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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-01127-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-01127-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: TENER al doctor BRANDON ESTIVEN LADINO CUERVO como apoderado de la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPERTIR, parte demandante, de conformidad con el poder de sustitución visible en el índice 13 del expediente digital. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47 Número único de radicación:25000234100020190112701 Fundación Empresa Privada Compartir CUARTO: TENER a la doctora LEIDY VANESSA TÉLLEZ GONZÁLEZ como apoderada del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, parte demandada, de conformidad con el poder y anexos visibles en el índice 15 del expediente digital. QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2019-01127-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-01127-01
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR

TESIS: CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE ACTORA
NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO QUE DECRETÓ LA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA. EL AVALÚO ALLEGADO NO ADVIERTE NI
DEMUESTRA ERRORES EN QUE PUDO INCURRIR EL AVALÚO
OFICIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora

contra la sentencia de 8 de junio de 2023, proferida por la Sección

Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR, actuando

a través de apoderado, en ejercicio de la acción especial de nulidad

y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley

2

Número único de radicación:25000234100020190112701
Fundación Empresa Privada Compartir

388 de 1997, en concordancia con el artículo 138 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -

CPACA, presentó demanda contra el Instituto de Desarrollo-

Urbano, en adelante IDU, en la que formuló las siguientes

pretensiones1:

“[…] DECLARACIONES PRINCIPALES

1.Se declare la nulidad del ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución
No. 2442 del 07 de junio de 2019 "Por la cual se ordena una
expropiación administrativa"-VALOR PRECIO INDEMNIZATORIO,
junto con su PARÁGRAFO PRIMERO.

2.Se asigne el nuevo valor como precio indemnizatorio para las
áreas de terreno señaladas en la mencionada Resolución, el cual
debe corresponder al valor justo comercial, según el peritaje
allegado que corresponde a $550.000 por M2, para un total de
$3.842.580.500, o el valor que señale el perito que designe el
señor Magistrado, siempre que sea mayor al ofertado y pagado
por el IDU.

3.Como consecuencia de lo anterior, solicito que el IDU pague a
mi poderdante Fundación Empresa Privada Compartir, a título de
restablecimiento del derecho, el valor en dinero faltante que
corresponde a MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.
($1.970.195.820), o el faltante que fuere en caso de que se
establezca un valor distinto al aquí señalado, más los intereses
legales aplicables.

4.Se condene a la parte demandada al pago de las costas y
gastos del proceso y demás, a que hubiere lugar. […]

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalaron los

siguientes:

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El IDU mediante la Resolución 1411 de 5 de abril de 2019, determinó

la adquisición de un área de terreno -6,986,51m2- de un bien de

propiedad de la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR y

constituyó oferta de compra por valor de $1.872.384.680.

El predio de mayor extensión se encontraba ubicado en la AC 42 sur

#89 A-25 Localidad de Bosa, predio Las Margaritas, identificado con

folio de matrícula inmobiliaria núm. 50S-40450100, código catastral

004316179600000000 y CHIP AAA024SMFT.

El 29 de abril de 2019, la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA

COMPARTIR controvirtió el valor ofertado en la Resolución 1411 de

5 de abril de 2019, con el avalúo comercial elaborado por la empresa

RT Consultores Inmobiliarios SAS, en el cual señaló como valor del

terreno la suma $3.842.580.500.

El IDU, a través de la Resolución 2442 de 7 de junio de 2019, ordenó

la expropiación por vía administrativa del área de terreno en mención

sin acceder al mayor valor solicitado en el escrito de oposición a la

oferta de compra.

I.3.- Normas violadas y concepto de violación.

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La parte actora adujo que el IDU trasgredió los artículos 58 de la

Constitución Política; 61 y 67 de la Ley 71 de la Ley 388 de 19972; y

4º de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi, en adelante IGAC.

Sostuvo que el avalúo oficial elaborado por la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD no

reflejó el valor real del área expropiada, comoquiera que, en su

criterio, empleó una metodología contraria a los principios que

garantizan el reconocimiento pleno del valor del suelo útil, pues

distinguió entre el valor del metro cuadrado útil y el valor del suelo

bruto para finalmente adoptar un precio inferior.

Adujo que el área de terreno a expropiar pertenece a un predio de

mayor extensión, en el cual ya realizó todo el urbanismo, según

consta en la Resolución 1081 de 12 de julio de 1995, por lo que no

es suelo bruto sino útil.

Añadió que si bien el terreno tenía afectación para vía pública esta

fue impuesta por la administración, por lo que considera que la

indemnización debió fijarse como si fuera un predio desarrollable.

2
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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Para evidenciar que de acuerdo con el método de comparación y de

mercado y según la investigación realizada, se encontraron valores

superiores y más favorables a los adoptados por Catastro Distrital,

por lo que solicitó tener en cuenta el avalúo rendido por la Empresa

RT Constructores Inmobiliarios S.A.S.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- El IDU contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de

las pretensiones en los siguientes términos3:

Expresó que los actos administrativos expedidos en el transcurso del

proceso de expropiación administrativa gozan de presunción de

legalidad, tienen carácter vinculante y fueron proferidos con sujeción

a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley 388

de 1997 y a las resoluciones del IGAC que establecen las directrices

aplicables en la materia.

