien como Director de
Interventoría del Convenio Interadministrativo No. 005 de 2007, se dio una relación
determinante y condicionante de causa — efecto, puesto que si hubiera actuado con
diligencia como colaborador del Municipio de Aquitania, se hubiera ajustado el vínculo
contractual No. 004 de 29 de marzo de 2007, y su modificatorio adicional del 18 de
diciembre de 2007, a los proyectos realmente aprobados por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cumpliéndose de esta manera a cabalidad
con los fines del Estado, y se hubiera desarrollado el principio de planeación, pues
las unidades sanitarias hubieran quedado funcionales […]”. (Negrillas del texto
original).
146. Por su parte, el a quo analizó el acervo probatorio allegado al expediente con
la finalidad de determinar si, en el asunto sub examine, obraba alguna prueba que
condujera a la certeza de la existencia de daño al patrimonio público, elemento
esencial para proferir un fallo con responsabilidad fiscal.
147. En ese sentido, destacó los siguientes aspectos relevantes:
“[…] j) Del material probatorio antes descrito, cabe resaltar que dentro de las
funciones que le correspondían a la parte actora en su calidad de director de la
interventoría técnica y ambiental del objeto contractual del Convenio N°004 de 2007,
se destacan las siguientes: i) revisión de planos del proyecto y sus obras
complementarias; ii) presentación mensual de informes donde se consigne el
estado actual de la obra; iii) entregar al contratista el proyecto debidamente
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revisado; y iv) analizar los planos y especificaciones del proyecto, lo cual indica que
dicha persona tenía a su alcance elementos suficientes para garantizar el efectivo
cumplimiento en la ejecución del convenio interadministrativo N°004 de 2007 y su
adicional modificatorio de 18 de diciembre de 2007, por lo que era su deber
establecer las pautas para la ejecución, dirección y ejecución de la obra, así como
todo lo relacionado con la interventoría ambiental. No obstante, dichas funciones no
se llevaron a cabo en debida forma.
k) Como se expuso en los actos administrativos demandados, si bien el
demandante aduce que no ostenta la calidad de gestor fiscal, ni tampoco manejó
recursos públicos, se tiene que su actuar omisivo consistente en la falta de
seguimiento, control y vigilancia de la obra, contribuyó a que se causara el
detrimento patrimonial, pues dicha interventoría no realizó gestión alguna para que
el Convenio Interadministrativo N°004 de 2007 se ajustara al proyecto aprobado por
el Ministerio de Ambiente y, mucho menos, sobre el adicional modificatorio de las
120 unidades sanitarias, a tal punto que la Contraloría General de la República en
el Auto de formulación de Imputación N°001877 de 13 de agosto de 2014 adujo lo
siguiente:
“Si el Director de la Interventoría, como era su obligación, hubiera desde un
comienzo ejercido vigilancia permanente en cuanto a el cumplimiento por parte de
contratista de las especificaciones técnicas, acorde a los planos arquitectónicos,
estructurales y técnicos de las unidades sanitarias; señaladas en Convocatoria
Pública para Entidades Cooperativas No.005-2007, y en el Convenio
Interadministrativo, habría advertido que sobre las correcciones en la ejecución de
las unidades sanitarias y no hubiese permitido que a los beneficiarios se les
entregara las unidades sanitarias con tantas falencias de calidad y cantidad que
perjudican el normal funcionamiento de dichas obras.
Es decir, que hubo por parte del Director de la Interventoría, falta de seguimiento.
control y vigilancia de la obra, con el agravante de que recibió las unidades
sanitarias a satisfacción, aportando o entregando como soportes de obra terminada
actas de entrega y recibo de ellas firmadas por los beneficiarios, como si estuvieran
totalmente terminadas, lo cual constituye falta gravísima al deber de ejercer una
correcta vigilancia en la ejecución de la obra, la que se supone debería entregarse
totalmente terminada y acorde a unas cantidades de obra estipuladas en el
Convenio Interadministrativo No.004 de 2007 y en las diferentes modificaciones que
se hicieron.” (fls. 113 y 114 cdno. ppal N°1 – subrayas del original, negrillas
adicionales)
(…) n) Ahora bien, la parte actora también aduce que dentro de la actuación
administrativa no existió certeza del daño, ni la cuantificación del mismo. No
obstante, contrario a lo manifestado por el demandante, tanto en el Auto N°0841 de
19 de junio de 2018, “Por el cual se falla con responsabilidad fiscal dentro del
proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2014-03515-081”, como en el Auto
N°ORD-80112-0178-2018 de 6 de agosto de 2018 “Por el cual se decide en Grado
de Consulta y Apelación dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-
2014-03515-081”, respecto del daño, señalaron lo siguiente:
“(…)
De otra parte, este Despacho encontró probada la existencia de daño al
patrimonio público, toda vez que con las inversiones realizadas por el
Municipio a través de la suscripción de los Convenios interadministrativos No.
004 (de obra) y 005 (de interventoría) de 2007, no se logró prestar un servicio
sanitario a la comunidad del Municipio de Aquitania, ni a su centro poblado,
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ni a su zona rural, y por ende omitiendo la construcción del sistema de
tratamiento de aguas residuales no se logró mitigar el daño ambiental por la
contaminación de la Laguna de Tota y sus afluentes, para cuya finalidad
fueron aprobados los proyectos FNR30990 y FNR31515 por parte del
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y que contemplaba un
sistema de tratamiento de aguas residuales individuales con los componentes
de Unidad Sanitaria, Trampa de grasa, pozo séptico de 1.000 litros y campo de
infiltración.
Por esta razón pese a que hubo una inversión en los Convenios
Interadministrativos, se produjo una lesión a los intereses patrimoniales del
Estado, un daño cierto, especial, anormal, por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente pues la inversión adelantada no cumplía
con las expectativas y objetivos para la cual fue aprobado inicialmente, pues
no se contribuyó a que la asignación de los recursos del Ministerio de Medio
Ambiente fuera la más conveniente para maximizar sus resultados y que sus
resultados se lograran de manera oportuna y guardaran relación con sus
objetivos y metas; una gestión fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz que
generó un daño cuantificado en TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($3.843.392.769,99).
(…)” (fls. 650 y 651 cdno. ppal. N°2 – negrillas adicionales y mayúsculas sostenidas
del original)
Bajo estos presupuestos, es claro que el daño patrimonial se encuentra
debidamente acreditado y determinado por el valor de los Convenios
Interadministrativos Nos. 004 y 005 de 2007 girados al contratista, el cual ejecutó el
contrato con desconocimiento de las especificaciones técnicas respecto de planos
y diseños establecidas inicialmente, aunado al hecho de que omitió la construcción
del sistema de tratamiento de aguas residuales, lo cual da cuenta de que no se logró
mitigar el daño ambiental por la contaminación de la Laguna de Tota y sus afluentes.
o) En atención a lo anterior y contrario a lo considerado por el demandante donde
aduce que no es responsable fiscalmente por el hecho de que no ostentaba la
calidad de gestor fiscal, pues no tenía la potestad administrativa de gestionar bienes
o fondos públicos, para la Sala es claro que la conducta omisiva realizada por el
señor Reinaldo Rodríguez Reina tiene una relación de conexidad directa, próxima
y necesaria con el desarrollo de la gestión fiscal y, por lo tanto, impactó
negativamente el patrimonio público, ya que dicha persona fungía como director de
la interventoría del Convenio Interadministrativo N.° 004 y fue quien suscribió las
actas de entrega parcial, actas de avance, los informes parciales de interventoría y
el informe final de interventoría (archivos “856255 BELEN SANCHEZ UCC-PRF
081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (141-146)”, “485622 BELEN SANCHEZ UCC-
PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (147-150)”, “982666 BELEN SANCHEZ
UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (155-156)” y “988254 BELEN
SANCHEZ UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (159-160)” contenidos en
la carpeta denominada “CARPETA PRINCIPAL 1” contenida a su vez en la carpeta
“PRF-081-2013” visible en el disco compacto N°1 que obra en sobre cerrado a folio
908 del expediente y los archivos “214219 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-2013
CARPETA PRINCIPAL 2 (201-217)” y “971082 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-
2013 CARPETA PRINCIPAL 2 (345-353)” contenidos en la carpeta denominada
“CARPETA PRINCIPAL 2” ibídem). No obstante, dicha persona no efectuó la
vigilancia dirección y control de la obra, resaltándose que era su deber funcional
velar por su efectiva ejecución, pues la obra no se ejecutó en el plazo y con las
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condiciones técnicas exigidas, debido también, entre otros factores, a su
negligencia o falta al deber de supervisión y vigilancia.
Lo anterior da cuenta de que no hay lugar a duda que en este caso el demandante
con su actuar omisivo y pasivo generó detrimento de los intereses patrimoniales del
municipio de Aquitania y menoscabó a los recursos de origen público con destino al
cubrimiento de obligaciones específicas, para el caso en particular la construcción
de las unidades sanitarias y los pozos sépticos en el Municipio de Aquitania –
Boyacá.
p) En ese orden de ideas, se tiene que el señor Reinaldo Rodríguez Reina, en
calidad de director de la firma interventora “CONGETER LTDA”, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 53 de la
Ley 80 de 1993, está llamado a responder fiscalmente por el incumplimiento de sus
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, así como por los hechos u
omisiones que causen daño al patrimonio público y que le fueren imputables,
derivados de la celebración y ejecución de los contratos sobre los cuales hayan
ejercido labores de interventoría, ya que el demandante no logró controvertir los
argumentos y pruebas por medio de las cuales la autoridad administrativa determinó
que le correspondía una culpa grave, porque como director de la interventoría, actuó
de forma omisiva, descuidada y negligente.
q) Ahora bien, frente al nexo causal entre la conducta omisiva realizada por el
señor Reinaldo Rodríguez Reina y el daño, se tiene que lo constituye la falta de
diligencia por parte de dicha persona, lo cual contribuyó a la causación del
detrimento patrimonial del Estado, pues no se realizó gestión alguna para que el
Convenio N°004 de 2007 se ajuste al proyecto aprobado por el Ministerio de
Ambiente respecto de la construcción de las 500 unidades sanitarias y los pozos
sépticos, ni sobre las 120 unidades adicionales. Al respecto, el acto administrativo
sancionador dispuso lo siguiente:
“(…) La conducta de REINALDO RODRIGUEZ REINA, identificada con la C.C. No.
