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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2019-00280-01

Improcedencia de la acción de cumplimiento por existencia de otro medio de defensa judicial

Fecha
13 de junio de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2019-00280-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, que declaró la improcedencia de la acción, de conformidad por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2019-00280-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

13 de junio de 2019

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / RECURSO DE REPOSICIÓN - Mecanismo judicial de defensa idóneo / AUTO QUE NIEGA DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR Y APLICACIÓN DE NORMAS EN PROCESO JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Para exigir el cumplimiento de normas en proceso judicial

[L]a interpretación sistemática de los artículos 87 de la Constitución Política, 1, 5 y 9 de la Ley 393 de 1997, permite concluir que la presente acción constitucional no procede para exigir el acatamiento de normas en el proceso judicial, no sólo porque aquello es propio de las decisiones del mismo juez, sino porque el cumplimiento de las normas legales puede exigirse mediante los procedimientos o mecanismos, tales como peticiones, recursos o incidentes (…) Ahora frente a la afirmación del accionante de que la Corte Constitucional en ninguna sentencia ha señalado que el principio de legalidad no sea cuestionable a través de una acción de cumplimiento, no se comparte ese argumento, toda vez que ha sido la misma Corte Constitucional la que ha señalado que el objeto y finalidad de esta acción constitucional es “otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos,” (…) Adicionalmente, se advierte otra causal de improcedencia en cuanto el [actor] tenía a su alcance otro mecanismo judicial, para controvertir la providencia del 20 de febrero de 2019, proferida por el Dr. [V.H], en el proceso ordinario, mediante la cual negó la medida cautelar, y la solicitud de aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso, como era el recurso de reposición de conformidad con lo previsto en el artículo 242 del CPACA, que prevé su procedencia cuando i) no exista norma legal en contrario que lo prohíba y ii) la decisión no sea susceptible de los recursos de apelación o de súplica; presupuestos que indudablemente concurrían en el caso concreto.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 242 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 121

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-41-000-2019-00280-01(ACU)

Actor: JOSÉ CIPRIANO LEÓN CASTAÑEDA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 2 de mayo de 2019, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, declaró improcedente el medio de control de cumplimiento.

ANTECEDENTES

Solicitud de cumplimiento

Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2019, en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor José Cipriano León Castañeda ejerció acción de cumplimiento contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección “A”, despacho del Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, con el fin de obtener el acatamiento del artículo 121 del Código General del Proceso.

Si bien la demanda no contiene capítulo de pretensiones, puede inferirse que el accionante indicó que:

“Motiva la presente acción el incumplimiento de la (sic) artículo 121 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del Proceso) que determina taxativamente el cumplimiento sobre vencimiento de términos un año por no haber dictado el citado magistrado la correspondiente providencia entes (sic) el funcionario perderá la competencia para conocer el proceso y su obligación de remitir el expediente al magistrado que le sigue de turno quien asumirá la competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses”.

Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes hechos:

El 6 de julio de 2017, la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corrió traslado de la medida cautelar propuesta por la apoderada judicial del señor José Cipriano León Castañeda, quien demandó en acción de nulidad y restablecimiento del derecho a COLPENSIONES, proceso al que le correspondió el número de radicación 25000-23-42-000-2017-00276-00.

El 25 de septiembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, previo a resolver la solicitud de suspensión provisional solicitada por la parte demandante como medida cautelar, remitió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al Consejo de Estado por competencia, al estimar que “…no es posible entrar a resolver la medida cautelar solicitada, máxime si se toma en consideración que tal medida provisional fue deprecada exclusivamente frente al numeral 1.6.5. de la circular interna 01 de 2012 de Colpensiones, acto que como ya se advirtió es de contenido general cuya competencia radica en el Consejo de Estado (…) de conformidad con el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011 (…)”.

Según copia de la consulta en la página de la Rama Judicial del 20 de febrero de 2019, el proceso fue repartido el 25 de octubre de 2018 al despacho del Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

A juicio del accionante, el magistrado ponente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al que le correspondió el reparto del proceso mencionado, perdió competencia para continuar conociendo de éste, “…por lo cual al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez magistrado que le sigue en turno, quien asumirá la competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses”, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso.