Señaló que el avalúo aportado con la demanda adolece de falencias

técnicas que impiden otorgarle credibilidad y fiabilidad, en tanto no

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contiene las conclusiones normativas indispensables para la correcta

aplicación del método y confunde la normatividad urbanística

aplicable al predio objeto de valoración.

Indicó que la franja de terreno expropiada correspondía a una

superficie destinada a la Avenida El Tintal, circunstancia acreditada

en la Resolución Urbanística núm. 04-2-0305 de 3 de septiembre de

2004 y confirmada en el informe oficial de avalúo, de manera que al

encontrarse vigente dicha resolución el cálculo debía efectuarse

sobre un área de 122.585,79 m² para efectos del ejercicio residual.

Adujo que carece de sustento normativo que el avalúo indexado inicie

con un área de 6.986,51 m² y menos aún que se considere como

área útil del predio, dado que esa extensión corresponde al espacio

requerido por el IDU para la ampliación de la vía.

Sostuvo que el ejercicio residual allegado por el demandado arrojó

falencias respecto de los índices de construcción, de ubicación, y se

valoraron parqueaderos en montos que no tuvieron sustento con

algún proyecto constructivo comparable.

Destacó que el precio reconocido a la propietaria del inmueble

expropiado se ajustó a lo dispuesto en el artículo 58 de la
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Constitución Política, en cuanto tuvo el carácter reparatorio y de ello

se desprendió la viabilidad del reconocimiento de la indemnización y

del daño emergente, aspectos que fueron incluidos en el acto

administrativo demandado en cumplimiento de lo previsto en el

Decreto 1420 de 1998.

Asimismo, precisó que el avalúo que sustentó el trámite expropiatorio

se elaboró conforme al ordenamiento especial previsto para la

adquisición predial, en las leyes 9ª de 1989, 388 de 1997, 1682 de

2013 y el Decreto 1420 de 1998.

Propuso como excepciones la falta de elementos que desvirtúen la

presunción de legalidad del acto acusado; ausencia total de

imputabilidad de perjuicios; y aquellas que “de oficio llegaren a

resultar probadas”.

Señaló que los actos administrativos acusados fueron expedidos con

fundamento en las atribuciones conferidas por el Concejo Distrital

mediante el Acuerdo núm. 19 de 1972, en concordancia con el

artículo 58 de la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993

y la Ley 388 de 1997, que habilitan la expropiación por motivos de

utilidad pública o interés social. Asimismo, se acreditó que el Concejo

Distrital, mediante el Acuerdo 645 de 2016, definió las obras a
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ejecutar dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos

2016-2020”, incluyendo la Avenida Tintal; y que el alcalde Mayor

declaró las condiciones de urgencia mediante el Decreto Distrital 404

de 2018.

Refirió que la resolución cuestionada fue expedida con el lleno de los

requisitos legales, sin falsa motivación ni desviación de poder, y

responden a la primacía del interés general sobre el particular,

garantizando al propietario el derecho a la indemnización derivada

de la expropiación administrativa.

Adujo que la inconformidad de la demandante frente al valor

indemnizatorio no desvirtúa la legalidad del acto acusado,

comoquiera que se ajustó a las garantías constitucionales, entre ellas

el principio de legalidad, el respeto al debido proceso y la

indemnización justa, todas observadas en el presente caso.

Expuso que el avalúo que sustentó la fijación del precio expropiatorio

se realizó conforme a la Ley 9ª de 1989, la Ley 388 de 1997, el

Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008, sin que de las

pruebas allegadas se evidencie perjuicio imputable al IDU.

II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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El Tribunal, mediante sentencia de 8 de junio de 2023, denegó las

pretensiones de la demanda4, con fundamento en los siguientes

razonamientos:

Señaló que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de

legalidad que ampara la Resolución 2442 de 7 de junio de 2019, en

la medida en que del examen integral de su contenido y de lo previsto

en el avalúo oficial 2018-1894, se evidenció que fue expedido con

sujeción a lo previsto al artículo 58 de la Constitución Política, la Ley

388 de 1997 y la Resolución 620 de 1998 del IGAC.

Precisó que el predio objeto de expropiación se encontraba afectado

por reserva vial desde la expedición de la Resolución 1081 de 12 de

julio de 1995, en la cual se determinó que el proyecto urbanístico

“Las Margaritas” tendría un área bruta de 839.543,72 m² y un área

neta urbanizable de 712.306,31 m², cediéndose al Distrito

127.237,41 m² para la destinación de zonas viales; dichas áreas de

cesión correspondían a la Avenida Villavicencio (59.665,34 m²), la

Avenida Tintal (20.586,39 m²) y la Avenida Ciudad de Cali

(40.595,62 m²). Posteriormente, conforme a lo dispuesto en la

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Resolución núm. 04-2-0305 de 3 de septiembre de 2004, se ratificó

que el lote de terreno hacía parte de una zona de reserva vial

derivada del desarrollo de la urbanización, señalándose que en la

Etapa II del proyecto “Las Margaritas” se mantenía la obligación de

continuar con la citada reserva vial.

Destacó que para la Etapa II del proyecto “Las Margaritas” se

relacionó que de la reserva vial establecida para la Avenida Tintal

(20.586,39 m²), se procedía a expropiar 6.986,51 m²; y que en ese

sentido como la expropiación recaía en una franja de terreno que

desde tiempo atrás fue reservada para la Avenida Tintal, el valor

adoptado es del metro cuadrado en bruto.

