Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2019-00073-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Improcedencia de la acción de cumplimiento: para solicitar el cumplimiento de providencias judiciales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2019-00073-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2019-00073-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
4 de abril de 2019
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Para solicitar el cumplimiento de providencias judiciales
Pretensión de cumplimiento de la providencia dictada por el Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá Al abordar el análisis de los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento en el sub examine, la Sala reitera en esta oportunidad la tesis que ha sostenido con respecto a que este medio de control no es el mecanismo judicial idóneo para solicitar el cumplimiento de providencias judiciales , sino únicamente de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, por lo que se impone confirmar el numeral primero del fallo impugnado. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 393 de 1997 que consagró la presente acción para la efectividad de normas y no con sustento en el artículo 9 ejusdem que establece la causal de improcedencia referida a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, como lo consideró el a quo constitucional
FUENTE FORMAL: LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 1
RECHAZO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Respecto de las pretensiones no incluidas en las peticiones elevadas para cumplir el requisito de constitución en renuencia
Pretensiones contenidas en los numerales 3 a 7 de la demanda Con respecto a las pretensiones contenidas en estos numerales que se refieren a que el Superintendente de Economía Solidaria que ordene i) a la de Notariado y Registro cancelar las matrículas de los inmuebles de la cooperativa; ii) dar aplicación a aportes para planes de vivienda, conforme a la Resolución No. 044 de 1999 de la Superintendencia de Sociedades; iii) la aplicación del Código Civil, con los derechos absolutos sobre el predio de propiedad de la cooperativa; iv) las medidas conducentes para garantizar el derecho patrimonial de los asociados legítimos; v) la investigación por parte de la Procuraduría; se rechazará la demanda, no solo por no haberse incluido tales pretensiones en las peticiones que se tuvieron como escritos de constitución en renuencia
EXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO / MANDATO CONTENIDO EN LA NORMA – No es actualmente exigible / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO – En trámite / MANDATO CONTENIDO EN LA NORMA - Cancelación de inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de los órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales de una entidad sometida a su control, inspección y vigilancia de la superintendecia de economía solidaria / CONSECUENCIAS JURÍDICAS PREVISTA EN LA NORMA – Requiere la comprobación de presupuestos para su aplicación
Examen de la pretensión de cumplimiento de los numerales 11 y 20, literales a) y b) del artículo 36 la Ley 454 de 1998 (…) en el sub examine no está acreditado que haya concluido el procedimiento ante la Superintendencia de Economía Solidaria que dé lugar a la imposición de una sanción como la prevista en la norma, de tal manera que si bien es posible deducir del precepto objeto de análisis una obligación clara y expresa, lo cierto es que la misma no es actualmente exigible, de tal manera que no es posible impartir una orden encaminada a que la entidad disponga la cancelación de la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de los órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad. La Sala destaca que en virtud de las quejas y peticiones presentadas en contra de la cooperativa, el procedimiento sancionatorio está en trámite, habiéndose practicado la inspección correspondiente, encontrándose pendiente la decisión. (…) Por su parte, el numeral 20 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 le asigna a la entidad demandada la función de “Convocar de oficio o a petición de parte a reuniones de Asamblea General”, únicamente en los eventos en que i) no se hubieren cumplido los procedimientos a que se refiere el artículo 30 de la Ley 79 de 1988, esto es, cuando la misma no haya sido convocada con el lleno de los requisitos establecidos por quienes tienen competencia al interior de la persona jurídica sujeto de control; y ii) se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social. De lo expuesto se advierte que la potestad de convocatoria del máximo órgano social de las cooperativas sujetas a inspección control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria no opera en forma automática, sino que se requiere la comprobación de uno cualquiera de los dos eventos previstos en la norma, cuya verificación corresponde al ente de control y no al juez del cumplimiento. De lo expuesto se concluye que las normas cuyo cumplimiento se pretende contienen un mandado imperativo pero el mismo no es aún exigible por no haberse agotado el procedimiento administrativo por lo que su observancia no puede ser ordenada por el juez constitucional, pues se requiere la comprobación del supuesto fáctico previsto en las mismas para que opere la consecuencia jurídica que –se reitera– no es automática
FUENTE FORMAL: LEY 454 DE 1998 - ARTÍCULO 36 – NUMERAL 11 / LEY 454 DE 1998 - ARTÍCULO 36 – NUMERAL 20
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-41-000-2019-00073-01(ACU)
Actor: ESPERANZA RODRÍGUEZ RÍOS Y OTROS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Temas: Acreditación del requisito de renuencia, improcedencia de la acción para obtener el cumplimiento de providencias judiciales, estudio de la exigencia de un mandato imperativo e inobjetable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 4 de marzo de 2019, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “B” i) declaró improcedente la acción de cumplimiento para ejecutar un fallo judicial ordinario; ii) rechazó la demanda respecto de las pretensiones 4 a 7, y iii) negó las pretensiones 1 y 3 de la demanda.