79.386.491, como Director de Interventoría del Convenio Interadministrativo No. 005
de 2007, y su adicional modificatorio del 18 de diciembre de 2007, es
GRAVEMENTE CULPOSO POR OMISIÓN, de conformidad con el artículo 63 del
Código Civil colombiano; puesto que CONTRIBUYÓ AL DAÑO PATRIMONIAL
PÚBLICO, y no se cumplieron con los fines estatales consagrados en el RT (sic). 3°
DE LA Ley 80 de 1993.
En cuanto al NEXO CAUSAL entre el DAÑO y la conducta OMISIVA
GRAVEMENTE CULPOSO, del señor REINALDO RODRIGUEZ REINA, quien
como Director de Interventoría del Convenio Interadministrativo No. 005 de 2007,
se dio una relación determinante y condicionante de causa - efecto, puesto que si
hubiera actuado con diligencia como colaborador del Municipio de Aquitania, se
hubiera ajustado el vínculo contractual No. 004 de 29 de marzo de 2007, y su
modificatorio adicional del 18 de diciembre de 2007, a los proyectos realmente
aprobados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
cumpliéndose de esta manera a cabalidad con los fines del Estado, y se hubiera
desarrollado el principio de planeación, pues las unidades sanitarias hubieran
quedado funcionales. (fls. 546 cdno. ppal. N°2 – negrillas adicionales y mayúsculas
sostenidas del original).
En ese orden de ideas, se tiene que se encuentran plenamente demostrados los 3
elementos para que se constituya la responsabilidad fiscal, pues el daño lo
comprende el detrimento patrimonial del estado, y tanto la gravedad de la conducta
como el nexo causal se dan por su actuar omisivo y negligente frente al
cumplimiento de los fines para los cuales fue aprobado el proyecto, pues debía
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realizar las labores de interventoría técnica y ambiental para la construcción de 500
unidades sanitarias y pozos sépticos para el Municipio de Aquitania – Boyacá, así
como de las 120 unidades sanitarias adicionales.
En atención a las razones antes expuestas, carecen de validez los argumentos de
la parte demandante en los cuales aduce que la Contraloría General de la República
profirió el fallo de responsabilidad fiscal con falta de competencia y con falsa
motivación, por no ostentar la calidad de gestor fiscal y no encontrarse acreditado
la causación del daño y su cuantificación […]”.
148. En el caso sub examine, el a quo frente a los cargos estudiados consideró
que “[…] En ese orden de ideas, se tiene que se encuentran plenamente
demostrados los 3 elementos para que se constituya la responsabilidad fiscal, pues
el daño lo comprende el detrimento patrimonial del Estado, y tanto la gravedad de
la conducta como el nexo causal se dan por su actuar omisivo y negligente frente al
cumplimiento de los fines para los cuales fue aprobado el proyecto, pues debía
realizar las labores de interventoría técnica y ambiental para la construcción de 500
unidades sanitarias y pozos sépticos para el Municipio de Aquitania – Boyacá, así
como de las 120 unidades sanitarias adicionales […]”.
149. Para justificar su decisión, resaltó que, en atención a la debida valoración
integral del material probatorio allegado al expediente administrativo y al presente
proceso, había lugar a declarar fiscalmente responsable a la parte demandante.
150. Ahora bien, según el marco normativo indicado supra, para que se pueda
configurar la responsabilidad fiscal deben concurrir tres requisitos: i) una conducta
dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; ii) un daño
patrimonial al Estado; y iii) que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar
del gestor fiscal.
151. En el caso sub examine, la Sala abordará el estudio del daño patrimonial al
Estado en atención que son los reparos invocados por la parte demandada en el
escrito de apelación.
Daño patrimonial
152. Sobre el particular, la Sala encuentra acreditado en el expediente lo
siguiente:
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153. El Municipio de Aquitania (Boyacá) suscribió con la Organización
Cooperativa para el Desarrollo de los Municipios y Entidades Estatales de Colombia
"CODECOL O.C.", el Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, cuyo objeto
fue la construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el municipio. El
costo del proyecto fue de $2.058.072.888 m/cte., y se pactó su ejecución en 270
días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio 35.
154. A través del documento firmado el 18 de diciembre de 2007, se adicionó al
Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, mediante el cual se dispuso la
construcción de 120 unidades sanitarias adicionales para la zona rural del Municipio
de Aquitania, con un costo de $472.420.199,66 m/cte., y se extendió la ejecución
por 120 días adicionales al plazo inicialmente pactado, resultando en un plazo total
de ejecución de la obra de 390 días 36.
155. En los diseños de obra originalmente se incluyó un sistema para el
tratamiento de las aguas residuales de estas unidades sanitarias que consistía en:
i) el suministro e instalación de un tanque séptico de 1.000 litros; ii) el suministro e
instalación de una trampa de grasas; y iii) la construcción de un campo de
infiltración.
156. Sin embargo, en el Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007 solo se
incluyó el ítem de suministro e instalación de un tanque séptico de 1.000 litros, es
decir, el convenio incluyó solo uno de los tres componentes del sistema de
tratamiento diseñado. No obstante, al inicio de la ejecución contractual, se redujo la
capacidad del tanque séptico a la mitad, pasando de un tanque de 1.000 litros a uno
de solo 500 litros, y se eliminó su instalación.
157. El Convenio Interadministrativo núm. 004, que comenzó su ejecución el 30
de marzo de 2007, tenía un plazo de ejecución de 390 días calendario. Después de
seis actas de suspensión y reinicio entre el 10 de abril de 2008 y el 7 de marzo de
2011, y dos ampliaciones del plazo de ejecución por un total de 105 días adicionales
entre el 27 de abril y el 8 de agosto de 2011, el contratista no cumplió cabalmente
con el objeto contractual en la última fecha indicada.
35 Cfr. Folio704. Cd´s que contiene el Expediente Administrativo en medio magnético. Cd 1, Carpeta Principal
1, documento en PDF “838568 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (123-129).
36 Cfr. Folio 704. Cd´s que contiene el Expediente Administrativo en medio magnético. Cd 1, Carpeta Principal
1, documento en PDF “514838 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (151-152)
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158. Mediante Resolución núm. 0905 de 16 de diciembre de 2011, el Municipio de
Aquitania (Boyacá) declaró el incumplimiento por obra no ejecutada del Convenio
Interadministrativo núm. 004 de 2007 y decidió hacer efectiva la póliza de seguros,
así:
“[…] RESUELVE:
Artículo Primero: Declarar la ocurrencia de siniestro dentro del convenio 004
de 2.007, celebrado entre el Municipio de Aquitania y CODECOL OC,
amparado por la póliza de seguros No. 300009574 expedida por SEGUROS
CÓNDOR S.A.
Artículo Segundo: Hacer efectiva la póliza de seguros No. 300009574
expedida por SEGUROS CÓNDOR S.A.
Artículo Tercero: Requerir a la Compañía de seguros para que pague las
indemnizaciones correspondientes de la siguiente manera:
Sanción por incumplimiento de acuerdo al artículo noveno del considerando la
suma de $38.567.258.07 M/CTE.
Por incumplimiento obra no ejecutada $115.763.750.41 […]37”.
159. El Municipio de Aquitania (Boyacá) suscribió con la Cooperativa Nacional
para la Administración, Gestión y Desarrollo de Entidades Territoriales Ltda.
"CONGETER LTDA" el Convenio Interadministrativo núm. 005 de 2007, cuyo objeto
fue realizar la interventoría técnica y ambiental para la construcción de 500 unidades
sanitarias y pozos sépticos en el municipio, por un valor de $131,000,000.00 m/cte 38.
160. Ahora bien, mediante el auto núm. 001306 de 9 de agosto de 2013, se dio
apertura al proceso de responsabilidad fiscal, que tuvo como hecho generador del
daño las presuntas irregularidades en la ejecución de los Convenios
Interadministrativos núms. 004 y 005 de 2007, y un presunto detrimento patrimonial
de $1,028,689,099.21 m/cte.
161. A través del auto núm. 001877 de 13 de agosto de 2014, se imputó
responsabilidad fiscal, en el cual se precisó que39:
“[…] la presunta lesión al patrimonio público del Estado señala que son varios los
hechos generadores del daño que tiene como causa la falta de planeación al tiempo
de estructurar el Convenio Interadministrativo No. 004 del 29 de marzo de 2007, así
como la falta de vigilancia y control de los dineros entregados al contratista, al igual
que la falta de seguimiento y supervisión del cumplimiento estricto de los términos
37 Cfr. Folio 1401 del cuaderno de antecedentes administrativos.
38 Crf. Folio 704. Cd´s que contiene el Expediente Administrativo en medio magnético. Cd 1, Carpeta Principal
2, documento en PDF “377278 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 2 (301-306).
