Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00168-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00168-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2019-00168-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
14 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 250002341000 2019 00168 01
Demandante: Luis Francisco Cardozo Montaña, Edwin Farley Pérez y Fabián
Mauricio Santos Fonseca
Demandado: Contraloría General de la República
Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Daño patrimonial al Estado
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 29 de julio de 2021 por la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda1
1. Los señores Luis Francisco Cardozo Montaña, Edwin Farley Pérez Chaparro y
Fabián Mauricio Santos Fonseca2, en adelante la parte demandante, presentaron
demanda contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte
1 Cfr. folios 1 a 67 del Cuaderno principal núm. 1 del expediente
2 Por intermedio de apoderado
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2
Núm. único de radicación: 250002341000 2019-00168 01
Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que declare LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
identificado como Auto No. 841 del 19 de junio de 2018 proferido dentro del
proceso de Responsabilidad Fiscal, No. 2014-03515-UCC-PRF-081-2013, el 19 de
junio de 2018 por el Contralor Delegado Intersectorial No. 15 del Grupo para
conocimiento y trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal relacionados con el
Sistema de Regalías, adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción de la Contraloría General de la República, mediante el cual resolvió fallar
con responsabilidad fiscal en contra de mis representados por un presunto detrimento
fiscal de habría afectado al Municipio de Aquitania – Boyacá.
Esto teniendo en cuenta los cargos que se presentan y sustentan en adelante, que
demuestran las dolencias de la actuación que se persigue con el medio de control ya
indicado, especialmente concretadas esas dolencias, en que se falló con
responsabilidad fiscal cuando el daño por el cual se adelantó la actuación ya había
desaparecido.
Los actos Administrativos demandado violan las normas que rigen la acción fiscal en
la Ley 610 de 2000 y la ley 1474 de 2011, que imponen la certeza de la existencia
real actual y debidamente cuantificada del detrimento al patrimonio público.
Como en este caso, el daño al patrimonio público ya no existía por superación
satisfactoria de todas las fallas inicialmente detectadas, procedía era la cesación de
la acción fiscal, la declaración del correspondiente beneficio de control fiscal a favor
de la entidad afectada y el archivo del expediente, en cambio de dictar un fallo con
responsabilidad fiscal que en estas condiciones se convierte en un acto nulo por falta
de competencia de la Contraloría para proferirlo, y que, contrario al espíritu de la Ley
610 de 200 (sic) y 1174 de 20111 (sic), se constituye en arbitrario y menoscabo el
patrimonio de mis poderdantes sin justificación valida en favor del Municipio de
Aquitania.
SEGUNDA.- Que se declare la nulidad del AUTO No. ORDF 80112-0178 de 2018,
del 6 de agosto de 2018, proferido por el Señor Contralor General de la República,
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. Ord No. 2014-03515-081 que
confirmó con modificación el AUTO No. 0841 del 19 de junio de 2018, que declaró
responsables fiscales a mis mandantes en cuantía de $ 3.843.392.769, por cuanto en
manifiestamente contrario a la Constitución y a las normas internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad en cuanto al debido proceso legal; como
consecuencia y en el mismo sentido que se deje sin efecto el AUTO No. 0841 del 19
de junio de 2018, proferido dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal, No. 2014-
03515-UCC-PRF-081-2013, el 19 de junio de 2018 el Contralor Delegado
Intersectorial No. 15 del Grupo para conocimiento y trámite del Proceso de
Responsabilidad Fiscal relacionados con el Sistema de Regalías, adscrito a la Unidad
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la
República, mediante el cual resolvió fallar con responsabilidad fiscal en contra de mis
representados. Todo lo anterior, teniendo en cuenta los cargos que se establecen y
3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
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Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
sustentan en adelante, que demuestran las dolencias de la actuación que se pretende
perseguir con el medio de control ya indicado.
TERCERA.- Que se declare la pérdida de competencia de Contraloría General de la
República, para adelantar los trámites actividades propias del cumplimiento del fallo
con responsabilidad fiscal CONTENIDO EN EL AUTO ORD-80112-0178 del 6 de
agosto del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF ORDINARIO No. 2014-
03515-081, por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción
fiscal, antes de la ejecutoria formal y material del fallo de segundo grado que conlleva
la ejecutoria del fallo de primera instancia No. 841 del 19 de junio de 2018, proferido
dentro del mismo proceso por el Contralor Intersectorial 15 del grupo para
Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal Relacionados con el
Sistema General de Regalías, adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción de la Contraloría General de la República. […]”
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“[…] CUARTA.- Como consecuencia de las pretensiones anteriores y, a título de
restablecimiento del derecho, se deje sin efecto la condena de responsabilidad fiscal
impuesta, se revóquen las medidas cautelares y se efectué el retiro de mis
mandantes, del boletín de responsables fiscales y demás registros estatales.
QUINTA.- Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que se deja sin
efecto el cobro que se haya iniciado en la Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República, por la suma de $3.843.392.769.99, o cualquiera otra
resultante de la cuantía que se les endilgó a mis poderdantes como detrimento del
patrimonio del Municipio de Aquitania-Boyacá; y que, en consecuencia, se ordene
devolver todas las actuaciones para su archivo en donde corresponda. […]”
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones4:
5. Refirió que los demandantes Luis Francisco Cardozo Montaña fungió como
alcalde del Municipio de Aquitania (Boyacá), desde el 1° de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2007; Edwin Farley Pérez Chaparro, ejerció como Secretario de
Planeación del municipio entre el 1° de noviembre de 2006 al 31 de diciembre de
2007; y Fabian Mauricio Santos Fonseca, fue Secretario de Planeación del
municipio desde el 1° de enero al 6 de noviembre de 2008.
6. Indicó que, en el Municipio de Aquitania (Boyacá) se desarrolló el “[…]
PROYECTO BPIN No. 1150024100000-FNR 30990 "CONSTRUCCION 500
UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE
4 Cfr. folios 1 a 67 del cuaderno principal núm. 1 del expediente.
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AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" […]”, por un valor de
$2.280.723.000.
7. Señaló que, el municipio de Aquitania (Boyacá) celebró dos Convenios
Interadministrativos con la organización Cooperativa para el desarrollo de los
municipios - CODECOL OC., el primero de ellos identificado con el núm. 004 de
2007, cuyo objeto fue la construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos;
y el segundo fue el núm. 005 de 2007, cuyo objeto fue la “[…] INTERVENTORIA
TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 500 UNIDADES
SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA- BOYACÁ
[…]”
8. Mencionó que, el Proyecto BPIN núm. 1150024100000-FNR 30990, fue
modificado con el proyecto “[…] FNR31315 […]” que tuvo por objeto la construcción
de 120 unidades sanitarias adicionales. Y en razón de ello, se produjo la adición
núm. 01 de 2007 que afectó el Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, el
cual adicionó al valor inicial la suma de $472.420.199,66; y en razón de ello, el valor
total fue de $2.530.493.087.66.
9. Sostuvo que, el Convenio Interadministrativo núm. 005 de 2007, tambien fue
adicionado con el objeto de realizar la interventoría técnica y ambiental a las 120
unidades sanitarias adicionales, de manera que su cuantía final se elevó a
$157.455.420.34.
10. Señaló que, mediante la Resolución núm. 0905 de 16 de noviembre de 2011, el
Municipio de Aquitania (Boyacá), declaró el siniestro de la orden contractual
respecto del Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, y como consecuencia
del mismo y de la denuncia núm. 2011-17194-82111, la Contraloría Delegada de
Minas y Energía realizó un seguimiento del anticipo entregado al contratista,
configurándose un hallazgo administrativo, en el cual se indicó:
“[…] El Municipio de Aquitania (Boyacá) […] pagó a dicho contratista el valor
correspondiente a 225 unidades sanitarias de la cuales, 69 unidades no fueron
construidas, 21 unidades fueron construidas directamente por las personas a quienes
se esperaba beneficiar (con sus propios recursos), 8 unidades 'se construyeron en
viviendas deshabitadas o abandonadas y se encuentran sin funcionamiento alguno y
127 unidades quedaron inconclusas y/o con distintas deficiencias, lo cual no ha
permitido su uso y disfrute, generándose así un presunto detrimento por valor de
$856.150.560.
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Así mismo, el sistema diseñado para el tratamiento de las aguas residuales de estas
unidades sanitarias contemplaba el suministro e instalación de un (1) tanque séptico
de 1.000 litros, el suministro e instalación de una (1) trampa de grasas y la
construcción de un campo de infiltración. A pesar de ello, dentro de las cantidades de
obra del convenio interadministrativo' NO.004 de 2007 solo se incluyó el item
'suministro e instalación de un tanque séptico de 1.000 litios", es decir, el convenio
incluyo solo uno de los tres (3) componentes del sistema de tratamiento diseñado. No
obstante, lo anterior, sin los debidos argumentos técnicos al inicio de la ejecución
contractual se reduce a la mitad la capacidad del tanque séptico, pasando de un
tanque de 1.000 litros de capacidad, a un tanque de solo 500 litros y se elimina su
instalación. Debido a esto, buena parte de los tanques suministrados se encuentran
sin instalar en el interior o exterior de las viviendas de los beneficiarios, o utilizados
para fines totalmente distintos al objeto de los diseños (usados como materas,
tanques de reserva de agua limpia, etc.) […] generándose así un presunto
detrimento por valor de $56.774.788.80
[…] Ante este incumplimiento por parte del contratista, el 16 de diciembre de 2011, la
administración municipal declara la existencia de siniestro dentro del convenio 004 de
2007, resuelve hacer efectiva la póliza de seguros del convenio […] configurándose
así un hallazgo administrativo con alcance fiscal por presunto detrimento
patrimonial en cuantía de $115.763.750.41.
Estos tres hechos configuran un hallazgo administrativo con alcance fiscal en
cuantía a acumulada de $1.028.689.099.21, por presunto detrimento patrimonial
[…]” (Negrillas y subrayado del texto original)
11. Indicó que, mediante Auto núm. 001306 de 9 de agosto de 2013, se dio apertura
al proceso de Responsabilidad Fiscal núm. UCC-PRF-081-2013 (posteriormente
identificado con el núm. 2014-03515-UCC-PRF-081-2013).
12. Refirió que, los demandantes rindieron versión libre, y al respecto resaltó
respecto a cada uno que:
“[…] LUIS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, ejerció su derecho de defensa frente
a lo expuesto en la (sic) auto apertura en relación con las "presuntas irregularidades
en la ejecución de los Convenios Interadministrativos No.004 de marzo 29 de 2.007 y
No. 005 del 30 de marzo del 2.007”, en cuantía de $1.092.697.444,18 SIN INDEXAR."
[…]
EDWIN FARLEY PEREZ CHAPARRO, ejerció su derecho de defensa frente a lo
expuesto en el auto de apertura en relación con las "presuntas irregularidades en la
ejecución de los Convenios Interadministrativos No. 004 de marzo 29 de 2.007 y No.
005 del 30 de marzo del 2.007”, en cuantía de $1.092.697.444.18 SIN INDEXAR"
FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, ejerció su derecho de defensa frente a lo
expuesto en la auto apertura en relación con las "presuntas irregularidades en la
ejecución de los Convenios Interadministrativos No. 004 de marzo 29 de 2.007 y No.
005 del 30 de marzo del 2.007, en cuantía de $1.092.697.444.18 SIN INDEXAR.” […]”
13. Mencionó que, a través del Auto núm. 001877 del 13 de agosto de 2014, se
efectuó la imputación de responsabilidad fiscal, entre otros, contra la parte
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demandante, en cuantía de $ 2.569.238.405.62, por los mismos hechos contenidos
en el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, y además expuso que:
“[…] La IMPUTACIÓN […] recoge el contenido conceptual del hallazgo fiscal y que se
resume básicamente en que se diseñó y aprobó el tratamiento de aguas residuales
con el suministro e instalación de un tanque séptico de 1000 litros, el suministro de
instalación de una trama de grasas y la construcción de un campo de filtración, pero
que a pesar de ello dentro de las cantidades obra del convenio 004 de 2007 solo se
incluyó la instalación del tanque de 1000 litros y que "sin los debidos sustentos
técnicos, al inicio de la ejecución contractual se reduce a la mitad de la capacidad del
tanque séptico y no incluye los costos de instalación, hallazgo que concluye en que
el daño está en "los recursos que no se invirtieron en el cumplimiento total del
convenio […]
[…] los hechos generadores del daño fueron causados por la falta de planeación al
tiempo de estructurar el Convenio 004: (1) "por la falta de control de los dineros
entregados al contratista, al igual que la falta de seguimiento y supervisión del
cumplimiento estricto de los términos del contrato de obra, debido a que no se
respetaron o no se cumplieron las especificaciones técnicas contempladas en los
planos y diseños; (2) "El daño se genera porque el contratista no cumplió con el objeto
del contrato en el plazo y en las condiciones técnicas exigidas, igualmente la
interventoría no cumplió su función..." (3) "El daño se generó porque a pesar de existir
un diseño previo para determinar el sistema de tratamiento y la capacidad del tanque
(Tanque séptico de 1000 litros, trampa de grasas y campo de infiltración) al celebrar
el Convenio 004 de 2007 no se contrató el suministro e instalación del sistema séptico
completo, ni la construcción del campo de infiltración con el debido sustento técnico
(...) Además mediante Acta técnica de Modificación de Items de fecha 18 de abril de
2007 se decide reducir la capacidad de tanque (...) sin aducir razones con un
verdadero y debido sustento técnico, sin un diseño que lo soporte, no se adjuntó el
correspondiente formato de análisis de precios unitarios que aclarara si su precio
incluía o no la instalación" (...) (4) En la mayoría de los casos se entregó el tanque sin
instalar, lo que conllevó a que la mayoría de los beneficiario visitados hubiera tenido
que construir por su cuenta un pozo séptico en ladrillo y no hayan ni estén dando el
uso adecuado a dichos tanques, por lo tanto el sistema de tratamiento de aguas
residuales en ningún caso cumplió ni cumple con las especificaciones de diseño,
desconociéndose el problema ambiental y las dificultades de contaminación (5) Se
pagaron sumas al contratista sin cronograma de obra y sin exigirle el cumplimiento de
los plazos previstos para la entrega, y los pagos superaron o realmente invertido en
obra, y finalmente (6) Lo que ha debido hacer la alcaldía era contratar por unidades y
no por cantidad de obra.
“[…] cuantifica el daño en $2.530.493.087.66 del valor del convenio 004, restándole
los $ 118.710.102.38 que no se giraron, y adicional $157.455.420.34 del convenio de
interventoría, para un total de $ 2.569.238.405.62, advirtiendo que el daño es actual
porque hasta ese momento (fecha del auto de imputación) no han sido entregadas
[…]”
14. Resaltó que, una vez realizada la imputación la parte demandante rindió
descargos así:
“[…] LUIS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA expuso que no se le puede atribuir
todo el valor del contrato porque el dejó su cargo cuando había ejecución de más del
90% de la obra. Concretamente se defendió de los cargos relativos al pago de las
obras que estaban incompletas, que no se ejecutaron, o que fueron abandonadas o
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destruidas por los usuarios, o porque los titulares no corresponden a los nombres
inicialmente enlistados.
Se puede resumir que todos los temas de su defensa se encaminaron a desvirtuar el
daño y su cuantía, especialmente rechazando que se le atribuya la totalidad del valor
del contrato por hechos que en el transcurso del tiempo fueron desvirtuados o
corregidos porque la ejecución continuó hasta terminar lo pactado. Las condiciones
de las obras en el momento de los descargos no es la misma que ofrecían cuando se
produjeron las visitas que dieron origen al proceso.
Solicitó visita al sitio de ejecución del convenio 004 para comprobar la existencia
actual de las obras reclamadas y con ello la inexistencia actual del daño.
[…]
EDWIN FARLEY PEREZ CHAPARRO, se defendió del cargo de incumplimiento de
sus deberes de supervisor, adujo no haber hecho nada ni poder evitar nada que diera
como resultado el daño y la cuantía que se le atribuye. Explica que el cambio de
capacidad de los tanques fue debidamente justificado y que no afectó los precios ni
la funcionalidad de la obra contratada. Su defensa se puede concluir en que no hay
certeza del daño en general como tampoco la hay que su actividad haya producido
daño alguno
FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, alega que no se le puede atribuir la cuantía
del daño por todo el valor del convenio 004 pues su desempeño como supervisor fue
apenas del primero de enero de 2002 al 6 de noviembre de mismo año, lapso durante
el cual se produjeron suspensiones. Presentó versión libre por escrito y dijo que
cuando ingresó como secretario de planeación ya se había verificado el cumplimiento
del 93% de la obra según se le presentó la información, ya con las modificaciones, en
las cuales no tuvo la oportunidad de intervenir ya para patrocinarlas ya para oponerse
a ellas.
Todos los temas de su defensa se encaminaron a desvirtuar el daño y su cuantía,
especialmente rechazando que se le enrostre el total del valor del contrato por hechos
en los que no intervino. Se queja de que la imputación no discrimina qué parte del
daño pudo ser originada en su actividad y por qué. […]”.
15. Refirió que, en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal se allegó un
informe técnico sobre los hechos materia del proceso, sustentado en la visita técnica
a las obras que debían realizarse. Documento que, una vez puesto en
conocimientos de los investigados fiscales, solicitaron aclaración y/o
complementación del mismo, la cual fue negada por considerar que “[…] no se trata
de objeciones técnicas ni petición de aclaración o adición como lo dispone la norma
aplicable al caso […]”.