El 8 de febrero de 2019, el actor elevó petición al Magistrado Gabriel Valbuena Hernández de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, teniendo en cuenta que:

“…el Magistrado Gabriel Valbuena Hernández de la Sección Segunda del Consejo de Estado recibió el proceso de la referencia del citado Tribunal el 25 de octubre de 2017(sic) en la cual quedó radicado en la sección segunda (sic) del Consejo de Estado tdo(oral) (sic) así 110011032500020170081400 para estudiar medidas cautelares por competencia general sobre el acto administrativo como es la circular en su numeral 1.6.5. de Colpensiones.

Tomando la fecha de admisión de la demanda por parte del Tribunal y que para todos los efectos legales se debe tomar en fecha el 06 de julio del 2017 en el EXPEDIENTE 25000-2342-000-2017-00276-00 y contabilizando un año se vencería en junio 06 de 2018

(…)

En consecuencia, Magistrado Gabriel Valbuena Hernández del (sic) la Sección Segunda del Consejo de Estado perdió competencia de continuar con el proceso de la referencia determinado en el citado tribunal porque hasta la fecha no se ha pronunciado ni ha comunicado como lo expresa el artículo 121 del Código General del Proceso (…)”.

Mediante providencia del 20 de febrero de 2019, el Magistrado Ponente Gabriel Valbuena Hernández negó la solicitud de medida cautelar presentada por José Cipriano León Castañeda, al advertir que “…en esta oportunidad, donde se realiza una valoración preliminar del acto en el ámbito de análisis de la procedencia de la medida cautelar, y específicamente del literal f) del numeral 1.6.5. de la circular 01 de 2012 no se advierte que los criterios jurídicos allí mencionados contraríen el ordenamiento legal analizado, ni mucho menos se aprecia que hayan establecido condiciones adicionales distintas a las establecidas por el legislador para el reconocimiento pensional, pues como se vio, se refiere al disfrute de las mismas, y además constituyen pautas de carácter general, que deben ser contrastadas con cada caso específico, por lo que en este estadio procesal no se advierte una extralimitación funcional de los vicepresidentes jurídico y de beneficios y prestaciones de COLPENSIONES”.

En la misma providencia se aclaró que respecto al requerimiento del actor de dar aplicación al artículo 121 del Código General del Proceso “…es inaplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta disposición reprodujo lo señalado en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, norma que fue excluida expresamente de su aplicación en los asuntos que son del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa según el artículo 200 de la Ley 1450 del 26 de junio de 2011”.

3. Actuaciones procesales relevantes

3.1. Admisión de la demanda

Mediante proveído del 1º de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” admitió la demanda y ordenó la notificación a la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección “A” despacho del Magistrado Gabriel Valbuena Hernández.

3.2. Contestación de la demanda

3.2.1. El Magistrado Ponente de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, Dr. Gabriel Valbuena Hernández, mediante escrito del 5 de abril de 2019, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de cumplimiento de la referencia.

3.2.2. Afirmó que efectivamente el 25 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, remitió el proceso al Consejo de Estado al considerar que se presentaba una acumulación de pretensiones y por lo tanto se debía aplicar el criterio de la competencia funcional. Adicionalmente, señaló que “…en providencia del 20 de febrero de 2019, este despacho resolvió de manera negativa la solicitud de medida cautelar y previamente a ello, en la misma providencia, aclaró de manera expresa que, si bien fue declarada la falta de competencia por parte del Tribunal Administrativo, las actuaciones allí surtidas conservarían su validez dentro de proceso en esa Corporación. Inconforme con la decisión antes descrita, el demandante radicó la acción de cumplimiento el 22 de febrero de 2019 ante la Secretaría General de la Corporación, al considerar que el suscrito carecía de competencia para dictar alguna decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que instauró en contra de COLPENSIONES”.

3.2.3. Resaltó que el artículo 121 del Código General del Proceso no es aplicable en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, toda vez que tanto el C.C.A. como el CPACA contienen normas especiales sobre la duración de los procesos ordinarios y especiales que se adelantan ante esta jurisdicción; “…por consiguiente, el artículo 121 del C.G.P. se trata de una reproducción de la disposición contenida en el artículo 9 de la Ley 1396 de 2010 que era única y exclusivamente aplicable a la Jurisdicción Ordinaria Civil. A contrario sensu, se reitera, los artículos 179 y siguientes del CPACA establecen las etapas, los términos y las competencias para surtir el proceso ordinario contencioso administrativo”.