39 Cfr. Fls. 268 a 317 del cuaderno principal núm. 2 del expediente
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del contrato de obra debido a que no se respetaron o no se cumplieron las
especificaciones técnicas, ni las dimensiones contempladas en los planos y diseños
(folio2541 anverso) (...) en efecto. El daño se genera porque el contratista no
cumplió con el objeto del contrato en el plazo y con las condiciones técnicas
exigidas, igualmente la interventoría no cumplió con su función en debida forma, tal
y como lo señaló la convocatoria pública para entidades cooperativas No. 005-
2007(...) En el mismo sentido el daño se generó porque a pesar de existir un diseño
previo para determinar el sistema de tratamiento y la capacidad del tanque al
celebrar el Convenio 004 de 2007, no se contrató el suministro e instalación del
sistema séptico completo, no la construcción del campo de infiltración, con el
debido sustento técnico (...) por lo tanto el sistema de tratamiento de aguas
residuales en ningún caso cumplió ni cumple con las especificaciones de
diseño (subrayado y negrilla de origen), al no haberse contrato lo indicaban los
diseños y al haberse reducido a la mitad la capacidad de los tanque sépticos,
desconociéndose el problema ambiental y las dificultades del contaminación
(negrilla fuera de texto).
"También son hechos generadores del daño que al contratista se le hayan girado
sumas de dinero superiores a los realmente invertidos en la obra sin la sujeción
rigurosa a un cronograma de obra, así como el incumplimiento por parte del
contratista, entre otras los plazos previstos para la entrega de las obras a
pesar de las diferentes reprogramaciones.
"El daño ocasionado al Municipio de Aquitania es ANORMAL, por cuanto al suscribir
el Convenio Interadministrativo No. 004 del 29 de marzo de 2007, se hubiese hecho
acorde a los diseños iniciales de la unidad sanitaria tipo ajustado a las necesidades
y requerimientos ambientales, y se hubiese compelido al contratista a cumplir con
los términos y condiciones del contrato, así mismo con los plazos previstos, y se
hubiese establecido una lista cierta de beneficiarios de las 620 unidades sanitarias;
no habría existido menoscabo, disminución o reducción de los recursos destinados
para la CONSTRUCCIÓN DE 620 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS
EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACA, en cuantía de $2.530.493.087,66.
Aunado a lo contratado por concepto de interventoría mediante Convenio
Interadministrativo No. 005 del 30 de marzo de 2007, por valor de $157.455.420,34
[…]”
162. Mediante auto núm. 0841 de 19 de junio de 2018, se falló con responsabilidad
fiscal, entre otros, contra la parte demandante y los señores Luis Francisco
Cardozo Montaña, Edwin Farley Pérez Chaparro y Fabian Mauricio Santos
Fonseca.
163. A través del auto núm. 0178 de 6 de agosto de 2018, se decidió el grado de
consulta y unos recursos de apelación interpuestos contra el fallo de
responsabilidad fiscal.
164. Ahora bien, dentro de las pruebas obrantes en el proceso se encuentra que
el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, a través de la Resolución núm. 706
de 29 de diciembre de 2017 40, dispuso:
40
“[…] Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de las asignaciones, se resuelve un procedimiento
Administrativo Correctivo – PAC, se declara el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con asignaciones
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“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR probado el cargo formulado al Municipio
de Aquitania, Boyacá, por la ejecución negligente de recursos del Fondo Nacional
de Regalías asignados al proyecto FNR 30990, de conformidad con la parte motiva
de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de las
asignaciones correspondientes al proyecto BPIN 1150024100000 FNR 30990
"CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS EN EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", según la
parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150024100000
FNR 30990 "CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS
SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ".
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Municipio de Aquitania, Boyacá en calidad de
ejecutor del proyecto FNR 30990, el reintegro de la suma de DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRECE PESOS M/CTE
($2.189.072.013), al Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación […]”
165. Contra la resolución indicada supra el Municipio de Aquitania (Boyacá)
interpuso un recurso de reposición argumentando la ilegalidad de la sanción por
violación al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad.
166. Recurso que fue resuelto a través de la Resolución núm. 072 de 15 de mayo
de 201841, y en la cual se modificó la decisión adoptada en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el epígrafe de la Resolución No. 706 del
29 de diciembre de 2017, el cual quedará así:
"Por la cual se procede a declarar el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo y se ordena el
reintegro de unos recursos"
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los "Considerados 19 y 20" de la Resolución
No. 706 del 29 de diciembre de 2017 los cuales quedarán así:
19. Que visto lo anterior y de acuerdo con la información contenida en el Informe de
Cierre del proyecto, el oficio remitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
radicado en el DNP bajo el consecutivo 20186630189132 de 11 de abril de 2018 y
Memorando 20189800057483 del 27 de abril de 2018 remitido por la Subdirección de
Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, se evidencia que el Ministerio
profirió concepto (sic) favorables al ajuste del proyecto FNR 30990, se procede a
subsanar la presunta irregularidad que dio origen al cargo formulado por "Ejecución
negligente de recursos del Fondo Nacional de Regalías asignados al proyecto FNR
30990"
del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo, se ordena el reintegro de unos recursos […]”. Cfr.
Folios 618 a 622 del Cuaderno principal núm. 4 del Expediente
41 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Aquitania, Boyacá, en
contra de la resolución No. 706 del 29 de diciembre de 2017 […]” Cfr. Folios 596 a 605 de los Cuadernos
principales núms. 3 y 4 del expediente.
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20. Que las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de
las Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y aprobaron el informe de
cierre del proyecto, elaborado por la Interventoría Administrativa y Financiera, el cual fue
remitido según memorando No. 20174420192303 del 26 de diciembre de 2017, con
alcance No. 20189800057483 del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos Administrativos
de Cierre del cual se concluye que el ejecutor Municipio de Aquitania, Boyacá, debe
reintegrar a favor del Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación, la suma de
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($49.647). […]
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR los artículos de la parte resolutiva de la
Resolución No. 706 del 29 de diciembre de 2017, los cuales quedarán así:
"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR subsanada la presunta irregularidad que dio origen
al cargo, conforme la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150024100000 FNR
30990 "CONSTRUCCION 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Municipio de Aquitania, Boyacá, en calidad de
ejecutor del proyecto FNR 30990 CONSTRUCCION 500 UNIDADES SANITARIAS Y
POZOS SEPTICOS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, el reintegro de la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($49.647) […] […]”
167. De otro lado, el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, mediante la
Resolución núm. 708 de 29 de diciembre de 2017 42, dispuso:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR probado el cargo formulado dentro del
PAC88-2011 por ejecución de asignaciones de recursos del Fondo Nacional de
Regalías, con destinación diferente a la permitida por la ley y autorizada en el
Acuerdo de aprobación de los recursos asignados al proyecto FNR 31315 de
acuerdo con la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de las
asignaciones correspondientes al proyecto BPIN 1150026010000 FNR 31315
"CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", según la
causal mencionada en la parte motiva.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150026010000
FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Municipio de Aquitania, Boyacá, en calidad de
ejecutor del proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES
SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el reintegro de la suma de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.987.968.00) por
concepto de recursos girados, al Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación. […]”
42
“[…] Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de las asignaciones, se resuelve un Procedimiento
Administrativo Correctivo – PAC, se declara el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con asignaciones
del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo, se ordena el reintegro de unos recursos […]”. Cfr.
Folios 623 a 627 del Cuaderno principal núm. 4 del Expediente.
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168. El Municipio de Aquitania (Boyacá), igualmente interpuso recurso de
reposición argumentando la ilegalidad de la sanción por violación al debido
proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad.
169. Recurso resuelto mediante la Resolución núm. 073 de 17 de mayo de 2018 43,
y en la cual también se modificó la decisión adoptada en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el epígrafe de la Resolución No. 708 del
29 de diciembre de 2017, el cual quedará así:
"Por la cual se procede a declarar el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo y se ordena el
giro de unos recursos"
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los "Considerados 19, 20 y 21" de la
Resolución No. 708 del 29 de diciembre de 2017 los cuales quedarán así:
19. Que visto lo anterior y de acuerdo con la información contenida en el Sistema de
Información Infoproject, el oficio remitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
radicado en el DNP bajo el consecutivo (sic) 20186630189142 del 11 de abril de 2018 y
el Memorando radicado DNP No. 20189800057533 del 27 de abril de 2018 remitido por
la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, se evidencia
que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio profirió concepto favorables al ajuste del
proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA", por lo cual se procede a declarar subsanada la irregularidad que dio origen
al cargo.
20. Que las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de
las Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y aprobaron el informe de
cierre del proyecto, elaborado por la Interventoría Administrativa y Financiera, el cual fue
remitido según memorando No. 20174420192223 del 26 de diciembre de 2017 con
alcance No. 20189800057533 del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos Administrativos
de Cierre.
21. Que según lo señalado en el Informe de Cierre del proyecto 20174420192223 del
26 de diciembre de 2017 y en el alcance remitido por la Subdirección de Proyectos de la
Dirección de Vigilancia de las Regalías con memorando 20189800057533 del 27 de abril
de 2018, y teniendo en cuenta que no se han girado la totalidad de los recursos al
ejecutor del proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS
PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA", el Fondo Nacional de Regalías, debe girar al Municipio de Aquitania, Boyacá
la suma de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($49.774.965)
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR los artículos de la parte resolutiva de la
Resolución No. 708 del 29 de diciembre de 2017, los cuales quedarán así:
"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR subsanada la presunta irregularidad que dio origen
al cargo, conforme la parte motiva del presente acto.
43
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Aquitania, Boyacá, en
contra de la resolución No. 708 del 29 de diciembre de 2017 […]”. Cfr. Folios 608 a 617 del Cuaderno principal
núm. 4 del expediente.
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ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150026010000 FNR
31315 "CONSTRUCCION 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el giro de recursos al ejecutor Municipio de
Aquitania, Boyacá, equivalente a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE
($49.774.965), con cargo a la disponibilidad de recursos de la Nación […]”
170. El Fondo Nacional de Regalías para fundamentar su decisión señaló que de
manera previa a decidir de fondo los recursos de reposición interpuestos, ordenó
oficiar a la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías
del Departamento Nacional de Planeación, para que remitiera copia de los
documentos aportados por el Municipio de Aquitania (Boyacá), al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio con la finalidad que éste se pronunciará de fondo
sobre la viabilidad técnica de las modificaciones efectuadas a los proyectos de
inversión FNR 30990 44 y FNR 3131545.
171. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de los oficios núms.
20186630189132 y 20186630189142 ambos calendados de 11 de abril de 2018,
emitió conceptos favorables: i) al proyecto FNR 30990 referente a la Construcción
de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el Municipio de Aquitania; y ii) al
proyecto FNR 31315 respecto de la Construcción de 120 unidades sanitarias para
la zona rural del Municipio de Aquitania.
172. En el oficio núm. 20186630189132 de 11 de abril de 2018, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que:
“[…] “(…) es así como el municipio de Aquitania, por medio del oficio No. S.P. 029 de
fecha 15 de marzo de 2018, radicado en el Ministerio bajo el No. 2018ER 0015696 con
fecha 16 de marzo de 2018, envía le información solicitada por esta cartera.
Así las cosas, este Ministerio, una vez recibió la documentación para rendir el concepto
técnico solicitado, procedió a evaluarla y por considerarlo igualmente necesario para ello,
efectuó una visita técnica el día 21 de marzo de 2018 al sitio del proyecto:
CONSTRUCCION DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA […] encontrando lo
siguiente:
A la fecha el proyecto se encuentra terminado, con un avance físico de 88.40% en
condiciones no aprobadas, de acuerdo al informe de interventoría técnica con corte a
noviembre de 2011 y lo registrado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación DNP, en su análisis
administrativo y financiero.
44
Construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el Municipio de Aquitania
45
Construcción de 120 unidades sanitarias para la zona rural del Municipio de Aquitania
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Las modificaciones presentadas durante la ejecución del proyecto obedecieron a la
ejecución de mayores y menores cantidades de obra, eliminación y adición de
actividades, cambio en el listado de beneficiarios, modificaciones técnicas y variación de
precios unitarios.
En la visita técnica se realizó el traslado a una de las unidades sanitarias construidas con
el presente proyecto en la vereda Pérez, cuya propietaria es la señora Visitación
Sanabria identificada con la c.c. 4.216.382, en donde se pudo evidenciar que las obras
ejecutadas en su vivienda relacionadas con la unidad sanitaria y el pozo séptico, se
encuentra funcionando y prestando el servicio requerido.
De igual forma, se pudo establecer que con la ejecución del proyecto se construyeron
455 unidades sanitarias y pozos sépticos, beneficiando a 392 propietarios incluidos
inicialmente en el proyecto y a 63 propietarios nuevos.
A pesar de que la administración municipal de Aquitania no presentó la acreditación de
la funcionalidad del proyecto, se tuvo en cuenta lo informado por la Secretaria de
Planeación Municipal, en constancia firmada el 1 de agosto de 2017, donde indica que
el ajuste al proyecto fue basado en la verificación y toma de datos, actividades realizadas
en visita técnica durante los días del 8 al 12 de mayo de 2017 por funcionarios del DNP
y del municipio, a cada unidad sanitaria recibida por la comunidad.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, compilatorio del artículo 6 del Decreto 418 de 2007 y consultado
el análisis de la interventoría administrativa y financiera de la Dirección de Regalías, se
profiere concepto favorable al proyecto FNR 30990 Construcción De 500 Unidades
Sanitarias Para la Zona Rural del Municipio de Aquitania en el Departamento De Boyacá"
respecto al número de unidades sanitarias ejecutadas correspondientes a 455, teniendo
en cuenta que el proyecto no presentó una variación técnica que afectara las condiciones
de construcción y funcionalidad, ya que las modificaciones se fundamentaron en el
cambio de usuarios y variaciones de las actividades y cantidades de obra del mismo.
Es prudente aclarar que el concepto emitido por este Ministerio se circunscribe a la
revisión "técnica” de la ejecución del proyecto, bajo las condiciones descritas e
informadas por el municipio de Aquitania-Boyacá.
Así mismo, nos permitimos señalar que el análisis efectuado sobre el proyecto se realizó
sobre la información suministrada por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación y el municipio de
Aquitania- Boyacá y que su veracidad es total responsabilidad de dichas entidades. (…)”
El Ministerio hace referencia en su concepto a que el proyecto de inversión cuenta
"con un avance físico de 88.40% en condiciones no aprobadas"; es importante
precisar que con el ajuste el proyecto el avance en condiciones aprobadas
corresponde al 100%. […]”
173. Y en el oficio núm. 20186630189142 de 11 de abril de 2018, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio señaló que:
“[…] (…) es así como el municipio de Aquitania, por medio del oficio No. S.P. 029 de
fecha 15 de marzo de 2018, radicado en el Ministerio bajo el No. 2018ER 0015696 con
fecha 16 de marzo de 2018, envía la información solicitada por esta cartera.
Así las cosas, este Ministerio, una vez recibió la documentación para rendir el concepto
técnico solicitado, procedió a evaluarla y por considerarlo igualmente necesario para ello,
efectuó una visita técnica el día 21 de marzo de 2018 al sitio del proyecto:
"CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" […] encontrando
lo siguiente:
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A la fecha el proyecto se encuentra terminado, con un avance físico de 73.30% en
condiciones no aprobadas, de acuerdo al informe de interventoría técnica con corte a
noviembre de 2011 y lo registrado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación DNP, en su análisis
administrativo y financiero.
Las modificaciones presentadas durante la ejecución del proyecto obedecieron a la
ejecución de mayores y menores cantidades de obra, eliminación y adición de
actividades, cambio en el listado de beneficiarios, modificaciones técnicas y variación de
precios unitarios.
En la visita técnica se realizó el traslado a una de las unidades sanitarias construidas con
el presente proyecto en la vereda Pérez, cuya propietaria es la señora Ana Isabel
Sánchez Identificada con la c.c. 23.944.592, en donde se pudo evidenciar que la obra
ejecutada en su vivienda relacionadas con la unidad sanitaria, se encuentra funcionando
y prestando el servicio requerido.
De igual forma, se pudo establecer que con la ejecución del proyecto se construyeron
104 unidades sanitarias, beneficiando a 78 propietarios incluidos inicialmente en el
proyecto y a 26 propietarios nuevos.
A pesar de que le administración municipal de Aquitania no presentó la acreditación de
la funcionalidad del proyecto, se tuvo en cuenta lo informado por la Secretaria de
Planeación Municipal, en constancia firmada el 1 de agosto de 2017, donde indica que
el ajuste al proyecto fue basado en la verificación y toma de datos, actividades realizadas
en visita técnica durante los días del 8 al 12 de mayo de 2017 por funcionarios del DNP
y del municipio, a cada unidad sanitaria recibida por la comunidad.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, compilatorio del artículo 6 del Decreto 416 de 2007 y consultado
el análisis de la interventoría administrativa y financiera de la Dirección de Regalías, se
profiere concepto favorable al proyecto FNR 31315 Construcción De 120 Unidades
Sanitarias Para La Zona Rural Del Municipio De Aquitania En El Departamento De
Boyacá" respecto al número de unidades sanitarias ejecutadas correspondiente a 104,
teniendo en cuenta que el proyecto no presento variación técnica que afectara las
condiciones de construcción y funcionalidad, ya que las modificaciones se
fundamentaron en el cambio de usuarios y variaciones de las actividades y cantidades
de obra del mismo.
Es prudente aclarar que el concepto emitido por este Ministerio se circunscribe a la
revisión “técnica” de la ejecución del proyecto, bajo las condiciones descritas e
informadas por el municipio de Aquitania - Boyacá.
Así mismo, nos permitimos señalar que el análisis efectuado sobre el proyecto se realizó
sobre la información suministrada por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación y el municipio de
Aquitania-Boyacá y que su veracidad es total responsabilidad de dichas entidades. (...)
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hace referencia en su concepto a que
el proyecto de inversión cuenta “con un avance físico de 73.30% en condiciones no
aprobadas", siendo importante precisar que con el ajuste del proyecto, el avance en
condiciones aprobadas corresponde al 100%. […]”.
174. Esta Sala conforme a los marcos normativos indicados supra, considera que
el daño patrimonial al Estado se entiende como toda lesión al patrimonio público,
representada en el menoscabo, perjuicio, detrimento, pérdida o uso indebido de
los bienes o recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica,
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ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado,
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de
los sujetos de vigilancia.
175. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores
públicos, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al
detrimento al patrimonio público; y además es dable resaltar que: i) los fallos de
responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso; ii) el daño patrimonial y la responsabilidad del investigado
podrán demostrarse con cualquier medio de prueba; y iii) las pruebas deberán
apreciarse, en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la
persuasión racional.
176. Esta Sección de la Corporación declaró la nulidad de los actos aquí acusados
respecto de los Alcaldes y el Secretario de Planeación del Municipio de Aquitania,
basándose en lo siguiente:
“[…] de las pruebas obrantes en el expediente, que la parte actora logró demostrar
la adecuada ejecución de los proyectos FNR 30990 y FNR 31315 y el cumplimiento
del objeto consignado en el acto de aprobación ya que, si bien se evidenciaron obras
realizadas en condiciones diferentes a las cuales fue viabilizado el proyecto dichas
modificaciones se fundamentaron en el cambio de usuarios y variaciones de las
actividades y cantidades de obra del proyecto las cuales no afectaron las condiciones
de construcción y funcionalidad del mismo […]
es especialmente relevante advertir que los actos administrativos emitidos sobre el
particular tanto por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como
por el Departamento Administrativo Nacional de Planeación acerca del cumplimiento
de las obligaciones contractuales a cargo de los demandantes de este proceso gozan
de plena validez probatoria por cuanto no fueron objeto de tacha alguna en este
proceso jurisdiccional ni menos aún fue desvirtuada la presunción de legalidad que
los ampara […]
170. De este modo, de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que la
obra contratada a través del Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007 que
correspondía a la construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos, y su
adicional para la construcción de 120 unidades sanitarias para la zona rural del
Municipio de Aquitania fueron ejecutadas en los términos indicados en el concepto de
favorabilidad emitido luego de realizada la visita técnica al lugar donde debía
realizarse la obra.