Estimó que no era viable considerar que la franja de terreno

expropiada fuera considerada como suelo útil y desarrollable, pues

desde la aprobación inicial del proyecto urbanístico existió la cesión

para vías, y lo expropiado corresponde precisamente a esa reserva.

Resaltó la no irregularidad del avalúo oficial expedido por Catastro

Distrital que sirvió de soporte para la indemnización determinada por

el IDU, en la resolución a través de la cual determinó la expropiación.

Señaló que no tiene vocación de prosperidad el argumento de la
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tasación errónea de la indemnización, como quiera del análisis

comparativo entre el avalúo oficial y el allegado con la demanda, se

evidenciaba que el valor asignado al terreno en este último

documento aparece incrementado sin justificación valida en más del

doble respecto del valor reconocido para la construcción del avalúo

oficial.

Destacó que el informe de catastro contiene mayor soporte y detalle

que permite identificar con precisión el origen de los datos empleados

para establecer el valor del área objeto de expropiación y se

fundamentó en lo dispuesto en las resoluciones 620 de 2008 del

IGAG y 04-2-0305 de 2004 que aprobó la segunda etapa del proyecto

“La Margarita” y delimitó las áreas urbanizables y las cedidas para

vías.

Adujo que el peritaje allegado con la demanda no respalda lo

afirmado en el cargo de nulidad, pues dicho dictamen no demuestra

de manera suficiente las razones por las cuales toda el área objeto

de expropiación debería reconocerse como suelo útil, tratándose en

realidad de un terreno con afectación vial que carece de posibilidad

de urbanización.

Refirió que el avalúo particular incorpora un supuesto uso comercial
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del inmueble, cuando lo cierto es que, conforme al avalúo oficial de

Catastro, no se registran ventas de metros cuadrados destinados a

comercio, oficinas o industria.

Indicó que el informe presentado por la parte actora carece de la

solidez técnica necesaria para desvirtuar la validez del avalúo oficial

elaborado por la UAECD, el cual constituyó el fundamento para la

expedición del acto administrativo demandado.

Concluyó que del examen del material probatorio allegado con la

demanda no se desprende constancia alguna de reclamo ni

manifestación dirigida a la administración en el sentido de que el

avalúo oficial hubiera reconocido valores errados o afectara el justo

precio, circunstancia que evidenció que el silencio de la parte actora

durante el trámite administrativo no constituye fundamento válido

para pretender la nulidad en sede judicial de las actuaciones

adelantadas por el IDU en la determinación del precio del bien

expropiado.

III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,

en su lugar, declarar la nulidad parcial del acto administrativo

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acusado5:

Expuso que el análisis contenido en el avalúo allegado con la

demanda incorporó como fundamento la Resolución núm. 1081 de

1995, mediante la cual “se aprobó el proyecto urbanístico -La

Margarita- se otorgó licencia de urbanismo para su primera etapa y

se fijaron las normas urbanísticas correspondientes”, documento

que acreditó que el predio cumplió con el proceso de urbanismo,

incluyendo la entrega de zonas de cesión y la delimitación de áreas

no urbanizables, de manera que una vez agotado ese trámite las

áreas posteriormente expropiadas debían considerarse como suelo

útil, pues únicamente perdieron tal condición por la imposición de la

reserva vial realizada por la misma entidad, por lo que reprochó que

la administración no pudiera imponer una reserva y con posterioridad

reconocer un valor inferior.

Consideró que el informe completo de avalúo si acreditaba el cargo

de nulidad, pues no bastaba con el examen de los valores arrojados

sino examinar el contenido con sus soportes.

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Arguyó que el a quo incurrió en error de derecho al afirmar que su

representado tuvo la oportunidad de controvertir el avalúo elaborado

por Catastro mediante el recurso de reposición previsto en la Ley 388

de 1997, pues la ausencia de oposición en sede administrativa no

impide cuestionar la legalidad del avalúo en sede judicial, por cuanto

dicho recurso es facultativo y no obligatorio para el administrado,

según lo previsto en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997.

Finalmente, solicitó declarar configurado el error de derecho, por

cuanto, en su criterio, el Tribunal desconoció el alcance de la norma

en cita y restringió el derecho de defensa.

IV.- ALEGATOS

IV.1.- La parte actora insistió en que el Tribunal desconoció el

contenido del peritaje aportado con la demanda, en el cual, en su

criterio, se establece el valor comercial del metro cuadrado y se

demuestra que el precio del mercado es distinto al señalado por la

entidad demandada.

Reitero que los anexos del avalúo aportado, esto es, la Resolución

núm. 1081 de 1995, “Por medio de la cual se aprueba el proyecto

urbanístico para la Urbanización Residencial Las Margaritas”,

expedida por el entontes Departamento Administrativo de Planeación
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y se expide licencia de urbanismo para la primera etapa y establecen

sus normas urbanísticas, da cuenta de que el referido predio cumplió

con el proceso de determinar y entregar las zonas de cesión y de

separar las áreas de terreno que no eran urbanizables.

Insistió en que señalar que por no haber alegado en vía

administrativa el contenido del avaluó elaborado por Catastro

conlleva un silencio que no anula las actuaciones adelantadas por el

IDU, desconoce que es potestativo del administrado interponer o no

recurso de reposición, pues este es facultativo y no obligatorio.