3.2.4. Por último, destacó que el trámite del proceso no ha sido obstaculizado y que, a pesar de la congestión que se presenta en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ha tenido un desarrollo normal, habiéndose admitido y resuelto la medida cautelar, actualmente en turno para continuar con el trámite que pueda llevar el proceso a su finalización.

3.3. Fallo impugnado

En sentencia del 2 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” declaró improcedente la acción de cumplimiento, al considerar que “…la presente acción no es procedente por cuanto lo solicitado por el demandante es que se le ordene al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A – Despacho del Dr. Gabriel Valbuena Hernández que proceda a declarar la pérdida de competencia para continuar con el conocimiento del pro ceso No. 11001-03-25-000-2017-00814-00, por cuanto la competencia del juez del medio de control jurisdiccional de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos no comprende ni permite la intromisión en la actividad que otro juez debe desarrollar en el ejercicio autónomo e independiente de su función jurisdiccional en cada asunto que legalmente le corresponde tramitar y decidir”.

3.4. Impugnación

3.4.1. La parte accionante, en escrito del 16 de mayo de 2019, impugnó la decisión del Tribunal, solicitó que se revocara, y, en su lugar, se acceda a la pretensión de la acción de cumplimiento.

3.4.2. Precisó que “…de establecerse que en la Jurisdicción Contencioso Administrativa (sic) se dan los presupuestos para la entrada en vigor del CGP, se impone el entendimiento, según el cual, en esta jurisdicción está vigente la nueva Ley, esto es el CGP y, de contera, se hace efectiva la derogatoria mandada por el artículo 626 que afecta el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, comprometiéndose, de paso, la vigencia del artículo 200 de la Ley 1450 de 2011”.

3.4.3. Indicó que en la Sentencia C-654/15 “…puso de presente en la sentencia en comento que la competencia adscrita al Consejo Superior de la Judicatura tenía una condición estrictamente reglada y delimitada por el legislador, quien determinó tanto el plazo como las condiciones y requisitos exigibles para la aplicación de la gradualidad como fórmula de entrada en vigor del Código General del Proceso. Por ende, en ningún caso las decisiones administrativas adoptadas por dicho Consejo podrían exceder el marco de competencias definidas expresamente por el Congreso”.

3.4.4. Sostuvo que el artículo 121 del Código General del Proceso si aplica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3.4.5. Adujo que “…cuando se trata de asegurar el efectivo cumplimiento de la ley material, esto es, de normas generales, impersonales y abstractas, es indudable que el instrumento de protección creado por el Constituyente -la acción de cumplimiento- es el único mecanismo directo idóneo, razón por la cual no le es permitido al legislador crear mecanismos subsidiarios o paralelos para asegurar dicho cumplimiento. Iguales consideraciones son válidas con respecto a los actos administrativos de contenido general que por contener normas de carácter objetivo impersonal y abstracto, son equivalentes materialmente a las leyes. Dada la generalidad de las leyes y actos administrativos, esto es, en cuanto están referidos a una serie indeterminada de personas, situaciones o cosas, no puede pensarse en que exista un afectado concreto por sus disposiciones”.

3.4.6. Afirmó que “…existe la disposición general del artículo 89 que habilita al legislador para establecer ‘los demás recursos, las acciones y los procedimientos necesarios’ para que las personas puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades, y la facultad que tiene el legislador para regular otro tipo de acciones judiciales, de conformidad con el artículo 150 numeral 2 de la Constitución. Luego es muy claro cuáles son los instrumentos alternativos que puede aplicarse como enuncia el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 393 de 1997 y fue explicado anteriormente en la jurisprudencia cuales son los instrumentos judicial (sic) alternativo. Y no habla del principio de legalidad para omitir el cumplimiento del artciul (sic) 12 del Código General de (sic) proceso además pudimos detalla (sic) que el artículo 42 del lay (sic) 542 de 1999 no existe el cumplimiento de normas judiciales porque dicha ley enuncia es la autorización de estampilla”.