171. […] el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución núm. 072 de
15 de mayo de 2018 frente al proyecto FNR 30990, dispuesto para la construcción de
500 unidades sanitarias, hizo referencia en su concepto a que el proyecto de inversión
contó “[…] con un avance físico de 88.40% en condiciones no aprobadas"; es
importante precisar que con el ajuste el proyecto el avance en condiciones aprobadas
corresponde al 100%.[…]” y habiendo realizado los ajustes pertinentes indicó que,
“[…] las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las
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Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y aprobaron el informe de
cierre del proyecto, elaborado por la Interventoría Administrativa y Financiera, el cual
fue remitido según memorando No. 20174420192303 del 26 de diciembre de 2017,
con alcance No. 20189800057483 del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos
Administrativos de Cierre del cual se concluye que el ejecutor Municipio de Aquitania,
Boyacá, debe reintegrar a favor del Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación, la
suma de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($49.647) por concepto de saldos no ejecutados del proyecto, de acuerdo con
el siguiente detalle
[…] Atendiendo las consideraciones previamente indicadas, esta Sala no encuentra
configurado el daño patrimonial al Estado, toda vez que, la obra contratada por el
Municipio de Aquitania (Boyacá), fue ejecutada, si bien en condiciones un tanto
diferentes a los inicialmente pactados, no se debe desconocer en el caso sub examine
que la comunidad fue beneficiaria con el adelantamiento de la obra […]”46.
177. Así, esta Sección de la Corporación, en el caso de la responsabilidad fiscal
de los alcaldes y el secretario de Planeación del Municipio de Aquitania en relación
con los mismos hechos, determinó que no se configura un daño patrimonial al
Estado. Aunque la obra contratada por el Municipio de Aquitania (Boyacá) se
ejecutó en condiciones algo diferentes a las inicialmente pactadas, lo cierto es que
la comunidad se benefició con el adelanto de la obra.
178. En ese sentido, se observa que en los documentos previamente indicados,
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución núm. 072 de 15 de
mayo de 2018 frente al proyecto FNR 30990, dispuesto para la construcción de 500
unidades sanitarias, hizo referencia en su concepto a que el proyecto de inversión
contó “[…] con un avance físico de 88.40% en condiciones no aprobadas"; es
importante precisar que con el ajuste el proyecto el avance en condiciones
aprobadas corresponde al 100%.[…]” y habiendo realizado los ajustes pertinentes
indicó que, “[…] las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y
aprobaron el informe de cierre del proyecto, elaborado por la Interventoría
Administrativa y Financiera, el cual fue remitido según memorando No.
20174420192303 del 26 de diciembre de 2017, con alcance No. 20189800057483
del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos Administrativos de Cierre del cual se
concluye que el ejecutor Municipio de Aquitania, Boyacá, debe reintegrar a favor del
Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación, la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($49.647) por concepto de
saldos no ejecutados del proyecto, de acuerdo con el siguiente detalle:
46
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de
septiembre de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 250002341000 2019 00168
01 […]”.
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Balance del Proyecto
COFINANCIACIÓN
COFINNANCIACIÓN EN BIENES Y
No. DESCRIPCIÓN VALOR FNR TOTAL
EN VALOR SERVICIOS
1 VALOR DEL $2.189.022.366,00 $0,00 $0,00 $2.189.022.366,00
PROYECTO
2 VALOR GIRADO $2.189.072.888,00 $0,00 $0,00 $2.189.072.888,00
3 VALOR $2.189.072.888,00 $0,00 $0,00 $2.189.072.888,00
CONTRATADO
4 VALOR $2.189.022.366,00 $0,00 $0,00 $2.189.022.366,00
EJECUTADO
5 PAGOS A $2.148.755.747,00 $0,00 $0,00 $2.148.755.747,00
CONTRATISTAS
6 SALDOS NO $50.522,00 $0,00 $0,00 $50.522,00
EJECUTADOS A
REINTEGRAR (2-4)
7 SALDOS NO $875,00 $0,00 $0,00 $875,00
EJECUTADOS
REINTEGRADOS O
REINVERTIDOS
8 SALDOS NO $49.647,00 $0,00 $0,00 $49.647,00
EJECUTADOS POR
REINTEGRAR (6-7)
No. DESCRIPCIÓN VALOR
9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS $8.645.193,00
10 RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS $8.645.193,00
A LA DTN – MHCP / ECOPETROL
11 SALDO POR REINTEGRAR DE RENDIMIENTOS $0,00
FINANCIEROS (9-10)
12 SALDO PRESUPUESTAL POR LIBERAR (1-4) / $0,00
FAEP PRODUCTORES (1-4-7)
“[…]”
179. Y en la Resolución núm. 073 de 17 de mayo de 2018, expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, frente al proyecto FNR 31315,
dispuesto para la construcción de 120 unidades sanitarias, hizo referencia en su
concepto a que el proyecto de inversión contó “[…] con un avance físico de 73.30%
en condiciones no aprobadas", siendo importante precisar que con el ajuste del
proyecto, el avance en condiciones aprobadas corresponde al 100%. […]” y
habiendo realizado los ajustes pertinentes indicó que, “[…] según lo señalado en
el Informe de Cierre del proyecto 20174420192223 del 26 de diciembre de 2017 y
en el alcance remitido por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías con memorando 20189800057533 del 27 de abril de
2018, y teniendo en cuenta que no se han girado la totalidad de los recursos al
ejecutor del proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES
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Demandante: Reinaldo Rodríguez Reina
SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA", el Fondo Nacional de Regalías, debe girar al
Municipio de Aquitania, Boyacá la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($49.774.965), según el siguiente detalle:
Balance del Proyecto
COFINANCIACIÓN
COFINNANCIACIÓN EN BIENES Y
No. DESCRIPCIÓN VALOR FNR TOTAL
EN VALOR SERVICIOS
1 VALOR DEL $498.762.933,00 $0,00 $0,00 $498.762.933,00
PROYECTO
2 VALOR GIRADO $448.987.968,00 $0,00 $0,00 $448.987.968,00
3 VALOR $498.875.620,00 $0,00 $0,00 $498.875.620,00
CONTRATADO
4 VALOR $498.762.933,00 $0,00 $0,00 $498.762.933,00
EJECUTADO
5 PAGOS A $373.833.013,03 $0,00 $0,00 $373.833.013,03
CONTRATISTAS
6 SALDOS NO $49.774.965,00 $0,00 $0,00 $49.774.965,00
EJECUTADOS A
REINTEGRAR (2-4)
7 SALDOS NO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
EJECUTADOS
REINTEGRADOS O
REINVERTIDOS
8 SALDOS NO $49.774.965,00 $0,00 $0,00 $49.774.965,00
EJECUTADOS POR
REINTEGRAR (6-7)
No. DESCRIPCIÓN VALOR
9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS $37.214.338,94
10 RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS $37.214.338,94
A LA DTN – MHCP / ECOPETROL
11 SALDO POR REINTEGRAR DE RENDIMIENTOS $0,00
FINANCIEROS (9-10)
12 SALDO PRESUPUESTAL POR LIBERAR (1-4) / $0,00
FAEP PRODUCTORES (1-4-7)
“[…]”
180. La Sala advierte que el Municipio de Aquitania (Boyacá) en cumplimiento a
lo dispuesto en la Resolución núm. 072 del 15 de mayo de 2018, en la cual se
ordenó reintegrar la suma de $49.647 pesos m/cte. a favor del Fondo Nacional de
Regalías, por concepto de saldos no ejecutados del proyecto de la referencia,
mediante Resolución núm. 0575 de 9 de agosto de 2018, ordenó a través del
Tesorero Municipal cancelar la suma previamente indicada.
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181. Conforme a lo expuesto, esta Sala considera que, contrario a lo afirmado por
la parte demandada, en el caso sub examine no hubo un detrimento patrimonial al
Estado atribuible a la parte demandante de este proceso.
De la gestión fiscal
182. La parte demandante adujo que no tenía la condición de gestor fiscal, dado
que no es servidor público, no se le confirió la administración o manejo de recursos
públicos, no autorizada pagos y su función se limitaba a revisar los avances de obra
del contratista del Estado (CONGETER LTDA.).
183. Para la Sala es claro que el objeto del proceso de responsabilidad fiscal es
el resarcimiento de los daños patrimoniales ocasionados como consecuencia de
una conducta dolosa o gravemente culposa de las personas que realiz an gestión
fiscal o con ocasión de esta por acción u omisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 1 y 4 de la Ley 610.
184. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 610 define la gestión fiscal como el
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los
servidores públicos o los particulares que manejen o administren recursos o fondos
públicos tendientes a la adecuada administración, explotación y disposición de los
mismos y al correcto manejo, recaudo o inversión de sus rentas.
185. La Sección Primera del Consejo de Estado 47 señaló que la responsabilidad
fiscal necesariamente debe recaer sobre el manejo o administración de bienes,
recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores públicos y particulares que
tengan a su cargo bienes o recursos del Estado sobre los cuales tengan la
capacidad o poder de decisión. Por tanto, esta Sala considera que, para atribuir
responsabilidad fiscal, es necesario estudiar las funciones que desempeñe el
funcionario público o el particular:
“[…] La responsabilidad fiscal se deduce por la afectación del patrimonio público,
tanto en forma dolosa como culposa, en desarrollo de actividades propias de la
gestión fiscal o vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos y
particulares, que manejen o administren bienes y recursos del Estado. Vale la pena
puntualizar, que la responsabilidad fiscal debe necesariamente recaer sobre el
manejo o administración de bienes y recursos o fondos públicos, y respecto de los
servidores públicos y particulares que tengan a su cargo bienes o recursos del
Estado, sobre los cuales tengan capacidad o poder decisorio. Al revisar
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de mayo de 2016; C.P.