16. Mencionó que, el Departamento Nacional de Planeación - Dirección de regalías
interventoría administrativa y financiera - control, vigilancia y evaluación de impacto
de las regalías, realizó una visita al proyecto de construcción de las 500 unidades
sanitarias y pozos sépticos y entre las actividades desarrolladas, el equipo técnico
hizo un comparativo entre lo pactado en el proyecto y lo realmente ejecutado y como
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resultado de esa labor se estableció que “[…] se generaron 3 actividades nuevas,
se suprimieron 3 actividades inicialmente aprobadas, generándose una reducción
en el costo del proyecto. […]"
17. Expuso que, entre las conclusiones a las que se llegaron en la visita realizada
se observó que "[…] el proyecto se encuentra terminado en condiciones diferentes
a las aprobadas por lo cual se debe tramitar el ajuste ante el Ministerio sectorial; el
proyecto cumple con el objeto propuesto en el proyecto aprobado […]".
18. Señaló que, dentro del proceso administrativo sancionatorio correctivo, el Fondo
Nacional de Regalías emitió la Resolución núm. 706 de 29 de diciembre de 2017,
por medio de la cual “[…] resolvió decretar la pérdida de fuerza ejecutoria del
proyecto BPIN 1150024100000 FNR 30990 […] y dispuso el reintegro de
$2.189.072.013, en razón de que el Municipio no contaba con el concepto favorable
del viabilizador de los cambios efectuados al momento del cierre […]” (Subrayado
del texto original); e igualmente, a través de la Resolución núm. 708 de 29 de
diciembre de 2017, “[…] resolvió decretar la pérdida de fuerza ejecutoria del
proyecto BPIN 1150026010000 FNR 31315 CONSTRUCCIÓN DE 120 UNIDADES
SANITARIAS […] y dispuso el reintegro de $448.987.968 […]”.
19. Contra las anteriores decisiones, el Municipio de Aquitania (Boyacá) presentó
recurso de reposición, y en razón de ello, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio - Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento,
efectuó una vista técnica el 21 de marzo de 2018 al sitio de ejecución de las obras,
y de la revisión a cada unidad sanitaria encontró “[…] ejecución completa y
satisfactoria de 455 unidades de las 500 del Proyecto FNR 30990 y 104 de las 120
del proyecto FNR 31135 […]”.
20. Al respecto, indicó que “[…] El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento emitió
CONCEPTO FAVORABLE al PROYECTO FRN30990, teniendo en cuenta que el
proyecto no presentó una variación técnica que afectara las condiciones de
construcción y funcionalidad, ya que las modificaciones se fundamentaron en el
cambio de usuarios y variaciones de las actividades y cantidades de obra del mismo,
el cual remitió a la Alcaldía de Aquitania mediante oficio radicado DPNP No.
20186630189132 del 11 de abril de 2018; y con Radicado DNP 20186630189142
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Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
El 11 de abril de 2018 la Directora de Programas del Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio emite concepto favorable a las modificaciones del proyecto FNR31315
teniendo en cuenta que el proyecto no presentó una variación técnica que afectara
las condiciones de construcción y funcionalidad, ya que las modificaciones se
fundamentaron en el cambio de usuarios y variaciones de las actividades y
cantidades de obra del mismo […]”.
21. Resaltó que, el Fondo Nacional de Regalías mediante Resolución núm. 072 del
15 de mayo de 2018, resolvió revocar la Resolución núm. 0706 la cual había
ordenado al Municipio de Aquitania (Boyacá) reintegrar $2.189.072.013, y en su
lugar dispuso la liquidación del convenio; y a través de la Resolución núm. 073 del
17 de mayo de 2018, revocó la Resolución núm. 0708 que había ordenado el
reintegro de $448.987.968.
22. Precisó que, el señor Luis Francisco Cardozo Montaña, solicitó adjuntar al
proceso de responsabilidad fiscal las resoluciones indicadas supra, así como
también se adjuntará copia del Oficio SP29 de 15 de marzo de 2018, por medio del
cual el Municipio de Aquitania (Boyacá) radicó los documentos indicados para
obtener el concepto favorable, petición que no fue atendida por la parte demandada.
23. Señaló que, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal núm. 2014- 03515-
UCC-PRF-081-2013, mediante Auto núm. 841 del 19 de junio de 2018, falló con
responsabilidad fiscal, entre otros, contra las personas que integran la parte
demandante y afirmó que “[…] La razón principal para fallar con responsabilidad
para todos mis representados, y en relación con el hecho generador del daño, ya
no fue el incumplimiento de lo pactado en los convenios en cuanto a lo que se pagó
por la cantidad de obra ejecutada entregada, sino que, se adujo para todos ellos
que las unidades sanitarias no se acomodaron a las "Especificaciones → Técnicas
de Obra" […]”.
24. Y precisó que, la parte demandada sostuvo que “[…] "Los desagües
subterráneos para aguas negras servidas se construyen en Tubería Sanitaria PVC
de 3" y 2" con sus respectivos accesorios para los puntos sanitarios esta agua será
(Sic) conectadas a una caja de inspección la cual ya está construida para luego ser
llevadas al pozo séptico respectivo arrojadas a zonas verdes existentes, a través de
campo de infiltración y las ultimas algunas (Sic) tendrán sistema de recolección
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independiente. Del numeral anterior y de este documento, comprueba la necesidad
imperiosa de la trampa de grasa y el campo de infiltración" […]”
25. Señaló que, contra el fallo de responsabilidad fiscal se interpuso recurso de
reposición en el cual se mencionó que el detrimento patrimonial del Estado ya no
existía en atención a que “[…] para ese momento - 27 de junio de 2018- las unidades
sanitarias por las cuales el Municipio erogó los recursos estaban - como lo están
ahora- construidas de manera satisfactoria y en pleno funcionamiento y vuelve a
invocar la Visita del Viabilizador el 21 de marzo de 2018 […]”.
26. Refirió que, mediante Auto núm. ORD 80112-0178-2018 de 6 de agosto de
2018, se confirmó parcialmente el fallo de responsabilidad fiscal, y al respecto
aseveró que “[…] La Contraloría General de la República no cumplió el deber legal
y procesal de dar la debida publicidad […]” y mencionó que “[…] la constancia de
ejecutoria donde se lee que "En segunda instancia por medio del ORD-80112- 0178-
2018 del 6 de agosto de 2018, (...) notificado por anotación en lista de Estado No.
141 de 08 de agosto de 2018 […]”
Normas violadas
27. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 29, 209, 267 y 268 de la Constitución Política.
• Artículos 2, 4, 5, 6, 16, 22, 23, 24, 26, 28, 47, 53, 54, 55, 56, 57 y 66 de la Ley
610 de 20005.
• Artículos 3, 42, 66, 67, 68, 69, 72 y 87 de la Ley 1437 de 2011.
• Artículos 104, 105, 109 y 110 de la Ley 1474 de 20116.
• Artículos 289, 290, 292, 293, y 295 de la Ley 1564 de 20127.
Concepto de violación
28. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:
5 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías […]"
6 "[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública […]”
7 "[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”
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Primer Cargo: violación del debido proceso
29. Indicó que, “[…] El daño patrimonial por el cual se adelantó el proceso, no existe,
lo que implica que no se cumplió el presupuesto legal del artículo 53 de la Ley 610
de 2000, para dictar fallo con responsabilidad fiscal, norma que resultó
indebidamente aplicada. La norma llamada a gobernar el caso es el artículo 54 de
la aludida Ley 610 de 2000, que consagra el fallo sin responsabilidad fiscal, cuando,
como en este caso, se desvirtúen las imputaciones formuladas, pero que fue la
norma sustancial que resultó inaplicada por la Contraloría General de la República
[…]”.
30. La parte demandante abordó este cargo sustentándolo en los siguientes
subcargos:
“[…] Evento No. 1. La Contraloría les negó a los imputados el derecho de
contradicción que plantearon contra el informe Técnico que sirvió de
fundamento para el proferimiento del fallo con responsabilidad fiscal […]”
31. Sostuvo que, la parte demandada declaró la responsabilidad fiscal de la parte
demandante frente a un detrimento patrimonial que no existió y, al respecto resaltó
que, durante el trámite del proceso se solicitó aclaración y complementación del
informe técnico del 31 de marzo de 2016, sin embargo, la petición fue negada
argumentando que “[…] no se trata de objeciones técnicas ni petición de aclaración
o adición como lo dispone la norma aplicable […]”.
32. Señaló que “[…] De haberse escuchado la queja […] habría ordenado las
aclaraciones y adiciones y las pruebas que estimara necesarias para atender los
temas de inconformidad, y habría encontrado que efectivamente los productos
fueron entregados en su totalidad, pero que algunas ya están deterioradas por el
transcurso del tiempo, por el uso y por el abuso […]”, además afirmó que “[…] habría
tenido que concluir que no hay detrimento fiscal porque las obras fueron entregadas
conforme al proyecto y cumplen las funciones para las cuales fueron concebidas
[…]”.
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33. Resaltó que, el señor Luis Francisco Cardozo Montaña, como medio probatorio
solicitó se adjuntará copia del acta de la visita técnica realizada el 21 de marzo de
2018, petición que no fue atendida por la parte demandada.
“[…] Evento No. 2. La demandada se negó a practicar y/o valorar las pruebas
pedidas por los imputados y que llevaban a probar la ausencia de daño fiscal
por la ejecución satisfactoria de las obras y su funcionalidad y también se
negó a evaluar integralmente y en conjunto, los elementos probatorios
militantes en el expediente […]”
34. Adujo que, se configuró la vulneración al debido proceso ya que al “[…] negarse
a valorar las pruebas pedidas por los imputados y que llevaban a probar la ausencia
de daño fiscal por la ejecución satisfactoria de las obras y su funcionalidad conforme
a lo propuesto en los proyectos que inspiraron los convenios, especialmente la visita
técnica al sitio de ejecución de los convenios […]”.
35. Resaltó que “[…] durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal
surgieron hechos que desvirtuaron la existencia actual del daño patrimonial […]” y,
mencionó que “[…] Tampoco se le dio una mirada objetiva a la prueba traslada (sic)
del expediente contractual que reposa en la Alcaldía de Aquitania y cuyas copias
han sido aportadas en lo más relevante al proceso de responsabilidad fiscal, como
los conceptos favorables emitidos por la Directora de Programas del Viceministerio
y Saneamiento Básico sobre modificaciones al Proyecto FNR 30990, teniendo en
cuenta que “el proyecto no presentó una variación técnica que afectara las
condiciones de construcción y funcionalidad y que las modificaciones se
fundamentaron en el cambio de usuarios y variaciones de las actividades y
cantidades de obra del mismo” […]” (Negrilla y subrayado del texto original)
36. Finalmente, sostuvo que “[…] Contrariamente a la demostración de la existencia
del daño al patrimonio público, lo que hay en el proceso son pruebas que
demuestran que el presunto daño fiscal con el que se abrió el proceso, y que fue el
núcleo de la imputación, no existía para el momento en que se profiere el fallo de
primera instancia, porque las baterías sanitarias fueron construidas conforme a los
planos, con excepción de las modificaciones aprobadas por el viabilizador, y que
todas están en funcionamiento […]”
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“[…] Evento No. 3. La Contraloría General de la República se negó a resolver,
ya para conceder, ya para negar, la petición de nulidad planteada por uno de
los vinculados contra lo resuelto en el auto No. 841 del 19 de junio de 2018
que contiene el fallo de primer grado con responsabilidad fiscal […]”
37. Indicó que, mediante el Auto núm. 947 de 18 de julio de 2018, la parte
demandada rechazó de plano la nulidad propuesta, argumentando que el fallo de
primera instancia, pone fin al proceso y que por lo tanto lo procedente es negar la
solicitud, actuar que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa.
“[…] Evento No. 4. La Contraloría General de la República, no cumplió
debidamente la notificación del AUTO núm. 0178-2018, desconociendo el
deber de darle publicidad necesaria para respetar el debido proceso y el
derecho de defensa […]”
38. Refirió que, el auto núm. 0178-2018 de 6 de agosto de 2018, no debió notificarse
por estado, si no de forma personal, lo que conllevó la vulneración al principio de
publicidad del acto administrativo y del derecho al debido proceso y, sostuvo que,
no se cumplieron las formalidades de la notificación por estado, por lo que “[…] el
Auto no ha cobrado ejecutoria […]”.
Segundo Cargo: falta de competencia de la Contraloría para fallar con
responsabilidad fiscal y para ejecutar el fallo
39. Sostuvo que, “[…] A pesar de haberse probado el resarcimiento integral del daño
por el cual se dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal, y por el cual se
formuló la imputación; la Contraloría General de la República prosiguió con el
proceso sin tener competencia para ello, por haber desaparecido el objeto (daño)
de la acción fiscal […]”.
40. Aseveró que, “[…] proferido en sus dos instancias el irregular fallo con
responsabilidad fiscal en cuto trámite de notificación y ejecutoria sobrevino el
fenómeno jurídico de la prescripción, la Contraloría realizó una serie de actividades
para ejecutar las decisiones, sin tener competencia para ello, precisamente por
haber prescrito la acción fiscal, hecho que impide cualquier actividad como no sea
la declaratoria de la causal de improseguibilidad de la acción fiscal […]”.
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41. Señaló que “[…] la producción del fallo la Contraloría demandada fue mas allá
de su competencia que está limitada por el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, en
cuanto la acción fiscal solo tiene por objeto el resarcimiento del daño fiscal, pero no
una acción disciplinaria, ni moral o penal, ni de ninguna otra índole […]”.
42. Indicó que “[…] se probó el resarcimiento total del daño. Con las resoluciones
072 del 15 de mayo de 2018 y 073 del 17 de mayo de 2018 proferidas por el Fondo
Nacional de Regalías, que tuvo en cuenta las visitas al área de trabajo de los
ejecutores de los convenios y desde su contenido, la comprobación del
cumplimiento de las obras y el funcionamiento de las mismas con el beneficio
proyectado para el Municipio; y se refuerza la prueba con los conceptos favorables
a las modificaciones reprochadas por la Contraloría, conceptos emitidos el 11 de
abril de 2018 por la Directora de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Tercer Cargo: falsa motivación que conllevó a la violación de las normas en
que debieron fundarse los actos administrativos demandados
43. La parte demandante señaló que este cargo se configuró por el desconocimiento
de los principios constitucionales y del derecho al debido proceso, al respecto refirió
que “[…] la Contraloría General de la República dentro del proceso de
responsabilidad, no tuvo en cuenta las reglas de la motivación de los actos al
momento de fallar con responsabilidad el proceso, lo anterior porque no tuvo en
cuenta las pruebas aportadas y no las valoró en conjunto e integralmente, pruebas
que daban cuenta del cambio de la realidad de los hechos que se cuestionaron con
el auto de apertura, reproducidos en el auto de imputación de responsabilidad fiscal.
[…]”.
44. La parte demandante, basó sus argumentos en que la parte demandada no tuvo
en cuenta que dentro de los hechos probados en el proceso de responsabilidad
fiscal obraba documentación que daba cuenta el cumplimiento del objeto
contractual, y en ese sentido explicó que “[…] el Departamento Nacional de
Planeación, ordenó visita técnica al proyecto, diligencia que se llevó a cabo del 8 al
12 de abril de 2017, esto ocurre entre las etapas de imputación y fallo de primera
instancia […]”
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45. Señaló que “[…] Como resultado de la visita de inspección a las obras, el equipo
técnico del DNP estableció que: “Se generaron 3 actividades nuevas, se suprimieron
3 actividades inicialmente aprobadas, generándose una reducción en el costo del
proyecto. Resaltando como conclusión que: “el proyecto se encuentra terminado en
condiciones diferentes a las aprobadas por lo cual se debe tramitar el ajuste ante el
Ministerio sectorial; el proyecto cumple con el objeto propuesto en el proyecto
aprobado”; y finalmente informa los requisitos que debe cumplir el Municipio para
conseguir el ajuste […]”.
46. Refirió que se produjeron 3 hechos relevantes los cuales fueron desconocidos
por la parte demandada: i) el 21 de marzo de 2018, se realizó una visita técnica de
inspección a cada una de las unidades sanitarias construidas que dio como
resultado una ejecución completa y satisfactoria de 455 unidades de las 500 del
proyecto FNR 30990 y 104 de las 120 del proyecto FNR 31135; ii) se emitió
concepto favorable al proyecto debido a que “[…] el proyecto no presentó una
variación técnica que afectara las condiciones de construcción y funcionalidad […]”;
y, iii) el Fondo Nacional de Regalías los actos administrativos núms. 072 de 15 de
mayo de 2018 y 073 de 17 de mayo de 2018, decidió “[…] ordenar la liquidación del
proyecto y levantar la sanción que se habían impuesto […]”.
Cuarto Cargo: desviación de las atribuciones propias de la Contraloría, quien
profirió las actuaciones, lo que conllevó a la inaplicación de las normas de
carácter sustancial que debieron gobernar el caso (desviación de poder)
47. Aseveró que hubo “[…] violación de los principios constitucionales de legalidad
y debido proceso, que generó la irregularidad de desviación de poder, por no haber
declarado la cesación de la acción fiscal al haberse acreditado el resarcimiento del
perjuicio, aplicando erróneamente lo previsto en el artículo 53 de la ley 610 de 2000
para proferir fallo con responsabilidad, cuando verificado el material probatorio se
imponía el artículo 54 de la ley 610 de 2000 por haberse desvirtuado el daño
patrimonial […]”.
48. Adujo que “[…] La realidad procesal y fáctica indicó que los hechos generadores
del presunto daño fiscal, habían sido superados, no solo por la llegada de las
resoluciones del Fondo Nacional de Regalías, sino por el aporte del acta de visita
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realizada por la DIRECCIÓN DE REGALIAS INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN […]”.