1. ANTECEDENTES
Solicitud de cumplimiento
Mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2019, en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los ciudadanos Esperanza Rodríguez Ríos, Pioquinto Tíjaro Agudo, Alberto Ávila Sotelo, Noel Fuentes, Julio Roberto Monroy García, José Adonaí Forero Moya y Wilson Rodríguez Ríos, actuando en nombre propio, ejercieron acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Economía Solidaria, con el fin de obtener el acatamiento de los numerales 8, 11 y 20, literales a) y b) del artículo 36 la Ley 454 de 1998, así como de la orden impartida por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias en relación con el fallo que declaró la nulidad de un acta de la asamblea general de asociados de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad.
Como pretensiones, los accionantes formularon las siguientes:
“1. Que este Honorable Tribunal ordene al Superintendente de Economía Solidaria Héctor Raúl Velandia o quien haga sus veces de acuerdo a la Ley 454 de 1998, la aplicación de los numerales 8 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 ‘ordenar la remoción de los administradores’ 11 ‘ordenar la cancelación de todos los registros en la Cámara de Comercio desde 1998 a la fecha del presente escrito’ desde 1998 y 20 ‘convocar asamblea general de asociados’ literales a y b ‘por declaratoria de nulidad e ineficacia’ y de todas y cada una de las peticiones descritas en el Derecho de insistencia a derecho de petición No. 20184400124232 del 30 de abril de 2018.
2. Que el honorable Tribunal ordene al señor Superintendente convocar la Asamblea General de Asociados ordenada por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, teniendo en cuenta lo que dispone el Código Civil y el Código de Comercio de las sanciones por las nulidades decretadas.
3. Que el honorable Tribunal ordene al señor Superintendente que oficie a la Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de que cancelen todas las matrículas inscritas o que dieron origen de la personería jurídica de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad de los inmuebles asociados al NIT 860.031.942-6.
4. Que el honorable Tribunal ordene a la Supersolidaria, la aplicación de los aportes para planes de vivienda, conforme lo dispone la Resolución 044 de 1.990 de la Superintendencia de Sociedades, a las organizaciones sin ánimo de lucro, clasificación y criterios de la época de entrada en vigencia a fin de garantizar los ahorros y aportes de los asociados.
5. Que el Honorable Tribunal ordene a la Superintendencia de Economía Solidaria la aplicación del Código Civil, con los derechos absolutos sobre el predio que describe el antecedente No. 4 del municipio de Chía, a fin de garantizar la reparación sobre los afectados, en concordancia con el Código del Comercio.
6. Que el Honorable Tribunal ordene todas las medidas conducentes para garantizar el derecho patrimonial de los asociados legítimos, y que el proyecto de vivienda desarrollado en el municipio de Chía, se declare accesorio a la persona jurídica y no a las personas que violaron la ley y actúan de mala fe y ordenar la denuncia contra el revisor fiscal por cohonestar el delito, y lo pertinente observado por el Código de Comercio por la nulidad a los administradores y asociados según lo dispone el artículo 105 del Código de Comercio.
7. Que el Honorable Tribunal ordene la investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, contra el funcionario o funcionarios, que por omisión en sus funciones hayan permitido se transgreda la ley por los vigilados durante los últimos años pese al importante número de radicados y registros judiciales de irregularidades allí advertidas a todas y cada una de las personas que con sus respuestas permitieron se transgrediera la ley por los años desde 2001 a 2018 según prescripciones de acuerdo a su cargo y responsabilidad.”
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La petición de cumplimiento se sustentó en los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en el fallo:
1.3.1. Los actores manifestaron pertenecer a la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad, en la cual se asociaron en un plan de ahorro para la construcción de vivienda, en relación con la cual precisan que se han presentado múltiples irregularidades que han sido puestas en conocimiento de varias instancias judiciales, en relación con las cuales relacionó las sentencias dictadas en procesos en los que se pretendió la nulidad de actos de la Asamblea General, las cuales se declararon nulas por las autoridades judiciales que las conocieron.
1.3.2. Mediante Oficio No. 33469 del 24 de julio de 2017, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá le solicitó a la Superintendencia demandada que le comunicara la forma como la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad “cumplió con lo ordenado en la sentencia del 5 de febrero de 2001, proferida por el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá y confirmada el 2 de noviembre de 2001 por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá”. En el mismo oficio, lo requirió para que convocara a asamblea de la referida cooperativa, en cumplimiento del fallo judicial.
1.3.3. El requerimiento judicial fue contestado por la superintendencia accionada, según oficio radicado en el despacho judicial el 17 de septiembre de 2018, informando que la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad se encuentra en el tercer nivel de intervención e indicó el resultado de las visitas realizadas y de las actas con las cuales se subsanaron las falencias advertidas por distintos despachos judiciales en relación con las reuniones de la asamblea de asociados.