47
María Elizabeth García González; número único de radicación 68001233300020130102401 […]”.
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detenidamente las funciones asignadas a la Jefe de la Oficina Asesora en mención,
se observa que no encajan dentro del concepto de gestión fiscal, por no estar
referidas a la ordenación, control, dirección, administración y manejo de los bienes o
recursos de la entidad, o por no implicar poder decisorio sobre dichos bienes o
fondos. Además, debe señalarse que la misma denominación del referido cargo “Jefe
de Oficina Asesora de Jurídica”, es la que indica que éste tiene relación con funciones
de asesoría, de conceptuar, absolver consultas y brindar soporte legal, pero no
involucra poder decisorio sobre bienes o recursos del Estado, elemento necesario
para pregonar responsabilidad fiscal […]”.
186. La Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 12 de
noviembre de 2015, proferida dentro del expediente con número único de radicado
050012331000200401667-0148, fue diáfana al expresar lo siguiente en relación con
la manera en que se debe determinar el ejercicio de gestión fiscal por parte de un
contratista:
“[…] La gestión fiscal, como elemento determinante de la responsabilidad fiscal, se
cumple siempre y cuando el particular, maneje o administre fondos o bienes del
Estado que le hayan sido asignados o confiados, […] para ello lo que procede es
recurrir al texto contractual para determinar con base en el objeto y la forma de pago
de la actividad o servicio pactados, si el particular asumió o no la administración y el
manejo de recursos públicos que lo eleven a la condición de gestor fiscal […]”.
187. En la misma providencia, esta Sección manifestó lo siguiente:
“[…] Según las anteriores cláusulas contractuales, el objeto de este contrato era la
implementación de un sistema de información por valor de USD$285.900 que el IDEA
le pagaba a la contratista de forma mensual, previa presentación de las respectivas
facturas y cuentas de cobro. No se estipuló el pago de anticipo. De acuerdo con la
anterior prueba documental, se tiene acreditado que el objeto de los contratos
suscritos entre el IDEA y la sociedad BAAN COLOMBIA Ltda., en ningún momento
lo constituyó la transferencia de recursos o de fondos o de bienes de propiedad
de la contratante a la contratista para que ésta los administrara, de tal manera
que se le pudiera reconocer el ejercicio de la gestión fiscal.
Por el contrario, lo que se observa es que los contratos suscritos se agotaban
con la simple ejecución material de unas labores específicas y el suministro de
equipos a cargo de la contratista, con tal de dar cumplimiento a los objetos
contractuales, pero por manera alguna en el caso sub judice la contratista
asumió actividades propias para el logro de los cometidos estatales del
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, situación hipotética que sí
hubiera comportado gestión fiscal en cabeza de BAAN COLOMBIA Ltda.
De tal suerte que lo que se tiene probado, es que en virtud de la relación
contractual suscrita entre las partes en conflicto, la contratante se obligaba a
pagar a la contratista las facturas de cobro presentadas por BAAN COLOMBIA
Ltda., motivo por el que los dineros pagados por el IDEA lo fueron a título de
pago por la retribución de una obligación cumplida por la actora, pero no lo
fueron porque la contratista hubiera recibido estos dineros a título de
administradora de fondos o bienes públicos […]” (Destacado fuera de texto).
48
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de 12 de noviembre de 2015.
Expediente núm. 050012331000200401667-01. M.P. María Claudia Rojas Lasso.
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188. Los pronunciamientos mencionados anteriormente están en concordancia
con la sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001, proferida por la Corte
Constitucional, que al referirse a la intervención directa o contribución indirecta en
la gestión fiscal ejercida por los servidores públicos o por los particulares, manifestó
lo siguiente:
“[…] Cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona que
tenga la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado materia del
detrimento, procederá la apertura del correspondiente proceso de responsabilidad
fiscal, sea que su intervención haya sido directa o a guisa de contribución. En los
demás casos, esto es, cuando el autor o partícipe del daño al patrimonio público no
tiene poder jurídico para manejar los fondos o bienes del Estado afectados, el
proceso atinente al resarcimiento del perjuicio causado será otro diferente, no el de
responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar
respecto de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente habilitados
para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes
del Estado puestos a su disposición. Advirtiendo que esa especial responsabilidad
está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el
radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y
condiciones prescritos por la ley. La gestión fiscal está ligada siempre a unos
bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados bajo la titularidad
administrativa o dispositiva de un servidor público o de un particular,
concretamente identificados […]” (Destacado fuera de texto).
189. En ese sentido, para ser considerado gestor fiscal, se requiere tener poder
jurídico decisorio sobre los bienes y fondos públicos puestos a su disposición, caso
en el cual la responsabilidad deviene del daño patrimonial que se pueda causar a
los mismos.
190. Por lo anterior, para establecer si la conducta del servidor público encaja
dentro del concepto de gestión fiscal, es necesario analizar las funciones asignadas
a su cargo para determinar si estaban relacionadas con la administración y manejo
de los recursos de la entidad y si tenía poder decisorio sobre los mismos.
191. Ahora bien, es cierto que la Corte Constitucional, en esta providencia, se
pronunció sobre la constitucionalidad de la expresión “[…] o con ocasión de ésta
[…]”, contenida en el artículo 1° de la Ley 610 de 2000, señalando que por conexidad
próxima y necesaria al desarrollo de la gestión fiscal, quienes suscriben contratos
con el Estado pueden, eventualmente, ser objeto de responsabilidad fiscal. Sin
embargo, la Corte Constitucional aclaró que la atribución excepcional de
responsabilidad fiscal por aplicación de la expresión mencionada está supeditada a
ciertos parámetros, lo que, en criterio de esta Sala, descarta la posibilidad de que
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dicha expresión se pueda aplicar de manera objetiva. En concreto, la Corte
Constitucional señaló:
“[…] 5. Artículo 1 de la ley 610 de 2000.
El demandante sostiene que el artículo 1 de la ley 610 de 2000 vulnera los artículos
90 y 267 de la Constitución, al establecer que el proceso de responsabilidad fiscal se
adelanta cuando se cause un daño al patrimonio del Estado por acción u omisión en
el ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta.
No obstante, de la lectura del cargo se desprende que la acusación del actor va
dirigida solamente contra la expresión “o con ocasión de ésta”, pues considera que
con ella se permite a la contraloría adelantar procesos de responsabilidad fiscal
contra quienes no realizan de manera directa gestión fiscal, lo cual infringe
abiertamente el artículo 267 Superior, a cuyos términos el control se ejerce sobre la
administración y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la
Nación.
El artículo 1 de la ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal en la
siguiente forma:
El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio
de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma
dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.
En primer lugar debe dilucidarse el contenido y alcance de la expresión “con ocasión
de ésta”, a efectos de determinar si con ella se podría dar pie a un eventual
rebasamiento de la competencia asignada a las contralorías en torno al proceso de
responsabilidad fiscal. Entonces, ¿qué significa que algo ocurra con ocasión de otra
cosa? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra ocasión en los
siguientes términos: "oportunidad o comodidad de tiempo o lugar, que se ofrece para
ejecutar o conseguir una cosa. 2. Causa o motivo porque se hace o acaece una cosa."
A la luz de esta definición la locución impugnada bien puede significar que la gestión
fiscal es susceptible de operar como circunstancia u oportunidad para ejecutar o
conseguir algo a costa de los recursos públicos, causando un daño al patrimonio
estatal, evento en el cual la persona que se aproveche de tal situación, dolosa o
culposamente, debe responder fiscalmente resarciendo los perjuicios que haya
podido causar al erario público.
El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica en la
medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de
conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por
lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda
alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la
comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se
desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo,
administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir
las funciones constitucionales y legales que en sus respetivos ámbitos convocan la
atención de los servidores públicos y los particulares responsables del manejo de
fondos o bienes del Estado.
De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango derivado y
dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la vez
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manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento adscrito dentro
del marco de la tipicidad administrativa. De allí que, según se vio en párrafos
anteriores, el ente fiscal deberá precisar rigurosamente el grado de competencia
o capacidad que asiste al servidor público o al particular en torno a una
específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de plano cualquier
relación tácita, implícita o analógica que por su misma fuerza rompa con el
principio de la tipicidad de la infracción. De suerte tal que sólo dentro de estos
taxativos parámetros puede aceptarse válidamente la permanencia, interpretación
y aplicación del segmento acusado.
Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al desdibujamiento
de la esencia propia de las competencias, capacidades, prohibiciones y
responsabilidades que informan la gestión fiscal y sus cometidos
institucionales.
Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo
y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las
contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir
responsabilidades en cabeza de quienes en el manejo de tales haberes, o con
ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u
omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no tendría sentido un
control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al
establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente recuperación de
los montos resarcitorios. La defensa y protección del erario público así lo exige en
aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas. Universo fiscal
dentro del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y
personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal,
así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y
coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes
del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal
en razón de sus poderes y deberes fiscales.
En concordancia con estos lineamientos estipula el artículo 7 de la ley 610:
“(...) únicamente procederá derivación de responsabilidad fiscal cuando el hecho
tenga relación directa con el ejercicio de actos propios de la gestión fiscal por parte
de los presuntos responsables”.
Y a manera de presupuesto el artículo 5 de esta ley contempla como uno de los
elementos estructurantes de la responsabilidad fiscal, “la conducta dolosa o culposa
atribuible a una persona que realiza gestión fiscal”. (Destacado original del texto).
En este orden de ideas la Corte declarará la exequibilidad de la expresión "con
ocasión de ésta", contenida en el artículo 1 de la ley 610 de 2000, bajo el entendido
de que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad
próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal […]”.