IV.2.- El IDU guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Acto demandado

En el presente asunto es cuestionada la siguiente resolución:

Resolución 2442 de 7 de junio de 2019, expedido por la directora

técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por

medio de la cual se ordenó la expropiación por vía administrativa del

inmueble ubicado en la AC 43 SUR 89 A-25, identificado con la

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matricula inmobiliaria 50S-40450100, en los siguientes términos6:

[…]ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
identificado con el NIT-899.999.081-6 del inmueble ubicado en
la AC 43 SUR 89 A -25; de la ciudad de Bogotá, con un área de
6.986.51 m2 de terreno comprendido así; área 1 de 6.241 m2 y
área 2 de 744,82 m2, identificado con cédula catastral
004316179600000000, CHIP AAA0242SMFT y matrícula
inmobiliaria 50S-40450100, conforme al Registro Topográfico
No. 48990 elaborado por la Dirección Técnica de Predios de abril
de 2018, cuyo titular de dominio es la FUNDACIÓN EMPRESA
PRIVADA COMPARTIR identificada con NIT 86000900320, cuyos
linderos específicos son:

ZONA AREA 1 - RT 48990
NORTE: Partiendo del mojón A en línea quebrada hasta el mojón
N, pasando por los mojones B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y en
longitudes sucesivas quince metros punto veinte centímetros
(15.20 m.), quince metros punto cuarenta centímetros (15.40
m), treinta y seis metros punto treinta y seis centímetros (36.36
m), treinta y siete metros punto treinta y ocho centímetros
(37.38 m), nueve metros punto setenta centímetros (9.70 m),
veintiocho metros punto ochenta y tres centímetros (28.83 m),
cincuenta y ocho metros punto ochenta y seis centímetros
(58.86 m), ochenta y un metros punto cuarenta y seis
centímetros(81.46 m), cuarenta y seis metros punto treinta y
dos centímetros (46.32 m),cuarenta metros (40.00 m),
veintiséis metros punto setenta y siete centímetros (26.77 m),
treinta y un metros punto noventa y cuatro centímetros (31.94
m) y diecinueve metros punto treinta y ocho centímetros (19,38
m); lindando con área que se encuentra en reserva vial según
RT 48988 (control ambiental 9, RUPI 4170-18).

ORIENTE: Partiendo del mojón N al mojón Ñ en línea recta y con
una distancia de veintisiete metros punto cincuenta y ocho
centímetros (27.58 m), lindando con área que se encuentra en
reserva vial según RT47203.
SUR: Partiendo del mojón Ñ hasta el mojón O en línea recta y
en una longitud de cuatrocientos cuarenta y un metros (441.00
m) lindando con AK 89B (RT 17975 A).
OCCIDENTE: Partiendo del mojón O hasta el mojón A en línea
recta con una longitud de veinte metros punto doce centímetros
(20.12 m), lindando con un área que se encuentra en reserva

6
Índice 2 del sistema digital SAMAI. ED_C01_01 OTROS-.PDF CUADERNO 01 PRINCIPAL. Folios 44-54

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vial según RT 48985. Y cierra con un área de 6241.69m2

ZONA AREA 2 - RT 48990
NORTE: Partiendo del mojón P hasta el mojón Q en línea recta y
en una distancia de ciento cincuenta y cinco metros punto
veintiún centímetros (155.21 m) lindando con área que se
encuentra en reserva vial según RT 17975A.
ORIENTE: Partiendo del mojón Q hasta el mojón S pasando por
el Mojón R en línea recta y con una distancia de un metro punto
sesenta y cuatro centímetros (1.64 m) y (9.08m) lindando con
área que se encuentra en reserva vial según RT 47203.
SUR: Partiendo del mojón S hasta el mojón P pasando por el
mojón T y U, en línea quebrada y en distancias sucesivas de
40.35M, 56.76M, 59.80M, lindando con RT48990 y encierra con
un área de 744.82m2.
PARÁGRAFO: Que en cumplimiento a los lineamientos señalados
en la Instrucción Administrativa Número 10 del 18 de Abril de
2018, emitida por la Superintendencia De Notariado y Registro
,para la validación de los documentos radicados por Instituto de
Desarrollo Urbano IDU ,con ocasión del proceso de adquisición
de bienes inmuebles para el desarrollo vial en la presente
Resolución con relación al inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 50S-40450100 y RT 48990 de la Dirección Técnica
de Predios se deja constancia que:
-la identificación del inmueble como jurídicamente obra en su
antecedente registral, es, cabida y linderos: contenidos en
Escritura Nro. 1149 de fecha 25- 05-2005 en notaria 7 de Bogotá
D.C. reserva vial v-3 Urb la margarita ET. Il con área de
11253.17 mts2 (art.11 del decreto 1711 de julio 6/1984).
-La descripción cabida y linderos indicados en el folio de
matrícula inmobiliaria no corresponde a la actual realidad física
del inmueble.
• El predio objeto de adquisición corresponde al proyecto vial con
destino a la obra Avenida Tintal (Avenida Villavicencio- Avenida
Bosa)
-No obstante, el objeto de la presente Resolución, se deja
constancia que su descripción no constituye declaración de la
construcción que actualmente se encuentra en el predio,
construcción que será demolida atendiendo a los motivos de
utilidad pública y destinación específica para la realización de
obras de infraestructura vial del Distrito de Capital.
ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO .-
El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es de MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($1.925.405.233)
MONEDA CORRIENTE, el citado valor comprende: A) La suma de
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