1.3.3.1. Con respecto a la convocatoria de reunión de la asamblea general de la referida cooperativa, la Superintendencia precisó que tiene la competencia para convocarla de oficio o a petición de parte, pero que esa facultad es discrecional del órgano de supervisión estatal, “siendo actualmente materia de análisis conforme a los hallazgos encontrados en la visita realizada en el mes de abril de 2017, por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria”.
1.3.3.2. En el oficio de respuesta, agregó que las sentencias proferidas por los despachos judiciales no le impartieron orden alguna a esa Superintendencia, la cual no fue parte en los procesos judiciales por carecer de legitimación para comparecer a los mismos y, además, por cuanto corresponde a la esfera de la autonomía, autogestión e independencia de las organizaciones vigiladas la celebración de sus asambleas y el cumplimiento de las decisiones judiciales ejecutoriadas, sin que la entidad de control responda solidariamente por ellas.
1.3.4. El 25 de septiembre de 2018, la accionante Esperanza Rodríguez Ríos presentó, en ejercicio del derecho de petición, solicitó ante la Superintendencia de Economía Solidaria que “se diera aplicación de la Ley 454 de 1998, conforme lo dispone el artículo 36 numeral 11 y especificado (sic), que corresponde en cabeza del Superintendente mediante Decreto 186 del 2004, art. 5º numeral 20 y se cancele la inscripción del registro en los documentos de inscripción de nombramientos en órganos de administración, control y vigilancia, revisores fiscales, reformas estatutarias, desde el año 1997 y hasta la fecha de hoy septiembre de 2018, al comprobar irregularidades el certificado de existencia y representación legal conforme al fallo sentencia judicial, en consonancia dispone el artículo 767 del Código Civil y art. 766”.
1.3.5. La petición anterior fue contestada por el Superintendente para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria de la Superintendencia accionada, según Oficio del 9 de octubre de 2018, en el que le informó que procedería a trasladar la petición “al órgano de control competente”, para que sea éste el que le dé efectiva respuesta a la solicitud.
1.3.6. El 4 de octubre de 2018, el señor Pioquinto Tíjaro Agudo solicitó a la Superintendencia de Economía Solidaria que aplicara el numeral 20 del artículo 5º del Decreto 186 de 2004, conforme a los fines y funciones de la Ley 454 de 1998, descritos en los artículos 34, 35 y 36 numerales 11 y 20, en concordancia con la impugnación de asambleas de que trata el artículo 45 de la Ley 79 de 1988.
1.3.6.1. Sustentó la petición anterior en que el Juzgado 41 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá “ordenó la suspensión de todo acto de registro como consta en el Kárdex histórico de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, con Oficio No. 0001121 e inscrito el 3 de septiembre de 1997, bajo el número 0008230 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.”
1.3.6.2. Pidió a la Superintendencia que, en ejercicio de sus facultades, convocara la reunión de la asamblea de la cooperativa con los asociados “legítimos” y que ordenara medidas cautelares que resulten necesarias para proteger el patrimonio de los asociados y de la cooperativa, frente a las irregularidades que ha denunciado ante en el ente de control y fiscalización.
1.3.7. En la misma fecha y con igual sentido presentaron peticiones ante la entidad demandada –con idéntico texto– los señores Alberto Ávila Sotelo, Noel Fuentes, Julio Roberto Monroy García, José Adonaí Forero Moya Wilson Rodríguez Ríos, habiendo manifestado los peticionarios que no recibieron respuesta alguna, dentro del término establecido por el ordenamiento jurídico.
2. Fundamentos de la solicitud
2.1. Los accionantes afirmaron que la Superintendencia de Economía Solidaria es el órgano competente para ordenar la cancelación de todos los actos de los órganos sociales de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad que se encuentren registrados en la Cámara de Comercio, como consecuencia de las irregularidades que advirtieron los despachos judiciales que conocieron de los procesos de impugnación de las actas de la asamblea y que esta entidad debió convocar a una nueva reunión de ésta “ya que los directivos que fingen legalidad carecen de legitimidad para convocar la asamblea, función expresamente delegada a la Supersolidaria”.
2.2. Consideraron que la Superintendencia accionada no ha cumplido con los fines y principios consagrados en el ordenamiento jurídico y que se ha negado a cumplir las funciones asignadas por el legislador en la Ley 454 de 1998.
2.3. Agregaron que los asociados y administradores que con su voto participaron y dieron lugar a que la cooperativa señalada fuera condenada pecuniariamente, están inmersos en causal de exclusión, por lo que se deben iniciar actuaciones administrativas a que haya lugar para imponer esta sanción.
3. Actuaciones procesales relevantes
3.1. Admisión de la demanda
Mediante auto del 4 de febrero de 2019, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “B” admitió la demanda de cumplimiento y dispuso notificar a la autoridad accionada.
3.2. Contestación de la parte accionada – Superintendencia de Economía Solidaria
3.2.1. Por intermedio de apoderado judicial, la entidad contestó la demanda de cumplimiento, según escrito radicado el 19 de febrero de 2019, oponiéndose a las pretensiones.