192. Conforme con lo anterior, no toda acción u omisión de los contratistas que
pueda derivar en un detrimento al patrimonio del Estado será pasible de acción
fiscal; aceptar lo contrario implicaría que la imputación de responsabilidad fiscal
respecto de los contratistas operase de manera objetiva solo porque estos siempre
están en una relación próxima o cercana a la ejecución de recursos del Estado y,
por ende, a la gestión fiscal.
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193. Así, los contratistas del Estado sí pueden ser objeto de atribución de
responsabilidad fiscal por conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal, y así
lo ha aceptado esta Sala 49; sin embargo, como se señaló, una conclusión en ese
sentido por la Contraloría General de la República o las contralorías del nivel
territorial debe obedecer al estudio de las diferentes situaciones que se hayan
presentado durante la ejecución de un contrato, en análisis con las obligaciones
contenidas en el respectivo contrato; y para el caso específico, en el contrato de
prestación de servicios.
194. Aunado a lo anterior, esta Sección de la Corporación ha señalado que es
viable declarar la responsabilidad fiscal del interventor del contrato por su actuar
negligente y omisivo que contribuye a causar el detrimento patrimonial 50.
195. De la revisión del expediente administrativo, se destacan los siguientes
hechos relevantes:
196. La Organización Cooperativa para el Desarrollo de los Municipios y
Entidades Estatales de Colombia (CODECOL) y el municipio de Aquitania (Boyacá)
suscribieron el Convenio Interadministrativo N°004 de 2007 cuyo objeto fue: “La
construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el municipio de
Aquitania –Boyacá” 51.
197. La Cooperativa Nacional para la Administración, Gestión y Desarrollo de
Entidades Territoriales Ltda. “CONGETER LTDA” y el Municipio de Aquitania
Boyacá celebraron el Convenio Interadministrativo N°005 de 2007, por medio del
cual dicha cooperativa se obligó con el municipio a “realizar la INTERVENTORÍA
TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES
SANITARIAS Y POZOS SÉPTICO (sic) PARA EL MUNICIPIO DE AQUITANIA” por
valor de $131.000.000 52.
198. El 18 de diciembre de 2007, se celebró un adicional modificatorio del
Convenio Interadministrativo núm. 005 de 2007, cuyo objeto fue, entre otros,
49 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de enero
de 2021; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 25000234100020120053401 […]”.
50 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de
diciembre de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
470012333000201400428011 […]”.
51 Cfr. Archivo “838568 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (123-129)”, contenido
en la Carpeta Principal 1 contenida a su vez en la carpeta “PRF 081-2013”, visible en el disco compacto N°1
que obra en sobre cerrado a folio 908 del expediente
52 Cfr. Folios 685 a 690 del cdno. ppal. N°2.
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adicionar al valor del convenio inicial la suma de $26.455.420.44, para que sea
utilizado en actividades complementarias necesarias para la interventoría técnica y
ambiental para la construcción de 120 unidades sanitarias (adicionales), para la
zona rural del Municipio de Aquitania – Boyacá53.
199. En la Convocatoria Pública para entidades Cooperativas núm. 005 de 2007,
se estableció en el capítulo V la necesidad de designar un profesional en el cargo
de director de interventoría en los siguientes términos:
“[…] CAPÍTULO V
CONDICIONES DEL CONTRATO (…)
5.2 INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN
Comprenden los documentos que en consideración del municipio se requieren para
efectuar una adecuada supervisión del contrato de interventoría, la aprobación de los
mismos, por parte de la entidad, constituye requisito previo para la adjudicación del
contrato; por lo tanto, el proponente ubicado en el primer lugar del orden de
elegibilidad deberá entregarlos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al
requerimiento que para tal fin le formule el municipio y la entidad verificará que los
mismos se ajusten a las exigencias de la presente base de contratación.
El proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad, incurrirá en causal
de rechazo de la propuesta, sin perjuicio de lo estipulado en el Numeral 3.2,
Subnumeral 4, cuando incumpla el término fijado para la entrega de la documentación
o cuando en el evento de presentarse deficiencias en los documentos no atienda la
solicitud dentro del término que en tal sentido le formule el municipio; cuando ello
ocurra, el municipio hará idéntico requerimiento al proponente calificado en segundo
lugar, y así sucesivamente, hasta lograr la adjudicación del contrato.
Personal profesional 1 1 Cantidad y cargos
El proponente deberá diligenciar el formato que se suministra en el Anexo No. 2 y
adjuntar la documentación que acredite toda la información allí requerida, del personal
profesional ofrecido para ocupar los siguientes cargos:
-Un (1) Director de Interventoría
-Un (1) Ingeniero Residente
-Un (1) Profesional en medio ambiente o en saneamiento básico […]”54.
200. El Director de Interventoría, designado por la Cooperativa Nacional para la
Administración, Gestión y Desarrollo de Entidades Territoriales Ltda., fue la parte
demandante quien suscribió las actas e informes de interventoría relacionados con
53 Cfr. Folios 679 y 680 ibidem.
54 Cfr. Folios 25 y 26 del archivo “RICARDO JIMENEZ RAMOS PRF 081- 2013 ANEXO 6 (995-1146)”
contenido en la carpeta “ANEXO 6” contenida a su vez en la carpeta “PRF-081-2013-1” contenida en el disco
compacto N°2 que obra en sobre cerrado a folio 908 del expediente).
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la ejecución del Convenio Interadministrativo núm. 004 de 29 de marzo de 2007, en
calidad de director.
201. La Sala advierte que tanto el Auto de Formulación de Imputación núm.
001877 de 13 de agosto de 2014, como en el Auto núm. 0841 de 2018, por medio
del cual se profirió el fallo con responsabilidad fiscal, se adujo que, aunque la parte
demandante no ostentaba la calidad de gestor fiscal, su actuar omisivo, consistente
en la falta de seguimiento, control y vigilancia de la obra, contribuyó a que se
causara el detrimento patrimonial. Esto guarda una relación de conexidad próxima
y necesaria con el desarrollo de la gestión fiscal, puesto que omitió obligaciones
propias del contrato de interventoría y que debía realizar en calidad de director.
202. Al respecto, en el Auto de Formulación de Imputación núm. 001877 de 13 de
agosto de 2014 se adujo lo siguiente:
“[…] En cuanto a que la conducta de los interventores guarde una relación de
conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal, la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha precisado la noción de "o con
ocasión de esta" contenida en el artículo 1° de la ley 610 de 2000:
"El sentido unitario de la expresión “o con ocasión de esta” sólo se justifica en la
medida en que los actos que la materialicen comporten una relación conexidad
próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada
caso se impone examinar sí la respectiva conducta guarda alguna relación para
con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene
una entidad material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción,
programas. actos de recaudo, administración. inversión, disposición y gasto, entre
otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus
respectivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares
responsables del manejo de fondos o bienes del Estado." (C-840 agosto 8 de 2001).
Acepción jurídica y técnica de la expresión “con ocasión de ésta”: “De tal manera que
resulta irrelevante que el cargo del actor no fuera de Expediente 25000-23-41-2018-
01176-00 Actor: Reinaldo Rodríguez Reina Nulidad y restablecimiento del derecho 40
manejo o que dentro de sus funciones no estuviera la de recaudar dineros, sino que
lo verdaderamente trascendente es que con su conducta contribuyó al detrimento
patrimonial de la EDIS, pues la entidad dejó de percibir los dineros que le
correspondían por los servicios prestados en el cementerio central, dineros de los
cuales se aprovechó el demandante, al permitir que los valores por concepto de
inhumaciones y exhumaciones no ingresaran a las arcas de la entidad” Prov.
radicación 25000-23-24-000-1996-8485-01 (7370) 27 marzo 2003.
“No sobra recordar que la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “con ocasión
de ésta”, contenida en el artículo 1° de la ley 610 de 2000, norma que regula
actualmente la materia, bajo el entendido de que los actos que materialicen la
responsabilidad fiscal comportan una relación de conexidad próxima y necesaria con
el desarrollo de la gestión fiscal”. (C-832 octubre 10/02).
(…)
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Lo anterior indica, que efectivamente hubo negligencia en el cumplimiento de las
obligaciones, por parte del Director de la Interventoría hacia la firma contratista, al no
actuar a tiempo para exigir la idónea y oportunamente ejecución de la obra,
incumpliendo igualmente el deber de informar oportunamente a la Administración
Municipal.
Así, una vez valorado el acervo probatorio hasta ahora recaudado, este Despacho
concluye que el Director de la Interventoría, enmarcó su obrar en una conducta
gravemente culposa, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil y artículo 6º
de la Ley 678 de 2001, tanto por infracción directa al convenio interadministrativo
No.005 de 2007, como por infracción a la ley, así del literal c) del artículo 118 de la
Ley 1474 de 2011, en la medida en que habría omitido el cumplimiento de
obligaciones propias del Director de la interventoría como son: no haber verificado y
controlado, desde sus inicios y semanalmente con la firma contratista la ejecución de
la obra y el no mantener informada a la Administración Municipal de los
incumplimientos del contratista, en cuanto a calidad de la obra, faltantes en las
cantidades de obra, con el agravante de recibir obras a satisfacción sin estar
totalmente terminadas. […]”55.
203. En el Fallo con Responsabilidad Fiscal núm. 0841 de 2018 se precisaron los
siguientes aspectos:
“[…] A. 1.2.5. INTERVENTORÍA.
De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 334, 365 y 366 de la C.N., que le asignaron
al Estado la dirección General de la economía y la intervención, por mandato de la Ley,
en los servicios públicos, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo
objetivo fundamental el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de
la población entre los que se encuentra la solución de las necesidades insatisfecha de
salud, saneamiento ambiental y de agua potable para la ejecución de obras y/o diseños
propios del sector, será obligatoria la interventoría permanente o transitoria. (...).