49. Arguyó que se demostró la falsa motivación por error de hecho, determinado por
la no valoración integral de las pruebas y que “[…] con el proferimiento del fallo con
responsabilidad fiscal se persiguió un fin diferente al establecido por la Constitución
y la Ley para los procesos de responsabilidad fiscal, configurándose consecuencias
arbitrarias que nada tienen que ver con el resarcimiento de un daño patrimonial, ya
que este dejo de existir por la superación de los hechos que dieron origen al proceso
[…]”.
Quinto Cargo: desconocimiento del derecho de defensa por incongruencia
entre los cargos formulados y el fallo con responsabilidad fiscal
50. Afirmó que “[…] al no encontrar fundamento para producir fallo con
responsabilidad fiscal por inexistencia del daño patrimonial, procedió a mutar los
cargos los (sic) imputados para sustentar la declaración de responsabilidad fiscal,
hecho que genera el vicio de incongruencia que impide el adecuado ejercicio del
derecho de defensa […]”.
51. Sostuvo que “[…] entre la imputación y el fallo con responsabilidad fiscal existe
una serio (sic) alejamiento y diferencia sustantiva, siendo este hecho arbitrario,
agresor del derecho de defensa porque los afectados no tuvieron oportunidad de
presentar descargos por ese tema, pues hubieran podido alegar el hecho cierto de
que el efecto ambiental que no fue materia de pacto ni de consideración como
finalidad primordial de los proyectos […]”
Contestación de la demanda8
52. La Contraloría General de la República9 contestó la demanda, oponiéndose a
las pretensiones de la parte demandante y argumentando que la demanda carece
de fundamentos jurídicos y probatorios.
8 Cfr. Folios 691 a 700 del Cuaderno principal núm. 4 del expediente.
9 Por intermedio de apoderado.
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53. Frente a los cargos propuestos por la parte demandante señaló que respecto a
la presunta prescripción de la acción se advirtió que al proceso de responsabilidad
fiscal núm. 2014-03515-081 se dio apertura el 9 de agosto de 2013, mediante auto
núm. 001306 conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 610 de 2000, y el
fallo que declaró la responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 6 de agosto de
2018, toda vez que a través del auto núm. 0178 el Contralor General de la República
resolvió los recursos que fueron interpuestos contra el mencionado fallo.
54. Indicó que, la providencia por medio de la cual se resolvieron los recursos
interpuestos contra el fallo de responsabilidad fiscal debe realizarse conforme lo
dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, por lo cual no se conculcó
ningún derecho fundamental de la parte demandante.
55. Ahora bien, frente a la configuración del daño patrimonial señaló que “[…] La
Contraloría General de la República encontró probada la existencia de daño
patrimonial dentro del proceso de responsabilidad fiscal del cual fueron declarados
responsables los demandantes por cuanto las inversiones realizadas a través de la
suscripción de los convenios interadministrativos N° 4 (de obra) y N° 5 ( de
interventoría) de 2007, no lograron prestar un servicio sanitario a la comunidad del
Municipio de Aquitania, y por ende, omitiendo la construcción del sistema de
tratamiento de aguas residuales no se logró mitigar el daño ambiental por la
contaminación del lago de Tota y sus afluentes, para cuya finalidad fueron
aprobados los proyectos FNR 30990 y FNR 31515 por parte del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y que contemplaban un sistema de
tratamiento de aguas residuales individuales con los componentes de Unidad
Sanitaria, trampa de grasa, pozo séptico de 1000 litros y campo de filtración […]”.
56. Precisó que, se probó la configuración de los hechos generadores del daño así:
“[…] 1.- No se respetaron o no se cumplieron las especificaciones técnicas ni las
dimensiones contempladas en los planos y diseños sobre las cajas de inspección,
cantidad de enchape contratado, falta de construcción de murete de la ducha o sin
respetar las medidas del mismo donde se construyeron, incumplimiento total con el
sistema de tratamiento de aguas residuales diseñado al no contemplarse dentro del
convenio la construcción de la trampa de grasas y del campo de infililtración (sic).
[…]
2.- Como otro hecho generador del daño tenemos que a pesar de existir un diseño
previo para determinar el sistema de tratamiento y la capacidad del tanque, al celebrar
el Convenio 004 de 2007, no se contrató el suministro e instalación del sistema séptico
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completo, ni la construcción del campo de infiltración, con el debido sustento técnico,
además posterior a la celebración del Convenio mediante Acta Técnica de
Modificación de ítems de fecha 18 de abril 2007, se decide reducir a la mitad la
capacidad de dicha tanque sin aducir razones con un verdadero y debido sustento
técnico, sin un diseño que lo soporte, no se adjuntó el correspondiente formato de
análisis de precios unitarios que aclarara si su precio incluía o no la correspondiente
instalación […]”
57. Frente a la valoración probatoria y la presunta inexistencia del daño, señaló que:
“[…] el demandante Cardozo Montaña en su escrito de reposición y apelación alegó
que el proceso de responsabilidad fiscal adolecía de la estructuración del daño
teniendo en consideración las resoluciones números 072 del 15 de mayo de 2018 y
073 del 17 de mayo de 2018, expedidas por la Liquidadora del Fondo Nacional de
Regalías, que declararon cerrados los proyectos respectivamente; proyecto BPIN
1150024100000 FNR 30990 "Construcción unidades sanitarias y pozos sépticos en
el Municipio de Aquitania y el proyecto BPIN 115002601000 FNR 31315
"Construcción de 120 unidades sanitarias para la zona rural de Aquitania”.
No obstante, al realizar el análisis de dichos documentos se advirtió que los mismos
hacían una salvedad:
Es prudente aclarar que el concepto emitido por este Ministerio se circunscribe a la
revisión "técnica" de la ejecución del proyecto, bajo las condiciones descritas e
informadas por el Municipio de Aquitania - Boyacá. La supervisión, control financiero
y administrativo del proyecto y de los contratos suscritos corresponde al Fondo
Nacional de Regalías en Liquidación, por haber sido financiado por esa entidad. Por
lo anterior, este concepto técnico no evaluó estos aspectos.
Así mismo, nos permitimos señalar que el análisis efectuado sobre el proyecto se
realizó sobre la información suministrada por la Subdirección de Proyectos de la
Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación y
el Municipio de Aquitania y que su veracidad es total responsabilidad de dichas
entidades".
De esta manera el análisis de la Contraloría concluye que De lo anteriormente
expuesto, se puede evidenciar que dichos conceptos favorables no tienen un sustento
fáctico directo de observación técnica de todas las unidades sanitarias, ya que tan
sólo se hace mención de una sola unidad sanitaria visitada, sino que se basa más en
un análisis documental y de lo informado por la misma Alcaldía o Interventoría, y de
la información reportada igualmente por el DNP, quien hace un control de tipo
financiero y administrativo de los proyectos, según se desprende de lo expuesto en el
mencionado oficio […]”
58. Finalizó señalando que “[…] la Contraloría sí realizó un análisis integral del
extenso acervo probatorio que sirvió como base para la determinación del daño
fiscal y de sus responsables, se reitera por tanto, que la función constitucional
asignada en punto del control fiscal es autónoma e independiente de otro tipo de
procesos y controles administrativos adelantados por entidades públicas, se rige
bajo una normativa especial y con estándares de actuación diferenciados, ello no
obsta para que en ejercicio de sus funciones se acuda a la colaboración y apoyo de
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otras entidades pero sin que ello signifique que las decisiones tomadas en procesos
de responsabilidad fiscal pierdan su autonomía […]”
Sentencia apelada10
59. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 29 de julio de 2021, resolvió lo
siguiente:
“[…] 1°) Declárese la nulidad de los actos administrativos contenidos en los
siguientes documentos:
a) Auto número 0841 de 19 de junio de 2018 proferido por el Contralor Delegado
Intersectorial número 15 del Grupo para el Conocimiento y trámite del Proceso de
Responsabilidad Fiscal – Unidad de Investigaciones Especiales Contra la
Corrupción única y exclusivamente en cuanto se declaró responsables fiscales a
los señores los señores (sic) Luis Francisco Cardozo Montaña, Edwin Farley
Pérez Chaparro y Fabián Mauricio Santos Fonseca como conclusión del (sic)
dentro del proceso de responsabilidad fiscal número PRF-2014-03515-081.
b) Auto número ORD-80112-0178-2018 de 6 de agosto de 2018 proferido por el
Contralor General de la República por medio del cual se resolvió en grado de
consulta y apelación los recursos interpuestos contra el fallo con responsabilidad
fiscal número 0841 de 19 de junio de 2018, pero única y exclusivamente en cuanto
tiene que ver con la declaración de responsabilidad fiscal de los señors (sic) Luis
Francisco Cardozo Montaña, Edwin Farley Pérez Chaparro y Fabián Mauricio
Santos Fonseca.
2°) Como restablecimiento del derecho ordénase a la entidad demandada, esto es a
la Contraloría General de la República, dejar sin efecto única y exclusivamente la
condena de responsabilidad fiscal impuesta a los señores Luis Francisco Cardozo
Montaña, Edwin Farley Pérez Chaparro y Fabián Mauricio Santos Fonseca, revocar
las medidas cautelares decretadas dentro del proceso de responsabilidad fiscal
número PRF-2014-03515-081, abstenerse de realizar el cobro iniciado en la
jurisdicción coactiva de la Contraloría General de a República por la cuantía del
detrimento patrimonial endilgado a los responsables, y eliminar cualquier registro
donde aparezcan los señores Luis Francisco Cardozo Montaña, Edwin Farley Pérez
Chaparro y Fabián Mauricio Santos Fonseca como responsables fiscales, únicamente
en lo referente al proceso de responsabilidad fiscal número PRF-2014-03515-081.
3°) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
4°) Abstiénese de condenar en costas por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia. […]” Negrillas de texto original
Consideraciones en la sentencia proferida en primera instancia
10 Cfr. folios 764 a 798 del cuaderno principal núm. 4 del expediente.
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60. El a quo resolvió cada cargo propuesto por la parte demandante, y luego de un
análisis normativo y jurisprudencial resolvió la no prosperidad de los cargos primero
y quinto; y respecto a los cargos segundo, tercer y cuarto consideró que, por guardar
una relación sustancial y argumentativa fueron analizados de forma conjunta y como
resultado de ello, se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.
Sobre el primer cargo
61. El a quo analizó las actuaciones adelantadas en el proceso de responsabilidad
fiscal y consideró que en ninguna hubo vulneración del derecho de defensa y debido
proceso, e indicó que “[…] sin lugar a dudas, que los demandantes tuvieron la
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción […]”.
62. Respecto al reproche invocado frente a las pruebas solicitadas y decretadas en
el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, el a quo señaló que, la parte
demandada decretó las que legalmente consideró procedentes, conducentes y
útiles, y negó una prueba al considerar que no cumplía con los criterios previstos en
el artículo 168 del Código General del Proceso, circunstancia que no vulneró el
derecho de defensa de la parte demandante.
63. Otro de los argumentos expuestos por la parte demandante para sustentar la
vulneración al derecho de defensa y debido proceso fue que, la parte demandada
se negó a resolver una nulidad propuesta, al respecto el a quo indicó que en
atención a lo dispuesto en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, y de la lectura
realizada a la decisión adoptada por la Contraloría General de la República, la
misma se ajustó a derecho.
64. Finalmente frente al reparo que se realizó a la forma de notificación del auto
núm. ORD-80112-0178-2018 de 6 de agosto de 2018, precisó que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, las providencias que
deben notificarse personalmente en los procesos de responsabilidad fiscal son: i) el
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal; ii) el auto de imputación de
responsabilidad fiscal; y iii) el fallo de primera o única instancia; las demás
decisiones que de profieran dentro del proceso se notificaran por estado.
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65. Y en ese sentido, el auto núm. ORD-80112-0178-2018 de 6 de agosto de 2018,
por medio del cual se decidió el grado de consulta y los recursos de apelación
propuestos contra el fallo dentro del proceso de responsabilidad fiscal núm. PRF-
2014-035115-081, no debía notificarse personalmente, si no por estado como en
efecto se realizó.
Sobre el segundo, tercer y cuarto cargo
66. Respecto a la existencia del daño al patrimonio público, precisó que:
“[…] En ese marco es claro que la existencia del daño entendido este como "la lesión
del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado" es un elemento esencial para
proferir un fallo con responsabilidad fiscal, por ende ante la ausencia de dicho
elemento o el resarcimiento total del mismo la autoridad competente debe proferir un
fallo sin responsabilidad fiscal o archivar la actuación por cese de la acción fiscal pues,
así lo disponen los artículos 16 y 54 de la Ley 600 de 2000 […]”.
67. Y bajo el anterior concepto y luego de hacer revisión de las actuaciones
allegadas al expediente administrativo, señaló que, “[…] de las pruebas obrantes en
el expediente, que la parte actora logró demostrar la adecuada ejecución de los
proyectos FNR 30990 y FNR 31315 y el cumplimiento del objeto consignado en el
acto de aprobación ya que, si bien se evidenciaron obras realizadas en condiciones
diferentes a las cuales fue viabilizado el proyecto dichas modificaciones se
fundamentaron en el cambio de usuarios y variaciones de las actividades y
cantidades de obra del proyecto las cuales no afectaron las condiciones de
construcción y funcionalidad del mismo […]”.
68. Anotó que “[…] es especialmente relevante advertir que los actos administrativos
emitidos sobre el particular tanto por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial como por el Departamento Administrativo Nacional de
Planeación acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de
los demandantes de este proceso gozan de plena validez probatoria por cuanto no
fueron objeto de tacha alguna en este proceso jurisdiccional ni menos aún fue
desvirtuada la presunción de legalidad que los ampara […]”.
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69. Destacó que “[…] de los actos administrativos acusados se destaca que si bien
la Contraloría General de la República realizó un análisis probatorio para proferir el
fallo con responsabilidad fiscal dicha autoridad omitió valorar de manera integral las
pruebas aportadas al proceso toda vez que, en el transcurso del mismo se allegaron
piezas procesales idóneas y eficaces que demostraban la debida ejecución de los
proyectos FNR 30990 y FNR 31315 y el cumplimiento del objeto dispuesto en el
acto de aprobación, sin embargo, la entidad demandada resolvió fundamentar su
decisión en un informe técnico practicado el 31 de marzo de 2016 el cual no
evidenciaba la realidad fáctica de los hechos que dieron origen al proceso de
responsabilidad fiscal […]”.
70. Consideró que “[…] como en el presente asunto se estableció la no generación
del pretendido daño al patrimonio público se tiene que la decisión adoptada por la
Contraloría General de la República adoptada en el Auto número 841 de 19 de junio
de 20018 desconoció el objeto del proceso de responsabilidad fiscal el cual, según
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 600 de 2000 corresponde al resarcimiento de
los daños ocasionados al patrimonio público pues la naturaleza del proceso es
netamente resarcitoria […]”.
71. Y precisó que “[…] Sin perjuicio de lo anterior debe precisarse igualmente que
la imputación de cargos fiscales y la declaración de responsabilidad fiscal decretada
en contra de la personas que integran la parte demandante en este proceso nunca
y en modo alguno tuvieron por contenido y alcance un supuesto daño patrimonial
por razón de una entrega tardía de las obras contratadas, esa no fue la acusación
y menos la razón de la declaración de responsabilidad contenida en los actos objeto
de la demanda, circunstancia por la cual en respeto y garantía efectivos de los
derechos constitucionales del debido proceso y defensa no es posible trastocar o
cambiar ahora el fundamento del reproche de la conducta fiscal endilgada en su
momento a los demandantes pues, estos tan solo estaban en el deber de responder
y defenderse de los hechos y conductas que en su momento les fueron imputados
[…]”.
72. Concluyó indicando que “[…] dada la inexistencia del daño como elemento
esencial para proferir un fallo con responsabilidad fiscal, el desconocimiento del
objeto del proceso adelantado por la Contraloría General de la República y la
indebida valoración probatoria realizada por la entidad para proferir el fallo en el que
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declaró responsables fiscales a los señores Luis Francisco Cardozo Montaña,
Edwin Farley Pérez Chaparro y Fabián Mauricio Santos Fonseca, entre otros, se
tiene que los motivos de inconformidad expuestos por la parte actora en los cargos
segundo, tercero y cuarto de la demanda están llamados a prosperar debido a que
la valoración integral y debida del material probatorio allegado al expediente
administrativo concluyó con los actos administrativos objeto de juzgamiento en el
proceso de la referencia permiten concluir en la tesis exactamente contraria a la
sostenida y definida en aquellos, esto es, que no había lugar a declarar fiscalmente
responsables a las personas ahora demandantes, valoración equivocada que no
cuenta con justificación y que por tanto los afectados con tal actuación no están en
el deber jurídico de soportar, razón por la cual debe declararse la nulidad de los
actos demandados […]”.
Sobre el quinto cargo
73. El a quo sostuvo que el cargo no estaba llamado a prosperar en atención a que,
de la lectura del auto núm. 001877 de 13 de agosto de 2013, por medio del cual se
realizó la imputación de responsabilidad fiscal y del auto núm. 0841 de 19 de junio
de 2018, el fallo de responsabilidad fiscal, se desprende, que existió congruencia
entre los cargos formulados en la imputación y lo decidido en el fallo, sin embargo,
si bien se observó cierta variación en la cuantía del daño patrimonial resarcible, está
corresponde al valor debidamente indexado.
Recurso de apelación11
74. La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación
contra la sentencia proferida en primera instancia el 29 de julio de 2021 por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
para lo cual expone los siguientes argumentos:
75. Afirmó que, en la sentencia proferida en primera instancia “[…] al momento de
abordar los cargos 2, 3 y 4, que controvertían puntualmente el daño patrimonial
como elementos estructural de la responsabilidad fiscal, bajo una presunta
inexistencia o resarcimiento mejor del daño patrimonial, terminó avalando tales
argumentos con base en documentos que contrario a lo expuesto por los actos
11 Cfr. folios 805 a 811 del cuaderno principal núm. 4 del expediente.
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administrativos demandados no son contentivos de elementos suficientes que
desvirtúen con grado de certeza o con suficiencia clarifiquen que no hubo un daño
al patrimonio público […]”.