3.4.7. Resaltó que la Corte Constitucional en ninguna sentencia ha señalado que el principio de legalidad no sea cuestionable a través de una acción de cumplimiento “…porque si fueres (sic) así para que artículo (sic) 121 del código (sic) general (sic) de proceso (sic) porque siempre se va a incumplir con la figura del principio de legalidad y la autonomía del juez o magistrado sobre términos y procedimientos se puede vuilnera (sic) por parte del juez o magistrado”.

3.4.8. Precisó que contrariando el artículo 121 del Código General del Proceso “…el magistrado Valbuena se pronunció en contra de las medidas cautelares como una retaliación al suscrito por haber puesto la citada accio (sic) de cumplimiento, ya que fue proferido por vías de hecho defecto sustantivo en la cual ratifico (sic) que Colpensiones si tenía competencia de eliminar el derecho retroactivo de pensión cuando esta norma solo lo puede hacer directamente la ley y no una simple circular administrativa como es la circular interna 01 del 2012, numeral 1.6.5 de Colpensiones sobre disfrute de pensiones que dice que solo se reconocerá a partir de la fecha del retiro violando el derecho retroactivo que enuncia el art 48 de la Carta Política que dice que la pensión se causa cuando se cumplen con todo (sic) los requisitos para acceder a ella aun cuando no se haya efectuado su reconocimiento. A mí me negaron el derecho de tres años que no se me pagaron objeto de la demanda teniendo el derecho en cuanto el (sic) cumplimiento de edad y cotizaciones cuando me reconocieron la pensión y no fue reconocida (sic) el retroactivo porque la circular 01 de 2012 numeral 1.6.5 donde expresa que solo se reconoce la citada prestación a partir de la fecha de retiro eliminándose cualquier retroactivo que se tenga derecho. Generando así perjuicios sobre el desconocimiento del derecho fundamental que se tiene con fundamento a la (sic) artículo 48 de la carta política. Por eso con la aplicación del artículo 121 del Código General Proceso (sic) el Magistrado Dr. Valbuena perdió competencia (…)”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 015 del 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 2 de mayo de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” que declaró improcedente la acción constitucional, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

2.1. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, despacho del Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?

2.2. De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a la autoridad accionada, el cumplimiento del artículo 121 del Código General del Proceso?

2.3. Es viable exigirle a la autoridad judicial accionada que en aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso, remita el expediente al magistrado que le sigue en turno, para que éste asuma la competencia y profiera la providencia dentro del término máximo de seis meses?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.

3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

3.1.1. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

3.1.2. Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

3.1.3. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

3.1.4. Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” (Subraya fuera del texto).

3.1.5. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

3.1.5.1. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º).

3.1.5.2. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.

3.1.5.3. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º).

El artículo 8° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

3.1.5.4. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

3.2. De la renuencia

3.2.1. El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

3.2.2. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia al Magistrado Gabriel Valbuena Hernández de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, antes de instaurar la demanda.

3.2.3. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”.

3.2.4. Para cumplir con el requisito de renuencia el 8 de febrero de 2019, el actor elevó petición al Magistrado Gabriel Valbuena Hernández de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, toda vez que:

“…Tomando la fecha de admisión de la demanda por parte del Tribunal y que para todos los efectos legales se debe tomar en fecha el 06 de julio del 2017 en el EXPEDIENTE 25000-2342-000-2017-00276-00 y contabilizando un año se vencería en junio 06 de 2018
(…)

En consecuencia, Magistrado Gabriel Valbuena Hernández del (sic) la Sección Segunda del Consejo de Estado perdió competencia de continuar con el proceso de la referencia determinado en el citado tribunal porque hasta la fecha no se ha pronunciado ni ha comunicado como lo expresa el artículo 121 del Código General del Proceso (…)”.

Mediante providencia del 20 de febrero de 2019, el Magistrado Ponente Gabriel Valbuena Hernández, negó la solicitud de medida cautelar presentada por José Cipriano León Castañeda; adicionalmente, en la misma providencia aclaró que respecto al requerimiento del actor de dar cumplimiento al artículo 121 del Código General del Proceso “…es inaplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta disposición reprodujo lo señalado en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, norma que fue excluida expresamente de su aplicación en los asuntos que son del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa según el artículo 200 de la Ley 1450 del 26 de junio de 2011”.