La interventoría tendrá funciones técnicas y administrativas previstas en el presente
reglamento y será responsable civilmente por la omisión o deficiencia del desempeño de
la misma, así como por los hechos que le fueren imputables y que causen daño o
perjuicio a las entidades prestadoras y/o usuarios del servicio”
Por eso es que en el Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal, se le
manifestó
“Si el Director de la Interventoría, como era su obligación, hubiera desde un comienzo
ejercido vigilancia permanente en cuanto al cumplimiento por parte del Contratista de las
especificaciones técnicas, acordes a los planos arquitectónicos, estructurales y técnicos
de las unidades sanitarias; señaladas en la Convocatoria Pública para Entidades
Cooperativas No. 005-2007, y en el Convenio Interadministrativo, habría advertido que
sobre las correcciones en la ejecución de las unidades sanitarias y no hubiese permitido
que a los beneficiarios se les entregara las unidades sanitarias con tantas falencias de
calidad y cantidad que perjudican el normal funcionamiento de dichas obras.
Es decir, que hubo por parte del Director de la Interventoría, falta de seguimiento,
control y vigilancia de la obra, con el agravante de que recibió unidades sanitarias a
satisfacción, aportando o entregando como soportes de obra terminada actas de
entrega y recibo de ellas firmadas por los beneficiarios, como si estuvieran talmente
terminadas, lo que constituye falta gravísima al deber de ejercer una correcta vigilancia
55 Cfr. Folios 109 a 117 del cuaderno núm. 1 del expediente
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en la ejecución de la obra, la que se supone debería entregarse totalmente terminada y
acorde a unas cantidades de obra estipuladas en el Convenio Interadministrativo N°004
de 2007, y en las diferentes modificaciones que se hicieron […]”56.
204. En ese mismo orden, cabe resaltar que, según lo establecido en el numeral
5.3 del pliego de condiciones para la contratación de la interventoría, el alcance del
contrato y los trabajos a realizar se definen en los términos siguientes:
“[…] 5.3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
5.13.1. FUNCIONES TECNICAS.
5.3.1.1. Revisión del proyecto. El interventor deberá revisar los planos del proyecto y
sus obras complementarias con el fin de conceptuar sobre las modificaciones
requeridas. Así mismo avalará las fuentes materiales de acuerdo con los resultados
de los ensayos de laboratorio que realice. Mensualmente, y anexo al acta de obra del
contratista, la interventoría deberá presentar un informe en el cual se consigne el
estado de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y
contractuales"
5.3.1.2. Entrega del proyecto al contratista.
El interventor entregará al contratista el proyecto debidamente revisado, lo mismo que
la localización en el terreno del proyecto. El Director y residente de la interventoría
procederán con el Contratista analizar los planos y especificaciones del proyecto, así
como los programas de obra y de inversiones, las fuentes de materiales y requisitos
de la mano de obra, la seguridad de los trabajadores y del público y, además, todo
aquello que conlleve a una adecuada y eficiente realización de la obra. En general,
se establecerán las pautas sobre la ejecución, dirección y control de la obra "
5.3.1.4. Interventoría ambiental. Tiene como objetivo fundamental, la coordinación
de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las
obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, sean
implantados para lograr el objetivo de minimizar los efectos ambientales negativos y
maximizar los positivos, buscando un equilibrio entre el desarrollo de la región y la
preservación de los recursos naturales. (…)
5.3.1.6. Elaboración de planos de detalles. La interventoría deberá elaborar planos
de detalles de las obras, en todos los casos que sean necesarios, y especificar los
pormenores de éstas cuando en los planos generales del proyecto no existan.
5.3.1.7. Control de calidad. El interventor realizará los ensayos de campo y de
laboratorio, y de control de materiales en las actividades de construcción con las
normas y especificaciones de construcción vigentes e informará al Municipio su
resultado dentro del informe mensual de interventoría.
5.3.1.8. Cambio o modificaciones en el diseño. Cuando por razones técnicas,
económicas o de otra índole, el Contratista solicite cambiar o modificar el diseño inicial
del proyecto, se dirigirá al interventor, quien analizará cuidadosamente todos los
documentos del contrato, y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses
del municipio, solicitará autorización indicando la cantidad, los costos directos, valor
total y la respectiva justificación.
56
Cfr. Folios 538 a 540 del cuaderno núm.1 del expediente.
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5.3.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.
Además de estudiar el proyecto, el interventor analizará el contrato, el pliego de
condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto57.
205. Conforme a lo expuesto, las funciones asignadas a la parte demandante en
su calidad de director de la interventoría técnica y ambiental del Convenio Núm. 004
de 2007 incluyen: i) la revisión de planos del proyecto y sus obras complementarias;
ii) la presentación mensual de informes que consignen el estado actual de la obra;
iii) la entrega al contratista del proyecto debidamente revisado; y iv) el análisis de
los planos y especificaciones del proyecto. Estas responsabilidades indican que
dicha persona contaba con los elementos necesarios para garantizar el
cumplimiento efectivo del convenio interadministrativo Núm. 004 de 2007 y su
modificación del 18 de diciembre de 2007, siendo su deber establecer las directrices
para la ejecución y supervisión de la obra, así como todo lo relacionado con la
interventoría ambiental.
206. Ahora bien, se reitera que esta Sección de la Corporación ha señalado que
es viable declarar la responsabilidad fiscal del interventor del contrato por su actuar
negligente y omisivo que contribuye a causar el detrimento patrimonial 58.
207. En el caso sub examine, la Sala considera que, aunque la parte demandante
cumplía funciones de interventoría del contrato de obra, lo cual podría dar lugar a
declararlo responsable fiscal bajo determinadas circunstancias, la falta de prueba
del daño —primer elemento sobre el cual se sustenta la responsabilidad fiscal—
implica que se debe declarar la nulidad de los actos acusados.
208. Por todo lo expuesto, se impone revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, declarar la nulidad de los actos acusados, es decir, el Auto No. 0841 de
19 de junio de 2018, expedido por el Contralor Delegado Intersectorial No. 15 y el
Auto ORD. 80112-0178-2018 de 6 de agosto de 2018, expedido por el Contralor
General de la República, por las razones antes mencionadas.
El restablecimiento del derecho
57 Cfr. Folios 28 a 36 del archivo “RICARDO JIMENEZ RAMOS PRF 081- 2013 ANEXO 6 (995-1146)” contenido
en la carpeta “ANEXO 6” contenida a su vez en la carpeta “PRF-081-2013-1” visible en el disco compacto N°2
que obra en sobre cerrado a folio 908 del expediente).
58 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de
diciembre de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
470012333000201400428011 […]”.
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209. Ahora bien, la Sala advierte que el actor en el acápite de las pretensiones de
la demanda formuló las siguientes:
“[…] SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, a título de
restablecimiento del derecho, se disponga que el señor REINANDO RODIGUEZ
REINA, no es responsable fiscal, por lo tanto, se debe ordenar su exclusión
inmediata del boletín de responsables fiscales que reposa en la Contraloría General
de la República y en la Procuraduría General de la Nación.
TERCERA: Igualmente, se ordene el levantamiento inmediato de cualquier orden
de embargo proferido en contra de sus bienes.
CUARTA: Que a título de restablecimiento del derecho se le reconozca una suma
igual a CIEN SALARIOS MINIMO (sic) LEGALES MENSUALES VIGENTES, a título
de indemnización de perjuicios.
QUINTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en
el artículo 192 del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la
fecha de la promulgación de la resolución No. 1640, esto es desde el 30 de
septiembre de 2016 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al
proceso.
La Contraloría General de la República, dará cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del C.P.A.C.A. y si no se efectúa el pago en forma
oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena
dicho artículo […]”.
210. En primer lugar, la Sala declarará, a título de restablecimiento del derecho,
que la parte demandante no es responsable fiscal con ocasión de la expedición de
los actos acusados; en consecuencia, se ordenará su exclusión inmediata del
boletín de responsables fiscales que reposa en la Contraloría General de la
República y de la base de datos de la Procuraduría General de la Nación.
211. En relación con la tercera pretensión, la Sala ordenará a la parte demandada
el levantamiento de cualquier orden de embargo existente contra sus bienes con
ocasión de la expedición de los actos acusados declaradores nulos.
212. La Sala procederá a denegar la indemnización por daños y perjuicios
solicitada en la cuarta pretensión, toda vez que la parte demandante no ha logrado
demostrar, con las pruebas obrantes en el expediente, la existencia de perjuicios
derivados de la expedición de los actos acusados que han sido declarados nulos.
Conclusiones de la Sala
213. La Sala considera que no se configura el daño, debido a que la obra
contratada por el Municipio de Aquitania fue ejecutada beneficiando a la comunidad;
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por lo tanto, no hubo un detrimento patrimonial al Estado atribuible a la parte
demandante. Así, se desvirtúan los fundamentos de la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En
consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia.
Condena en costas
214. Visto el artículo 365 numeral 8.° de la Ley 1564 sobre condena en costas, y
atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que en el expediente no
aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la parte
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de 3 de agosto de 2023, en primera instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos acusados, es decir, el auto núm.
0841 de 19 de junio de 2018, expedido por el Contralor Delegado Intersectorial No.
15 y auto núm. ORD.80112-0178-2018 de 6 de agosto de 2018, expedido por el
Contralor General de la República.
TERCERO: ORDENAR a la Contraloría General de la República, a título de
restablecimiento del derecho: i) excluir a la parte demandada del boletín de
responsables fiscales y de la base de datos de la Procuraduría General de la Nación
en relación con los actos acusados declarados nulos; y ii) levantar cualquier orden
de embargo existente contra los bienes de la parte demandante con ocasión de la
expedición de los actos acusados declarados nulos.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones solicitadas por la parte demandante, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
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Núm. único de radicación: 250002341000 2018 01176 01
Demandante: Reinaldo Rodríguez Reina
QUINTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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