76. Y en ese mismo sentido, manifestó que, “[…] El fallo entonces en este punto
está viciado de una errónea apreciación probatoria, sobre la cual se funda la
decisión, una equivocada concepción de la autonomía e independencia de la
responsabilidad fiscal respecto de la contractual o disciplinaria y una errada
motivación producto de las anteriores yerros […]”.
77. Precisó que “[…] La decisión adoptada por el a quo, se edificó sobe (sic) las
documentales proferidas dentro de proceso administrativos adelantados por el
Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Nacional de Regalías. […]”.
78. Al respecto señaló que, “[…] tuvo en cuenta la resolución 706 del 29 de
diciembre de 2017, proferida por el Departamento Nacional de Planeación que con
fundamento en la información solicitada a la entidad ejecutora del proyecto FNR
30990 resolvió declarar probado el cargo referente a la ejecución negligente de los
recursos asignados a dicho proyecto, y en consecuencia declaró la pérdida de
fuerza ejecutoria y cierre del mismo dado que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio a la fecha no había emitido concepto favorable respecto de la solicitud de
ajuste del proyecto […]”; y “[…] la Resolución número 708 de 29 de diciembre de
2017 el Fondo Nacional de Regalías resolvió declarar probado el cargo referente a
la ejecución de asignaciones de recursos con destinación diferente a la permitida
por la ley y en consecuencia declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria y cierre del
proyecto FNR 31315 […]”.
79. Indicó que, “[…] interpuestos los recursos de reposición por parte del municipio
de Aquitania en contra de las referidas resoluciones y “si bien no obra prueba en el
expediente de la visita realizada por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por
medio de oficios con radicaciones números 2018EE0023826 y 2018EE23828 dicha
cartera ministerial con fundamento en la visita antes mencionada emitió conceptos
favorables para los proyectos de la referencia […]”.
80. Mencionó algunas de las consideraciones señaladas en los conceptos indicados
supra respecto de la contratación efectuada por el Municipio de Aquitania frente al
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proyecto objeto de controversia, y precisó que “[…] de las anteriores probanzas se
extrae que el proyecto inicialmente previsto para la construcción de 620 unidades
sanitarias presuntamente solo alcanzo las 559 unidades […]”; e indicó que, “[…]
señaló la sentencia que una vez emitidos dichos conceptos el Departamento
Nacional de Planeación emitió la resolución número 072 de 15 de mayo de 2018,
en la que resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de modificar la
decisión inicial y concluyendo que las obras construidas en el proyecto FNR 30990
cumplen con las condiciones bajo las cuales fue aprobado […]”.
81. En ese mismo sentido, refirió que, “[…] el Departamento Nacional de Planeación
mediante Resolución número 073 de 17 de mayo de 2018 resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra las Resolución número 708 de 29 de diciembre de
2017 modificando la decisión inicial y concluyó, inequívocamente, que las obras
construidas en el proyecto FNR 31315 cumplen con las condiciones bajo las cuales
fue aprobado dicho proyecto […]”.
82. Sostuvo que la sentencia de primera instancia le dio plena validez a los
mencionados actos administrativos, endilgando a la Contraloría General de la
República no haberlos tachado o desvirtuado para enfatizar una inexistencia del
daño patrimonial, al respecto afirmó que “[…] el fallo incurre en una ligereza al
atribuir plena credibilidad a las resoluciones proferidas por los entes antes referidos
en ejercicio de sus funciones diferentes del control fiscal atribuido a la CGR […]”; y
“[…] desconoce la independencia y autonomía conferida al ente de control y la labor
otorgada a través de los artículos 267 y ss de a (sic) Constitución Política […]”.
83. Adujo que, “[…] las resoluciones están basadas en conceptos del Ministerio de
Vivienda, edificados sobre dichos de los mismos funcionarios declarados
responsables fiscales, es decir, funcionarios de la administración municipal y
miembros de la interventoría […]”.
84. Mencionó que “[…] el fallo olvida que en tratándose de contratos estatales la ley
previó la solemnidad de todo su trámite contractual incluyendo por supuesto los
informes de interventoría, actas de liquidación final etc, que en el caso se echan de
menos y que el fallo no extraña en ningún momento, delimitándose a dar como se
dijo credibilidad plena a las resoluciones, pese a que estas consignan serias
inconsistencias […]”.
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85. Frente al daño patrimonial señaló que:
“[…] El fallo de primera instancia alude a que la entidad no atribuyo responsabilidad
en el caso por la tardanza en la ejecución de las obras contratadas construcción de
unidades sanitarias, hecho que es falso pues dentro de todas las irregularidades
advertidas no debe olvidarse que el convenio se suscribió en el año 2007 y su
duración era apenas de 2070 días, y que la investigación fiscal se adelantó incluso
hasta el año 2018 y los hallazgos se mantuvieron.
Parte de las irregularidades tuvieron que ver con la demora en la ejecución del
contrato y la inoperabilidad de lo entregado, además de las múltiples referencias que
en el informe técnico y demás pruebas se aluden.
Por ejemplo, en la determinación del daño se plasmó:
1.- Que no se respetaron o no se cumplieron las especificaciones técnicas ni las
dimensiones contempladas en los planos y diseños sobre las cajas de inspección,
cantidad de enchape contratado, falta de construcción de murete de la ducha o sin
respetar las medidas del mismo donde se construyeron, incumplimiento total con el
sistema de tratamiento de aguas residuales diseñado al no contemplarse dentro del
convenio la construcción de la trampa de grasas y del campo de infiltración.
Donde el daño se genera porque el contratista no cumplió con el objeto del contrato
en el plazo y con las condiciones técnicas exigidas, igualmente la interventoría no
cumplió con su función en debida forma, tal y como lo señaló la convocatoria pública
para entidades cooperativa No. 005-2007 /folios 995 a 1146).
2.- Que a pesar de existir un diseño previo para determinar el sistema de tratamiento
y la capacidad del tanque (Tanque séptico de 1.000 litros, trampa de grasas y campo
de filtración), al celebrar el Convenio 004 de 2007, no se contrató el suministro e
instalación del sistema séptico completo, ni la construcción del campo de Infiltración,
con el debido sustento técnico con el debido sustento técnico, además posterior a la
celebración del Convenio mediante Acta Técnica de Modificación de items de fecha
18 de abril de 2007, se decide reducir a la mitad la capacidad de dicho tanque
(pasando de 1.000 litros a uno de 500 litros), sin aducir razones con un verdadero y
debido sustento técnico, sin un diseño que lo soporte, no se adjuntó el
correspondiente formato de análisis de precios unitarios que aclarara si su precio
incluía o no la correspondiente instalación, sino que simplemente se adjuntó un acta
de fijación de precios no previstos en la cual se fija un precio unitario global; y para
hacer más gravosa la situación, en la mayoría de los casos solo se entregó el tanque
sin efectuar la instalación del mismo como lo contemplaba el respectivo análisis de
precios unitarios del item 6,7 "Pozo séptico en plástico 1.000 litros" del contrato, lo
que conllevó a que la mayoría de los beneficiarios visitados hubiera tenido que
construir por su cuenta un pozo séptico en ladrillo no hayan ni estén dando uso
adecuado a dichos tanques por lo tanto el sistema de tratamiento de aguas residuales
en ningún caso cumplió ni cumple con las especificaciones de diseño al no haberse
contratado como lo indicaban los diseños y al haberse reducido a la mitad de los
tanques sépticos, desconociéndose el problema ambiental y las dificultades de
contaminación.
3.- También son hechos generadores del daño, que al contratista se le hayan girado
sumas de dinero superiores a los realmente invertidos en la obra, sin la sujeción
rigurosa a un cronograma de obra, así como el cumplimiento por parte del contratista,
entre otras, de los plazos previstos para la entrega de las obras a pesar de las
diferentes reprogramaciones.
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Todos estos aspectos generadores del daño y resumidos en el fallo y el auto que
resolvió el grado de consulta y recurso de apelación se resumieron en 4 hechos
generadores de daño patrimonial, nunca desvirtuados por las resoluciones sobre las
cuales se edificó el fallo de primera instancia. […]”
86. Concluye afirmando que “[…] el fallo esta soportado sobre una errada valoración
probatoria, un equivocada interpretación de la responsabilidad fiscal y una falsa
motivación […]”
Trámite en segunda instancia
87. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de diciembre de 202212, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 29 de julio de 2021 por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
88. Vistos los numerales 4.° a 6.° del artículo 24713 de la Ley 1437, sobre trámite
del recurso de apelación contra sentencias, encuentra el Despacho sustanciador
que, las partes no se pronunciaron en relación con el recurso de apelación y
tampoco fue necesario realizar el decreto de pruebas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
89. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de las
atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría General de la Republica en los
procesos de responsabilidad fiscal; v) el marco normativo del proceso de
responsabilidad fiscal; vi) el marco normativo de la culpa como elemento de la
responsabilidad fiscal; vii) el marco normativo del daño patrimonial al Estado; viii) el
marco del debido proceso administrativo; ix) el marco normativo del régimen
probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal; y x) el análisis del caso en
concreto.
Competencia de la Sala
12 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 4 “[…] Auto que admite recurso de apelación […]”
13 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021
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90. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo14 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda
instancia.
91. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
92. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 15 sobre los
fines de la apelación y la competencia del superior, la Sala procederá a examinar
únicamente las argumentaciones expuestas por la parte demandada en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 29 de julio de 2021 por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda,
porque estas, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que ha
de adoptarse en esta instancia.
Actos administrativos acusados
93. Los actos administrativos acusados16 son los siguientes:
93.1. El acto administrativo que contiene el fallo con responsabilidad fiscal Auto
núm. 0841 de 19 de junio de 201817 resolvió:
“[…] ARTICULO PRIMERO: FALLAR con responsabilidad fiscal de conformidad
con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, por la existencia de un detrimento patrimonial
a los recursos de regalías del Municipio de Aquitania, en cuantía de TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($3.843.392.769,99), a partir de lo expuesto en la parte motiva de esta
14 “[…] Artículo 150. Inciso modificado por el artículo 25, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. […]
15 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
16 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin
perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
17 Cfr. Folio 74 del cuaderno principal núm. 1 a 267 del cuaderno principal núm. 2 del expediente.
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Núm. único de radicación: 250002341000 2019-00168 01
Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
providencia para lo cual deberán responder SOLIDARIAMENTE como responsables
fiscales las siguientes personas:
1. LUIS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.438.752 en su condición de Alcalde del Municipio de Aquitania
– Boyacá, desde el 01 de Enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007,
quien suscribió el Convenio Interadministrativo 004 de 2007.
2. EDWIN FARLEY PEREZ CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 74.189.808, en su condición de Secretario de Planeación del Municipio de
Aquitania-Boyacá, periodo 01 de noviembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007.
3. FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.797.747, en su condición de Secretario de Planeación del
Municipio de Aquitania-Boyacá, periodo 01 de enero de 2008 al 06 de Noviembre
de 2008.
4. CAMILO MAURICIO DAZA DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.164.949, quien suscribió el Convenio Interadministrativo 004 de 2007.
5. MARTHA NEYLA BONILLA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
40.022.732, quien suscribió el Convenio Interadministrativo 005 de 2007
(Interventoría).
6. REINALDO RODRIGUEZ REINA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.386.491, en su condición de Director de Interventoría del Convenio
Interadministrativo No. 005 de 2007. […]"
93.2. El Auto núm. ORD-80112-0178-2018 de 6 de agosto de 201818, “[…] Por el
cual se decide el Grado de Consulta y Apelación dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. PRF-2014-03515-081 […]”, que modificó el fallo de
responsabilidad fiscal Auto núm. 0841 de 19 de junio de 2018 en los siguientes
términos:
“[…] ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR, en grado de consulta lo dispuesto en el
artículo PRIMERO del Auto No. 00841 del 19 de junio de 2018, proferido por la
Contraloría Delegada Intersectorial 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales
Contra la Corrupción, respecto del proceso de responsabilidad fiscal No. 2014 –
03515 – 081, con base en los argumentos expuestos en la parte considerativa de la
presente providencia el cual quedará así:
“ARTICULO PRIMERO: FALLAR con responsabilidad fiscal de conformidad con
el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, por la existencia de un detrimento patrimonial a
los recursos de regalías del Municipio de Aquitania, en cuantía de TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($3.843.392.769,99), a partir de lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia para lo cual deberán responder SOLIDARIAMENTE como responsables
fiscales las siguientes personas:
• LUIS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.438.752 en su condición de Alcalde del Municipio de Aquitania
– Boyacá, desde el 01 de Enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007,
quien suscribió el Convenio Interadministrativo 004 de 2007.
18 Cfr. Folios 268 a 317 del cuaderno principal núm. 2 del expediente.
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Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
• EDWIN FARLEY PEREZ CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 74.189.808, en su condición de Secretario de Planeación del Municipio de
Aquitania-Boyacá, periodo 01 de noviembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007.
• FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.797.747, en su condición de Secretario de Planeación del
Municipio de Aquitania-Boyacá, periodo 01 de enero de 2008 al 06 de Noviembre
de 2008.
• MARTHA NEYLA BONILLA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
40.022.732, quien suscribió el Convenio Interadministrativo 005 de 2007
(Interventoría).
• REINALDO RODRIGUEZ REINA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.386.491, en su condición de Director de Interventoría del Convenio
Interadministrativo No. 005 de 2007.
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en sede de consulta lo dispuesto en los
artículos SEGUNDO a DÉCIMO del Auto No. 00841 del 19 de junio de 2018, proferido
por la Contraloría Delegada Intersectorial 15 de la Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupción, respecto del proceso de responsabilidad fiscal No.
2014 – 03515 – 081, con base en los argumentos expuestos en la parte considerativa
de la presente providencia.
[…]
ARTÍCULO CUARTO: CONFIRMAR en sede se apelación lo dispuesto en el Auto
No. 00841 del 19 de junio de 2018, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial
15 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, respecto del
proceso de responsabilidad fiscal No. 2014 – 03515 – 081, salvo el ajuste realizado
en Grado de Consulta, respecto a la Cuantía del daño atribuido al responsable fiscal
CAMILO DAZA DAZA, con base en los argumentos expuestos en la parte
considerativa de la presente providencia. […]"
Problema jurídico
94. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada, determinar:
95. Si en el Fallo con responsabilidad fiscal de 19 de junio de 2018 se desconoció
la inexistencia del daño patrimonial al Estado.
96. Si los actos administrativos acusados infringieron el artículo 29 de la
Constitución, vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa de la parte
demandante.
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97. Si es procedente o no declarar la nulidad del Fallo con responsabilidad fiscal de
19 de junio de 2018, y en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.
98. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo de las atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría
General de la República
99. Visto el numeral 5.° del artículo 26819 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
100. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República, entre
otros aspectos, establecen la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, la
cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal
101. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
establece:
“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.
102. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
19 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”
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o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 20 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de
cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.
103. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.
104. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se
configura sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.
105. Visto el artículo 5.° ejusdem, los elementos de la responsabilidad fiscal son los
siguientes:
106. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.
107. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio público
por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el deterioro
de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos, generada por
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que, en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías21.
20 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”20.
21 Artículo 6.° de la Ley 610
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108. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
109. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones
irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.
Marco normativo de la culpa como elemento de la responsabilidad fiscal
110. Como quedó visto, la Ley 42 reglamentó en los artículos 72 y siguientes el
proceso de responsabilidad fiscal, pero no hizo mención al grado de culpa en que
debían incurrir quienes tuvieran a su cargo la gestión fiscal para efectos de declarar
su responsabilidad.
111. Visto el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 610, se refirió al grado de culpa
generador de responsabilidad fiscal en los siguientes términos:
“[…] Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.
Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta
el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión
fiscal.
Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende
sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.
Parágrafo 2°. El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer
responsabilidad fiscal será el de la culpa leve." […]”. (Destacado fuera de texto)
112. Visto el artículo 53 de la Ley 610, respecto del mismo concepto dispuso:
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“[…] "Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente
proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el
proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio
público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con
culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.
Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del
daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los
índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos
correspondientes. […]”. (Destacado fuera de texto)
113. La Corte Constitucional22 declaró inexequibles los textos acusados con los
siguientes argumentos:
“[…] 6. (…) En el marco de la responsabilidad fiscal, el criterio normativo de
imputación no puede ser mayor al establecido por la Constitución Política en el
inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial de los
agentes frente al Estado.
6.1. (…) a diferencia de lo que ocurre con la acción de repetición, el constituyente no
señala un criterio normativo de imputación de responsabilidad fiscal -entendiendo por
tal una razón de justicia que permita atribuir el daño antijurídico a su autor […]
6.2. En ese contexto, es entendible que el criterio normativo de imputación de la
responsabilidad fiscal sea determinado por el legislador con base en el artículo 124
de la Carta, de acuerdo con el cual "La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva" […]
6.3. Pero entonces, surge el siguiente cuestionamiento: ¿El legislador es autónomo
para determinar la fuente de la responsabilidad fiscal? Desde luego que no. En
ejercicio de la libertad de configuración política, en particular para regular los
procedimientos judiciales y administrativos, aquél se encuentra sometido al conjunto
de valores, principios, derechos y garantías que racionalizan el ejercicio del poder en
el Estado constitucional. […]
6.4. […] El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha
determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales
en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede
concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de
equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos
elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el
caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta […]
6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las
expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un
régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el
constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la
acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a
la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de
responsabilidad y remite a la culpa leve […]
22 Corte Constitucional. Sentencia C- 619 de 8 de agosto de 2002
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6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura
un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un
fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para
la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición.
Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación
proporcional […]
6.8. Téngase en cuenta que ambas modalidades de responsabilidad -tanto la
patrimonial como la fiscal- tienen el mismo principio o razón jurídica: la protección del
patrimonio económico del Estado. En este sentido, la finalidad de dichas
responsabilidades coincide plenamente ya que la misma no es sancionatoria (reprimir
una conducta reprochable) sino eminentemente reparatoria o resarcitoria, están
determinadas por un mismo criterio normativo de imputación subjetivo que se
estructura con base en el dolo y la culpa, y parten de los mismos elementos
axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado, la acción u omisión
imputable al funcionario y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del
agente. […]
6.11. […] desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la
diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente
discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que,
por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad
material. […]”. (Destacado fuera de texto)
114. Conforme la sentencia citada supra, al legislador le está vedado establecer un
régimen de responsabilidad patrimonial con una exigencia de conducta mayor que
aquella que es utilizada para determinar la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos a través de acción de repetición, en los términos previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.
Marco normativo del daño patrimonial al Estado
115. De conformidad con el artículo 5.° ibidem, son elementos de la responsabilidad
fiscal: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona (natural o jurídica)
que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y iii) un nexo causal entre
los dos elementos anteriores.
116. Visto el artículo 6.° de la Ley 610, por daño patrimonial al Estado se entiende
“[…] la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control
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de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento
al patrimonio público […]”23 (Destacado fuera de texto).
Marco normativo del debido proceso administrativo
117. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.
118. El Decreto 1 de 2 de enero de 198424 y la Ley 1437 regulan, de acuerdo con el
régimen de transición y vigencia, los procedimientos administrativos: entendidos
como el conjunto de normas a los que la autoridad acude para surtir un trámite que
sirve para formar la voluntad de la administración y que culmina con un acto
administrativo o una decisión que tiene efectos respecto de una situación jurídica,
general, impersonal o abstracta; o individualizada, según el destinatario de la
manifestación de la voluntad.
119. Las normas citadas constituyen el marco general para el trámite de los
procedimientos administrativos a los que es aplicable esa normativa, salvo el evento
en que el trámite se encuentre regido por una norma especial, caso en el cual la
administración tiene la obligación de aplicar ese procedimiento, por disposición
expresa de los artículos 1.° del Decreto 1 de 1984 y de la Ley 1437.
Marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad
fiscal
120. Visto el Título II, Capítulo I de la Ley 610, sobre pruebas en el proceso de
responsabilidad fiscal, en especial los artículos 22 a 32, en las cuales se prevé lo
siguiente:
23 Mediante sentencia C-340 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “o a los
intereses patrimoniales del Estado” contenida en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, así como la inexequibilidad
de las expresiones “uso indebido” e “inequitativa” contenidas en la misma disposición.
24 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”
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121. El principio de necesidad de la prueba en materia de responsabilidad fiscal
conforme al cual, los actos administrativos que contienen los fallos de
responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del
investigado25.
122. “[…] El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá
pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La
denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y
notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de
reposición y apelación […]”26.
123. El daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse
con cualquier medio de prueba27 y las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional28.
124. El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición
espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal29.
125. El investigado podrá controvertir las pruebas vencido el término de traslado del
auto de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 50 de la Ley
610, y podrá presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones
efectuadas, así como solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer.
126. El artículo 51 de la Ley 610 regula el decreto y práctica de pruebas en el
proceso de responsabilidad fiscal, según el cual, una vez vencido el término de
traslado del auto de imputación, la Nación – Contraloría General de la República
debe ordenar la práctica de las pruebas solicitadas o decretar de oficio las que
considere pertinentes y conducentes.
25 Artículo 23
26 Artículo 24
27 Artículo 25
28 Artículo 26
29 Artículo 32
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127. La parte interesada podrá interponer los recursos de reposición y apelación
contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas.
128. Visto el artículo 30 de la Ley 610, las pruebas recaudadas sin el lleno de las
formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales
del investigado se tendrán como inexistentes, es decir, no podrán ser valoradas por
la autoridad para determinar la responsabilidad fiscal.
129. Visto el artículo 31 de la Ley 610, en la práctica de visitas especiales, el
funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos
y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y
simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará
pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las
manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas
que intervengan en la diligencia.
130. Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones
juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos
autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo.
131. Visto el artículo 117 de la Ley 1474, los órganos de vigilancia y control fiscal
podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se
relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a
entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes
técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas
pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso.
El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su
derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el
funcionario competente, de acuerdo con la complejidad de este.
Análisis del caso concreto
132. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
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133. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 156430, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
Acervo y análisis probatorio
134. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente administrativo
de responsabilidad fiscal31.
135. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la parte
demandada en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.
Análisis sobre el elemento de daño patrimonial al Estado
136. La parte demandada en los actos administrativos objeto de controversia
individualizó las conductas desplegadas por cada uno de los integrantes de la parte
demandante y su nexo con el daño patrimonial ocasionado al Estado, en los
siguientes términos:
Respecto al señor Luis Francisco Cardozo Montaña
137. La parte demandada al momento de individualizar la conducta desplegada por
el señor Luis Francisco Cardozo Montaña, quien fungió como alcalde del Municipio
de Aquitania (Boyacá), indicó que:
“[…] El señor LUÍS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, en su calidad de Alcalde
Municipal de Aquitania, entidad contratante, en el Convenio Interadministrativo No.
004 del 29 de marzo de 2007, suscrito entre la ALCALDÍA DE AQUITANIA y la
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS
Y ENTIDADES ESTATALES DE COLOMBIA "CODECOL O.C.", cuyo objeto era la
CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN EL
30 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
31Cfr. Folio 705 del cuaderno principal núm. 4 del expediente, en el cual obran 2 Cd´s que contiene el expediente
administrativo
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Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
MUNICIPIO DE AQUITANIA, y el ADICIONAL MODIFICATORIO AL CONVENIO
INTERADMINISTRTIVO No. 004 DEL 29 DE MARZO DE 2007, que se suscribió el
18 de diciembre de 2007; y el Convenio Interadministrativo No. 005 del 30 de marzo
de 2007, suscrito la ALCALDÍA DE AQUITANIA y la COOPERATIVA NACIONAL
PARA LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE ENTIDADES
TERRITORIALES LTDA., y su ADICIONAL MODIFICATORIO AL CONVENIO
INTERADMINISTRTIVO No. 005 DEL 30 DE MARZO DE 2007, que se suscribió el
18 de diciembre de 2007, ostentó la calidad de GESTOR FISCAL DIRECTO, en la
medida que firmó los contratos y sus respectivos adicionales que se relacionaron y
ordenó el giro de los fondos o recursos con destino a los contratistas referente a los
anticipos, actas parciales de obra No. 1 y 2; es decir, dispuso de recursos públicos.
[…]
El señor LUÍS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, en su condición de Alcalde
Municipal de Aquitania, incurrió en infracción directa de la Ley, en la medida en que
no solamente trasgredió la ley propiamente dicha, sino que el Convenio
Interadministrativo No. 004 de 2007, y su adicional modificatorio del 18 de diciembre
de 2007, trasgredió el art. 25, numerales 7 y 12; y el art.32 de la ley 80 de 1993.
Por lo que debe responder fiscalmente el señor LUÍS FRANCISCO CARDOZO
MONTAÑA, por el DAÑO que se generó que al existir un diseño previo para
determinar el sistema de tratamiento y la capacidad del tanque (Tanque séptico de
1.000 litros, trampa de grasas y campo de filtración), al celebrar el Convenio 004 de
2007, no se contrató el suministro e instalación del sistema séptico completo, ni la
construcción del campo de infiltración.
[…]
Por lo anterior, el señor LUÍS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, ES
RESPONSABLE FISCALMENTE.
Referente al incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 005 del 30 de
marzo de 2007 (folio 301 a 306), y su adicional modificatorio del 18 de diciembre
de 2007, del acervo probatorio se encuentra demostrado que los proyectos de
las 500 unidades sanitarias y su adicional de 120 unidades sanitarias
debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial no fueron tenidos en cuenta como tal para el Pliego de Condiciones
que originaron el Convenio Interadministrativo No. 004 del 29 de marzo de 2007,
y su adicional modificatorio del 18 de diciembre de 2007.
[…]
En cuanto al NEXO CAUSAL entre el DAÑO y la conducta OMISIVA y
GRAVEMENTE CULPOSA del señor LUÍS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA,
como GESTOR FISCAL del Municipio de Aquitania, en su condición de Alcalde para
la época de los hechos, se dio una relación determinante y condicionante de causa
efecto, puesto que si el señor CARDOZO MONTAÑA, hubiera cumplido con su deber
sustancial del cargo que ostentaba, si hubiera tenido el cuidado de realizar la
contratación de los proyectos de las 620 unidades sanitarias tal como fueron
aprobadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no se
hubiera presentado el DAÑO PATRIMONIAL.
Al converger los requisitos del artículo 48 de la ley 610 de 2000, con la situación
fáctica expuesta y estar objetivamente demostrado el DAÑO PATRIMONIAL
conocido, se profiere fallo con responsabilidad fiscal por cumplirse con el artículo 53,
ibidem; en contra de LUÍS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA, en su calidad de
Alcalde de Aquitania, para la época de los hechos, por la suma de TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
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DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS($3.843.392.769,99). DEBIDAMENTE INDEXADO, de manera
solidaria, por los hechos generados que se expusieron. […]” Negrillas del texto
original)
Respecto al señor Edwin Farley Pérez Chaparro
138. La parte demandada al momento de individualizar la conducta desplegada por
el señor Edwin Farley Pérez Chaparro, quien se desempeñó como Secretario de
Planeación del Municipio de Aquitania (Boyacá), aseveró que:
“[…] El señor EDWIN FARLEY PÉREZ CHAPARRO, se desempeñó como Secretario
de Planeación Municipal de Aquitania del 1° de noviembre de 2006 al 31 de diciembre
de 2007 (folio 1264).
[…]
El señor EDWIN FARLEY PÉREZ CHAPARRO, violó el artículo 3 de la Ley 80 de
1993, puesto que del contenido del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2007, no
se satisficieron las necesidades de la comunidad de Aquitania circunvecina de la
laguna de TOTA, y mucho menos la continuada y eficiente prestación de los servicios
públicos.
[…]
El señor EDWIN FARLEY PÉREZ CHAPARRO, es responsablemente del DAÑO
que se generó porque al existir un diseño previo para determinar el sistema de
tratamiento y la capacidad del tanque (Tanque séptico de 1.000 litros, trampa de
grasas y campo de filtración), al celebrar el Convenio 004 de 2007, no se contrató el
suministro e instalación del sistema séptico completo, ni la construcción del
campo de infiltración, y por ende del incumplimiento del Convenio
Interadministrativo No. 005 de 2007, y su adicional del 18 de diciembre de 2007,
por las razones expuestas.
Igualmente porque al contratista se le haya girado sumas de dinero superiores
a los realmente en la obra, puesto que no hubo sujeción a un cronograma de
obra a pesar de las diferentes reprogramaciones, cuando de acuerdo a sus
funciones fue quien proyectó el Convenio Interadministrativo No. 004 de 2007, y su
adicional modificatorio del 28 de diciembre de 2007.
Esta conducta a todas luces, se enmarca dentro de la CULPA GRAVE, de
conformidad con el articulo 63 del Código Civil Colombiano, tal como venimos
sosteniendo, y por infracción directa a las funciones que se transcribieron del Manual
de Funciones de la Secretaria de Planeación. Por su OMISIÓN CRASA, de no incluir
el proyecto de las 500 unidades sanitarias como fue debidamente aprobado por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el Convenio
Interadministrativo No. 004 de 2007, y de no incluir el proyecto de las 120 unidades
sanitarias como fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial al Adicional Modificatorio del 18 de diciembre de 2007, es que no se
cumplieron los fines estatales pretendidos con los documentos contractuales, y no se
logró el control de la contaminación de los afluentes de la laguna de TOTA, y de la
misma laguna en sí por las aguas negras generadas con la actividad fisiológica de la
población circunvecina de la laguna mencionada.
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El nexo causal entre el daño y la conducta omisiva gravemente culposa atribuible al
investigado, existe una relación determinante y condicionante de causa efecto, puesto
que como SECRETARIO DE PLANEACIÓN, para la época del diseño de las 500
unidades sanitarias, presentación del mismo en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial para su aprobación como efectivamente se aprobó y suscripción
del Convenio Interadministrativo No. 004 del 29 de marzo de 2007, y Adicional
Modificatorio del 18 de diciembre de 2007, sabía que no los había incluido como
fueron aprobados por dicho Ministerio de Ambiente, no siendo funcional lo que se
construyó como unidades sanitarias, una clara falta de planeación, pues no incluir los
diseños como fueron aprobados es como si nunca se hubieran realizados tales
diseños y planos aprobados por el Ministerio en mención, lo cual incidió hasta en el
incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 005 de 2007, y su adicional
modificatorio del 18 de diciembre de 2007, que se suscribió para la contratación de la
Interventoría e igualmente a que el contratista se le haya girado sumas de dinero
superiores a los realmente en la obra, puesto que no hubo sujeción a un
cronograma de obra a pesar de las diferentes reprogramaciones, cuando de
acuerdo a sus funciones fue quien proyectó el Convenio Interadministrativo No. 004
de 2007, y su adicional modificatorio del 28 de diciembre de 2007. De lo anterior
queda demostrado que el señor EDWIN FARLEY PÉREZ CHAPARRO, realizo una
Gestión Fiscal, con ocasión a las funciones de su cargo, que llevaron al Detrimento
Patrimonial del Municipio de Aquitania.
Al converger los requisitos del artículo 48 de la ley 610 de 2000, con la situación
fáctica expuesta y estar objetivamente demostrado el DAÑO PATRIMONIAL
conocido, se profiere fallo con responsabilidad fiscal por cumplirse con el artículo 53,
ibidem; en contra de EDWIN FARLEY PÉREZ CHAPARRO, en su calidad de
Secretario de Planeación del Municipio de Aquitania, para la época de los hechos, por
la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS($3.843.392.769,99).
DEBIDAMENTE INDEXADO, de manera solidaria, por los hechos generados que
se expusieron. […]” (Negrillas del texto original)
Respecto al señor Fabian Mauricio Santos Fonseca
139. La parte demandada al momento de individualizar la conducta desplegada por
el señor Fabian Mauricio Santos Fonseca, quien fue el Secretario de Planeación del
Municipio de Aquitania (Boyacá), refirió que:
“[…] El señor FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, se desempeñó como
Secretario de Planeación Municipal de Aquitania del 1° de enero de 2008 al 06 de
noviembre de 2008 (folio 1248).
[…]
El señor FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, violó el artículo 3 de la Ley 80 de
1993, puesto que del contenido del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2007, no
se satisficieron las necesidades de la comunidad de Aquitania circunvecina de la
laguna de TOTA, y mucho menos la continuada y eficiente prestación de los servicios
públicos.
[…]
El señor FABIAN MAURICIO SANTOS FONSECA, es responsablemente del
DAÑO que se generó porque al existir un diseño previo para determinar el sistema de
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tratamiento y la capacidad del tanque (Tanque séptico de 1.000 litros, trampa de
grasas y campo de filtración), al celebrar el Convenio 004 de 2007, no se ajustó el
Convenio Interadministrativo No. 004 de 2007, al suministro e instalación del
sistema séptico completo, ni la construcción del campo de infiltración, y por
ende del incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 005 de 2007, y su
adicional del 18 de diciembre de 2007, por las razones expuestas.
Igualmente porque al contratista se le haya girado sumas de dinero superiores
a los realmente en la obra, puesto que no hubo sujeción a un cronograma de
obra a pesar de las diferentes reprogramaciones, siendo el Supervisor del
Convenio Interadministrativo No. 004 cuando se elaboraron las Actas Parciales de
Obra No. 3 y 4.
Esta conducta a todas luces, se enmarca dentro de la CULPA GRAVE, de
conformidad con el artículo 63 del Código Civil Colombiano, tal como venimos
sosteniendo, y por infracción directa a las funciones que se transcribieron del Manual
de Funciones de la Secretaria de Planeación. Por su OMISIÓN CRASA, de no ajustar
el proyecto de las 500 unidades sanitarias como fue debidamente aprobado por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el Convenio
Interadministrativo No. 004 de 2007, y del proyecto de las 120 unidades sanitarias
como fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al
Adicional Modificatorio del 18 de diciembre de 2007, pues no se cumplieron los fines
estatales pretendidos con los documentos contractuales, y no se logró el control de la
contaminación de los afluentes de la laguna de TOTA, y de la misma laguna en si por
las aguas negras generadas con la actividad fisiológica de la población circunvecina
de la laguna mencionada.
El nexo causal entre el daño y la conducta omisiva gravemente culposa atribuible al
investigado, existe una relación determinante y condicionante de causa efecto, puesto
que como SECRETARIO DE PLANEACIÓN, para la época de la ejecución de las 500
unidades sanitarias, y su adicional de 120 unidades sanitarias, sabía que no se habían
incluido como fueron aprobados por dicho Ministerio de Ambiente, no siendo funcional
lo que se construyó como unidades sanitarias, una clara falta de planeación, pues no
incluir los diseños como fueron aprobados es como si nunca se hubieran realizados
tales diseños y planos aprobados por el Ministerio en mención, lo cual incidió hasta
en el incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 005 de 2007, y su adicional
modificatorio del 18 de diciembre de 2007, que se suscribió para la contratación de la
Interventoría e igualmente a que el contratista se le haya girado sumas de dinero
superiores a los realmente en la obra, puesto que no hubo sujeción a un
cronograma de obra a pesar de las diferentes reprogramaciones, cuando de
acuerdo a sus funciones tenía la facultad de proyectar los ajustes al Convenio
Interadministrativo No. 004 de 2007, y su adicional modificatorio del 28 de diciembre
de 2007. De lo anterior queda demostrado que el señor FABIAN MAURICIO SANTOS
FONSECA, realizo una Gestión Fiscal, con ocasión a las funciones de su cargo,
que llevaron al Detrimento Patrimonial de Municipio de Aquitania. […]”
140. Por su parte, el a quo analizó el acervo probatorio allegado al expediente con
la finalidad de determinar si en el asunto sub examine obraba prueba que condujera
a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público como elemento esencial
para proferir fallo con responsabilidad fiscal.