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($1.872.384.680) MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo
comercial de terreno, B) La suma de CINCUENTA Y TRES
MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
($53.020.553) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
Indemnización de Daño Emergente. Conforme al informe técnico
de avalúo comercial Avenida Tintal (Avenida Villavicencio -
Avenida Bosa) RT No. 48990 - INFORME TÉCNICO No. 2018-
1894 de 27/03/2019 elaborado por la Gerencia de Información
Catastral - Subgerencia de Información Económica de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD. Estas
sumas por concepto de Daño Emergente y Lucro Cesante no
serán tenidas en cuenta para calcular la base del impuesto de
registro, pues son sumas adicionales al valor del Inmueble que
es el objeto de transferencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del cálculo del impuesto de
Registro (Beneficencia) y derechos de Registro se establece que
el valor del precio indemnizatorio del inmueble objeto de
expropiación es la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.872.384.680) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial de terreno y
construcción, el anterior valor será el único que se deberá tener
en cuenta para todos los efectos derivados o inherentes a los
costos del impuesto de registro (beneficencia) y derechos de
Registro."
Que dentro del valor del precio indemnizatorio por concepto de
Daño Emergente se reconoce el valor a cancelar por el impuesto
de registro (beneficencia) y derechos de registro del predio
objeto de expropiación, el cual será descontado y cancelado por
el IDU al momento del pago del valor del precio indemnizatorio
de la expropiación a la Oficina correspondiente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Que la presente resolución de
expropiación no implica la aplicación del artículo 129 de la ley
142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de servicios
públicos con ocasión a la transferencia del dominio: "En la
enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión
de todos los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo
que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno
derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por
adhesión o destinación utilizados para usar el servicio", teniendo
en cuenta que los predios adquiridos por el IDU por motivos de
utilidad pública e interés social son destinados exclusivamente a
la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble
con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos
domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable
del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos a la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA

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COMPARTIR Identificada con NIT 8600900320.
ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO .- El trámite de pago se
efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS ($1.925.405.233) MONEDA CORRIENTE, el citado valor,
será puesto a disposición de la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA
COMPARTIR Identificada con NIT 8600900320. en su condición
de titulares del derecho de dominio, por parte de la Tesorería del
Instituto de Desarrollo Urbano, una vez ejecutoriada la presente
resolución y efectuados los respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición de la FUNDACIÓN EMPRESA
PRIVADA COMPARTIR Identificada con NIT 8600900320, por
parte de la tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, no es
retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este se
consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 70 de la
ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta
manera ha quedado formalmente efectuado el pago por
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente, además de la partida equivalente al
Daño Emergente, se descontará el valor que tenga que asumir
el Instituto de Desarrollo Urbano por concepto de los pagos que
haya realizado con motivo del traslado de acometidas o
taponamientos de servicios públicos que hay necesidad de
realizar en el predio objeto de la presente expropiación.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero
correspondiente al único contado, se deberá verificar el estado
de cuenta por la contribución de valorización; en caso de existir
saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.
PARÁGRAFO CUARTO: De igual manera se descontará del rubro
equivalente al Daño emergente, el valor correspondiente al pago
del impuesto de Registro (beneficencia) y derechos de registro,
cuyo pago el Instituto de Desarrollo Urbano efectuará
directamente a la oficina correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES - El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, con cargo al certificado
de registro presupuestal Nº 2060 del 02/05/2019 expedido por

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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
ARTÍCULO QUINTO - DESTINACIÓN: El inmueble será destinado
para la obra: Avenida Tintal (Avenida Villavicencio - Avenida
Bosa)
ARTICULO SEXTO - SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA,
GRAVÁMENES LIMITACIONES AL DOMINIO, INSCRIPCIONES Y
MEDIDAS CAUTELARES: Con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se
solicita se cancele la inscripción de la Resolución 1411 del
05/04/2019 por la cual se formuló una oferta de compra y se dio
inicio al proceso de adquisición predial, inscritas en las
anotaciones No. 5 del folio de matrícula 50S-40450100.
ARTICULO SÉPTIMO - ORDEN DE INSCRIPCIÓN: De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997,
ORDENASE al señor Registrador de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona SUR, inscribir la presente resolución
en el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40450100, con lo que
se surtirán los efectos atinentes a la transferencia del derecho
de dominio en cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
identificado con el NIT-899.999.081-6.
ARTICULO OCTAVO. ENTREGA. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 No. 3 de la Ley 388 de 1997,
efectuado el registro de la presente resolución el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1º) para lo cual en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades
de policía.
ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de
acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 66
subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo al titular FUNDACIÓN EMPRESA
PRIVADA COMPARTIR identificada con NIT 8600900320
haciéndole (s) saber que contra la presente resolución sólo
procede el recurso de reposición, el cual puede interponerse en
la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997, en
concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.[…]”.

V.2.- Problema jurídico

Con base en los argumentos planteados por el actor en su recurso de

apelación, corresponde a determinar si el avalúo aportado con la

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demanda desvirtúa la presunción de legalidad que ampara el acto

administrativo acusado en lo concerniente al precio de la

indemnización reconocida al actor.

Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para enseguida abordar el estudio del caso concreto.