3.2.2. Señaló que la Cooperativa COOPLIBERTAD obtuvo su personería jurídica mediante la Resolución No. 1276 del 18 de mayo de 1971, otorgada por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas - DANCOOP, la cual es distinta de las actas de la asamblea general cuya cancelación en el registro pretende la parte accionante.
3.2.3. Afirmó que, lo anterior implica que la Superintendencia de Economía Solidaria carece de facultades legales para ordenar de oficio o a solicitud de parte la cancelación del registro en la Cámara de Comercio de las actas de la asamblea general, toda vez que éstas son posteriores a la constitución de la cooperativa y que, en consecuencia, las nulidades de estas actas deben ser resueltas por la jurisdicción civil, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley 79 de 1988.
3.2.4. Explicó que los actores han demandado algunas de las actas de las reuniones de la asamblea de la cooperativa en cuestión y que, en virtud de ello, se han proferido fallos judiciales en procesos en los que la Superintendencia de Economía Solidaria no ha sido parte y no se han proferido órdenes que sean vinculantes para la misma.
3.2.5. Relacionó en su escrito i) las acciones de tutela ejercidas por los señores Wilson y Esperanza Rodríguez Ríos; ii) los controles de legalidad de reuniones de la asamblea que se han ejercido ante diferentes autoridades judiciales; iii) las investigaciones administrativas adelantadas por el ente de control y iv) las respuestas dadas a las peticiones presentadas por los aquí accionantes, afirmando que de ellas le dio traslado a la cooperativa.
3.2.6. Informó todo lo relacionado con el proyecto de vivienda cuya ejecución está a cargo de la cooperativa de vivienda, según datos que fueron recaudados durante la visita realizada en ejercicio de las funciones de control asignadas a la Superintendencia.
3.2.7. Con respecto a las peticiones presentadas por los accionantes y relacionadas en la demanda de cumplimiento, afirmó que dio respuesta a las mismas, mediante los oficios “20183700279531 del 9 de octubre de 2018; 20183700309471 del 19 de noviembre de 2018; 20183700309501 del 19 de noviembre de 2019; 20193700018271 del 8 de febrero de 2019; 20193700018281 del 8 de febrero de 2019; 20193700018261 del 8 de febrero de 2019 y 20193700018291 del 8 de febrero de 2019, atendió los derechos de petición relacionados por los accionantes, los cuales adjuntamos para su conocimiento y fines pertinentes”.
3.2.8. Formuló la excepción de improcedencia de la acción de cumplimiento para ejecutar un fallo judicial ordinario, afirmando que las providencias proferidas en las distintas instancias judiciales no le imparten ninguna orden a la Superintendencia de Economía Solidaria, entidad pública que no fue parte en los procesos judiciales que carece de facultades legales para dejar sin efectos decisiones de la asamblea.
3.3. Fallo impugnado
3.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “B”, mediante sentencia del 4 de marzo de 2019 i) declaró improcedente la acción de cumplimiento para ejecutar un fallo judicial ordinario; ii) rechazó la demanda respecto de las pretensiones 4 a 7, y iii) negó las pretensiones 1 y 3 de la demanda.
3.3.2. Para arribar a la citada resolutiva, en primer lugar, estudió la excepción denominada por la parte demandada “improcedencia de la acción para ejecutar un fallo judicial ordinario”, propuesta en relación con la segunda pretensión de la demanda, considerando que estaba llamada a prosperar.
3.3.2.1. Lo anterior, al considerar, con fundamento en el inciso segundo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, que la acción de cumplimiento es improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que medie un perjuicio irremediable, circunstancia que no fue alegada ni demostrada por la parte demandante.
3.3.2.2. Aseveró que, en el caso concreto, “existen otros instrumentos judiciales idóneos y eficaces para ventilar las pretensiones del actor ante la jurisdicción, dado que para buscar el cumplimiento de lo considerado en la sentencia proferida por el Juzgado 4 Civil Municipal, la parte actora podría demandar dicha pretensión a través del proceso ejecutivo, establecido en los artículos 422 y siguientes del C.G.P.”
3.3.3. Respecto de las pretensiones 4 a 7 de la demanda, encaminadas a que “se dé aplicación de los aportes para planes de vivienda, conforme lo dispone la Resolución 044 de 1990 de la Superintendencia de Sociedades; se dé aplicación de los derechos absolutos sobre el predio; se tomen las medidas pertinentes para garantizar el derecho patrimonial de los asociados legítimos y se ordene la investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el funcionario o funcionarios que omisión en sus funciones hayan permitido se transgreda la ley”, consideró que no se cumplió con el requisito de constitución en renuencia, previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, por lo que procedía el rechazo de la demanda.
3.3.4. Al estudiar las pretensiones 1 y 3 de la demanda, consideró que “no se relacionan con los artículos demandados como incumplidos, toda vez que, como bien lo manifestó la Superintendencia de Economía Solidaria, dentro de sus funciones no tienen facultades legales para ordenar la cancelación de actas de la asamblea general distintas al de la asamblea general de constitución, ya que dicho proceso es de competencia de los juzgados civiles municipales”.