141. Y en ese sentido como aspectos relevantes destacó que:
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“[…] 1) El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Acuerdo
Número 35 de 27 de diciembre de 2006 aprobó al municipio de Aquitania (Boyacá) el
proyecto número FNR 30990 el cual tenía por objeto "la construcción de 500 unidades
sanitarias y pozos sépticos en el municipio de Aquitania en el departamento de
Boyacá", cuyo valor asignado fue de $2.058.072.888 y el valor girado fue de
$2.189.949.080.
2) El proyecto en mención fue modificado por el proyecto FNR 31315 el cual dispuso
la construcción de 120 unidades sanitarias adicionales a las aprobadas inicialmente
[…].
3) En ese contexto la Organización Cooperativa para el Desarrollo de los Municipios
y Entidades Estatales de Colombia (CODECOL) y el municipio de Aquitania (Boyacá)
suscribieron los convenios interadministrativos números 004 y 005 de 2007 cuyos
objetos fueron "la construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el
municipio de Aquitania -Boyaca y la interventoría técnica y ambiental del mismo la
cual estuvo a cargo de la Cooperativa Nacional para la Administración, Gestión y
Desarrollo de Entidades Territoriales Ltda (CONGETER) quien presentó al
Departamento Nacional de Planeación en noviembre de 2011 el informe ejecutivo
final sobre el seguimiento a la ejecución de los proyectos FNR 30990 y FNR 31315
[…]
4) El Departamento Nacional de Planeación con fundamento en el último informe
presentado por la entidad ejecutora con corte a noviembre de 2011 realizó una visita
técnica al lugar de los hechos con el fin de determinar el estado actual de los
proyectos FNR 30990 y FNR 31315 cuyas conclusiones quedaron consignadas en el
acta de visita visible en los folios 536 a 589 del expediente de la siguiente forma:
CONCLUSIONES SI NO
El proyecto se encuentra terminado en X
condiciones aprobadas
El proyecto se encuentra terminado en X
condiciones diferentes a las aprobadas por lo
cual se debe tramitar el ajuste ante el Ministerio
sectorial
El proyecto cumple con el objeto propuesto en el X
proyecto aprobado
El proyecto cuenta con cofinanciación del X
Sistema General de Regalías SGR
El proyecto cuenta con saldo pendiente de giro X
[…]
5) Mediante oficio de 18 de julio de 2017 el Alcalde municipal de Aquitania (Boyacá)
remitió a la Subdirectora de Proyectos del Fondo Nacional de Regalías los respectivos
ajustes de los proyectos FNR 30990 y FNR 31315 en los cuales incluyó las
justificaciones del cambio en algunos de los "ítems", las tablas de ajustes financieros
y los listados finales de los beneficiarios de los proyectos donde es posible verificar la
entrega de cada una de las unidades sanitarias o en caso contrario la justificación de
no entrega de las mismas (fls. 329 a 425 del cuaderno principal del expediente).
6) El Departamento Nacional de Planeación a través de la Resolución número 706 de
29 de diciembre de 2017 y con fundamento en la información solicitada a la entidad
ejecutora del proyecto FNR 30990 resolvió declarar probado el cargo referente a la
ejecución negligente de los recursos asignados a dicho proyecto, y en consecuencia
declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria y cierre del mismo dado que el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio a la fecha no había emitió (sic) concepto favorable
respecto de la solicitud de ajuste del proyecto, y en la parte resolutiva del citado acto
administrativo se señaló lo siguiente:
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"RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR probado el cargo formulado al Municipio de
Aquitania, Boyacá, por la ejecución negligente de recursos del Fondo Nacional de
Regalías asignados al proyecto FNR 30990, de conformidad con la parte motiva de este
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de las
asignaciones correspondientes al proyecto BPIN 110024100000 FNR 30990
"CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS EN EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", según la parte
motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150024100000 FNR
30990 "CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS EN
EL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Municipio de Aquitania, Boyacá en calidad de
ejecutor del proyecto FNR 30990, el reintegro de la suma de DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRECE PESOS M/CTE
($2.189.072.013), al Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación. Valor que debe ser
consignado en alguna de las siguientes cuentas bancarias:
(...)" (fls. 618 a 622 cdno. ppal. no. 4 negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
7) En igual sentido a través de la Resolución número 708 de 29 de diciembre de 2017
el Fondo Nacional de Regalías resolvió declarar probado el cargo referente a la
ejecución de asignaciones de recursos con destinación diferente a la permitida por la
ley y en consecuencia declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria y cierre del proyecto
FNR 31315 en los siguientes términos:
"RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR probado el cargo formulado dentro del PAC-88-
2011 por ejecución de asignaciones de recursos del Fondo Nacional de Regalías, con
destinación diferente a la permitida por la ley y autorizada en el Acuerdo de aprobación
de los recursos asignados al proyecto FNR 31315 de acuerdo con la parte motiva del
presente acto.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de las
asignaciones correspondientes al proyecto BPIN 1150026010000 FNR 31315
"CONSTRUCCIÓN DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", según la causal
mencionada en la parte motiva.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150026010000 FNR
31315 "CONSTRUCCIÓN DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Municipio de Aquitania, Boyacá en calidad de
ejecutor del proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCIÓN DE 120 UNIDADES SANITARIAS
PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA", el reintegro de la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTEOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS M/CTE (S 448.987.968.00) por concepto de recursos girados, al Fondo
Nacional de Regalías, en Liquidación. Valor que debe ser consignado en alguna de las
siguientes cuentas bancarias:
(...)" (fls. 623 a 627 cdno. ppal. no. 4 negrillas y mayúsculas sostenidas del original)
8) Contra las citadas decisiones la Alcaldía del municipio de Aquitania interpuso
recursos de reposición y previamente a resolver los recursos interpuestos el Fondo
Nacional de Regalías ordenó una visita al proyecto y la recolección de documentos
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con el fin de emitir un concepto técnico y financiero en donde determinara y constatara
el avance, estado y ejecución de las obras para cuyo efecto la Subdirección de
Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio realizó una visita técnica al lugar de ejecución de los proyectos
FNR 30990 y FNR 31315 el 21 de marzo de 2018.
9) Es del caso precisar que, si bien no obra prueba en el expediente de la visita
realizada por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio oficios con
radicaciones números 2018EE0023826 y 2018EE23828 dicha cartera ministerial con
fundamento en la visita antes mencionada emitió conceptos favorables para los
proyectos de la referencia en los cuales precisó lo siguiente:
“(...)
Según lo informado por el funcionario de la Unidad de Servicios Públicos del municipio
de Aquitania - Boyacá, de los contratos de obra e interventoría por medio de los cuales
se realizó la ejecución del proyecto, se cuenta con un acta de recibo final de obra,
solamente suscrita por la interventoría y no hay acta de liquidación suscrita con el
balance de las actividades finalmente ejecutadas del proyecto.
El proyecto inicial consistía en la construcción de 500 unidades sanitarias y pozos
sépticos en las veredas Hatolaguna, Susacá, Cajón, Hatoviejo, Pérez, Soriano, Vargas,
Toquilla, Daito, Suse, Tobal en el municipio de Aquitania, departamento de Boyacá,
contemplando actividades de ejecución como preliminares, cimentación y desagües,
estructuras, mampostería, pañetes, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones
eléctricas, pintura, enchapes, pisos-bases, carpintería metálica, aparatos sanitarios y
vidrios.
Las modificaciones presentadas durante la ejecución del proyecto obedecieron a la
ejecución de mayores y menores cantidades de obra, eliminación y adición de
actividades, cambios en el listado de beneficiarios, modificaciones técnicas y variación
de precios unitarios; entre las razones que las motivaron se encuentran las siguientes:
• Cambio en el pozo séptico propuesto inicialmente en el proyecto para cada vivienda
de 1000 Its a 500 Its, debido al mejor funcionamiento y adaptación de esta característica
especifica en zonas rurales a más de 3.000 msnm; esta situación modificó el ítem de
pago.
-Modificación de la actividad "Muro en bloque No. 4 E=0.10 mts" por "Muro en ladrillo
tolete común E=0.12 mts", para garantizar la durabilidad y la presentación del bien a
entregar, ya que el impacto del ambiente húmedo y las lluvias constantes que se
presentan en la región, degradarían fácilmente el bloque inicialmente previsto, además
del alto grado de desperdicio que representaría su suministro y transporte; esta
situación modificó el ítem de pago.
• Aumento de cantidad de obra del ítem de "Enchape", con el ánimo de mejorar las
condiciones de asepsia de la comunidad beneficiada, ayudando a una mejor limpieza
de las unidades sanitarias, esta situación generó el aumento de recursos contemplados
en el proyecto.
• Ajuste del espesor de la placa maciza en concreto de 3000 PSI al pasar de 0.10 a 0.08
mts; esta situación que modificó el ítem de pago.
-Se requirió la inclusión del ítem "Transporte de material", ya que dicha actividad no fue
contemplada en el proyecto inicial, debido a la falta de canteras de materiales en el
Municipio, debiendo realizarse el transporte de los materiales desde los sitios de
producción en Sogamoso, hasta el municipio de Aquitania, y desde allí, hasta cada sitio
de obra en las veredas beneficiadas; esta situación generó el aumento de recursos no
contemplados en el proyecto.
• Cambios y/o modificación en el listado inicial de los beneficiarios de las unidades
sanitarias, ya que se presentaron variaciones en los documentos de identidad, cambios
de residencia y sitios con unidades ya construidas con otros recursos. Esta situación
generó la tarea de depurar dichos listados, presentando el reemplazo de algunos
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beneficiarios contemplados inicialmente por nuevos beneficiarios y al retiro de otros que
finalmente no pudieron validarse o que declinaron a la ejecución de las unidades
sanitarias en sus viviendas.
(...).
De igual forma, se pudo establecer que con la ejecución del proyecto se
construyeron 455 unidades sanitarias y pozos sépticos, beneficiando a 392
propietarios incluidos inicialmente en el proyecto y 63 propietarios nuevos.
Se precisa que las modificaciones que se efectuaron, fueron parte de las
decisiones tomadas y ejecutadas en el transcurso de ejecución del proyecto,
situación que obedeció a la relación contractual entre contratista, interventor y
contratante.
(…).
A pesar de que la administración municipal de Aquitania no presentó la acreditación de
la funcionalidad del proyecto, se tuvo en cuenta lo informado por la Secretaria de
Planeación Municipal, en constancia firmada el 1 de agosto de 2017, donde indica que
el ajuste al proyecto fue basado en la verificación y toma de datos, actividades
realizadas en visita técnica durante los días del 8 al 12 de mayo de 2017 por funcionarios
del DNP y del municipio, a cada unidad sanitaria recibida por la comunidad.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.1.1
del Decreto 1082 de 2015, compilatorio del artículo 6 del Decreto 416 de 2007 y
consultado el análisis de la interventoría administrativa y financiera de la
Dirección de Regalías, se profiere concepto favorable al proyecto FNR 30990:
"Construcción de 500 Unidades Sanitarias para la Zona Rural del Municipio de
Aquitania en el Departamento de Boyacá", respecto al número de unidades
sanitarias ejecutadas correspondientes a 455, teniendo en cuenta que el proyecto
no presentó una variación técnica que afectara las condiciones de construcción
y funcionalidad, ya que las modificaciones se fundamentaron en el cambios de
usuarios y variaciones de las actividades y cantidades de obra del mismo.
(...)" (fls. 593 a 595 cdno. ppal, no. 3- negrillas adicionales).
De igual forma, sobre el proyecto FNR 31315 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio señaló lo siguiente:
“(…).
De igual forma, se pudo establecer que con la ejecución del proyecto se
construyeron 104 unidades sanitarias y pozos sépticos, beneficiando a 78
propietarios incluidos inicialmente en el proyecto y a 26 propietarios nuevos.
Se precisa que las modificaciones que se efectuaron, fueron parte de las
decisiones tomadas y ejecutadas en el transcurso de ejecución del proyecto,
situación que obedeció a la relación contractual entre contratista, interventor y
contratante.
(...).
A pesar de que la administración municipal de Aquitania no presentó la acreditación de
la funcionalidad del proyecto, se tuvo en cuenta lo informado por la Secretaria de
Planeación Municipal, en constancia firmada el 1 de agosto de 2017, donde indica que
el ajuste al proyecto fue basado en la verificación y toma de datos, actividades
realizadas en visita técnica durante los días del 8 al 12 de mayo de 2017 por funcionarios
del DNP y del municipio, a cada unidad sanitaria recibida por la comunidad.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.1.1
del Decreto 1082 de 2015, compilatorio del artículo 6 del Decreto 416 de 2007 y
consultado el análisis de la interventoría administrativa y financiera de la
Dirección de Regalías, se profiere concepto favorable al proyecto FNR 31315:
"Construcción de 120 Unidades Sanitarias para la Zona Rural del Municipio de
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Aquitania en el Departamento de Boyacá", respecto al número de unidades
sanitarias ejecutadas correspondientes a 104, teniendo en cuenta que el proyecto
no presentó una variación técnica que afectara las condiciones de construcción
y funcionalidad, ya que las modificaciones se fundamentaron en el cambios de
usuarios y variaciones de las actividades y cantidades de obra del mismo.
(...)" (fls. 590 a 592 cdno. ppal. no. 3- resalta la Sala).
De los apartes transcritos se destaca que, si bien los proyectos presentaron
modificaciones durante la ejecución de los mismos estas variaciones obedecieron a
la ejecución de mayores y menores cantidades de obra, eliminación y adición de
actividades, cambios en el listado de beneficiarios, modificaciones técnicas y
variación de precios unitarios, no obstante dichas variaciones no representaron una
variación técnica que afectara las condiciones de construcción y funcionalidad de las
obras ejecutadas.
10) Una vez emitidos dichos conceptos el Departamento Nacional de Planeación
mediante Resolución número 072 de 15 de mayo de 2018 resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución número 706 de 29 de diciembre de 2017
en el sentido de modificar la decisión inicial y concluyendo que las obras construidas
en el proyecto FNR 30990 cumplen con las condiciones bajo las cuales fue aprobado
y en consecuencia modificó la suma que el municipio de Aquitania (Boyacá) debía
reintegrar a favor del Fondo Nacional de Regalías, en los siguientes términos:
"RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el epígrafe de la Resolución No. 706 del 29 de
diciembre de 2017, el cual quedará así:
"Por la cual se procede a declarar el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado
con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo y se
ordena el reintegro de unos recursos"
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los "Considerados 19 y 20" de la Resolución No.
706 del 29 de diciembre de 2017 los cuales quedarán así:
19. Que visto lo anterior y de acuerdo con la información contenida en el Informe de
Cierre del proyecto, el oficio remitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
radicado en el DNP bajo el consecutivo 20186630189132 de 11 de abril de 2018 y
Memorando 20189800057483 del 27 de abril de 2018 remitido por la Subdirección de
Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, se evidencia que el Ministerio
profirió concepto (sic) favorables al ajuste del proyecto FNR 30990, se procede a
subsanar la presunta irregularidad que dio origen al cargo formulado por "Ejecución
negligente de recursos del Fondo Nacional de Regalías asignados al proyecto FNR
30990"
20. Que las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de
las Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y aprobaron el informe
de cierre del proyecto, elaborado por la Interventoría Administrativa y Financiera, el cual
fue remitido según memorando No. 20174420192303 del 26 de diciembre de 2017, con
alcance No. 20189800057483 del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos Administrativos
de Cierre del cual se concluye que el ejecutor Municipio de Aquitania, Boyacá, debe
reintegrar a favor del Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación, la suma de
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($49.647). por concepto de saldos no ejecutados del proyecto, de acuerdo con el
siguiente detalle:
(...)" (fls. 601 a 605 cdno. ppal. no. 4).
Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación mediante Resolución número
073 de 17 de mayo de 2018 resolvió el recurso de reposición interpuesto contra las
Resolución número 708 de 29 de diciembre de 2017 modificando la decisión inicial y
concluyó, inequívocamente, que las obras construidas en el proyecto FNR 31315
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Núm. único de radicación: 250002341000 2019-00168 01
Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
cumplen con las condiciones bajo las cuales fue aprobado dicho proyecto y en
consecuencia declaró no probado el cargo formulado por "ejecución de asignaciones
de recursos del Fondo Nacional de Regalías con destinación diferente a la permitida
por la ley y autorizada en el Acuerdo de aprobación de los recursos asignados al
proyecto FNR 31315", y dado que a la fecha no se había girado la totalidad de los
recursos al ejecutor del proyecto FNR 31315 resolvió que el Fondo Nacional de
Regalías debía girar al municipio de Aquitania (Boyacá) los recursos faltantes, la
citada resolución dispuso lo siguiente:
"RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el epígrafe de la Resolución No. 708 del 29 de
diciembre de 2017, el cual quedará así:
"Por la cual se procede a declarar el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado
con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo y se
ordena el giro de unos recursos"
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los "Considerados 19, 20 y 21" de la Resolución
No. 708 del 29 de diciembre de 2017 los cuales quedarán así:
19. Que visto lo anterior y de acuerdo con la información contenida en el Sistema de
Información Infoproject, el oficio remitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio radicado en el DNP bajo el consecutivo 20186630189142 del 11 de abril de
2018 y el Memorando radicado DNP No. 20189800057533 del 27 de abril de 2018
remitido por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías,
se evidencia que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio profirió concepto
favorables al ajuste del proyecto FNR 31315 “CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES
SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA" por lo cual se procede a declarar subsanada la
irregularidad que dio origen al cargo.