Del procedimiento de expropiación administrativa,
generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

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Con base en la norma en cita se tiene que7 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido el

carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y vi) están

fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

Ahora, acorde con el desarrollo de este precepto constitucional,

inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la

adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad

pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley 388

de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento

que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la

expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

7 Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas

por la Corte Constitucional.
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días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 8, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación

que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; v) la orden de

notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales

del predio y la información sobre los recursos procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el

artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:

1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán
de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto
la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador
exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares
de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el
valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación

8 Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.

2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.

4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.

5.La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que

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el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar
a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos
del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro ordenado
[…]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual

será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos

en el artículo 619 de la presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado

se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa

indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los

perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de

alejarse de un acto confiscatorio.

9 “[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las
lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de
1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto
reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se
determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente
al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular
con su destinación económica. […].
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Al respecto, esta Sección10 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la
cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el
hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que
por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura
del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.

Asimismo, para la Sala se hace necesario traer a colación los criterios

expuestos por esta Sección en relación con la acción especial

contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho

que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26

de abril de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-
23-31-000-2007-03162-01.

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interpuesto. Al respecto, se ha manifestado11:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada
las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo que
ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando la
demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del
precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio
de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.

Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al haber

sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado,

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000
23 24 000 2011 00196 01.

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que decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la

misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de las

decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como

válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien

recurre, en este caso, al demandante, demostrar en el proceso que

el avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorreciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso
que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente
su incorrección”.12

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección13 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005

03509. C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo

de 2018, expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver
entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
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De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]”.

Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron

reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios

para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse

el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso

de expropiaciones administrativas.

Ahora bien, mientras en el artículo 2014 del decreto en mención está

establecido que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 2315 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a través

de resolución las disposiciones metodológicas para la realización de

estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente expidió

las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que

14 “[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus
funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus
informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial definido
independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las
consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.

15 […] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos
de que trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes
a la publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.
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fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en la

actualidad establece los procedimientos para los avalúos ordenados

dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los

avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de

rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de

costo o reposición.

Caso concreto

Del avalúo comercial en la determinación del valor a
reconocer por la expropiación.

En el presente asunto se controvierte si dentro del proceso de

expropiación adelantado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

se garantizó el pago del justo precio respecto del inmueble

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40450100, por

lo que resulta necesario establecer si el avalúo oficial 2018-1894

practicado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

– UAECD- se ajusta a lo previsto en la Ley 388 de 1997 y sus

disposiciones complementarias; o si, por el contrario, debe ser

desvirtuado con fundamento en el avalúo comercial RT -144-04-19

de 22 de abril de 2019 elaborado por la empresa CONSULTORES
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INMOBILIARIOS S.A.S.

La relevancia de esta discusión radica en que un avalúo que emplee

los métodos integrales previstos por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi (IGAC) tiene la aptitud de controvertir la presunción de

acierto del avalúo oficial y de garantizar la indemnización plena

consagrada en la Constitución Política y desarrollada en los términos

de la Ley 388 de 1997. En consecuencia, corresponde a la parte

recurrente demostrar dentro del proceso que el avalúo oficial carece

de validez.

En el presente caso, se encuentra que la Dirección Técnica de Predios

del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante Resolución

2442 de 7 de junio de 2019, ordenó la expropiación por vía

administrativa, en favor del IDU, del inmueble ubicado en la AC 43

SUR #89 A-25 de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula

catastral 004316179600000000, Chip AAA0242SMFT y matrícula

inmobiliaria núm. 50S-40450100.

El predio objeto de adquisición estuvo vinculado al proyecto vial con

destino a la obra Avenida Tintal (Avenida Villavicencio – Avenida

Bosa).

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Para efectos indemnizatorios, en la Resolución 2442 de 2019 se fijó

como precio la suma de $1.925.405.233, en la que se discriminó un

valor de $1.872.384.680 por concepto de avalúo comercial del

terreno y $53.020.553 de daño emergente, valoración que se realizó

conforme al avalúo comercial núm. 2018-1894 de fecha 27 de marzo

de 2019 elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro

Distrital - UAECD, Gerencia de Información Catastral, Subgerencia

de Información Económica16.

El análisis contenido en el avalúo permitió verificar que para la

determinación del valor comercial del predio— se tuvieron en cuenta

y ponderaron aspectos tales como i) la información general en la que

se identificó el solicitante del avalúo, la radicación, el propósito del

avalúo, tipo de inmueble, dirección, chip, cédula catastral, código

barrio y/o sector catastral (Las Margaritas) destino económico, fecha

visita; ii) la información jurídica; iii) la fuentes de información; iv) la

descripción del sector; y iv) la actividad predominante, actividad

edificadora, estratificación socioeconómica, vías de acceso, además

de los siguientes aspectos:

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-Reglamentación urbanística:

[…]Las franjas objeto de avalúo hacen parte integral del
desarrollo urbanístico denominado URBANIZACIÓN COMPARTIR
“LAS MARGARITAS ETAPA II” aprobada mediante Licencia de
Urbanismo con Resolución 04-02-0305 de fecha 3/09/04.

Según el plano CU”-K348/4-07, las franjas de terreno objeto de
avalúo corresponden a zona de reserva plan vía arterial.
Según el cuadro de áreas, el predio en bruto presentaba
122.585,79 m2 de los cuales, 20, 586,39 m2 corresponden a
reserva para la Avenida El Tintal y Tintal Central […].