3.3.5. El fallo fue notificado por medios electrónicos el 5 de marzo de 2019, según constancias obrantes a folios 517 y 518 del cuaderno número 3 del expediente.
3.4. Impugnación
3.4.1. Mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2019, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando que sea revocado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
3.4.2. Sustentó su inconformidad con la decisión de primera instancia en que corresponde a la Superintendencia de Economía Solidaria ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades relacionadas en la Ley 454 de 1998, que incluye a las cooperativas de vivienda que es la naturaleza de la que goza la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad.
3.4.3. Aseveró que los estatutos de esa cooperativa exigen unos requisitos para el estudio, aceptación y vinculación de un asociado y que, en el mes de febrero de 1997, una minoría del Consejo de Administración vinculó a cuarenta (40) personas, que no cumplían los requisitos, lo que conllevó a que se impugnara el acta de la reunión y se decretara por parte de la autoridad judicial competente la nulidad de la misma, sin que se haya dado alcance a dicho fallo judicial hasta la fecha.
3.4.4. Aclaró que, en el presente caso pretende que la Superintendencia accionada realice el control de legalidad de los actos de la asamblea general de la cooperativa y tome los correctivos correspondientes, conforme a lo dispuesto por la Ley 79 de 1988, precisando que no está solicitando que se cancele la personería jurídica de la cooperativa sino que se anulen los registros de las actas de la asamblea conforme a la orden impartida por el Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, desde el año 1997 hasta la fecha y que se disponga por parte del ente de control una nueva reunión con el lleno de los requisitos legales.
3.4.5. Reiteró in extenso los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el libelo introductorio y se refirió ampliamente al incumplimiento por parte de la entidad demandada.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “B” el 4 de marzo de 2019, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 015 del 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento
2.1. Con fundamento en los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, el contenido de las normas legales cuyo cumplimiento se solicita y los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia dictada por el a quo constitucional.
2.2. Para tal efecto, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
2.2.1. Si la parte actora agotó en el requisito de constitución en renuencia.
2.2.2. Si concurren en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción de cumplimiento que tornen viable el análisis de fondo de las pretensiones de la demanda.
2.2.3. En caso de ser afirmativas las respuestas a los anteriores problemas, la Sala estudiará si hay lugar a ordenar a la autoridad accionada el cumplimiento de lo dispuesto en las normas jurídicas indicadas en la demanda, cuestionamiento que implica el análisis de la concurrencia de los requisitos de la acción, con fundamento en el marco conceptual que la Sala expondrá.
3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas i) naturaleza de la acción de cumplimiento; ii) análisis del requisito de renuencia en el sub lite; y iii) examen del caso concreto con fundamento en el libelo introductorio y en los argumentos de impugnación.
3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
3.1.1. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "…acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido".
3.1.2. En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".
3.1.3. Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
3.1.4. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, ante la inobservancia de los deberes consagrados, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
3.1.5. Cabe destacar que, como lo señaló la Corte Constitucional “… el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” (Subraya fuera del texto).
3.1.6. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, se deben acreditar los requisitos mínimos que a continuación se relacionan, los que surgen del examen de los preceptos consagrados en la Ley 393 de 1997. El actor debe, en consecuencia, demostrar:
3.1.6.1. La renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º). El referido artículo señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “… cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
3.1.6.2. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º).
3.1.6.3. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.
3.1.6.4. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que la hace procedente. A contrario sensu, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).
3.1.6.4.1. Ello significa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no ordenarse por parte del juez el cumplimiento, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.
3.1.6.4.2. De igual forma, esta Sección en reiterada jurisprudencia ha desarrollado “… la existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia de la acción de cumplimiento, en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
3.1.6.4.3. Así, en sentencia de 24 de mayo de 2012, se reiteró como “… la razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio”.
3.2. Acreditación del requisito de renuencia
3.2.1. El inciso 2º del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 ejusdem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo “presuntamente” desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud.
3.2.2. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
3.2.3. Por lo tanto, la Sala estudiará si los ciudadanos Esperanza Rodríguez Ríos, Pioquinto Tíjaro Agudo, Alberto Ávila Sotelo, Noel Fuentes, Julio Roberto Monroy García, José Adonaí Forero Moya y Wilson Rodríguez Ríos cumplieron con la carga de demostrar que constituyeron en renuencia a la Superintendencia de Economía Solidaria, en relación con las normas cuyo cumplimiento pretenden.
3.2.4. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “… el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”.
3.2.5. Para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el solicitante en su petición haga mención explícita y expresa a que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir que lo pretendido –de acuerdo con el contenido de la solicitud– es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y, que de éste pueda inferirse el propósito de agotar el prerrequisito en mención.