20. Que las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de
las Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y aprobaron el informe
de cierre del proyecto, elaborado por la interventoría Administrativa y Financiera, el cual
fue remitido según memorando No. 20174420192223 del 26 de diciembre de 2017 con
alcance No. 20189800057533 del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos Administrativos
de Cierre.
21. Que según lo señalado en el Informe de Cierre del proyecto 20174420192223 del
26 de diciembre de 2017 y en el alcance remitido por la Subdirección de Proyectos de
la Dirección de Vigilancia de las Regalías con memorando 20189800057533 del 27 de
abril de 2018, y teniendo en cuenta que no se han girado la totalidad de los recursos al
ejecutor del proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS
PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA", el Fondo Nacional de Regalías, debe girar al Municipio de Aquitania,
Boyacá la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($49.774.965),
según el siguiente detalle.
(...)" (fls. 608 a 617 cdno. ppal. no. 4).
11) Es claro entonces, como se expuso en los apartes transcritos de las pruebas
obrantes en el expediente, que la parte actora logró demostrar la adecuada ejecución
de los proyectos FNR 30990 y FNR 31315 y el cumplimiento del objeto consignado
en el acto de aprobación ya que, si bien se evidenciaron obras realizadas en
condiciones diferentes a las cuales fue viabilizado el proyecto dichas modificaciones
se fundamentaron en el cambio de usuarios y variaciones de las actividades y
cantidades de obra del proyecto las cuales no afectaron las condiciones de
construcción y funcionalidad del mismo.
En ese sentido es especialmente relevante advertir que los actos administrativos
emitidos sobre el particular tanto por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
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Núm. único de radicación: 250002341000 2019-00168 01
Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
Territorial como por el Departamento Administrativo Nacional de Planeación acerca
del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los demandantes de
este proceso gozan de plena validez probatoria por cuanto no fueron objeto de tacha
alguna en este proceso jurisdiccional ni menos aún fue desvirtuada la presunción de
legalidad que los ampara, circunstancias por las cuales son de obligatorio
cumplimiento y prestan el respectivo mérito probatorio sobre el punto en cuestión.
En esa perspectiva es inequívoco que el en el asunto sub examine la parte actora
probó la no generación de daño a patrimonio público y, si en gracia de discusión las
modificaciones que sufrió el proyecto, las cuales cuentan con justificación, se tomaran
como tal, es igualmente cierto que fue resarcido en forma total, circunstancias en las
cuales la decisión adoptada por la Contraloría General de la República en el Auto
número 841 de 19 de junio de 2018 que la declaró fiscalmente responsable no se
ajusta a derecho ya que, conforme lo dispone el artículo 53 de la Ley 610 de 2000
para adoptar tal decisión se requiere certeza de la existencia del daño, pero, el
material probatorio allegado al proceso evidencia la inexistencia de dicho elemento.
[…]
Por consiguiente, como en el presente asunto se estableció la no generación del
pretendido daño al patrimonio público se tiene que la decisión adoptada por la
Contraloría General de la República adoptada en el Auto número 841 de 19 de junio
de 2018 desconoció el objeto del proceso de responsabilidad fiscal el cual, según lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 600 de 2000 corresponde al resarcimiento de los
daños ocasionados al patrimonio público pues la naturaleza del proceso es netamente
resarcitoria. […]”
142. En el caso sub examine, el a quo frente a los cargos estudiados consideró que
“[…] dada la inexistencia del daño como elemento esencial para proferir un fallo con
responsabilidad fiscal, el desconocimiento del objeto del proceso adelantado por la
Contraloría General de la República y la indebida valoración probatoria […] se tiene
que los motivos de inconformidad expuestos por la parte actora en los cargos
segundo, tercero y cuarto de la demanda están llamados a prosperar […]”.
143. Para justificar su decisión resaltó que, en atención a la debida valoración
integral del material probatorio allegado al expediente administrativo y al presente
proceso, no había lugar a declarar fiscalmente responsables a la parte demandante,
razón por la cual debe declararse la nulidad de los actos demandados.
144. Ahora bien, según el marco normativo supra, para que se pueda configurar la
responsabilidad fiscal deben concurrir tres requisitos: i) una conducta dolosa o
culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial
al Estado; y iii) que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor
fiscal.
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Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
145. En el caso sub examine, la Sala abordará el estudio del daño patrimonial al
Estado en atención que son los reparos invocados por la parte demandada en el
escrito de apelación.
Daño patrimonial
146. Sobre el particular, la Sala encuentra acreditado en el expediente lo siguiente:
147. El Municipio de Aquitania (Boyacá) suscribió con la Organización Cooperativa
para el Desarrollo de los Municipios y Entidades Estatales de Colombia “CODECOL
O.C., el Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, cuyo objeto consistió en la
Construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el Municipio, el costo
del proyecto fue de $2.058.072.888 m/cte, y se pactó que su ejecución en 270 días
calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación32.
148. A través del documento suscrito el 18 de diciembre de 2007, se adicionó el
Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007, mediante el cual se dispuso la
construcción de 120 unidades sanitarias adicionales para la zona rural del Municipio,
con un costo de $472.420.199.66 m/cte, y se amplió la ejecución 120 días al plazo
inicialmente pactado, es decir, el plazo total de ejecución de la obra era de 390
días33.
149. En los diseños de obra inicialmente se encontraba, el sistema para el
tratamiento de las aguas residuales de estas unidades sanitarias que contemplaba:
i) el suministro e instalación de un tanque séptico de 1.000 litros; ii) el suministro e
instalación de una trampa de grasas; y iii) la construcción de un campo de
infiltración.
150. Sin embargo, en el convenio interadministrativo núm. 004 de 2007 solo se
incluyó el ítem suministro e instalación de un tanque séptico de 1.000 litros, es decir,
el convenio incluyó solo uno de los tres componentes del sistema de tratamiento
diseñado. No obstante, lo anterior al inicio de la ejecución contractual se redujo a la
32 Cfr. Folio704. Cd´s que contiene el Expediente Administrativo en medio magnético. Cd 1, Carpeta Principal
1, documento en PDF “838568 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (123-129).
33 Cfr. Folio 704. Cd´s que contiene el Expediente Administrativo en medio magnético. Cd 1, Carpeta Principal
1, documento en PDF “514838 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 1 (151-152).
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Núm. único de radicación: 250002341000 2019-00168 01
Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
mitad la capacidad del tanque séptico, pasando de un tanque de 1.000 litros de
capacidad, a un tanque de solo 500 litros y se eliminó su instalación.
151. El Convenio Interadministrativo núm. 004 de marzo 29 de 2007, inició su
ejecución el 30 de marzo de 2007, con un plazo de ejecución de 390 días calendario.
Después de mediar seis actas de suspensión y reiniciación entre el 10 de abril de
2008 y el 7 de marzo de 2011 y dos ampliaciones del plazo de ejecución por un total
de 105 días calendario, entre el 27 de abril y el 8 de agosto de 2011, el contratista
no cumplió en esta última fecha a cabalidad con el objeto contractual.
152. Ante este incumplimiento por parte del contratista, el 16 de diciembre de 2011,
el Municipio de Aquitania (Boyacá) declaró el siniestro dentro del convenio
interadministrativo núm. 004 de 2007, y resolvió hacer efectiva la póliza de seguros
por incumplimiento y por obra cancelada al contratista y no ejecutada.
153. Y el Municipio de Aquitania (Boyacá) suscribió con la Cooperativa Nacional
para la Administración, Gestión y Desarrollo de Entidades Territoriales Ltda
“CONGETER LTDA”, el Convenio Interadministrativo núm. 005 de 2007, cuyo objeto
consistió en realizar la interventoría técnica y ambiental para la construcción de 500
unidades sanitarias y pozos sépticos en el Municipio y por un valor de
$131.000.000.oo m/cte34.
154. Ahora bien, mediante auto núm. 001306 de 9 de agosto de 2013, se dio
apertura al proceso de responsabilidad fiscal, y tuvo como hecho generador del
daño, las presuntas irregularidades presentadas en la ejecución de los Convenios
Interadministrativos núms. 004 de 2007 y 005 de 2007, y un presunto detrimento
patrimonial de $1.028.689.099,21 m/cte.
155. A través del auto núm. 001877 de 13 de agosto de 2014, se imputó
responsabilidad fiscal, en el cual se precisó que35:
“[…] la presunta lesión al patrimonio público del Estado señala que son varios los
hechos generadores del daño que tiene como causa la falta de planeación al tiempo
de estructurar el Convenio Interadministrativo No. 004 del 29 de marzo de 2007, así
como la falta de vigilancia y control de los dineros entregados al contratista, al igual
que la falta de seguimiento y supervisión del cumplimiento estricto de los términos del
34 Crf. Folio 704. Cd´s que contiene el Expediente Administrativo en medio magnético. Cd 1, Carpeta Principal
2, documento en PDF “377278 BELEN SANCHEZ UCC-PRF 081-2013 CARPETA PRINCIPAL 2 (301-306).
35 Cfr. Fls. 268 a 317 del cuaderno principal núm. 2 del expediente.
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Núm. único de radicación: 250002341000 2019-00168 01
Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
contrato de obra debido a que no se respetaron o no se cumplieron las
especificaciones técnicas, ni las dimensiones contempladas en los planos y diseños
(folio2541 anverso) (...) en efecto. El daño se genera porque el contratista no cumplió
con el objeto del contrato en el plazo y con las condiciones técnicas exigidas,
igualmente la interventoría no cumplió con su función en debida forma, tal y como lo
señaló la convocatoria pública para entidades cooperativas No. 005-2007(...) En el
mismo sentido el daño se generó porque a pesar de existir un diseño previo para
determinar el sistema de tratamiento y la capacidad del tanque al celebrar el Convenio
004 de 2007, no se contrató el suministro e instalación del sistema séptico
completo, no la construcción del campo de infiltración, con el debido sustento
técnico (...) por lo tanto el sistema de tratamiento de aguas residuales en ningún
caso cumplió ni cumple con las especificaciones de diseño (subrayado y negrilla
de origen), al no haberse contrato lo indicaban los diseños y al haberse reducido
a la mitad la capacidad de los tanque sépticos, desconociéndose el problema
ambiental y las dificultades del contaminación (negrilla fuera de texto).
"También son hechos generadores del daño que al contratista se le hayan girado
sumas de dinero superiores a los realmente invertidos en la obra sin la sujeción
rigurosa a un cronograma de obra, así como el incumplimiento por parte del
contratista, entre otras los plazos previstos para la entrega de las obras a pesar
de las diferentes reprogramaciones.
"El daño ocasionado al Municipio de Aquitania es ANORMAL, por cuanto al suscribir
el Convenio Interadministrativo No. 004 del 29 de marzo de 2007, se hubiese hecho
acorde a los diseños iniciales de la unidad sanitaria tipo ajustado a las necesidades y
requerimientos ambientales, y se hubiese compelido al contratista a cumplir con los
términos y condiciones del contrato, así mismo con los plazos previstos, y se hubiese
establecido una lista cierta de beneficiarios de las 620 unidades sanitarias; no habría
existido menoscabo, disminución o reducción de los recursos destinados para la
CONSTRUCCIÓN DE 620 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS EN EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACA, en cuantía de $2.530.493.087,66. Aunado a
lo contratado por concepto de interventoría mediante Convenio Interadministrativo
No. 005 del 30 de marzo de 2007, por valor de $157.455.420,34 […]”
156. Mediante auto núm. 0841 de 19 de junio de 2018, se falló con responsabilidad
fiscal, entre otros, contra los señores Luis Francisco Cardozo Montaña, Edwin
Farley Pérez Chaparro y Fabian Mauricio Santos Fonseca.
157. A través del auto núm. 0178 de 6 de agosto de 2018, se decidió el grado de
consulta y unos recursos de apelación interpuestos contra el fallo de
responsabilidad fiscal.
158. Ahora bien, dentro de las pruebas obrantes en el proceso se encuentra que el
Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, a través de la Resolución núm. 706 de
29 de diciembre de 201736, dispuso:
36 “[…] Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de las asignaciones, se resuelve un Procedimiento
Administrativo Correctivo – PAC, se declara el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con asignaciones
del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo, se ordena el reintegro de unos recursos […]”. Cfr.
Folios 618 a 622 del Cuaderno principal núm. 4 del Expediente.
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Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR probado el cargo formulado al Municipio de
Aquitania, Boyacá, por la ejecución negligente de recursos del Fondo Nacional de
Regalías asignados al proyecto FNR 30990, de conformidad con la parte motiva de
este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de las
asignaciones correspondientes al proyecto BPIN 1150024100000 FNR 30990
"CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS EN EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", según la parte
motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150024100000 FNR
30990 "CONSTRUCCIÓN DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS
EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Municipio de Aquitania, Boyacá en calidad de
ejecutor del proyecto FNR 30990, el reintegro de la suma de DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRECE PESOS M/CTE
($2.189.072.013), al Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación […]”
159. Contra la resolución indicada supra el Municipio de Aquitania (Boyacá)
interpuso un recurso de reposición argumentando la ilegalidad de la sanción por
violación al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad.
160. Recurso que fue resuelto a través de la Resolución núm. 072 de 15 de mayo
de 201837, y en la cual se modificó la decisión adoptada en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el epígrafe de la Resolución No. 706 del 29
de diciembre de 2017, el cual quedará así:
"Por la cual se procede a declarar el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo y se ordena el
reintegro de unos recursos"
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los "Considerados 19 y 20" de la Resolución
No. 706 del 29 de diciembre de 2017 los cuales quedarán así:
19. Que visto lo anterior y de acuerdo con la información contenida en el Informe de Cierre
del proyecto, el oficio remitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio radicado en
el DNP bajo el consecutivo 20186630189132 de 11 de abril de 2018 y Memorando
20189800057483 del 27 de abril de 2018 remitido por la Subdirección de Proyectos de la
Dirección de Vigilancia de las Regalías, se evidencia que el Ministerio profirió concepto
(sic) favorables al ajuste del proyecto FNR 30990, se procede a subsanar la presunta
irregularidad que dio origen al cargo formulado por "Ejecución negligente de recursos del
Fondo Nacional de Regalías asignados al proyecto FNR 30990"
20. Que las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las
Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y aprobaron el informe de cierre
del proyecto, elaborado por la Interventoría Administrativa y Financiera, el cual fue remitido
según memorando No. 20174420192303 del 26 de diciembre de 2017, con alcance No.
20189800057483 del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos Administrativos de Cierre del
cual se concluye que el ejecutor Municipio de Aquitania, Boyacá, debe reintegrar a favor
37 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Aquitania, Boyacá, en
contra de la resolución No. 706 del 29 de diciembre de 2017 […]” Cfr. Folios 596 a 605 de los Cuadernos
principales núms. 3 y 4 del expediente.
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Núm. único de radicación: 250002341000 2019-00168 01
Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
del Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación, la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($49.647). […]
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR los artículos de la parte resolutiva de la
Resolución No. 706 del 29 de diciembre de 2017, los cuales quedarán así:
"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR subsanada la presunta irregularidad que dio origen al
cargo, conforme la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150024100000 FNR
30990 "CONSTRUCCION 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Municipio de Aquitania, Boyacá, en calidad de
ejecutor del proyecto FNR 30990 CONSTRUCCION 500 UNIDADES SANITARIAS Y
POZOS SEPTICOS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, el reintegro de la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($49.647) […] […]”
161. De otro lado, el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, mediante la
Resolución núm. 708 de 29 de diciembre de 201738, dispuso:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR probado el cargo formulado dentro del PAC-
88-2011 por ejecución de asignaciones de recursos del Fondo Nacional de Regalías,
con destinación diferente a la permitida por la ley y autorizada en el Acuerdo de
aprobación de los recursos asignados al proyecto FNR 31315 de acuerdo con la parte
motiva del presente acto.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de las
asignaciones correspondientes al proyecto BPIN 1150026010000 FNR 31315
"CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", según la
causal mencionada en la parte motiva.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150026010000 FNR
31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Municipio de Aquitania, Boyacá, en calidad de
ejecutor del proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES
SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el reintegro de la suma de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.987.968.00) por concepto
de recursos girados, al Fondo Nacional de Regalías, en Liquidación. […]”
162. El Municipio de Aquitania (Boyacá), igualmente interpuso recurso de reposición
argumentando la ilegalidad de la sanción por violación al debido proceso, al derecho
de defensa y al principio de legalidad.
38 “[…] Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de las asignaciones, se resuelve un Procedimiento
Administrativo Correctivo – PAC, se declara el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con asignaciones
del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo, se ordena el reintegro de unos recursos […]”. Cfr.
Folios 623 a 627 del Cuaderno principal núm. 4 del Expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 250002341000 2019-00168 01
Demandante: Luis Cardozo, Edwin Pérez y Fabián Santos
163. Recurso resuelto mediante la Resolución núm. 073 de 17 de mayo de 201839,
y en la cual también se modificó la decisión adoptada en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el epígrafe de la Resolución No. 708 del 29
de diciembre de 2017, el cual quedará así:
"Por la cual se procede a declarar el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, o en depósito en el mismo y se ordena el
giro de unos recursos"
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los "Considerados 19, 20 y 21" de la Resolución
No. 708 del 29 de diciembre de 2017 los cuales quedarán así:
19. Que visto lo anterior y de acuerdo con la información contenida en el Sistema de
Información Infoproject, el oficio remitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
radicado en el DNP bajo el consecutivo (sic) 20186630189142 del 11 de abril de 2018 y el
Memorando radicado DNP No. 20189800057533 del 27 de abril de 2018 remitido por la
Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, se evidencia que
el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio profirió concepto favorables al ajuste del
proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA",
por lo cual se procede a declarar subsanada la irregularidad que dio origen al cargo.