3.2.6. En consecuencia, se encuentra probado que la parte accionante sí constituyó en renuencia al Magistrado Gabriel Valbuena Hernández de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto del artículo 121 del Código General del Proceso.

3.3. De la acción de cumplimiento contra autoridades judiciales

3.3.1. La Sala reitera su criterio, según el cual la acción de cumplimiento es improcedente cuando se dirige contra autoridades judiciales para que resuelvan los conflictos sometidos a su consideración.

3.3.2. Esta Sección, mediante sentencia del 11 de marzo de 2004, acogió esa conclusión, al explicar que:

“La acción de cumplimiento es un instrumento procesal de orden constitucional que busca la efectividad y realización del principal postulado del Estado de Derecho: el carácter imperativo y la vinculación cierta de la norma jurídica, por lo que no fue diseñada como un mecanismo de control de legalidad de todas las actuaciones de las autoridades públicas y algunas de los particulares. De hecho, si se acepta la competencia del juez constitucional que conoce de una acción de cumplimiento para evaluar si dentro de un proceso judicial se debe aplicar o no determinada norma legal o un acto administrativo, esto implica una intromisión en la actividad judicial y, eventualmente, en el caso de que se haya adoptado una decisión judicial sobre el asunto, conduce a que, ni más ni menos, se acepte el control de legalidad de esas decisiones judiciales en manos del juez de la acción de cumplimiento. Ello muestra un evidente contrasentido, pues la propia Constitución consagró el principio de separación de jurisdicciones como garantía de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la administración de justicia (artículos 228 y 234 a 248 de la Constitución), de tal manera que la acción de cumplimiento no se instituyó como mecanismo último de control de legalidad de las decisiones judiciales. En consecuencia, la acción de cumplimiento no procede para disponer la aplicación de normas legales o administrativos en los procesos judiciales ni para evaluar la validez de las decisiones judiciales.

(…)

Aparece claro, entonces, que la acción de cumplimiento no fue consagrada como un procedimiento alternativo para evaluar el cumplimiento de la ley por parte de los jueces ni para suplir los recursos ordinarios diseñados por el legislador para discutir la validez de las providencias judiciales. De hecho, el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 es diáfano en señalar que la acción de cumplimiento es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial o cuando el afectado disponga de otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de las normas con fuerza material de ley. Entonces, la acción de cumplimiento no resulta procedente para suplir los recursos consagrados en el ordenamiento jurídico para discutir la validez de una decisión judicial.

Además, aceptar la procedencia de la acción de cumplimiento para efectuar el control de legalidad de las providencias judiciales implicaría el desconocimiento de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica e, incluso, la independencia de los jueces, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política”. (Negrilla fuera de texto)

3.3.3. En otra decisión, consideró:

“La interpretación sistemática de los artículos 87 de la Constitución, 1º, 5º y 9º de la Ley 393 de 1997, permite concluir que la acción de cumplimiento no procede para exigir el cumplimiento de normas en el proceso judicial, no sólo porque aquello es propio de las decisiones del mismo juez, sino porque el cumplimiento de las normas legales puede exigirse mediante los procedimientos o mecanismos, tales como peticiones, recursos o incidentes. En efecto, como se vio, la acción de cumplimiento está diseñada para exigir la observancia de normas con fuerza material de ley y actos administrativos y, no debe olvidarse, que la acción de cumplimiento es una acción residual”. (Negrilla fuera de texto)

3.3.4. De acuerdo con lo expuesto, no tiene incidencia que eventualmente se afirme que las normas que regulan la acción de cumplimiento no distinguen contra qué entidades procede, para hacerla extensiva contra las autoridades judiciales, pues así lo aclaró la Sección en sentencia del 15 de julio de 2004 al señalar:

“Ahora bien, la Sala considera que, no obstante haber sido declarada inexequible por la Corte Constitucional la expresión “administrativa” contenida en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley 393 de 1997, las autoridades judiciales sólo pueden ser sujeto pasivo de la acción de cumplimiento cuando se solicita el cumplimiento de normas o actos administrativos relacionados con las actuaciones administrativas que aquéllas realicen.