3.2.6. Al abordar el caso concreto, la Sala encuentra una primera petición presentada por la señora Esperanza Rodríguez Ríos, de fecha 25 de septiembre de 2018, radicada en la entidad el 27 de los mismos mes y año, en la que expresamente solicita el cumplimiento del numeral 11 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y el numeral 20 del artículo 5º del Decreto 186 de 2004, normas con fundamento en las cuales requirió a la entidad para que cancelara la inscripción de los nombramientos en órganos de administración, control y vigilancia, revisores fiscales y reformas estatutarias desde el año 1997 hasta el mes de septiembre de 2018, “al comprobar irregularidades el certificado de existencia y representación legal conforme al fallo sentencia judicial, en consonancia dispone el artículo 767 del Código Civil y artículo 766.” (Sic para lo transcrito).
3.2.6.1. Esta petición no fue contestada de fondo por la entidad, la que se limitó a dar traslado de la misma al que consideró el organismo competente, sin que indicara cuál tenía tal facultad, según comunicación del 9 de octubre de 2018.
3.2.6.2. En consecuencia, frente a la referida accionante, la Sala tendrá por cumplido el requisito de renuencia con respecto a la norma consagrada en el numeral 11 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, la cual se estudiará de fondo. Así mismo, rechazará la demanda en relación con los demás preceptos cuyos cumplimiento se solicita en la demanda, esto es, los artículos 11 y 20 ejusdem, aclarando que en ésta no se incluyó pretensión alguna en relación con la segunda norma citada en la petición, a saber, el numeral 20 del artículo 5º del Decreto 186 de 2004.
3.2.7. Con respecto a los demás accionantes, esto es, los señores Pioquinto Tíjaro Agudo, Alberto Ávila Sotelo, Noel Fuentes, Julio Roberto Monroy García, José Adonaí Forero Moya y Wilson Rodríguez Ríos se encuentra demostrado que radicaron el 5 de octubre de 2017 peticiones con idéntica redacción en las que solicitaron a la Superintendencia de Economía Solidaria:
“Ref: Derecho de petición
1. Que esta Superintendencia aplique el numeral 20 del Artículo 5º del Decreto 186 de 2004, conforme a los fines y funciones de la ley 454 descritos en los artículos 34, 35 y 36 del numeral 11 y 20 y en concordancia con la impugnación de asambleas que trata el artículo 45 de la Ley 79 de 1988 conforme a los fallos judiciales:
…
2. Que esta Superintendencia convoque la asamblea en un término no superior a 20 días con asociados legítimos ya que existe el deber de hacer expresamente por sentencia ejecutoriada por el Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias y teniendo en cuenta todas las jurisprudencias de fallos judiciales han fundamentado sus decisiones en el principio general del Derecho del Código de Comercio por las irregularidades cometidas en asambleas, lo que también se tuvo en cuenta en los diferentes fallos judiciales que fue notificada esta Superintendencia y en especial se detalla mediante oficio de fecha 24 de julio de 2017 con radicado No. 20174400235392 emanada por orden judicial.
3. Que conforme al artículo 35 numeral 2, esta Superintendencia a fin de proteger nuestro patrimonio de los extraños e ilegítimos inscritos, ordene medidas cautelares sobre los bienes muebles e inmuebles…” (Sic para todo lo transcrito).
3.2.7.1. De las peticiones anteriores, la Superintendencia de Economía Solidaria dio traslado al órgano social de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad, esto es a la asamblea general de asociados y a la junta directiva, por considerar que era el competente para conocer de las quejas presentadas por los integrantes de la cooperativa en relación con las irregularidades que denuncian los peticionarios, según constancias obrantes en los cuadernos 4 y 5 anexos.
3.2.7.2. En consecuencia, en relación con estos accionantes se tendrá cumplido el requisito de constitución en renuencia únicamente respecto de los numerales 11 y 20 del artículo 36 de la Ley 454 de 1988, toda vez que en la demanda de cumplimiento no se incluyeron las demás normas jurídicas que citan en la petición y se rechazará la demanda por el numeral 8º ejusdem.
3.2.8. Todos los accionantes solicitaron en sus peticiones y en la demanda el cumplimiento de la providencia dictada por el Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, por lo que la Sala se pronunciará de fondo en relación con esta pretensión.
3.3. Análisis del caso concreto
3.3.1. Pretensión de cumplimiento de la providencia dictada por el Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá
3.3.1.1. Al abordar el análisis de los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento en el sub examine, la Sala reitera en esta oportunidad la tesis que ha sostenido con respecto a que este medio de control no es el mecanismo judicial idóneo para solicitar el cumplimiento de providencias judiciales, sino únicamente de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, por lo que se impone confirmar el numeral primero del fallo impugnado.
3.3.1.2. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 393 de 1997 que consagró la presente acción para la efectividad de normas y no con sustento en el artículo 9º ejusdem que establece la causal de improcedencia referida a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, como lo consideró el a quo constitucional.