20. Que las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las
Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y aprobaron el informe de cierre
del proyecto, elaborado por la Interventoría Administrativa y Financiera, el cual fue remitido
según memorando No. 20174420192223 del 26 de diciembre de 2017 con alcance No.
20189800057533 del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos Administrativos de Cierre.
21. Que según lo señalado en el Informe de Cierre del proyecto 20174420192223 del 26
de diciembre de 2017 y en el alcance remitido por la Subdirección de Proyectos de la
Dirección de Vigilancia de las Regalías con memorando 20189800057533 del 27 de abril
de 2018, y teniendo en cuenta que no se han girado la totalidad de los recursos al ejecutor
del proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA",
el Fondo Nacional de Regalías, debe girar al Municipio de Aquitania, Boyacá la suma de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($49.774.965)
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR los artículos de la parte resolutiva de la
Resolución No. 708 del 29 de diciembre de 2017, los cuales quedarán así:
"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR subsanada la presunta irregularidad que dio origen al
cargo, conforme la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR cerrado el proyecto BPIN 1150026010000 FNR
31315 "CONSTRUCCION 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el giro de recursos al ejecutor Municipio de Aquitania,
Boyacá, equivalente a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($49.774.965), con cargo a la disponibilidad de recursos de la Nación […]”
39 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Aquitania, Boyacá, en
contra de la resolución No. 708 del 29 de diciembre de 2017 […]” Cfr. Folios 608 a 617 del Cuaderno principal
núm. 4 del expediente.
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164. El Fondo Nacional de Regalías para fundamentar su decisión señaló que de
manera previa a decidir de fondo los recursos de reposición interpuestos, ordenó
oficiar a la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías
del Departamento Nacional de Planeación, para que remitiera copia de los
documentos aportados por el Municipio de Aquitania (Boyacá), al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio con la finalidad que éste se pronunciará de fondo sobre
la viabilidad técnica de las modificaciones efectuadas a los proyectos de inversión
FNR 3099040 y FNR 3131541.
165. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de los oficios núms.
20186630189132 y 20186630189142 ambos calendados de 11 de abril de 2018,
emitió conceptos favorables: i) al proyecto FNR 30990 referente a la Construcción
de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el Municipio de Aquitania; y ii) al
proyecto FNR 31315 respecto de la Construcción de 120 unidades sanitarias para
la zona rural del Municipio de Aquitania.
166. En el oficio núm. 20186630189132 de 11 de abril de 2018, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que:
“[…] “(…) es así como el municipio de Aquitania, por medio del oficio No. S.P. 029 de fecha
15 de marzo de 2018, radicado en el Ministerio bajo el No. 2018ER 0015696 con fecha 16
de marzo de 2018, envía le información solicitada por esta cartera.
Así las cosas, este Ministerio, una vez recibió la documentación para rendir el concepto
técnico solicitado, procedió a evaluarla y por considerarlo igualmente necesario para ello,
efectuó una visita técnica el día 21 de marzo de 2018 al sitio del proyecto:
CONSTRUCCION DE 500 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN EL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA […] encontrando lo
siguiente:
A la fecha el proyecto se encuentra terminado, con un avance físico de 88.40% en
condiciones no aprobadas, de acuerdo al informe de interventoría técnica con corte a
noviembre de 2011 y lo registrado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación DNP, en su análisis
administrativo y financiero.
Las modificaciones presentadas durante la ejecución del proyecto obedecieron a la
ejecución de mayores y menores cantidades de obra, eliminación y adición de actividades,
cambio en el listado de beneficiarios, modificaciones técnicas y variación de precios
unitarios.
En la visita técnica se realizó el traslado a una de las unidades sanitarias construidas con
el presente proyecto en la vereda Pérez, cuya propietaria es la señora Visitación Sanabria
identificada con la c.c. 4.216.382, en donde se pudo evidenciar que las obras ejecutadas
en su vivienda relacionadas con la unidad sanitaria y el pozo séptico, se encuentra
funcionando y prestando el servicio requerido.
40 Construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos en el Municipio de Aquitania
41 Construcción de 120 unidades sanitarias para la zona rural del Municipio de Aquitania
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De igual forma, se pudo establecer que con la ejecución del proyecto se construyeron 455
unidades sanitarias y pozos sépticos, beneficiando a 392 propietarios incluidos inicialmente
en el proyecto y a 63 propietarios nuevos.
A pesar de que la administración municipal de Aquitania no presentó la acreditación de la
funcionalidad del proyecto, se tuvo en cuenta lo informado por la Secretaria de Planeación
Municipal, en constancia firmada el 1 de agosto de 2017, donde indica que el ajuste al
proyecto fue basado en la verificación y toma de datos, actividades realizadas en visita
técnica durante los días del 8 al 12 de mayo de 2017 por funcionarios del DNP y del
municipio, a cada unidad sanitaria recibida por la comunidad.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, compilatorio del artículo 6 del Decreto 418 de 2007 y consultado el
análisis de la interventoría administrativa y financiera de la Dirección de Regalías, se
profiere concepto favorable al proyecto FNR 30990 Construcción De 500 Unidades
Sanitarias Para la Zona Rural del Municipio de Aquitania en el Departamento De Boyacá"
respecto al número de unidades sanitarias ejecutadas correspondientes a 455, teniendo
en cuenta que el proyecto no presentó una variación técnica que afectara las condiciones
de construcción y funcionalidad, ya que las modificaciones se fundamentaron en el cambio
de usuarios y variaciones de las actividades y cantidades de obra del mismo.
Es prudente aclarar que el concepto emitido por este Ministerio se circunscribe a la revisión
"técnica” de la ejecución del proyecto, bajo las condiciones descritas e informadas por el
municipio de Aquitania-Boyacá.
Así mismo, nos permitimos señalar que el análisis efectuado sobre el proyecto se realizó
sobre la información suministrada por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación y el municipio de
Aquitania- Boyacá y que su veracidad es total responsabilidad de dichas entidades. (…)”
El Ministerio hace referencia en su concepto a que el proyecto de inversión cuenta
"con un avance físico de 88.40% en condiciones no aprobadas"; es importante
precisar que con el ajuste el proyecto el avance en condiciones aprobadas
corresponde al 100%. […]”
167. Y en el oficio núm. 20186630189142 de 11 de abril de 2018, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio señaló que:
“[…] (…) es así como el municipio de Aquitania, por medio del oficio No. S.P. 029 de fecha
15 de marzo de 2018, radicado en el Ministerio bajo el No. 2018ER 0015696 con fecha 16
de marzo de 2018, envía la información solicitada por esta cartera.
Así las cosas, este Ministerio, una vez recibió la documentación para rendir el concepto
técnico solicitado, procedió a evaluarla y por considerarlo igualmente necesario para ello,
efectuó una visita técnica el día 21 de marzo de 2018 al sitio del proyecto:
"CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" […] encontrando lo
siguiente:
A la fecha el proyecto se encuentra terminado, con un avance físico de 73.30% en
condiciones no aprobadas, de acuerdo al informe de interventoría técnica con corte a
noviembre de 2011 y lo registrado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación DNP, en su análisis
administrativo y financiero.
Las modificaciones presentadas durante la ejecución del proyecto obedecieron a la
ejecución de mayores y menores cantidades de obra, eliminación y adición de actividades,
cambio en el listado de beneficiarios, modificaciones técnicas y variación de precios
unitarios.
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En la visita técnica se realizó el traslado a una de las unidades sanitarias construidas con
el presente proyecto en la vereda Pérez, cuya propietaria es la señora Ana Isabel Sánchez
Identificada con la c.c. 23.944.592, en donde se pudo evidenciar que la obra ejecutada en
su vivienda relacionadas con la unidad sanitaria, se encuentra funcionando y prestando el
servicio requerido.
De igual forma, se pudo establecer que con la ejecución del proyecto se construyeron 104
unidades sanitarias, beneficiando a 78 propietarios incluidos inicialmente en el proyecto y
a 26 propietarios nuevos.
A pesar de que le administración municipal de Aquitania no presentó la acreditación de la
funcionalidad del proyecto, se tuvo en cuenta lo informado por la Secretaria de Planeación
Municipal, en constancia firmada el 1 de agosto de 2017, donde indica que el ajuste al
proyecto fue basado en la verificación y toma de datos, actividades realizadas en visita
técnica durante los días del 8 al 12 de mayo de 2017 por funcionarios del DNP y del
municipio, a cada unidad sanitaria recibida por la comunidad.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, compilatorio del artículo 6 del Decreto 416 de 2007 y consultado el
análisis de la interventoría administrativa y financiera de la Dirección de Regalías, se
profiere concepto favorable al proyecto FNR 31315 Construcción De 120 Unidades
Sanitarias Para La Zona Rural Del Municipio De Aquitania En El Departamento De Boyacá"
respecto al número de unidades sanitarias ejecutadas correspondiente a 104, teniendo en
cuenta que el proyecto no presento variación técnica que afectara las condiciones de
construcción y funcionalidad, ya que las modificaciones se fundamentaron en el cambio de
usuarios y variaciones de las actividades y cantidades de obra del mismo.
Es prudente aclarar que el concepto emitido por este Ministerio se circunscribe a la revisión
“técnica” de la ejecución del proyecto, bajo las condiciones descritas e informadas por el
municipio de Aquitania - Boyacá.
Así mismo, nos permitimos señalar que el análisis efectuado sobre el proyecto se realizó
sobre la información suministrada por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación y el municipio de
Aquitania-Boyacá y que su veracidad es total responsabilidad de dichas entidades. (...)
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hace referencia en su concepto a que el
proyecto de inversión cuenta “con un avance físico de 73.30% en condiciones no
aprobadas", siendo importante precisar que con el ajuste del proyecto, el avance en
condiciones aprobadas corresponde al 100%. […]”
168. Esta Sala conforme a los marcos normativos indicados supra, considera que
el daño patrimonial al Estado se entiende como toda lesión al patrimonio público,
representada en el menoscabo, perjuicio, detrimento, pérdida o uso indebido de los
bienes o recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia.
169. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos,
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento
al patrimonio público; y además es dable resaltar que: i) los fallos de responsabilidad
fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso; ii)
el daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con
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cualquier medio de prueba; y iii) las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.
170. De este modo, de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que la
obra contratada a través del Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007 que
correspondía a la construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos, y su
adicional para la construcción de 120 unidades sanitarias para la zona rural del
Municipio de Aquitania fueron ejecutadas en los términos indicados en el concepto
de favorabilidad emitido luego de realizada la visita técnica al lugar donde debía
realizarse la obra.
171. En ese sentido, se observa que en los documentos previamente indicados, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución núm. 072 de 15 de mayo
de 2018 frente al proyecto FNR 30990, dispuesto para la construcción de 500
unidades sanitarias, hizo referencia en su concepto a que el proyecto de inversión
contó “[…] con un avance físico de 88.40% en condiciones no aprobadas"; es
importante precisar que con el ajuste el proyecto el avance en condiciones
aprobadas corresponde al 100%.[…]” y habiendo realizado los ajustes pertinentes
indicó que, “[…] las Subdirecciones de Control y de Proyectos de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías, y la Subdirección Financiera del DNP verificaron y
aprobaron el informe de cierre del proyecto, elaborado por la Interventoría
Administrativa y Financiera, el cual fue remitido según memorando No.
20174420192303 del 26 de diciembre de 2017, con alcance No. 20189800057483
del 27 de abril de 2018 al Grupo de Actos Administrativos de Cierre del cual se
concluye que el ejecutor Municipio de Aquitania, Boyacá, debe reintegrar a favor del
Fondo Nacional de Regalias, en Liquidación, la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($49.647) por concepto de
saldos no ejecutados del proyecto, de acuerdo con el siguiente detalle:
Balance del Proyecto
COFINANCIACIÓN
COFINNANCIACIÓN
No. DESCRIPCIÓN VALOR FNR EN BIENES Y TOTAL
EN VALOR
SERVICIOS
1 VALOR DEL $2.189.022.366,00 $0,00 $0,00 $2.189.022.366,00
PROYECTO
2 VALOR GIRADO $2.189.072.888,00 $0,00 $0,00 $2.189.072.888,00
3 VALOR $2.189.072.888,00 $0,00 $0,00 $2.189.072.888,00
CONTRATADO
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4 VALOR $2.189.022.366,00 $0,00 $0,00 $2.189.022.366,00
EJECUTADO
5 PAGOS A $2.148.755.747,00 $0,00 $0,00 $2.148.755.747,00
CONTRATISTAS
6 SALDOS NO $50.522,00 $0,00 $0,00 $50.522,00
EJECUTADOS A
REINTEGRAR (2-4)
7 SALDOS NO $875,00 $0,00 $0,00 $875,00
EJECUTADOS
REINTEGRADOS O
REINVERTIDOS
8 SALDOS NO $49.647,00 $0,00 $0,00 $49.647,00
EJECUTADOS POR
REINTEGRAR (6-7)
No. DESCRIPCIÓN VALOR
9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS $8.645.193,00
10 RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS $8.645.193,00
A LA DTN – MHCP / ECOPETROL
11 SALDO POR REINTEGRAR DE RENDIMIENTOS $0,00
FINANCIEROS (9-10)
12 SALDO PRESUPUESTAL POR LIBERAR (1-4) / $0,00
FAEP PRODUCTORES (1-4-7)
“[…]”
172. Y en la Resolución núm. 073 de 17 de mayo de 2018 frente al proyecto FNR
31315, dispuesto para la construcción de 120 unidades sanitarias, hizo referencia
en su concepto a que el proyecto de inversión contó “[…] con un avance físico de
73.30% en condiciones no aprobadas", siendo importante precisar que con el ajuste
del proyecto, el avance en condiciones aprobadas corresponde al 100%. […]” y
habiendo realizado los ajustes pertinentes indicó que, “[…] según lo señalado en el
Informe de Cierre del proyecto 20174420192223 del 26 de diciembre de 2017 y en
el alcance remitido por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia
de las Regalías con memorando 20189800057533 del 27 de abril de 2018, y
teniendo en cuenta que no se han girado la totalidad de los recursos al ejecutor del
proyecto FNR 31315 "CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA", el Fondo Nacional de Regalías, debe girar al Municipio de Aquitania,
Boyacá la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($49.774.965), según el siguiente detalle:
Balance del Proyecto
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COFINANCIACIÓN
COFINNANCIACIÓN
No. DESCRIPCIÓN VALOR FNR EN BIENES Y TOTAL
EN VALOR
SERVICIOS
1 VALOR DEL $498.762.933,00 $0,00 $0,00 $498.762.933,00
PROYECTO
2 VALOR GIRADO $448.987.968,00 $0,00 $0,00 $448.987.968,00
3 VALOR $498.875.620,00 $0,00 $0,00 $498.875.620,00
CONTRATADO
4 VALOR $498.762.933,00 $0,00 $0,00 $498.762.933,00
EJECUTADO
5 PAGOS A $373.833.013,03 $0,00 $0,00 $373.833.013,03
CONTRATISTAS
6 SALDOS NO $49.774.965,00 $0,00 $0,00 $49.774.965,00
EJECUTADOS A
REINTEGRAR (2-4)
7 SALDOS NO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
EJECUTADOS
REINTEGRADOS O
REINVERTIDOS
8 SALDOS NO $49.774.965,00 $0,00 $0,00 $49.774.965,00
EJECUTADOS POR
REINTEGRAR (6-7)
No. DESCRIPCIÓN VALOR
9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS $37.214.338,94
10 RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS $37.214.338,94
A LA DTN – MHCP / ECOPETROL
11 SALDO POR REINTEGRAR DE RENDIMIENTOS $0,00
FINANCIEROS (9-10)
12 SALDO PRESUPUESTAL POR LIBERAR (1-4) / $0,00
FAEP PRODUCTORES (1-4-7)
“[…]”
173. Observa la Sala, que el Municipio de Aquitania (Boyacá) en cumplimiento a lo
dispuesto en la Resolución núm. 072 del 15 de mayo de 2018, en la cual se ordenó
reintegrar la suma de $49.647 pesos m/cte a favor del Fondo Nacional de Regalías,
por concepto de saldos no ejecutados del proyecto de la referencia, mediante
Resolución núm. 0575 de 9 de agosto de 2018, ordenó a través del Tesorero
Municipal cancelar la suma previamente indicada.
174. Atendiendo las consideraciones previamente indicadas, esta Sala no
encuentra configurado el daño patrimonial al Estado, toda vez que, la obra
contratada por el Municipio de Aquitania (Boyacá), fue ejecutada, si bien en
condiciones un tanto diferentes a los inicialmente pactados, no se debe desconocer
en el caso sub examine que la comunidad fue beneficiaria con el adelantamiento de
la obra.
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175. Conforme a lo expuesto, esta Sala considera que, contrario a lo afirmado por
la parte demandada, en el caso sub examine no hubo un detrimento patrimonial al
Estado atribuible a la parte demandante de este proceso.
Condena en costas
176. Visto el artículo 365 numeral 8.° de la Ley 1564 sobre condena en costas, y
atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que en el expediente no
aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la parte
demandada.
Conclusiones de la Sala
177. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada
no logró acreditar la existencia del daño patrimonial al Estado.
178. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida, en
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el 29 de julio de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
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