Conclusión normativa: A la Luz de la normatividad urbanística
vigente, se puede concluir que el predio franja de terreno objeto
del presente avalúo corresponde a una superficie de terreno
reservada para la avenida Tintal, que es una fracción de la
misma, pues el área requerida como avalúo corresponde a sólo
6,986,51 m2 del total de la reserva del desarrollo urbanístico.
[…].

-Descripción del inmueble, ubicación:

[…]Las dos franjas de terreno objeto de avalúo se encuentran
ubicada en el sector Las Margaritas (004316) con disposición a
cada costado de la AK 89B entre las Calles 45 A Sur y la Calle
48 Sur […]
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-Área de terreno:

ITEM ÁREA TOTAL (M2) ÁREA OBJETO DE
AVALÚO
ÁREA 1 6241,69 6241,69
ÁREA 2 744,82 744,82

• Respecto del método de avalúo y su aplicación determinó los

siguientes aspectos:

[…]El presente informe cumple con las normas legales del
Decreto 1420 de 1998 y las metodologías establecidas en la
Resolución 620 de 2008 del Instituto geográfico Agustín Codazzi.
En desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes métodos
para determinar los valores reportados:

7.1 Para el valor del terreno: Para la determinación del valor
comercial del terreno en estudio y de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 1420 de 24 de julio de 1998, expedido por la
Presidencia de la República, Ministerios de Hacienda y Desarrollo
y su correspondiente Resolución Reglamentaria 0620 de octubre
de 2008, expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
así como también por las premisas básicas del presente informe,
se utilizó el método (técnica) Residual.

Para el efecto el Artículo 4º de la Resolución 620 de 2008 del
IGAC define y establece:
ARTÍCULO 4. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. Es el que busca
establecer el valor comercial del bien, normalmente para el
terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un
proyecto de construcción, acorde con la reglamentación
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien
final vendible, en el terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar el
monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la
utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable
que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la
factibilidad comercial del proyecto, es decir, la real posibilidad
de vender lo proyectado (…)
Aplicación del método: Para la aplicación de este método se
parte del principio de mayor y mejor uso el cual se logra
establecer a partir de evaluar las actuales condiciones de uso,
actividad edificadora y proyectos de desarrollo en la zona. Para
el ejercicio en particular se aplica la reglamentación aprobada
en la Resolución 04-02-0305 de fecha 3 de septiembre de 2004,
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Desarrollo LA MARGARITA ETAPA II de la Urbanización
Compartir.

En cuanto a la edificabilidad se desarrolla el producto
inmobiliario existente en el desarrollo (casas de tres pisos)

Se calcula el equipamento comunal:

Producto inmobiliario casa de 65,4m2 en tres niveles

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Para definir el valor de venta se ha consultado el valor comercial
de este tipo de productos inmobiliarios:

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De lo anterior, la Sala observa que el avalúo oficial fue elaborado con

sujeción a lo previsto en el Decreto 1420 de 24 de junio de 1998, la

Resolución IGAC 620 de 2008 y en atención a que el área objeto de

análisis correspondía a un terreno ubicado en zona de reserva vial se

procedió a ajustar el valor del metro cuadrado, obteniéndose como

resultado del avalúo, la siguiente información:

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Para debatir el avalúo oficial, la parte actora allegó un avalúo suscrito

por la empresa RT Consultores Inmobiliarios S.A.S., de fecha 22 de

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abril de 201917, en el que según se informa en el recurso de apelación

desvirtúa la presunción de legalidad del acto enjuiciado.

De la revisión de dicho informe, la Sala evidencia que contiene: i) la

información básica como el tipo de avalúo, el objeto, la vigencia, la

fecha de elaboración y el tipo de inmueble; ii) la fecha de visita -13

de abril de 2019; ii) aspectos jurídicos; y iii) características generales

del sector; reglamentación urbanística; características particulares

del inmueble. Y frente a la metodología aplicada consignó lo

siguiente:

[…]7.1. Método de Comparación o Mercado:
Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial
del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones
recientes de bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas,
analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial:

Justificación del valor:

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Desarrollo metodología Residual
Teniendo como base que esta metodología se desarrolla para
identificar el valor de un terreno identificado el mejor y mayor
uso que se le puede dar a un inmueble acorde claro esta con la
potencialidad permitida normativamente, desarrollo el cual
detallamos a continuación:

Frente a las consideraciones del avalúo y los factores tenidos en

cuenta, se consignó lo siguiente:

“[…] Se adelantó el desarrollo de la metodología técnica residual
o potencial de desarrollo identificando el mayor y mejor uso del
lote de terreno, el cual en este caso es el de un desarrollo
hipotético de una edificación residencial multifamiliar.
Se desarrolló un estudio de mercado identificando los valores de
venta de áreas privadas en los conjuntos residenciales aledaños
o de alguna manera comparables, proyectando el valor de las
ventas, los costos directos los cuales contemplan los costos
inherentes de la construcción, los costos indirectos dentro de los
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cuales se pueden apreciar los obtenidos para otorgar la licencia
de construcción, estudios de topografía, gerencia de la obra,
costos de las ventas y notariales entre otros, así como los costos
de urbanismo y de nuevas redes de acueducto y alcantarillado,
costos estos que descontados del valor total de las ventas nos
arroja el valor total del lote de terreno más la utilidad del
constructor, de acuerdo claro está a lo reglamentado y permitido
en la norma.
Se realizó un estudio de mercado de casas unifamiliares en venta
en conjuntos residenciales de alguna manera comparables,
arrojando un área privada construida en promedio de 64,00 m2,
así mismo dentro del mismo estudio se determinó que realizando
una proyección de las ventas el valor m2 de área privada es de
$2.200.000 y valor de venta de los parqueaderos privados es de
$25.000.000.
Así mismo se realizó esta metodología con la altura permitida
por medio del cual se reglamenta el tratamiento de consolidación
(norma actual y vigente) la cual permite una altura de 3 pisos
dado al entorno y construcciones aledañas, igualmente se
desarrolló esta metodología teniendo en cuenta que los
inmuebles presentan un área de terreno total de 6.986,51 m2,
proyectando los costos directos e indirectos, arrojando un
desarrollo de la metodología así:
Costos directos totales: $ 9.955.776.750,00
Costos indirectos totales: $ 4.169.706.652,40
Costo total construcción y urbanismo: $ 14.684.404.202,40
Valor total ventas: $ 20.587.457.405,92
Posteriormente se descuenta del valor total de las ventas, los
costos antes mencionados arrojando un valor de utilidad para el
constructor y valor del lote
Valor utilidad y lote: $5.903.053.203,52
Calculando una utilidad aproximada para el constructor del 10%,
porcentaje el cual es aceptable para un proyecto de estas
condiciones, el valor resultante del para el terreno que nos arroja
mediante esta técnica es de:
Valor terreno $3.844.307.462,93
Que dividiendo este valor sobre el área de terreno (6.986,51
m2) nos arrojó un valor de metro cuadrado de $ 550.247,19 y
que aproximándolo a miles nos da un valor a adoptar de $
550.000 por cada metro cuadrado.
Nota: Los valores antes descritos son el resultado de un ejercicio
hipotético y son aproximados, en el desarrollo real de un
proyecto urbanístico sobre el inmueble, se podrían dar variables
en los costos, mejorando o no el valor resultante.

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Para la Sala, lo anterior no logra demostrar que el avalúo oficial

elaborado por la Unidad de Catastro Distrital fuese erróneo, toda vez

que no controvirtió ni desvirtuó los fundamentos fácticos, técnicos y

metodológicos que lo soportan. En efecto, omitió referirse de manera

precisa a la diferencia sustancial evidenciada entre el valor tasado

por metro cuadrado del terreno y el ajuste efectuado en razón de su

localización en zona de reserva vial, limitándose a exponer de

manera general un avalúo que pretende establecer el valor de un

área de terreno con base en un ejercicio vinculado al desarrollo de

un proyecto urbanístico.

En esas condiciones, el avalúo aportado por la demandante, lejos de

controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el

avalúo oficial practicado por la UAECD y que sirvió de fundamento

para la expedición del acto administrativo acusado, se circunscribe a

presentar características generales propias de cualquier avalúo, sin

ofrecer elementos técnicos o metodológicos que permitan cuestionar

su validez. Por ello, no le asiste razón cuando afirma que el a quo

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omitió valorar lo consignado en el documento allegado con la

demanda, pues dicho escrito no controvierte de manera concreta el

avalúo comercial realizado y, en consecuencia, no logra desvirtuar la

presunción de legalidad que cobija el acto acusado.

Sobre el particular, resulta pertinente destacar que el precio

indemnizatorio se encuentra amparado por la presunción de legalidad

al estar incorporado en el acto administrativo que ordena la

expropiación, circunstancia que impone a la parte demandante la

carga de demostrar el error o la incorrección del avalúo oficial. Al

respecto, esta Corporación18 ha reiterado de manera pacífica y

uniforme en su jurisprudencia que el precio fijado en los actos

acusados goza de la presunción de legalidad y de certeza propia de

las decisiones de la administración, presunción que únicamente

puede ser desvirtuada mediante los medios de prueba previstos en

el ordenamiento jurídico, lo cual no aconteció en el caso sub lite.

En ese orden, en la medida en que los argumentos plasmados en el

recurso de apelación estudiado no tienen vocación de prosperar, la

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de
15 de agosto de 2019; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. único de radicación:
25000232400020110019601

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sentencia recurrida será confirmada y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Costas procesales

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con lo

previsto en el artículo 18819 del CPACA en armonía con el numeral 8

del artículo 365 del CGP20, esto es, en aplicación de un criterio

objetivo valorativo21, la Sala condenará a la parte apelante, en los

términos del numeral 3 del artículo 36522 ibidem, al pago de las

costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

19
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
20
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
21
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
22
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
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proceso23 y por las agencias en derecho24”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandada través de apoderado judicial.

Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se sujetará

a la liquidación25 que realice el secretario del Tribunal a quo y según

la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP26, la Sala se abstendrá de fijar agencias en

derecho, toda vez que de la revisión del expediente se advierte que

el IDU no realizó gestión alguna dentro de esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

23
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
24
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
25
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
26
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte

actora y en favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –

IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho a favor del

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER al doctor BRANDON ESTIVEN LADINO CUERVO

como apoderado de la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA

COMPERTIR, parte demandante, de conformidad con el poder de

sustitución visible en el índice 13 del expediente digital.

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CUARTO: TENER a la doctora LEIDY VANESSA TÉLLEZ GONZÁLEZ

como apoderada del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU,

parte demandada, de conformidad con el poder y anexos visibles en

el índice 15 del expediente digital.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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