3.3.2. Pretensiones contenidas en los numerales 3 a 7 de la demanda
Con respecto a las pretensiones contenidas en estos numerales que se refieren a que el Superintendente de Economía Solidaria que ordene i) a la de Notariado y Registro cancelar las matrículas de los inmuebles de la cooperativa; ii) dar aplicación a aportes para planes de vivienda, conforme a la Resolución No. 044 de 1999 de la Superintendencia de Sociedades; iii) la aplicación del Código Civil, con los derechos absolutos sobre el predio de propiedad de la cooperativa; iv) las medidas conducentes para garantizar el derecho patrimonial de los asociados legítimos; v) la investigación por parte de la Procuraduría; se rechazará la demanda, no solo por no haberse incluido tales pretensiones en las peticiones que se tuvieron como escritos de constitución en renuencia.
3.3.3. Examen de la pretensión de cumplimiento de los numerales 11 y 20, literales a) y b) del artículo 36 la Ley 454 de 1998
3.3.3.1. Las normas jurídicas cuya observancia se pretende obtener a través del presente medio de control –que superaron el requisito de constitución en renuencia– son las siguientes:
“LEY 454 DE 1998
(agosto 4)
Diario Oficial No. 43.357, de 6 de agosto de 1998
Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.
…
ARTÍCULO 36. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Son facultades de la Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de sus objetivos:
…
11. Ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del documento de constitución de una entidad sometida a su control, inspección y vigilancia o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta a las normas legales o estatutarias. La cancelación de la inscripción del documento de constitución conlleva la pérdida de la personería jurídica, y a ella se procederá siempre que el defecto no sea subsanable, o cuando siéndolo ha transcurrido el plazo prudencial otorgado para su corrección.
20. Convocar de oficio o a petición de parte a reuniones de Asamblea General en los siguientes casos:
a) Cuando no se hubieren cumplido los procedimientos a que se refiere el artículo 30 de la Ley 79 de 1988;
b) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social.”
3.3.3.2. Con respecto al numeral 11 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, se advierte que se encuentra consagrada como función a cargo de la Superintendencia de Economía Solidaria ordenar la cancelación, tanto del documento de constitución de una persona jurídica sometida a su inspección, control y vigilancia, como de la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales, en consideración a que la norma jurídica prevé las dos consecuencias jurídicas y no únicamente la primera como lo alegó la entidad demandada y lo consideró el juez constitucional a quo.
3.3.3.2.1. Sin embargo, esta sanción de carácter administrativo únicamente se puede imponer, previo agotamiento del debido proceso, en el evento de que –en sede de inspección, control o vigilancia– la Superintendencia de Economía Solidaria encuentre acreditado, en grado de plenitud probatoria, que la información presentada para su inscripción no se ajusta a las normas legales o estatutarias.
3.3.3.2.2. Abordando el caso concreto, según el marco normativo y conceptual referido, en el sub examine no está acreditado que haya concluido el procedimiento ante la Superintendencia de Economía Solidaria que dé lugar a la imposición de una sanción como la prevista en la norma, de tal manera que si bien es posible deducir del precepto objeto de análisis una obligación clara y expresa, lo cierto es que la misma no es actualmente exigible, de tal manera que no es posible impartir una orden encaminada a que la entidad disponga la cancelación de la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de los órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad.
3.3.3.2.3. La Sala destaca que en virtud de las quejas y peticiones presentadas en contra de la cooperativa, el procedimiento sancionatorio está en trámite, habiéndose practicado la inspección correspondiente, encontrándose pendiente la decisión.
3.3.3.2.4. Tampoco puede el juez constitucional de cumplimiento estudiar la procedencia en el caso de concreto de la imposición de la consecuencia jurídica prevista en la norma, pues ello implicaría asumir una competencia reglada otorgada por la ley al organismo de control, quien deberá verificar si los nombramientos de quienes actualmente ostentan los cargos relacionados fueron efectuados conformidad con los estatutos y la ley.
3.3.3.3. Por su parte, el numeral 20 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 le asigna a la entidad demandada la función de “Convocar de oficio o a petición de parte a reuniones de Asamblea General”, únicamente en los eventos en que i) no se hubieren cumplido los procedimientos a que se refiere el artículo 30 de la Ley 79 de 1988, esto es, cuando la misma no haya sido convocada con el lleno de los requisitos establecidos por quienes tienen competencia al interior de la persona jurídica sujeto de control; y ii) se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social.
3.3.3.3.1. De lo expuesto se advierte que la potestad de convocatoria del máximo órgano social de las cooperativas sujetas a inspección control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria no opera en forma automática, sino que se requiere la comprobación de uno cualquiera de los dos eventos previstos en la norma, cuya verificación corresponde al ente de control y no al juez del cumplimiento.
3.3.3.3.2. De lo expuesto se concluye que las normas cuyo cumplimiento se pretende contienen un mandado imperativo pero el mismo no es aún exigible por no haberse agotado el procedimiento administrativo por lo que su observancia no puede ser ordenada por el juez constitucional, pues se requiere la comprobación del supuesto fáctico previsto en las mismas para que opere la consecuencia jurídica que –se reitera– no es automática.