Pero a través de este mecanismo es inaceptable que se le pueda impartir a un juez una orden encaminada a tomar decisiones que son propias de su competencia dentro de procesos para los cuales el legislador ha previsto las formalidades y ritualidades que deben seguirse, como lo pretende el actor”. (Negrilla y subraya fuera de texto).

3.3.5. Además de lo expuesto, la interpretación sistemática de los artículos 87 de la Constitución Política, 1º, 5º y 9º de la Ley 393 de 1997, permite concluir que la presente acción constitucional no procede para exigir el acatamiento de normas en el proceso judicial, no sólo porque aquello es propio de las decisiones del mismo juez, sino porque el cumplimiento de las normas legales puede exigirse mediante los procedimientos o mecanismos, tales como peticiones, recursos o incidentes.

3.3.6. Ahora frente a la afirmación del accionante de que la Corte Constitucional en ninguna sentencia ha señalado que el principio de legalidad no sea cuestionable a través de una acción de cumplimiento, no se comparte ese argumento, toda vez que ha sido la misma Corte Constitucional la que ha señalado que el objeto y finalidad de esta acción constitucional es “otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos,” (Subraya fuera del texto).

3.3.7. Adicionalmente, se advierte otra causal de improcedencia en cuanto el señor León Castañeda tenía a su alcance otro mecanismo judicial, para controvertir la providencia del 20 de febrero de 2019, proferida por el Dr. Valbuena Hernández, en el proceso ordinario, mediante la cual negó la medida cautelar, y la solicitud de aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso, como era el recurso de reposición de conformidad con lo previsto en el artículo 242 del CPACA, que prevé su procedencia cuando i) no exista norma legal en contrario que lo prohíba y ii) la decisión no sea susceptible de los recursos de apelación o de súplica; presupuestos que indudablemente concurrían en el caso concreto.

3.4. Conclusión

En consecuencia, la acción constitucional presentada es improcedente, por cuanto lo pretendido es exigir el acatamiento de normas en el proceso judicial, y porque el accionante tenía al alcance otro mecanismo de defensa judicial, como era el recurso de reposición, para controvertir la decisión que le negó la aplicación de la norma invocada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, razones por las que se confirmará la decisión de primera instancia, con fundamento en lo aquí señalado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, que declaró la improcedencia de la acción, de conformidad por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada (E)

Folio 1 del expediente.
Folio 1 del expediente.
Folio 17 del expediente.
Este número de radicado corresponde al proceso iniciado por el señor José Cipriano León Castañeda, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, según providencias del 6 de julio de 2017 que admite la demanda y corre traslado de la medida cautelar y del 25 de septiembre de 2017, que remitió por competencia el proceso al H. Consejo de Estado, Sección Segunda, (folios 14 a 17 del expediente), que ahora se tramita en la Sección Segunda del Consejo de Estado con el No. de radiación 11001-03-25-000-2017-00814-01 (4286-20179).
Folios 13 a 15 del expediente.
Folios 18 y 19 del expediente.
Folios 34 a 51 del expediente.
Folios 66 y 67 del expediente.
Folios 73 y 74 del expediente.
Folios 76 a 90 del expediente.
Folios 93 a 106 del expediente.
La sentencia del 2 de mayo de 2019, fue notificada personalmente al accionante el 13 de mayo de 2019, y el escrito de impugnación fue presentado el 16 de mayo de 2019, es decir dentro del término legal, conforme se observa a folios 90 vuelto y 93 del expediente.
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 1º de febrero de 2018, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Exp. No. 25000-23-41-000-2017-01611-01; Sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Exp. No. 08001-23-33-000-2015-00267-01; Sentencia de 3 de julio de 2013, Exp. 54001-23-33-000-2012-00122-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Auto de 23 de enero de 2014, Exp. 25000-23-41-000-2013-02479-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Expediente 2003-02445, M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
Sentencia de 15 de julio de 2004, Rad. 2004-0541-01, M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 15 de julio de 2004, Rad. 2004-0437-01, M.P. Dra. María Nohemí Hernández Pinzón.
Sentencia de 15 de julio de 2004, Rad. 68001-23-15-000-2004-0541-01.
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.

Radicado: 25000-23-41-000-2019-00280-01
Demandante: José Cipriano León Castañeda

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00513-01
Demandante: AMEN ANTONIO LUGO ORTEGA

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