3.4. Conclusiones
3.4.1. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera, en primer lugar, que en el presente caso la acción de cumplimiento no es procedente para disponer la observancia de la providencia judicial analizada en el vocativo de la referencia, por no estar enmarcada en el objeto previsto para este medio de control en el artículo 1º de la Ley 393 de 1997 que restringe su ámbito de aplicación a normas con fuerza material de ley y actos administrativos.
3.4.2. En segundo lugar, que no se cumplió el requisito de renuencia que torne procedente la acción de cumplimiento en relación con el numeral 8º del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 ni con respecto a las pretensiones contenidas en los numerales 3 a 7 de la demanda, por lo que se debe rechazar la demanda sobre estos.
3.4.3. En tercer lugar, las normas contenidas en los numerales 11 y 20 del artículo 36 ejusdem si bien contienen un mandato imperativo e inobjetable, su cumplimiento no se puede ordenar sin la comprobación de los supuestos de hecho indicados en las mismas, los que a la fecha no se encuentran acreditados.
3.4.4. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 4 de marzo de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “B”, en cuanto declaró improcedente la acción de cumplimiento para ejecutar un fallo judicial, pero por las consideraciones expuestas en esta providencia y la modificará en el sentido de i) rechazar la demanda respecto del numeral 8º del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y de las pretensiones contenidas en los numerales 3 a 7 de la demanda y iii) negar la petición de cumplimiento sobre los numerales 11 y 20 del artículo 36 ejusdem.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de marzo de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B”, que declaró improcedente la acción de cumplimiento para ejecutar un fallo judicial, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: MODIFICAR el fallo, en el sentido de i) rechazar la demanda respecto del numeral 8º del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y de las pretensiones contenidas en los numerales 3 a 7 de la demanda y iii) negar la petición de cumplimiento sobre los numerales 11 y 20 del artículo 36 ejusdem.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Folios 1 al 31 del expediente de cumplimiento.
“Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones”. Folio 27 del expediente de cumplimiento. Folio 32 del expediente de cumplimiento. En la respuesta no se indicó cuál era el órgano de control competente. Folio 60 del expediente. Folio 48 del cuaderno número 1 del expediente de cumplimiento. Folio 43, del cuaderno número 1 del expediente de cumplimiento. Folios 47 a 50 del cuaderno número 1 del expediente de cumplimiento. Folio 56. Folios 55 a 58 del cuaderno número 1 del expediente de cumplimiento. Folio 59 del cuaderno número 1 del expediente. Folio 448 del cuaderno número 3 del expediente de cumplimiento. Folios 3 al 34 del expediente de cumplimiento.
“Artículo 45. Compete a los jueces civiles municipales el conocimiento de las impugnaciones de los actos o decisiones de la asamblea general y del consejo de administración de las cooperativas, cuando no se ajusten a la ley o a los estatutos, o cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo. El procedimiento será el abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil”. Folios 486 y siguientes del cuaderno número 3 del expediente de cumplimiento. Folio 511 del cuaderno número 3 del expediente de cumplimiento.
“Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa". De conformidad con la sentencia C-157 de 1998 esta acción se “… nutre del principio constitucional de la efectividad de los derechos que es anejo al Estado Social de Derecho, pues si éste busca crear unas condiciones materiales de existencia que aseguren una vida en condiciones dignas y justas a los integrantes de la comunidad, y la acción de los poderes públicos para lograr estos propósitos se traducen en leyes y actos administrativos, toda persona como integrante de ésta, en ejercicio del derecho de participación política e interesado en que dichos cometidos materiales se realicen, tiene un poder activo para instar el cumplimiento de dichas leyes y actos, acudiendo para ello al ejercicio de una acción judicial”. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices. Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiterada en varios pronunciamientos entre los cuales cabe destacar el fallo del 9 de agosto de 2018. Rad. 25000-23-41-000-2018-00397-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de la Economía Solidaria”
Folio 32 del cuaderno número 1 del expediente de cumplimiento. Folios 39 a 62 del cuaderno número 1 del expediente de cumplimiento. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-41-000-2016-00207-01(ACU) M.P.
Alberto Yepes Barreiro
Artículo 1º de la Ley 393 de 1997.
“Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa”. El artículo 30 al que remite la norma es del siguiente tenor: “Artículo 30. Por regla general la asamblea ordinaria o extraordinaria, será convocada por el consejo de administración, para fecha, hora y lugar determinados. La junta de vigilancia, el revisor fiscal, o un quince por ciento (15%) mínimo de los asociados, podrán solicitar al consejo de administración, la convocatoria de asamblea general extraordinaria. Los estatutos de las cooperativas determinarán los procedimientos y la competencia para efectuar la convocatoria a asamblea general ordinaria, cuando el consejo de administración no lo realice dentro del plazo establecido en la presente Ley o desatienda la petición de convocar la asamblea extraordinaria. La convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, en la forma y términos previstos en los estatutos. La junta de vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los afectados.”
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